La columna de Carlos Federico Smith: opinión acerca de lo sucedido en Limón y el financiamiento propuesto.

No les negaré a mis amigos lectores que, al darme cuenta de los hechos recientemente sucedidos en Limón, la furia me atacó. Era una mezcla de ira y dolor. Con el paso de los días, el dolor permanece, pero la ira ha sido superada, por lo cual considero que es el momento apropiado para referirme a algunos aspectos, especialmente financieros, relacionados con dicha tragedia.

De entrada, debo decir que creo haber entendido bien el ex abrupto del ministro de seguridad, don Gustavo Mata, de quien no tengo un mal concepto, aunque ello tampoco sea mucho que decir en un  gobierno tan malo como éste. Me parece que lo que lo motivó a amenazar con renunciar, fue que le daba oportunidad a la Asamblea Legislativa para que, antes de treinta días, aprobara el impuesto a las sociedades anónimas, lo que le daría recursos a su ministerio. Pero, afortunadamente, dicho proyecto está en el debido proceso de discusión y aprobación, si acaso, por el Congreso, y el ejercicio de ese derecho constitucional, de parte de la Asamblea, le ha de haber importunado mucho. Por ello, me imagino que su impropia salida la hizo como muestra de un alto grado de impotencia, a la luz de los ataques sucedidos en Limón, que los atribuye a la falta de recursos necesarios para eliminar dicho problema.
 

Lo digo así, porque tenemos que entender algo que es muy peculiar, en cuanto a la amenaza de la droga en nuestro medio y la cual que es nada diferente a lo sucedido en otros países que ya conocemos: el enorme resultado económico positivo para quienes se dedican al tráfico y venta de la droga, a pesar del elevado costo y riesgo que se tiene para producirla y trasegarla. Tales costos son muy poca cosa, en comparación con los cuantiosos ingresos que el negociado produce.
 

El negocio de la droga no ha podido ser eliminado exitosamente por nación alguna, mediante el uso del mecanismo coercitivo de la fuerza armada, pues incluso muchos gobernantes, que se supone pondrían de primero al interés de sus ciudadanos, que el personal, caen seducidos por las fortunas deparadas por aquel negociado. Y, cuando digo gobernantes, generalizo por ello a altos, medianos y bajos cargos de los órganos represivos de toda índole, ya sea militar o judicial, e incluso internacional. E incluyo allí a muchos profesionales muy preparados en diversas ramas, que venden sus servicios a aquellos “negociantes” a cambio de jugosos pagos. Eso sí, considero que, tarde o temprano, la solución vendrá, al lograrse alguna forma de legalización de ciertas drogas, que haría que se elimine ese enorme sobreprecio e ingresos fuera de cualquier monto que uno pueda hoy señalar como normal, que hoy es posible apropiarse debido a aquella prohibición.
 

Por tal razón, considero que, en la situación actual, es muy difícil que, con los recursos limitados de las sociedades, éstas pueden, por medio del estado y su poder y monopolio de la coerción, combatir y eliminar al negociado, incluso después de incurrir en numerosas pérdidas humanas y materiales.  De manera que, si nuestro país está en la mira de los narcotraficantes, al considerársele parte esencial como vía rentable para su operación comercial, lo seguirá utilizando, con todos los males consiguientes, como los que hemos observado recientemente en Limón. Pienso que, tal vez, el ministro se imagina que, con un poco más de recursos, podrá eliminar la calamidad, pero creo que difícilmente alcanzará la plata para lograrlo, en tanto exista un mercado en el Norte (Estados Unidos y Europa), que sea tan lucrativo, como lo es hoy para los traficantes.
 

Dicho esto, considero que, por varias otras razones, no es apropiada la exigencia del ministro a los diputados, implícita en su renuncia, efectiva si, antes de un mes, no se aprueba el nuevo impuesto a las sociedades anónimas. En primer lugar, porque el mismo proyecto de ley que parece estarse definiendo, es claro en cuanto a que los recursos que aportaría (me imagino que ni siquiera de inmediato, sino después de cierto tiempo) no podrán dedicarse a contratar más policías, tal como ha dicho el ministro de seguridad que sería su uso inmediato al aprobarse tal impuesto.  El proyecto de ley es claro, según se ha llegado a conocer, en cuanto a que el destino de los recursos no podría ser el pago de salarios y servicios de apoyo de seguridad, sino para infraestructura policial. Por ello es que, si se quiere contratar los 1.000 policías adicionales que ha señalado el ministro (como si fueran suficientes para contener la marea arriba mencionada), habrá que buscar otros recursos en el presupuesto de la República.  Por lo tanto, si se desea que la Asamblea haga la voluntad del ministro, deberá empezar por cambiar lo que ya se ha negociado y ello dentro del ultimátum de un mes. Sépase que la redacción que hoy frenaría al ministro en su intención de usar los recursos para contratar más policías, fue una propuesta del propio poder ejecutivo, según el borrador de proyecto que remitió al Congreso.
 

