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martes, 10 de mayo de 2016

La columna de Carlos Federico Smith: competencia y consumidores

Una de las primeras cosas que me impacto al iniciar mis estudios de economía hace más de cincuenta años, fue la proposición de que el fin último de una economía era lograr satisfacer los deseos y necesidades de las personas.  Es decir, el objetivo no era la producción en sí, ni tampoco la empresa privada (o pública) como tal, o bien que una economía produjera aquello que alguna autoridad determinara como satisfactor de los deseos o necesidades humanas.  En el centro estaba el consumidor, aquella persona que tenía necesidades o deseos que buscaba satisfacerlos de alguna manera. 

Con el paso del tiempo me fui dando cuenta de que el sistema de organización que con más eficiencia logra ese objetivo -esto es, con menores costos; menores recursos empleados en hacer algo- era el capitalismo competitivo o sistema de mercado competitivo. No brindo en esta ocasión mis ideas en torno a porqué comparativamente es una opción mejor para dicho logro, sino que aprovecho para referirme hoy cómo, en algo tan reciente en nuestro medio como es el uso de la aplicación de Über en el país, hay propuestas en contra de su operación que a quienes daña es a los consumidores -cuya satisfacción es el objetivo básico de la economía- y cómo es que los grupos que más adversan dicha aplicación se caracterizan por no ser competitivos en el sentido económico. Al contrario, suelen ser detentadores de algún privilegio estatal que impide que haya un número suficiente de oferentes, de manera que se pueda considerar que estamos en presencia de un mercado competitivo.

En la mañana del jueves 5 de mayo arrancó una marcha de protesta que salió desde el Parque de la Paz hacia la Casa Presidencial, en la cual los manifestantes que la integraban eran esencialmente taxistas rojos -el actual establishment de taxis- y autobuseros, con el objetivo de solicitarle al gobierno que prohibiera la operación del sistema denominado Über, a través del cual una parte privada se pone libremente de acuerdo con otra parte privada, para ser servida con un traslado de un lugar hacia otro.

Detrás de todo esto hay un interés supremo, que debe primar en toda economía, en todo momento: la mayor satisfacción de los consumidores, la cual lógicamente se da cuando aquellos pueden libremente escoger entre alternativas, aquella que le parece es la mejor. Esto es, cuál le sale más barata; cuál servicio es de mejor calidad; cuál se le provee en el momento oportuno en que se le requiera; cuál llega más expeditamente a donde uno le pide que vaya, en el marco del enmarañado tránsito urbano al menos de nuestra área metropolitana; así más, de cuál se recibe un mejor trato personal al brindársele el servicio. Que como consumidor seamos libre de escoger lo que mejor nos parezca, que lo podamos hacer sin imposición de nada ni de nadie, es lo que obviamente nos conviene como los consumidores.

Posiblemente si uno es propietario de su propio medio de transporte prefiera escoger usar lo que es suyo, pero incluso eso tiene el costo de la incomodidad y el estrés de manejar en caminos convulsos, así como puede ser necesario incurrir en costos de cuido del vehículo o de estacionamiento (además de los lógicos de gasolina y aceite), pero muchas veces tiene ante sí la opción de escoger entre un bus, un taxi tradicional, uno pirata o bien el servicio Über, tomando en cuenta diferenciales de precios, de rutas, de accesibilidad adónde se dirige, de trato, etcétera.

El costo total para el consumidor se refleja en el precio a que se ofrece el servicio y ese precio resulta ser mayor cuando el oferente de dicho servicio no tiene competencia que le obligue a reducirlo al consumidor. Por tal razón hay tanto esfuerzo de hombres y de empresas para, de alguna forma, lograr convertirse en monopolistas; en el caso concreto, de que no haya competencia en el servicio que ofrecen. Afortunadamente, no hay más monopolios en una economía porque hay libre entrada de competidores. La clave está la mayoría de las veces en manos del estado: en si está dispuesto a permitir la libre entrada (y salida) de oferentes en una actividad económica o si le otorga el privilegio del monopolio a alguien (o a algún grupo de ellos). Es una simple forma de protección del interés de alguien en particular, específico, al impedir que otros puedan competir con éste.

