La columna de Carlos Federico Smith: de buenas intenciones está lleno el infierno

Me imagino que muchos lectores consideran deseables los objetivos del programa del IMAS conocido como Red de Cuido, por el cual se brindaría cuido a los hijos de mujeres cuando ellas salían a trabajar o a estudiar.  Por eso, debe prestarse mucha atención a lo que expone el comentario de La Nación del 11 de abril, bajo el titular “Estado cuida a miles de madres que están en la casa: Red de Cuido acepta a niños de mamás que no trabajan.”

Según el IMAS, institución rectora del programa, “de las 17.572 familias que reciben subsidio de la Red de Cuido, en 4.156 (23.6%) de estas, las madres no estudian ni trabajan. Esto ocurre a pesar de que 1.893 familias se hallan en la lista de espera por un cupo para obtener el beneficio del cuido en el IMAS.” 

Les soy franco, más bien me sorprende que tan pocas familias estén en “lista de espera,” pues el único condicionamiento que uno esperaría para ese subsidio, como es que la madre trabaja o estudia, evidentemente no es objeto del control esencial a su cumplimiento, que debería ejercerse en el uso de recursos públicos para tal objetivo.

Acerca de otra entidad participante del programa, como es el conocido como CEN-CINAI, se señala que “de 11.764 niños beneficiarios de Red en los CEN-CINAI, cuyas madres son jefas de hogar, el 18.6% (2.188) tampoco tiene trabajo ni estudian. De otros 10.977 menores” que también reciben beneficios en la Red de Cuido del CEN-CINAI, “no se tiene reporte de a qué se dedica la mamá, porque solo se registra la ocupación del jefe de hogar y, en estos casos, no es la mamá.”

Además, acerca de los casos en que el cuido es financiado por el PANI, no se tiene “la información centralizada de a qué se dedican las progenitoras de los 4.126 chiquitos...” 

El IMAS dedicó en el 2017 ₡29.230 millones y no se tiene conocimiento en el ente rector del programa, el IMAS, de cuánto gastaron los CEN-CINAI ni el PANI en tal proyecto. 

Lo cierto es que, si no se certifica que la madre está trabajando o estudiando y que se pueden obtener los beneficios de la Red de Cuido sin tener que cumplir con alguna de esas tareas, las madres no se verán incentivadas a trabajar o a estudiar, sino a dedicarse a cualquier otra cosa menos a eso, que implica un sacrificio y un esfuerzo.

Este comportamiento lo revela una afirmación de una representante de los Centros de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI): “Nosotros hicimos un trabajo de campo y fuimos a lugares que son de pobreza y pobreza extrema ahí en Alajuela. Y vimos que a las mujeres que viven en casas humildes, con piso de tierra, no les interesa trabajar porque están completamente asistidas.” Ello es lo esperable al crearse una cultura de dependencia en la asistencia estatal, que no estimula a que las familias superen sus condiciones de pobreza, de ignorancia y de desarrollo de los hijos. Si papá estado se encuentra allí para mantenerlos, pues los beneficiarios harán lo antes expuesto, utilizando los recursos de todos los costarricenses y sin tener que esforzarse en algún grado... tal vez, excepto haciendo filas para que les entreguen la plata. Triste, pero eso sucede cuando los programas de esa naturaleza se diseñan inadecuadamente, más bien creando incentivos perversos.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: el mísero estatismo

Cuando en un mercado una empresa fracasa en servir a sus consumidores, cierra sus actividades y así los recursos aún rescatables, pueden ser usados en producir otra cosa. El cierre es la mejor indicación de que los recursos productivos usados en ella no eran lo que los consumidores deseaban: no se cumplía con el objetivo esencial de una economía de satisfacer los deseos y necesidades humanas. Lo bueno del sistema de mercado es que dispone de un mecanismo que impide la ineficiencia, al producirse algo que los consumidores no quieren: las pérdidas son señal de que la sociedad no valora que esos recursos se destinen a producir algo que no se desea.

Ha de ser evidente para el amigo lector, que no hay tal cosa como una forma eficiente de asignar los recursos escasos en una economía estatizada. Suele haber empresas públicas que tienen pérdidas y nunca cierran, impidiendo que los recursos allí utilizados se usen en alguna otra opción rentable.  En las sociedades estatistas es extraño que una empresa estatal cierre ante una actividad permanentemente de pérdidas. Parece que, una vez creada, la empresa estatal tiene un destino eterno; una vida interminable; una existencia imperecedera; que usual es la permanencia aunque sea innecesaria; el cierre es impensable, no importando que siga usando recursos en actividades que los consumidores no desean.

Desde hace muchos, pero muchos años -tal vez en la mitad de la década de los ochentas, cuando el proteccionismo estatistas llegó a su límite- el Consejo Nacional de Producción, creado tal vez unos cuarenta años antes, cesó en su razón de ser. Para ponerlo en sencillo, era el encargado de una serie de políticas de precios de ciertos bienes que el estado consideraba importantes -aunque no necesariamente los consumidores- para, por una parte, mediante la fijación de precios máximos, favorecer a consumidores “pobres” y, por la otra, para favorecer a productores (pobres o ricos) mediante un precio mínimo de garantía, al cual el estado compraba la producción.

El resultado lógico económico fue el esperado: una producción excesiva por el precio de sustentación más elevado que el precio de equilibrio del mercado y una venta a consumidores supuestamente mayor que aquella al menor precio de equilibrio del mercado.  Pero, todo esto ocasionaba enormes pérdidas al Consejo Nacional de Producción, que en última instancia serían cubiertas por tributos de los ciudadanos. Incluso, cuando se trató de vender aquellos excedentes en mercados internacionales, el precio al que allí se podía vender era muy inferior a lo que costaba en el país: en síntesis: las exportaciones generaron enromes pérdidas al país. 

