La columna de Carlos Federico Smith: proyecto de presupuesto ordinario del Gobierno Central del 2013

No parecen ser muy buenas las noticias acerca del presupuesto del 2013 que el gobierno de la República presentó para la aprobación legislativa. Este presupuesto se refiere únicamente al del Gobierno Central, el cual constituye una porción relativamente pequeña de la totalidad del sector público, pues no incluye a los entes autónomos. Por ello, ante la situación fiscal actual de un elevado déficit en el sector público, uno esperaría que contuviera una moderación importante en el gasto, tal como lo ha venido predicando el Ministerio de Hacienda.  

Personalmente he respaldado dicho esfuerzo, pues me parece que es crucial para poder lograr una necesaria e importante estabilidad en nuestra economía.  Pero, como indiqué, hay datos que al momento me preocupan. Por ejemplo, la Contraloría General de la República, al analizar ese presupuesto, indicó que, por primera vez, la sub-partida destinada al pago de incentivos salariales excede a aquella destinada al pago de los salarios base. El gobierno, concretamente el Ministerio de Hacienda, con toda razón había dicho que era necesario frenar el exceso insostenible de pagos salariales por incentivos e incluso habló de actuar pronto en ese sentido. Pero al momento no se ve propuesta alguna concreta de parte del gobierno para frenar ese desborde inconveniente del gasto gubernamental. ¿Otra vez, puras palabras?

También el presupuesto para el 2013 aumenta las plazas en el gobierno.  Solicita que para este año se aprueben 3189 nuevas contrataciones, lo cual contrasta con tan sólo 1573 aprobadas en el 2012 y 513 en el 2011. Simplemente “olvidaron” la directriz que habían aplicado desde el 2011, de congelar el empleo en el gobierno central. La excusa que para ello nos da el Ministro de Hacienda es que se ve obligado a hacerlo debido a decisiones legales de la Asamblea Legislativa. Si es que el esfuerzo restrictivo del gasto va en serio, esa declaración debería de haber sido acompañada de una propuesta para variar las leyes que han provocado ese incremento.  Sería una señal de que el ordenamiento fiscal no es mera palabrería. Cuando aprobaron esas leyes yo no vi un fuerte interés del gobierno central para impedir el aumento de la burocracia y debe tenerse presente que esa aprobación posiblemente se logró con el voto de diputados del propio gobierno. Los ciudadanos, quienes de una u otra manera tendremos que pagar ese mayor gasto gubernamental, quedamos jodidos, por un lado o por el otro.

Algo grave de este presupuesto es que la Contraloría señala que, mientras se estima que la inflación del 2013 será de un 5%, el aumento en el rubro de remuneraciones que el gobierno pide será de un 10%. Es decir, hay un aumento real de un 5% en los montos de la planilla del gobierno. Por supuesto que es otra muy mala señal de lo que se nos dijo acerca de una firme actuación gubernamental para poner orden en las finanzas del estado.

Finalmente me atrevo a señalar que, una vez más, se incumplen normas básicas de orden fiscal cuando, brincándose la Constitución, este presupuesto financia gastos corrientes con endeudamiento. No se si la Sala Constitucional ha avalado esta práctica, pero, si así lo fuera, no hay razón para que la Contraloría se queje acerca de esa tan malsana práctica. Sé que, al final de cuentas, en este aspecto los gobernantes se beben en chicha a la Contraloría. Lo único que los Diputados pueden hacer es improbar la liquidación de los presupuestos al final del período correspondiente. Pero esa desaprobación no le importa al gobierno central. Así ha sido sucedido en los últimos años, razón por la cual uno se pregunta, ¿entonces para que está la Contraloría, si no se le hace caso en el control presupuestario que por ley debe ejercer?
Ser o no ser esa es la cuestión, señor Ministro de Hacienda.

Jorge Corrales Quesada

Tema Polémico: Reglas y Responsabilidad Fiscal

El artículo 176 de la Constitución Política de Costa Rica hace que, por lo menos en el papel, esta Constitución se diferencie de muchas en Latinoamérica pues propicia la responsabilidad fiscal en el país cuando indica lo siguiente:

“El presupuesto ordinario de la República comprende todos los ingresos probables y todos los gastos autorizados de la administración pública, durante todo el año económico. En ningún caso el monto de los gastos presupuestos podrá exceder el de los ingresos probables.”