Entre los manifestantes de hoy, hay representantes de dos sectores de la economía que efectivamente están caracterizados por la falta de competencia. Ya acerca de los taxistas se ha dicho mucho: su número es restringido por decisión del estado (lo cual ha provocado la existencia subterránea y ciertamente riesgosa de los llamados piratas). Tal limitación la expresa el enorme precio (multimillonario) que hay que pagar por obtener “la placa” o permiso para poder trabajar legalmente como taxista, si es que se busca la vía de comprar el permiso en vez de esperar la gracia divina del estado (de sus políticos). Una persona, aunque reúna todas las condiciones técnicas que suele requerir el estado para quienes disponen de placas de taxis, si no tiene dichas licencias, simplemente no puede trabajar.  Esa limitación en la oferta de servicios de taxis se traslada a los consumidores, los cuales tienen que pagar precios mayores que los que tendría si cualquiera pudiera ser taxista (cumpliendo requisitos técnicos mínimos), lo cual aumentaría la oferta en el mercado.

El otro sector que se manifestó hoy en contra de la competencia que les traería Über, es el de transporte remunerado en autobuses. Aquí el caso es interesante, porque no sé hasta qué grado los autobuses son sustitutos -principalmente por los niveles de ingresos de los usuarios- del servicio que brinda Über. Pero, en todo caso, aunque me salgan con el cuento de “solidaridad” con los taxistas, no creo que tal “solidaridad” exista en la actualidad, pues ambos sistemas suelen competir fuertemente entre sí.  Por ello, la manifestación debe ser porque también los privilegiados autobuseros temen que la presencia de Über vaya a incidir negativamente sobre sus negocios.

Resulta que el servicio de buses no es competitivo: no existen dos o tres empresas que dan el servicio directamente a Desamparados o a Sabanilla de Montes de Oca o a tantos lugares del país.  Rige un régimen mediante el cual una ruta se le asigna a una empresa mediante lo que se llama una concesión.  Esto es, se supone que hay una licitación abierta para que diversos oferentes pujen por obtener la concesión para operar una ruta pre-establecida, satisfaciendo parámetros esperables, tales como calidades del servicio, frecuencia, etcétera, pero esencialmente que está sujeta a una tarifa que cubre los costos determinados por el estado. Para ello, este toma en cuenta, supuestamente, las cifras que la empresa brinda en torno al número y frecuencia de usuarios, la distancia de las rutas, entre otros.  El hecho es que hay un solo oferente para cada ruta de buses específica, a pesar de que es de esperar que haya muchos otros que desearían poder entrar a dar el servicio en condiciones similares. Asimismo, es un hecho que dichas concesiones duran períodos relativamente largos; no es algo que ni siquiera se otorga competitivamente, de forma anual, sino que dura por un tiempo significativo.

Y no, no le voy a entrar al hecho de lo apetecidas que son las contribuciones políticas a ciertas agrupaciones electorales, no sólo recibidas como aporte monetario sino en la prestación de servicios en momentos cruciales, políticamente hablando.  No tengo pruebas específicas, de casos concretos, de ello, de manera que cada uno de los lectores lo tome como le parezca, aunque la lógica de la elección pública nos dice que la maximización del poder de parte de los políticos suele a conducir al otorgamiento de tales servicios a quienes se sirvan aportar apoyo para la permanencia de esos políticos.

Así, el consumidor de servicio de buses en una ruta concreta no tiene en dónde escoger: debe usar el servicio concesionado, le guste o no (si no lo gusta, puede usar los taxis actuales o los piratas o bien Über, pero bien saben que les salen más caros que los buses). Pero no puede usar -contratar- un servicio de buses competitivo, porque tal servicio de hecho, por la decisión restrictiva del estado, no existe: el ciudadano consumidor no tiene forma de optar por otro bus que sea de igual o mejor calidad, pero de menor precio, que el que monopolísticamente enfrenta por el sistema de concesión estatal.