En segundo lugar, me ha sorprendido que, en el fragor de la discusión política cerca del tema, se haya dado a conocer que hay partidas presupuestarias en el ministerio de seguridad, que no se han erogado, de manera que, si existiera la urgencia de contratar más policías, sería ya factible hacerlo. El Partido Unidad Social Cristiana, que ha sido fuertemente atacado por el presidente de la República, por ser uno de los responsables en la Asamblea de que no se le den esos recursos tributarios, respondió que, del presupuesto del 2015, no se ejecutaron ₡23.629 millones de lo correspondiente al ministerio de seguridad. Ante ello, se brindaron explicaciones oficiales no del todo convincentes, acerca de por qué no se ejecutaron (renuncias, incapacidades, contrataciones de personal en proceso y similares), lo cual debe inducir a la reflexión acerca de si no es posible que se haga un uso más eficiente de tales recursos, que simplemente pasarlos al final del ejercicio presupuestario como gastos no efectuados.
 

En tercer lugar, seamos honestos intelectualmente y así reconocer que este gobierno, que ahora clama, por medio del presidente y de su ministro de seguridad, por mayores ingresos presupuestarios para contratar más policías, fue el que redujo significativamente este año fiscal los recursos de presupuesto destinados a dicho ministerio.  Así, mientras que para el 2014, el presupuesto del ministerio de seguridad fue de un 3.4% del total presupuestado para el gobierno central, en el de 2015 descendió a un 2.5%, que es la participación relativa más baja desde el 2010. Eso sí, al Patronato Nacional de la Infancia en el presupuesto de este año se le aumentó su partida presupuestaria en ₡50.000 millones y el subsidio a la educación superior -FEES- tan sólo el aumento para este año no fue una bicoca, sino un montón de plata adicional, pues el presupuesto que se le entregaría creció un  9%.
 

O sea, en buena lid, el presupuesto que definió el gobierno actual y que aprobó el Congreso, incorporaba una reducción de recursos para el ministerio de seguridad y, ahora ese mismo gobierno se queja, urbi et orbi, de que no tiene los recursos necesarios, culpando por ello a la no aprobación de los diputados de un nuevo impuesto a las sociedades anónimas.
 

En cuarto lugar, al aprobarse un impuesto, aunque pueda ser para algo loable, como podría ser aumentar la seguridad en la zona de Limón, es necesario considerar los posibles efectos negativos (e incluso ver si hay opciones mejores) que pueda tener ese gravamen.  El impuesto a las sociedades, que inicialmente se aprobó indebidamente y que la Sala Constitucional por ello lo consideró como inconstitucional, debido a varias razones técnicas, también tiene potenciales efectos dañinos importantes sobre ciertos sectores de la economía. A veces parece que la información, que con frecuencia nos brinda la Dirección General de Estadísticas y Censos, acerca del crecimiento del empleo informal y, en general, de lo que se podría considerar como una economía subterránea, es ignorada olímpicamente. Esa economía furtiva, informal, se ve estimulada por los muchos impuestos que hacen más rentable que muchos, usualmente pequeños, empresarios, en lugar de seguir el camino tortuoso y oneroso de la formalidad, escogen la subterraneidad, en donde surgen numerosos costos sociales, que no vale la pena volver a señalar en esta ocasión.
 

Ese estímulo de mayores impuestos, que incentiva la existencia de la economía subterránea, puede dar lugar a un descenso del total de recaudaciones formales del estado, con lo cual el total de recursos que iría al sector público, más bien, conceptualmente, podría hasta disminuir.
 

