La columna de Carlos Federico Smith: ciertos resultados de políticas de control de precios

Tal como mencioné en mi artículo de la semana pasada, en esta ocasión presentaré algunas experiencias recientes (principalmente lo que sucedió en Chile en la década de los setenta) con el control de precios. Para hacerlo me baso en mi libro Inflación y Control de Precios, que publique en 1984, editado por la Universidad Autónoma de Centro América. Este libro puede ser accesado en el sitio latforum.org, en la sección “Obra escrita de Jorge Corrales”. El ingreso a latforum requiere de registro y es totalmente gratuito.

Para los estudiosos, un análisis profundo del episodio inflacionario de la economía chilena de los años setenta -que  fue un caso ciertamente patológico y revelador de los efectos de los controles de precios- se encuentra Joseph R. Ramos, “Inflación Persistente, Inflación Reprimida e Hiperestanflación. Lecciones de Inflación y Estabilización en Chile,” en Cuadernos de Economía, Año 14, No. 43, diciembre de 1977. No haré un análisis con la profundidad como lo hace Ramos, sino que me referiré a los resultados de las políticas de control de precios y salarios durante el gobierno de Allende para lograr controlar la inflación. Otro excelente trabajo al respecto es el artículo de Patricio Larraín y Patricio Meller, “La Experiencia Socialista-Populista Chilena: La Unidad Popular, 1970-73,” en Cuadernos de Economía, Año 27. No. 82, diciembre de 1990.

Dos hechos me estimulan para describir los efectos del control de precios cuando se usa para frenar una inflación.  El primero, es que he observado propuestas de esa naturaleza como resultado de comparaciones de precios de un mismo bien entre Costa Rica y alguna otra nación. Como habrán leído en mi comentario de la semana anterior, un simple cotejo de precios puede inducir a muchos errores de interpretación, debido a que son muy diversos los factores que pueden explicar ese diferencial de precios. La segunda razón es porque me temo que, si en Costa Rica el manejo económico que lleva el actual gobierno concluye cediendo en su último flanco de defensa de la estabilidad, cual es el manejo monetario prudente, nos veremos sin duda involucrados en un episodio inflacionario. En tal momento habrá planteamientos, usualmente de políticos, pero no en exclusivo, para controlar los precios a fin de refrenar la inflación. Hago esta especie de curación en salud, pues temo que el paciente podría enfermarse gravemente, si en el país no se mantiene una conducción monetaria prudente. 

Empiezo dando una breve explicación de lo que usualmente sucede cuando se fija el precio de un bien o servicio por parte del estado, en un monto inferior al que se determina en el mercado. Con frecuencia, lo que se informa al ciudadano de parte del estado como explicación de su política de fijar un precio máximo, es que el precio de un producto en el mercado es injustificadamente alto para los consumidores. O sea, el argumento usual empleado por el gobierno para justificar la fijación de precios máximos es la protección del interés de los consumidores. Incluso se alega  que así se protege al consumidor de la explotación de vendedores o de prácticas monopolizadoras de parte de estos o simplemente que es una medida para paliar una inflación. Lo suelen aseverar los gobernantes, buscando engañarnos con que el origen de la inflación radica en las más diversas causas, excepto por un exceso de emisión monetaria de su propio banco central.

Sin embargo, la fijación de un precio máximo tiene otras consecuencias distintas de las esperadas -hay consecuencias no previstas. Los políticos la justifican diciéndonos que, con su propuesta, los consumidores podrán obtener la misma cantidad que antes, y hasta más, del bien cuyo precio se ha controlado, presuntamente gracias a la fijación de un precio menor que el que existía en el mercado. Pero es falso, tal como veremos.

Un resultado de la fijación de un precio inferior al de equilibrio en el mercado, es que provoca una disminución de la cantidad ofrecida del producto. La razón es sencilla: el precio es el ingreso que recibe el productor-vendedor por unidad vendida. Con la instauración del control del precio del producto, el ingreso es menor que antes. Ante esto, disminuirá la cantidad que ofrece del bien, porque, dados los costos de producción, recibe ahora un beneficio menor. El incentivo conduce a reducir su producción, pues normalmente un productor-vendedor encara costos crecientes, que se elevan conforme aumenta la producción. Es por ello que, para producir más de un bien, requiere de un precio mayor para cubrir esos costos que van aumentando conforme se produce más. Si el estado fija un precio (el ingreso del productor-vendedor) inferior al previo que le permitía cubrir costos y obtener utilidades, disminuyen sus ingresos y eso provocará que reduzca la producción a fin de tener un costo menor por unidad y con ello tratar de conservar su utilidad por unidad. La característica de la oferta es que, a un precio menor, el productor-vendedor disminuye lo que está dispuesto a suministrar en ese mercado.

Normalmente la medida de un precio tope hace que se incremente la cantidad demandada del producto en el mercado. El simple sentido común y la observación nos muestran que, cuando algo le cuesta menos al consumidor, tenderá a comprar más del producto que antes. El precio del bien constituye un obstáculo para el consumidor. Si el precio es “alto”, el consumidor se ve desmotivado para adquirir el producto y, si percibe que es “bajo”, se ve estimulado para comprarlo.  Si el estado fija el precio por debajo del de equilibrio, ante los ojos del consumidor es más barato -hay un obstáculo menor para adquirirlo- lo cual lo incentivará para aumentar la cantidad demandada del bien.