Por eso, estoy a favor de Über -además de creer en el progreso: no quiero que nadie me obligue a volver a las épocas de las carretas o de los caballos- porque me permite como consumidor escoger libremente un servicio que hoy no puedo obtener en las condiciones de restricción de la oferta que he comentado y las cuales le permiten al productor monopolista obtener un precio mayor que el que recibiría si estuviera en un régimen de competencia.

La competencia como consumidor me favorece.  En cualquier economía, producir por producir no tiene sentido.  Nada de beneficio se lograría si alguien decide producir behemots para nuestro consumo o también burps que nadie desea  (no existe ninguno de esos en nuestros mercados) o, digamos, carne de tiburón “madurada”, o algo similar.  La producción tiene sentido la producción si está destinada a satisfacer los deseos y necesidades de las personas. Esa producción será mucho mejor y más barata si resulta de la competencia entre las partes que participan de la oferta del bien o servicio. Es allí cuando más se nos beneficia a los consumidores.

Por tal razón, rechazo la manifestación de grupos que quieren evitar la competencia, que lo que quieren es mantener grados de monopolio, pues con ello se daña a la totalidad de consumidores de la economía, que somos todas las personas.

A su vez, debe tenerse presente que la posibilidad de una competencia suele ser acicate para quienes hoy están conformes con el estatus quo que le brinda el estado. Una competencia puede incentivarlos a que sean más eficientes en lo que hacen: es su forma de mantener los clientes.  Surge así enorme estímulo para que los taxistas actuales se pongan las pilas y mejoren su producto y así complazcan a los consumidores. Traten de hacerlo mejor y más barato que Über.

Jorge Corrales Quesada

jueves, 21 de marzo de 2013

Jumanji empresarial: enfrentar la realidad Ya (Parte II)

Una medicina para la recesión que se ha probado con frecuencia es un incremento en el gasto gubernamental financiado por déficit; medicina aplicada sin prudencia por el gobierno de Oscar Arias Sanchez, en la administración pasada. Pero sugerir el gasto financiado por déficit como una contramedida a un malestar económico se basa en el supuesto de que el problema es una demanda insuficiente, o sea que la actividad económica ha decaído como respuesta al poco consumo o a una demanda total insuficiente. Aceptar este supuesto es confundir el síntoma con la causa.

Es cierto que se cierran empresas y los trabajadores se quedan sin empleo porque no pudieron encontrar suficientes compradores para su producción. Pero este estado de cosas se debe a su vez al hecho de que su producto era inconsistente con las preferencias de los consumidores. Dicho en palabras simples, las firmas eventualmente encontraron demanda insuficiente porque fueron animadas por las distorsiones monetarias a producir bienes que los consumidores no querían lo suficiente como para pagar un precio rentable por ellos. Como corolario, los trabajadores empleados en la producción de esos bienes no queridos o no vendibles encontrarán que sus servicios tampoco son vendibles, lo que da como resultado su desempleo. El problema subyacente es esencialmente una distorsión en el patrón de precios relativos (Hayek 1979, p. 8). Queda claro entonces que impulsar el consumo mediante gasto deficitario no resuelve el verdadero problema – mala asignación de recursos– y de hecho puede empeorarlo. Después de todo, el gasto gubernamental no está sujeto a la disciplina del mercado. Es poco probable que un gobierno presionado a gastar para sacar a la economía de la recesión preste mucha atención a los análisis de costos y beneficios, dejando que los contribuyentes y los compradores de bonos paguen la factura por aburridos proyectos exagerados en cuanto a sus beneficios, por los políticos de turno. Además, el gasto deficitario desplaza la inversión y el ahorro privados y los reemplaza por consumo derrochador. Esto cambia la mezcla de ahorro y consumo hacia el consumo, lo opuesto del ajuste necesario, prolongando así la recesión e inhibiendo la recuperación (Rothbard 2000 [1982], p. 20).