Lo previo es un resumen, para entender qué fue lo que los brillantes políticos hicieron a través del tiempo, para conservar con vida al monstruo económico que habían creado. En su momento, los precios se liberaron, no escaseó a producción, aunque si escasearon los chorizos al obligadamente el estado tener que pagar más caro por lo que se producía domésticamente. Se eliminaron las pérdidas por los subsidios señalados

Pero, en vez de cerrar a un CNP sin objetivos (a la vez deshaciéndose de un cuasi monopolio que tenía como era la Fábrica Nacional de Licores), se le tenía que buscar un brete: que hiciera lo que fuera, con tal de mantener con vida a la burocrática entidad. Así, se obligó a distintos entes del estado -algunos dedicados a la atención de enfermos en hospitales, otros a presos en las cárceles quienes requieren de alimentación y muchos para dar alimento a estudiantes de bajos recursos- a adquirir únicamente por medio del CNP lo que requerían para esos fines -siempre con el viejo pretexto de ayudar a los agricultores “pobres”; la “justicia social- por supuesto que teniéndose que pagar más por esos productos, con atrasos en las entregas, la intermediación burocrática del estado, la mala calidad de los productos y hasta un cobro ineficiente. 

El colmo del cinismo público: obligar a entes estatales a pagar más para dar alimentación a quienes obligadamente deben dársela, todo con el fin exclusivo de mantener con vida un ente que ya no tenía razón alguna para existir.

Esto no es algo reciente: conocí del caso desde fines de la década de los noventas, cuando el CNP pretendía obligar al Hospital Nacional de Niños para que le comprara alimentos más caros para los niños, únicamente -con el nuevo monopolista intermediario- a través del CNP. En su momento no se dejó que el monopolio del CNP tuviera éxito, pero ahora me doy cuenta por la prensa, que la decisión libre, correcta, sana, económica, competitiva que en aquel entonces en algún momento pudo ejercer el Hospital de Niños -gracias a una decisión de la Contraloría- para seguir comprando los alimentos más baratos entre diferentes cotizaciones de oferentes, no continúa. Por el contrario, señala la información periodística que, en 4 años, la Contraloría “ha recibido 65 solicitudes” para que se permita a centros educativos, contratar a otro proveedor distinto del CNP, “y la mayoría han sido denegadas en virtud del mandato establecido por una reforma del 2008 en el artículo 9 de la Ley Orgánica del Consejo.”

Eso a todas luces da vergüenza, es doloroso y hasta corrupto, pues se ha impuesto un monopolio en la adquisición de alimentos a un grupo socialmente muy necesario, probablemente con el interés único de que siga existiendo lo que debe de desaparecer, que ahora se mantiene gracias a costos mayores pagados por todos los ciudadanos. En el 2017 tan sólo las ventas del CNP al Ministerio de Educación Pública (MEP) fueron de ₡13.000 millones y “en los últimos tres años el MEP ha recibido 172 denuncias de centros educativos sobre la calidad, atrasos, precios y servicios en general del CNP”. La comisión del CNP oscila entre un 5% y un 7% de cada producto que venda.

La información correspondiente aparece en La Nación del 6 de junio bajo el titular “Ley exige a escuelas comprar alimentos más caros al CNP: Normativa del 2008 afecta a 1.200 centros educativos”, así como en la valiosa respuesta que da el señor José Manuel Jiménez en La Nación del 26 de junio, titulada “Escuelas sí pagan más caro al CNP.” Espero que los ciudadanos no sólo defiendan a estos consumidores cautivos -escuelas, cárceles, hospitales- para que no se vean obligados a pagar más caro y con menor calidad. Ese monopolio no es más que una vil treta para mantener vigente una entidad estatal que debería estar en el basurero de la historia. 

La vulgaridad con esta política la resume en el hecho de que, de acuerdo con don Rubén Salas, director del CTP de Orotina, “El precio se encarece por tres o cuatro manos antes de llegar al plato de los niños; los productos son más caros que comprarlos en el mercado, ya que el CNP, desde el 2014, es el intermediario entre nosotros y los proveedores. Para completar el menú, algunas veces se les pide colaboración a los alumnos, ellos aportan entre ₡200 y ₡500.” Leer esto da vergüenza y causa dolor por el cinismo que hay detrás de ciertas políticas públicas.

Jorge Corrales Quesada

Desde la tribuna: entre el hacha y el estatismo

¿Habrá consistencia en las gestiones de los equipos del PAC que asumen la dirección de buena parte del gobierno? Celebro con fanfarria y vítores el anuncio del diputado Ottón Solís de entrarle con hacha al presupuesto del gobierno. No puedo más que alegrarme con tan directo anuncio.

¡Claro que la cosa tiene su particularidad!  Solís 1, el diputado, ha salido a pregonar al mundo entero que está más que contento con la elección de Solís 2, el Presidente. Pero muchos no se tragan el dicho, pues conocen de las luchas internas del PAC y las pasiones de quien ahora es diputado y otrora candidato sembrado en tres elecciones. Ello, no obstante, no es el punto central de estas líneas.

Tampoco el directo anuncio de usar el hacha.  Comúnmente se hablaba de “machetear” el presupuesto, como símil o metáfora que aludía a recortarle todo  lo superfluo, sobrante o innecesario.  Pero … salvo que Solís 1 nos haya engañado, la acción con hacha implica el fondo, lo grueso, el tronco y no eso de andarse por las ramas. ¡Ahora sí que estamos frente a algo interesante!

