Tema polémico: Hablando ¿claro?

El día de hoy queríamos dedicarlo para analizar el daño que causan en general nuestros medios de comunicación, cuando expresan opiniones como si fueran verdaderos juicios “analíticos” (hablando en términos kantianos). Es decir, expresan opiniones, como si las mismas fueran ciertas en si mismas, sin advertir que lo que hay detrás de las mismas es el paradigma (Kuhn) dominante de nuestros tiempos: la necesidad del Estado de intervenir lo privado para alcanzar bienestar general.

Habiendo desnudado nuestro objetivo, deseamos presentar un sencillo pero ejemplificante caso. El día 10 de abril del presente año en los micrófonos de “Hablando Claro”  se encontraba el presidente del TSE Luis Antonio Sobrado. En ese momento, se discutía una serie de reformas que se pretenden efectuar sobre la materia electoral. Particularmente, nos interesó aquella que se refería a la obligación de los medios de comunicación de otorgar espacios gratuitos para los partidos políticos. Inmediatamente, los entrevistadores resaltaron la conveniencia de dicha propuesta, advirtiendo además que cualquier oposición sólo podría ser fruto del afán codicioso y materialista de los dueños de los medios. Desafortunadamente dicho análisis que pretende ser crítico, no es más que el mero reflejo del paradigma dominante, el cual nos condena a afirmar sin pensar, pero lo que es peor, nos constriñe a esperar que todos los demás asentamos ante una verdad tan obvia y manifiesta.

Pues este día, en ASOJOD queremos atrevernos a ser diferentes, y proponer un análisis alternativo. Parece que todo resulta muy claro: existe un bien superior que es la democracia, al cual cualquier interés particular debe ceder en beneficio de la mayorías. Así las cosas, quién podría ser tan mezquino para objetar dicha reforma. El problema, es que el mundo es más complejo que el simple juego maniqueo que se nos vende: individuos privados malos que deben ser regulados por el Estado. Un ejemplo muy sencillo para desmentir esto: la libertad de conciencia. En ASOJOD, vemos un problema de fondo mucho más grande con dicha propuesta (más allá del tema de regalarle espacio al Estado) y es precisamente el tema de la libertad de conciencia. Pensemos por un momento, en un dueño de medios que sea homosexual: por qué esta persona va a tener que poner al servicio de un tipejo como Justo Orozco todo lo que ha producido con el sudor de su frente, para escucharlo decir que es un pecador o alguien con una enfermedad. Igualmente, por qué un dueño de medios que por ejemplo sea pro vida, tiene que prestar sus recursos para escuchar a un político que abogue a favor del aborto.

Como se ve, cualquier propuesta tiene siempre un sin fin de implicaciones: éticas, políticas, sociológicas, económicas, etc, implicaciones que no pueden ser analizadas correctamente a partir de una aplicación en automático de un paradigma tan pobre e ingenuo. Lo más triste, es que esas meras opiniones infundadas y precoces pasen en nuestro medio como análisis críticos de la realidad nacional.

Tema Polémico: ¿Partidos liberales o liberalismo en partidos?

Cuando Friedrich von Hayek fundó, en la década de los 40, la Sociedad Mont Pelerin aconsejó a todos los liberales “no ensuciarse los zapatos en campañas electorales y predicar el libre mercado a los socialistas de todos los partidos” ¿Estaba Hayek en lo correcto?  El día de hoy en ASOJOD trataremos responder esa pregunta.

Primero que todo, es importante aclarar que cuando nos referimos a política y políticos estamos hablando de la formación de partidos políticos o la incursión de liberales en puestos públicos de poder con el fin de llevar a cabo políticas públicas. Por supuesto, es imposible desligar la política del ser humano pues en nuestra vida en sociedad tomamos decisiones, realizamos negociaciones y discutimos nuestras ideas, todo lo cual nos convierte, en cierta medida, en políticos. Al fin y al cabo, como diría Aristóteles, todos somos seres políticos. 

Ahora bien, ¿serán ciertas las palabras de Hayek de que es más conveniente para los liberales predicar e influenciar la implementación de políticas públicas de índole liberal que ocupar los puestos públicos y hacerlas? Algo parecido a una figura como la de Milton Friedman y sus influencias en el gobierno de Ronald Reagan o por medio de asociaciones o “think tanks”.

