Una de las noticias más lamentables en el campo laboral actual de nuestro país surge de la Encuesta Continua de Empleo que realizó el Instituto de Estadística y Censos (INEC) para el primer trimestre del 2015, en parte referida a la situación de informalidad del empleo.
Es necesario que tengamos claridad en cuanto al significado de empleo informal, de acuerdo con la definición que utiliza el INEC:
“El empleo informal comprende el total de empleos que cumplen las siguientes características, según la posición en el trabajo:
• Personas asalariadas sin seguridad social financiada por su empleador(a), es decir, no tienen rebajos de seguro social.
• Personas asalariadas que sólo le pagan en especie o que el pago fue una única vez, a quienes por la naturaleza de su contratación, se considera que no son susceptibles de los rebajos de seguro social.
• Personas ayudantes no remuneradas.
• Personas trabajadoras por cuenta propia y empleadoras que tienen empresas no constituidas en sociedad, es decir, que no están inscritas en el Registro Nacional de la Propiedad y no llevan una contabilidad formal en forma periódica.
• Personas trabajadoras por cuenta propia con trabajos ocasionales (laboran menos de un mes), a quienes por la naturaleza del trabajo no son susceptibles a estar inscritas o llevar contabilidad formal en forma periódica.”
Tengo la impresión de que el ciudadano entiende muy bien lo que el INEC llama empleo informal: son, en sencillo, los trabajadores que están afuera de la formalidad legal en el país tanto para trabajar como para tener un negocio propio. Son mucho más que simples vendedores ambulantes o trabajadores cuyos patronos no les cubren los pagos a la Caja. En general, de alguna manera, son los que operan fuera del marco legal oficial en el país
De acuerdo el estudio del INEC antes citado, “entre enero y marzo del 2015, [había] 929.000 personas ocupadas en informalidad”, de una fuerza de trabajo total ocupada del país de 2.051.208. Esto es, la tasa de informalidad es del 45.3% de la fuerza de trabajo que tenía ocupación. De aquellos, “un tercio tiene entre 45 y 59 años de edad”, casi lo que uno podría considerar como una edad en que el padre de familia estaría relativamente consolidado. En todo caso, la población informal del país está constituida por casi la mitad de los trabajadores del país. Es una proporción muy elevada y es síntoma de un problema serio cual es el costo de la informalidad en nuestra economía; esto es, qué es lo que estimula la informalidad en el país.
El periódico La Nación del 23 de mayo, en su artículo titulado “Empleo informal en Costa Rica alcanza su punto más alto desde el 2010,” presenta un gráfico que titula “Aumenta la informalidad: Evolución en cinco años.” Lamentablemente no lo obtuve directamente de la fuente presuntamente originaria, cual es el INEC, pero, de estar correcto, nos señala, para el período que va del tercer trimestre del 2010 al primero del 2015, que dé, más o menos, una tasa del 37% de informalidad en el tercer trimestre del 2010, se redujo a, aproximadamente, un 34 o 35% en el 2011, pero luego ha ido creciendo paulatinamente, hasta llegar al nivel más alto en el primer trimestre del 2105, con el 45.3%, aunque el gráfico del periódico aparenta un porcentaje menor, de alrededor de un 44%. En todo caso, es preocupante por lo elevada y por ir en un crecimiento sostenido durante los últimos tiempos y, sin duda, la mayor tasa de los últimos diez años.
Adicionalmente, interesa hacer notar lo que el informe del INEC ante citado señala: “Según la posición en el empleo, del total de ocupados informales, 540 mil eran dependientes (personas que trabajaban para un patrón, empresa o institución), lo que significa que, del total de ocupados dependientes, 33,7% se encontraban en un empleo informal. Por otro lado, 388 mil ocupados independientes tenían un empleo informal, representando 86,5% de informalidad con respecto al total de este grupo.” Esto muestra claramente lo significativo y profundo que es el problema de la informalidad en el país, tema que creo ha sido soslayado en la discusión pública y que recibe comentarios tan sólo en pocas ocasiones (concretamente en discursos durante campañas políticas).