El PAC ha sido estatista.  Se ha comprometido con lo que algunos llaman la institucionalidad (aunque sea contraria a la constitucional) del país. Un tejido de asistencialismo incoherente e inconsistente, ineficaz y más bien promotor de la pobreza, que ahoga irremediablemente a una sociedad y la engaña con acciones mediocres e inútiles, funcionando como un lastre es, en general, lo que algunos llaman “institucionalidad”. Caldo de cultivo de demagogia y empleomanía, con exceso de gollerías y cargas y que cada vez más estorba la productividad, la generación de riqueza, la llamada “institucionalidad” no solo contraría los enunciados jurídicos básicos de nuestro sistema constitucional sino que promueve situaciones inaceptables:  concentración de poder en el Ejecutivo, alejamiento de los controles legislativos en materia de gasto público, rutas secretas para los buscadores de rentas, irresponsabilidad moral en muchas situaciones, traslado del riesgo al Estado, socialización de pérdidas y privatización de ganancias.

¿Cómo conciliar el hacha de Ottón Solís con el rumbo que lleva el PAC?  ¿Acaso no insistido el mismo Solís 1 en que lo único que perturba el devenir del Estado costarricense es la corrupción y la falta de mística?  ¿Acaso no se contradice con sus propias palabras de sacar el hacha y buscar la austeridad?

Por ello prefiero al PAC y al Solís del hacha, al “hachero” que al estatismo y al eufemismo de plantear que metiendo a algunos corruptos se acaba nuestro serio problema.  Porque enmendar el rumbo requiere hacha, sin lugar a dudas, pero también requiere brújula, cambio de ideas, apertura y serias aclaraciones respecto del torcido rumbo por el cual nos lleva el estatismo.  Ello, sin discusión, requiere consistencia y coherencia. ¿Aparecerá?

Federico Malavassi Calvo

El fracaso de la socialdemocracia

Quiero, sin rodeos, declarar categóricamente que el socialismo y su mediocre prima, la socialdemocracia (corporativista), han fracasado en su lucha por abolir las diferencias y conflictos entre las clases sociales, tras casi 100 años de intentos mal concebidos.  Al hablar de socialismo o socialdemocracia, me refiero al control directo o democrático de la economía por parte de agentes burocráticos y mercantilistas que, bajo esquemas corruptos, se aferran al poder para activar sus agendas egoístas en detrimento de la libertad individual y del crecimiento intelectual y económico del ciudadano común. 

Mientras que los fracasos económicos son claves a la hora de poner en evidencia la desconfianza de las masas hacia los líderes de los gobiernos socialdemócratas, los síntomas más reveladores de la degeneración estatista y mercantilista han sido de carácter político. La elección de líderes que deben jugosas facturas a ciertos grupos económicos, dueños de sus decisiones, y la incesante búsqueda de renta personal en la función pública, han puesto de manifiesto la falta de una filosofía política transparente y eficaz. Esto, unido al levantamiento de un masivo y mediocre aparato burocrático que impera sobre el pueblo y limita el acceso a las fuentes de riqueza por parte de una clase media vulnerable; situación que, lejos de sacar a miles de ciudadanos de la pobreza, los mantiene atados a la ignorancia y las regalías que, cada cuatro años, les son arrojadas desde las ventanillas estatales, como fruto del engaño electoral basado en promesas ilusorias. 

Creer que la justicia social se logrará fortaleciendo temporalmente a un Estado redistribuidor de la riqueza, es lo mismo que equipararlo a un superhéroe, similar al de muchas tiras cómicas, provisto de fuerzas y poderes imaginarios y absolutos. La vía correcta consiste, más bien, en fortalecer las estructuras fundamentadas en la propiedad privada de los medios de producción y de servicios, propiedad que solo tiende a concentrarse en pocas manos si los gobiernos favorecen a determinados grupos económicos, escondidos detrás de la bandera del libre mercado pero que, en la realidad, no poseen ni la energía creadora ni el empeño suficiente para competir en un ámbito totalmente libre.

Es cierto que el liberalismo, pilar del capitalismo, al reconocer el derecho del hombre como ser individual insustituible, ha subestimado su necesidad de pertenencia social en alguna medida y que esto ha llevado a los sectores menos favorecidos a un inevitable sentimiento de aislamiento y abandono; ahora bien, es precisamente dicho sentimiento el que urge erradicar por la vía del aumento en el intercambio, en todo nivel. 

Solo fomentando una economía en la que el conocimiento sea el único recurso digno de apalancar, tanto por la vía privada como estatal, se conseguirá incluir al individuo dentro de un sistema de especialización e intercambio, libre de complejos y de manera natural. Claro está que siempre existirán personas que, por diversas razones, no podrán ingresar a tal sistema en iguales condiciones de oportunidad, y a las cuales habrá que crearles redes de asistencia social-humanistas y de naturaleza local, mas no paternalistas, con el fin de que se conviertan por sí mismas en una fuente de semilla solidaria en el seno de la sociedad civil. De esta forma, sin duda, fertilizaremos las raíces de lo que llamamos, hoy y aquí, liberalismo integral.

Andrés Pozuelo Arce

Desde la tribuna: la fiesta de RECOPE, a propósito de un anuncio del PAC

El PAC publicó un anuncio en el cual critica el festín de recursos público que sucede en Recope.  El film de 18 segundos se llama “Paremos la fiesta, elijamos cambiar (RECOPE)” y puede ser visto acá.

