Esta semana se comenzará a discutir, en el Plenario Legislativo, la liquidación presupuestaria 2010. La Comisión para el Control del Ingreso y Gasto Público, órgano encargado de dictaminarla, emitió dos informes: uno de Mayoría Negativo -firmado por los Diputados Marielos Alfaro y Adonay Enríquez (ML), Víctor Hernández (PAC), Walter Céspedes (PUSC) y Víctor Granados (PASE)- y uno de Minoría Afirmativo -suscrito por las oficialistas Alicia Fournier y María Ocampo).
Sobre este último no haremos ninguna mención, por cuanto el Gobierno se ha encargado y seguirá encargándose de defender la forma en que gastó el dinero de los tax payers. Por ello, haremos referencia únicamente al
Dictamen Negativo, el cual ofrece importantes conclusiones sobre el desorden financiero y el despilfarro del que ha sido responsable la Administración anterior y que la actual ha continuado.
En primer lugar, explica que si bien la crisis internacional tuvo repercusiones en la producción y en la recaudación, los resultados negativos de la liquidación no se deben a esta situación, sino que responden a fallas concretas del Poder Ejecutivo: su incapacidad para vincular metas nacionales y sectoriales, la reducida vinculación de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y el Presupuesto, la ausencia de indicadores que demuestren la efectividad del gasto público, los recurrentes problemas de ejecución, la ausencia de claridad, por parte de Hacienda, del impacto que tienen los programas sobre los ciudadanos.
Todos estos problemas han sido reiteradamente señalados por la Contraloría General de la República durante la última década y por la misma oposición el año pasado, cuando emitió un Dictamen Negativo de Mayoría en Comisión pero que, gracias a las trastadas de Liberación Nacional, no pudo aprobarse en Plenario.
El segundo punto que toca es la subejecución. Al igual que el año pasado y que muchos otros, vuelve a subejecutarse buena parte del presupuesto. A pesar que el Poder Ejecutivo presentó, en enero de 2011, un proyecto para aumentarle los impuestos a todos los ciudadanos, argumentando que no tenía recursos para atender las necesidades y obligaciones asumidas por el Estado costarricense, la realidad demuestra que miles de millones de colones quedan sin ejecutar todos los años. En esta ocasión, fue nada más y nada menos que ¢257.215 millones, aproximadamente la mitad de lo que espera recaudar el Gobierno con su estúpido proyecto de "Solidaridad Tributaria". Esto quiere decir que los recursos están, que las instituciones los tienen, pero que su incapacidad, irresponsabilidad e ineficiencia les impiden usarlos y darle respuestas a las necesidades ciudadanas (muchas de las cuales no compartimos en ASOJOD).
En tercera instancia, uno de los problemas más sensibles sobre los que apunta este informe es el continuo vicio de legalidad que pesa sobre el Presupuesto de la República, por cuanto se sigue incumpliendo la prohibición de financiar gastos corrientes con ingreso de capital, dispuesta por el artículo 6 de la LAFRPP. Mientras que en el año anterior se financiaron ¢414.864 millones por esta vía, la liquidación de 2010 muestra que ese monto se incrementó hasta la friolera de ¢531.942 millones, dejando claro que, contrario a lo propuesto por el Poder Ejecutivo, no existió ningún esfuerzo claro y decidido para reducir el gasto público y sanear las finanzas.
Financiar gasto corriente con deuda es un problema de enorme magnitud. Primero porque la ausencia de un equilibrio presupuestario amenaza la estabilidad financiera y macroeconómica del país y traslada los costos a los ciudadanos, que son los que tendrán que pagar los endeudamientos en que ha incurrido el Estado para solventar erogaciones que no generan los rendimientos ni utilidades de una inversión. Gracias a esta irresponsable acción estatal, los ciudadanos se ven amenazados hoy día con un nuevo paquete de impuestos, que pretende aumentarle el precio final que tienen que pagar por los bienes y servicios –especialmente educación y salud–, castigar a todo aquel que pretenda ahorrar o invertir e impide, sin duda alguna, la reactivación económica que se requiere para salir de la crisis.