Observe que, con la introducción de un precio máximo o tope por parte del estado, se presentan simultáneamente dos fenómenos contrapuestos en el mercado: por una parte, a ese precio menor los productores-vendedores desearán suministrar una cantidad inferior  del producto y, por la otra, los consumidores desearán adquirir más de ese producto, al observar que su precio se ha reducido. Esa acción contrapuesta simultánea da lugar a un fenómeno que denomino escasez artificial: la fijación de precios por el estado logra que artificialmente haya, al nuevo precio menor, un exceso de la cantidad demanda (que aumentó) sobre la cantidad ofrecida (que disminuyó). A ese precio artificialmente menor fijado por el estado, se provoca una demanda-exceso.

Habrá dos grupos que no van a obtener la misma cantidad del producto, en comparación a la que podían disponer antes de la fijación de precios. Por una parte, quienes, al ver disminuido el precio, quisieron aumentar la cantidad demanda del producto, pero, a ese precio menor, no encuentran la cantidad que esperaban obtener del producto. Los denomino los “compradores ilusionados, pero frustrados”, pues, entusiasmados con la reducción gubernamental artificiosa del precio, creyeron poder comprar más del producto, pero no lo encontraron disponible en el mercado en la cantidad esperada: quedaron desengañados. Por otra parte, están los consumidores que antes podían adquirir una cantidad dada al precio de equilibrio, pero, al imponerse el precio tope o máximo, encontrarán en el mercado un nivel de producción inferior al que previamente disponían. A estos consumidores los llamo “compradores excluidos”. Esto es, marginados porque se les negó la posibilidad de encontrar la misma cantidad de producción que antes de la imposición del control del precio. Los compradores excluidos y los frustrados tan sólo encontrarán, a ese precio menor, un descenso de la cantidad que se ofrece en el mercado, al nuevo precio menor fijado por ley.

En los mercados los acontecimientos que ocasionan tal control de precios tienen una mayor profundidad y detalle de lo expuesto por el simple análisis económico abstracto que acabo de formular. Por ello, la descripción de detalles de lo que fue el control de precios durante la experiencia chilena allá por los años setentas, permitirá comprender mejor el impacto que esa política tiene sobre la vida diaria de los ciudadanos. El caso chileno ha sido muy bien estudiado y expuesto, como para permitirnos hacer una amplia explicación de los efectos que tiene una política de control de precios.
Aquél exceso de demanda sobre la oferta que antes comenté, da lugar a que surjan los mercados negros. La razón es simple: al ocasionarse un descenso en la producción por el control de precios, esa menor cantidad en el mercado tiene ahora un precio mayor. Recuerden que la demanda nos indica una relación entre precios y cantidades, de manera que, a menor precio, mayor cantidad demandada. O, lo que es lo mismo, si disminuye la cantidad de producción que hay en un mercado, habrá demandantes dispuestos a pagar un precio mayor por esa cantidad menor del producto en el mercado. Los  productores-vendedores están dispuesto a vender esa cantidad menor de producción sólo a un precio mayor que el fijado por ley y habrá consumidores que, por esa misma cantidad menor de producción en el mercado, están dispuestos a pagar por ella un precio mayor que el legalmente impuesto por el estado.

Refiriéndose a la situación chilena en 1972, narra Joseph Ramos que “el resultado (del control de precios) fue que floreció el mercado negro y los precios no controlados se dispararon. La esencia de un negocio rentable en esta inflación reprimida (reprimida porque no se dejaba que los precios subieran, sino que el estado les ponía un tope) era el arbitraje (comprar donde fuera más barato y venderlo adonde fuera más caro) y no la producción; o sea, comprar más bienes (monedas duras) a precios oficiales que los que se vendían a precios oficiales. El desabastecimiento apareció por todas partes en la medida que la gente prefería cualquier bien a una moneda crecientemente devaluada (ya que el dinero estaba perdiendo valor como un medio de cambio). Por ésta, entre otras razones, la disciplina de los trabajadores declinó dado que los incentivos monetarios, aunque más importantes, eran cada vez menos útiles. El pago en especies floreció. Se instituyó el racionamiento tanto formal como informal. Bastaba ver que un producto se estaba vendiendo en cantidades restringidas para que cada persona, lo necesitara o no, lo comprara antes de que desapareciera. El racionamiento llevó a escaseces, y las escaseces a más racionamiento.” (Citado en Jorge Corrales Quesada, Inflación y Control de Precios, San José, Costa Rica: Universidad Autónoma de Centro América, 1984, p.p. 106-107. Los paréntesis en la cita son míos a fin de aclarar los conceptos.)

Tomando por punto de partida esta cita del economista Joseph Ramos (quien no es precisamente un economista de la derecha chilena), es interesante referirse a su observación de que, cuando se controla el precio de un producto, el resto tiende a subir. La explicación radica en que el dinero que ya no se puede gastar en el bien cuyo precio es controlado, por haber disminuido la cantidad ofrecida en el mercado, se desvía hacia un gasto en otros bienes, que así aumentan de precio. Por ello, uno de los efectos que se observó con la política de fijación de precios en Chile fue que cambiaron los precios relativos, subiendo comparativamente el precio de los bienes no regulados, con respecto al precio de los bienes regulados.  Un sistema de mercado se rige por los precios relativos, por lo que, al encarecerse relativamente el bien no regulado, tiende a aumentar la cantidad ofrecida de ese producto y lo contrario sucede con el bien regulado que bajó de precio relativamente. Es decir, se da una reasignación de recursos en la economía; el estado y su política de control del precio de ciertos bienes provocó que se produjera menos de ellos -contrario a lo que supuestamente buscaba el gobierno, que se supone que es que hubiera más de ese bien- y una mayor producción de los bienes no regulados, que ahora comandan un precio mayor.