Pero es grave, impacta fuertemente la vida laboral y familiar y cuestiona todo el aparataje legal en cuanto a regulaciones impuestas por el gobierno.
Es sencillo explicar el fenómeno descrito como consecuencia de un menor crecimiento de la economía, pues es de esperar que, muchas de las personas que han perdido su empleo formal y no hayan encontrado un trabajo similar al previo formal, acudan a laborar informalmente. Esa explicación tal vez sería más apropiada en caso de un decrecimiento y no de un menor crecimiento de la economía. Pero, en todo caso, las fuentes de trabajo en el país han descendido, como lo muestra la alta tasa de desempleo que ha venido creciendo hasta alcanzar un 10.1% en el primer trimestre del 2015. Creo que la ocasión debe servirnos para encontrar las razones que podrían explicarnos, por qué la gente escoge la informalidad, ante la posible formalidad de sus empleos y empresas, no sólo debido a un descenso de la actividad económica, sino como un fenómeno de más largo plazo.
No hace mucho don Enrique Ghersi visitó a Costa Rica, distinguido estudioso de este tipo de problemas en su país natal, el Perú, y autor de libros y numerosos artículos acerca de este tema. De dicha exposición quiero referirme a dos factores que él indicó como detonantes de la informalidad y que reseñé en un artículo mío, titulado “La Informalidad y la Pobreza de la Ley”, en La Extra del 30 de abril del 2013. En éste escribí que,
“La conferencia de don Enrique resaltó dos temas esenciales. Uno de ellos, que el derecho, las leyes, tienen un costo y el otro, que ese costo es relativamente mayor para las personas de menores ingresos.
Se considera que el derecho busca una disminución de los costos de obtener y consolidar la información necesaria para realizar transacciones económicas, de forma que permite utilizar la información más eficientemente, que como lo podría hacer cada persona individualmente.
Se considera que el derecho busca una disminución de los costos de obtener y consolidar la información necesaria para realizar transacciones económicas, de forma que permite utilizar la información más eficientemente, que como lo podría hacer cada persona individualmente.
En una visión tradicional se ha considerado que la ley es gratuita, que no tiene costo alguno, y es criterio usual de los legisladores, que casi cualquier cosa acerca de la cual se legisla, se considere de obligatorio cumplimiento. Así, cualquier ley se hace para que sea cumplida.
Ghersi enfatizó en su charla que no existe tal cosa como que la ley sea gratuita y que, por el contrario, de ella se derivan costos y beneficios para los ciudadanos que están obligados a observarla. El problema surge cuando los beneficios de esa ley no los puede obtener un individuo, pues los costos derivados de su cumplimiento son mayores que los beneficios que se derivan de su vigencia.
La informalidad surge cuando el costo de cumplir con la ley es mayor que el beneficio de tenerla. Las personas se alejan de la ley formal y acuden a arreglos privados que sustituyan aquella ley formal. Podríamos pensar, como ejemplo de ello en nuestro medio, que para un vendedor ambulante el costo de formalizar su negocio (por ejemplo, tener todos los permisos, los libros contables, los contratos necesarios, etcétera) es mayor que los beneficios que obtiene como usufructuario de la ley formal. Por eso, aquel vendedor ambulante simplemente agarrará sus tiliches para venderlos adonde pueda y así montar su negocio informal.
El segundo punto esencial de la charla de don Enrique Ghersi es que este costo es relativamente mayor para el más pobre que para el más rico. La enorme cantidad de regulaciones que, por ejemplo, se requieren para establecer un negocio, usualmente significan un costo muy elevado, que posiblemente será relativamente más fácil de sufragar por el rico, que por el pobre. El rico puede contratar los abogados, contadores, asesores, etcétera, que le faciliten cumplir con los requisitos formales de la ley, mientras que el pobre tal vez tan sólo podrá contar con la opinión de amigos o parientes. Ese costo elevado de cumplir con las leyes, conduce a la informalidad y es posible que hasta a la desobediencia civil. Surge así una paradoja para quienes siempre han considerado a la ley como el fundamento del orden civil.”
