La columna de Carlos Federico Smith: proteccionismo cafetero

No hay duda que el proteccionismo tiene mil caras. Al asomarse la posibilidad de competencia, el gremio afectado acude a buscar protección al gobierno de turno para que le proteja ante todos los males que le traerá dicha competencia. Por supuesto, alegará todo tipo de razones, excepto una: que esa competencia podría significar una reducción en el precio a los consumidores y así dañar su negocio. Por eso el proteccionismo es inaceptable. Inventará cualquier cosa para impedir que ese consumidor, cuya satisfacción debería ser el objetivo de toda economía, pueda tener la oportunidad de conseguir ese producto más barato o de mejor calidad, si fuera posible.

Ahora los proteccionistas pretenden introducir legislación que impida la importación de café desde otros países, para usarse como mezcla con cafés nacionales y ser vendido en el país. 

Se busca que la entidad conocida como ICAFE regule las importaciones de café del exterior hacia el país. ICAFE agrupa no sólo a productores nacionales del grano, sino también a procesadores industriales, así como a exportadores y, por supuesto, a funcionarios del gobierno de turno. Aquí, el ICAFE es el equivalente del CONARROZ o de la LAICA, entre otros, que pretenden que sus agremiados sean protegidos ante una competencia más económica. En este caso, ICAFE no sólo alberga a un gremio específico, sino a diversos subgrupos del sector cafetero, entidad que, en esta oportunidad, posiblemente se encuentre en un serio conflicto interno, pues la búsqueda de protección para uno de esos subgrupos significa un costo mayor para los otros y, por ende, para los consumidores.
 

Se ha presentado un plan que se tramita en la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa, que tiene características claramente violatorias de la libertad de contratación y de comercio constitucionalmente garantizadas, así como a la libertad de comprar a calidades y precios que se definen en un mercado.
 

Lo que se pretende en dicho proyecto, según lo señala La Nación, en su edición del 18 de febrero, bajo el título “Tostadores de café denuncian intento de poner barreras a importación de grano,” es, en primer lugar, que los contratos privados de importación de café en grano tengan que ser informados ante el ICAFE. Evidentemente, el interés de los proteccionistas es impedir la posibilidad de que se venda un café más barato en el país, o de una calidad diferente al nacional, lo cual es una aprobación subjetiva de los consumidores, como es lo natural. Por supuesto, la realidad es que ese café nacional es más caro aquí pues nuestra producción doméstica tiene un precio más alto en los mercados internacionales, en comparación con otros cafés del exterior.
 

Alguien diría que aquello último protege al productor nacional, pues así obtiene un buen precio por su producto colocado en el mercado interno. Ciertamente, pero lo hace a costas de los consumidores. 

Pero, hay algo más, Costa Rica exporta todo su café de alta calidad a precios comparativamente altos, de forma que, para el mercado doméstico, queda, y siempre ha sido esa la práctica, un café de menor calidad que el exportado de mayor valor. (Por eso uno ve cierta promoción para los consumidores de cafés nacionales, que anuncian ser de “calidad de exportación.”)
 

Costa Rica debería producir todo el café de alta calidad que pueda, si su demanda internacional es elevada, traduciéndose así en un precio alto, pero no debería hacerlo a costas de impedirle al consumidor tener un café para consumo doméstico que sea más barato, al impedirse la importación de un grano extranjero menos costoso que el nacional. Posiblemente sea para proteger la venta en el mercado interno de café doméstico de menor calidad, pero que, tal vez, es más caro que el importado.
El ICAFÉ se convertiría en un ente con prácticas monopolísticas que impide la libertad de comercio entre las partes y, posiblemente, para ello, introducirá mayores restricciones, disfrazadas de normas técnicas que frenan la importación del grano del exterior. (Parecido a las “normas técnicas” usadas para impedir la importación del aguacate, por las cuales todos hemos sufrido). Posiblemente dirán que lo que se pretende es la entrada de un café de menor calidad que el nacional, pero eso quien lo determina, al final de cuentas, es el consumidor. ¿Y si la gente le gusta más un café mezclado del “bueno” nacional con el “malo” importado? De ello podrá diferir un catador, pero yo soy mi propio catador, y defino qué es lo que me gusta. Y, además, ¿qué tal si ese café mezclado es más barato que un café “no mezclado” de grano nacional? Si me parecen buenos y aceptables sustitutos, es mi derecho pleno poder comprar el que me salga más barato.

Finalmente, agregarán que, ante el buen nombre del café nacional en el mercado internacional, habrá gente en el país que traerá café “malo” del exterior, lo volvería a etiquetar como “café nacional” (el “bueno”), y lo vendería engañosamente en el mercado internacional, ocasionando, de paso, un daño al prestigioso café nacional.
 

Esto último no se lo cree nadie, pues asume que, quienes compran en los mercados internacionales, son incapaces de poder distinguir entre un café nacional “bueno” y un nacional falso “malo.” ¿Cómo que si no existieran catadores internacionales capacitados? Y, aún más, como si en las relaciones comerciales internacionales no hubiera un conocimiento tradicional entre vendedores y compradores, en donde el prestigio de la calidad del producto transado se ha determinado desde hace mucho tiempo, y en que cualquier engaño significaría una pérdida muy elevada en la confianza de los negocios usuales entre esas partes. Lo dejarían de comprar de ahí en adelante.
 

Es muy claro que lo que se pretende es que los consumidores nacionales seamos cautivos en precio y calidad de productores nacionales, incluso de productores de reconocido prestigio en la calidad de su grano, que por ello posiblemente lo exportan beneficiosamente al exterior, dejando para el mercado interno aquel de menor calidad. Pero, déjennos consumir lo que nos parezca, a precios que nos pueden ser más favorables y preocúpense por seguir mejorando la calidad del café de exportación, demostrada, no desde hace “más de 30 años” como señala una declaración en el medio citado, sino durante siglos, en los que hemos demostrado ser capaces de competir eficientemente y sin proteccionismo en los mercados externos. 
 

Por favor, señores diputados, no permitan que se nos convierta en vasallos económicos, con costos indebidos a todos los consumidores, para beneficio de unos pocos. No somos tontos: déjennos elegir que es lo que podemos preferir, a un precio más bajo y con una calidad mayor, o una mezcla que uno escoja, en contraste con una imposición proteccionista más.
 

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: de nuevo se quedó. No pasó el examen la educación costarricense

El que algo suceda una y otra vez, casi hasta el cansancio, no debe llevarnos a una pasividad e indiferencia a todas luces indebidas. En lo particular, lo que pasa repetidamente no es nada bueno, sino que, por el contrario, es hasta vergonzoso, por no decir augurio de un futuro nefasto. Me refiere a los últimos resultados (del 2018) de las llamadas pruebas PISA (siglas en inglés del Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes), que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) realiza cada tres años. La del 2018 se llevó a cabo en 78 países y se refiere a las pericias en Matemáticas, Ciencias y Lectura en esas naciones. En nuestro país, 7.221 estudiantes de los niveles 70 a 110 año hicieron los exámenes en 205 centros educativos.

Empecemos por el resultado en Ciencias: el país obtuvo una puntuación de 416 en el 2018; hace tres años (2015) logró una de 420 y en el 2012 obtuvo 427 puntos. El promedio de todos los países del estudio de la OCDE en el 2018 fue de 489 puntos. En síntesis, en el 2018 bajamos con respecto a los dos exámenes trianuales previos. (Con perdón de los callinectófilos, que corregirán mi error diciéndome que “los cangrejos no van para atrás, sino de lado,” repito y aplico el dicho popular que, en cuanto al examen en Ciencias de las pruebas PISA, “vamos pa’trás como el cangrejo).

Ahora en cuanto a Matemática: el país obtuvo una puntuación de 402 en el 2018; hace tres años (2015) una de 400 y en el 2012 de 407 puntos. El promedio de los países del estudio de la OCDE en el 2018 fue de 487 puntos. Bueno, ligera mejoría en Matemáticas, ojalá que sea resultado de una mejor forma de enseñanza de las Matemáticas, pero, en verdad, todavía insuficiente, pues en el 2012 se tuvo una puntuación mayor. Tristemente, la reforma en el programa de Matemáticas puesto en marcha desde el 2012, “sigue sin ponerse en práctica a pesar de las capacitaciones a los educadores” y a que “los docentes se muestran reticentes a su educación,” según informa La Nación del 4 de diciembre en su comentario “Persiste caída del rendimiento de colegiales en evaluaciones PISA.”

Uno pregunta ¿dónde estaban los ministros de educación y su cohorte, para forzar esa supuesta mejor forma de enseñar las Matemáticas? (Asumo que la reforma es adecuada). Termino con los resultados en Lectura (elemento principal según PISA): el país obtuvo una puntuación de 426 en el 2018; hace tres años (2015) logró una de 427 y en el 2012 436 puntos. O sea, otro “cangrejazo.” ¡Qué tristeza!
 

Lo más grave es que los costarricenses, al menos en cuanto al presupuesto del Ministerio de Educación, cada vez gastamos más. “En los últimos 12 años, el presupuesto… se ha cuadruplicado; en el 2007, el presupuesto era de ¢679.659 millones y en el 2019 llegó a ¢2.6 billones.” Lástima que la comparación no sea en términos reales, pero, también, y es un mal que suele presentarse en nuestro país que, al hablarse de cifras de gasto en educación suelen ser sólo aquellas del ministerio de Educación, que no presentan las cifras del gasto total de los ciudadanos en educación esencialmente privada. Pienso que esto último se ha incrementado en los últimos tiempos ante la relativa decadencia de la educación pública en los niveles indicados por las pruebas PISA (además del Informe del Estado de la Educación ampliamente conocido).