“Este proceso (de la imposición de precios tope o máximos) provocó el acaparamiento y el negocio fácil, pues resultó ser muy rentable adquirir los artículos a los precios oficiales (más bajos) y venderlos en el mercado negro a los precios no oficiales (más elevados). Y, por más que se puso en acción el aparato represivo del Estado en la labor de control, lo único que hizo fue aumentar el riesgo de la operación. Se provocó así un aumento del diferencial entre el precio oficial menor y el precio mayor en el mercado negro, con el consiguiente efecto sobre las posibilidades de consumo de la población.” (Jorge Corrales, Inflación y Control de Precios, Op. Cit., p, 107).

Ello me hace recordar dos cosas. Le primera, cuando en Costa Rica era un “muy buen negocio” comprar en los antiguos estancos del Consejo Nacional de Producción aquellos productos con precios subsidiados por el estado, como era el caso de los granos básicos, para luego venderlos en los mercados negros a precios mayores que el tope oficial. En segundo lugar, que hoy en Venezuela es posible observar (en la televisión, por ejemplo) largas colas de ciudadanos tratando de adquirir los diversos bienes artificialmente escasos por la política de control de precios impuesta por el gobierno bolivariano. A pesar de intentos gubernamentales de restringir tales compras, como usando registros o tarjetas, los consumidores se las agencian para comprarlos (tal vez compartiendo ganancias futuras pagando sobornos a los encargados del control o duplicando los permisos para adquirir tales bienes), en una cantidad mayor que la necesaria para su uso y venderlos en los mercados negros a precios mayores que los oficiales. O simplemente, cuando los ciudadanos, como dice Ramos en el caso de Chile, bastaba que vieran “que un producto se estaba vendiendo en cantidades restringidas para que cada persona, lo necesitara o no, lo comprara antes de que desapareciera” o, sencillamente, antes de que tuviera que acudir al mercado negro pagando un precio mayor por un producto que tal vez escasearía aún más.

He escuchado la aseveración –en cierto sentido, desconsoladora- de que, en aquellos momentos, en Chile los ancianos ganaron mayor aprecio en los hogares en donde tal vez no se les tenía en tan alta estima. Los viejitos, ya retirados de sus trabajos y que estaban “por allí” en las casas, resultaron ser muy útiles, pues tenían “todo el tiempo” para hacer las largas colas en los establecimientos que vendían productos que escaseaban en el mercado por el control de precios. Esto, que no suena muy bonito, se puede ver, en un caso tal vez no tan deshumanizado como el que acabo de describir, en las largas colas en Venezuela, en donde ha surgido una nueva profesión, cual es la de cuidador de campos. Alguien hace toda la fila; se le paga por ello y, cuando va a ingresar, le cede su lugar a quien le pagó por hacer la cola. (En Costa Rica hemos visto casos similares en las matrículas de estudiantes, en oficinas de Migración o de Registro de Armas y en ciertos conciertos musicales: las limitaciones de cupo o de acceso hacen que, en cierto momento, la demanda supere a la oferta y, como no hay pago de por medio para disponer del bien o del servicio, surgen grandes filas y habrá quien esté dispuesto a hacerlas, pero cobrando por ello).

El control de precios dio lugar a otra consecuencia no prevista por sus proponentes. Ante la escasez de productos, muchos trabajadores prefirieron que sus salarios no fueran pagados en una moneda oficial que perdía valor constantemente o que tuvieran que perder tiempo en filas para ver si podían obtener los bienes que necesitaban pagando en efectivo. Optaron porque se les pagara en especie, en bienes, una forma de moneda dura, en vez del peso oficial que no facilitaba adquirir esos productos. Me hizo recordar aquellos antiguos estancos privados en ciertas fincas del país, en donde a los obreros de hecho se les pagaba su salario en especie; esto es, en derechos o libretas o boletas de café, para ser consumidos en los estancos de los patronos. 

El control de precios suele distorsionar la forma tradicional normal en que funcionan los mercados.  En muchas ocasiones fue posible obtener el producto escaso si se gozaba de buenas relaciones con los distribuidores, si se tenía amistad o lo que fuere. El pago en efectivo al precio fijado por el estado no resulta ser suficiente para asegurarse la obtención del producto, sino que suelen, por ejemplo, introducirse prácticas inusuales como, por ejemplo, compras asociadas.  Esto es, que para poder obtener el producto con precio controlado, debe adquirirse adicionalmente otro producto diferente y que tal vez el consumidor no necesita o el cual tiene un sobreprecio. O puede requerirse un pago adelantado (abono) y esperar cierto tiempo a que “llegue” el producto (la ganancia para el vendedor radica en el adelanto de dinero, que le permite financiar su negocio o no tener que pagar intereses por fondos que debe pedir prestados). La cantidad de variaciones que sobre este mismo tema que puede ser imaginada, es enorme, pero creo que la idea ha quedado clara.

En un viaje a Chile posterior a la salida de Allende, pude hablar con un empresario vendedor de telas para trajes de hombre, quien me contó que, en la época de la crisis que hemos venido comentando, él mantenía abierto su negocio en horas altas de la noche y de la madrugada para poder vender las cosas a un precio mayor al oficial y el cual los clientes estaban dispuestos a pagar para poder conseguir las telas. Durante el día, el negocio se mantenía cerrado la mayor parte del tiempo. Los mercados operaban libre y eficientemente a deshoras.