En quinto lugar, dado que el gobierno actual ha tratado, en este caso, de mostrar a los diputados como si fueran timoratos o titubeantes, por la no aprobación expedita y a su gusto del impuesto a las sociedades anónimas, podría ser que, motivados por tal reproche gubernamental, los haya motivado a formular una propuesta que podría brindar los recursos, que ahora se solicitan para el ministerio de seguridad.  Antes de referirme a ella, deseo indicar que siempre he considerado como deseable, en las circunstancias actuales de nuestra economía, y, particularmente, ante el exceso de gasto gubernamental, que se dé la mayor reducción posible de esos gastos.  Pero, tal vez en esta ocasión, podría ser que la ciudadanía preferiría que el gasto estatal se haga en seguridad, en vez de lo que se ha propuesto reducir.  Me refiero a la propuesta del diputado don Mario Redondo, para que, en el presupuesto del 2017, se reduzca el monto que se destinaría a la deuda política, actualmente equivalente a un 0.19% del PIB, a un 0.11%, con lo cual se liberarían recursos por aproximadamente unos ₡25.000 millones, que permitirían, sin duda, aumentar el número de policías.
 

Esta última posibilidad la considero más apropiada que un simple aumento de un tributo que tiene efectos negativos, aunque soy consciente de que, ante la amenaza del negociado de las drogas, tal vez nunca alcanzará el presupuesto de gastos de la nación, para eliminarlo: los gastos en su represión tendrían un peso desorbitantemente elevado sobre la ciudadanía, en tanto que el tráfico y el consumo sea penalizado, como actualmente se hace en los mercados de destino, y que da lugar al surgimiento de  mercados negros profundamente extendidos y poderosos, los cuales permiten el logro de  fortunas inimaginables. Ante el riesgo de una mayor represión, los partícipes de dicho mercado, posiblemente continuarán concurriendo, pues los beneficios seguirían excediendo en mucho, pero mucho, a los costos.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: Malala Yousafzai

Ese es el nombre de la niñita que fue baleada hace pocos días por un talibán paquistaní, ansioso de aplicar una condena de muerte por el “pecaminoso” delito cometido por esa menor: que las niñas pudieran tener acceso a la educación. No se puede decir que ese fuera un acto cobarde cometido por ese talibán, quien subió al autobús que conducía a la estudiante a su casa, preguntó por ella a sus compañeritos y, al lograrla identificar, simplemente la acribilló a tiros. Lo más probable es que lo hiciera con gozo, con plena satisfacción, pues al hacerlo cumplía con el mandato religioso de algunos talibanes salvajes, cuya religión no les permite aceptar que una niña de escasos 14 años abogara por la educación de las mujercitas. En el fondo de las cosas, se trata de bestias barbudas travestidas de humanos.

La lucha de Malala no es por algo que hiciera el día de octubre en que intentaron asesinarla. Fue el castigo por haber defendido públicamente desde sus 11 años su derecho a educarse como persona, como mujer, a lo cual se oponía el fundamentalismo talibán de donde vivía. Ese fue su grave delito merecedor de la pena capital talibana. Por ello, en su primitivismo, aquellos abogaron por eliminarla físicamente. Se trató, una vez más, de la aplicación de la ley Sharia o código moral y religioso del Islam, que en opinión de algunos fanáticos considera que las mujeres son poco más que máquinas reproductoras. Debo, eso sí, reconocer que practicantes de esa religión han visto con disgusto pleno lo sucedido, pues es tan inhumano que hasta un grupo importante de sus religiosos emitió una fetua o procedimiento legal en contra de los malditos agresores.

Lo que ha sucedido con Malala se une a otra serie de acontecimientos que señalan con toda claridad que existe un extremismo terrorista dentro de círculos musulmanes. Enfatizo, en grupos de musulmanes, no es algo propio de todos los creyentes musulmanes. Es frente a los primeros que el mundo civilizado debe estar alerta y ser muy claro en su definición: se trata de grupos que consideran que la terminación de la vida en la tierra, tal y como la conocemos, es el fin último de su religión, fin de preparar la segunda venida de su Mesías a la Tierra. Para lograrlo están dispuestos a actuar de la forma que sea.  Desde destruir dos torres en Nueva York para causar el máximo daño, desde amenazar con la destrucción nuclear final al estado democrático de Israel, pasando por la autoinmolación –el suicidio- con tal de que ocasione la muerte de infieles, o para acabar con las Malalas, niñas que sólo desean estudiar.