El problema con nuestra educación no parece ser falta de fondos, pues, de una u otra forma, los costarricenses aparentemente cada vez gastamos más en ella y los resultados no parecen ir al mismo ritmo, sino todo lo contrario. Eso debería preocuparnos mucho, pues no sólo se trata de recursos escasos que los costarricenses no podemos usar en otras cosas (el costo de oportunidad) sino que, también, expresa una decadencia futura de la calidad de los educandos en nuestro país.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: más proteccionismo ad portas

La marea proteccionista no cesa de arribar. Uno puede haberse ilusionado que en cierto momento ella se hubiera detenido, aunque fuera en algún grado, pero la reducción arancelaria, que beneficia a los consumidores, tenía excepciones que se resumen en una desgravación a lo largo de varios (muchos) años. La ilusión es que algún día llegará la hora en que el arancel será sumamente bajo, alentando así a que la competencia externa pueda vendernos productos esenciales más baratos.
 

Es cierto que ya han pasado muchos años desde que se dio el proceso de apertura comercial de nuestra economía, y que aún no se termina el proceso de desgravación, pero, en realidad, la cosa es más grave. Sabemos de la vigencia del proteccionismo a los arroceros, así como también la pretensión -afortunadamente rechazada. En su momento, por el ministerio de Economía- de aumentar el arancel a la importación de varilla de construcción. Ahora, el monopolio doméstico del azúcar (lo llamo así, pues es un cartel que pretende operar como un solo vendedor en el mercado) pide que el arancel proteccionista sea incrementado.
 

La Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (LAICA) le pidió al ministerio de Economía (MEIC) que haga un estudio para imponer mayores aranceles a los hoy vigentes a la importación de azúcar -actualmente un arancel de poco más del 45% sobre el precio de importación. En el 2017 ese gremio había solicitado un aumento del arancel proteccionista de un 6.8%, pero el gobierno (siguiendo el camino proteccionista lo aumentó, pero en menos; en un 3.67%). Ahora la LAICA vuelve a las andadas y cabildeos y pretende que el gobierno utilice las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para casos de dumping, con la denomina cláusula de salvaguardia, que no es sino una limitación más a la importación del producto.
 

La cláusula señala que un país puede restringir temporalmente las importaciones de un bien que compite con una producido domésticamente, para proteger a aquel país de un aumento en importaciones que amenace o cause un grave daño a la producción doméstica. LAICA pretende que se aplique esa cláusula para frenar importaciones de Brasil (y tal vez del mercado mundial, pues los precios han bajado) y que luego que se imponga un arancel, definido por el MEIC, que se adicionaría al ya vigente del 45%.
 

El precio del azúcar al consumidor no está fijado por ley, de forma que importaciones a un costo menor (con todo y esos aranceles ya de por sí elevados) le impiden al cartel elevar el precio al consumidor y al usuario doméstico del azúcar.  Es de esperar que, si la fuente de la competencia externa se extingue, primero, con la cláusula de salvaguardia y, luego, con el posterior aumento en el arancel, habrá una reducción de la oferta de azúcar en el mercado doméstico, lo que permitiría elevar su precio.
 

Al momento de la información base que aparece en La Nación del 9 de julio, titulada “LAICA solicita al MEIC elevar arancel a azúcar importado,” el ministerio rechazó tomar la medida temporal de cerrar importaciones, en tanto investiga la acusación de dumping para lo que proceda. Ojalá que, cuando el MEIC tome la opinión de las “partes involucradas,” esté presente el invitado invisible a esas reuniones: el consumidor que debería ser libre de escoger el producto al menor precio posible y con la mejor calidad, sin imposiciones de algún gremio específico que quiere imponérselos a un mayor precio. Después de todo, son los consumidores el objetivo final de una economía: satisfacer sus deseos y necesidad de la mejor manera posible.  Si se remueven los aranceles proteccionistas podremos adquirir una azúcar más barata y de igual calidad, para beneficio de los 5 millones de consumidores.
 

Teniendo en mente las palabras de una escritora, Caroline Breashears, refiriéndose a acuerdos proteccionista con la industria azucarera de su país, y que son perfectamente aptas para nuestra circunstancia, reafirmo que “Los acuerdos endulzados con la industria del azúcar dejan un sabor amargo en las bocas de los consumidores.”

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: sigue la lucha en defensa de los privilegios

Era esperable que, desde distintos flancos, se desatara una férrea oposición a cualquier intención de reducir las llamadas pensiones de privilegios, pues diversos entes y personas buscan pretextos para que se mantenga la transferencia de recursos de todos los costarricenses para sufragar pensiones de privilegio, para las que nunca se contribuyó lo suficiente.
 

Es así como La Nación, en un comentario publicado el 9 de marzo y titulado “Sindicalistas y un exmagistrado impugnan reforma a pensiones,” nos describe algunas de las acciones legales que concretamente se han planteado para cambiar el régimen de pensiones del Poder Judicial, aprobado a fines del año pasado. Debe tenerse presente que en la actualidad el déficit financiero del régimen de ese Poder para que cumpla con todos sus compromisos, se estima en ¢5.3 billones.
 

Se trata de impugnaciones de 7 dirigentes sindicales de la Asociación Sindical de empleados judiciales (ANEJUD), de la Asociación Nacional de Profesionales del Poder Judicial (ANPROJUD), del Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJUD), de la Asociación de Investigadores en Criminalística y Afines (ANIC), de la Asociación de Jubilados y Pensionados del Poder Judicial (ASOJUPEN), del Sindicato de la Judicatura (SINDIJUD) y de la Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD) (espero que sean todos, pues me cansé de mencionar a tantos, pues más bien se parece al monstruo mitológica La Hidra de Lerna, poseedora de múltiples cabezas en un mismo cuerpo), además de un exmagistrado de la Sala IV. (E incluya, además, en el paquete de impugnaciones a “un funcionario del sistema jurídico y el presidente de una cooperativa judicial.”
 

Cada uno de ellos apela distintas partes de la decisión legislativa citada y muchas son comunes, por lo cual me referiré, en general, a qué artículos de ella se impugnan:
 

1. La reducción de la pensión desde el 100% de los últimos 24 salarios a un 82% de los últimos 20 años de salarios. Además, porque se elevó la edad de retiro a 65 años en vez de 62 como era antes y porque se cambió de 30 a 35 años los requeridos como mínimo para poder pensionarse. (Artículo 224)
 

2. Anteriormente menores de 60 años podían acogerse a una pensión anticipada, ahora es de 60 años para las mujeres y 62 para los hombres (la impugnación no es por esa clara discriminación, sino en general).  Además, pues se aumentó de 10 a 20 años el número de años requeridos para acogerse a esa pensión anticipada. (Artículos 224bis y 226)
 

3. Porque se cambió la forma de cálculo de la pensión por incapacidad. (Artículo 227)
 

4. Por el aumento en la cotización del trabajador, que pasó del 11% al 13%, a la vez que se conservó el aporte estatal de 1.24% (igual que el del IVM de la Caja) y el del Poder Judicial como patrono de un 14.36%. (Artículo 236)
 

5. Dado que la reforma introdujo las llamadas “contribuciones solidarias”, graduadas entre un 35% y un 55%, cuando la pensión sobrepasa los ¢4 millones mensuales. (Artículo 236bis)
 

6. Contra un transitorio de la nueva ley, que da 18 meses a partir de su promulgación, para que los funcionarios del Poder Judicial se pensionen con las condiciones (de privilegio) del régimen anterior. (Transitorio VI)
 

Se presentan muchas variaciones sobre los mismos temas, pero debo destacar algo que simplemente como argumento es pobre, cual es la opinión de un accionante, representante de SITRAJUD, en torno a la nueva legislación que eleva a 20 años los que debe laborar un empleado de la Corte para poder jubilarse, quien dijo que “dicho cambio deja en indefensión a los familiares de los funcionarios que fallezcan antes de llegar a ese punto.” Sin palabras…
 

El hecho es que siguen peleando por sus privilegios y, dado que conocen los intríngulis judiciales, cabe ver si quienes votan ante las impugnaciones judiciales tienen un interés o beneficio directo o indirecto en ellas: si no son juez y parte, como decimos los de a pie. Tristemente entre el gremio judicial, al menos en los sindicatos organizados a lo interno de ese Poder, parece primar el interés de seguir recibiendo pensiones de lujo para las cuales no contribuyeron personalmente lo suficiente y que ahora son sufragadas por toda la ciudadanía mediante el presupuesto gubernamental.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: Banco Popular, otro feudo estatal bajo la lupa

Recientemente, un informe confidencial de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) del 6 de setiembre pasado y comentado por La Nación del 8 de octubre, bajo el encabezado “SUGEF cuestiona nombramientos en gerencias del Banco Popular,” señala una serie de decisiones tomadas por la Junta Directiva de ese Banco, por las cuales “se incurrió en observancias a sanas prácticas de buen gobierno, así como incumplimientos de la normativa interna y externa,”
 

Los tres funcionarios cuyos nombramientos se cuestionan son el gerente general, de apellido Rodríguez, y dos subgerentes, de apellidos Aguilar y Rodríguez. Ellos fueron nombrados por un período de 5 años, por un procedimiento disputado por la SUGEF.
 

En esencia, la Junta Directiva del Banco aprobó el 22 de mayo pasado los elementos de idoneidad y perfiles que deberían tener los tres nuevos funcionarios. Pero, poco después, el 24 de mayo, la Junta nombró en los nuevos puestos a Rodríguez, anterior gerente de Popular Pensiones, así como a Aguilar, quien fungía como director de riesgos del grupo bancario, y el 4 de junio a Rodríguez, quien estaba a cargo del puesto de bolsa del Banco, sin que el Banco hubiera definidos los nuevos cargos y el rol que desempeñarían los nuevos funcionarios.
 

