La columna de Carlos Federico Smith: transparencia, no ocultamiento

Una de las prácticas que en el estado se suelen llevar a cabo, es la intención de tapar cosas que puedan dar lugar a situaciones incómodas frente a la opinión pública. En realidad, es poco lo que en nuestros medios de comunicación se expone acerca de tal tipo de prácticas, no porque no se lleven a cabo, sino porque mantenerlas en la oscuridad es lo que activamente buscan los responsables de la administración pública, y a veces tienen éxito en ello. Por tal razón me agradó leer una información diferente de la que usualmente se suele brindar acerca de la ineficiencia del estado; en este caso, se trata de un destape. El comentario aparece en La Nación del 23 de diciembre, bajo el siguiente encabezamiento: “Nacional hurga en los correos electrónicos de sus directivos: Junta Directiva de Banco ordenó investigar quién filtró documentos a semanario ‘El Financiero’”.

De acuerdo con una publicación de El Financiero (EF) del 12 de octubre, titulada “Banco Nacional aplica fuertes medidas de ajuste para mejorar sus resultados financieros”, “Desde que empezó el 2014, el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) está ejecutando una serie de duras medidas para mejorar sus principales indicadores y resultados, los cuales se deterioraron en el 2013.

La junta directiva de esa entidad solicitó a la administración acciones para fortalecer el índice de suficiencia patrimonial y para levantar la eficiencia y la rentabilidad, según documentos y actas a los que EF tuvo acceso.

Dichos planes incluyeron medidas como la emisión de deuda subordinada, el aporte de dividendos por parte de subsidiarias, la venta parcial de la cartera de crédito, un recorte en gastos, la aplicación de comisiones por servicios y el cierre de oficinas.” 

Independientemente de la certeza acerca de quiénes pueden haber llevado a cabo tales “filtraciones” de documentos, el tema de discusión evidente es si los ciudadanos costarricenses tenemos el derecho a saber acerca de las decisiones tomadas por la Junta Directiva del Banco Nacional. Tal divulgación podría ser impropia o incorrecta si existieran razones legales para prohibirla -cosa que incluso podría ser cuestionable por tratarse de asuntos de interés público-, como, por ejemplo, si estuviéramos en presencia de un secreto de estado. Asimismo, quiero pensar que la información que recientemente ha visto la luz, tanto en las ediciones de El Financiero como de La Nación antes citadas, ha sido suministrada y puesta en conocimiento de las autoridades reguladoras bancarias pertinentes. Espero, además, que ésta no haya sido objeto de lo que en la jerga de los financistas se conoce como “maquillaje” contable, de manera que esos entes obtengan información confiable y real de la operación y el estado del banco regulado. Pero quiero, más bien, pensar que la entidad bancaria está tomando medidas para mejorar una situación financiera que no se considera la mejor. E incluso, que son medidas que tal vez el banco ha debido tomar para poner en orden situaciones que han sido ya advertidas por las entidades reguladoras, y que se requiere sean solucionadas.

El dar a conocer en los medios las medidas que el Banco Nacional ha debido tomar, no “daña la imagen” de la entidad, como han aseverado algunos. De haber un daño a la imagen, surge, no porque el ciudadano conozca por la prensa hechos o decisiones tomadas por la Junta Directiva de dicho banco estatal, sino por su actuación durante el período significativo; esto es, que los resultados no fueron los esperados por las razones que sean. Creo, por el contrario, que saber por los medios acerca de las medidas presuntamente correctivas de los problemas administrativos previos, más bien mejora la imagen del banco. Un ocultamiento pretendido de la situación sí dañaría la imagen del banco, pues va en sentido totalmente opuesto a la idea de transparencia en las acciones que debe caracterizar a las entidades públicas.

Otro argumento, que también se ha indicado como razón para “investigar a directivos”, es porque esa información publicada podría “ser utilizada de forma indebida.” En mi opinión, si hay formas incorrectas, delictivas, de conducta como, por ejemplo, una actuación inapropiada de competidores en busca de debilitar al banco, o si existiera un delito de por medio, como una ruptura de una cláusula de confidencialidad de información por parte de funcionarios o una clara actuación conflictiva de intereses, de parte de quien la puede haber divulgado, creo que esos presuntos actos ilegales deberían de hacerse del conocimiento de las autoridades correspondientes. Pero, también, en todo momento debe estar presente el principio cardinal del derecho de los ciudadanos, de saber qué, cómo, cuándo, dónde y para quién su gobierno hace las cosas. 