Recope, calladito calladito ante todo lo que pasa, no obstante sí se enoja con el dichoso anuncio y reacciona señalando que es "inaudito que se utilice un montaje para hacer creer al ciudadano que hay una fiesta en las instalaciones de la empresa".

¡Ay mi Dios!  Solo falta que invoquen el derecho de imagen de la supuesta refinadora o que acusen al realizador del anuncio de “difamación de persona jurídica”.  Es el caso típico de las pavas tirándole a las escopetas.

Es indefendible la posición de Recope, con solo recordar los titulares de la información de los últimos meses su prestigio queda por los suelos:  la Aresep tiene que intervenir porque Recope distribuyó y vendió gasolina contaminada que dañó los vehículos, se asoció con una empresa china en una sociedad caribeña y a través de ella ha gastado más de 25 millones de dólares en estudios de factibilidad para hacer una refinería (la refinería china), la Contraloría rechazó el estudio de factibilidad porque dijo que no era aceptable por haber conflicto de intereses y otras linduras, el empleado de Recope es el más caro del sector energía (más caro que el del ICE), los empleados de la refinería están ganando aunque la refinería está varada, incluso se paga “hora extra” a los empleados de la refinería varada. 

El citado “spot”, pone una imagen de la refinería en Limón y le agrega música y barullo de fiesta más una especie de focos de feria.  Es un mensaje metafórico … es claro.    Lo curioso es la molestia que provoca y, creo yo, es por el origen del ataque.

Algunos comentarios al respecto (internet) me dan la pista.  Hay un lanzado que acusa al PAC de ser como los demás partidos.  Y ya la pesqué … ¡por supuesto!  Hablando del asunto en el programa que Por la Libertad, la compañera cometarista Ester Méndez me interrumpe y sentencia, “Pero … ¿qué hace el PAC criticando lo que pasa en Recope si está a favor del monopolio?”.

¡Claro!  Recope no esperaba un ataque desde un partido que ha mostrado ser partidario de monopolio, estatista de vocación y apuntado con los empleados con el sector público.   Se aguantaron las críticas del “nollamadoporDios” porque interpretaron que no era contra la entidad ni el monopolio sino contra el “negocio de la refinería china”  (llamada la “Recochina”, por aquello de combinar a Recope y a la china).

Y mi amiga dio en el clavo:  el PAC, sin darse cuenta, ha evidenciado su inconsistencia, incluyendo su asesora/tesorera del ICE.  No se pueden criticar los efectos si se está de acuerdo con las causas.  No se puede llamar excesos a las naturales consecuencias de las cosas.  

¡Lástima que la trifulca entre Recope y el PAC no siguió!  Habría sido un interesante espectáculo porque la línea de consistencia en ambas posiciones no aguanta mucho.

Moraleja doble:  no se puede defender lo indefendible (Recope), no se puede criticar el efecto si se endosan las causas (PAC).

Federico Malavassi Calvo 

¡Que piñata!

El día de ayer 40 distinguidos padres de la patria tomaron la decisión de condonar 8 mil millones de colones en deudas a pequeños agricultores. En ASOJOD dicha situación nos resulta inaceptable. No se puede seguir permitiendo este Estado-piñata que ha venido desarrollándose en Costa Rica, esta vez fueros los campesinos, otras veces han sido los empresarios o sindicatos o transportistas, etc. El éxito personal debe surgir a raíz del esfuerzo y no a través de la violencia institucionalizada del Estado que obliga a unos asumir los errores de otros.

En ASOJOD decimos: ¡No más privilegios!

Sabias palabras

Esta es la comparecencia de Daniel Hannan, miembro del parlamento europeo. Sus palabras en contra del gobierno de Gordon Brown son aplicables mutatis mutandis a lo que sucede en el mundo en estos días de estatismo e intervencionismo.

Electricidad las 24 horas sin cargo de conciencia

En las últimas semanas hemos sido víctimas del derroche de la campaña del Grupo ICE donde acusa al pueblo de Costa Rica de despilfarrador de la electricidad. Literalmente reza así una de las frases del comercial: “Vivís con electricidad las 24 horas, pues entonces, cuidá ese privilegio. Pará el desperdicio”.

Sólo el Gobierno, considera malo que la gente consuma. Recuerdo que hace muchos años vi en un libro sobre publicidad de cómo la empresa Coca Cola enfrentó un problema en sus inicios. Resulta que la gente no consumía el refresco en invierno. Ante tal situación, la Coca Cola lanzó el lema “La sed no conoce estaciones” y las ventas se dispararon aún en clima frío.

¿Por qué será que el Grupo ICE desea que el costarricense no consuma electricidad? Cuando se concibió el concepto de empresas públicas, el objetivo era usar la totalidad de las ganancias en mejorar la distribución de los servicios entre la clase de menor ingreso con el fin de que ellos también pudieran consumir. Debemos recordar que el desarrollo está en el consumo. La diferencia entre una persona con mejor nivel de vida y otra, es su nivel de consumo. No hace falta hacer estudio alguno para concluir que el consumo per capita de electricidad del costarricense es muy inferior al de su homólogo del primer mundo.

¿Por qué el Grupo ICE acusa al pueblo de Costa Rica de derrochador? ¿Acaso el costarricense anda buscando la forma de desperdiciar su dinero? ¿Quién de nosotros le compra al panadero que vende más caro? ¿Quién de nosotros le dice al taxista que se vaya por la ruta más larga con el fin de que tarifa sea más alta? Lo que yo veo es gente honrada que desea salir adelante haciendo el mejor uso posible de su salario. Entonces, ¿Cuál desperdicio? “Cada ladrón juzga por su condición”, dice el adagio popular. El que debe parar el desperdicio es el Gobierno cerrando instituciones que duplican la función de otras, o bien cerrando las que no cumplen función alguna o bien recortando exceso de personal. El desperdicio es de parte del Gobierno con tanto asesor, gastos en consultorías y campañas innecesarias.