La SUGEF advirtió que la misma semana en que la Junta empezó “a analizar los atestados de los candidatos, coincide con la fecha de designación.” Asimismo, la SUGEF “criticó que la selección de los gerentes fuera hecha de forma exclusiva por la Junta Directiva” sin acudir a asesores externos especialistas en selección de personal. Igualmente, que no hay evidencia de que la Junta entrevistara a alguno de los candidatos a esos puestos y tampoco aparecieran “en los expedientes suministrados… pruebas aplicadas a los candidatos, como, por ejemplo, pruebas psicométricas, pruebas de habilidades, pruebas técnicas, ni estudios de carácter económico y social, entre otros.” Además, se refiere el informe de la SUGEF, que hubo directores del Banco que “conocieron la lista completa de candidatos una semana después de nombrados el gerente y subgerente.” Esto último sorprende, pues a la hora de votación de los directores no se les presentó el informe correspondiente con la totalidad de los candidatos, o bien, sólo unos sí lo sabían, mientras que otros no.
 

Pero hay más. En cierto momento se les nombró ganando un sueldo (no se indica si a los tres referidos o sólo a alguno de ellos) de ¢12.6 millones mensuales (me imagino que es sueldos más pluses, pero que no incorpora salarios en especie), si bien ya existía una directriz de la presidencia de la República en cuanto a un tope de ¢9.5 millones al mes, para los gerentes de los bancos estatales. Este salto olímpico a la directriz se tradujo en que el gobierno suspendiera a sus tres representantes en la anterior Junta Directiva del Banco. (Antes de esa directiva presidencial, el sueldo del gerente del Banco era de ¢16.5 millones mensuales).
 

La SUGEF indica que, cuando se nombró a estos tres funcionarios, el Banco no tenía “una política de remuneraciones para la alta administración aprobada y de fácil acceso público,” así como que los directivos “eligieron a los gerentes, pese a que incumplían con requisitos para ocupar puestos claves, dictados por el propio Banco y la SUGEF.” Así como que el nuevo gerente general “no tenía experiencia en alta gerencia a nivel corporativo en instituciones públicas o privadas.” Similarmente, que el subgerente Aguilar no “cumplía con el requisito de contar con al menos cinco años de experiencia en puestos de alta gerencia,” y que no hay evidencia de que el subgerente Rodríguez tuviera estudios “con especialidad en finanzas internacionales o administración de proyectos.”
 

Bueno, todo se cocinó dentro de casa. Y pensar que todos los trabajadores del país se ven obligados a cotizar, como parte de las cargas sociales, un 1% de su salario, si bien les será devuelto después, pero, también se obliga al patrono, que incluye al estado y, por tanto, se hace con los fondos de todos los ciudadanos, a desembolsar el 0.5% del salario, para que pase a ser propiedad del Banco. Creo que es hora de que esa transferencia totalmente innecesaria para el Banco cese y que opere por su propia gestión, no con subsidios de la ciudadanía. Como diría alguien, “ya están muy grandecitos” para requerir subsidios pagados por todos.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: el salario único. El caso de la ARESEP

En muchas ocasiones hemos escuchado la idea de que la solución al problema de la estructura salarial en el gobierno, así como el alto costo de la planilla, se resolverían una vez que se eliminaran los diversos pluses y se fijara un salario llamado único. Tengo la impresión que en varias instituciones gubernamentales lo han hecho así, como los casos que me llegan a la mente del Banco de Costa Rica, de la Contraloría General de la República y de la ARESEP. Destaco que una característica del sistema de salario único es la voluntad de aceptarlos para los trabajadores del momento en que se acuerdo, y su vigencia para todo nuevo trabajador que ingrese a la institución (cerca de un tercio de los empleados del BCR está todavía bajo el sistema antiguo de pluses).
 

Al momento no parece haber un estudio sistemático de si la reforma ha tenido un efecto, además de eliminar el sistema basado en pluses en el grado en que lo han aceptado los trabajadores “viejos,” de contención o reducción del peso salarial en los presupuestos de las instituciones que han puesto en marcha el sistema de salario único.
 

De aquí que considero que es sumamente interesante y útil lo que nos presenta la edición de La Nación del 30 de julio, bajo el titular “Salarios en ARESEP crecen en 34% en cinco años: De ¢7.125 a ¢9.572 millones para el 2019,” para ver los efectos del cambio en la política salarial, dado que esa institución desde el 2008 estableció el salario único.
 

El medio señala que en cinco años (del 2014 y el 2019), “el gasto en sueldos para sus 332 empleados habrá aumentado un 34%,” e indica que, entre las causas de ello, “está un aumento en la cantidad de empleados”, en “el mayor pago de remuneraciones corresponde al aumento en la cantidad de plazas, sobre todo el ocurrido en el 2015, cuando se crearon 17,” como lo reconoce la ARESEP. Los salarios, sin incluir las cargas sociales se incrementaron en un 34% en esos 5 años.
 

La comparación que a uno le gustaría tener es cuánto han aumentado los costos salariales, incluyendo pluses, para los cerca de 110 empleados que están bajo el anterior régimen salarial y cuánto para los restantes (aproximadamente 230 empleados bajo salario único), para así comparativamente valorar cuánto es el peso respectivo de cada uno de los sistemas en el total de erogaciones salariales totales de la institución.
 

Esto nos diría, en el caso hipotético de que los salarios únicos crezcan menos que los otros que comprenden pluses, que la reforma, a largo plazo, puede ser la conveniente en un marco de entrarle a los costos de cualquier institución, pero, también, se debe tomar en cuenta otro factor que surge cuando algún ente pretenda hacer la transformación de un sistema de pluses a un sistema de salario único, cual es el punto de partida.  Esto es, si, cuando se instauró el salario único, había montos muy elevados en comparación con los salarios anteriores basados en pluses y, por ello, se tiene un peso mayor de la carga salarial.
 

Claro, lo difícil de la transacción es que, dado que cambiar de un salario con pluses hacia un único de carácter voluntario, posiblemente, para que los trabajadores acepten el cambio, la entidad deba ofrecer un monto mayor al inicio bajo los salarios únicos, que el sustentado en pluses.
 

Según el reporte periodístico, las remuneraciones básicas, que comprenden servicios especiales, suplencias y sueldos para puestos fijos que incluye el salario único, han crecido en un 37% en esos cinco años, pues pasaron de ¢4.505 millones en el 2014 a ¢6.173 millones en el 2019. Por su parte, los pluses crecieron de ¢2.620 millones en el 2014 a ¢3.399 millones en el 2019; esto es, un aumento de 29.7%. Pero, lamentablemente, no nos permiten aseverar con exactitud que el sistema salarial basado en pluses ha crecido menos que el nuevo basado en un salario único, pues aquella cifra de remuneraciones incorpora la parte del salario a la que se adicionan los pluses para conformar el pago a los trabajadores “viejos.”
 

Se necesita una mejor separación de las partidas para saber si el nuevo sistema es más económico o no que el viejo basado en pluses.
 

Pero, como que por todo lado sigue vigente el serio problema de elevados salarios en el sector gubernamental, que en última instancia son sufragados por los ciudadanos. En el caso particular de la ARESEP, provienen de “los cánones que cobra a 70 entidades o empresas de servicio público por las labores de regulación, los cuales, a su vez, se trasladan a las tarifas que pagan los usuarios.”  Esto es, que, si bien el gasto en el costo laboral del sistema de los salarios únicos podría crecer menos que como lo hace el sistema de salarios más pluses, el cambio puede haber significado una suma muy elevada en el costo total laboral de la entidad.
 

Sugiero al medio hacer la comparación debida, así como analizar el impacto habido en el cambio del esquema salarial de la Contraloría y del Banco de Costa Rica, para valorar adecuadamente si se ha traducido en una reducción de costos para la ciudadanía.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: Hacinamiento en las cárceles

Ante justas inquietudes ciudadanas por el hacinamiento en las cárceles, algo que no debe suceder por ser un castigo indebido e impropio de una sociedad civilizada, la respuesta usual de los burócratas es que no hay plata para construir las obras, además de la exitosa oposición de los sindicatos de Albino que impidieron que hubiera una cárcel privada, moderna, en la zona Atlántica, simplemente porque perderían como asociados a los guardianes de las actuales cárceles estatales.

Por es sumamente esclarecedor, y ciertamente provoca cólera, ver que hay recursos financieros destinados para ello y que lo que ha sobrado es la desidia de los burócratas en construirlas. Esto lo reseña en La Nación del 19 de marzo, en un comentario titulado “Hacienda critica baja ejecución de presupuesto para construir cárceles: Análisis de Autoridad Presupuestaria entre 2014 y 2017.” Dicha inacción a pesar de que el ´hacinamiento carcelario ronda el 13%, 13 de las prisiones tienen cierre técnico por sobrepoblación (ni un solo reo más puede ingresar a esos centros) y el único centro penal para indiciados debe desalojarse por completo.” Adicione que “el nivel de encarcelamiento aumenta” al pasar de 9.000 reos en el 2012 a más de 14.000 en el 2017.

Según la Autoridad Presupuestario del ministerio de Hacienda, entre el 2014 y el 2017 la partida de bienes duraderos del Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes (PIAB), ente adscrito al ministerio de Justicia, durante el período 2014-2017 se ejecutó apenas un promedio del 24.5% de lo presupuestado, que en gran parte se usaría para construir cárceles.

La burocracia respondió, ante las críticas, que esas partidas anuales requieren de tiempo para ejecutarse, pero lo cierto es que no se han llevado a cabo en su totalidad en ese lapso de 4 años. Y eso es lo que importa en última instancia. Pero, como es lo usual, atribuyen el problema a la Ley de Contratación Administrativa, pero, aun cuando se permiten contrataciones directas más sencillas, como es el caso reciente del enorme retraso en la construcción de escuelas, simplemente la obra no se hace.