Por ello, no le veo tanta sustancia al alegato de los administradores oficiales del banco, como cuando aseveran que “La Junta Directiva acordó realizar una investigación lo más exhaustiva posible, con el fin de analizar la totalidad del contenido del reportaje y tratar de establecer la forma, tiempo y lugar en que se divulgó la información, así como determinar los posibles responsables de dicho hechos delictivos”. Podrán investigar lo que quieran, pero lo publicado es algo presuntamente sucedido y que está debidamente registrado en actas del banco. Esas actas son del dominio público y de ninguna manera su divulgación ante la ciudadanía parecería indicar algo como “hechos delictivos”. Personalmente, creo que más bien debemos agradecer que cosas como éstas no queden tapadas, sino que lleguen plenamente al conocimiento de los ciudadanos, que al fin de cuentas no sólo son los propietarios de ese banco, sino también los que se beneficiarían o afectarían con decisiones como las comentadas. 

Al final de cuentas, tal como lo reiteró recientemente la Sala Constitucional, “las actas de las juntas directivas de los bancos del Estado son de libre acceso, pues contienen información de interés público.” (Por supuesto, obviamente que la privacidad existe únicamente en lo referente información confidencial privada que dispone el banco; por ejemplo, no puede, si no es por orden judicial, revelar los movimiento de mi cuenta bancaria o la información privada que he presentado en una solicitud de crédito). O sea, usted y yo y todos los ciudadanos del país tenemos derecho a saber qué pasa en nuestro estado y, concretamente, con las actuaciones de las juntas directivas de los bancos y en lo particular, en el caso mencionado del Banco Nacional. En donde reina la oscuridad, se facilita la corrupción. Ese puede ser un buen principio para aplicar en este tipo de casos de acciones del gobierno, que se puede querer que yazcan en la opacidad. Luz, más luz: recuerden las palabras finales de Goethe.

Jorge Corrales Quesada

Desde la tribuna: ¿omnividente y omnisapiente? ¡Jamás!, pero sí "voyeurista"

Hemos destacado el curioso hecho de que, aunque la ocupación de político esté tan desacreditada, no obstante la gente va en la inercia de adjudicarle cuanta cosa pueda al Estado, a pesar de que está en manos de los políticos. ¡Curioso!

Sin embargo, hay otra cuestión igualmente singular, producto de la mitología actual:  adjudicar al Estado las facultades de omnividente y omnisapiente, a pesar de que esta organización (eufemismo) no puede superar en un ápice las capacidades de sus funcionarios.  Más bien sucede con mucha frecuencia todo lo contrario: que Estado actúa tan disfuncionalmente que consigue lo peor de sus colaboradores (con honrosas y evidentes excepciones, por supuesto). 

 El Estado, eso sí es cierto, ha intentado ser “panóptico”, trata de ver todo. Pero no pasa de ser “voyeurista” o “samueleador”.   

Hace años, con el pretexto del impuesto sobre la renta (vocablo arcaico) se ha apoderado de las contabilidades de las personas y empresas. Muchos contadores tienen como parte de su ética la vigilancia de las cuentas para el Estado. Con ello desnaturalizan la utilidad de las contabilidades. Igualmente, con el pretexto de la lucha contra el crimen, se ha creado el delito de “legalización de capitales” (autónomo del robo, estafa, narcotráfico o cualesquiera otros que pudieran haber dado origen al capital) y una nueva forma de hacer “voyeurismo” en las finanzas ajenas.

A raíz del escándalo de los “wikyleaks” y recientes acusaciones respecto de los registros telefónicos, resulta revelador cuánto invierten los Estados en meterse en la vida del prójimo.  

No obstante, tales incursiones no hacen al Estado más sabio, más vidente, más inteligente sino todo lo contrario:  más abusivo, más agresivo y más violador. En todo el mundo abundan las denuncias relativas al uso de información privilegiada por parte de funcionarios públicos. También son frecuentes las denuncias por uso indebido de la información obtenida para actividades tributarias.

Lo más curioso del asunto es que la situación debería ser exactamente al revés: los ciudadanos deberíamos saber cada día más de lo que pasa en Palacio, conocer hasta el último céntimo (que no peso) que se gasta en el ámbito público, saber de la vida de los funcionarios, tener cuentas verdaderas y al día. El Estado debería ser como una “casa de cristal” y todo debería quedar a la vista de la sociedad.

Y los estatólatras insisten, en cambio, en otorgar al Estado cada día más funciones e intervenciones en la vida particular.  Siguen creyendo en su omnisapiencia, en su omnividencia, en su bondad … aunque esté nutrido de políticos y sea imposible que lo sepa todo.

Algunos quieren que el Estado sustituya al mercado, otros que asuma toda la educación, no faltan los que lo prefieren a la Iglesia y muchos quisieran que sustituya a las familias. ¿Cómo será que siquiera tienen tales ocurrencias? Le adjudican, además, el mejor comportamiento moral, la mayor inteligencia, la mejor información y el mejor uso de medios.  