¿Por qué entonces el Grupo ICE acusa al pueblo de Costa Rica de derrochador? La realidad puede ser muy distinta. El crecimiento económico implica necesariamente un mayor consumo de energía y por tanto una mayor demanda de electricidad no es necesariamente producto del desperdicio sino del desarrollo. Ahora bien, ¿Está el Gobierno en capacidad de generar la oferta de electricidad necesaria que el pueblo de Costa Rica demanda? La respuesta la encontramos claramente en los apagones sufridos el año pasado. Una cosa es decir que los apagones se deben a un desperdicio y otra muy distinta es decir que se explican a la incompetencia empresarial y administrativa del Gobierno. La razón de ser del comercial televisivo es probablemente que ante la negativa del Gobierno de aceptar su incapacidad de generar la electricidad suficiente, trata de hacer sentir culpable al pueblo de Costa Rica acusándolo de que desperdicia y que posee un privilegio cuando la electricidad es considerada como un artículo de consumo básico en toda la literatura económica.

Pero en general, ¿es el Gobierno competente en la producción de cualquier cosa? La teoría económica establece claramente que la libre competencia es mucho mejor instrumento que el monopolio y la regulación para ofrecer mejores productos, con mayor variedad, a mejor precio y por ende con mayor y mejor distribución entre la población de menores ingresos. Así lo ha lo ha demostrado claramente la evidencia empírica en particular si observamos el Índice de Libertad Económica de la Fundación Heritage que tiene más de 10 años de ser publicado anualmente. La electricidad no es excepción y si deseamos energía suficiente para poner a Costa Rica en acción es necesario que el Grupo ICE haga su retirada y le de el pase a la libre iniciativa.

Así que la próxima vez que se tome un cafecito recién hecho, encienda su televisor o se bañe con agua caliente, disfrútelo sin cargo de conciencia.

Boletín Instituto Libertad

Mundo plano, impuesto uniforme

Hace poco más de quince años, los defensores del flat tax (impuesto de tasa uniforme) tenían mucha teoría que los respaldaba, pero muy pocos hechos concretos. Milton Friedman había promovido el flat tax, y Alvin Rabushka y Robert Hall de la Hoover Institution escribieron un elegante libro detallando como un funcionaría un impuesto de este tipo, pero la clase política en gran parte ignoró dichos esfuerzos. Hong Kong tenía un flat tax, pero los críticos decían que de alguna manera era un caso aparte. Otros dos territorios británicos, Jersey y Guernsey, también tenían sistemas tributarios similares, pero el resto del mundo ignoraba (y en gran parte todavía lo hace) aquellos sistemas.

El mundo ha cambiado. Hoy, fomentado por la competencia tributaria, hay 17 jurisdicciones que tienen alguna especie de flat tax, y una nación más está por unirse al club. Con la excepción de Islandia y Mauricio, todos los países que recientemente adoptaron el flat tax son antiguas repúblicas soviéticas o naciones del antiguo bloque socialista. Esto es una señal de que hay competencia tributaria en la región y demuestra que la gente que sufrió bajo el comunismo es menos susceptible a la retórica de la lucha de las clases que aboga por “cobrarle impuestos a los ricos”.

Como se indica en la tabla, tres naciones están activamente buscando implementar un flat tax. Los prospectos son muy buenos en Albania y Timor del Este (donde hasta el FMI está apoyando la medida, aunque la burocracia internacional, como era predecible, promueve una tasa tributaria más alta), mientras que la situación es más difícil en la República Checa debido a que el gobierno no tiene la mayoría absoluta en el Parlamento. Esto desacredita un estudio del FMI del 2006 el cual aseveraba que: “Mirando al futuro, la pregunta no es tanto si más países adoptarán un flat tax sino si aquellos que ya lo tienen se apartarán de éste”.

Casi todas las naciones que han adoptado un flat tax recientemente son antiguos miembros de la Unión Soviética. Esto demuestra que las personas que sufrieron el comunismo son menos susceptibles a la retórica de la lucha de clases que aboga por “cobrarle impuestos a los ricos”. “Aún así, no solamente están los países apresurándose a unirse al club de los países con flat tax, sino que ni uno solo de los que lo ha adoptado ha vuelto al sistema viejo de tasas discriminatorias. Aún en Eslovaquia, donde un gobierno socialista/nacionalista llegó al poder en el 2006, el flat tax ha sido preservado. Hasta los políticos anti-mercado se dan cuenta de que no es sabio matar (o espantar) la gallina que pone los huevos de oro.

No solamente hay más países adoptando el flat tax, pero aquellos que ya lo tienen están compitiendo por bajar sus tasas. La tasa de Estonia ya ha llegado al 22 por ciento, y llegará al 20 por ciento en el 2009. Pero la tasa puede que caiga aún más rápido y por una cantidad mayor. El gobierno que fue elegido a principios del 2007 ha prometido reducir la tasa a un 18 por ciento y el partido del Primer Ministro quiere que la tasa eventualmente llegue a un 12 por ciento. El flat tax de Letonia también ha caído de un 33 a un 24 por ciento. La tasa de Macedonia está programada para reducirse hasta llegar a un 9 por ciento en el 2010—teniendo así la tasa de flat tax más baja en el mundo (aunque uno podría argumentar que lugares como las Islas Caimanes, Bermudas o Bahamas tienen impuestos con tasas de 0 por ciento).