Luego, por medio de la ley 8131: “Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos” se crea la regla en el artículo 6 que obliga el cumplimiento de la responsabilidad fiscal propiciado en la Constitución. Esta regla obliga al Gobierno a financiar sus gastos corrientes únicamente por medio de ingresos corrientes propiciando, de esta manera, que el gobierno siempre gaste dentro de sus posibilidades e, indirectamente, se limita el tamaño del Estado a aquel que estén dispuestos a pagar los costarricenses. 

En ASOJOD nos parece muy bien la existencia de reglas que limiten la capacidad de acción de los gobernantes de turno a una dentro de ciertos límites de responsabilidad fiscal y monetaria que garanticen una estabilidad duradera en el tiempo. Esto es importante pues los gobernantes de turno siempre tienden a pensar en forma cortoplacista sin tomar en cuenta las consecuencias de sus actos en el futuro. Los gobernantes tienen siempre todo el estímulo para gastar pero ninguno para ahorrar. 

Lastimosamente, el problema con las reglas es que si el mismo gobierno las irrespeta no existe ninguna entidad superior que se encargue de poner al gobierno en cintura. Entonces, de que sirve una regla, si esta no se respeta y lastimosamente nuestros gobernantes vienen irrespetando esta ley desde hace varias décadas. La política fiscal de nuestro país dejo de ser una política con reglas a una simple política discrecional. Por ejemplo; Oscar Arias, tomando en cuenta únicamente objetivos cortoplacistas, decidió aumentar el tamaño del Estado a uno que los costarricenses no podíamos pagar. Por supuesto, ahora todos estamos viendo las consecuencias de sus actos con el déficit fiscal más elevado de Latinoamérica y tasas de interés cada vez más elevadas que están poniendo en riesgo el crecimiento de la producción.

Este mal no es único de Costa Rica y parece que está de moda en el mundo. Grecia, España, Italia y Portugal están en bancarrota con una gran crisis ya no solo financiera sino social gracias a políticas discrecionales similares a las nuestras pero que se tomaron mucho tiempo antes.  El mismo Estados Unidos, la economía más grande del mundo, esta cometiendo los mismos errores pero con la diferencia de que los bonos del tesoro de Estados Unidos aun son muy bien cotizados en el exterior y es por eso que no tienen una crisis inflacionaria galopante. 

Lo bueno es que si existen representantes del gobierno que entienden la necesidad de contar con responsabilidad fiscal para propiciar un mejor futuro del país. En ASOJOD apoyamos las iniciativas presentadas por algunos diputados en esta legislatura como son los expedientes N° 17.867 y 17.868, para reformar el artículo 176 constitucional y para instaurar la responsabilidad fiscal, así como el expediente N° 18.087 para castigar con la improbación del Presupuesto. Es necesario, si no queremos terminar como Grecia o Portugal que se tomen medidas prontas para resolver el problema del déficit fiscal y un necesario inicio es empezar a respetar las reglas fiscales y poner la “casa” en orden cuanto antes. 

Tema polémico: la quimera del imperio de la ley

Uno de los elementos más importantes del sistema republicano actual es el imperio de la ley. Como concepto y figura, nació con las revoluciones europeas de siglos atrás que intentaron controlar el poder regio. Surgieron como parte del régimen de sujeciones que los ciudadanos rebeldes exigieron al monarca,para evitar los regímenes normativos de aplicación selectiva que caracterizaban a las sociedades de ese entonces.

Su objetivo era simple: que todos los individuos, sin excepción y sin importar su casta, posición o poder, estuvieran cubiertos por la ley. Es decir, que no hubiese nadie excento de ella, nadie que pudiera alegar estar por encima de la norma, una norma objetiva e imparcial que le permitiera a las personas saber a qué atenerse -ahí entra en escena el hermano siamés de ese concepto: la seguridad jurídica- y actuar en consecuencia.

Si bien este principio ha ocupado páginas interesantísimas de la teoría política, de la teoría del Estado, del derecho y otras ramas del estudio del poder, lo cierto es que cada día que pasa, en algunas latitudes, parece existir apenas en las páginas de los libros y no en la realidad política de las sociedades.

En el caso de nuestro país, donde constantemente las personas se ufanan al decir que se trata de un régimen republicano, el pisotón que le dan al imperio de la ley es pan de cada día. Podríamos poner millones de ejemplos para ilustra cómo el Estado, a través de los políticos de turno pero también por medio de la propia institucionalidad, violenta ese elemental principio. Pero nos bastan unos pocos casos para darle a entender nuestro punto a los lectores.