Por eso, plata hay, pero también inutilidad para invertirla y una evidente falta de programación de las obras para las cuales se requirieron los fondos del presupuestos público. Lo triste es que, de 12 proyectos que, de acuerdo con el PIAB, están en proceso y para los cuales hay destinados ₡20.930 millones, sólo uno de ellos, que se ubicaría en La Reforma, genera nuevos espacios, en este caso para mujeres. Los demás proyectos en proceso no son para disponer de más campos, sino para “modelaciones o construcciones de áreas administrativas o de visita infantil, entre otros.” 

Claro, una de las razones, nos han dicho los burócratas, para soltar las “golondrinas” es el problema del hacinamiento, por lo que, según lo expuesto, en nuestro futuro no hay previstos más espacios, por lo que debemos esperar que aumente la bandada de golondrinas, pues “no habrá campos y, ante el hacinamiento, mejor soltarlos.”

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: las consecuencias del cuasi monopolio eléctrico

Según la Ley que Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela No. 7.200 de 1990 y sus reformas de 1995, se le garantiza al ICE las decisiones acerca de quién puede producir y venderle la luz, de forma que permite que esa entidad conserve prácticas monopólicas y monopsónicas. 

Al ser el ICE el que autoriza quién puede producir electricidad, al exigir que sólo el ICE la adquiera para revenderla y que su tamaño se limite a un máximo 50 megavatios (MW), además de que el conjunto de empresas así limitado en su producción no supere el 15% de la potencia de producción del Sistema Eléctrico Nacional, el ICE se asegura el control de la producción y la distribución de la electricidad en el país. Tiene espacio para ser casi el único productor y casi el único comprador de electricidad en el país. 

Obviamente, las posibilidades de ejercer prácticas monopólicas perjudican a los consumidores, quienes tienen menos alternativas donde escoger cual es el productor del bien según sus preferencias, al estar esencialmente sujeto a un producto único, más el de otras pocas empresas relativamente pequeñas (usualmente cooperativas). Al mismo tiempo, como cualquiera que entre a producir -obviamente de un tamaño pequeño, dada la ley citada- está obligado que vender su producción al ICE como único comprador, ello posibilita situaciones potencialmente corruptas, en donde una empresa de esas puede ejercer influencias para que lo que compre por el ICE lo haga a un precio relativamente elevado, en comparación al costo al cual podría producirla otro potencial productor. Pero, por otra parte, también el comprador único define el precio al cual compra la energía, inferior al habría en un mercado competido. 

Al igual que el monopolio buscar equilibrar su posición óptima, reduciéndola hasta un punto en donde el precio es mayor y la cantidad vendida menor a las de una situación de competencia, en el caso del monoposonio, el único comprador también define su posición óptima adquiriendo una cantidad inferior y a un precio menor que lo que tendría que haber pagado en competencia. En el primer caso, el monopolista explota al consumidor y, en el segundo caso, el monopsonista explota al vendedor del cual adquiere el bien. El ICE es casi el único vendedor de electricidad a los consumidores del país y casi el único comprador de electricidad a los productores independientes.

La exclusividad legal otorgada al ICE tiene otro efecto importante que recientemente que fue objeto de un comentario en La Nación del 20 de enero, bajo el título “Costa Rica dejó ir inversiones por $1.000 millones en energía limpia: Ley ahuyenta a privados al prohibir instalaciones mayores a 50 MW.” 

En palabras de Jorge Sequeira, director de CINDE, “el modelo actual no permite que un inversionista venga y gaste $100 millones en una planta solar y venda energía a clientes. La ley se lo impide.” Y claro, hay mucho inversionista extranjero en dicho sector quien, ante esta situación, mejor lleva su empresa potencial hacia otro país, incluso cercano, de donde, por la interconexión centroamericana, puede terminar vendiéndola más caro al ICE desde el extranjero, en ciertos momentos de escasez (y el consumidor pagaría así un precio mayor). 

Lo interesante es que CINDE ha indicado que, en los últimos 5 años, el país ha perdido más de mil millones de dólares en inversión en producir energía eléctrica renovable (eólica y solar), por dichas restricciones legales. Dice el medio que “eran emprendimientos de países como China, Canadá, Estados Unidos y naciones europeas y árabes, que habrían generado cientos de empleos...” Pero, también, con una mayor competencia en la producción, nos podríamos haber haber beneficiado con una disminución de los altos costos de la electricidad, factor que sin duda, no sólo deprime la llegada de empresas con tecnología moderna que utilizan intensivamente a la electricidad, sino también a todos los consumidores cautivos.

Datos de Bloomberg New Energy Finance indican que en el 2017 la inversión mundial en energías renovables y tecnologías inteligentes para la electricidad llegó a $333.500 millones; $324.600 millones en el 2016 y $360.300 millones en el 2015. Y noten, “México registró en el 2017 inversiones por $6.200 millones (516% más respecto al 2016); Argentina $1.800 millones (777% más), y Chile, $1.500 millones (55% adicional respectivamente respecto al 2016.)” 

¿No creen que podían haber invertido aquí si hubiéramos tenido las restricciones menores de esos países? ¿Será que, por el afán de preservar al monopolio/monopsonio del ICE, estamos dejando de percibir una importante inversión extranjera en momentos en que caería como anillo al dedo en una economía trastabillante como la nuestra? ¿Será por temor a la competencia de un ente estatal que los ciudadanos tendremos que seguir teniendo una producción menor y precios más elevados de la electricidad que los potencialmente posibles?

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: insaciabilidad docente

Se dice que alguien es insaciable cuando nada lo llena en sus deseos o necesidades. Al pensar en ponerle este título a mi comentario, regresó a mi mente una película de principios de los años sesentas, Los Insaciables, en donde un millonario hacía de todo con tal de salirse con la suya, enriqueciéndose más y más, aunque, en realidad, era una persona infeliz. Probablemente fue al leer el comentario en La Nación del 13 de julio titulado “MEP pagará plus por peligro de desastre, dengue o crímenes: Ministerio negocia con sindicatos fijación del monto,” lo que desató mi recuerdo.

Sólo que, en esta ocasión, es algo más moderno: no se trata de un individuo sin límite personal alguno, sino de un gremio sindical que no se detiene en sus pretensiones de lograr que sus maestros asociados ganen más y más por cualesquiera razones. Y, por supuesto, esas pretensiones, de otorgarse, deberán ser pagadas por toda la ciudadanía, por la vía de más impuestos.

Según el medio, ya el Ministerio de Educación Pública, MEP, “es la institución que más incentivos paga; en total, sus empleados tienen acceso a 40 tipos distintos (ojalá algún día se brinde un listado de ellos). Se trata de pagos extra por recargo de funciones o por horarios de trabajo más extensos”, lo cual desafía mi imaginación acerca de qué pagos adicionales se han de dar por recargo de funciones o un horario de trabajo más intenso, como para llegar a 40. Pero, eso no es todo: ahora resurge la insaciabilidad. Esto es, los sindicatos piden que se les aprueben nuevos rubros de pagos extra por diversas razones, como parte de su convención colectiva, efectivos a partir del 2018.

Antes de nombrar algunas de las nuevas reclamaciones, ya hay vigentes un par de ellas de líneas similares, que vale la pena mencionarlas. Por una parte, está un pago extra “por laborar en instituciones ubicadas en los distritos de bajo y muy bajo nivel de desarrollo socioeconómico llamado índice de desarrollo social relativo (IDS), por el cual se pagaron ₡22.000 millones en el 2016. En promedio, los educadores reciben ₡500.000 al año” (dato que no entiendo, pues, si se mencionan 27.712 servidores en el MEP y un monto anual de ₡22.000 millones, el promedio anual por servidor sería de aproximadamente ₡794.000). 

También ya existe otro incentivo llamado zonaje, “que se da a los trabajadores que prestan servicios en zonas calificadas como ‘incómodas o insalubres.’ El año anterior, este sobresueldo significó ₡3.000 millones para 30.000 servidores. Se les pagan entre ₡5.550 y ₡55.100” (de nuevo, el medio en otra parte informa que “el monto total por zonaje en el 2016 fue de ₡6.546 millones para un total de 31.329 servidores, lo que da un promedio de algo más de ₡208 mil al año, así que los datos de que oscilan entre ₡5.550 y ₡55.100 deben ser mensuales).

Aun así, el sindicato de maestros pide que para el 2018 se paguen 7 nuevos rubros o incentivos por “peligrosidad,” que es el término que los engloba, y que son:
 

1) Pago extra por localidades con riesgo de inundación;
2) Pago extra por localidades con gran cantidad de casos de dengue, zika o chikungunya;
3) Pago extra por vivir en los alrededores de los volcanes activos;
4) Pago extra por laborar en zonas de alta incidencia de delincuencia;
5) Pago extra por laborar en zonas de alto embarazo de adolescentes;
6) Pago extra por trabajar en zonas de alta mortalidad infantil; y
7) Pago extra por trabajar en zonas con falta de agua potable.
 

Además, aunque no aparecen explícitamente citados, aunque sí en un cuadro en donde se da un listado de localidades con riesgos que ameritan un pago extra, se darían por:
 

8) Trabajar en zonas sísmicas, y
9) Laborar en zonas con deslizamientos.
 

Además, como lo dice Yaxinia Díaz, directora de recursos humanos del MEP, todos esos pluses “por peligrosidad van a ser de ‘naturaleza salarial’ por lo cual estará sujeto al rebajo de cargas sociales y se tomará en cuenta para pago de aguinaldo, salario escolar y pensión.” La cosa está completamente blindada. Obviamente, no se tiene ni idea de lo que les costará a los costarricenses todo este montón de nuevos pluses.
 

