Una vez más las malas ideas logran abrirse campo en Costa Rica. Desgraciadamente hoy debemos de insistir en el tema de las cuotas y la discriminación positiva dentro del ordenamiento jurídico, sobre lo cual ya nos hemos referido en otras ocasiones.
A pesar de haber abordado este tema, en ASOJOD consideramos que se requiere reiterar nuevamente en él, pues la futura presidente se reunió recientemente con Oscar López, líder del PASE y ambos acordaron impulsar una ley para que el 5% total de puestos del sector público sean ocupados por personas con discapacidad.
Las incongruencias de este tipo de propuestas saltan a la vista: ante una propuesta de estas ¿quién estaría en contra de ayudar a los discapacitados, a las mujeres, a los indígenas, etc? La accesibilidad se ha vuelto un tema políticamente correcto y su importancia dentro de la agenda de políticas públicas responde más a lo pasional que a lo racional, olvidando que t0da política pública seria no puede juzgarse a la luz de lo que se prometa o de sus buenas intenciones, sino a parti de los resultados y consecuencias reales.
El problema no acaba aquí: ¿si la idea es tan buena por qué sólo 5%? ¿por qué no aplicarla al sector privado también? ¿por qué los asiáticos, los inmigrantes, indígenas, caucásicos, negros, gordos, flacos, mujeres, hombres, altos, bajos, adultos mayores, jóvenes, etc. no tienen leyes que les garanticen sus debidas cuotas? Además, surge la interrogante de cuál es el criterio para asignar los privilegios: ¿por qué sólo 5% de los puestos de trabajo y no salarios más altos? ¿por qué no vacaciones más prolongadas? ¿por qué no obligar a todos los tax payers a financiar transportes exclusivos que vayan de la casa al trabajo de la persona discapacitada? ¿por qué no asignar también 5% de los cupos de matrícula en las universidades o 5% de representación en el Congreso, en las Juntas Directivas de las instituciones públicas y en otras entidades? ¿Qué pasará con los espectáculos públicos? ¿No sería justo también asignar un 5% de los espacios en teatros, cines, estadios y demás?
En ASOJOD preguntamos si este tipo de legislación no ataca más bien la meritocracia, premiando a las personas por circunstancias accidentales (sexo, etnia, discapacidad) en lugar de premiarlos por sus méritos, capacidades y logros? La respuesta, al menos para nosotros, es afirmativa. De ahí que consideramos que el eterno problema que nos afecta como país es precisamente que todo el mundo quiere privilegios, curiosamente obtenidos a costa de los demás, de forma que lo que unos ganan, los otros lo pierden. Así, esta ley hará que alguien pueda no obtener un empleo por el sólo hecho de no contar con una discapacidad, así como ocurre hoy en día para los puestos elegibles de diputados, donde también alguien puede estar en desventaja sólo por el hecho de su sexo.
Este es uno de los retos más grandes que cuenta Costa Rica para el Siglo XXI: una reforma normativa que promueva una verdadera igualdad ante la ley. Es vital que el Estado deje de decretar ganadores y perdedores, favorecidos y perjudicados, no importa si estas discriminaciones ocurren en el campo económico, cultural, educativo, político, etc. Si queremos una sociedad más inclusiva, sólo la conseguiremos mediante la no diferenciación y categorización, rechazando la fórmula de "igualdad para los iguales y desigualdad para los desiguales". Para ello requerimos una actitud crítica, que nos permita distinguir las soluciones reales a a los problemas concretos, de los meros slogans y discursos políticamente correctos. De lo contrario, entraremos en una espiral de demandas, donde cada vez más grupos organizados pidan sus cuotas y privilegios y los demás no podamos pagarlos.
A pesar de haber abordado este tema, en ASOJOD consideramos que se requiere reiterar nuevamente en él, pues la futura presidente se reunió recientemente con Oscar López, líder del PASE y ambos acordaron impulsar una ley para que el 5% total de puestos del sector público sean ocupados por personas con discapacidad.
Las incongruencias de este tipo de propuestas saltan a la vista: ante una propuesta de estas ¿quién estaría en contra de ayudar a los discapacitados, a las mujeres, a los indígenas, etc? La accesibilidad se ha vuelto un tema políticamente correcto y su importancia dentro de la agenda de políticas públicas responde más a lo pasional que a lo racional, olvidando que t0da política pública seria no puede juzgarse a la luz de lo que se prometa o de sus buenas intenciones, sino a parti de los resultados y consecuencias reales.
El problema no acaba aquí: ¿si la idea es tan buena por qué sólo 5%? ¿por qué no aplicarla al sector privado también? ¿por qué los asiáticos, los inmigrantes, indígenas, caucásicos, negros, gordos, flacos, mujeres, hombres, altos, bajos, adultos mayores, jóvenes, etc. no tienen leyes que les garanticen sus debidas cuotas? Además, surge la interrogante de cuál es el criterio para asignar los privilegios: ¿por qué sólo 5% de los puestos de trabajo y no salarios más altos? ¿por qué no vacaciones más prolongadas? ¿por qué no obligar a todos los tax payers a financiar transportes exclusivos que vayan de la casa al trabajo de la persona discapacitada? ¿por qué no asignar también 5% de los cupos de matrícula en las universidades o 5% de representación en el Congreso, en las Juntas Directivas de las instituciones públicas y en otras entidades? ¿Qué pasará con los espectáculos públicos? ¿No sería justo también asignar un 5% de los espacios en teatros, cines, estadios y demás?
En ASOJOD preguntamos si este tipo de legislación no ataca más bien la meritocracia, premiando a las personas por circunstancias accidentales (sexo, etnia, discapacidad) en lugar de premiarlos por sus méritos, capacidades y logros? La respuesta, al menos para nosotros, es afirmativa. De ahí que consideramos que el eterno problema que nos afecta como país es precisamente que todo el mundo quiere privilegios, curiosamente obtenidos a costa de los demás, de forma que lo que unos ganan, los otros lo pierden. Así, esta ley hará que alguien pueda no obtener un empleo por el sólo hecho de no contar con una discapacidad, así como ocurre hoy en día para los puestos elegibles de diputados, donde también alguien puede estar en desventaja sólo por el hecho de su sexo.
Este es uno de los retos más grandes que cuenta Costa Rica para el Siglo XXI: una reforma normativa que promueva una verdadera igualdad ante la ley. Es vital que el Estado deje de decretar ganadores y perdedores, favorecidos y perjudicados, no importa si estas discriminaciones ocurren en el campo económico, cultural, educativo, político, etc. Si queremos una sociedad más inclusiva, sólo la conseguiremos mediante la no diferenciación y categorización, rechazando la fórmula de "igualdad para los iguales y desigualdad para los desiguales". Para ello requerimos una actitud crítica, que nos permita distinguir las soluciones reales a a los problemas concretos, de los meros slogans y discursos políticamente correctos. De lo contrario, entraremos en una espiral de demandas, donde cada vez más grupos organizados pidan sus cuotas y privilegios y los demás no podamos pagarlos.