La evidencia, en cambio, muestra la corruptibilidad que se da con la concentración de tareas, la disfuncionalidad que produce el exceso de tamaño, los graves costos sociales de fomentar un Estado grande, las perversiones en que incurren los funcionarios públicos y la lentitud y atrasa a que se somete toda la sociedad con la tramitopatía. 
 

Federico Malavassi Calvo   

La columna de Carlos Federico Smith: quéjense pero no hagan olas.

En ocasiones experimento cierta frustración, al notar cómo los medios de información dan a conocer noticias que deberían de alertar la acción de entidades estatales, dado que involucran el uso de fondos públicos, Sin embargo,  éstas no se ven incentivadas a actuar.  Tal vez es porque esperan que algún ciudadano les presente, en papel sellado,  una denuncia formal, en donde se especifiquen cargos y se den nombres y se brinde toda la parafernalia de detalles que únicamente el cerebro del burócrata puede imaginar.  Una institución, que de alguna manera esté encargada de monitorear posibles usos irregulares de fondos públicos, debería de alertarse ante la simple mención de los hechos y no esperar a que estos pasen a mejores glorias, a causa de su olvido, omisión o desidia. Parece que la conducta aceptable en nuestro país es que los ciudadanos y los medios de comunicación agiten las aguas, pero que no lleguen a hacer olas.
 

En días recientes se han dado informaciones en distintos medios acerca de varios hechos que voy a citar y tratar brevemente, que en apariencia tienen que ver con la utilización de recursos públicos o bien que tienen un obvio interés público. Todo ello debería de haber provocado la acción rápida e interesada de organismos públicos especializados, tanto para dirimir posibles interpretaciones al respecto así como para actuar, si fuere el caso, a fin de detener posibles hechos irregulares.
 

Uno de ellos tiene que ver con la denuncia, en un medio de televisión, de que la planta de tratamiento de aguas negras de la nueva comunidad de Cinchona, edificada con posterioridad al terremoto en esa zona, sufre de graves defectos en su construcción, que parecerían indicar no sólo su inoperancia en alto grado, sino también que su costo fue desproporcionado, además de que pone al vecindario en un verdadero peligro sanitario. No es suficiente la respuesta que en su momento brindaron los responsables de la obra, quienes dijeron que nada de lo que se dijo era cierto. Un estado moderno y acucioso acerca del uso apropiado de los recursos gubernamentales allí involucrados, debería de haber actuado de inmediato para solicitar que las afirmaciones efectuadas sean valoradas apropiadamente en cuanto a su verdad. El punto esencial es que son muy elevados los fondos públicos involucrados en ese proyecto, como para que simplemente la información sea una nota necrófila más y no una clara llamada de atención de un periodista acucioso e interesado en vigilar el buen uso de los recursos públicos.
 

Otro caso notorio y probablemente de mucho mayor impacto financiero que el anteriormente expuesto, se refiere al estado del régimen de pensiones de la Coste Suprema de Justicia. Su quiebra potencial constituye una amenaza grave a los recursos públicos.  Si lo que se ha escrito al respecto es cierto  –esencialmente que las pensiones que hoy se pagan bajo ese régimen y las que tendrán que pagarse en un futuro cercado no se podrán cubrir con lo que hoy recauda dicho régimen- su insuficiencia financiera terminará siendo pagada por toda la ciudadanía mediante presupuestos estatales. De hecho se ha afirmado que, si se cobrara hoy a los beneficiarios de ese régimen, de forma tal que no haya insuficiencia de recursos, casi que no alcanzaría siquiera con todo el sueldo de los trabajadores cubiertos. De hecho hoy una parte importante de ese régimen de privilegio es pagado por todos nosotros mediante el presupuesto del Poder Judicial.   No es admisible que don Luis Paulino Mora, jerarca del Poder Judicial, hoy guarde silencio acerca de la verdadera situación financiera del fondo de pensiones de ese poder. No debe esperarse más a que la situación empeore para poner orden en él, sin llegar a una quiebra inminente, para que, posiblemente, una vez mas, se acuda a los presupuestos públicos que todos financiamos, para que pueda seguir la manutención de los hoy beneficiarios directos del privilegio.  Ya es hora de poner orden en ese régimen de pensiones hoy tan cuestionado.
 