Esto tiene mucho sentido y basta con tan solo ver las experiencias en Costa Rica para darse cuenta. El Movimiento Libertario fue creado en 1994 con un ideal claro y era el de gobernar por medio de políticas liberales; un “partido ideológico”. En el tiempo hemos visto cómo este partido se ha visto desprestigiado por casos de abusos y descontroles, por concentración de poder e inconsistencias ideológicas. Con el objetivo de ganar más votos se vio tentado a olvidar muchos ideales liberales e, incluso, hoy día, ha pactado con un ex Presidente de la República condenado en firme por los Tribunales de Justicia por un caso de corrupción. Otra gran consecuencia, o tal vez la más nefasta, ha sido el inevitable desprestigio de parte de muchos ciudadanos hacia el concepto del liberalismo a causa de los errores de unos cuantos sedientos de poder o por la asombrosa incapacidad de nosotros mismos por explicar a las personas cómo nuestras ideas funcionan, así como por la también increíble capacidad que tienen los colectivistas de difundir su idea, en mucho ayudados por lo atractivo que suenan sus postulados para buena parte de la sociedad. 

En fin, todo esto es, hasta cierto punto, inevitable: los partidos políticos están formados por personas y las personas cometen errores, se dejan tentar por el poder y se obnubilan. Además, los partidos políticos evolucionan a medida que van creciendo y nunca se puede predecir a ciencia cierta hacia qué dirección van a evolucionar. No obstante lo anterior, en ASOJOD consideramos que si los liberales nos apartamos de la política, cometeríamos un gran error. Discrepamos un poco de Hayek pues creemos que el liberal puede y debe participar para defender sus derechos y libertades. Así como rechazamos el principio socialista de que unos deben velar por otros, que a unos les corresponde pagar para que los otros puedan tener oportunidades, que es válido que otros no asuman sus responsabilidades y se las trasladen a otros, también rechazamos que alguien más se encargue de defendernos, porque simplemente, no confiamos en que lo hagan. Por eso, tenemos que hacerlo por nosotros mismos: el imperativo kantiano de sapere aude (saber por sí mismo), se convierte en una máxima política de hacer por sí mismo. 

El liberalismo puede plasmarse en políticas públicas puntuales. Y, lamentablemente, por la configuración de nuestro sistema político y el contenido del ordenamiento jurídico,la única forma de modificar esas políticas públicas es mediante las instituciones formales, ello es, mediante los Poderes Públicos que tienen capacidad de decisión colectiva. Por ello, se necesita que buenos liberales, como lo ha demostrado ser Ron Paul en Estados Unidos, estén ahí para intentar detener todas las afrentas posibles que la fauna colectivista, bastante creativa, impulse. El reto está en mantenerse firme en sus convicciones, leal a sus principios, en no transigir sobre sus valores, algo que los Diputados que ha tenido el Movimiento Libertario, con excepción de Federico Malavassi y Mario Quirós, no han logrado. 

De ahí la necesidad de que, a pesar de las decepciones, los liberales no nos alejemos de la política. Debemos saber que si no estamos allí, nadie defenderá nuestras libertades. Por eso nos toca arrollarnos las mangas y aprovechar cualquier espacio que surja, sea en partidos liberales (retomando al Movimiento Libertario o impulsando uno nuevo, según sea el deseo de cada quien) o incursionando en otros partidos como un caballo de troya, tal como lo hizo Paul con el Partido Republicano 

Viernes de recomendación

Para esta ocasión, queremos compartir con ustedes una interesante conferencia de Friedrich Hayek titulado "Libertad económica y gobierno representantivo", donde reflexiona no solo sobre la importancia del libre mercado y el peligro de la intervención estatal en la economía, sino también sobre la preocupante idea de que las mayorías tienen derecho a imponer su criterio, cuando en realidad son simples voceros de grupos particulares de interés. Hayek nos llama a pensar sobre la importancia de que el sistema de frenos y contrapesos no debe existir únicamente entre los Poderes, sino también a lo interno de ellos, de forma que, por ejemplo en el Parlamento, deban existir límites a la capacidad coerctiva para garantizar los derechos y libertades individuales.

