La Columna de Carlos Federico Smith: Una propuesta realista e inteligente

Es un hecho la preocupación actual de los ciudadanos ante la difícil situación de la economía y particularmente por el alto desempleo en el país. Esa preocupación aparece reflejada en una encuesta del Centro de Investigación de Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica, hecha para el semanario Universidad del 10 de agosto al 3 de setiembre y que la consigna La Nación del 24 de setiembre, bajo el título “60% califica de mala o muy mala la labor del gobierno.”

Concretamente, en dicha encuesta se menciona que, “en cuanto a la economía, aumentó la sensación de que la situación es mala… Entre abril y agosto [del 2015] subió de un 60% a un 72% el porcentaje que desaprueba la [situación] de la economía” y que “el CIEP también consultó a los encuestados cuál es el principal problema del país.  El desempleo fue mencionado como la primera respuesta con casi un 30%.”

Debe recordarse que en la última encuesta continua de empleo, que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Censos, se señala que, para el segundo trimestre de este año, “la tasa de desempleo a nivel nacional fue 9,5%... Durante el 2014 y los dos primeros trimestre del 2015 la tasa de desempleo nacional se ha mantenido cercana a 10%, luego de que en el último trimestre del 2013 mostró el nivel más bajo (8,3%) desde el 2010.” Además, en lo que se refiere al importante indicador de desempleo conocido como índice de subempleo, el cual se refiere al porcentaje de la población que está ocupada, pero labora habitualmente menos de 47 horas a la semana, se nos informa en la última encuesta continua de desempleo, que para “este trimestre, el porcentaje de personas ocupadas afectadas por subempleo se estimó en 13.5%.”

Recientemente se le han propuesto al país dos ideas diferentes para enfrentar al problema del desempleo. Una de estas propuestas fue objeto de mi comentario aquí, hace una semana, bajo el encabezado “Plan Estatal de Subsidios a la Contratación Privada de Ciertos Trabajadores”, más conocido como Mi Primer Empleo. Concluí en que muy posiblemente la propuesta de subsidiar la contratación laboral no lograría incrementar el empleo en el país, sino que más bien provocaría una sustitución de trabajadores que la empresa contrataría normalmente, por trabajadores subsidiados bajo dicho programa. No habría una ganancia neta en el empleo.

En cuanto al otro planteamiento, aunque si bien específicamente no lo formuló esta administración, el ministro de trabajo, señor Víctor Morales, concurrió para referirse a él en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa. Se trata del proyecto de Ley para la Educación Dual, bajo el expediente 19.378. En dicha ocasión señaló el señor Morales que “el expediente 19378, Ley para la Educación Dual tiene una serie de beneficios, tanto para el sector educación como para los empresarios, lo que impulsaría la economía del país a corto y mediano plazo”.  Este proyecto fue inicialmente presentado por el diputado don Otto Guevara en octubre del 2014.

Además, en la administración Chinchilla se había presentado algo similar ante la Asamblea Legislativa: el proyecto Ley para la Regulación de la Educación o Función Profesional-Técnica en la Modalidad Dual en Costa Rica, en febrero del 2014. (Un título horrendamente largo…)

De hecho, el presidente Solís firmó un convenio con la canciller de Alemania, doña Angela Merkel, en junio pasado, mediante el cual se logra la cooperación de esa nación para que ayude al país a forjar un esquema de educación vinculado con el trabajo técnico.  Alemania es una nación que desde hace ya bastante rato posee un esquema similar al de educación dual, que se está impulsando aquí.

Diferencias en aspectos puntuales de los diversos proyectos acerca de la educación dual no nos deben alejar de la idea principal, sin importar que haya distintos proponentes de lo que podría ser una muy buena idea.  Esto es, sin que sea relevante la paternidad o maternidad del proyecto, lo que debe buscarse es lo mejor de ellos y ojalá llegara  un texto mecho mejor que cada uno de ellos en lo particular.  En cuanto a lo político, dada la declaración en principio del ministro de trabajo del actual gobierno y provenir los proyectos citados de dos importantes grupos legislativos, es de esperar que sea posible que el país disponga de una buena ley, que nos permita estimular realmente la creación de empleo productivo y, por ende, para lograr un mayor crecimiento de la economía.

Para que se forjen una idea de la trascendencia que tiene una ley como ésta -con algunos detalles que analizaremos luego- me permito transcribir a mis lectores algo, que al respecto recientemente se dio a conocer en un medio periodístico.  Señala el señor Kenneth Waugh, gerente general de APM Terminals, su preocupación ante la falta de mano de obra calificada en el país, para llenar mano de obra que necesitará a futuro y puso como ejemplo el caso de soldadores: “Estamos tratando de buscar el talento local, pero es difícil conseguir talento local que tenga experiencia en una obra de esta magnitud.” (“Concesionaria clama por capacitar la mano de obra,” La Nación, 13 de setiembre del 2015.)

Es muy frecuente escuchar este tipo de inquietud proveniente de empresas extranjeras que vienen a invertir al país, acerca de la insuficiencia de personal capacitado -no sólo por falta del idioma inglés, sino de especialidades técnicas. Asimismo, el empresariado nacional ha expresado su deseo de que nuestra fuerza de trabajo se capacite más, a fin de estar a tono con las demandas de nuestro mercado laboral.

Es crucial que, ante el desempleo tan alto que tenemos en la actualidad, se haga un esfuerzo directo y bien pensado para mejorar la calidad de nuestra oferta de trabajo, de manera que la oferta se pueda adaptar a los requerimientos de la demanda en la economía.  Lo más interesante es que tal es la naturaleza de la demanda que llevan a cabo los sectores aparentemente más dinámicos de la economía, que propugnan por una fuerza de trabajo más calificada, que esté más capacitada y que tenga experiencia en ciertas labores específicas.

Lo que se conoce como “educación dual” en esencia constituye en la formación de personal laboral en dos partes: una de ellas, la académica, en centros educativos que llamaría como los usuales y, la segunda, que obtengan un aprendizaje técnico en empresas privadas que entraría formar parte de estos programas. Es decir, las empresas se convierten en centros de formación de personal -usualmente para cada una de ellas, según sea su interés y especialidad- en la parte práctica de aquella teoría que bien aprenden en los centros académicos.

Un sistema de educación dual parece ser muy beneficioso para los diversos participantes en la economía. Es un hecho que nos entristece ver, por ejemplo, las largas hileras de jóvenes buscando empleo en ferias públicas, que se organizan para tal efecto: dichas filas en su mayoría están compuestas por jóvenes, quienes no tienen las habilidades ni la experiencia que demandan los puestos de trabajo en las empresas privadas. Con la propuesta, producto de un acuerdo entre las empresas y un organismo gubernamental supervisor del programa, los estudiantes podrían dedicar, como un ejemplo, dos terceras partes de su tiempo a la labor práctica en la empresa, en tanto que el tercio restante sería para la parte académica.

Los jóvenes que participen y culminen este programa de educación dual encontrarían un enorme beneficio, al poder obtener experiencia -requisito usualmente solicitado por los empleadores- lo cual se traduce en una más elevada productividad de su trabajo y, por ende, en un salario mayor. También tiene otro beneficio y es que la empresa en donde estudió bajo el sistema de educación dual, estará naturalmente muy interesada en que, al final de su período de aprendizaje, ese estudiante obtenga un trabajo en la misma firma que le enseñó sus habilidades. Pero esto va más allá de obtener un simple aprendizaje laboral técnico, sino que con el entrenamiento adquiere toda una serie de características particulares de la empresa, como es conocer las reglas y las costumbres que rigen a lo interno de una firma.  Estos son valores que son apreciados en la empresa; valores tales como responsabilidad, trabajo en equipo, cooperación y colaboración entre el grupo, creatividad e innovación, además de rectitud ante sus compañeros y la empresa. Estos atributos indudablemente que con factores altamente valorados por las firmas y que forman parte integral de un concepto más amplio de “experiencia,” entendida ésta como un entrenamiento técnico.

Es de hacer notar que una formación exclusivamente académica del estudiante, sin que haya tenido el complemento de la experiencia práctica, no parece permitir todo el potencial de desarrollo del capital humano de esos jóvenes.  De ser así, quedan como truncados en lo que se debería de verse como una unidad: la formación teórica académica y la práctica que genera experiencia. En nuestro país el exceso de oferta (desocupación) se observa principalmente en aquellos que tienen solo la formación académica teórica. Todo lo contrario parece suceder con aquellos que la han complementado con diversos grados de experiencia.