Se trata de hechos recientes que todavía quedan en la retina de los ciudadanos. El inciso 3) del artículo 140 constitucional dispone que corresponde al Poder Ejecutivo "sancionar y promulgar las leyes, reglamentarlas, ejecutarlas y velar por exacto cumplimiento". A pesar de la claridad en la norma, ese órgano no la cumple como debería. El artículo 6 de la Ley de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos de la República impide expresamente el financiamiento de gasto corriente con endeudamiento a la hora de diseñar y aprobar el Presupuesto de la República. Empero, en los últimos 20 años, los respectivos Ministros de Hacienda se han empeñado en desconocer la norma y enviar a la Asamblea Legislativa un proyecto presupuestario que incumple esa disposición y los propios Diputados, mondos y lirondos, lo aprueban.

Otro caso es el de las famosas autonomías institucionales. Quizá una de las entidades que más ha abusado de ese principio de resguardo ha sido la Universidad de Costa Rica. El ingreso de la Fuerza Pública hace unos dos años al campus universitario para arrestar a un sospechoso generó una gran polémica, por cuanto se alegó que se violentó la "soberanía" universitaria por entrar sin pedir permiso. Escribimos "soberanía" en lugar de autonomía, porque con esos argumentos más pareciera que la UCR es un Estado independiente (República Bolivariana de Montes de Oca dirían algunos) con su propio ordenamiento jurídico, presunción que toma más fuerza cuando los propios funcionarios de la institución se han dejado decir, a la luz de la aplicación de la Ley contra el exceso de trámites en la Administración Pública y sus reformas, que esas disposiciones no aplican en las oficinas de la UCR, por cuanto los documentos requeridos allí tienen sustento en los reglamentos internos (aún cuando sea pedir documentos a los usuarios que la misma UCR emite).

Finalmente, dos casos recientes relacionados con el Poder Judicial nos dejan mucho que desear. El primero viene ocurriendo desde el 2010, con motivo del contrato que ese órgano tiene con la empresa Indra Sistemas S.A. para el rediseño de procesos y mejora de funcionesl del Ministerio Público y de la Defensa Pública y, dentro del cual, el esposo de una Magistrada funciona como Director del Proyecto, mismo que en dos años apenas ha entregado el cronograma de trabajo pero ya ha recibido pagos por casi $200.000. La Comisión para el Control del Ingreso y Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa investigó este caso y determinó que, a pesar de los incumplimientos contractuales y la mala calidad de los productos, la Corte Suprema de Justicia no ha querido suspender su relación con esa empresa. Por el contrario, a punta de prórrogas y "comprensiones" se le ha permitido continuar, a pesar de la sospecha del favorecimiento por tratarse del cónyuge de una Magistrada.

Algo similar publican los medios de comunicación este fin de semana, cuando el Poder Judicial vuelve a dar mucho que pensar al "perdonar" al hijo de un Magistrado que trabaja en la Inspección Judicial por el aparente cobro indebido de viáticos y permisos de trabajo, a pesar que los informes de investigación recomiendan su despido. ¿Qué puede el ciudadano pensar cuando un funcionario del órgano que, supuestamente, debe velar por la probidad dentro del Poder Judicial es encontrado responsable precisamente de faltas al deber de probidad y no es despedido? Más aún, ¿qué pensar cuando ese funcionario es hijo de un Magistrado que, aunque digan que no conocía del caso, tiene relación con todos los subalternos de la institución y es público y notorio su poder?

En definitiva, Costa Rica cada día da muestras de tener diferentes regímenes normativos según se trate del nombre del implicado. Si es un "Juan Pérez", uno puede tener casi la certeza de que, ante la falta, vendrá el castigo. Pero si su nombre está relacionado con el poder, es pariente, amigo, protegido o miembro de las "castas benditas" de nuestro país, los expedientes desaparecerán, los errores que anulen el proceso surgirán, las justificaciones y defensas de los propios órganos encargados de investigar aparecerán.

Mientras esto siga así, nuestro país no puede aspirar a mejorar. Porque nuestro subdesarrollo no es causado por la falta de recursos naturales, ni por la falta de formación de nuestros trabajadores, ni por la ausencia de líderes visionarios, sino por la pobreza moral de nuestra gente, pero especialmente de aquellos que se sirven del poder estatal para favorecer a sus allegados o a sí mismos, para protegerse ante los errores o las corruptelas, para vivir a costa de otros y, desde su Olimpo, divertirse viendo como pasamos los demás nuestras penurias terrenales.