Es apropiado indicar que muchos de los países que tienen flat tax alrededor del mundo no son consistentes con el modelo puro creado por los Profesores Hall y Rabushka. Países como Rusia y Letonia tienen diferencias considerables entre las tasas tributarias sobre el ingreso personal y el corporativo (y aún Hong Kong tiene una brecha pequeña). El flat tax de Serbia solo se aplica al ingreso laboral. Casi todos, sino todos, retienen por lo menos una doble tributación del ingreso que es ahorrada y luego invertida (aunque Estonia, Eslovaquia y Hong Kong están muy cercanos a tener un sistema ideal), y no parece que haya un país que permita la exención inmediata de los gastos en inversión de los negocios.

Pero sin importar cuáles sean las imperfecciones de cualquiera de los sistemas que tengan estos países, la revolución del flat tax ha logrado varias cosas considerables:

1. Incentivos más fuertes para el comportamiento productivo. Las tasas uniformes casi siempre significan un carga tributaria más baja sobre el trabajo, el ahorro, la inversión, la toma de riesgos y el emprendimiento.

2. Promueve la acumulación de capitales. Como se indicó en la sección previa, de los sistemas del flat tax llegan a lograr el objetivo de Hall/Rabushka de eliminar todos los impuestos discriminatorios sobre el ingreso que es ahorrado e invertido. Pero aún así los sistemas de flat tax alrededor del mundo han reducido las penalidades tributarias sobre el capital.

3. Ha igualado la carga tributaria para todos. Algunas naciones (como Eslovaquia, Estonia y Hong Kong) han hecho un mejor trabajo que otras, pero casi todos los sistemas de flat tax incluyen una reducción de las preferencias especiales que distorsionan las decisiones tomadas en el mercado y causan ineficiencia económica.

La creciente comunidad de naciones que ha adoptado el flat tax muestra que las objeciones relacionadas a la lucha de clases pueden ser superadas. La globalización es quizá el factor más importante ya que los políticos cada vez más comprenden que los sistemas tributarios punitivos causan que los trabajos y la inversión fluyan hacia otras naciones con mejores leyes tributarias. Esto sugiere que el flat tax se esparcirá alrededor del mundo.

Este es un escenario positivo, pero todavía hay obstáculos considerables. El más importante son las burocracias internacionales, ya que muchas veces brindan malos consejos y además buscan precisamente limitar la competencia tributaria. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), por ejemplo, tiene un proyecto de Prácticas Tributarias Perjudiciales (originalmente, y equivocadamente, denominado el proyecto de la “Competencia Tributaria Perjudicial”) que busca socavar el flujo de trabajadores y capital de las naciones con altas cargas tributarias a las jurisdicciones de baja carga tributaria. La agencia reconoce la importancia del tema para los defensores de mayor intervención estatal: en un reporte de 1998 observó que la competencia tributaria “podría obstaculizar la aplicación de tasas tributarias progresivas y el logro de objetivos distributivos”.

El esfuerzo de la OCDE ha sido ampliamente—y apropiadamente—criticado por buscar socavar la soberanía fiscal en aras de proteger a los estados europeos poco competitivos con altas cargas tributarias, pero también debería ser visto como un ataque directo a la reforma tributaria. El proyecto anti-competencia tributaria de la burocracia con sede en Paris está principalmente enfocado en capacitar a las naciones con una carga tributaria alta a ubicar—y cobrar—impuestos sobre la fuga de capitales. Esto necesariamente significa que la OCDE quiere que los países adopten la doble tributación del ingreso que es ahorrado e invertido, e impongan una política pública mala de manera extra-territorial. Las naciones que han adoptado un flat tax son una amenaza directa al régimen global deseado por la OCDE ya que serían “refugios tributarios”.

De hecho, en estos momentos hay un concurso mundial. De un lado están las fuerzas pro-mercado que valoran la competencia tributaria como una fuerza poderosa para mejorar la política fiscal. La revolución global de la reforma tributaria es un síntoma de cómo la globalización está impulsando las políticas públicas en la dirección correcta. Por otro lado, sin embargo, están las burocracias internacionales como la OCDE y las Naciones Unidas, que también se opone a la competencia tributaria. Estas burocracias están demandando su derecho de dictar lo que ellos denominan “las mejores prácticas” de una manera que controlaría los tipos de política fiscal que un país podría adoptar.

Por ahora, gracias en parte al Centro para la Libertad y la Prosperidad, este esfuerzo de crear un cartel tributario global ha sido detenido. Asumiendo que los eventos políticos (especialmente en EE.UU.) no alteren la balanza de poder a favor de los estados de bienestar en Europa, la competencia tributaria continuará profundizándose y una “OPEP para políticos” nunca se materializará. Islandia es apenas el primer país del “primer mundo” que se ha unido al club del flat tax por ahora—pero puede que sea solo cuestión de tiempo antes de que la competencia tributaria derive en buenas políticas fiscales en el resto del mundo.

Daniel J. Mitchell

Ya se me ocurrirá algo

A menudo, cuando un reto inesperado se le presenta a una persona y un amigo le pregunta “¿qué piensas hacer?”, la contestación suele ser: “ya se me ocurrirá algo”.

Esa contestación y la actitud detrás de ella caracteriza la manera de analizar y resolver problemas en una sociedad libre. Contrario a la actitud prevaleciente en el estado nodriza, que requiere inmensas burocracias para planificar supuestas soluciones, en una sociedad libre la solución de problemas se deja en manos de los ciudadanos, quienes individualmente o en colaboración con otros encaran los problemas, grandes y pequeños, que confrontan. Esta manera de hacer las cosas suele lograr mucho mejores resultados, entre otras cosas porque el conocimiento en el sitio es mucho más útil que el de los burócratas en un ministerio o en la capital, con sus enredadas teorías sobre lo que le conviene a la sociedad entera.