La columna de Carlos Federico Smith: freno a la desesperanza

Entre otras cosas, me llaman la atención dos resultados obtenidos a partir de la reciente encuesta de la firma UNIMER. El primero es la creciente tendencia a una mayor abstención del voto ciudadano en las próximas elecciones nacionales. Los datos para julio indican que un 35% de los votantes no votará, en tanto que la cifra correspondiente para enero fue de un 22%. El segundo resultado de la encuesta que concita mi interés es la mayor predisposición de los ciudadanos para que se conforme un partido político nuevo que se oponga a Liberación Nacional, en contraste con una menor preferencia que indica que dicha contienda sea producto de la alianza de los actuales partidos de oposición.

Opino que para el elector el tema crucial implícito es cómo enfrentar el hecho aparente de que el Partido Liberación Nacional saldrá unido y ganador en las próximas elecciones. Sí, tengo muy presente que falta mucho rato para que éstas se lleven a cabo y muchas cosas pueden pasar en ese lapso, pero la encuesta brinda una radiografía de la opinión que a la fecha tiene el ciudadano. Me parece que claramente piensa que Liberación tiene mayores posibilidades de ganar las próximas elecciones y que, relativamente insatisfecho con ello, valora las posibilidades de que los electores puedan enfrentarlo mediante una coalición de los partidos existentes o con la conformación de uno nuevo.

A pesar de sus aparentes discrepancias y pleitos electoreros, la más explícita demostración de que todos esos aspavientes entre partidarios de Liberación Nacional no es más que eso, puros ademanes, es que, a la hora de las cosas y desde ya parecen revelarlo, estarán en el amasiato que ya conocemos. Un episodio de la serie de televisión de los Sopranos, la familia mafiosa de Nueva Jersey, exhibe claramente esa conducta.  En tanto había dudas de quién iba a ser el jefe de la mafia, todos los interesados en posesionarse del cargo se peleaban entre sí (violentamente era el caso). Pero, una vez definido, todos ellos se comportaron como obedientes ovejitas ante el capo de tutti il capi. Tal como ahora lo hacen, hablando horrores de los contrincantes, haciendo movidas para favorecer el momento de su elección, guardando silencios falsos y oportunistas en cuanto a decidir si participan en la contienda, además de que se rasgan las vestiduras en cuanto a la incapacidad y corruptela que ha rodeado esta administración de su propio partido, apenas tengan definido al jefe de turno, todos estarán mansitos a su lado.

Hay que entender bien el fenómeno político: lo único que les interesa es el poder y en la búsqueda de su logro o conservación harán lo que sea necesario. Ante la ciudadanía, algunos de esos políticos señalan ser radicalmente diferentes de los que lideran otros grupos dentro de su partido, de los cuales dicen avergonzarse. Pero, a la hora de las cosas, el instinto de supervivencia y la necesidad de conservar el poder (y de ser parte de él), harán que se unan. La mejor anticipación de esta conducta es una foto publicada hace poquitos días en el periódico La Nación, en donde, en la misma mesa política de la dirigencia partidaria, se ven sentaditos, sonrientes y casi que encariñados, a los precandidatos Arias, Figueres, Araya y Berrocal. El precandidato Álvarez posiblemente estuvo ausente del aquelarre porque no estaba en el país. Juntos y revueltos, mientras que la ciudadanía se angustia a un grado tal, que está dispuesta, en un altísimo porcentaje, a no votar en las próximas elecciones. Con esta conducta del ciudadano votante cuenta Liberación para ser re-electo en el poder.

Gran parte de esa desazón ciudadana se origina en la conducta exhibida por los sectores llamados de la oposición, que, después de muchos cuestionamientos, ampliamente conocidos, de varios de sus más destacados líderes, simplemente cree que si cada uno de esos grupos políticos que la compone lanza por separado su candidato presidencial, será suficiente para derrotar a Liberación. Este es en mucho el problema de la oposición: no dispone de líderes que aglutinen a los electores en un porcentaje significativo, tal que permita que se le considere una opción real a Liberación. Si los grupos de la oposición salen cada uno por separado, tengan por seguro que la derrota les abrazará con toda su fuerza. Incluso lograrán que surja una Asamblea Legislativa en donde la suma de sus minorías no será mayor que la de Liberación.  Esto es, podrían hasta perder su mayoría legislativa relativa de la que gozan hoy. Entre tanto, el dilema que encara el elector liberacionista no parece ser el de si votan por su partido, sino más bien por cuál de los precandidatos que hoy se exhiben lo harán. Y ello a pesar del tan cuestionado y mal gobierno actual de su partido.