En el tanto sigan esas prácticas, donde unos se cobijan con excepciones y privilegios, con prebendas y abusos, mientras otros si deben cumplir con el ordenamiento jurídico, el imperio de la ley será una quimera.

La columna de Carlos Federico Smith: ¡Qué montón se redujo!

Este domingo se terminó de cocinar el presupuesto de gastos de este gobierno para el 2012. El resumen es muy sencillo: La reducción acordada por la Asamblea Legislativa a dicho presupuesto gubernamental ascendió a ¢25.000 millones. El presupuesto que inicialmente presentó el gobierno era de ¢5.900.000 millones. Es decir, la rebaja acordada equivale a un 0.004%; esto es, un 0.40% de un 1% del presupuesto en mención. Ese es el monto que, con el voto de Liberación en contra de esa reducción y el cual es lo importante para mi argumentación, el gobierno se ha visto obligado a aceptar.

Por otra parte, el paquete tributario disfrazado de solidaridad que dicho gobierno pretende que se apruebe, con el apoyo del voto del PAC, se ha estimado que ascenderá a un 2.5% del Producto Interno Bruto del 2012. Como éste se ha calculado en ¢22.674.334.9 millones, aquel 2.5% equivale a ¢566.858.4 millones de recaudación de gravámenes esperada con la aprobación del paquetazo.

Si comparamos lo que el gobierno espera lograr de nuevos impuestos con el paquete, se nota que la rebaja del gasto presupuestado de ¢25.000 millones aprobada el domingo 27 de noviembre, es apenas de, aproximadamente, un 4,4% del total de la recaudación que el gobierno espera lograr con su propuesta tributaria.

En términos del valor de lo que se espera produzcamos de bienes y servicios finales en la economía del país en el 2012 (mejor conocido como el PIB), mientras que el gobierno con su paquete de impuestos piensa obtener un 2.5% de aquél, lo que sufre de rebajo por la decisión de la Asamblea Legislativa es de tan sólo un 0.011% del PIB; esto es, un poquito más de una décima de un 1% del PIB. Y aún así los diputados del gobierno se han opuesto a ese “enorme sacrificio” que se ven obligados a hacer por la decisión de los diputados de esta Asamblea.

Ante esta rodada pretendida, los diputados libertarios en buena hora se avisparon y votaron en contra -sí, en contra- de la reducción del gasto público, no por las razones de Liberación, que se opone a cualquier rebaja que alguien proponga, sino por ser la rebaja acordada ridículamente baja, como lo muestran estos números.

La avaricia de los diputados liberacionistas, de ni siquiera aceptar la más mínima reducción de su presupuesto de gastos, los muestra tal como son: redomados y arrogantes gastones de fondos públicos, que sólo piensan en sacarle la plata a los ciudadanos que trabajan muy duro para generar sus ingresos, para simplemente gastarla como si nada costara ganársela.

Y claro no tarda en aparecer el que dice verlo todo, quien en realidad se hace como el que no ve nada, ni siquiera los números, cuando nos dice “que han aparecido en el escenario nacional legiones de abanderados de los pobres ‘contra la voracidad fiscal’… almas pías angustiadas por la condición de los pobres”, como si no fueran aquellos autollamados solidarios tributarios, aunque tan sólo sean “asesores”, los que dicen siempre actuar en el nombre de “los pobres”… quienes son los que en verdad terminan pagando, al final de cuentas, toda la alzada de impuestos, ya sea con mayor inflación o menor empleo.

Y para remachar, alguien quien sí siempre se ha preocupado por “los pobres”, el diputado Villanueva, jefe de fracción de Liberación, ya nos anunció que apenas tenga chance nos impondrá un nuevo presupuesto, sólo que uno extraordinario (tal vez cuando reconquisten el directorio legislativo), de forma que les permita cubrir lo que ahora quedó descubierto… pues esos ¢25.000 millones, que hay que gastarlos a como dé lugar.

La bola está en la cancha del PAC, ahora que se deben haber dado cuenta, al quedar al descubierto el juego de Liberación una vez que ya ha obtenido la vía rápida para la aprobación del paquetazo de impuestos, de que su intención de reducir el gasto era sólo por una bicoca, una insignificancia, una nimiedad, en comparación con lo que obtendrían si logran que se apruebe el monto de impuestos que se cargaría sobre los hombros de los ciudadanos.

