Nuestro amigo y colaborador, Jorge Corrales Quesada (ex Presidente de ANFE), decía en la coyuntura del TLC que "la libertad entra por rendijas", para referirse a que es necesario aprovechar las aperturas logradas que, aunque no fueran las deseadas, al menos representaban un pequeño respiro del intervencionismo estatal que corta nuestra libertad de intercambio.
Si bien es un punto cierto y válido para muchos aspectos de las políticas públicas, lo cierto es que la realidad de nuestros tiempos parece ir dirigiéndose a un punto tal donde la frase se invierte: la libertad se escapa por rendijas. Para ejemplificar nuestro punto podríamos dar miles de ejemplos en que el Estado costarricense cada día más se va metiendo en nuestra esfera privada de actuación y decisión y, por tanto, nos hace perder cada vez más libertad. No obstante, un ejercicio de tal magnitud nos llevaría miles de párrafos y perderíamos la atención de nuestros lectores. Por eso vamos a centrarnos en dos recientes casos que ilustran nuestro punto: la reciente aprobación en Primer Debate de la Ley Anti tabaco y la decisión del MEP de regular la venta de comidas en sodas escolares.
Primero que todo hay que decir lo obvio: son dos completas estupideces orquestadas por los amantes del intervencionismo, del Estado niñera que tiene que cuidarnos de nosotros mismos, de los políticos que creen que somos lo suficientemente inteligentes para votar por ellos pero no para tomar decisiones sobre nuestras vidas y por eso deben tratarnos, cual misión salvadora, como nuestras nanas hasta alcanzar la "edad intelectual" suficiente para valernos por nosotros mismos, cosa que por supuesto nunca sucederá para estos entrometidos con poder.
A pesar que se ha dicho que estas medidas son válidas porque se cimentan en la protección de los derechos de terceros -y que por eso se justifica la intervención-, lo cierto es que ese argumento es fácilmente criticable. La maravilla del mercado, decía Frank H. Knight, es que los ciudadanos pueden votar con su dinero: cada dólar que tienen les permite decidir qué cosas premian y qué castigan. Así, por ejemplo, en un bar, quien debería decir si se puede fumar o no es el dueño, en función de sus intereses o deseos. Si la mayoría de su clientela es de no fumadores, el propietario tendrá un claro incentivo económico para impedir que se fume en su local, pues el humo ahuyentará a quienes le dejan dinero. Pero, por el contrario, si la mayoría de clientes son fumadores, la prohibición podría afectar su asistencia y le acarrearía una pérdida financiera que ni el Estado ni los idiotas políticos que impulsan esta norma asumirán.
En el mismo orden de ideas, el argumento del "derecho a aire limpio" no es más que una mala salida al problema. Si bien es cierto que los fumadores afectan el dercho de los no fumadores y generan un costo en atención de salud en el que estos últimos no habrían tenido que incurrir de no ser por la acción de aquellos, la solución tampoco la brinda esta ley. Las personas no están obligadas a compartir el mismo espacio con los fumadores: cuando se trata de espacios públicos -entendiéndose como tales la propiedad del lugar y no la estúpida interpretación en función de si están abiertos o no al público- ya existía la Ley N° 7501, que imposibilitaba fumar en edificios de instituciones públicas. Eso era suficiente. En espacios privados, como dijimos ya, la decisión debe ser del propietario y si una persona no está satisfecha, simplemente puede caminar y buscar otro lugar más placentero.
Si el problema es el costo de atención médica, la solución tampoco es la prohibición. La CCSS no dejará de gastar millones de colones atendiendo a personas con afecciones producidas por el tabaco tan solo porque se prohíba fumar en determinados sitios. Además, el cigarrillo no es la única causa de problemas respiratorios. Lo que pasa es que nadie quiere poner el dedo en la llaga y entrarle a la contaminación que generan los camiones y buses y, mucho menos, encontrar la inconsistencia en la política ambiental de los diferentes Gobiernos, pero más visible en este, cual es el establecimiento de altos impuestos -aumentados aún más por el proyecto de Ley de Solidaridad Tributaria (el famoso PACquetazo de impuestos)- que desincentivan la migración a vehículos con tecnologías más limpias, al tiempo que desperdician los recursos de los tax payers en foros internacionales sobre el cambio climático.
Para evitar que los ciudadanos paguen los costos de los fumadores y de las personas con malos hábitos alimenticios, hay que hacer algo que ningún politicucho o intelectual progresista desea, pero que representa la única solución responsable: que cada quien pague por su atención médica. Sea que se cierre la CCSS -como lo hemos propuesto reiteradamente en ASOJOD- y que cada quien costee su propio seguro médico, o que, al menos (como todo en este país se hace a poquitos) se le cobre una cuota mayor por riesgo a quien tenga condiciones que hagan más probable la necesidad de recurrir a los servicios.
Esta incesante necedad de nuestros políticos de meterse en lo que no les importa solo llevan a tonterías. Ahora habrá que pagar burocracia para fiscalizar las loncheras, ejércitos de nutricionistas para supervisar la preparación de la comida en las sodas escolares, inspectores para tratar de luchar contra el contrabando de cigarrillos, etc., etc., etc., y todo en una época de déficit fiscal que amenaza con garrotearnos con un incremento de impuestos.