Asimismo, esos jóvenes trabajadores tendrían la oportunidad de desarrollar sus habilidades en tecnología de punta, que suele ser la existente y obligada en empresas sujetas a la competencia internacional, que en muchos casos suelen ser las que señalan requerir personal calificado y experimentado, cuando entran a operar en el país para producir para todo el mundo.

El sistema de educación dual también le sirve a las empresas, pues se les facilita el reclutamiento y el entrenamiento necesario de la fuerza de trabajo que requieren.  Una nueva edición de la encuesta anual de Escasez de Talento, hecho por la firma Manpower y divulgado en Costa Rica el 16 de julio del 2014, indica que el “51% de los  empleadores en Costa Rica tiene dificultades para encontrar candidatos con las habilidades adecuadas”, en tanto que en todo el mundo el porcentaje es del 36%. Además, el reporte señala que “La encuesta de escasez de talento continúa indicando que hay una gran dificultad por parte de los empleadores de encontrar talento en puestos técnicos fundamentalmente; asimismo, incrementó la dificultad para encontrar candidatos para puestos de Ingeniería y Gerencia de Ventas”.

La empresa debe encarar en nuestro país a un personal que no tiene la experiencia, ni las competencias técnicas que requieren: hay una oferta relativamente escasa de ese tipo de trabajadores en el mercado, tales que les permitan realizar sus tareas apropiadamente.  La educación dual es un sistema que, bien administrado, le genera al país trabajadores con experiencia, con las competencias adecuadas y en un número mayor que los que se tendría en su ausencia.

Obviamente lo anteriormente expuesto señala que el sistema de educación dual beneficia a la sociedad como un todo, pues da lugar a un aumento de la productividad de su fuerza de trabajo, lo cual se traduce en una mejoría de la competitividad, cara a cara con otras naciones en los mercados internacionales, además de mejorar los salarios y, obviamente, el nivel de empleo. Particularmente, un sistema dual como el comentado se convierte en un atractivo mayor para la inversión extranjera en el país, pues así el inversionista encuentra mayores posibilidades de obtener la mano de obra calificada y en la cantidad que requiere, pues, si participa en el programa de educación dual, tiene una mayor posibilidad de contratarlo como un trabajador fijo en la empresa.

En realidad, el aprendizaje no es algo nuevo en las sociedades. No hace mucho, don Arnoldo Madrigal, quien es un empresario del área de la tecnología, publicó un artículo en La Nación titulado “El Estudiante que trabaja” (29 de junio del 2015), pone las cosas con suma sencillez y a la vez profundidad, por lo que considero que reproducir partes de éste es de sumo interés a los lectores. Con Arnoldo scribe que:

“En estos días se ha discutido sobre la educación dual y se ha tratado de desprestigiar la figura del aprendiz. Desde el tiempo de Miguel Ángel Buonarotti, la formación de aprendices ha sido un modelo exitoso y se ha usado en muchos esquemas de formación.

No es raro que muchos médicos sean mejores cirujanos porque fueron enseñados por un mentor más que por un método o un libro. Tampoco es raro que muchos abogados sean mejores abogados porque fueron formados en la práctica por un mentor. Lo mismo sucede con músicos, escultores, pintores, deportistas y hasta políticos.

La educación dual, en su concepto más básico, se centra en la figura de un estudiante que trabaja, no un trabajador que estudia. Esa es la diferencia fundamental.”

Y destaca luego que:

“¿Por qué el establishment se siente amenazado, si sabe muy bien que esta es una tendencia consolidada en otros países? Este modelo educativo se ha desarrollado con excelentes resultados.

La descalificación de llamar a la educación dual un “generador de aprendices” no demerita sus resultados. Al contrario, refresca el concepto de que el aprendiz es la generación del remplazo de los mejores técnicos, ingenieros o especialistas en cualquier actividad económica.”

Así, en sencillo, explica la importancia de crear una relación entre el aprendizaje productivo que permite adaptar la fuerza de trabajo a las necesidades de una economía, creándose así más empleo en la sociedad, al mismo tiempo que faculta que aumente la productividad y, por ende, los ingresos de los trabajadores.

Podemos explicar la razón por la cual dos importantes sindicatos del magisterio, la Asociación Nacional de Educadores (ANDE) y la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), realizaron una manifestación ante la Asamblea Legislativa para oponerse a los proyectos de educación dual. ANDE indicó en su perfil de Facebook que convocaba a sus afiliados de secundaria “para luchar en contra del proyecto de educación dual y por la defensa de nuestros derechos laborales”, en tanto que APSE convocó a dicha manifestación a trabajadores de colegios técnicos diurnos y nocturnos así como de los colegios vocacionales.”

Se oponen por una razón muy sencilla: que su gremio sindical tendría menos labores que hacer, pues la sociedad tendría otra opción de aprendizaje que no exige que sea brindada por miembros de sus sindicatos.  Una nueva versión de los luditas: lo importante no es el progreso, sino que a causa de él no pierdan la chamba patrocinada por el sindicato. [El ludismo fue un movimiento encabezado por artesanos de Inglaterra, que protestó entre los años 1811 y 1817 en contra de las nuevas máquinas que destruían empleo, sin tomar en cuenta que, entonces, ¿quién habría de producir las nuevas máquinas? Se suele identificar al ludismo como la oposición al progreso y al cambio].

Da tristeza que intereses particulares de estos sindicatos los mueven a preocuparse tan sólo por el bienestar de sus asociados y no por la posibilidad de ampliar oportunidades para todos los ciudadanos, de lograr una educación que sea más productiva para ellos. Por eso, sin sentido se oponen a un esquema que impediría altas tasas de desocupación, que lograría una mayor productividad y competitividad de nuestra mano de obra, que generaría mayores ingresos salariales y que permitiría, a quienes desean trabajar, encontrar un empleo productivo.

Estoy muy a favor de esta idea de la educación dual y me atrevo a proponer que, dentro de ese esquema no sólo se incorpore a jóvenes que recién ingresan a la fuerza laboral y que lamentablemente no encuentran empleo, sino que también sirva para que trabajadores que, por circunstancias de ajustes propios y normales en los mercados competitivos, requieren de un reentrenamiento de sus habilidades a fin de obtener un nuevo empleo.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: plan estatal de subsidios a la contratación privada de ciertos trabajadores

El gobierno de la República anunció un nuevo plan de subsidios. En esta ocasión, se establece a fin de crear empleo para ciertos grupos que se considera están siendo los más afectados por la situación de desempleo que encara el país. Para ese fin, el gobierno pretende entregar ₡1.400.000 por cada joven, mujer o persona discapacitada que es contratada por una empresa privada, hasta por un máximo de 20 empleados. Se estima que con dicho monto se logre cubrir el costo cuatro salarios más las cargas sociales.

El programa del gobierno es ya conocido como Mi Primer Empleo y mediante él se considera que generaría empleo a 30.000 personas en tres años.  Se estima hacer una inversión de recursos públicos de ₡43.680 millones, con fondos provenientes de superávits del ministerio de Trabajo, del de Economía, del IMAS y del INA.

Esencialmente, se pretende lograr dos objetivos que, si bien pueden estar relacionados, pueden analizarse independientemente. Primero, que el estado logre crear nuevas fuentes empleo mediante un subsidio dirigido a la empresa privada y, el segundo, que el empleo así creado se dirija a ciertos grupos sociales; en concreto, a mujeres, jóvenes y discapacitados.

En cuanto a analizar el primer tema -creación de empleo- se hace necesario preguntarse tanto cuáles son las pueden ser las causas de nuestro desempleo (actualmente de alrededor de un 10.5% de la fuerza de trabajo del país), así como si la medida que se ha propuesto es la más indicada a fin de disminuir la desocupación.
 

El programa en mención se ha considerado que tendrá una duración de tres años, en lo que podría considerarse como de mediano plazo.   Pero no creo ser un escéptico injusto, al señalar que usualmente los programas gubernamentales de subsidios, una vez instalados, tienden a permanecer mucho tiempo más del que inicialmente se consideró necesario.  Eso se debe a que con su existencia suelen provocar la creación de grupos concretos de interés, que buscarán que se mantenga esa transferencia de recursos de toda la sociedad hacia el grupo particular de beneficiados; en este caso, al grupo conformado por mujeres, jóvenes y discapacitados y empresas privadas que reciban tal subsidio.