Pero si uno cree que la respuesta a los retos requiere de una bien establecida fórmula y de la fuerza gubernamental en su aplicación, eso de “ya se me ocurrirá” es totalmente inaceptable. Claro que la historia y la experiencia personal respecto a la manera de actuar de los gobiernos nos deja claro que (a) los burócratas no saben cómo hacerlo o no se molestan en resolver los problemas y (b) esos funcionarios tienen sus propias prioridades, por lo cual suelen aportar soluciones –no a los problemas comunes de los ciudadanos- sino a lo que ellos consideran realmente importante.

Esta es la esencia de la teoría de la adopción de decisiones económicas y políticas por la que el profesor James Buchanan recibió el Premio Nobel de economía en 1986. Los llamados servidores públicos tienden a dedicarse a resolver los problemas particulares de grupos específicos, aquellos que interesan a los políticos y a los candidatos.

Hay muy pocos problemas que todos confrontan. Más bien, grupos e individuos diferentes confrontan problemas diferentes, en medidas diferentes y con diferentes niveles de urgencia, por lo que no existen soluciones aplicables a todos, que es lo que el gobierno suele proponer.

No es que los políticos y los burócratas son mezquinos, sino que tienen sus propios intereses, algunos con buenas pero a menudo equivocadas intenciones, por lo que no conviene encargarlos de resolver nuestros problemas.

Inclusive cuando se trata de funcionarios dedicados y trabajadores que logran algún bien, los resultados suelen lograrlos a un costo excesivo. Pienso en ello cuando una familia de ingresos limitados se ve obligada a utilizar sus ahorros en pagar impuestos, en lugar de comprar cauchos nuevos para su viejo auto, por lo que todos mueren en un accidente.

Claro que cuando la gente se acostumbra a ver al gobierno y a los políticos como sus salvadores, el “ya se me ocurrirá algo” desaparece y la gente prefiere acudir a solicitar favores a las autoridades municipales y a los congresistas. Pero, a fin de cuentas, no hay mejor solución que la iniciativa individual porque allí suele concentrarse el conocimiento necesario para encarar los problemas.

Tibor Machan

Ecuador: ¿Fascismo del siglo XXI?

Los regímenes autoritarios necesitan tener en su bolsillo a los militares y el Ecuador socialista del siglo XXI no es la excepción. Durante el primer año del gobierno de Rafael Correa ya hemos visto suficiente coqueteo entre el Presidente y las Fuerzas Armadas Ecuatorianas (FF.AA.) para concluir que lo que se busca es tenerlas de aliadas.

Desde octubre del presente año una politización acentuada de las FF.AA. se volvió obvia cuando el comandante de la marina Vicente Arellano declaraba que las FF.AA. comprendían el cambio que vive el país con el gobierno de Correa y que lo respaldarían. No debería sorprender que a penas dos meses después el Presidente premió a la marina con Petroecuador, movida similar a la del caudillo del Orinoco que le entregó PDVSA a los militares de su país. Asumo que el Presidente o no sabe o no le importa que los marinos no estén preparados para administrar el negocio petrolero, al igual que unos geólogos e ingenieros petroleros no están preparados para pilotear destructores y submarinos.

Con la compra de esos aliados el actual gobierno también entrega más poder a individuos que por la naturaleza de su misión—garantizar la seguridad nacional—no tienen formación democrática.

“Vuestro deber como miembros de las Fuerzas Armadas es aportar al desarrollo comunitario, a la minga del civismo, a la ética de la palabra y del pensamiento, a proteger a la madre tierra, sin devoción por la Pacha Mama no hay futuro”, afirmó Correa, en un discurso en julio de este año. Esta cita demuestra una concepción del deber de las FF.AA. mucho más amplia de la que se contempla en la Constitución de 1998—la cual todavía estaba vigente hasta el 29 de noviembre de 2007.

Según ese documento: “Las Fuerzas Armadas tendrán como misión fundamental la conservación de la soberanía nacional, la defensa de la integridad e independencia del Estado y la garantía de su ordenamiento jurídico”.

Aunque los regímenes militares se acabaron en 1979 cuando el Ecuador volvió a ser una democracia, las FF.AA. han conservado un poder económico y político poco común y recomendable en una república democrática.

La constitución de 1967 creó el marco institucional que permitió que las FF.AA. sean propietarias y administradoras de tantas industrias propias del sector privado—en una cantidad no vista en otro país del hemisferio. Esto, mientras que es sorprendente para los extranjeros, es ignorado por la gran mayoría de los ecuatorianos. Para que tenga una idea de lo que estoy hablando en Ecuador los militares son dueños de una aerolínea (TAME), una flota petrolera (FLOPEC), una empresa de acero (ANDEC), una bananera (DINEAGRO), una constructora de viviendas (DINMOB), una empresa de seguridad privada (SEPRIV), entre muchos otros negocios. Algunas de estas empresas compiten en el mercado bajo condiciones privilegiadas.

Las FF.AA. ya violaron lo que era su mandato constitucional bajo la Constitución de 1998 al no garantizar “el ordenamiento jurídico”. Sin ellos, la destrucción del Estado de Derecho y el establecimiento de un régimen autoritario en Ecuador este año no hubiera sido posible pues han tomado parte, ahora, han declarado su respaldo a las decisiones de la Asamblea Constituyente con poderes dictatoriales.