La angustia de muchos ciudadanos partidarios de un cambio en los Poderes Ejecutivo y Legislativo llega a un grado tal, que indica preferir la conformación de un partido político nuevo, en vez de que surja una coalición de los partidos de la oposición.  Esta idea, que no me disgusta, tan sólo enfrenta una realidad que la hace casi imposible: ¿No se han dado cuenta acaso de lo difícil que es, política y legalmente, conformar un partido nuevo en Costa Rica? No se trata de soplar y hacer botellas y de pronto, ¡zas!, aquí está la tabla de salvación.  No sólo el marco jurídico actual favorece claramente al oligopolio de partidos existentes, sino que un partido político nuevo requiere de un financiamiento, que hoy más bien parece orientarse hacia quien tiene mayores posibilidades de ganar las elecciones y, por ende, repartir favores y protección.

Dado lo expuesto, la oposición tiente ante sí una enorme obligación ante la ciudadanía: en un marco de decencia básico, entendiendo la necesidad de priorizar intereses esenciales y dejar de lado otros (negociar a lo interno), buscar como presentar un candidato que los votantes acepten con algún grado de confianza, como para que vayan a votar por él y la coalición en las próximas elecciones. Esta parece ser la única opción viable en este momento, ante lo que evidencia ser el monopolio del poder político que representa Liberación. Si la oposición no actúa en consonancia, será corresponsable, por una parte, de que Liberación siga gobernando y, por otra, que se estimule el surgimiento de grupos extremos, que, para mal, capitalicen una muy bien fundamentada inconformidad ciudadana. Sonará meloso, pero creo que las buenas personas, los buenos ciudadanos, que creo hacen mayoría en este país, merecemos un mejor destino del que hoy se vislumbra.

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: praxis y pensamiento liberal

El liberalismo como movimiento político con opciones de acceder a puestos de poder está muerto, por el momento, o al menos agonizando en nuestro país.

La principal trinchera partidaria, donde las ideas liberales eran “defendidas” sufrió meses atrás el toque de gracia, debido al supuesto mal uso de fondos públicos por parte del Movimiento Libertario. Luego surgió otra propuesta de organización política (Partido por la Libertad) del que poco se sabe y cuyo ámbito de acción se limita al Internet.

No es que el liberalismo esté huérfano en el país. Existen organizaciones que aún enarbolan las ideas de la libertad, como la Asociación Nacional de Fomento Económico (ANFE), pero entre un think tank y un partido político hay mucha diferencia. El primero es un reservorio de ideas, discusión y debate intelectual, el segundo es praxis y acción política. El primero sin el segundo se queda en el ámbito de las ideas, con impacto nulo o casi nulo en el mundo de lo concreto, de lo cotidiano. El partido político sin el respaldo de la formación de ideas es un hervidero de populismo sin cabeza.

Debemos ser sinceros. El liberalismo como acción política en Costa Rica vive en el letargo, como esperando a que algo suceda, que alguien responda. Duerme el sueño de los justos mientras en otras trincheras se arman hasta los dientes, esperando arrasar con todos los espacios de poder político.

Pareciera, triste es decirlo desde este espacio, que somos incapaces de conjugar la praxis política y la reflexión ideológica sincera, ajustada a un ideario de pensamiento consistente con los principios liberales, como si una cosa y otra fueran incompatibles. Lo cierto es que hemos sido muy buenos generando ideas, pero pésimos en materializarlas.

Por eso es tan importante que los liberales decidan. O se permanece como una reflexión o se pasa a la acción. Existe suficiente capacidad intelectual, pero es necesario que exista a voluntad de ensuciarse las manos y no todos los liberales costarricenses están dispuestos a hacerlo.

Es importante que se conjuguen las voluntades y capacidades para formular una propuesta coherente y agradable al costarricense.

Tema polémico: la necesidad de la oposición

Las últimas elecciones en Venezuela deben servirnos como una lección para todos los costarricenses. La historia reciente de dicho país muestra cómo un gobierno absolutamente inoperante puede conservar su poder gracias a la incapacidad de la oposición para articular un proyecto alternativo y coherente al que se encuentra en el poder.

Esto es un relevante en un contexto como el costarricense, con un gobierno incapaz e inoperante a todas luces, que divaga sin rumbo claro. Pero la pregunta es ¿cuál o cuáles partidos políticos pueden acabar con la hegemonía del PLN, que día con día va copando más sectores de poder, no gracias a su capacidad sino a partir de la incompetencia misma de la oposición?