Tal visión debe ser contrastada con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, ese pronunciamiento liberal esencial de las Naciones Unidos definido en París en 1948, que enfatiza, en una parte, la libertad de conciencia y de religión y, en otra, que toda persona tiene el derecho a la educación.
Con franqueza lo digo. Hace que apruebe de todo corazón lo que apareció recientemente en un poster en autobuses de Nueva York: “En cualquier guerra entre el hombre civilizado y el salvaje, apoye al hombre civilizado. Apoye a Israel. Derrote a la jihad”, esto es, a la obligación religiosa de lucha de los musulmanes: una guerra santa o jihad que pretenden imponer algunos grupos extremistas, porque yo sí los considero como extremistas y, a diferencia de Obama, me atrevo a llamarlos como lo que son. 

Espero, en Dios y en Alá y en los hombres y mujeres de bien, que Malala sobreviva y que así lo puedan hacer la sanidad, la civilización y los derechos de la humanidad, ante el sectarismo fundamentalista que pretende aniquilarlos a como haya lugar.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: la ira de Dios

Hace muy pocos días, una especialista en estudios religiosos de la Universidad de Harvard, reveló la existencia de un pedazo de papiro, del tamaño de una tarjeta de presentación, en la cual aparecía escrita una mención de Jesús acerca de su esposa. Obviamente esta noticia ha de haber sacudido a los interesados en estos temas, pues, de ser cierto que Jesús estuvo casado con una mujer, eso tendría un enorme impacto en las religiones cristianas modernas, que hasta el momento han sostenido que Jesús nunca se casó.

En esos mismos días, en muchos países en donde hay una alta representación de miembros de la religión mahometana, turbas muy bien armadas, formulaban amenazas de muerte por doquier, tanto para los autores de un supuesto “tráiler” –que tengo entendido es un anticipo de una película- como para el gobierno de los Estados Unidos, a fin de que se reprimiera esa expresión de alguno o algunos, que las hicieron en el marco de la libertad de expresión que existe en ese país.

Esas huestes intolerantes, “casualmente” en momentos en que se celebraba un aniversario más de la destrucción de las Torres Gemelas de Nueva York por parte de extremistas musulmanes, volaron fuego a distintos centros diplomáticos de los Estados Unidos, e incluso en Libia asesinaron al embajador estadounidense y a otros tres funcionarios de esa nación.

El argumento de los fanáticos fue que aquel “tráiler” constituía una blasfemia al mostrar, de alguna manera, el rostro de Alá, pues, según su religión, es prohibida su representación. Ya en el pasado sucedió algo similar con la publicación de los Versos Satánicos de Salman Rushdie, a quien se intentó matar por mandato de algunos altos sacerdotes de aquella religión. También se voló fuego a un periódico nórdico por publicar una “imagen” del Dios de los musulmanes, así como a una revista de humor francesa, por presentar caricaturas del profeta. 

¿Se imaginan lo que hubiera pasado si, por ejemplo, los católicos creyentes en que Cristo nunca se casó, hubieran decidido solicitar que se ejecute a la profesora de Harvard, por publicar tal “blasfemia”? ¿Piensen lo que habría pasado si, para limpiar la maldad de ese acto execrable, los católicos hubieran decidido protestar ante la Universidad de Harvard (¿tal vez el INCAE?) o ante la embajada gringa para exigir que ese país persiga a la académica, quien, en ejercicio de su libertad de expresión, osó decir tal cosa como que Jesús era casado? Hay religiones en que las personas que las obedecen se convierten en verdugos de quienes no comparten su fe. No es porque no se les “respeta”, por lo cual actúan, sino simplemente porque no quieren creer en sus dogmas.  Sólo que hay religiones en que los “dogmas” son menos intolerantes y tal ve hasta menos violentos que los de otras. La religión debería ser un asunto personal y no la imposición que de ella pueda hacer un Estado mediante algo que denominan como ley.

Tal vez para contrarrestar una política exterior débil en lo que concierne a naciones árabes extremistas, el gobierno de los Estados Unidos lo primero que ha hecho es excusarse por lo ofensivo que era el “tráiler”, cuando lo cierto es que la existencia primordial de la libertad de expresión es lo que nos garantiza el derecho hasta de ser ofensivos, siempre y cuando no se dañe a un tercero y así lo determine un juez. Vieran como me ofende, como manudo, el triunfo ocasional del Saprissa, o como me molesta ver vanagloriarse a cierto político de lo honesto que es su gobierno. Pero no le reprimo el derecho de poder decir lo que le dé la gana, siempre que no me cause un daño. 