Pero, más interesante es preguntarnos si ¿resolverá dicho subsidio el problema del desempleo en el país?  A mi parece que el reciente aumento en la tasa de desocupación se ha debido esencialmente a dos factores.  En primer lugar, al menor crecimiento de la economía, que viene estancada desde hace buen rato: esto es, con tasas apenas positivas de crecimiento.  Cuando la economía no crece lo suficiente, la demanda de mano de obra disminuye y, así, ante un número siempre creciente de trabajadores (en una nación con tasas positivas de aumento de la población) aumentará el desempleo, tal como lo hemos observado recientemente.  Debe tenerse presente que la demanda de trabajo está en función, tanto del incremento del valor que genera el trabajador que se contrata, como del valor que tiene dicha producción adicional en el mercado. Pero, en una economía que no crece mucho, el empleador no irá a contratar más gente si considera que se le dificulta lograr vender esa producción adicional. Todavía nuestro país experimenta un bajo crecimiento proveniente de una demanda de su producción desde los mercados internacionales: la economía nacional aún no sale a plenitud de la caída mundial de los años 2008-2009. Y en la actualidad el panorama no es el más brillante desde el punto de vista de un crecimiento fuerte de la economía internacional. 

Claro, si al empresario se le subsidia el salario que debe pagar al nuevo trabajador que contrataría -como es el sentido del programa Mi Primer Empleo- encontrará en él un incentivo para contratar a ese personal adicional a un costo hipotéticamente menor. Pero, aquí empiezan muchas dudas.

¿Si se disminuyeran los impuestos sobre el salario hoy existentes en la economía y que claramente encarecen relativamente a la mano de obra en comparación con la maquinaria (o capital), no se lograría el mismo objetivo de aumentar el empleo? O sea, rebajar los impuestos cargados al factor trabajo, en vez de darse el subsidio estatal propuesto.  Precisamente este es un país en donde el alto costo de la mano de obra en mucho se debe a los impuestos que la gravan y que ahora se pretendería “compensar” por medio de un subsidio, lo cual lógicamente nos inclinaría a pensar que puede ser mejor bajar tales impuestos, para estimular un aumento en la ocupación, en vez de dedicar fondos públicos como subsidio al empleo. 
 

Por una parte, esos son recursos para el subsidio que de algún lado habrán de salir. Dicen que son fondos provenientes de superávits de ciertas instituciones estatales, pero equivalen a un aumento en el gasto que reemplaza a aquél que ejerce el sector privado en la economía: de algún lado salen esos recursos y es de la economía privada. Esos recursos, que dan la apariencia de estar ociosos en esas instituciones gubernamentales, al gastarse aumentarán el gasto gubernamental, que dados los ingresos fiscales del momento, provocaría un aumento en el déficit del gobierno central. Y eso de cierta manera es un empeoramiento de una situación que este gobierno ha propuesto resolver mediante aumentos en los impuestos, que posiblemente tendrán un efecto negativo sobre el crecimiento de la economía y, por ende, de la demanda de mano de obra.

Aquel alto costo de la mano de obra que hoy tenemos de hecho no se está reduciendo para la economía como un todo, sino que ahora sólo se pretende lograr un beneficio para un grupo concreto de empleadores, proveniente de parte del resto de la ciudadanía, que de algún lado tendrá que ver cómo provee los recursos.  Por ello mi propuesta de que, si se desea que aumente el nivel de empleo en la economía, eso se podría lograr si se redujeran los impuestos que hoy cargan a la mano de obra como un todo; esto es, que haya una variación de los precios relativos del trabajo ante el capital, de manera que se abarata comparativamente el primero, con lo cual aumenta su demanda.

También sería aún mejor si, en vez de la propuesta de subsidios artificiales, con los cuales se pretendería ocultar costos reales de la mano de obra en la economía, se tomaran medidas que alentaran un mayor crecimiento de ella. Por ejemplo, mediante la eliminación de una serie de incentivos que han hecho que mucho de nuestra fuerza de trabajo abandone la formalidad y por el contrario se dedique a producir en la economía subterránea. Hay muy diversas leyes que incentivan para que empresas pequeñas, muchas de las cuales apenas intentan empezar, lo hagan fuera de la formalidad institucional de las leyes.  Por ejemplo, esas empresas, si trataran de ser formales, incurrirían en elevados costos de incorporación al mercado (hacer una empresa formal suele tener un alto costo jurídico), pagos de patentes, permisos municipales (y no digamos si tuvieran que construir instalaciones), por la creación de una estructura de gastos de la empresa que sea debidamente documentada por contadores y en libros formales, todo lo cual encarece la vida a la empresa, al igual que otra serie de gastos e impuestos que no me voy a poner a detallar.  

Por ello no me sorprende, en lo más mínimo, el crecimiento importante que se ha detectado recientemente del empleo informal en nuestra economía: esto es, la creación de mini-empresas subterráneas en donde el estado no aparece; al ser costosa la acción del estado, se trata de evitar todos esos costos regulatorios de todo tipo que afectan a dichas empresas. También un segundo factor que creo afecta la tasa de crecimiento de nuestra economía en la actualidad y que, por tanto, incide en una menor creación de empleo, se debe a la existencia de mucha incertidumbre, principalmente ocasionada por la falta de lineamientos claros y definitivos de esta administración, en los espacios que requiere la empresa privada para poder actuar con mayor tranquilidad.  

Ya sé: me dirán que, para disminuir esa incertidumbre en mucho creada por el estado, con el subsidio que aquí propone dicho estado se pretende lograr cierta “cooperación” o “colaboración” o “acercamiento” hacia el sector productivo privado: una mejora sustancial en la relación gobierno-sector privado. No lo dudo que esa pueda ser una intención adicional para la puesta en marcha de ese programa, pero obviamente no es de esperar que ese subsidio vaya a ser un factor fundamental que haría que una empresa privada genere un aumento en el empleo neto en la economía. 

En esencia, de acuerdo con el programa propuesto, se contratará más empleo si le cuesta menos que el valor que agrega ese trabajador adicional contratado. Se me señalará que ahora le cuesta menos al empleador contratar al trabajador, gracias a ese subsidio, pero habría que ver si es el tipo de trabajador que desearía contratar para sus efectos productivos. O sea, si el estímulo artificial del subsidio no va a alterar su decisión de a quién contratar tan sólo por esa razón, aunque signifique que dejaría de contratar a otro trabajador que no reúne las características del programa (jóvenes y mujeres de ciertas edades además de discapacitados). Es decir, la empresa contrata a alguien del programa, pero así deja de contratar a alguien que, de no existir el plan de subsidios, la contrataría, con lo cual no habría mucha creación neta de empleo en la economía, si acaso alguna. ¿Está claro?  La medida propuesta en lo agregado posiblemente no genere empleos nuevos, sino una sustitución de unos por otros.

Además, un efecto adicional que se debe considerar es la dependencia que se empieza a crear de las empresas hacia un estado que subsidia la contratación de su personal.  Aquí entrarían cosas que no están relacionadas propiamente con la eficiencia productiva de las empresas, como es la contratación de un personal presuntamente menos productivo, sino de una dependencia a causa del subsidio. No hay nada que impida a una empresa que tenía proyectado, por ejemplo, contratar a un joven promisorio, que requeriría de un esfuerzo de entrenamiento a lo interno de la firma a fin de que aprenda los hábitos propios de la empresa, para que ya no lo haga como una decisión de su conveniencia productiva, sino porque ahora recibirá ese subsidio del estado.  Es decir, que lo que tal vez ya iba a hacer (muchas empresas contratan mujeres y jóvenes y personas discapacitadas) ahora lo hará también, sólo que con una parte importante pagada por la sociedad como un todo. En el neto, habría una baja y hasta nula creación de nuevo empleo en la economía; sin duda que menos de la ambicionada por el gobierno.

La impresión que uno tiene a menudo del mercado de trabajo de ciertos grupos -por ejemplo de jóvenes que apenas ingresan al mercado laboral- es que sus características personales, de educación o formación, no son necesariamente aquellas que las empresas están demandando. Ese divorcio lo observa uno cuando las empresas -lo suelen expresar empresas extranjeras que tratan de invertir y producir en el país- no encuentran todo el personal que requieren en su momento. Es por ello que no entiendo cómo no ha sido posible hacer en el país algo similar a lo que se hace en naciones ejemplares en la formación de su mano de obra, como es el caso de Alemania. Hay un acuerdo formal entre el estado y el sector productivo para que jóvenes asistan como trabajadores a las empresas en donde aprenden las mejores prácticas, al tiempo que cumplen con los requisitos básicos de una enseñanza formal extra-empresarial. Se logra así formar una mano de obra sumamente calificada y adaptada a las necesidades de la demanda de las empresas, en mi opinión tal vez con mejores resultados que los programas que hoy día se llevan a cabo en el INA. Las empresas se quedarán con esa mano de obra mejor preparada.