A fin de entender el fenómeno de la informalidad, es crucial entenderlo no tan sólo como resultado de algo temporal, como producto de un menor crecimiento económico que sin duda incide, sino que también deben de analizarse factores estructurales, que desde hace ya buen rato pueden venir estimulando un crecimiento de la población que labora en la economía subterránea. El costo de ser un operador legal debe ser tomado primariamente en cuenta, en especial porque se han venido incrementando políticas regulatorias estatales, que inciden en un mayor costo para optar por el camino de la formalidad, a la vez que comparativamente se aumenta el incentivo para la ruta de la informalidad. Ejemplo reciente de ese tipo de regulación, que entraba la incorporación empresarial a la formalidad, es el elevado e injusto impuesto sobre las sociedades anónimas, que tienen un peso relativamente mayor cuanto más pequeño sea el emprendimiento. Simplemente, hace que resulte una mejor decisión económica la de quedarse fuera de la legalidad.
Es interesante la propuesta del ministro de Trabajo, señor Víctor Morales, quien indica que “para combatir el empleo informal promoverán una ley para reducir los aportes a la seguridad social de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) que pasen a la formalidad… (además) de la creación de un régimen tributario diferenciado para las compañías mipymes, que están incorporadas en los proyectos fiscales actualmente en discusión en el Congreso.”
Puede ser que una reducción de las cargas tributarias para las mipymes, presuntamente informales, más bien incentive que empresas más grandes se fraccionen y se conviertan en mipymes, a fin de aprovechar esas tasas menores. Eso trae a colación el efecto fiscal de la medida (que tanto preocupa al editorialista de La Nación del 1 de junio, en donde analiza el tema de la informalidad), por lo cual, creo que se debe indicar que también la propuesta del editorialista de rebajar los impuestos a tanto a formales como a los informales podría afectar negativamente las finanzas (¿una contradicción?). Me opongo al aumento de los gravámenes e incluso estoy a favor de reducir los impuestos sobre la renta, como lo propone el editorialista de La NACIÓN, evolucionando hacia un sistema de un impuesto bajo y lo más uniforme posible, pues creo que es posible diseñarlo de manera que no necesariamente erosione la base tributaria. Eso no lo explica el editorialista, asumo que por falta de espacio. A mí la idea expresa del ministro, de reducir dichas tasas impositivas a las pequeñas empresas, de ponerla, eso sí, en el marco de “los proyectos fiscales actualmente en discusión en el Congreso”, más bien me huele a una especie de soborno político: tratar de obtener apoyo popular, para un inaceptable aumento de tributos que pretende este gobierno y que más bien van a provocar un crecimiento aún menor de nuestra economía.
De todos modos, es insuficiente la propuesta ministerial de concentrarse en una reducción de los impuestos a las empresas pequeñas -podría introducir simplemente un tramo nuevo en el impuesto sobre la renta, a una tasa menor que la mínima actual y aplicada universalmente): el régimen jurídico regulatorio de nuestro país que se impone sobre todas las empresas privadas provoca, en muchos casos, que el costo de la formalidad sea algo prohibitivo, de manera que, para evitar dichas cargas, las pequeñas empresas no escogen el camino de la formalidad y prefieren irse hacia la economía subterránea. Requisitos municipales, de ministerios de Salud, de Agricultura, de la Caja, de Hacienda, del Instituto Nacional de Seguros, del MEIC (paradójicamente), son, cada uno de ellos, “un dolor” para cualquier nuevo empresario que desea comenzar algún emprendimiento. Dejémonos de rodeos y entremos en serio a resolver el problema, revisando todo nuestro intervencionista, regulatorio y oneroso sistema legal, que hoy en día impulsa a que las personas prefieran operar desde la ilegalidad en vez de hacer sus cosas legalmente en el marco de la formalidad.