El camino de represión de la libertad de expresión, a fin de que lo que cada persona sólo pueda decir aquello que es de la complacencia de cualesquiera otra persona, únicamente conduce al silencio, al totalitarismo, a la pérdida de la libertad; simplemente, a que dejemos de pensar por nosotros mismos y que sólo sea lo que el dictador nos permita. Bajo esa idea aparentemente conveniente de que haya libertad para expresarse siempre y cuando sea responsablemente, entendiendo por esto último que no afecte la sensibilidad de un tercero, se le abre el espacio al estado para que éste, en nombre de la coherencia social, de la sensibilidad de alguno o algunos ciudadanos, de la solidaridad entre personas y pueblos, pueda reprimir aquellas opiniones que considera indeseables. Por supuesto que las más indeseables para el Estado, serán aquellas que van en contra de sí mismo: los hombres libres serán los mejores siervos, diría George Orwell.

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: la institucionalización de la violencia en las protestas

Para este Tema polémico queremos abordar un problema que se ha vuelto costumbre en nuestro país: la institucionalización de la violencia en las protestas. Para ello, deseamos retomar los dos casos más recientes, presentados en menos de una semana: la revuelta de manifestantes en el Traspaso de Poderes del sábado pasado y la protesta de estudiantes del colegio Vargas Calvo por el uso de pantalones ajustados.

Ambos hechos no son cosa aislada en la realidad costarricense, sino que son una manifestación de algo verdaderamente problemático: la institucionalización de la violencia en las protestas. Ya sea una manifestación por la "autonomía universitaria", o por la concesión de los muelles de Limón, o por la riña taxistas-porteadores, o por el medio ambiente, o por la aprobación de un Tratado Comercial, las manifestaciones en nuestro país tienen algo en común y es que los participantes están yendo más allá del derecho a la libre expresión para violentar sistemáticamente los derechos de los demás ciudadanos, entre ellos, el libre tránsito y la propiedad privada.

En ASOJOD no sólo repudiamos estos actos sino que ya estamos cansados de ver que por cualquier cosa, especialmente si es algo tan ridículo como pantalones ajustados, cientos de personas -especialmente estudiantes colegiales o universitarios- recurran a la violencia para resolver problemas o exponer su oposición a alguna medida. Lo peor del caso es que ellos forman parte de una ciudadanía que ya ve como recursos legítimos y válidos, la violencia y la agresión, hasta el punto de celebrar, cual efeméride, eventos tan lamentables como el 24 de abril de 1970, fecha en que se llevó a cabo una de las más violentas protestas en Costa Rica: las protestas estudiantiles contra ALCOA, que no lograron su cometido pues siempre se pudo llevar a cabo la explotación de aluminio, aunque sí consiguió demostrar que la destrucción de vehículos, la agresión contra otros ciudadanos, la ruptura de vidrios, el grafitti y la intimidación, pueden usarse para cualquier cosa.

Estamos ante una cultura realmente peligrosa, por cuanto que cada vez que surge un problema, los costarricenses están recurriendo a manifestaciones violentas, bloqueos, tortuguismo y destrucción, en fin, a todo un cúmulo de irracionalidades, en lugar de acudir a las vías institucionales correspondientes para exponer su oposición. Justamente, el caso de los estudiantes del Liceo Vargas Calvo refleja lo absurdo de la mentalidad de muchos manifestantes, que primero causan daños y estragos y después de todo el problema, dicen que buscarán el diálogo para evitar la violencia. O sea, primero tiran piedras y lastiman personas y después pretenden sentarse a conversar, cuando debieron haber actuado alrevés. ¿Por qué se saltan las vías apropiadas, cuando existen? Si son lentas o no dan resultados eficacez, ¿por qué no trabajar para mejorarlas en lugar de destruir todo lo que se encuentran a su paso? ¿Por qué no comportarse como gente civilizada, conciente de que gracias al pago de impuestos de todos los ciudadanos están cursando estudios en instituciones públicas y que no deben morder a la mano que les da de comer.

Lamentablemente, los jóvenes de hoy nos están demostrando cómo serán en el mañana. Cuando lleguen a las universidades, muchos de ellos querrán recurrir a la violencia como recurso para solucionar problemas. Y cuando traten de ser detenidos por las autoridades para reestablecer el orden, serán los mismos que se victimizarán como si estuvieran reprimiendo una manifestación pacífica; serán los mismos que dirán que vivimos en una dictadura que no tolera la libertad de expresión y serán los mismos que pretenden que los demás individuos sacrifiquemos nuestros derechos para que ellos puedan destruir con toda tranquilidad lo que se les antoje.