Precisamente los partidos de oposición deben encontrar la fórmula para desbancar al PLN y con ello evitar un tercer gobierno consecutivo de dicho partido. El gran obstáculo para ello es que los partidos de oposición más importantes parecieran estar muertos políticamente. Veamos: en lo que se refiere al Movimiento Libertario, habría que ser un iluso para pensar que este es una opción viable. El caudillismo de Otto Guevara ha acabado con la posibilidad de la renovación y formación de nuevos líderes, impidiendo el nacimiento de un verdadero partido y condenando a esa agrupación a un mero conglomerado de seguidores del "líder mesiánico". Además su desliz de aliarse al PLN después de haber afirmado que este era el partido más corrupto de la historia, resultó una verdadera novatada en lo que se refiere a la estrategia política.

El caso del PAC no resulta muy distinto. Dicho partido también ha sido secuestrado por un megalómano y su discurso ético pueril no pareciera ser una propuesta suficiente para seducir a los electores. No vale la pena ni siquiera comentar el fiasco acontecido con el TLC, en donde los flamantes diputados de ese partido intentaron obstruir el mandato ciudadano en las urnas. Po r último, el caso del PUSC resulta simplemente vergonzoso y no pareciera posible que dicho partido se logré recuperar de los sonados casos de corrupción.

Con este panorama pareciera que surge una pregunta necesaria: ¿será necesaria la creación de un nuevo partido político para arrebatarle el poder al PLN?

La Unidad recargada...

Varios disidentes del fenecido Partido Unidad Social Cristiana anuncian la creación de un nuevo partido político, igualmente socialcristiano, pero sin la macabra influencia de Calderón y los suyos.

A la “cabeza” de esta nueva organización se encuentra Rodolfo Méndez Mata, nueva figura en la arena política (sarcasmo), y uno que otro que no sucumbió a las tentaciones del Movimiento Libertario o el PAC, pues dichas agrupaciones no tenían “alma socialcristiana (...) para recoger la legítimas aspiraciones de los socialcristianos”.

Ya veremos como se desarrolla esta aventura política, después de todo, un nuevo partido político nunca está demás en nuestra querida Costa Rica.

Tema polémico: el inicio de la carrera electoral

A pesar de que muchos candidatos llevan semanas bombardeando los medios de propaganda –el caso más notorio es Otto Guevara- hasta este mes de octubre empieza la campaña electoral, la cual culminará con la elección del próximo presidente para el periodo 2010-2014. Por ello en ASOJOD queremos dedicar este Tema polémico para analizar el panorama hasta el día de hoy.

El pasado jueves, la Nación publicó una encuesta de Unimer, dentro de la cual se pueden destacar los siguientes datos: primero que todo, resulta contundente la ventaja que posee Laura Chinchilla sobre el resto de candidatos, ventaja que ha mantenido desde el día que ganó la convención en Liberación Nacional. En la referida encuesta, Chinchilla aparece con un apoyo del 55% de los votantes, con especial fortaleza en el sector de juventud -donde no pareciera existir explicación racional para este fenómeno- y entre las mujeres, cuestión que resulta obvia dado la expectativa que puede tener para este sector de la población en cuanto a la posibilidad de elegir, por primera vez, a una mujer. Por último, Chinchilla obtiene la simpatía de las personas con bajos ingresos, lo cual también resulta de esperar a la luz del clientelismo político que Liberación ha construido valiéndose del Estado de Bienestar.

El candidato que aparece después de Chinchilla –pero sumamente lejana a ella- es el eterno Ottón Solís, del PAC, quien cuenta con el 13% de intención de voto. Entre su grupo de seguidores se destacan los estudiantes universitarios -qué dirá esto del nivel de la educación superior de nuestro país-. Muy cerca de Ottón, sigue el también candidato eterno del Movimiento Libertario: Otto Guevara. Tanto el partido como la figura de Guevara han tenido un repunte importante con relación a pasadas encuestas, lo cual da pie para pensar en la posibilidad de desplazar al PAC de ese segundo puesto y rezar por una segunda vuelta. No obstante, esta última opción parece bastante lejana.