El Socialismo del Siglo XXI, como lo hemos visto hasta ahora en Bolivia, Ecuador y Venezuela, requiere ser militarista para imponer su proyecto político, que al igual que el fascismo implica estatismo ilimitado. La insaciable concentración de poder coincide con el pensamiento de Mussolini: “Todo en el estado, nada fuera del estado, nada en contra del estado”.

Gabriela Calderón

Educación estatal

Una de las más altas prioridades de las familias es la educación, pero a menudo se considera una herejía cuestionar si el gobierno debe o no asumir la responsabilidad de educar a la juventud. Sin embargo, negarse a revisar las premisas de algo tan importante no es de personas inteligentes y, peor aún, rehusar el análisis por razones ideológicas.

Desde que los políticos se involucraron en la educación pública se aceptó como dogma ideológico indiscutible que educar es una función legítima del gobierno y no de los padres de familia. No me refiero a educar a jóvenes cuyos padres son pobres. Me refiero a erigir a políticos y funcionarios públicos en rectores coercitivos de la educación, inclusive la educación de jóvenes cuyos padres rechazan tal ingerencia en la formación de sus hijos. Sin duda que el genuino deseo de ver a todo ciudadano preparado para el futuro impidió el ponderado análisis de las consecuencias directas e indirectas, de corto y largo plazo, de privar a los padres del derecho de escoger libremente la educación de sus hijos.

La educación no debe ser un asunto ideológico. Las preguntas pertinentes son:

¿Tienen o no los padres de familia el derecho de educar a sus hijos según su propio criterio y por cuenta propia?

¿Acaso está justificado el uso de la fuerza pública para impedir que los padres contraten libremente a educadores para sus hijos? ¿Acaso el ejercicio de ese derecho y libertad viola derechos de los demás ciudadanos?

Para irrespetar el derecho de los padres se aduce que los colegios privados van a explotar y a engañar a los padres. ¿Acaso ocurre eso en la provisión de alimentos que es aún más vital y urgente? Si hubiese más libertad de contratación, habrían muchos más colegios y en un ambiente de competencia los colegios malos desaparecerían y los buenos crecerían. Si a un padre no le satisface la educación que su hijo recibe en un colegio, podría inscribirlo en otro o en una escuela pública.

Se argumenta que el gobierno controla la calidad, pero la calidad no es la mejor ni los programas son los más convenientes ni mejor adaptados a la actualidad. Fueron los colegios públicos los últimos en comenzar a enseñar computación. Muchos aún no enseñan inglés, aunque beneficia a los jóvenes y lo desean los padres. La historia que se enseña en las escuelas es la versión oficial del magisterio, del gobierno, lo mismo que en los países socialistas.

Respecto a la supuesta calidad de la burocracia educativa basta observar que la gran mayoría de los legisladores y funcionarios del gobierno de Estados Unidos mandan a sus hijos a escuelas privadas. Dudo que sea diferente en América Latina.

Por Manuel Ayau

Letras de cambio

Año nuevo, mañas viejas. Cuando empieza cada año, tendemos a hacer promesas de cómo cambiaremos algún aspecto de nuestra vida, con la esperanza de que eso la hará mejor. Sin embargo, usualmente caemos en las mismas mañas viejas y nada cambia en nuestra vida.

Mi esperanza para el 2008 es que haya un cambio en como el Estado costarricense funciona, de manera que cumpla más eficazmente las funciones que le corresponden, que deje de hacer lo que no debería hacer y que le deje al sector privado lo que este sabe hacer mejor. Pero, para eso, hay que mejorar muchas cosas todavía. El camino a recorrer es largo, y se hace aún más difícil cuando, en vez de avanzar, se dan pasos en la dirección contraria. Un ejemplo de ello es la noticia que salió en estos días en este periódico, informando que el INS planea construir un hospital para atender a las víctimas de accidentes.

Primero, hay que entender que el INS es una institución estatal dedicada a vender seguros en forma monopolística en el país. Eso significa que nadie más puede vender el servicio de cobertura de riesgos de salud o muerte, accidentes de vehículos, de trabajo o contra la propiedad. Pero hay que entender que esta es una actividad que no constituye un ser vicio público, en el sentido de que los beneficios que genera el seguro los obtiene el que paga directamente por él. En el resto del mundo, los seguros están prioritariamente en manos privadas. Incluso, en estos momentos, se discute en la Asamblea Legislativa una ley para romper este monopolio. Ese sería un paso adelante en el sentido de ir dejándole al sector privado lo que este sabe hacer mejor.

Segundo, me parece que la idea de que el INS piensa invertir 15.000 millones de colones en un hospital es un paso en la dirección contraria. Es, otra vez, el Estado involucrándose en un ámbito en que ya el sector privado participa, o que, incluso, otra institución estatal también lo hace de manera bastante buena (CCSS). Según funcionarios del INS, la justificación para hacerlo es que hoy en día los hospitales existentes le cobran muy caro al Instituto por las cirugías. En ese caso, pareciera que hay un faltante de infraestructura y equipo hospitalario para atender la demanda existente, justificándose así la construcción de un nuevo hospital. Pero eso no significa que quien tiene que hacerlo es el INS. Lo ideal aquí sería que los hospitales privados ampliaran su capacidad, y que el INS los ponga a competir entre ellos, para ver quién brinda el servicio al menor costo con la mejor calidad.

Obviamente la solución no es fácil pues se requiere un cambio de mentalidad. Espero que estas ‘letras de cambio’ ayuden a que se vaya dando esa transformación en el 2008.

Por Luis Mesalles