El problema es serio y requiere medidas serias. Más que la detención de estos revoltosos y un castigo ejemplarizante, se necesita que los individuos tomemos conciencia del despeñadero moral al que nos dirigimos y tomemos decisiones para evitarlo.

En Vela

¿Querían violencia, en el marco de un plan de desestabilización, de demandas de granjerías, de quebranto de los derechos de la gente y de atentados contra la institucionalidad?

Pues bien, la lograron. Ahí están los frutos de las reuniones en las instalaciones de la UCR de miembros de la FEUCR, de sindicatos, de profesores, de APSE, de estudiantes, de exsindicalistas de Japdeva y de porteadores. Ahí están los frutos de la mentira y de los manifiestos que, en columnas anteriores, calificamos como demenciales, lanzados al país por Internet con pasmosa irresponsabilidad.

Había que sembrar la semilla. Si fracasaban en su intento, no aparecían firmas en los manifiestos que los desacreditaran y, si triunfaban, recurrirían a los clásicos de la lengua española: Fuenteovejuna, todos a una. Así, los culpables serían todos, no ellos, los que urdieron la trama. Sin embargo, algunos continuaron el guion y plasmaron lo que era de prever cuando la razón y la decencia se descaminan: el recurso a la violencia. ¿No era este el fin latente? Algunos ya están presos. Otros emprendieron la fuga. En el hospital están postrados tres guardias civiles, víctimas de los disparos de quienes, a partir de ayer, han pasado a engrosar el ejército de la delincuencia y ojalá que no de la criminalidad.

En esta aventura contra la institucionalidad las brigadas de choque de los porteadores tomaron la vanguardia en las calle. Sus líderes –prósperos e impunes– llevan años de desafiar al Estado y a la población. Ayer fue su hora de gloria. Al ver los sindicalistas, trabajadores municipales y dirigentes de APSE que los porteadores se habían apoderado de las calles salieron a recrear los fantasmas programados en San Pedro en días anteriores. A mediodía se hizo el recuento: tres guardias civiles baleados y decomiso de vehículos con armas en Limón. Y en San José y en otros lugares, millares de personas y de vehículos secuestrados en las vías públicas ante la suspensión sindical de la libertad de tránsito.

No es posible terminar esta columna sin referencia al impensable acuerdo del Consejo Universitario (UCR) contra la concesión de los muelles de Japdeva, esto es, a favor de la continuidad de las sagas de mayor perversión del servicio público, contra el interés nacional, en la historia sindical de nuestro país. Se puede violentar la autonomía universitaria por fuera, pero también por dentro y' con los recursos de los contribuyentes. Este recordatorio de nada servirá, pero explica mucho de lo que ha ocurrido.

¿Ya están contentos? ¿Cuál es el siguiente capítulo?

Julio Rodríguez

¡Preocupante!

En la noche de ayer, el carro de Alejandro Trejos (dirigente del Sí) fue baleado por un Toyota Corolla negro,,al menos en 10 ocasiones. En ASOJOD nos solidarizamos con el señor Trejos, pues nos parece aberrante que se den este tipo de situaciones, ya que, bajo ninguna circunstancia, un ser humano debe iniciar el uso de la fuerza contra otro individuo.

Esperamos así mismo, que dicho suceso no tenga ningún tipo de connotación política, ya que esto sería un daño irreparable para nuestro país.

Intervencionismo estatal

El día de ayer se presentó un gran disturbio en las inmediaciones del Mercado Central en San José, cuando vendedores ambulantes y la Policía Municipal se enfrentaron. Las imágenes televisivas sobre la situación fueron elocuentes: violencia, gritos, golpes, etc.

Pero lo más preocupante es el fondo del asunto: el intervencionismo del Estado sigue atentando contra la libertad individual y la generación de ingresos. El Estado, considerado por muchos como la panacea para resolver los problemas de los ciudadanos, es el que los está generando, pues al impedirle trabajar a estas personas, les está obstaculizando su salida de la pobreza. Y tal situación, sabemos, es caldo de cultivo para muchos otros problemas.

Por supuesto que no justificamos la violencia y las agresiones que se presentaron en dicho disturbio. No importa si viene de los vendedores o de los policías, el hecho es que la violencia es el recurso no racional para resolver problemas, y curiosamente, es el medio que nunca logra resolver definitivamente esos problemas. Sólo los oculta un rato, pero se convierte en una bomba de tiempo.