Gracias a las sandeces de nuestros políticos, la libertad se escapa por rendijas, pero cada vez en proporciones más grandes.
Si bien es un punto cierto y válido para muchos aspectos de las políticas públicas, lo cierto es que la realidad de nuestros tiempos parece ir dirigiéndose a un punto tal donde la frase se invierte: la libertad se escapa por rendijas. Para ejemplificar nuestro punto podríamos dar miles de ejemplos en que el Estado costarricense cada día más se va metiendo en nuestra esfera privada de actuación y decisión y, por tanto, nos hace perder cada vez más libertad. No obstante, un ejercicio de tal magnitud nos llevaría miles de párrafos y perderíamos la atención de nuestros lectores. Por eso vamos a centrarnos en dos recientes casos que ilustran nuestro punto: la reciente aprobación en Primer Debate de la Ley Anti tabaco y la decisión del MEP de regular la venta de comidas en sodas escolares.
Primero que todo hay que decir lo obvio: son dos completas estupideces orquestadas por los amantes del intervencionismo, del Estado niñera que tiene que cuidarnos de nosotros mismos, de los políticos que creen que somos lo suficientemente inteligentes para votar por ellos pero no para tomar decisiones sobre nuestras vidas y por eso deben tratarnos, cual misión salvadora, como nuestras nanas hasta alcanzar la "edad intelectual" suficiente para valernos por nosotros mismos, cosa que por supuesto nunca sucederá para estos entrometidos con poder.
A pesar que se ha dicho que estas medidas son válidas porque se cimentan en la protección de los derechos de terceros -y que por eso se justifica la intervención-, lo cierto es que ese argumento es fácilmente criticable. La maravilla del mercado, decía Frank H. Knight, es que los ciudadanos pueden votar con su dinero: cada dólar que tienen les permite decidir qué cosas premian y qué castigan. Así, por ejemplo, en un bar, quien debería decir si se puede fumar o no es el dueño, en función de sus intereses o deseos. Si la mayoría de su clientela es de no fumadores, el propietario tendrá un claro incentivo económico para impedir que se fume en su local, pues el humo ahuyentará a quienes le dejan dinero. Pero, por el contrario, si la mayoría de clientes son fumadores, la prohibición podría afectar su asistencia y le acarrearía una pérdida financiera que ni el Estado ni los idiotas políticos que impulsan esta norma asumirán.
En el mismo orden de ideas, el argumento del "derecho a aire limpio" no es más que una mala salida al problema. Si bien es cierto que los fumadores afectan el dercho de los no fumadores y generan un costo en atención de salud en el que estos últimos no habrían tenido que incurrir de no ser por la acción de aquellos, la solución tampoco la brinda esta ley. Las personas no están obligadas a compartir el mismo espacio con los fumadores: cuando se trata de espacios públicos -entendiéndose como tales la propiedad del lugar y no la estúpida interpretación en función de si están abiertos o no al público- ya existía la Ley N° 7501, que imposibilitaba fumar en edificios de instituciones públicas. Eso era suficiente. En espacios privados, como dijimos ya, la decisión debe ser del propietario y si una persona no está satisfecha, simplemente puede caminar y buscar otro lugar más placentero.
Si el problema es el costo de atención médica, la solución tampoco es la prohibición. La CCSS no dejará de gastar millones de colones atendiendo a personas con afecciones producidas por el tabaco tan solo porque se prohíba fumar en determinados sitios. Además, el cigarrillo no es la única causa de problemas respiratorios. Lo que pasa es que nadie quiere poner el dedo en la llaga y entrarle a la contaminación que generan los camiones y buses y, mucho menos, encontrar la inconsistencia en la política ambiental de los diferentes Gobiernos, pero más visible en este, cual es el establecimiento de altos impuestos -aumentados aún más por el proyecto de Ley de Solidaridad Tributaria (el famoso PACquetazo de impuestos)- que desincentivan la migración a vehículos con tecnologías más limpias, al tiempo que desperdician los recursos de los tax payers en foros internacionales sobre el cambio climático.
Para evitar que los ciudadanos paguen los costos de los fumadores y de las personas con malos hábitos alimenticios, hay que hacer algo que ningún politicucho o intelectual progresista desea, pero que representa la única solución responsable: que cada quien pague por su atención médica. Sea que se cierre la CCSS -como lo hemos propuesto reiteradamente en ASOJOD- y que cada quien costee su propio seguro médico, o que, al menos (como todo en este país se hace a poquitos) se le cobre una cuota mayor por riesgo a quien tenga condiciones que hagan más probable la necesidad de recurrir a los servicios.
Esta incesante necedad de nuestros políticos de meterse en lo que no les importa solo llevan a tonterías. Ahora habrá que pagar burocracia para fiscalizar las loncheras, ejércitos de nutricionistas para supervisar la preparación de la comida en las sodas escolares, inspectores para tratar de luchar contra el contrabando de cigarrillos, etc., etc., etc., y todo en una época de déficit fiscal que amenaza con garrotearnos con un incremento de impuestos.
Gracias a las sandeces de nuestros políticos, la libertad se escapa por rendijas, pero cada vez en proporciones más grandes.