El formato como se vendía un producto dependía de si su precio estaba controlado.  Por ejemplo, si la libra de arroz tenía su precio fijado por ley, entonces sólo se vendía, a precio de mercado, en paquetes de un kilo, en tanto el estado sacaba nueva legislación de control que incorporara al arroz vendido en paquetes de a kilo.  Pero, de inmediato, al aparecer el nuevo control, aparecía la venta de arroz en paquetes de media libra o bien a granel y así en una secuencia de diversas presentaciones del producto que se pudieran vender a precios de mercado y lejos del control que el estado imponía.
Hasta aquí no llega el desorden. Digamos que, por ejemplo, había un jabón en polvo simple y sencillo y el estado venía y fijaba su precio en los distintos tamaños de bolsas en que se vendía. Casi de inmediato, aparecía ese mismo jabón con algún nuevo ingrediente -digamos que triclorín- de manera que el nuevo jabón se podía vender al precio de mercado. Y si el estado también controlaba este último precio, aparecía vendiéndose uno que contenía “triclorín mejorado”, cuyo precio era libre y aún no fijado por ley. Me imagino que terminaban vendiendo un jabón kosher con clorofila y con la bendición apostólica y romana… vaya usted a saber…

El hecho es que con aquella política todo el mercado se distorsionó. También la calidad de los productos. Dejó de haber “baratas” y promociones. Si el producto salía dañado o fuera del tiempo de vida aceptable (para perecederos), no existían devoluciones. Lo que conocemos como comprar con “libreta”, como aún suele suceder en ciertas pulperías, también existía en Chile, pero con el control de precios ese sistema tendió a desaparecer. “En síntesis, el sistema de abastecimiento cotidiano sufrió un colapso que impulsó elevados costos a la colectividad chilena.” (Jorge Corrales, Op. Cit., p. 108)

Quiero agregar dos comentarios adicionales. Llegó un momento en que el gobierno chileno de Allende, ante el descalabro de la economía, con el plan Matus-Millas, en agosto de 1972, decidió liberar parcialmente el control de precios y el resultado inmediato no se hizo esperar: la inflación reprimida repuntó fuertemente. “Durante el segundo semestre de 1972 una aceleración de la ya alta inflación (nivel de tres dígitos en base anual) coexistió con la escasez generalizada y la proliferación del mercado negro. Dos mercados segmentados de bienes con dos sistemas diferentes de precios prevalecieron en la economía: el oficial y el negro. El diferencial entre ambos llegó a ser tan alto como cinco a diez veces para una gran variedad de productos.  La explicación oficial de las autoridades económicas de la U. P. (Unión Popular, nombre del partido del gobierno) para el gran incremento de la escasez y el mercado negro era la siguiente: La escasez y el mercado negro se debían a la acción contrarrevolucionaria  de los grupos reaccionarios y los ‘enemigos del Pueblo’; ‘el mercado negro es la síntesis de la acción antipatriótica de los conservadores’; ‘es una mentira imputar los problemas actuales del consumo a malas políticas del Gobierno (ver Banco Central, Boletín Mensual, enero de 1973).” (Felipe Larraín y Patricio Meller, “La Experiencia Socialista-Populista Chilena: La Unidad Popular, 1970-1973,” en Cuadernos de Economía, Año 27, No. 82, diciembre de 1990, p. 345).

Mi segundo comentario es que estoy casi seguro de que algo similar puede estar sucediendo actualmente en Venezuela, a pesar de que el gobierno de ese país había podido suplir parte de la escasez artificial de bienes en mucho provocado por el control de precios y por la poca disponibilidad de divisas para que el sector privado pudiera importar insumos y bienes finales.  La situación se ha agudizado por la fuerte caída del precio internacional del petróleo -en casi más de un 50% y que constituye el 96% de los ingresos de divisas de Venezuela (del gobierno, puesto que el dueño del petróleo es él). 

La existencia de fuerte escasez en productos de consumo masivo, como lácteos, harina para arepas, papel higiénico, entre muchos otros, y la presencia de largas filas de consumidores para adquirir casi todo tipo de productos a los precios oficiales en mercados suplidos por el estado, me inclinan a pensar que la situación que hoy enfrentan los consumidores venezolanos es muy parecida a la que sufrieron los consumidores chilenos allá por los años 1972-1973. A la caída de Allende a finales de 1973, Chile batía el record mundial de inflación. Como indica el economista Sergio de Castro, “La inflación medida, subestimada debido a que la gran mayoría de los artículos incluidos en el Índice de Precios a Nivel de Consumidor estaban sujetos a control de precios, llegó al 50% en 1973. Sin embargo, la tasa real, de acuerdo con estudios de instituciones académicas, era de cerca de 1.000%. El Índice de Precios al por Mayor, por otra parte, aumentó en 1.147%.” (Sergio de Castro Spikula, “Inflation and Financial Discipline in Chile, en Juan Carlos Méndez, editor, Chilean Economic Policy, Santiago: Budget Directorate, 1979, p. 276.)

Hoy día la inflación en Venezuela se acerca a un 65%, pero se espera un crecimiento mayor en el resto del 2015, en el marco de un control de precios que cada día se amplía más. Por lo tanto, es de esperar que las distorsiones de los mercados cuyos precios fueron controlados por el estado chileno, termine reproduciéndose en la economía venezolana.

Los controles de precios han existido en numerosas ocasiones en la historia de la humanidad, desde hace más de 4.000 años. Estas experiencias han variado desde la pena de muerte para los violadores del control en época de Diocleciano, tanto como en la de Hitler, “más siempre… han concluido en estruendosos fracasos con resultados nefastos para la sociedad, como son el surgimiento de mercados negros, reducción de la producción, escasez de la oferta, filas y colas en los sitios de venta, racionamiento, ulteriormente precios más elevados, enriquecimiento de algunos pocos, disturbios políticos y sociales, especulación, aumento de la burocracia y, especialmente, la posposición de la decisión de efectivamente aplicar medidas que sí conducen a la disminución de la inflación.