Para ASOJOD, estas situaciones podrían reducirse, sino evitarse, si los gobernantes comprendieran de una buena vez que no deben intervenir en transacciones voluntarias entre privados. No importa que la intervención se sustente en los más loables sentimientos e intenciones; el punto es que la única forma en que se puede mantener la paz y la tranquilidad es por medio del indivisible binomio libertad-responsabilidad.

En los acuerdos entre privados, el Estado no tiene por qué entrometerse, salvo que se violenten los derechos de alguna de las partes. Los vendedores ambulantes tienen, en la mayoría de los casos, este trabajo como única fuente de ingresos. Los compradores que adquieren lo que estos vendedores ofrecen, valoran más ese producto o las condiciones en que lo adquieren, que si lo hicieren en otro lugar. Ambas partes ganan por un acuerdo voluntario.

Por supuesto que habrá uno que otro que pretenda pasarse de listo y engañar a la otra parte. Pero el mismo mercado lo sacará de la competencia, pues nadie más le comprará o venderá. Y en todo caso, el Estado ahí sí debe intervenir para salvaguardar derechos. La coacción sólo es válida cuando es usada para reprimir una coacción previa.

Horda de salvajes

Una vez superado el divertidísimo escándalo Sokal (donde se demostró qué tan crítico es nuestro panfletario favorito, Iván Villalobos), es hora de pasar la página.

El pasado fin de semana se dio un bochornoso acto en las inmediaciones de la U Latina. Un grupo de jóvenes, aparentemente molestos porque no pudieron entrar a un concierto, destruyeron y robaron todo lo que encontraron a su paso. Esto, a todas luces, es lamentable, pues no sólo ensucia la imagen de los jóvenes sino que causa tremendos daños a la propiedad. Y como ya hemos sido testigos, en Costa Rica la gente casi nunca es penalizada.

Estos actos son dignos de bestias. Lo que más impresiona es que, aún cuando esta horda de salvajes tiene conciencia de lo que está haciendo, reclama cuando la policía llega a controlar el disturbio y a arrestarlos. Las fotos mostradas aquí son una muestra de que esos jóvenes no estaban realizando una manifestación pacífica sino que estaban destruyendo y robando propiedad privada.

No sabemos quiénes fueron los responsables de esto pero lo preocupante es que no es la primera vez que esto sucede en Costa Rica. Durante las manifestaciones contra el TLC (no en todas) y contra el Combo del ICE decenas de jóvenes también estuvieron involucrados en aberrantes actos que provocaron millones de colones en pérdidas, destrucción de espacios públicos y agresiones a otras personas.

Tampoco conocemos las causas que los motivan a estos cometer estos actos de vandalismo: algunas personas dirán que es la música, otros que son los problemas familiares, unos cuantos que es por causa del uso de drogas y licor. Hay quienes afirman que es por causa de la ineficiencia de las autoridades gubernamentales en materia de seguridad y hay otros que hasta alegan que esta es la revolución "pop" contra un sistema opresor.

Lo cierto del caso es que, si lo analizamos desde la perspectiva neoinstitucionalista, las reglas del juego no están siendo claramente definidas de antemano, como tampoco lo está el sistema de incentivos y castigos: cuando se establecen esas reglas, se debe explicitar qué es lo válido y lo inválido y cuáles serán los premios y castigos para quienes respeten y transgredan ese código normativo. Pero cuando alguien viola esa norma y no es castigado, entonces se transmite información: impunidad y a partir de ello, se crea un incentivo informal para comportarse de forma inválida.

Justamente eso es lo que debe cambiar. Como en ASOJOD lo hemos venido sosteniendo, es necesario que se castigue a los responsables de cometer este y otro tipo de actos que atenten contra la seguridad, vida, libertad y propiedad de las personas. Esperemos que esta vez las autoridades hagan valer el derecho y castiguen a los responsables (sean quienes sean). Pero también los ciudadanos debemos colaborar: no corresponde sólo al Gobierno mantener la seguridad, sino que a nosotros nos toca prevenirla, en el proceso de formación del ciudadano, es decir, desde la casa y desde las aulas (a cualquier nivel educativo). Y también nos toca reflexionar acerca de la forma en que pretendemos resolver los problemas: haciendo uso de la razón o de la fuerza bruta.

La violencia, el huevo y la gallina

Las próximas elecciones guatemaltecas giran en torno a la violencia. Cada vez es más frecuente. En México, Brasil, El Salvador, Honduras, Colombia, Argentina y Venezuela sucede lo mismo. La violencia callejera es la obsesión nacional. En el pobre país de Hugo Chávez, durante sus ocho años de caótico mandato, más de cien mil venezolanos han sido asesinados y apenas el tres por ciento de esos casos han sido sancionados por los tribunales.