Aún hay más. Existe evidente duplicación de pluses porque, por ejemplo, hay áreas que simultáneamente tienen diversos riesgos de los que ahora serían compensados. Por ejemplo, áreas que se inundan, que tienen enfermedades como dengue y otras, que también están sujetas a temblores (de hecho, todo el territorio nacional), a deslizamientos, alta mortalidad infantil y, tal vez, alto número de embarazos y delincuencia. O sea, el incentivo será para encontrar trabajo en una de estas zonas “compensadas” que tengan todos esos diversos males, dado que lo que se pagaría por cada uno de ellos podría sumar un monto más que significativo (imagínenselo).
 

Asimismo, por aquello de la equidad en la “peligrosidad,” también se pedirá compensación por laborar en centros urbanos de mayor delincuencia, ruido, suciedad, fealdad u otros males propios de las ciudades. Ah, y por riesgo de sufrir infarto por la vida más rápida y extenuante en ellas.
 

Finalmente, no hay zona del país que no satisfaga algunas de las condiciones para incluirla dentro de la categoría de “peligrosidad” de forma que, lo que parece estar detrás de esto, es un aumento anual adicional al ya tradicional incremento por inflación. Tal vez lo mejor sería que se les pagara por el riesgo de “vivir” y tener que “trabajar”.
 

Por los fondos para financiar las nuevas gollerías, “no os preocupéis”. Recordad que el gobierno va a aumentar el presupuesto para el MEP del vigente de un 7.82% del PIB al 8% el año entrante.  Entonces, simplemente, de lo que se trata de es asegurarse que esa mayor plata vaya a dar a los bolsillos de los agremiados a los sindicatos.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: correr más para permanecer en el mismo lugar

“¡Un país bastante lento! --replicó la Reina--. Lo que es aquí, como ves, hace falta correr todo cuanto una pueda, para permanecer en el mismo sitio. Si se quiere llegar a otra parte, hay que correr por lo menos dos veces más rápido.”
 

Lewis Carroll, A Través del Espejo

Esa cita del autor de “Alicia en el País de las Maravillas” (en efecto, “A Través del Espejo” es una continuación o segunda parte de éste), parece caer de perlas al analizar el último “Reporte Global de competitividad 2016-2017,” que anualmente produce el Foro Económico Mundial. De hecho, en lo particular, me interesa ver el análisis comparativo de 138 países en cuanto a la competitividad de sus economías y, más aún, por donde es que anda nuestro “¡país bastante lento!”, como lo menciona la Reina Roja o Reina de Corazones, en la referencia arriba citada. 

Ni siquiera hemos permanecido en un mismo lugar, sino que, de hecho, en comparación con el año pasado, hemos descendido un par de lugares, aun cuando tan sólo por una “caída ligera,” como lo dice el reporte antes señalado. Hoy estamos en la posición 54 entre esas 138 naciones. Suiza es la número 1 del mundo; Chile la mejor de Latinoamérica y nosotros, en Centro América, entre los cuatro mejores del ranking de la región, fuimos “el único que tuvo un deterioro”.
 

El informe citado lo analiza La Nación en su comentario “Costa Rica baja dos puestos en índice de competitividad global: País se ubicó en lugar 54, entre 138 naciones, en informe del Foro Económico Global”, publicado el 28 de setiembre.
 

El índice se elabora en función de lo que denomina como “pilares de competitividad” -un total de 12- que definen y estiman el grado de competitividad de las naciones, con base en el conjunto de instituciones, políticas y factores que la influyen.  Esos factores son: instituciones, infraestructura, macroeconomía, salud y educación primaria, educación superior y entrenamiento, eficiencia del mercado de bienes, eficiencia del mercado laboral, desarrollo del mercado financiero, preparación tecnológica, tamaño del mercado, sofisticación de los negocios e innovación.
 

La información relevante para definir el posicionamiento del país señala que, “en el caso costarricense, el retroceso se atribuyó principalmente al pilar institucional, pues el país se ubicó en el puesto 60, aunque el año anterior estuvo en el 49. Es decir, bajó 11 lugares.” Este pilar de competitividad -instituciones- comprende temas tales como derechos de propiedad, uso de fondos públicos, su desperdicio, peso de la regulación, eficiencia de la legalidad, crimen organizado, confianza en los políticos y otros similares.
 

También, el país decayó, con respeto al año anterior, en el pilar llamado eficiencia del mercado, que trata de asuntos como competencia, efecto de impuestos en los incentivos para invertir, tasa total de impuestos, cantidad de procedimientos para empezar un negocio y similares. Costa Rica bajó al lugar 78, en contraste con el año pasado, en que fue el  67.
 

Asimismo, cayó en el pilar de sofisticación de los negocios e innovación, pasando a los lugares 41 y 48 respectivamente. “Pese a la baja de cuatro y once lugares respectivamente, el país aún es líder en la región en esas dos ramas”.
 

Por otra parte, es líder en América Latina en salud y educación primaria y “tuvo un avance en el pilar de desarrollo macroeconómico, al ubicarse en el lugar 82 frente al 94 el año anterior.” Y obtuvo el primer lugar en el mundo en el ranquin de inflación, cosa sin duda notable.
 

En cuanto a factores negativos para hacer negocios en el país, se señalan la infraestructura, la burocracia gubernamental, el largo proceso para pagar impuestos y el difícil acceso al financiamiento.
 

O sea, tenemos una mezcla de avances y retrocesos. Este señalamiento saca a la luz el fenómeno de que, a pesar de tenerse avances, hay otras naciones que lo hacen más rápido que nosotros, lo cual explica nuestro rezago relativo en importantes indicadores.  O sea que, tal como a la Reina Roja, requerimos avanzar más rápidamente, ya sea para, en comparación con otros países, permanecer en el mismo lugar o bien para adelantarse.
 

Por eso, la declaración que el ministro de Economía, Industria y Comercio, don Welmer Ramos, hace ante este informa, resulta ser una especie de verdad a medias, al señalar que “estoy seguro de que en la nota del índice avanzamos. Si otros países tuvieron mejor nota y el país fue desplazado no quiere decir que se desmejoró.” Haría bien en tomar en cuenta lo que se conoce como la hipótesis de la Reina Roja (citada al principio de este comentario), que simplemente se trata de un principio evolutivo, cual es que “Para un sistema evolutivo, la mejora continua es necesaria para sólo mantener su ajuste a los sistemas con los que está co-evolucionando.” Lo cual, en palabras sencillas, nos dice que lo hecho es comparativamente insuficiente, pues otros avanzan más rápido que nuestro país: sí, señor ministro, el país desmejoró relativamente. Por tanto, a duplicar esfuerzos para ver si no nos quedamos aún más atrás. Tal vez sea mucho pedir para un estado que parece constituir un enorme lastre para el logro de ese progreso.
 

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: repensar las medidas para reducir las presas

Desde hace muchos años, las personas que habitamos en la Gran Área Metropolitana de nuestro país sufrimos un verdadero calvario con las presas. Recorridos de 10 o 15 km, que perfectamente podrían hacerse en 30 o 40 minutos, terminan consumiendo hasta 2 horas a la ida y otras 2 horas al regreso.

El deterioro de la salud física y mental de los trabajadores es incuestionable. Según algunas investigaciones, los costarricenses pasamos atrapados en las presas el equivalente a 15 días al año, lo que sin duda merma nuestra productividad y, por ende, la competitividad del sector productivo, pues el caos vial genera termina elevando los costos de producción.

También es usual que este fenómeno derive en grandes frustraciones para los conductores, que reaccionan con agresividad y violencia ante cualquier situación en carretera. Ni qué decir sobre la pérdida de espacios de descanso y recreación con nuestras familias, ya que después de un largo día de trabajo más las presas, terminamos llegando a casa con deseos únicamente de acostarnos para madrugar al día siguiente y salir un poquito antes para reducir la tortura.

La causa del problema es clara: contrario a lo que algunos creen, no es porque existen muchísimos vehículos -por el contrario, eso demuestra que estamos frente a una sociedad cuya riqueza ha crecido y se manifiesta a través de la compra de automotores- sino porque la infraestructura vial no ha crecido al ritmo necesario para dar fluidez al tránsito.

Tenemos más de dos décadas de rezago en la construcción, ampliación y/o mejoramiento de las carreteras y caminos. Un Ministerio de Obras Públicas absorbido por la ineficiencia, que consume gran parte del tiempo y recursos en trámites sin que esto genere obras; un sistema de contratación pública intrincado, complejo y que termina siendo vulnerado por el contubernio entre algunos funcionarios públicos y empresas constructoras, entre otros males.

Por si fuera poco, carecemos de un buen sistema de transporte público que motive a la gente a dejar sus carros en casa. Los autobuses, en su mayoría, se encuentran en malas condiciones -es usual que se queden varados-, son sumamente incómodos (especialmente en época lluviosa), inseguros frente a la ola de asaltos o, simplemente, tardan mucho más que el vehículo para llegar de un punto a otro.

El tren, que podría ser un excelente remedio, se ha convertido en el hazmerreir. Constantes fallas mecánicas, saturación del servicio (sus vagones repletos a veces evocan la triste realidad de los trenes en La India) y los cada vez más frecuentes retrasos en el servicio, además de tener un horario limitado, hacen que mucha gente tampoco lo considere como una opción.

Frente a este panorama tan desalentador, ¿cuál solución salta a la vista? Bueno, no hay solución fácil en este tema. Por supuesto que, a largo plazo, lo ideal es ejecutar con prontitud los recursos disponibles para la construcción de nueva infraestructura o la ampliación y mejoramiento de la existente, lo cual implica corregur las fallas del MOPT y de las municipalidades. Pero en el corto plazo, puede haber una que otra salida que vale la pena valorar como paliativo.

No nos referimos a la restricción vehícular, que carece de sentido, toda vez que además de representar una limitación arbitraria e injustificable a la libertad de tránsito, ni siquiera ha dado resultados en cuanto a la disminución de consumo de combustible o de presas. La gente simplemente evita la zona con restricción aunque esto implique manejar mayores distancias o, como se dice popularmente, "se la juega" esperando no encontrar un Oficial de Tránsito. 