Además, el incumplimiento de legislación vigente, por parte del órgano constitucionalmente encargado de “sancionara y promulgar las leyes, reglamentarlas, ejecutarlas y velar por su cumplimiento” –según lo dispuesto por el 3) del artículo 140 constitucional– evidencia una seria contrariedad y contradicción. Tal hecho también se opone al principio de legalidad, contenido tanto en la Constitución Política como en diversa normativa de rango infraconstitucional, mismo que representa un instituto elemental de la Administración Pública costarricense, al erigirse como garantía del imperio de la ley y, particularmente, del régimen de sujeciones y limitaciones que tiene el Estado frente a los administrados para evitar abusos y arbitrariedades.
Esto merece una de las más fuertes críticas hacia el Poder Ejecutivo, pues no sólo no predica con el ejemplo a la hora de hacer valer el ordenamiento jurídico, sino que este acto ha sido reiterado, sin que se establezcan las responsabilidades civiles, administrativas y/o penales del caso. De esta culpa también es partícipe la propia Asamblea Legislativa, pues año a año, ha aprobado los proyectos de presupuesto a sabiendas de la ilegalidad manifiesta que contiene y sin que se implemente mecanismos que la impidan.
Finalmente, el último aspecto que señala es el de la inaplicación del régimen sancionatorio contra los funcionarios que incumplen su trabajo y sus responsabilidades. El sistema político costarricense se ha convertido en un sistema incapaz de desalentar las conductas inapropiadas, pues ante las fallas reiteradas ni los jerarcas de las instituciones directamente involucradas, ni el Consejo de Gobierno, ni la Contraloría ni la misma Asamblea Legislativa han activado los diferentes mecanismos para sancionar a los funcionarios que lesionen la Hacienda Pública.
A pesar que esta ha sido un lunar en prácticamente todas las Administraciones de la última década, pareciera ser que la actual es la más indolente de todas. En tan solo su primer año de gestión, no hay señales claras de que los funcionarios que actúen contra el interés de los ciudadanos, despilfarrando fondos públicos, incumpliendo los objetivos institucionales y realizando actuaciones contrarias al deber de probidad, vayan a ser removidos por ello. Por mencionar tan solo unos pocos casos, hay que recordar el del ex Ministro de Seguridad, José María Tijerino, con su “mediación” ante el Poder Judicial para influir en el resultado de una investigación contra Rodrigo Arias, el del ex Presidente Ejecutivo del AyA, Óscar Núñez, que se fue a México con una funcionaria institucional haciendo uso, ambos, de fondos públicos; el del ex Ministro de Trabajo, acusado por acoso sexual, el del Canciller René Castro, cuestionado por nombramientos clientelistas en la Cancillería y, más recientemente, las propias declaraciones de la Presidente Laura Chichilla respecto a la situación de la Caja Costarricense del Seguro Social, cuando indica que “no es mi estilo buscar culpables”. Efectivamente, todos estos ejemplos dan fe de las palabras de la mandataria. No busca culpables, antes bien, los premia con nuevos puestos, los hace parte de su equipo de trabajo o los excusa ante la opinión pública.
A pesar de ser este apenas un breve repaso de lo que plantea el informe, en ASOJOD esperamos que su votación transcurra con buen suceso y se logre aprobar el Dictamen Negativo de Mayoría. Sería la primera vez en muchos años que la Asamblea Legislativa imprueba la liquidación del presupuesto, pero la oportunidad histórica se presenta ahora que la oposición domina el Congreso.
Improbar la liquidación daría muy buenas señales no sólo en términos de control político -tarea que la Asamblea Legislativa ha dejado de abordar con seriedad- sino que también agregaría argumentos para cuestionar la insensata cruzada del Ejecutivo para meternos la mano en el bolsillo con más impuestos.
Desde hace varios años viene encendiéndose la polémica alrededor de los dineros que el BCIE “dona” a algunos órganos del gobierno. Un Ministro de la Presidencia (Rodrigo Arias) fue denunciado por el manejo que se dio a una partida de estos fondos, pero es asunto viejo.