Al observar cómo a través de la historia han fracasado los intentos de detener la inflación por medio de controles de precios y de salarios, surge la inquietud de por qué los pueblos y los gobiernos continúan, aún en nuestros días, acudiendo a esos esquemas destinados a provocar el descalabro total de las economías.” 

Esto lo escribí en 1984 en mi libro que he mencioné anteriormente (p. 109) y me temo que aún guardo mi inquietud, al observar propuestas en la actualidad para que el estado introduzca el control de precios.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: control de precios en la Revolución Francesa

Ahora que un Maduro implacable ha impuesto el control de precios en Venezuela, vale la pena narrar algunas experiencias históricas resultado de políticas de ese tipo.  Un episodio interesante sucedió durante la Revolución Francesa.  He seleccionado este capítulo para analizarlo no sólo porque muestra lo nefasta que puede ser una política de control de precios, sino porque hay muchos “revolucionarios”, probablemente “buenos”, como diría Carlos Rangel, el venezolano autor del excelente libro “Del Buen Salvaje al Buen Revolucionario”, quienes añoran los “éxitos” de la Revolución Francesa. Para estos, conocer el lado oscuro de dicha Revolución podría ser emancipador.

El 3 mayo de 1793, el revolucionario Comité para la Seguridad Pública promulgó lo que se conoce como Ley del Máximo, por la cual se fijaba, para cada distrito de la nación, un precio tope al trigo y a la harina, resultados de un promedio de los precios locales de los primeros cuatro meses del año, así como de las reservas existentes. Dicha ley, además, imponía un gravamen progresivo a los ricos y les obligaba a realizar préstamos. También facultaba que las autoridades del gobierno pudieran vigilar y requisar existencias de esos productos, a fin de dirigirlas a un mercado deficitario. Muy importante es que dicha Primera Ley del Máximo exigía que los agricultores recibieran su pago en papel moneda conocido como assignats (en español, asignados) a su valor facial. Los assignats eran papeles en vez de monedas, que era como se pagaba anteriormente. Todo esto en el marco de un elevado proceso inflacionario.

El resultado no se hizo esperar: los agricultores dejaron de enviar sus productos a los mercados urbanos y en toda Francia empezaron a surgir manifestaciones de ciudadanos protestando por la situación.  Ya para agosto de aquel año, la ley se había convertido en un mamotreto inoperante.

Por ello fue que se dictó el 11 de setiembre de 1793 lo que se puede considerar como una nueva –la Segunda- Ley del Máximo, sólo que en esta ocasión el control de precios fue mucho más amplio, a nivel nacional, si bien ya se consideraba el costo del transporte de los bienes. Entre los productos sujetos a precios máximos estaban la carne fresca y salada, el tocino, la mantequilla, el aceite, el ganado, el pescado salado, el vino, el aguardiente, el vinagre, la sidra, la cerveza, la madera de calefacción, el carbón, las velas, el aceite de quemar, la sal, la sosa, el jabón, la potasa, el azúcar, la miel, el papel blanco, el cuero, el hierro, el plomo, el acero, el cáñamo, el lino, la lana, los tejidos, las materias primas necesarias para las fábricas, los zapatos, la colza, las coles y el tabaco. También imponía restricciones a los salarios. Anecdóticamente, esa fijación del precio del pan en Francia duró hasta 1979, cuando se liberó. Ya en 1981 el precio del pan se había reducido.

Pronto esta segunda Ley del Máximo fue abandonada al dar lugar al mismo tipo de problemas que su primera versión. Se decidió, de acuerdo con la nueva Ley del 29 de setiembre de 1793, que los precios estarían fijados con base en los niveles de 1790 más un tercio. Así de sencillo, como cuando actualmente Maduro decide que el margen de ganancias tendrá un máximo del 30%, independientemente de los costos para adquirir las divisas, cuyo precio el 14 de febrero del 2014 en los mercados libres es de 87 bolívares por dólar, en tanto que el tipo de cambio oficial es de 6.3 bolívares por dólar. Al empresario no se le están dando todos los dólares que demanda, teniendo que acudir a los mercados paralelos para obtener las divisas requeridas para importar los insumos a ese precio mucho más elevado.

Tampoco el nuevo esquema tuvo éxito y tuvo que ser abandonado, al igual que los otros anteriores. Pero la mente estatista es siempre pródiga cuando se trata de poner controles y el primero de noviembre de 1793 promulgaron una nueva Ley de control de precios. Ahora los valores de los bienes serían fijados de la siguiente manera: partiendo del precio que se tenía en 1790 en la etapa de producción, a ello se le agregaría una tercera parte, además de una tasa por legua según fuera el transporte, más un 5% para el mayorista y un 10% para el minorista. Ya se imaginará el amigo lector el enredo de provocaba todo esto, en especial cuando hay tantas posibilidades de intercambio en una cadena que es naturalmente variable.  En todo caso, también se aceleraron las restricciones, obligando a los agricultores a que llevaran el grano a los mercados, incluso empleando para ello la fuerza militar y policial. Lo que el estado pretendía con estas medidas era permitir que el pueblo francés pudiera sobrevivir durante los últimos meses de 1793 y los primeros de 1794. Pero el nuevo esquema liberticida también fracasó.

En palabras del historiador Henry Bourne, el fracaso de este nuevo experimento se debió 

“a dos rasgos distintivos. El primero fue el fracaso al no garantizarle al agricultor una utilidad razonable y que no se le estimulara a aumentar los acres cultivados y con ello lograr cosechas mayores… El esquema no sólo fracasó en incentivar al agricultor, sino que más bien lo amenazó con la ruina. Sus gastos en herramientas, animales para procesamiento y salarios crecían constantemente, pero sus utilidades fueron reducidas, con el prospecto de que hubiera pérdidas en cada uno de los meses venideros. 