El flamante imputado Calderón Fournier aparece en una cuarta posición con apenas un 6%. Es claro que el futuro político de Calderón dependerá de lo que lleguen a fallar los jueces penales el día 5 de octubre. Si resulta condenado, eso será todo para el expresidente; si sale absuelto habrá que ver si logra materializar dicha absolutoria en apoyo político, quizá apelando a una campaña de "mártir", cosa que en un pueblo terriblemente creyente en la fantasía divina, podría funcionar en alguna medida.

Dentro del margen de error aparece el autor de Socialismo Cuántico (¿?), Rolando Araya y más abajo, un grupo de candidatos insensatos y demagogos como Oscar López y, virtualmente, el "rector de la patria", Eugenio Trejos, entre otros. Es claro que los grupos del No al TLC terminarán matándose entre ellos y quitándose votos, al no haber logrado establecer una alianza que les permitiera capitalizar el alto grado de irracionalidad electoral de los costarricenses. Resulta extraño que los guardianes del "bienestar general" y los auténticos patriotas del NO, no pudieran dejar de la do sus egoístas intereses individuales –léase afán de obtener puestos, quizá para ¿enriquecerse?- y formar una alianza que salve a Costa Rica del maléfico imperio ¿neo? liberal. ¿Será que los distintos mesiás políticos, amantes de la "justicia social" y demás virtudes, tienen diferentes formas de salvarnos, formas tan incompatibles entre sí como para no poder hacer una alianza? ¿Será que la "visión" de Oscar López para hacer de Costa Rica, el cielo en la tierra, no calza con la propuesta ambientalista-feminista-comunalista-socialista-academicista del Frente Amplio o con el planteamiento cuántico-patriótico-socialdemócrata de Rolando Araya y Mariano Figueres?

En síntesis, es claro que Laura Chinchilla lleva la delantera, a pesar de su poca proyección y pésima participación en foros, debates y conversatorios, apostando a un continuismo, más como una prueba de pereza para proponer otras cosas que como una forma de darle seguimiento a políticas exitosas de la Administración Arias Sánchez (que a nuestro juicio no han existido). Un Ottón Solís y un Otto Guevara peléandose el segundo lugar, aunque muy lejos de Laura. Cabe destacar que, mientras Solís se ve cansado y sus propuestas son un refrito de lo ofrecido antes, Guevara parece más dinámico y con propuestas en muchas áreas, pero esperanzado en una segunda ronda que, si ya es difícil que llegue, más lo es que pueda vencer a Chinchilla, pues no sabemos con cuáles votos, además de los PUSC, podría contar el Movimiento Libertario. Es decir, no vemos a los simpatizantes del PAC, Frente Amplio, Alianza Patriótica o PASE, dando un giro a sus visiones de mundo como para votar por los más lejanos en el espectro ideológico con tal de evitar que el "continuismo de los Arias" prevalezca.

Con Calderón y los socialistas no hay que detenerse mucho, pues las sorpresas que podrían dar es a nivel legislativo, mas no presidencial. El primero, por la ya mencionada situación en que se encuetra, mientras los segundos, por su incapacidad para ponerse de acuerdo -si por la víspera se saca el día, nos preguntamos cómo gobernarían un país si ni siquiera pueden alcanzar acuerdos entre ellos mismos- no harán más que restarse votos entre sí.

Como han podido observar, el panorama parece, al menos a inicios de esta campaña electoral, bien claro. Sólo un milagro o un muy buen trabajo de los otros partidos podría evitar que Chinchilla regrese a Zapote, pero esta vez con la investidura de Presidente de la República.

Defínase, señor Rector

Por un elemental sentido de seriedad personal, transparencia hacia el país y responsabilidad hacia la Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), es hora de que su rector, Eugenio Trejos Benavides, se defina claramente: o permanece en el cargo, con todo lo que ello implica en dedicación total, equilibrio político y representación de una comunidad académica plural, o renuncia para asumir la candidatura presidencial del Frente Amplio.

Permanecer en la actitud ambigua que ha tenido hasta ahora o, peor aún –como ya ha dado a entender– seguir en la Rectoría mientras, a la vez, participa en la contienda electoral, resulta inaceptable e indigno de los valores que encarna su cargo actual.

Así lo han comprendido la Federación de Estudiantes (Feitec) y el Consejo Institucional del ITCR. Pero ni siquiera la actitud de ambos órganos, y el plazo que le plantearon para que se definiera claramente, han producido ninguna manifestación explícita de parte de Trejos Benavides.

