
Durante el gobierno de don Abel Pacheco se llevó a cabo la negociación del TLC. Durante ese proceso, en diversas oportunidades se comentó de los avances y a grandes rasgos de los acuerdos que se iban adoptando.
Una vez suscrito el acuerdo, bajo el liderazgo de Comex inició un esfuerzo para explicar los alcances del TLC, e incluso se publicó en la red.
Con el transcurrir del tiempo, para mi gusto más del necesario, el presidente Pacheco se negaba insistentemente a remitir, como era lógico, el TLC para su votación a la Asamblea Legislativa.
En varias ocasiones se analizó el tema y el Presidente nunca aceptó los argumentos de quienes le planteábamos la necesidad de cumplir con ese trámite.
Justificaba su negativa en “informes de seguridad” y en que nada valía la pérdida de la paz social de Costa Rica y que él no sería el responsable del derrame de una sola gota de sangre de un compatriota. (Recientemente, en el marco del referéndum, supimos que el responsable de la seguridad en el gobierno de don Abel era un entusiasta simpatizante del No.)
Cuando el actual presidente de la República, don Oscar Arias, asume el poder, cumple con su obligación y remite el documento a conocimiento de la Asamblea Legislativa. Muchos de los adversarios del Tratado amenazaron con boicotear el proceso legal y acudir a la “democracia de las calles” para impedir la ratificación, ya que no era aceptable que entre 57 personas se decida algo tan importante.
Cuando el TSE resuelve el nudo gordiano que nos ataba a la indecisión sobre el tratado, el Gobierno en uso de sus facultades (derechos) en forma inmediata decide promover el referéndum, de manera que todas y todos podamos decidir sobre algo tan importante para el país y el TSE, en cumplimiento estricto de la Ley, así lo acepta y convoca.
Los adversarios del acuerdo atacan tanto al Gobierno como al TSE, por la supuesta afrenta sufrida con la solicitud realizada, ya que ese derecho era solo de quienes habían solicitado al Tribunal analizar la posibilidad del mecanismo del referéndum para decidir el asunto.
Quedó en evidencia que no interesaba el referéndum como tal, sino someter al país a un proceso interminable de casi diez meses para recolección de firmas y luego el proceso de preparación del referéndum, lo cual nos hubiera llevado a que la votación en lugar del 7 de octubre se estaría realizando en abril o mayo de 2008, con lo que cualquier decisión ya era extemporánea, dada la obligación de que todo lo relativo al TLC esté acordado antes del 1º de marzo de 2008.
Rechazada como correspondía esa primera impugnación, los del No dijeron que el acuerdo era inconstitucional y que debía llevarse a consulta a la Sala IV, para que así se comprobara esa violación. Cuando la Sala, por amplia mayoría en algunos cuestionamientos y hasta por unanimidad en otros, dijo que el TLC no reñía con la Constitución Política, atacaron y descalificaron no solo a la Sala, sino también al fallo,
diciendo que no tenía carácter de “sentencia” y por lo tanto no era vinculante.
Aquí cabe preguntarse, ¿qué hubiera pasado si la Sala IV dice que el TLC era inconstitucional? Muy simple, ni siquiera hubiera habido referéndum, con lo cual se evidencia la trascendencia de lo resuelto por la Sala.
El PAC propuso al Gobierno “todo o nada”. Si se aprueba el referéndum, se aprueban las 13 leyes de implementación y si se rechaza, se archivan las 13 leyes.
Eso ni legal ni políticamente era viable, lo primero porque así no había sido convocado y lo segundo porque en las 13 leyes hay muchas que incluso están planteadas desde antes del TLC, otras son ratificaciones a tratados internacionales, también suscritos desde antes del TLC y finalmente, porque otras, aún estando altamente relacionadas con el tratado, son responsablemente necesarias para el desarrollo nacional, aun y quizá con mayor razón si se hubiera rechazado.
Una vez realizado el referéndum, con más de 800 mil votos a favor del Sí y del TLC, los del No pretenden desconocer no solo la voluntad popular mayoritaria, sino también la institucionalidad democrática, atacando al proceso, al TSE, a la Sala IV, a la Asamblea Legislativa, al Gobierno y, lo que es peor, a nosotros mismos,
quienes votamos por el Sí, argumentando que a muchos los compraron con diarios y bonos, con lo cual para los del No hay ciudadanos “que se venden” a otros, porque no entendieron la gravedad del acuerdo, con lo cual para los del No hay ciudadanos “tontos” y a otros porque solo defienden intereses mercantiles e internacionales, con lo cual para los del No hay ciudadanos “traidores”.
Por eso se arrogan el derecho de acordar presionar de cualquier forma para que las 13 leyes no sean aprobadas y otra vez amenazan con acudir a las calles, para evitar a toda costa que la Asamblea Legislativa que nos representa cumpla con su labor constitucional y vote las 13 leyes de implementación (sin perjuicio de que también deberá votar muchas otras más para la agenda de desarrollo que a muchos nos interesa).
Lo que ahora preocupa no son las amenazas callejeras, sino la actitud de algunos en el Congreso, que pareciera hacen eco de quienes amenazan y pretenden de “cualquier forma” evitar que las 13 leyes se voten. No es que no tengan derecho a oponerse, sí lo tienen; lo que pasa es que deben hacerlo con responsabilidad y con dignidad, buscando la mejora de los proyectos y no evitando que se voten.
No es cayendo en el terrorismo parlamentario de presentar más de 1.000 mociones para un solo proyecto que van a cumplir con su derecho, con ello solo son un obstruccionista más.
Eso es burlar el espíritu de la Ley y lo más grave, la voluntad popular. Lo más triste es que quienes así actúan son los que se presentan como los que promueven y respetan la participación ciudadana. Por eso me pregunto, ¿para qué votamos?
Por Juan José Echevería