El segundo desatino fue el anverso del anterior; fue el supuesto de que la fuerza podía ser empleada exitosamente contra el grupo más grande de productores que tenía el país. Los agentes que se usaron para emplear la fuerza, cuando se llegaba a los últimos eslabones en la cadena de autoridad eran los propios granjeros, pues los oficiales de las comunidades eran o agricultores o personas dependientes de ellos.” (Henry Bourne, “Food Control and Price-fixing in Revolutionary France,” The Journal of Political Economy, febrero de 1919, p. 88.)

De nuevo, el acaparamiento, la escasez, el incremento de los precios, la disponibilidad de bienes únicamente para los ricos que pudieran pagarlos, el contrabando, el comercio ilegal fuera de horas normales, en general, la vigencia de los mercados negros fue el resultado generalizado de la última versión de la Ley del Máximo.

Pero como no parece que haya mal que dure más de cien años, el 24 de diciembre de 1794 se derogó definitivamente la Ley del Máximo y su sistema de controles de precios.  Para ese entonces los moderados habían derrotado a los extremistas.  Se dice que, 

“cuando Robespierre y sus colegas eran llevados a través de las calles de París rumbo a sus ejecuciones, la chusma gritaba su último insulto: “¡Allí va el sucio Máximo!”. (Robert L. Schuettinger y Eamonn F. Butler, Forty Centuries of Wage and Price Controls, Washington D. C.: The Heritage Foundation, 1979, p. 47).

Este episodio de control de precios concluyó con el fracaso esperado, pero, además, es necesario señalar que la moneda que se había impuesto (los assignats) y en la cual se obligaba a los agricultores a recibir su pago, terminó devaluándose pavorosamente, lo cual provocó mayores daños al pueblo francés, en cuyo nombre los revolucionarios habían implementado el control de los precios.

A los así llamados revolucionarios de la Venezuela de hoy, tal vez valga la pena exponerles los resultados del control de precios que impusieron los revolucionarios franceses. De esta manera podrían pensar un poco más acerca del daño que con sus políticas están ocasionando a los ciudadanos de su país.

Podrán tener en claro que ese daño siempre concluye siendo cobrado por los pueblos, como lo puede atestiguar el destino final de Robespierre y sus compagnes.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: el control de precios y la caída de Amberes

Desde hace muchos años me ha interesado, como economista, el tema del control de precios y los efectos que tienen en las economías. Ello porque son numerosos los episodios en la Historia, que demuestran como dichas políticas ocasionan efectos no previstos, usualmente diferentes de los esperados por quienes las impusieron.

Hace poco, traveseando en Internet, me encontré con un librito escrito por Mary G. Lacey, titulado Food Control During Forty-six Centuries: A Contribution to the History of Price Fixing (Chicago, 1933), el cual recoge una conferencia que ella pronunció ante la Sociedad de Historia Agrícola de los Estados Unido, el 16 de marzo de 1922. En dicho libro expone el episodio de control de precios que se dio en Bélgica en los años 1584-1585, según lo narró el historiador John Fiske en su obra The Unseen World and Other Essays (Boston, 1904, p. 20).

Dice Lacey que la caída de la ciudad de Amberes en 1585, se debió a la chapucera legislación de fijación de precios puesta por el Gobierno de la ciudad. Y luego transcribe lo escrito por Fiske:

“El giro crucial de la gran revolución Holandesa, en lo que tiene que ver con las provincias que ahora constituyen Bélgica, lo fue el famoso sitio y captura de la ciudad de Amberes. El sitio duró mucho y la resistencia fue obstinada y la ciudad posiblemente no habría sido capturada si la hambruna no hubiera acudido en ayuda de los sitiadores. Es interesante investigar qué pasos podrían haber tomado las autoridades de la ciudad para prevenir esa calamidad. Habiendo averiguado que los especuladores estaban acumulando y acaparando provisiones en anticipación de un período de precios altos, aquéllas impusieron un precio tope a todo lo que se podía comer y prescribieron fuertes penas para quienes pretendieran cobrar más que la suma decretada por ley. Las consecuencias de esta política fueron dos. Había pasado mucho tiempo para que el Duque de Parma (Alejandro Farnesio, el famoso militar al servicio de la Corona Española, quien luchó contra los protestantes durante la llamada Guerra de los Ochenta Años), quien estaba asediando la ciudad, tuviera éxito en bloquear el Río Escalda (Scheldt) de forma que impidiera que los barcos cargados de comestibles pudieran ir río arriba hacia la ciudad. Miles de toneladas de maíz y de carne en conserva podían haber sido traídos rápidamente a la ciudad rodeada. Pero ningún mercader correría el riesgo de que sus barcos fueran hundidos por las baterías del Duque, simplemente por el hecho de tener un mercado que no era mejor que muchos otros que podían ser accedidos sin riesgo alguno. La tarea de un Gobierno es legislar para los hombres tal como son, no como se supone que lo deberían ser. Si las provisiones hubieran obtenido un precio más alto en Amberes, ellas habrían sido llevadas río arriba.  Por su propia estupidez, la ciudad se bloqueó a sí misma mucho más allá de lo que el Duque de Parma pudo haber logrado.

En segundo lugar, la fijación arbitraria de precios más bajos previno cualquier ahorro general de parte de los ciudadanos. Nadie consideró necesario economizar. De manera que la ciudad vivió de muy buen ánimo hasta que se acabaron las provisiones y el Gobierno tuvo que meterse de nuevo para paliar el desastre que había provocado.