Una tercera noticia de la semana que verdaderamente se las trae es la denuncia de la Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria (AIVEMA) de que la gasolina que vende RECOPE utiliza un aditivo, creo que denominado MTM, para elevar su octanaje, con el grave riesgo de que puede causar daños graves a la salud de los usuarios y, en general, de la población. Además de AIVEMA, también hubo declaraciones en noticieros de televisión de ingenieros químicos conocedores del tema, quienes también advirtieron de estos peligros.  La reacción del monopolio fue expedita, cual fue negar que tal cosa se estuviera dando. Pero todo lo expuesto deja grandes dudas entre los ciudadanos, quienes hoy no tenemos claro quién puede haber dicho la verdad. Nos sentimos indefensos por nuestro desconocimiento. Un estado responsable, y por la seriedad de quienes han afirmado la existencia de ese daño potencialmente tan grave, ya habría buscado averiguar cómo es que están las cosas y ver si es posible arreglarlas, ante de que haya algo que efectivamente dañe a una población indefensa. Pero la denuncia no parece haberle importado a nadie.  Por ejemplo, ¿por qué ningún diputado ha pedido que se investigue el asunto?
 

Ya que hablamos del monopolio de RECOPE, no hace mucho tiempo en varios programas de un noticiero de televisión se formuló una serie de denuncias , por parte de unos economistas muy respetables, quienes cuestionaron los costos de la nueva refinería multimillonaria que aquella entidad planea llevar a cabo junto con el gobierno chino.  Me imagino que, ante la forma vehemente y respetuosa como se refirieron esos economistas, que, de paso, ningún otro medio mostró un interés similar en investigar, se habría presentado alguna explicación, como respuesta sensata a aquellas objeciones.  Pero, como suele ser lo frecuente, nunca las hay y cuando aparece lo que aparenta ser una respuesta, ésta se circunscribe a una simple negación de los hechos que se afirmaron. El monto multimillonario de la inversión en una refinería de petróleo, cuyo costo tendremos que pagar todos los costarricenses, deberá ser escudriñado al máximo. No podemos vernos empantanados una vez más en proyectos con costos posiblemente inflados, en que haya precios más altos que los que alternativamente se podría pagar, entre otras linduras del caso.  Aunque RECOPE “sea el Estado”, un estado de verdad, que responda a los intereses de los ciudadanos, de inmediato se habría abocado a brindar públicamente, abierta a toda la ciudadanía, toda la información, explicaciones y datos  que nos merecemos. La oscuridad es totalmente inconveniente
 

Tanto que se habla de transparencia, pero no se le ve por ningún lado.

Jorge Corrales Quesada

Desde la tribuna: ¿ley mordaza?

Para una república, para una democracia, es elemental (vital) el tema de la libertad de expresión. No hay que olvidar que el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos consagra este importante derecho (buscar, recibir y difundir información).
 

La posibilidad de que una ley relativa a los delitos informáticos (9048), cuyo formato es una reforma al Código Penal, esté atentando contra la libertad de expresión (pariente cercanísima de las libertades de pensamiento, prensa y enseñanza) es pareja con el hecho de que nuestro Estado no ha superado los entuertos contra la libertad de expresión señalados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Mauricio Herrera.
 

Por eso es risible el argumento de los diputados, en el sentido de que cualquier error es un gazapo de los asesores. Igual, el desempeño de la Presidencia de la República, que no veta el proyecto de ley sino que le da el “Ejecútese” y la promulga, pero que se deshace en cumplidos hacia la prensa y organiza una comisión de reformas (un placebo).
 

Preocupa que la técnica legislativa sea tan pobre y complicada (la ley 9048 es un exceso de verbos que no logran determinar un tipo penal preciso y es obvio que hay una serie de disposiciones que amenazan la libertad de información). Preocupa que la Presidencia de la República sea evasiva y finja complacencias.  Preocupa que una parte de la prensa sea tan contradictoria, pues un día apura a los legisladores y exige leyes al por mayor y al día siguiente se rasga las vestiduras por el contenido de las leyes (la misma historia que con la Ley de Tránsito).

 

 Asusta el entorno, pues hace pocos días el CONAVI recordaba a sus funcionarios que tenían el deber de confidencialidad y hay una acusación contra funcionarios por sospechas de haber filtrado la información que descabezó el  nudo de negocios de la familia Herrero-Procesos.  

 

El Estado debería ser como una casa de cristal, transparente y con todo a la vista. Esta ley y el entorno nos dejan ver que el panorama se complica. Sin libertad de expresión el pueblo no puede informarse adecuadamente para tomar decisiones. Cae así una garantía básica y un supuesto de la forma republicana que caracteriza a nuestro Estado. 
 

Hay que reconocer que la tendencia en el poder costarricense (Asamblea y Ejecutivo) no es pro libertad de expresión. Una vez que entendamos esto entonces será claro que hay que promoverla la libertad de expresión y sus garantías.

Federico Malavassi Calvo