Del mismo estilo que el gasto deficitario existe la política de bajar los impuestos. Lo interesante es que ésta puede ser una política efectiva, en un caso de hacer lo correcto por las razones equivocadas. De nuevo aquí el supuesto es que el problema es una demanda insuficiente, y “poner más dinero en los bolsillos de la gente” reduciendo las tasas tributarias o creando créditos tributarios especiales remediará ese problema al estimular el gasto de consumo. Es probable que se produzca ese estímulo, pero lo mismo que la anterior, no es una solución, pues se ha identificado mal el problema. El gasto adicional resultante de una reducción de los impuestos, al igual que el gasto deficitario, no hace nada para corregir el patrón de mala inversión que generó la recesión en primer lugar. Sin embargo, si la reducción de impuestos fuese estructurada para promover ahorro, inversión y producción, puede ayudar a acelerar el proceso de recuperación. Sin embargo, se debe tener en cuenta que una reducción en los impuestos tiene el potencial de incrementar el crecimiento, sin importar cuál etapa del ciclo de negocios celebra su llegada. Es también importante reconocer que si la reducción en los impuestos no viene acompañada de la reducción correspondiente en el gasto, los posibles efectos negativos de los déficits gubernamentales pueden borrar los efectos directos positivos de las reducciones. El plan más seguro y efectivo sería entonces bajar el gasto junto con los impuestos, liberando más recursos para ser usados por el sector privado, sin conjurar el espectro de los déficits.

Andrés Pozuelo Arce

martes, 4 de diciembre de 2007

China y EEUU ¿quién trabaja para quién?


Ciudad de México (AIPE)- En realidad, millones de chinos han estado trabajando muy duro para que millones de estadounidenses vivan mejor.

Usted qué prefiere: ¿Comprar barato o vender barato?

El progreso de China consistentemente lo vemos al revés de lo que es la lógica elemental de la economía. Si el verdadero objetivo de la actividad económica es vivir mejor, no deberíamos decir que a los chinos les va muy bien porque cada día le venden más cosas a Estados Unidos, sino que les empieza a ir bien porque cada vez pueden comprarle un poco más a Estados Unidos y al mundo.

En 2003, China superó a México como proveedor de los consumidores estadounidenses y es muy probable que en breve supere también al Canadá y se convierta en el país líder en exportaciones a Estados Unidos. Un dudoso campeonato.

¿Por qué "dudoso campeonato"? Porque no compramos para vender, sino que vendemos para poder comprar, que es lo verdaderamente interesante, como suelen saber muy bien las mujeres. Lo que nos debe interesar, para evaluar el progreso real de China en términos de bienestar para los chinos, es cuánto más pueden comprar ahora respecto de lo que podían comprar hace siete años. Visto así, China no va por mal camino, pero le falta muchísimo por recorrer: En 2001, por cada dólar en mercancías que China exportó a Estados Unidos importó sólo 18 centavos de dólar de mercancías estadounidenses; en junio de 2007 la situación había mejorado un poco (para los chinos en términos de bienestar tangible: capacidad de compra y consumo) y por cada dólar que exportaron a los estadounidenses, les compraron ya 20 centavos en mercancías.

En los siete años que van de 2001 a 2007, los chinos han trabajado muy duro para que los consumidores estadounidenses y del resto del mundo –que son clientes de los chinos- puedan vivir mejor; a cambio, empiezan a mejorar su precario poder adquisitivo y ya pueden comprarle un poquito más de bienestar al mundo. Si China cada vez vendiera más pero cada vez comprara menos se estaría empobreciendo. Esto último es lo que sucede en Venezuela y le pasará en breve a la Argentina: un alto crecimiento del producto interno bruto (valor monetario de la producción total de bienes y servicio) pero que no significa un mayor poder de compra y, por lo tanto, es una mejoría ficticia.

Ricardo Medina