¿Acaso valdrá de consuelo para el PAC lograr un rebajita de ¢25.000 millones, a cambio de un aumento de los impuestos por ¢566.858.4 millones? La lógica me inclina a decir que no, pero eso está por verse: si es que Liberación los agarra otra vez de buenazos, una vez que ya logró de ellos que le aprobaran la vía rápida, pues claramente ha mostrado y muestra que no está dispuesto a que se reduzca el gasto estatal en nada o casi nada. Sólo lo que les entre y nada de poner orden en el exceso de gasto: ese es su mantra.

Jorge Corrales Quesada

Huge Deficits May Alter U.S. Politics and Global Power

In a federal budget filled with mind-boggling statistics, two numbers stand out as particularly stunning, for the way they may change American politics and American power.

According to the 2011 budget, the projected deficit in the coming year is nearly 11 percent of the country's entire economic output.

The first is the projected deficit in the coming year, nearly 11 percent of the country’s entire economic output. That is not unprecedented: During the Civil War, World War I and World War II, the United States ran soaring deficits, but usually with the expectation that they would come back down once peace was restored and war spending abated.

But the second number, buried deeper in the budget’s projections, is the one that really commands attention: By President Obama’s own optimistic projections, American deficits will not return to what are widely considered sustainable levels over the next 10 years. In fact, in 2019 and 2020 — years after Mr. Obama has left the political scene, even if he serves two terms — they start rising again sharply, to more than 5 percent of gross domestic product. His budget draws a picture of a nation that like many American homeowners simply cannot get above water.

For Mr. Obama and his successors, the effect of those projections is clear: Unless miraculous growth, or miraculous political compromises, creates some unforeseen change over the next decade, there is virtually no room for new domestic initiatives for Mr. Obama or his successors. Beyond that lies the possibility that the United States could begin to suffer the same disease that has afflicted Japan over the past decade. As debt grew more rapidly than income, that country’s influence around the world eroded.

Or, as Mr. Obama’s chief economic adviser, Lawrence H. Summers, used to ask before he entered government a year ago, “How long can the world’s biggest borrower remain the world’s biggest power?”

The Chinese leadership, which is lending much of the money to finance the American government’s spending, and which asked pointed questions about Mr. Obama’s budget when members visited Washington last summer, says it thinks the long-term answer to Mr. Summers’s question is self-evident. The Europeans will also tell you that this is a big worry about the next decade.

Mr. Obama himself hinted at his own concern when he announced in early December that he planned to send 30,000 American troops to Afghanistan, but insisted that the United States could not afford to stay for long.

“Our prosperity provides a foundation for our power,” he told cadets at West Point. “It pays for our military. It underwrites our diplomacy. It taps the potential of our people, and allows investment in new industry.”

And then he explained why even a “war of necessity,” as he called Afghanistan last summer, could not last for long.

“That’s why our troop commitment in Afghanistan cannot be open-ended,” he said then, “because the nation that I’m most interested in building is our own.”

Mr. Obama’s budget deserves credit for its candor. It does not sugarcoat, at least excessively, the potential magnitude of the problem. President George W. Bush kept claiming, until near the end of his presidency, that he would leave office with a balanced budget. He never got close; in fact, the deficits soared in his last years.

Mr. Obama has published the 10-year numbers in part, it seems, to make the point that the political gridlock of the past few years, in which most Republicans refuse to talk about tax increases and Democrats refuse to talk about cutting entitlement programs, is unsustainable. His prescription is that the problem has to be made worse, with intense deficit spending to lower the unemployment rate, before the deficits can come down.

Mr. Summers, in an interview on Monday afternoon, said, “The budget recognizes the imperatives of job creation and growth in the short run, and takes significant measures to increase confidence in the medium term.”

He was referring to the freeze on domestic, non-national-security-related spending, the troubled effort to cut health care costs, and the decision to let expire Bush-era tax cuts for corporations and families earning more than $250,000.

But Mr. Summers said that “through the budget and fiscal commission, the president has sought to provide maximum room for making further adjustments as necessary before any kind of crisis arrives.”

Turning that thought into political action, however, has proved harder and harder for the Washington establishment. Republicans stayed largely silent about the debt during the Bush years. Democrats have described it as a necessary evil during the economic crisis that defined Mr. Obama’s first year. Interest in a long-term solution seems limited. Or, as Isabel V. Sawhill of the Brookings Institution put it Monday on MSNBC, “The problem here is not honesty, but political will.”