Las medidas que, a nuestro criterio, podrían contribuir en el corto plazo a reducir las presas no son nuevas, ni mucho menos las inventamos nosotros: se trata de teletrabajo y flexibilidad laboral. Con la primera, sería posible lograr que muchas personas dejaran de ingresar a la GAM y pudieran trabajar desde sus casas, lo que a su vez representa grandes ventajas para el empleado: no tendrá que gastar dinero en transporte, alimentación, vestido y, sobre todo, tiempo de desplazamiento, lo que le permitiría realizar otras actividades que mejoren su calidad de vida.

Por su parte, la flexibilidad laboral consiste en replantearse la idea antigua de que el trabajador tiene que pasar 8 horas sentado frente a un escritorio y dar paso a un trabajo por objetivos, de forma que la persona pueda cumplir con metas establecidas indistintamente del horario. Otra forma de ver esta medida es a través de la transformación de los horarios de trabajo propiamente dichos: en lugar de trabajar, digamos, 8 horas al día durante 5 días para un total de 40 horas semanales, se podría distribuir ese tiempo de forma distinta: por ejemplo, 10 horas por día durante 4 días, lo que permitiría tener ya no 2 días libres sino 3. En este caso, una medida como esta permitiría no solo que menos gente ingrese a las áreas congestionadas sino que también le daría al trabajador tiempo de descanso, que redundará en mayor productividad al regresar a labores, permitiría que las familias pasen más tiempo juntas (fortaleciendo los lazos y contribuyendo a reducir situaciones sociales problemáticas) así como  incentivar la economía, pues en los fines de semana largos, la gente tiende a pasear, lo cual se traduce en consumo de bienes y servicios que aumentarán la producción de otros sectores como turismo, servicios, etc.

En síntesis, queda mucho margen para pensar, para ser creativos en la búsqueda de soluciones que contribuyan a reducir el caos vial en el corto plazo sin perjudicar la libertad y los derechos de las personas.

Tema polémico: volverán las oscuras golondrinas...a delinquir

Nuestro tema polémico de hoy no tendrá ni la elocuencia ni el romanticismo de los versos del poeta español Gustavo Adolfo Bécquer pero trata sobre lo mismo: golondrinas. Solo que son otras golondrinas, es decir, los reos que ordenó liberar el Presidente Luis Guillermo Solís.

Hace poco más de un mes, el Gobierno de la  República ordenó la excarcelación de casi 400 privados de libertad, alegando que lo hacía para cumplir con diversas sentencias de la Sala Constitucional que exigían respetar los derechos de estas personas, que estaban en condiciones de hacinamiento que ponían en peligro su salud e integridad física.

Poco tiempo después del anuncio, los presos comenzaron a salir, pese a los reclamos de la mayoría de actores políticos y sociales del país. Sin embargo, tan rápido como salieron, empezaron a hacer sus fechorías. Luego de que uno de ellos abusara sexualmente de una joven de 25 años, el mandatario indicó que "una golondrina no hace verano", para defender la excarcelación, alegando que era un caso aislado. 

Pero no resultó ser un caso aislado. Más allá de la forma chabacana, insensible y, por qué no decirlo, irresponsable con la que el mandatario abordó una situación tan delicada (seguramente no habría reaccionado igual si la víctima hubiese sido algun familiar suyo), durante el mes de junio se presentaron otros casos de personas liberadas por su directriz que reincidieron en la comisión de delitos, ya sea venta de drogas, asaltos y robos o, incluso, delitos sexuales contra menores de edad. Pese a todo esto, el Poder Ejecutivo insiste en su cabezonada y sigue excarcelando delincuentes.

Las golondrinas de esta histora, que se parecen más a los pájaros de la célebre obra de Alfred Hitchcock, volvieron a las calles pero para delinquir. Con esto se evidencia el gazapo, la improvisación y la torpeza con la que la Administración Solís Rivera ha manejado la situación de la seguridad. Tantos recursos que año a año se invierten en nuestro país para atacar la delincuencia y la violencia, y ahora se vienen a desperdiciar con la liberación de estos tipejos que solo llevan dolor y temor a las comunidades. 

Solís y su gabinete están más concentrados en los derechos que supuestamente se le están negando a los privados de libertad cuando deberían concentrarse en los derechos de las víctimas, de las personas honestas que han sufrido por los actos de los antisociales. Una cosa es otorgarle un beneficio de excarcelación o de pasar a un régimen semi institucional a alguien cuya sentencia es por un delito menor y otra muy diferente y errada es permitir a violadores, asesinos y asaltantes violentos salir, pues la probabilidad de que estas personas reincidan o busquen a quien los denunció y lo ataquen, es muy alta. 

En ASOJOD consideramos que si el problema es el hacinamiento, la solución no es la liberación, sino que pasa por la construcción de más infraestructura carcerlaria. Es cierto que también hay que trabajar en la prevención y en la generación de condiciones que ofrezcan oportunidades a las personas para que tengan un ingreso honrado, pero eso es un proceso cuyos resultados se verán con el tiempo. La problemática actual exige una respuesta inmediata y la única forma de abordarla es mediante la ampliación de las prisiones. 

Pero acompañando a esto, consideramos que debería variar la forma de ver las cárceles. Hoy son prácticamente escuelas para quienes están adentro, donde aprenden formas más elaboradas de dañar a las personas y donde acumulan más resentimiento y odio que luego descargan contra los inocentes al salir.  Las cárceles deberían convertirse en espacios donde los reos no solo purguen una condena sino donde también trabajen, tanto para mantenerse ocupados y dejar de pensar en nuevas formas de cometer delitos como para que puedan resarcir a la sociedad el daño cometido. 

No nos parece justo que una persona que ha sido víctima de un delito tenga que pagar con sus impuestos la manutención del privado de libertad; este último debería trabajar para cubrir, con lo que genere, los gastos en que debe incurrir el Estado por su encarcelamiento. Además, con esos recursos, también podría pagar a la víctima o a sus familiares por los daños que le ha causado (pues muchas veces los sentenciados son condenados a pagar por la vía civil los daños pero al no tener nada registrado a su nombre, no lo hacen) e, inclusive, podría aportarlos a su propia familia para ayudar con los gastos de un hogar que ha quedado desmenbrado por la errada decisión de uno de sus miembros. 

Sin duda, hay opciones más inteligentes y sensatas que la simple liberación de delincuentes. Hemos ofrecido una y de seguro, la discusión seria y propositiva presentará otras. Lástima que eso es algo que el Gobierno del cambio no parece entender.

La columna de Carlos Federico Smith: la privatización de las vías públicas

Tal vez privatización no sea la palabra más adecuada, sino más bien “usurpación”,  pero le dejo a cada uno de ustedes que emplee el término que desee; el hecho es que se ha venido observando un fenómeno creciente de apropiación de las vías públicas para el estacionamiento de taxis. 
 

No disputo que el estado -preferiblemente el gobierno local- tiene una tarea esencial en cuanto al ordenamiento del tránsito en las vías públicas; tarea que podría incluir que haya sitios adecuados para que los taxis esperen allí a sus clientes, pero no que llegue al grado de abuso que ahora uno observa.
De aquí que considero oportuno el comentario de La Nación del 28 de setiembre, titulado “Taxistas convierten calles y aceras en paradas ilegales: Infractores justifican invasión de espacios para buscar clientes.”

Gran cosa que el director ejecutivo del Consejo de Transporte Público, Mario Zárate, reconozca el problema y que, de inmediato, nos indique que “la escasez de oficiales de tránsito para combatir a los infractores” ha de ser la causa del contratiempo o, al menos, que su inopia impida una solución adecuada.  Incluso señala que “al día de hoy, los taxistas se parquean donde no deben si no hay presencia de policías.” Es probable que el señor sólo observa el impedimento en el “casco central”, pero el problema ya se presenta en toda la ciudad. Pero, según nos informa La Nación, tan sólo “en el centro de San José hay 47 paradas avaladas para los taxis.” ¿Y las no avaladas?  ¿Y las que no están en el centro de San José?  Sabemos que en conjunto todas llegan a una cantidad significativa, pues hemos podido observar como pululan en todo lado.

El asunto es que, sean cuantas sean las paradas autorizadas, lo que uno ve va mucho más allá de unas “paradas”.  Es cómo evolucionan; cómo crecen; cómo se desarrollan. Simplemente lo que empieza como una parada, de tal vez media cuadra o una cuadra, pronto hace metástasis hacia calles contiguas, por lo que, de hecho, los taxistas se van apoderando de una extensión significativa de calles públicas.  

Prefiero no indicar el sitio exacto de uno de ellos, pero lo narraré.  En cierta parte de Montes de Oca, se le dio primero permiso a unos cuantos taxis para que se estacionaran frente a una iglesia. Pronto coparon para sí toda la cuadra, incluso bloqueando la entrada al templo por donde trasladan a los fallecidos para sus exequias.  Por dicha, ese paso ya no lo bloquean más, no sé si por obra y gracia del espíritu santo. Pero, con el paso del tiempo, han continuado su expansión -especialmente para estacionarse durante ciertas horas cuando no andan movilizando clientes- llegando a asentarse en una cuadra y media más, a ambos lados de las calles. 

Vean algo asombroso que me consta: como en dichas calles hay casas de habitación desde hace muchos años, en donde muchas familias poseen un carro que en ocasiones lo dejan frente a sus casas (en todo su derecho), he visto como muchos taxistas practican lo que llamo la estratagema del encierro: esto es, al dueño del vehículo privado, le pegan, bien pegado, búmper contra búmper, un taxi por delante de su carro y otro taxi igualmente por detrás y, en el lado de la calle; esto es, casi llegando a media calle, le colocan otro taxi, de manera que el vehículo de la familia queda enjaulado, sin poder moverse. El carro familiar no puede salir sino hasta que no les dé la gana a los carceleros del vecindario o que, arrepentido, el dueño de la casa no vuelva a dejar al taxi al frente una vez que aprendió la lección. E incluso, si en su casas lo vecinos tienen un garaje, muchas veces simplemente le parquean el taxi frente a la salida. 

