Entre ayer y hoy se ha publicado en la prensa el regreso de Antonio Álvarez Desanti al Partido Liberación Nacional, luego de haber salido, hace casi 40 meses, por un aparente exceso de corrupción en ese partido. Respecto al tema, hay varias cosas que en ASOJOD queremos comentar. No nos interesa en lo más mínimo la pataleta que hizo para salir ni las razones que tuvo para regresar. De un partido como el PLN, caracterizado por la más diversa fauna política, cualquier cosa se puede esperar, hasta que le den la candidatura presidencial del 2010.
A lo que queremos darle atención es a las consecuencias del regreso. Son preocupantes las declaraciones que dio Álvarez Desanti a La Nación ayer domingo, en donde esgrime que el pluripartidismo le hace daño a la gobernabilidad del país. Arbós y Giner aportan una excelente definición de gobernabilidad: "es la cualidad propia de una comunidad política según la cual sus instituciones de gobierno actúan eficazmente dentro de su espacio de acción de un modo considerado como legítimo por la ciudadanía, permitiendo así el libre ejercicio del Poder Ejecutivo mendiante la obediencia cívica del pueblo". Urcuyo establece que la gobernabilidad precisamente se encuentra en relación directa con la legitimidad de origen y la legitimidad en ejercicio. La primera tiene que ver, de acuerdo con Coicaud, con el reconocimiento del derecho de gobernar, originada en los regímenes democráticos en la victoria en las urnas electorales. La segunda se relaciona con la capacidad de las instituciones de gobierno de satisfacer eficientemente las demandas ciudadanas en estricto apego a los valores democráticos.
Como se puede ver, el número de partidos no define per se la gobernabilidad de un sistema político, por lo que resulta extraño que su esposa, Nuria Marín, siendo politóloga, no haya corregido a Álvarez Desanti. Ella se logra precisamente manteniendo la legitimidad de origen y en ejercicio, de modo que las instituciones de gobierno actúen en una esfera que goce de la aceptación ciudadana. A ello hay que agregarle la existencia de reglas claras y la legalidad en su aplicación, la libertad de asociación política para generar representación, la existencia de fuentes alternativas de información y de adecuados mecanismos que faciliten el flujo de información bilateral entre gobernantes y gobernados. Asimismo, la gobernabilidad depende de la capacidad de negociación de los actores políticos y de la conformación de la cultura política, de modo que se institucionalicen adecuadas formas de solución del conflicto.
Esta confusión conceptual se las trae: es problemática y no precisamente porque confunda a los académicos sino porque puede influir en la opinión pública de mala manera. Ante el descrédito generalizado de la política y, en especial, de los partidos políticos como adecuados canales de comunicación entre gobernantes y gobernados, la gente ha comenzado a creer que se puede y se debe acceder al poder por medio de otras vías. Eso da lugar a lo que en Ciencias Políticas es conocido como outsiders. Se trata de personas extrañas a la arena política y, normalmente, ignorantes del teje y maneje del mundillo del gobierno democrático, en tanto pertenecen a otros ámbitos: a veces son actores, militares, deportistas, artistas, etc. Entre los más famosos outsiders que podemos recordar en este momento han estado Adolf Hitler, Hugo Cháves, Evo Morales, Abel Pacheco, Arnold Schwarzenegger, Ronald Reagan, entre otros. El problema más frecuente con los outsiders es que, si no tienen una patológica necesidad reivindicativa (como el indigenismo, el socialismo del siglo XXI o el feminismo), carecen de conocimientos mínimos para lograr llevar adecuadamente las riendas de un gobierno.
Las declaraciones de Álvarez Desanti, además de debilitar aún más a los partidos políticos como las instituciones canalizadoras de demandas por antonomasia, podrían provocar medidas antidemocráticas. Ello porque, al caracterizarse nuestra Asamblea Legislativa por el anquilosamiento parlamentario, la población podría comenzar a creer que, en efecto, reducir el número de partidos políticos produciría per se mejores condiciones para el consenso a la hora de tomar decisiones. Lo anterior haría del sistema de partidos un sistema tipo cartel, en donde los partidos ya consolidados (casi siempre con representantes en el Congreso) podrían comenzar a imponer barreras de iure y de facto para la creación de nuevos partidos. Ahí es donde entran tecnisismos como el umbral electoral, la cantidad de firmas para creación, cantidad y plazos de asambleas distritales, cantonales y/o provinciales, etc.
Este tipo de barreras no sólo se prestan para la corrupción, pues minan el control político que podrían llegar a ejercer los nuevos, sino que también comportan enormes problemas para la representación y, consecuentemente para la legitimidad, pues muchos ciudadanos dejarían de sentirse representados y, por tanto, se diluye la capacidad de exigir obediencia. Eso sí generaría un gran daño a la gobernabilidad.