La Feitec dio a conocer su posición en un comunicado emitido el 29 de julio. En él, tras dejar constancia de su “respeto” a los ímpetus electorales del funcionario, declara que considera “improcedente en todos sus extremos ostentar su cargo de Rector del ITCR y a su vez ser candidato a cualquier puesto dentro de los tres poderes de la República”. Recuerda que el Estatuto Orgánico de la institución, al describir las funciones del Rector, “en ningún artículo” se refiere a la posibilidad de postulaciones presidenciales, y que si bien la Constitución garantiza el derecho de los ciudadanos a “la participación activa en agrupaciones políticas”, también “restringe dicha actividad” en el caso de los directores o gerentes generales de las instancias autónomas del Estado.

Al día siguiente, el Consejo Institucional solicitó a Trejos precisar “su posición oficial” al respecto. Días antes, el propio Rector había reconocido verbalmente, ante ese órgano que, por “conveniencia institucional”, tenía intención de presentar la renuncia, y propuso un cronograma para hacerla efectiva. Sin embargo, desde entonces comenzó a desdecirse de tal posición y, tras eludir por varios días cualquier contacto público, el miércoles declaró estar en un “proceso de reflexión” sobre los pasos por tomar. Ya para entonces se había vencido el plazo del 3 de agosto fijado por la Feitec para que Trejos se definiera.

La extrema ambigüedad del Rector, su calculada indecisión, sus juegos retóricos, el poco aprecio que ha demostrado por la integridad e imparcialidad políticas de la institución, y el desdén por las posiciones de sus dos órganos más representativos, ya le han causado suficiente daño al Tecnológico, que hoy sufre de peligrosa inestabilidad institucional. Pero los problemas podrían hacerse más graves si Trejos insiste en mantener el cargo a pesar de su postulación presidencial. Una actitud así, por ser totalmente inaceptable, obligaría a un proceso de destitución sin precedentes, que dejaría terribles huellas, tanto en el TEC como en todo el sistema de educación superior del Estado.

No es la primera vez que Trejos, desde la tribuna de la Rectoría, asume militancia política. Ya lo hizo cuando se convirtió en vocero del NO contra el TLC. Entonces, al menos, tenía la excusa –falaz, pero alegable– de que no era un tema de partido, sino una “lucha nacional”. Pero ahora se trata, simple y llanamente, de una ambición política.

Tiene todo el derecho a emprenderla. Pero lo que no tiene derecho alguno a hacer, aunque nada se lo impidiera legalmente, es poner en la picota una institución académica que pertenece a todos los costarricenses, no a él.

Es hora de definirse: o la Rectoría o la candidatura. Nunca ambas.

Editorial de La Nación

Tema polémico: la obligatoriedad de la representación femenina en los partidos políticos

Aunque oficialmente la campaña electoral para los comicios de 2010 aún no ha empezado, ya podemos observar que los diferentes partidos políticos y, especialmente los precandidatos presidenciales, están haciendo lo suyo para obtener votos. En ese contexto, este Tema polémico quiere tocar un tema que está presente en todo el proceso territorial de formación de los partidos políticos (conformación de Asambleas Distritales, Cantonales, Provinciales y Nacional estipuladas por los artículos 60 y 61 del Código Electoral): la obligatoriedad de la representación femenina.

El inciso n) del artículo 58 , así como el artículo de ese código, establece que las distintas estructuras de un partido político deben contar, como mínimo, con un 40% de representación femenina para asegurar su participación. Como si esto fuera poco, desde el 2001, el Tribunal Supremo de Elecciones está promoviendo una reforma al Código Electoral, según la cual ese 40% se mantiene pero las postulaciones presentadas en las nóminas para elecciones nacionales o locales deberán ser trenzadas, de forma que sea hombre-mujer-hombre o mujer-hombre-mujer.

En este particular, en ASOJOD consideramos que tal exigencia es absurda. No porque denigremos a las mujeres o porque creamos que no tienen capacidad para asumir puestos de elección popular, sino que nos resulta indiferente el género de los candidatos, pues estos deberían ser escogidos por sus capacidades y no simplemente por su condición de hombre o mujer. Lamentablemente, y esta es una conclusión que podrán apoyar muchos que hayan participado en procesos electorales con algún partido político, la gran mayoría de las candidaturas está ocupada por personas sin el más mínimo conocimiento y capacidad para desempeñarse en los puestos si llegaren a ser electos, lo que redunda en la mala gestión de los distintos órganos colegiados o unipersonales que tienen poder de decisión pública. Pero, como también lo confirmarán los participantes en los procesos, la obligatoriedad de tener un porcentaje de representantes por su condición particular, se ha prestado para que se consiga gente para "llenar campos" y cumplir el requisito.