Caracas es Bagdad sin mezquitas y sin americanos. Cuando la inseguridad es excesiva, esta sensación de indefensión se coloca a la cabeza de las prioridades. Tener trabajo es importante, pero seguir respirando y no vivir aterrorizado son factores aún más valiosos. Es muy desagradable mirar constantemente hacia atrás con el temor de sufrir una agresión fatal. Es el momento, dicen las encuestas, de la ``mano dura''.

Puede ser, pero la ''mano dura'' es la prueba de que el Estado de Derecho no funciona y por ello se recurre a una policía feroz de palo y tentetieso. No se trata de que súbitamente se hayan multiplicado los malos. En el fondo es un problema sistémico. La legislación es inadecuada. En general, no abundan los buenos parlamentarios y dentro de ellos hay muy pocos expertos en derecho penal o procesal. Tampoco se cuenta con reflexiones solventes de especialistas en criminología. Cuando Rudy Giuliani decidió combatir el crimen en New York —y logró diezmar a los malhechores— comenzó por revisar las buenas teorías sociológicas que explicaban la proliferación de los delitos y las formas de atajarlos. Siempre hay que partir de un presupuesto teórico.

En América Latina los jueces, fiscales y defensores, con excepciones, padecen una formación deficiente porque la carrera de derecho ha ido devaluándose paulatinamente. El que no sirve para otra cosa —afirma el dicho popular— se hace abogado (o maestro). Los funcionarios del poder judicial suelen estar abrumados de tareas y no cuentan con los medios materiales necesarios para impartir justicia rápida y equitativamente. Trabajan en instalaciones destartaladas, muchas veces carentes hasta de buenos archivos. A la policía le sucede lo mismo: poca formación académica, recursos limitadísimos y un salario miserable. Con frecuencia, los delincuentes están mejor armados que ellos y son infinitamente más poderosos.

El problema radica en que tener un buen Estado de Derecho requiere tres elementos esenciales: la decisión colectiva de colocarse bajo la autoridad de la ley (el factor cultural), una clase dirigente capaz de hacer un diagnóstico profundo y de arbitrar soluciones (el factor intelectual), y enormes cantidades de recursos materiales (el factor económico). Un buen Estado de Derecho implica disponer de universidades exigentes, legisladores sagaces, jueces probos muy bien educados, rodeados de asistentes competentes, y policías razonablemente adiestrados y pagados. Todo eso cuesta mucho dinero.

¿Cómo se consigue esa plata? Sólo se conoce una manera: creando un denso tejido empresarial que genere suficientes excedentes. La riqueza sólo se produce en las empresas exitosas que obtienen beneficios, invierten, crecen y pagan impuestos. Fuera de ese mecanismo sólo queda pedir prestado o asaltar al prójimo. El Estado de Derecho británico, con su pintoresco parlamento, sus solemnes magistrados con peluca, su Scotland Yard y sus bobbies existen porque el aparato productivo del país es capaz de pagar la factura. Si producimos poco y, por lo tanto, apenas contamos con excedentes, la calidad del sector público necesariamente tiene que ser mediocre o mala.

Esa verdad de Perogrullo nos precipita a una deducción inevitable: aquí no existe el dilema del huevo o la gallina. El alivio de los problemas (jamás se solucionan del todo) comienza por la creación de una base material capaz de costear un Estado eficiente, y eso significa echar los cimientos de una sociedad hospitalaria con las inversiones y la creación de empresas. Un Estado de calidad requiere un tejido empresarial de calidad. Así de simple.

Carlos Alberto Montaner, tomado de www.firmaspress.com

¡No más!

Desgraciadamente sigue la fiesta que ciertas personas se han querido montar respecto al TLC. Ahora resulta que el exçministro de agricultura Rodolgfo Coto fue golpeado en el Club Unión con una botella en la cabeza, por parte del señor Álvaro Madrigal. El golpe se debió a una discusión en torno al TLC.

En ASOJOD esperamos que las instancias judiciales pongan fin a estos actos vandálicos antes de que los mismos se salgan de control. Desafortunadamente parece que muchas personas en contra del tratado han hecho suyas las palabras que pronunciara el ¨rector de la patria¨ Eugenio Trejos: ël tratado se aprobará sobre mi cadaver