De esta manera, un acto chapucero de legislación ayudó a decidir lo peor para una campaña que involucraba la integridad territorial y el bienestar futuro de lo que podría haber sido una gran nación, que desempeñara una valiosa función en el sistema de comunidades europeas”. (Mary G. Lacey, Food Control During Forty-Six Centuries: A Contribution to the History of Price Fixing, p.p. 12-13). Los paréntesis son míos.

Sorprende que, a estas altura de nuestra civilización, algunos continúen creyendo en que los controles de precios son benévolos, que ayudan a los “sufridos” consumidores y que no tienen el claro resultado de que más bien provocan escasez y hasta hambrunas o caídas de los pueblos, como el ejemplo que nos narraron Fiske y Lacey.  Uno encuentra hoy en día proponentes del control de precios, como Maduro en Venezuela, pero hoy basta con observar en ese país los anaqueles de los negocios vacíos, en donde escasean muchos productos que antes solían abundar.  Nunca he entendido cuál es el afán de tener una economía bajo el control de precios, con el pretexto de que así se abaratan los bienes y se favorece a los consumidores relativamente más pobres, si después no van a encontrar esos bienes artificialmente abaratados.  El control de precios se convierte, más bien y en un contraste inesperado para los políticos, en enemigo de los consumidores. Se supone que ese no era el objetivo que tenía en mente el Gobierno al imponer esos controles. Resulta ser éste un caso claro de lo que se suele denominar como “las consecuencias no previstas”. Los gobernantes que propusieron el control de precios no previeron que el resultado sería la escasez, la hambruna y el empobrecimiento.

Ojalá José María Villalta tomara en cuenta estas lecciones de Historia y de Economía. Tal vez así corregiría su absurdo planteamiento de promover controles de precios. De no tomar en cuenta estas lecciones de la Historia en consideración y tiene la oportunidad de ponerlas en marcha, simplemente terminará causando más daño a quienes dice defender. Entonces, buscará alguna otra excusa para justificar su disparate.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: un viaje en la máquina del tiempo

Si fuera posible, tal como lo describió H. G. Wells en su libro “La Máquina del Tiempo”, romper la imposibilidad de viajar hacia atrás en el tiempo, tal vez el presidente Maduro podría hacer maletas hacia el Chile de Allende, de principios de los años setentas. 

Entonces se daría cuenta -aprender- los efectos que ocasiona en un país una política de control de precios, como la que ahora pretende imponer en su país. La mejor descripción de lo sucedido en Chile hacia 1972 la brindó el economista Joseph R. Ramos, en un artículo titulado “Inflación Persistente, Inflación Reprimida e Hiperstanflación. Lecciones de Inflación y Estabilización en Chile”, publicado en la revista Cuadernos de Economía de diciembre de 1977.  De él destaco el párrafo siguiente:

“El resultado fue que floreció el mercado negro y los precios no controlados se dispararon. La esencia de un negocio rentable en esta inflación reprimida era el arbitraje y no la producción; o sea, comprar más bienes (o monedas duras) a precios oficiales que los que se vendían a precios oficiales. El desabastecimiento apareció por todas partes, en la medida que la gente prefería cualquier bien a una moneda crecientemente devaluada (ya que el dinero estaba perdiendo su valor como medio de cambio). Por ésta, entre otras razones, la disciplina de los trabajadores declinó dado que los incentivos monetarios, aunque más importantes, eran cada vez menos útiles. El pago en especies floreció. Se instituyó el racionamiento tanto formal como informal. Bastaba ver que un producto se estaba vendiendo en cantidades restringidas para que cada persona, lo necesitara o no, lo comprara antes de que desapareciera. El racionamiento llevó a escaseces, y las escaseces a más racionamiento”. (Op. Cit., p. p. 78-79).

En el viaje imaginario de Maduro a aquellos años de Allende observaría cómo surgieron mercados negros; esto es, la venta ilegal de bienes violando la prohibición gubernamental de venderlos a precios diferentes de los que fijó. Asimismo, se daría cuenta de cómo en el Chile de esa época los precios de los bienes más bien aumentaron, en vez de detener su crecimiento, como era el propósito del control gubernamental. (Al asumir Allende la presidencia de Chile en 1970 la inflación llegó a ser de un 36%; al terminar su gobierno en 1973 se acercó a un 700% anual).   Maduro también se daría cuenta de cómo los ciudadanos acapararon todos los bienes que pudieron, pues no estaban seguros de tenerlos al día siguiente.  Al poder acaparar esos bienes adquiridos a los precios oficiales más bajos, las personas podían luego venderlos a precios más elevados, generándose así un negocio fácil y ampliamente extendido. El estado trató de contrarrestar esto último, imponiendo mayores controles y aumentando la vigilancia policial, pero lo que más bien provocó fue un aumento del riesgo de la operación y, por tanto, que el consumidor tuviera que pagar un costo mayor. Este vio así, en carne propia, un enorme deterioro de sus condiciones de vida.

Hasta aquí no llegó la situación. Al valer el dinero cada vez menos, la gente corría a deshacerse de él, mediante la compra de cuanto bien se apareciera en el mercado. Como usualmente se presentaron enormes filas para adquirirlos, hizo que surgiera un nuevo negocio: la venta de lugares en las filas o el pago por el servicio de hacer fila para las compras. (Esto hizo que los viejitos antes desocupados se convirtieran en personas “útiles” guardando campos en las filas). Por otra parte, las empresas cuyos productos tenían precios fijados por el estado, decidieron pagarles a sus trabajadores en especie con esos bienes, a fin de que pudieran venderlos en el mercado negro y con ello lograr un aumento en sus ingresos.