Esta práctica de un enorme aprendizaje laboral en las empresas es lo que recientemente permitió a un connotado directivo de asociaciones empresariales, dar su opinión positiva ante preguntas relacionadas con la inmigración de personas de Oriente Medio en busca de empleo en Alemania. (Al menos inicialmente, pues no sé si se mantiene el criterio de apertura de las fronteras alemanas ante una entrada que parece estar sobrepasando la estabilidad interna de ese país). Ese líder empresarial dijo que esa mano de obra foránea era bienvenida al país y que, laborando en las fábricas, aprenderían las habilidades requeridas por una economía industrial como la alemana: dijo que a Alemania lo que le servía era disponer de una más amplia mano de obra calificada y que ellos estaban dispuestos a darles el entrenamiento necesario para que adquirieran esas calificaciones.

Realizar ese esfuerzo por mejorar la calidad de la mano de obra -que así sería más demandada al aumentar su productividad- no se ha podido hacer aquí ante el dogma de ciertos políticos de que eso sería explotar a los trabajadores.  Estoy seguro que esa apertura que mejora las posibilidades de progresar los trabajadores -tal como lo han logrado a través de los tiempos y crecientemente desde la era industrial moderna- sería más que bienvenida por los propios trabajadores, tanto como por los empleadores, pues todos ganaríamos si nuestro país dispusiera de una mano de obra más calificada, más productiva y en donde se generen empleos mejor pagados.

Hay otro tema que debe de considerarse en esta conversación, cual es si es deseable que un empresario dependa de alguna manera de algún subsidio gubernamental para contratar el personal que requiere. ¿Podrá el empresario oponerse a mayores impuestos que claramente le ocasionarían descensos en su rentabilidad, a cambio de un subsidio del tipo señalado? ¿Podría ser que se use el programa de subsidio gubernamental Mi Primer Empleo, para endulzar la píldora amarga de mayores tributos? Nada más deseo que el lector considere esta posibilidad política. Pero, con el tipo de medidas propuestas se va alterando el uso eficiente de los recursos en sistemas competitivos, cuando las relaciones de producción no están determinadas por la autonomía del empresario, en un marco competitivo, en su busca de satisfacer los deseos de los consumidores para obtener utilidades, en vez de que sean para complacer directrices o incentivos que el estado brinda: podría ser una grada más en un camino de servidumbre.  Sólo pido a mis apreciados lectores que consideren este argumento.

Finalmente, como un segundo objetivo importante del programa presentado por el gobierno, está el tema de la sensibilidad humana ante quienes tienen problemas de verdad en la vida, como suele ser el caso de los discapacitados.  Ya muchas empresas privadas tienen entre sus trabajadores a personas en tal circunstancia y lo notable es que suelen ser trabajadores sumamente productivos y las firmas los estimulan en su esfuerzo personal que también va en beneficio de la firma.  Si hay algo de apoyo de parte de la empresa (y de los accionistas) para tal práctica, pues que sea bienvenida y ojalá apoyada por el estado, como, por ejemplo, permitiendo que esta capacitación laboral de personas discapacitadas pueda ser adquirida dentro de las empresas que les dan la oportunidad de aprender sus prácticas. Esto formaría parte, sin duda, de la idea de que el trabajador estudia en tanto labora y aprende prácticas en la empresa privada.

La solución a estos temas la encuentra el político en la creencia de que echarle más plata resuelve los problemas, pero sabemos que eso no va a servir de nada, pues no es claro que genere nuevos empleos, ni que ayude a la formación de nuestra fuerza de trabajo, ni que realmente ayuda a aquellos grupos realmente marginados. Sólo provocará un déficit mayor, más impuestos para después “cerrar” ese mayor déficit, una más elevada dependencia de la empresa privada ante el estado y una alteración en el uso eficiente de recursos en una economía tambaleante.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: más impuestos, menor crecimiento, menor empleo y mayor probreza

A mí me llama la atención la facilidad con que alguna gente dice que se debe poner mayores impuestos a quienes ganan más.  Uno entiende la razón para que muchos consideren deseable tal posición, cual es “forzar solidariamente” que los de mayores ingresos ayuden a los de menores ingresos. Lo entiendo así, aunque me parece que, cuando se obliga a la gente a hacer ciertas cosas, se está muy lejos de ser solidario y más bien lo que eso refleja es pura y plena coerción. Se obliga a unos a darles a otros, no con base en la buena disposición o libre voluntad de quien puede considerar deseable destinar sus ingresos, a apoyar a quienes pueden tener dificultades económicas en su vida. En tanto esto último sí sería un comportamiento voluntario de las partes, la coerción del estado no lo es.  Surge porque hay personas que desean y pueden usar el poder coactivo del estado, para obligar a algunos a destinar parte de lo que se han ganado, para que se lo entreguen a personas que no los han obtenido por su propio esfuerzo. (Esto no significa que no destaque el ejercicio virtuoso de la caridad).

Este afán redistributivo obligatorio me incomoda, no tanto porque muchas veces lo que permite es que haya quienes simplemente viven a costas de otros, sino porque no suele resultar en una disminución de la pobreza, sino más bien en el empobrecimiento de algunos que podrían llegar a ser ricos. Me explico: Son muchas las personas que no empiezan su vida siendo ricos. Uno conoce infinidad de casos de personas que han logrado superar condiciones de pobreza por medio de su trabajo, ahorro, esfuerzo, capacidad de innovar, de crear nuevos bienes y servicios para satisfacer a los miembros de una sociedad, asumiendo riesgos.  Sé que de inmediato se me señalará el caso de aquellos que heredan. Pero olvidan que esa es la voluntad de heredar de los padres y de los antepasados, para que se usen en tal forma los ingresos que ellos mismos han generado como fruto de su esfuerzo y que han decidido voluntariamente entregar a sus descendientes. Además, es obvio que si quienes recibieron la herencia no la cuidan, pronto ésta se disipa. ¡Cuántas personas no ve uno cuyos sus antepasados tenían riqueza, la heredaron y luego no tuvieron la capacidad o la suerte de conservarla!   

La virtud de una sociedad liberal es que haya personas quienes, con su esfuerzo, pueden llegar a percibir ingresos muy altos, sin que para ello se haya tenido que coaccionar a nadie para que les den ingresos a aquellos. Los perciben gracias a la voluntad de un mercado, al cual se ha servido eficientemente de una u otra manera: no hay coacción alguna, sino es el resultado de un libre intercambio que favorece a las partes que lo practican.

Pero ¿qué es lo que pasa cuando en una sociedad se le dice a la persona, que pretende salir de situaciones de bajos ingresos y ascender a niveles más altos, que el estado le quitará, mediante impuestos, una parte sustancial de los resultados de su esfuerzo o suerte? Lo que simplemente el estado hace es castigar los resultados exitosos de sus acciones; en otras palabras, está diciéndole que mejor no trabaje con el énfasis que le pone para salir de su pobreza relativa y para ascender y progresar lo más que pueda. Eso es precisamente lo que hace un impuesto sobre la renta.  Para explicar la idea, imaginemos que hay una piscina, con un tubo en un extremo de donde le entra el agua y con otro tubo en el otro extremo, del cual sale el agua. Esa piscina aumentará o disminuirá su nivel, dependiendo del resultado neto de lo que le entra y de lo que sale. 

Pues bien, esta piscina equivale a la riqueza de la persona.  En el caso de la gente que he comentado, que empieza su vida siendo relativamente pobre, posiblemente ese nivel de riqueza de que dispone al inicio es relativamente bajo, en comparación con otras personas quienes ya han tenido un éxito relativo. El individuo de menores ingresos querrá ir llenando su piscina y sabe que lo logra si es que ahorra, si trabaja arduamente, si se esfuerza, si asume riesgos y si lucha contra monopolios establecidos, introduciendo innovaciones que desplazan a estos en los mercados. Pero, de pronto, el estado entra en la película y hace que el chorro de agua que entraba a la piscina para ir incrementando el nivel del agua, ya no sea tan grande, sino que lo carga de impuestos, de forma que el chorro se convierte en un chorrito. El estado hará que el agua de la piscina no se acumule tanto como podría, al quitarle a ese chorro parte del agua que antes caía en la piscina. 