One source of that absence of will is that the political warnings are contradicted by the market signals. The Treasury has borrowed money to finance the government’s deficits at remarkably low rates, the strongest indicator that the markets believe they will be paid back on time and in full.

The absence of political will is also facilitated by the fact that, as Prof. James K. Galbraith of the University of Texas puts it, “Forecasts 10 years out have no credibility.”

He is right. In the early years of the Clinton administration, government projections indicated huge deficits — over the “sustainable” level of 3 percent — by 2000. But by then, Mr. Clinton was running a modest surplus of about $200 billion, a point Mr. Obama made Monday as he tried anew to remind the country that the moment was squandered when “the previous administration and previous Congresses created an expensive new drug program, passed massive tax cuts for the wealthy, and funded two wars without paying for any of it.”

But with this budget, Mr. Obama now owns this deficit. And as Mr. Galbraith pointed out, it is possible that the gloomy projections for 2020 are equally flawed.

Simply projecting that health care costs will rise unabated is dangerous business.

“Much may depend on whether we put in place the financial reforms that can rebuild a functional financial system,” Mr. Galbraith said, to finance growth in the private sector — the kind of growth that ultimately saved Mr. Clinton from his own deficit projections.

His greatest hope, Mr. Galbraith said, was Stein’s law, named for Herbert Stein, chairman of the Council of Economic Advisers under Presidents Richard M. NixonGerald R. Ford. and Stein’s law has been recited in many different versions. But all have a common theme: If a trend cannot continue, it will stop.

New Yor Times por DAVID E. SANGER

Publicado en Febrero 1, 2010

Tema polémico: la tarjeta de crédito del Estado

Este Tema polémico queremos dedicarlo a criticar la última salida de los políticos de turno, especialmente, del oficialismo: el presupuesto extraordinario. El Poder Ejecutivo presentó, a inicios de septiembre, un proyecto de presupuesto para el 2010 de ¢4,5 billones, en el cual los ingresos corrientes (principalmente por impuestos) no cubren los gastos corrientes, sino que faltan ¢614.624 millones, suma que pretende cubrirse vía endeudamiento.

El artículo 6 de la Ley N° 8131 del 18 de setiembre de 2001, Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, establece que "para efectos de una adecuada gestión financiera, no podrán financiarse gastos corrientes con ingresos de capital", pero ni a los señores diputados del PLN ni al Poder Ejecutivo les importa tal disposición. Por el contrario, pretenden que los costarricenses nos endeudemos para pagar sus torpezas.

En reiteradas ocasiones, en ASOJOD hemos denunciado que el sistema tributario costarricense tiene innumerables fallas en términos de recaudación, tanto por la corrupción como por su complejidad misma, y el gasto es terriblemente desordenado e ineficiente. Día a día vemos en las noticias que el Gobierno despilfarró millones en patrullas inservibles, en consultorías dudodas, en programas ineficientes y perversos (como Avancemos), en subsidios inmorales y, en fin, en cuanta ocurrencia surja.

Con este panorama, no es de extrañarse que el Gobierno no tenga dinero. Lo que sí es de extrañar es que pretenda satisfacer sus ansias de "ogro filantrópico" como le llamaba Octavio Paz, con una "tarjeta de crédito" sin límite de suma. ¿Qué pasará cuando surjan más y más gastos? ¿Pedirá el Gobierno un "extrafinanciamiento"? Todos hemos visto a algunos individuos que, por su desorden financiero, piden y piden dinero prestado y cuando se dan cuenta, están ahogados en deudas. ¿Quiere el gobierno hacer lo mismo?

Pareciera que no iba a tener oportunidad de salirse con la suya, por la fuerte oposición que dicho presupuesto tenía en el Congreso. No obstante, hace pocos días, se aprobó el presupuesto extraordinario por la falta de quórum en la Asamblea Legislativa. Todo parece indicar que se trató de una jugarreta del oficialismo, que evitó la discusión (si es que un plan como estos tenía argumentos racionales) y prefirió hacer uso de un mecanismo como la falta del quórum para lograr la aprobación.

Gracias a la "trastada" del PLN, ahora los costarricenses tendremos que pagar los platos rotos y, además, con intereses. Y, para colmo, hay que hacerse de la vista gorda de esta violación a la Ley de Presupuesto. ¡Que nos cojan confesados!