Uno entiende a los taxistas, como cuando le dicen a La Nación que “honestamente, me paro frente al centro comercial (de Desamparados) porque salen muchos servicios,” pero eso no les da el derecho para que se estacionen adonde no tienen el campo asignado. También, por ejemplo, uno observa en la Plaza del Sol, como, para estacionarse en una larga fila, toman la bahía para los buses claramente señalada (y a veces se estacionan incomodando la entrada al parqueo de ese centro comercial). Y no se diga a los alrededores de las paradas terminales de buses: cualquiera de ustedes lo puede comprobar con sus propios ojos.  Por ello, un taxista entrevistado es capaz de decirle al medio periodístico de forma conminatoria, que ¿por qué [los usuarios] no van a buscar a un montón de piratas que andan ahí en las calles haciendo loco? O sea, si no les gusta, pues ¡jalen! 

No es que no haya multas para los taxis que se estacionan en zonas no aprobadas, dado que es de alrededor de ₡51.000, sino en que ciertamente no hay autoridades que las pongan (¿por qué será?), pero un avance podría ser el que las autoridades municipales, que son las que presuntamente otorgan los permisos para estacionarse en ciertas vías de la localidad, adviertan que sus policías también están autorizados para poner tales multas. Actuando así tal vez protegerían a los vecinos de los abusos descritos.

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: el cobro del marchamo 2016 es inconstitucional

En estas fechas, los costarricenses no sólo estamos concentrados en los descuentos del Black Friday, el aguinaldo, las compras de navidad, los tamales y las promesas de fin de año. Una cosa más abruma nuestra mente, pero de forma negativa: el pago del marchamo. 

Sobre la materia, lo que más rompe la cabeza de los ciudadanos es tratar de comprender cómo sus vehículos, cada año más viejo y, por tanto, cada vez más devaluados, tienen un valor fiscal mayor. Costa Rica pareciera ser el único país donde ese fenómeno paranormal se presenta aunque para mayor claridad, los últimos informes de científicos especializados han logrado determinar que ocurre sólo para fines impositivos, es decir, para saciar la voracidad del Ministerio de Hacienda. 

El artículo 9 de la Ley N° 7088 del 30 de noviembre de 1988, "Reajuste Tributario y Resolución 18ª Consejo Arancelario y Aduanero CA" crea el impuesto sobre la propiedad de vehículos (que representa el 69.5% del cobro del marchamo) y establece los porcentajes de impuesto por cada tramo de valor del vehículo sobre los cuales se calcula dicho impuesto de acuerdo con "el valor que tengan, en el mercado interno, en enero de cada año, los vehículos, las aeronaves o las embarcaciones de recreo, según la lista que el Poder Ejecutivo emitirá, por decreto para cada marca, año, carrocería y estilo". 

 

Valor de mercado es aquel al cual, compradores y vendedores, están de acuerdo en realizar el intercambio de dinero por el bien. Sin embargo, Hacienda se inventa el concepto de valor fiscal, a través de unas fórmulas matemáticas de imposible comprensión para la ciudadanía que, además, está completamente desfasado de la realidad. Mientras un vehículo normalmente se deprecia entre un 10% y 20% de su valor al año, para Hacienda se aprecia. Basta con revisar el valor fiscal de su vehículo, indicado en la tarjeta de circulación, durante los últimos años, para darse cuenta que en los modelos del 2001 al 2015, el dato es creciente y, en los anteriores a 2001, aunque decreciente, el ritmo de reducción es más lento que el de mercado.  Así pues, es obvio que a mayor valor fiscal, mayor cantidad de impuesto a la propiedad se debe pagar, aunque ese valor fiscal solo aplica para Hacienda, pues ni aplica para vender su vehículo ni para tasarlo en caso de que el INS deba pagarle la póliza de pérdida total en caso de que sufrieda la destrucción de su bien.

 

Pero lo sorprendente no acaba ahi. El mismo artículo 9 establece que "si la Administración Tributaria no publicara en La Gaceta, en enero de cada año, la lista con los valores de los vehículos, el impuesto se pagará sobre la base de los precios fijados el año anterior. Esto mientras no se publique la lista actualizada". Es decir, es claro que en enero de cada año se deben publicar los tramos que menciona la Ley, a efectos de que el ciudadano pueda corroborar que el monto que deberá pagar a más tardar el 31 de diciembre de ese año, sea el correcto o, de lo contrario, pueda presentar los reclamos correspondientes. 

Algo tan obvio no fue considerado por las autoridades tributarias. El pasado jueves, cuando el Ministro de Hacienda, Helio Fallas, compareció ante la Comisión para el Control del Ingreso y Gasto Público, reconoció que el decreto en cuestión no había sido publicado aún, pero ya se estaba usando para estimar el monto del impuesto a la propiedad y, por tanto, del marchamo.

Así como lo lee. Resulta que el 23 de noviembre salió al cobro el marchamo por parte del Instituto Nacional de Seguros (INS) y los ciudadanos pudimos corroborar que nuestro marchamo, en muchos casos, era mayor que el del año anterior. Aquellos que revisamos el monto, lo hicimos con base en el último decreto vigente, el Decreto N° 38722 del 24 de octubre de 2014, que contiene la lista de valores para 2015, pues no había otro parámetro y así lo ordena el propio artículo 9 de la Ley N° 7088. Allí descubrimos que existía una inconsistencia entre lo calculado y lo establecido por Hacienda. Pero no; había que calcularlo sobre la base de los datos de 2016, aunque no tengamos forma de conocerlos y aunque esto violente lo que dice la ley.

Entonces ¿cómo y por qué lo utilzaron? La razón, desde el punto de vista numérico, es simple: en la nueva lista, por causa de una baja inflación anual, los tramos bajaron, de forma tal que se puede cobrar más por dicho impuesto. La razón, desde el punto de vista jurídico, es más compleja: o en el Gobierno no entienden las disposiciones normativas y los principios constitucionales, o sencillamente, no le importa lo que digan. En su arrogancia, los representantes del "cambio" deciden que ellos son demasiado buenos como para dejarse limitar por un texto jurídico que no supera su sabiduría.

 

En nuestro país existe un principio fundamental, transversal a todo el ordenamiento jurídico: el principio de seguridad jurídica. La Sala Constitucional lo ha explicado como "la existencia de un conjunto de disposiciones que fijen consecuencias jurídicas frente a ciertos hechos o actos" (Voto Nº 2011010375), lo que en sencillo  se puede traducir como la garantía del ciudadano de conocer, de antemano, las consecuencias jurídicas de sus acciones para saber a qué atenerse respecto a los Poderes Públicos. Parte consustancial de este principio es la publicidad, pues no puede exigirse conocimiento y obediencia de la ley, como lo dispone el artículo 129 constitucional, si el ciudadano no tiene forma de darse cuenta qué disponen los Poderes Públicos. 

Así pues, al no publicarse el mencionado decreto, el cálculo del marchamo debía hacerse, como ya explicamos, con los valores del 2015. Sin embargo, el accionar de Hacienda fue diferente y, con ello, violentó no solo la norma sino el principio de seguridad jurídica. Por tanto, lo actuado desde el 23 de noviembre hasta la fecha, debe ser declarado inconstitucional y se debe reintegrar a las personas que ya han pagado el marchamo, el monto cobrado de más, al tiempo que debe sancionarse a los funcionarios responsables de tal desaguisado.

Evidentemente, esta horrible maniobra  responde a la estrategia del Poder Ejecutivo de aplicar una reforma fiscal solapada, sin pasar por la Asamblea Legislativa -donde sabe que no tiene apoyos- y así cobrarle más dinero a los costarricenses para tapar el déficit y saciar su voracidad, en lugar de hacer recortes importantes al gasto público o poner en orden las finanzas públicas.  

En países con alto sentido de la responsabilidad política y seriedad jurídica, el Ministro de Hacienda dejaría su puesto por algo como esto y el Tribunal Constitucional se traería abajo el cobro. No obstante, como se trata de Costa Rica, creemos que don Helio seguirá en su puesto hasta que lo desee o termine su periodo y que la Sala Constitucional dará solo un jalón de orejas al Ministerio de Hacienda, pero sin anular el cobro ni profundizar en la falta pues dimensionará los efectos y hablará sobre la necesidad de recursos que tiene el Estado Social de Derecho para cumplir con sus deberes y bla bla bla. Esperamos equivocarnos, pero el pasado no ofrece buenos augurios.

La columna de Carlos Federico Smith: algo positivo en cuanto a pobreza, pero no la elimina

Que en algún momento un estado muestre ser un dechado de ineficiencia, no significa que eternamente deba serlo. Es posible hacer a un estado menos ineficiente o más eficiente, como se quiera clasificar al proceso.  Optimista que soy, procedo a referirme a un caso expuesto en La Nación del 21 de enero, en un artículo que lleva por título “País estrena sistema para controlar ayudas a pobres: Base de datos almacena información de 665.000 beneficiarios del estado.”