Es así como el impuesto sobre la renta hace más difícil que los pobres se puedan enriquecer y alcanzar a los que ya están en las cumbres de la riqueza. Cuando hay políticos, prestos a la demagogia y a complacer a quienes piden que el estado “redistribuya” la riqueza de otros para su beneficio, lo que se les está diciendo a quienes están allá abajo, pulseándola para mejorar sus ingresos y su riqueza, es que se queden tranquilos: que no hagan nada, porque el estado reemplazará con recursos el esfuerzo que no se hace.  De esta manera se castiga al éxito y se promueve la dependencia. 

A quien se le cobra el impuesto sobre los ingresos no es el único al que se le perjudica.  Incluso si así fuera el caso, uno no podría pensar que no se trata de una “injusticia flagrante”. La verdad es que usualmente esos impuestos afectan también a quienes les venden los servicios al que genera ingresos y a quienes les compran los productos de ese generador de ingresos. Usualmente tanto quienes venden esos servicios, como el trabajo, así como los que adquieren los bienes que se producen, los consumidores, no suelen ser precisamente los grupos más ricos, sino lo contrario: los asalariados y los consumidores, en promedio, no son de grupos que poseen la mayor riqueza.

¿De qué estoy hablando? De que cuando, por ejemplo, se propone que aumente el impuesto a la renta de las empresas, presuntamente por estar ella en manos de ricos, frecuentemente se olvida que posiblemente afectará más a otros, que lo único que tienen en relación con esos ricos es un vínculo laboral o bien un ligamen de consumidor con un vendedor.

Veamos esto con mayor detalle. Si por ejemplo a una empresa se le aumentan los impuestos, buscará como reducir sus costos a fin de conservar el rendimiento de su inversión, de su esfuerzo, de su competitividad, de su innovación, de su riesgo al invertir. Esto es, la empresa no permanecerá inmóvil, sino que buscará siempre mantener una situación que considera como deseable, tal como por hipótesis era la de antes de que se introdujeran esos nuevos impuestos.

El hecho es que habrá algunos costos que pueden reducirse más rápidamente que otros. Por ejemplo, es difícil que la empresa pueda vender una máquina especializada, que tal vez no haya muchos otros buscando comprar, aunque sea más barata, como parte del proceso de liquidación de costos de la empresa, o bien vender un derecho de autor o de un sistema de producción, entre otros activos. Tampoco buscará cambiar a aquellos empleados especializados y cuyo rendimiento es crucial en el éxito de la empresa.  [Ejemplos, si usted tiene una empresa de servicios de microbiología, no va a deshacerse de microbiólogos que son básicos en su proceso de producción o, si tiene una empresa de transporte de carga especializada, no querrá perder sus choferes más capacitados].

Lo que la empresa buscará es deshacerse de aquellos trabajadores que posiblemente agregan menos valor a la empresa, como suelen ser los casos de trabajadores no calificados, de jóvenes recién contratados, de trabajadoras que suelen acceder a la maternidad interrumpiendo naturalmente su proceso de aprendizaje continuo, para citar algunos casos. Noten que posiblemente sean trabajadores que obtienen ingresos relativamente bajos, quienes ahora enfrentarán el desempleo, no sólo porque la baja productividad suele ser lo propio de inexpertos y novatos, entre otros, sino también porque es usual que se puedan encontrar otros sustitutos que aceptarían un salario menor a fin de obtener un empleo. Muchas veces el resultado final de aquel impuesto es dar lugar a un descenso en el empleo dentro de la firma.

Este tipo de efecto del aumento de los impuestos a las empresas sobre el factor trabajo es conocido como retro-traslación; esto es, que el efecto se traslada hacia atrás, hacia el interior de las empresas, hacia la fuerza laboral empleada. ¿Ha visto usted alguna vez a un proponente de mayores impuestos a las empresas, aceptar que tal propuesta va a afectar a trabajadores de ingresos relativamente menores? Nunca, me imagino.  No se lo dicen.

También una empresa a la cual se le aumentan los gravámenes tiene otra alternativa posible para evitar una pérdida de su posición, de su rendimiento. Me refiero a aquellas que están en capacidad de trasladar esos mayores costos, debido a los mayores impuestos, a los consumidores. Particularmente cuando tienen algún grado de poder monopolístico, que les permite tomar tales medidas, sin que ellas afecten significativamente la demanda de su producción. Los monopolios son el caso clásico: si a RECOPE, por ejemplo, o tal vez a la Dos Pinos, se les aumenta el impuesto sobre la renta, tratarán de pasárselo a los consumidores y, tendrán éxito en ello, si es que no hay competidores que estén dispuestos a aumentar los precios de manera similar. Si un competidor no aumentara el precio ante el aumento de los impuestos, el monopolio perdería mercado.  Si a la gasolina se le pone un impuesto, RECOPE lo traslada al consumidor, pues éste se verá obligado a seguir comprándola y no tiene sustitutos a los cuales acudir (no sólo empresas alternativas que brinden ese producto, sino también productos que podrían sustituir al combustible así encarecido).

El cínico socialista dirá: “al diablo con que la empresa mantenga su posición, su rendimiento: que simplemente se le prohíba despedir gente y a que aumente los precios a causa de los mayores impuestos sobre la renta.” La realidad es que si se impide que la empresa recobre lo que considera su posición más eficiente, habrá un nivel de producción menor y, por ende, un descenso en los ingresos familiares, tanto por el precio más elevado, así como de servicios de trabajadores, que ya no se demandarían tantos como antes.

Volviendo al caso de cómo los impuestos provocan un aumento en los impuestos, en el caso concreto de los combustibles, es posible así explicar por qué Costa Rica tiene uno de los impuestos a los combustibles más altos de América Latina: el consumidor no tiene opciones; la empresa simplemente aumenta los precios y que el consumidor se ponga a ver cómo le hace para sobrellevar el golpe.  Este fenómeno se conoce como pro-traslación de los impuestos. ¿Verdad que quienes proponen mayores impuestos a las empresas, no les dicen a los consumidores que con tal política ellos posiblemente se verán afectados con precios más altos, particularmente si la empresa tiene poderes monopólicos o cuasi-monopólicos? Nunca se lo dicen. 

Es interesante profundizar un poco en la extraña idea que algunos de los proponentes de mayores impuestos para las empresas mantienen: cuando se impone ese tipo de gravámenes le quita a la sociedad la posibilidad de crecer, producto del desarrollo de nuevas ideas que permiten el enriquecimiento de algunas personas cuando las llevan a cabo. Los recursos que el estado toma de las personas físicas o jurídicas significan que habrá menos recursos disponibles para que esas mismas personas puedan realizar inversiones productivas, que generarán, además de empleo directo, en muchas ocasiones mayor empleo en actividades que se benefician vendiéndole recursos productivos a aquella empresa.

Asimismo, esa nueva inversión siempre significa un riesgo para el emprendedor, pues nunca estará seguro de que, lo que produzca al final de cuentas, será de la satisfacción de los consumidores. Pero en ese proceso de maduración de un producto, desde que una idea innovadora aparece en su mente, hasta que logra recuperar lo que le ha costado producir el bien y recuperar lo invertido, les ha adelantado dinero en efectivo como pago a los trabajadores y a los proveedores de insumos para su producto.

Todo este esfuerzo empresarial queda sujeto a una regla definida al final de la jornada: o tiene ganancias o tiene pérdidas. Si tiene ganancias, el estado pretenderá tomar una parte de ellas, lo cual, a la hora de las cuentas, significa un costo adicional al empresario y una disminución de capital que podría invertir en su rentable empresa o en una nueva idea. Si tiene pérdidas, pues ha de suceder lo que significan en la realidad: se debe a que a la gente no les gusta o no puede adquirir ese producto o que tienen mejores opciones que esa para satisfacer sus deseos o necesidades. En otras palabras, que la sociedad considera que aquel uso de recursos no satisface el objetivo de los consumidores y que estaría mejor si se empleara en otra actividad diferente.

Si queremos que la economía crezca, que se generen empleos, tanto directa como indirectamente, que haya innovación que desplace bienes o servicios que ya no sirven tan bien a los intereses de los consumidores, que aumente el ingreso real de los consumidores al poder conseguir bienes y servicios relativamente más baratos y eficientes, es bueno que se les permita a las empresas disponer del mayor ingreso disponible, a fin de que lo inviertan en nuevos proyectos y en nuevas ideas valoradas por la sociedad.  Este ha sido el camino demostrado de crecimiento en las economías modernas. Y de paso, esa acumulación y reinversión constituye la demanda mayor de empleo productivo en la economía: algo que tomar en cuenta en nuestra economía actual, con un desempleo del 10% de la fuerza de trabajo y una subocupación del 12,5% por ciento de ella.  Eso ni siquiera se lo mencionan cuando proponen mayores impuestos.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: ilusión o engaño

Datos recientemente publicados en el último informe de Coyuntura Económica de Costa Rica, que emite la división Económica del Banco Central, han estimulado este comentario mío.  Dicho informe es mejor conocido como el IMAE (Índice Mensual de Actividad Económica) y corresponde a abril del 2015. 