La calidad de los productos controlados se deterioró e incluso, una vez que el estado fijaba el precio a alguno de ellos, rápidamente luego salía otro similar al mercado, pero “mejorado” con algún nuevo ingrediente, a fin de que se pudiera vender al precio libre rentable.  Igualmente, si el estado fijaba el precio de alguna versión de un producto, digamos de 500 gramos, pronto aparecía una nueva versión de un kilo, con un precio diferente -mayor- al que proporcionalmente le correspondería.  Así podría venderse esta nueva versión al precio libre, aunque fuera por un rato en tanto el gobierno decretaba el control del precio para esa nueva versión.  Lo que estos controles provocaron fue el surgimiento de productos “nuevos”, ligeramente diferentes o “mejorados” o en cantidades diferentes, pero siempre a precios mayores en un mercado que permitiera que al productor obtuviera la rentabilidad necesaria de su esfuerzo y riesgo.

Lo que Maduro podrá llegar a saber es que los negocios en época de Allende operaban a altas horas de la noche, cuando los custodios de la ley no se fueran a aparecer (obviamente, si se hacían presentes, se tendría que adicionar el costo del soborno).  Por ello fue frecuente observar cómo en las madrugadas los clientes acudían a hacer sus compras. Así, la economía no sólo fue negra, sino que funcionó en la oscuridad de la noche… mientras dormían los cancerberos.

Todas esas -entre muchas otras- fueron consecuencias no previstas por los gobernantes, al ocurrírseles la sonsera de controlar los precios, tal como ha pensado hacerlo en Venezuela nuestro viajero invitado, el presidente Maduro. Ahora bien, una vez que Maduro puede haber visto lo que sucedió en Chile con el control de precios, si aún no se ha convencido de lo nefasto que fue para la economía de esa nación y para la vida y el bienestar de sus ciudadanos, podría usar de nuevo la máquina del tiempo de Orwell y regresar hasta por ahí de, digamos, el año 2800 antes de Cristo, a Egipto durante el gobierno del faraón Henku, quien es, documentadamente, el primero en controlar los precios y en fracasar en su empeño.  De ahí en adelante, Maduro podrá hacer paradas en la Babilonia de Hammurabi, por ahí del año 2025 antes de Cristo y también detenerse en la Roma de Diocleciano, cerca del año 301 después de Cristo, y ver y aprender qué fue lo que pasó cuando decidió controlar los precios. Si Maduro quiere acercarse más al presente, pero en la Edad Media, puede darse una paradita en la Inglaterra de por ahí del año 1381, en donde también conocería de los efectos del control de precios sobre esa nación. En todos estos casos, el fracaso del control de precios para contener la inflación fue la regla observada, así como los graves daños que ocasionó. La Historia está muy documentada acerca de todos estos episodios.  

Pero si aún con estas paradas en tiempos tan antiguos, Maduro no se ha convencido del fracaso de los gobernantes que deciden fijar precios, y quiere observar directamente algo más actual, podría pedirle a la máquina de Wells que le bajara en Amberes, Bélgica, en época de Alejandro Farnesio, Duque de Parma, quien pudo romper el sitio que le tenía a esa ciudad, gracias a que sus habitantes instauraron el control de precios, lo cual provocó la escasez de alimentos que hizo que tuvieran que rendirse ante Farnesio. Posteriormente Maduro podría aprovechar su periplo histórico deteniéndose en Francia, poco después de la Revolución Gloriosa, cuando los soberbios gobernantes instauraron el control de precios y con ello lograron escaseces, hambrunas, violencias en un “gobierno del terror”, manifestaciones y matanzas. Esto es, todo lo opuesto de lo que esos gobernantes habían buscado lograr con el control de precios. Maduro podrá constatarlo personalmente, gracias a la máquina del tiempo de H. G. Wells.

Los nazis también impusieron, en cierto momento, el control de los precios. Sorprendentemente este es un caso en el cual parece que los sátrapas nacional-socialistas tuvieron éxito en sus propósitos, pero obviamente parece que fue un costo muy elevado el que se tuvo que pagar para resolver los problemas inflacionarios: tener que vivir en una dictadura socialista terrorífica. En todo caso, son muchos, pero muchos, los experimentos que ha habido con controles de precios por parte de los gobernantes, los cuales han terminado tan mal como el de Chile, tal como lo describí brevemente con  anterioridad.

Yo aprovecharía para obsequiarle a Maduro, en ocasión del viaje Orwelliano, el libro de los economistas Robert L. Schuettinger y Eamonn F Butler, titulado Forty Centuries of Wage and Price Controls, que traduzco como “Cuarenta Siglos de Controles de Precios y Salarios”, editado por The Heritage Foundation de Washington D. C., en el año 1979. Humildemente también le obsequiaría una copia de mi libro Inflación y Control de Precios, editado por la editorial Stvdivm, en 1984.  Ambos le servirían para nutrirse sobre el tema del control de precios y la inflación. Espero que, con su lectura y el viaje en la máquina del tiempo, decida no ocasionar los graves daños a los habitantes de su pueblo que surgirían debido a la imposición de controles de precios. A cambio de todo esto, le pediría a Maduro un favor, para antes de que concluya su viaje a través de la historia en la máquina de Wells: que se apeé en la Costa Rica de hoy y que le hable a su amigo ideológico, José María Villalta, y le cuente el disparate que ha sido el control de precios a lo largo de la historia. De cómo eso no ha servido más que para provocar la angustia de las personas y el retraso de sus economías.  De hacerlo Maduro y de soplarle al oído de Villalta convincentemente de lo que pudo ver, yo quedaría muy agradecido con Maduro.

Jorge Corrales Quesada