Partamos de que, según  “el último informe del Estado de la Nación, un 24% de las transferencias a pobres termina en manos de personas que no las necesitan.” Francamente no sé cómo llegaron a tal porcentaje, pues bien puede ser mayor o menor; en todo caso, parece existir una especie de maldición para los buenos propósitos de algunos corazones sensibles, cuando desarrollan programas de ayuda a personas o familias, que en muchas ocasiones simplemente son fáciles de obtener, sin que se requiere de un estudio serio que determine si las necesidades, que son la base para la ayuda, existen o no. Pero, también porque suele ser usual que muchas de esas ayudas se den sin que se exija un esfuerzo complementario de parte del receptor para que, con su esfuerzo personal, pueda llegar el momento en que tal ayuda no sea necesaria. Traigo a colación, como ejemplo de esa “eternidad” de vivir de la manutención estatal, lo que sucedió en la ciudad de Nueva York, cuando en cierto momento histórico (en época de su muy conocido alcalde, Fiorello de la Guardia), se fijaron topes los alquileres, a fin de “ayudar a los pobres”. Unos 50 años después de existir tal política, se documentó que eran los nietos de los beneficiarios iniciales (de los relativamente pocos que encontraron vivienda para alquilar en aquel entonces), quienes aún vivían en esas viviendas subsidiadas. Simplemente no buscaban otra vivienda tal vez no tan antigua o deteriorada en sus barrios, porque no podían dejar ir tan jugosa transferencia, que aún se recibía mediante alquileres objeto de aquella fijación gubernamental. De hecho, tal inamovilidad terminó convirtiéndose en un castigo; esto es, recibir un subsidio por el alquiler bajo aún vigente, “a cambio de” tener que vivir inamovibles en aquellas viviendas algo envejecidas y relativamente poco cuidadas. El incentivo claro, en este caso, era el de no abandonar la casa subsidiada, pues si lo hacían no encontrarían subsidios similares en otros lados. Por ello, terminaron siendo cautivos de un sistema paternalista que, a cambio del subsidio, les ancló para siempre: no había incentivos para que dejaran de percibirlo; por ello prefirieron quedarse en sus viviendas desvencijadas para no tener que pagar más en otros lugares no subsidiados. 

Hablemos del impacto posible de ese 24% de ayuda que no le llega a los grupos de ingresos en estado de pobreza. De acuerdo con el IMAS, esos infiltrados se llevan la significativa suma de ₡147.000 millones (tan sólo en Avancemos, la plata mal recibida asciende a ₡48.000 millones). Para todos estos programas de transferencias de ayuda gubernamental, es crucial saber bien cuáles son los beneficiados, en qué condiciones económicas están en la realidad, que no haya un ocultamiento de ingresos, que no reciban una multiplicidad innecesaria de fuentes de ayuda; esto es, debe verse el monto de ayuda agregada que reciben y, ante todo, si el sistema comprende incentivos para que, en algún momento, dejen de depender de esas fuentes de asistencia gubernamental.

Una de las reformas más importantes que se dio en los Estados Unidos, en cuanto a sus programes estatales de “lucha contra la pobreza”, sucedió durante la administración del presidente Clinton, quien definió que, para poder recibir ayuda de los programas gubernamentales contra la pobreza, era necesario que los beneficiarios comprobaran que no contaban con los medios definidos como requeridos para recibirla y, en segundo lugar, que los beneficiarios estuvieran dispuestos a obtener ingresos provenientes de otras fuentes productivas; esto es, que formaran parte de una fuerza de trabajo dispuesta a laborar cuando el gobierno (junto con el sector privado), indicaran posibilidades para ello (nada de estar “echadotes”, esperando mes a mes a que les llegara la plata del estado).

De acuerdo con el informe Estado de la Nación previamente citado, los programas de asistencia “con mayores filtraciones (esto es, goles de vivazos) son el bono de vivienda con un 37%, comedores escolares con un 31.7% y Avancemos, con un 22.2%”. No son porcentajes nada insignificantes y bien podrían ser la base existencial de una especie de dependencia falsificada, en donde se finge pobreza, a fin de recibir regularmente plata proveniente de los impuestos que pagamos todos los costarricenses.

No quiero comentar historias folclóricas acerca de cómo es posible que una familia pueda tener hasta tres casas obtenidas con bonos de vivienda, o cómo es que gente platuda recibe fondos públicos en la forma de becas, para que sus “pobrecitos” hijos vayan a la escuela o bien de muchachitos que vienen de familias de ingresos medios, pero que reciben en las escuelas comidas pagadas por toda la sociedad. No es ese el propósito de este comentario, sino, más bien, en gran parte el de resaltar algunos esfuerzos positivos que se están poniendo en marcha para tratar de que, al menos, los programas de ayuda se dirijan hacia quienes verdaderamente los necesitan. A pesar de esos empeños, debo señalar que falta mucho en cuanto a definir incentivos que induzcan a que los receptores de esas ayudas para que decidan dejar de depender de esas subvenciones y que más bien los estimulen a mejorar sus condiciones de vida, mediante esfuerzos laborales propios.

Bajo la responsabilidad del IMAS (ojalá vuelva los ojos de la eficiencia también hacia adentro), se ha desarrollado un sistema de información sobre las 665.000 personas en estado de pobreza, al cual se le conoce como Sistema Nacional de Información Social (SINAIS), que en esencia es un registro único (ya no desperdigado y ausente de coordinación entre diversos entes que dan ayuda) de personas que reciben ayuda estatal. Entre ellas, “bonos de vivienda, las becas, el subsidio para alimentos o la pensión del régimen no contributivo” de la Caja Costarricense de Seguro Social. Mucha de esa información ya está en registros propios de ciertas instituciones, pero no están integrados, de manera que se pueda saber, por una parte, el conjunto de ayuda que una persona o familia pueda estar recibiendo, así como los resultados esperados de esas diversas ayudas. “Las entidades que aportaron los registros son el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), el Ministerio de Trabajo, el Fondo Nacional de Becas (FONABE) y el IMAS.” Pero, obviamente, faltan muchos otros entes estatales en donde cada uno, a su manera, realiza transferencias o cosas similares, bajo el pretexto o criterio de luchar contra la pobreza. Por ejemplo, las becas de las universidades públicas, las condonaciones de deudas que con frecuencia hace la Asamblea Legislativa, las ayudas de la oficina de la primera dama de la República, las que en ocasiones hace el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA, antiguo ITCO), el programa de intereses subsidiados a pequeñas y medianas empresas de la banca comercial del estado, el subsidio en el costo de la electricidad para ciertos grupos de ingresos relativamente bajos, el subsidio a los combustibles para pescadores artesanales y similares, entre otros. Si uno analiza la argumentación política utilizada para la creación de cada uno esos diferentes programas de ayuda estatal, se encontrará siempre con que lo fueron teniendo como objetivo, primordial o secundario, luchar contra la pobreza.

Comparto la aspiración del ministro de bienestar social, don Carlos Alvarado, quien dice que “no es sólo el sistema informático, la clave es que las instituciones se apropien de estos, que sepan que tienen que revisar los beneficiarios para que no se den duplicidades. Lo que hace coherente esto es que esté dentro de una política social única, para evitar problemas de dispersión, que siempre hemos señalado.” Pero tan buen objetivo no es suficiente; es crucial dar el paso siguiente, cual es evitar que las “ayudas” no se conviertan en algo permanente; esto es, que haya esquemas de graduación, lo cual quiere decir que las dejan de recibir después de cierto momento. Para eso se requiere que los marcos institucionales de ayuda se conviertan en un apoyo para que sea el individuo, con el esfuerzo propio, el que le permita salir de la pobreza.

Si algo se logra en el sentido en que lo hemos expuesto, creo que el estado será mucho menos ineficiente de lo que es en la actualidad. Podemos estar en presencia de un esfuerzo positivo de hacer mejor las cosas.

Pero también es necesario recalcar un hecho innegable en la historia económica de la humanidad: cuando hay crecimiento económico en una nación o una región, disminuye la pobreza. Esto lo destaca el notable historiador y economista Deepak Lal, profesor de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), en la introducción a su último libro Poverty and Progress: Realities and Myths about Global Poverty [Pobreza y Progreso: Realidades y Mitos acerca de la Pobreza Global], Washington D. C.: Cato Institute, 2013, en donde señala que

“El mensaje central de este libro es que un crecimiento económico eficiente es el único medio para aliviar la antigua pobreza estructural del Tercer Mundo, y que si los países crecen rápidamente, con un ingreso per cápita aumentando por arriba de un 3 por ciento anual, el muy ridiculizado proceso de filtración o goteo [trickle-down] disminuiría rápidamente la pobreza estructural.  Esta aseveración ha sido confirmada de manera rotunda en las últimas dos décadas, por la reducción más grande de la pobreza vista en la historia humana, cuando dos gigantes emergentes -India y China- crecientemente han adoptado las políticas económicas liberales clásicas, que han conducido a fuertes aumentos en las tasas de crecimiento de sus ingresos per cápita.” (P. 1).

De aquí que, si de algo sirve el consejo que nos hace Lal, basado en la experiencia humana de disminución de la pobreza a través de la historia, es crucial que la lucha contra la pobreza vaya más allá del paliativo gubernamental de asistencia económica y que el país efectivamente abrace políticas económicas conducentes a que la nación crezca mucho más rápidamente, en comparación a cómo lo hace en la actualidad. Obviamente esto sobrepasa el esfuerzo del ministro Alvarado, pero plantea el desafío exactamente en donde debe de estar: ¿Será capaz el gobierno actual de desarrollar las políticas deseables para aumentar nuestro crecimiento, u optará por la regresión económica y el empobrecimiento y la disminución del bienestar de los ciudadanos? Ojalá aprendan la lección de la historia del crecimiento económico de la humanidad a través de los siglos. Por ello cierro mi comentario con una pregunta muy actual ante la propuesta gubernamental de aumentar los impuestos, a sabiendas que estos van a provocar un crecimiento económico menor que el actual. ¿Creen ustedes que, con esos mayores impuestos, que provocarán un descenso en el crecimiento de nuestra economía, una disminución de la inversión privada, una reducción de la demanda de mano de obra y, por tanto, un aumento del desempleo y un descenso de los ingresos per cápita, se logrará reducir la pobreza en el país?

Jorge Corrales Quesada