Resumiré algunos de sus principales resultados:

1.- Esos datos del IMAE nos permiten tener una idea del comportamiento de la producción de la economía nacional, para el primer bimestre de este año. Indican un crecimiento promedio del 2.4%. Esto contrasta con el crecimiento promedio de 3.5% a febrero del 2014 y un incremento interanual (esto es, entre el primer bimestre de febrero del año pasado y el del primero de este año) de 2.2%, el cual se compara con el cambio interanual previo entre febrero del 2014 y el del 2013, de un 3.7%. Más grave aún: un informe más reciente sobre el IMAE de marzo del 2015, señala que el crecimiento de la producción nacional de marzo del 2015, comparado con el de marzo del 2014, creció en tan sólo un 1.7%. Vamos para atrás como el cangrejo.

2.- Ese menor crecimiento promedio del primer bimestre del 2015, con respecto al equivalente del 2014, se debe a un menor crecimiento de la mayoría de las empresas que integran el sector industrial y, en especial, por una relativamente fuerte caída del sector agropecuario. 

3.- Respecto al sector agrícola, su descenso anualizado a marzo del 2015 es de un 2.2%, comparado con un crecimiento promedio del 2014 de un 2.9%. Según datos del IMAE a marzo del 2015, el sector cayó en un 3.4%, con respecto al equivalente de marzo del 2014. El sector agrícola ha venido cayendo desde abril del 2014 e incluso a partir de noviembre de ese año muestra tasas negativas de crecimiento.

4.- El sector manufacturero creció en este bimestre un 0.3%, en comparación con 2.6% en el mismo período del año anterior. Este menor crecimiento se explica en mucho por la salida de INTEL del país. Preocupa que, de acuerdo con datos del IMAE a marzo del 2015, el sector cayó en un 1.4% en comparación con marzo del 2014. Es el tercer mes consecutivo de declinación en su tasa de crecimiento. 

5- En cuanto al sector comercio, otro importante generador de empleo, había crecido interanualmente en el primer bimestre de este año en un 3.8%. Dicha tasa es ligeramente inferior a la equivalente de marzo del 2014, de un 3.9%. Sin embargo, en tanto que en junio del año pasado venía creciendo a una tasa anual promedio de 4.4%, el crecimiento promedio anualizado a marzo del 2015 se redujo a un 3%. 

6.- En los últimos 11 meses se dio un decrecimiento consecutivo del IMAE; esto es, a partir de abril del 2014 cada mes consecutivo cae más la producción doméstica Por ello, es posible hablar de una economía en decrecimiento desde los últimos once meses, decrecimiento que conforme pasa el tiempo es cada vez menor: crece menos la economía. 

Las noticias en el campo del empleo tampoco son halagüeñas. De acuerdo con el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) sobre la Encuesta Continua de Empleo: Resultados del I Trimestre del 2015, el país alcanzó la tasa de desocupación más elevada de los últimos seis trimestres. La tasa de desocupación es el porcentaje de la población con respecto a la fuerza de trabajo que no trabajó durante la semana de la encuesta y que buscó empleo en las cinco semanas previas. El informe arriba citado muestra que la tasa de desempleo de este primer trimestre del 2015 es la más alta de los últimos siete trimestres.  Así, en el segundo trimestre del 2013 fue de un 10.5% de la fuerza de trabajo, descendió luego y volvió a aumentar a partir del primer trimestre del 2014, en que llegó a ser de 9.8% y finalmente alcanzó a ser un 10.1% de la fuerza de trabajo del país en el primer trimestre de este año.

Si se compara el primer trimestre del 2014 con el del 2015, se observa que la tasa de desempleo de los hombres aumentó de un 8.1% a un 8.8%, en tanto que el de las mujeres permaneció en el nivel más alto de un 12.3%.

Un indicador importante de tener presente cuando se analiza el mercado de trabajo, es la llamada tasa de participación neta, que indica el porcentaje de la fuerza de trabajo del país con respecto a la población en edad de trabajar. Un descenso de dicha tasa neta de participación puede deberse a que personas que, en un primer momento buscaron empleo, hayan desistido; esto es, que la fuerza de trabajo descendió, pues al no encontrar trabajo abandonaron su esfuerzo. Recientemente en el país, la tasa de participación neta pasó de un 63.7% en el primer trimestre del 2014 a un porcentaje menor -un 61.8%- en el similar del 2015.  Puede deberse a gente que haya abandonado su búsqueda de empleo. La deserción de la fuerza de trabajo no se refleja en la tasa de desempleo abierto, pues ésta resulta de comparar la población desocupada respecto a la población económicamente activa o fuerza de trabajo (esta última no comprende a la población que dejó de buscar trabajo). Si bien la población económicamente activa del país aumentó de 3.628.363 en el 2014 a 3.692.461 en el 2015, la población ocupada descendió de 2.084.210 en el 2014 a 2.051.208 en el 2015; por tanto, la tasa de ocupación se redujo de 57.4% de la población económicamente activa del 2014 a un 55.5% del equivalente en el 2015.

Otro indicador importante es la tasa de subempleo, definida como el porcentaje de la población ocupada con subempleo respecto a la población total ocupada. Subempleo se refiere al trabajo habitual de menos de 47 horas a la semana en la ocupación principal y otras ocupaciones, de gente que desea trabajar por más horas, pero no lo encuentra. Pues bien, en tanto que en el primer trimestre de 2014 la tasa de subempleo en la economía fue de un 11.9%, un año después se había incrementado a un 12.9%.

En síntesis, la situación laboral del país ha continuado empeorando en el último año. Si unimos este desalentador estado del empleo en el país con el poco crecimiento de la economía en general y hasta de un decrecimiento en algunos sectores claves, no nos queda más que preguntar dos cosas: primera, ¿qué puede explicar este empeoramiento en la economía costarricense? y, segunda, ¿si las medidas que recientemente ha tomado el gobierno conducen a revertir esa mala situación?

En cuanto a la primera pregunta hay que mencionar razones tanto de índole externa como interna. Por ejemplo, en lo que se refiere a exportaciones, en un informe del 21 de mayo de la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER), se indica que éstas han caído en lo que va de enero a abril de este año en un 17%. En un período idéntico del año pasado, el país exportó $3.851 millones, mientras que en un mismo lapso, pero en ese año, han sido de tan sólo $3.176; es decir, $675 menos. Tal caída en mucho se debe a un descenso de las exportaciones agrícolas (disminuyeron un 7.8% en el mismo período antes referido), así como de la industria alimentaria (descenso de 7% en ese mismo período). Pero, también, se debe a un descenso del 74% en las exportaciones de la industria eléctrica y electrónica, debido a la salida del país de la firma INTEL.

De paso, según el Banco Central, las importaciones de enero a abril de este año fueron de $4.991 millones, mostrando la balanza comercial, al momento, un déficit de $1.840 millones.

Pero las perspectivas de una recuperación del crecimiento de las economías principales del mundo no son muy confortables, dado que no se espera mucho del comportamiento de Europa ni del de los Estados Unidos, ni del Japón, y más bien la economía china está dando muestras claras de una desaceleración significativa de su economía. Así las cosas, en apariencia la demanda externa, si acaso con suerte, no empeorará, pero lo más posible es que el efecto recesivo continúe en este año. 

Aquel déficit citado previamente de nuestra balanza comercial se deberá de financiar (además de posibles variaciones en las reservas) mediante la inversión extranjera, por lo cual es crucial ver cómo medidas internas que permitan su atracción son puestas en práctica. En una reciente visita del presidente a los Estados Unidos a fin de atraer inversiones al país, se encontró con críticas empresariales al alto costo de la energía eléctrica y al mal estado de la infraestructura de exportaciones de nuestro país, que obviamente compite en cuanto atraer inversiones con muchas otras naciones, algunas de ellas muy cercanas.

Termino mi comentario refiriéndome a la segunda pregunta: ¿Revertirán esa caída de nuestra economía las medidas económicas que supuestamente está tomando el gobierno para evitar dicho problema? Honestamente creo que no. Las decisiones que recientemente ha tomado el nuevo gobierno más bien han contribuido, en mi criterio, a aumentar la incertidumbre que hoy encara el sector productivo, tanto el doméstico como el externo ubicado en el país. La lista de medidas de tal naturaleza puede ser extensa, pero me concentraré en las propuestas para hacer frente al problema fiscal del país y, en especial, a la forma en que el gobierno pretende lograrlo.  Enfatizaré este último tema, aunque no debería dejar de lado, por ejemplo, las medidas laborales tomadas por el estado que otorgaron mayores poderes a los grupos sindicalizados del gobierno, así como la ausencia de medidas para reducir el sensible costo tan elevado de la energía eléctrica en el país, incluso la oposición sistemática del gobierno a una mayor participación privada en la producción de energía, proveniente de fuentes hidráulicas, pero también de fuentes alternativas, tales como impedir el desarrollo del gas y la exploración de petróleo en el país, así como de la energía geotérmica, todo lo cual podría abaratar uno de los costos más sensibles para la producción nacional.

Lo cual ciertamente no acabo de descifrar es si este gobierno es iluso o si es que, a sabiendas, nos engaña en cuanto a la política fiscal de reducción del déficit estatal. Antes que nada, hace dos años los políticos de esta administración nos había señalado que no pondrían impuesto alguno antes de que se lograra reducir sustancialmente el excesivo gasto gubernamental. Pero, a posterioridad, en vez de disminuirlo, más bien aprobó un jugoso incremento del 19% en el presupuesto del gobierno central (tal vez ilegalmente, pero como tal lo “aprobó” la Asamblea Legislativa). Ahora nos ha venido diciendo que dialogará y enviará proyectos ante el Congreso, orientados a reducir el gasto, pero, sin que, de hecho, haya presentado un proyecto en concreto y definitivo ante el seno legislativo. Por eso, con toda propiedad el nuevo directorio legislativo multipartidista ha dicho públicamente que no aprobará nuevos gravámenes, antes de que se reduzca efectivamente el gasto y que, asumo, haya valorado su pertinencia. Pero ya el presidente de la República ha indicado, casi que terminantemente, que los impuestos deberán quedar aprobados en este año. Así porque sí: sin garantía alguna para la ciudadanía de que se le entrará certeramente a resolver el problema del déficit en su raíz, cual es el excesivo gasto gubernamental.

Tenemos una economía que casi no crece y ante un panorama laboral deprimente, en un marco de incertidumbre que realmente preocupa, y en donde el gobierno casi que lo único que pretende es poner mayores impuestos y trabas al sector productivo del país. (Lo último: en el momento en que escribo esto se han dado a conocer propuestas oficiales que pretenden restringir los derechos básicos de los ciudadanos de hacer lo que les parezca -en tanto no causen daño directo a los derechos de terceros- con su propiedad privada en lo relativo a los condominios; limitaciones que van desde la prohibición de edificarlos en ciertas partes del país a construir tapias a su alrededor porque afecta “el paisaje”). Pero en lo esencial, en su codicia por lograr mayores ingresos mediante impuestos, aún no he visto que la introducción de nuevos y mayores gravámenes al sector privado -esto es, todos nosotros- se convierte en un estímulo para que una alicaída economía pueda recuperar su crecimiento. Quienes a veces simplemente proponen mayores impuestos, tienen ante sí un serio desafío que deben satisfacer: explicar y comprobarle a los ciudadanos que con mayores impuestos, es como puede lograrse que un país económicamente desalentado pueda recuperar su crecimiento.  Lo aciago es que, si se toman esas medidas restrictivas de la economía de las personas, mediantes las cuales se traspasan forzadamente recursos privados al estado, pronto éste, al disponer de mayores ingresos frescos, simplemente procederá a gastarlos, tal como ha sido la historia fiscal de nuestro país en los últimos tiempos. Impuestos, más impuestos, igual a gastos, más gastos gubernamentales.

Es más que una verdad de Perogrullo cuando alguien postula que  “el empleo no se recuperará mientras haya un débil crecimiento de la economía”. Es una realidad comprobada en muchas experiencias económicas. Recientemente en Costa Rica, durante la última administración Arias Sánchez, allá por el 2008, el alto crecimiento de la economía permitió que se presentara algo no logrado por muchos años: que el país lograra tener un superávit fiscal. Punto aparte es que ese mismo gobierno no aprovechó esa oportunidad de oro para ordenar las finanzas en el futuro, sino que el gobierno incrementó dispendiosamente su gasto, volviendo el país, poco después, a los números rojos y heredándole el problema al gobierno siguiente.

La imposición de nuevos y mayores tributos no sólo afectará esos números fríos que están detrás de “un crecimiento del Producto Interno Bruto”. Si, a causa de esos gravámenes incrementados se afecta la disposición de los inversionistas privados, nacionales y extranjeros, para dedicar mayores recursos a la inversión, eso sin duda que se reflejará en una menor demanda de mano de obra. Dada la hoy deprimente situación de nuestro mercado laboral, tal efecto sería una verdadera desgracia para los ciudadanos. Por ello, es crucial tener presente que, si mediante mayores impuestos se afecta el rendimiento de la inversión, la formación de ahorros, el impulso a crear nuevas empresas e innovar, no es una política económica que se pueda considerar como conveniente para la ciudadanía. Por el contrario, con ellas se reducirá el crecimiento, la inversión, la demanda de mano de obra y los ingresos familiares. Lo que le seguiría no quiero ni imaginarlo. Quienes imaginan que mayores impuestos favorecerán nuestra economía deben reconocer que sucederá lo contrario. No podrán engañarnos prometiéndonos que sus políticas conducirán a mejores condiciones de vida. Vale que ya no creemos en sus ilusiones y vanas promesas, sino en realidades y en el honesto cumplimiento de lo prometido, cual es el logro de un mayor bienestar para todos los ciudadanos. 

En resumen, es una ilusión la de quienes creen que aumentando los impuestos lograrán que se recupere el crecimiento de la economía o es un engaño que, a sabiendas del efecto negativo de mayores impuestos sobre el crecimiento, nos quieran hacer creer que eso es posible.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: algo positivo en cuanto a pobreza, pero no la elimina

Que en algún momento un estado muestre ser un dechado de ineficiencia, no significa que eternamente deba serlo. Es posible hacer a un estado menos ineficiente o más eficiente, como se quiera clasificar al proceso.  Optimista que soy, procedo a referirme a un caso expuesto en La Nación del 21 de enero, en un artículo que lleva por título “País estrena sistema para controlar ayudas a pobres: Base de datos almacena información de 665.000 beneficiarios del estado.”

Partamos de que, según  “el último informe del Estado de la Nación, un 24% de las transferencias a pobres termina en manos de personas que no las necesitan.” Francamente no sé cómo llegaron a tal porcentaje, pues bien puede ser mayor o menor; en todo caso, parece existir una especie de maldición para los buenos propósitos de algunos corazones sensibles, cuando desarrollan programas de ayuda a personas o familias, que en muchas ocasiones simplemente son fáciles de obtener, sin que se requiere de un estudio serio que determine si las necesidades, que son la base para la ayuda, existen o no. Pero, también porque suele ser usual que muchas de esas ayudas se den sin que se exija un esfuerzo complementario de parte del receptor para que, con su esfuerzo personal, pueda llegar el momento en que tal ayuda no sea necesaria. Traigo a colación, como ejemplo de esa “eternidad” de vivir de la manutención estatal, lo que sucedió en la ciudad de Nueva York, cuando en cierto momento histórico (en época de su muy conocido alcalde, Fiorello de la Guardia), se fijaron topes los alquileres, a fin de “ayudar a los pobres”. Unos 50 años después de existir tal política, se documentó que eran los nietos de los beneficiarios iniciales (de los relativamente pocos que encontraron vivienda para alquilar en aquel entonces), quienes aún vivían en esas viviendas subsidiadas. Simplemente no buscaban otra vivienda tal vez no tan antigua o deteriorada en sus barrios, porque no podían dejar ir tan jugosa transferencia, que aún se recibía mediante alquileres objeto de aquella fijación gubernamental. De hecho, tal inamovilidad terminó convirtiéndose en un castigo; esto es, recibir un subsidio por el alquiler bajo aún vigente, “a cambio de” tener que vivir inamovibles en aquellas viviendas algo envejecidas y relativamente poco cuidadas. El incentivo claro, en este caso, era el de no abandonar la casa subsidiada, pues si lo hacían no encontrarían subsidios similares en otros lados. Por ello, terminaron siendo cautivos de un sistema paternalista que, a cambio del subsidio, les ancló para siempre: no había incentivos para que dejaran de percibirlo; por ello prefirieron quedarse en sus viviendas desvencijadas para no tener que pagar más en otros lugares no subsidiados. 

Hablemos del impacto posible de ese 24% de ayuda que no le llega a los grupos de ingresos en estado de pobreza. De acuerdo con el IMAS, esos infiltrados se llevan la significativa suma de ₡147.000 millones (tan sólo en Avancemos, la plata mal recibida asciende a ₡48.000 millones). Para todos estos programas de transferencias de ayuda gubernamental, es crucial saber bien cuáles son los beneficiados, en qué condiciones económicas están en la realidad, que no haya un ocultamiento de ingresos, que no reciban una multiplicidad innecesaria de fuentes de ayuda; esto es, debe verse el monto de ayuda agregada que reciben y, ante todo, si el sistema comprende incentivos para que, en algún momento, dejen de depender de esas fuentes de asistencia gubernamental.

Una de las reformas más importantes que se dio en los Estados Unidos, en cuanto a sus programes estatales de “lucha contra la pobreza”, sucedió durante la administración del presidente Clinton, quien definió que, para poder recibir ayuda de los programas gubernamentales contra la pobreza, era necesario que los beneficiarios comprobaran que no contaban con los medios definidos como requeridos para recibirla y, en segundo lugar, que los beneficiarios estuvieran dispuestos a obtener ingresos provenientes de otras fuentes productivas; esto es, que formaran parte de una fuerza de trabajo dispuesta a laborar cuando el gobierno (junto con el sector privado), indicaran posibilidades para ello (nada de estar “echadotes”, esperando mes a mes a que les llegara la plata del estado).

De acuerdo con el informe Estado de la Nación previamente citado, los programas de asistencia “con mayores filtraciones (esto es, goles de vivazos) son el bono de vivienda con un 37%, comedores escolares con un 31.7% y Avancemos, con un 22.2%”. No son porcentajes nada insignificantes y bien podrían ser la base existencial de una especie de dependencia falsificada, en donde se finge pobreza, a fin de recibir regularmente plata proveniente de los impuestos que pagamos todos los costarricenses.

No quiero comentar historias folclóricas acerca de cómo es posible que una familia pueda tener hasta tres casas obtenidas con bonos de vivienda, o cómo es que gente platuda recibe fondos públicos en la forma de becas, para que sus “pobrecitos” hijos vayan a la escuela o bien de muchachitos que vienen de familias de ingresos medios, pero que reciben en las escuelas comidas pagadas por toda la sociedad. No es ese el propósito de este comentario, sino, más bien, en gran parte el de resaltar algunos esfuerzos positivos que se están poniendo en marcha para tratar de que, al menos, los programas de ayuda se dirijan hacia quienes verdaderamente los necesitan. A pesar de esos empeños, debo señalar que falta mucho en cuanto a definir incentivos que induzcan a que los receptores de esas ayudas para que decidan dejar de depender de esas subvenciones y que más bien los estimulen a mejorar sus condiciones de vida, mediante esfuerzos laborales propios.

Bajo la responsabilidad del IMAS (ojalá vuelva los ojos de la eficiencia también hacia adentro), se ha desarrollado un sistema de información sobre las 665.000 personas en estado de pobreza, al cual se le conoce como Sistema Nacional de Información Social (SINAIS), que en esencia es un registro único (ya no desperdigado y ausente de coordinación entre diversos entes que dan ayuda) de personas que reciben ayuda estatal. Entre ellas, “bonos de vivienda, las becas, el subsidio para alimentos o la pensión del régimen no contributivo” de la Caja Costarricense de Seguro Social. Mucha de esa información ya está en registros propios de ciertas instituciones, pero no están integrados, de manera que se pueda saber, por una parte, el conjunto de ayuda que una persona o familia pueda estar recibiendo, así como los resultados esperados de esas diversas ayudas. “Las entidades que aportaron los registros son el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), el Ministerio de Trabajo, el Fondo Nacional de Becas (FONABE) y el IMAS.” Pero, obviamente, faltan muchos otros entes estatales en donde cada uno, a su manera, realiza transferencias o cosas similares, bajo el pretexto o criterio de luchar contra la pobreza. Por ejemplo, las becas de las universidades públicas, las condonaciones de deudas que con frecuencia hace la Asamblea Legislativa, las ayudas de la oficina de la primera dama de la República, las que en ocasiones hace el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA, antiguo ITCO), el programa de intereses subsidiados a pequeñas y medianas empresas de la banca comercial del estado, el subsidio en el costo de la electricidad para ciertos grupos de ingresos relativamente bajos, el subsidio a los combustibles para pescadores artesanales y similares, entre otros. Si uno analiza la argumentación política utilizada para la creación de cada uno esos diferentes programas de ayuda estatal, se encontrará siempre con que lo fueron teniendo como objetivo, primordial o secundario, luchar contra la pobreza.

Comparto la aspiración del ministro de bienestar social, don Carlos Alvarado, quien dice que “no es sólo el sistema informático, la clave es que las instituciones se apropien de estos, que sepan que tienen que revisar los beneficiarios para que no se den duplicidades. Lo que hace coherente esto es que esté dentro de una política social única, para evitar problemas de dispersión, que siempre hemos señalado.” Pero tan buen objetivo no es suficiente; es crucial dar el paso siguiente, cual es evitar que las “ayudas” no se conviertan en algo permanente; esto es, que haya esquemas de graduación, lo cual quiere decir que las dejan de recibir después de cierto momento. Para eso se requiere que los marcos institucionales de ayuda se conviertan en un apoyo para que sea el individuo, con el esfuerzo propio, el que le permita salir de la pobreza.

Si algo se logra en el sentido en que lo hemos expuesto, creo que el estado será mucho menos ineficiente de lo que es en la actualidad. Podemos estar en presencia de un esfuerzo positivo de hacer mejor las cosas.

Pero también es necesario recalcar un hecho innegable en la historia económica de la humanidad: cuando hay crecimiento económico en una nación o una región, disminuye la pobreza. Esto lo destaca el notable historiador y economista Deepak Lal, profesor de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), en la introducción a su último libro Poverty and Progress: Realities and Myths about Global Poverty [Pobreza y Progreso: Realidades y Mitos acerca de la Pobreza Global], Washington D. C.: Cato Institute, 2013, en donde señala que

“El mensaje central de este libro es que un crecimiento económico eficiente es el único medio para aliviar la antigua pobreza estructural del Tercer Mundo, y que si los países crecen rápidamente, con un ingreso per cápita aumentando por arriba de un 3 por ciento anual, el muy ridiculizado proceso de filtración o goteo [trickle-down] disminuiría rápidamente la pobreza estructural.  Esta aseveración ha sido confirmada de manera rotunda en las últimas dos décadas, por la reducción más grande de la pobreza vista en la historia humana, cuando dos gigantes emergentes -India y China- crecientemente han adoptado las políticas económicas liberales clásicas, que han conducido a fuertes aumentos en las tasas de crecimiento de sus ingresos per cápita.” (P. 1).

De aquí que, si de algo sirve el consejo que nos hace Lal, basado en la experiencia humana de disminución de la pobreza a través de la historia, es crucial que la lucha contra la pobreza vaya más allá del paliativo gubernamental de asistencia económica y que el país efectivamente abrace políticas económicas conducentes a que la nación crezca mucho más rápidamente, en comparación a cómo lo hace en la actualidad. Obviamente esto sobrepasa el esfuerzo del ministro Alvarado, pero plantea el desafío exactamente en donde debe de estar: ¿Será capaz el gobierno actual de desarrollar las políticas deseables para aumentar nuestro crecimiento, u optará por la regresión económica y el empobrecimiento y la disminución del bienestar de los ciudadanos? Ojalá aprendan la lección de la historia del crecimiento económico de la humanidad a través de los siglos. Por ello cierro mi comentario con una pregunta muy actual ante la propuesta gubernamental de aumentar los impuestos, a sabiendas que estos van a provocar un crecimiento económico menor que el actual. ¿Creen ustedes que, con esos mayores impuestos, que provocarán un descenso en el crecimiento de nuestra economía, una disminución de la inversión privada, una reducción de la demanda de mano de obra y, por tanto, un aumento del desempleo y un descenso de los ingresos per cápita, se logrará reducir la pobreza en el país?

Jorge Corrales Quesada