Se puede entender que este esfuerzo plasmado en el Código Electoral está basado en buenas intenciones, pero al final, termina por lograr lo contrario. En lugar de asegurar la participación real de las mujeres, obliga a los partidos a cumplir un requisito para lo cual se valen de la primera mujer que logren conseguir y no necesariamente de la mejor de sus posibles partidarias. Así, el criterio de elección es el género y no su capacidad, por lo que se desvaloriza a la misma mujer en tanto se le permite participar por una mera cuestión biológica y sexual. En ese sentido, cuando una mujer llega a un puesto sólo por ser mujer, y no por sus capacidades, y comete errores como resultado de una mala formación para desempeñar el puesto, inmediatamente algunos machistas pretenderán generalizar el fallo como algo propio de toda mujer, creando más problemas de los que buscaba resolver.

Por eso es que en repetidas ocasiones, en ASOJOD hemos criticado la tendencia de nuestros políticos a creer que el texto de una ley resolverá todos los problemas y que, a pesar de basar sus esfuerzos en buenas intenciones, pocas veces contemplan las consecuencias de sus actos. A lo que expusimos en el párrafo anterior hay que añadir que si se le da participación a las personas tan sólo por su condición, entonces esto nos llevaría a una espiral interminable: habrá que asegurar un porcentaje de participación política dentro de los partidos a los discapacitados, a los jóvenes, a los adultos mayores, a los negros, a los asiáticos, a los homosexuales, a los ateos, a los creyentes, a los agnósticos, entre otros, con lo cual nunca terminaríamos.

Como defensores de la libertad de asociación, creemos que las personas tienen derecho a unirse cuando y con quien quiéran, en las condiciones que ellos decidan. Siendo así, como resultado de esa libertad, los individuos deberían poder conformar partidos políticos como lo deseen: sólo hombres, sólo mujeres, sólo adultos mayores o mezclando a los diferentes grupos en las proporciones que ellos mismos -y no el Estado- definan. Al fin y al cabo, la función principal de un partido político es representar al ciudadano en los órganos de toma de decisión política, lo cual implica que es el elector el que decide cuál de los partidos lo representa según sus intereses, valores, proyectos, etc. y estos, a su vez, buscan satisfacer las demandas de aquel.

Siendo así, apoyamos la idea de que los partidos se conformen como los mismos partidarios lo decidan y que la gente sea electa por sus capacidades, habilidades y trabajo, mas no simple y llanamente por su condición de género, etárea, física, etc. pues este tipo de legislación que busca crear cuotas no sólo termina generando más problemas que los que trata de resolver, sino que limita la libertad individual para asociarse en partidos políticos bajo los parámetros que los integrantes deseen y se entromete en una valoración que le corresponde sólo al individuo.

Tema polémico: la política y la religión

A pesar de que en la historia costarricense siempre se ha dicho que las últimas dos décadas del siglo XIX marcaron la separación definitiva de la Iglesia y el Estado y que tanto nuestra Constitución Política como el Código Electoral establecen que los candidatos a puestos de elección deben pertenecer al estado seglar, lo cierto es que el sistema político costarricense está tremendamente marcado por el componente religioso y no sólo por la declaración de confesionalidad contenida en el numeral 75 del Texto Fundamental.

En ese sentido, resulta evidente para cualquier persona que el factor religioso es un elemento influyente en las campañas políticas, en tanto muchos de los partidos han aprovechado, en gran cantidad de oportunidades, la argumentación irracional para llamar al elector,. Ejemplos abundan; para citar unos cuantos, c0mo la campaña política de 1962, donde Calderón Guardia, a la sazón candidato a la presidencia por el PartidoRepublicano, utilizaba el lema de campaña “Calderón Guardia, presidente Católico” y citaba frases de Pio XII. Más adelante, en 1966, el entonces candidato del PLN, Daniel Oduber (que también había sido embajador ante la santa sede), se promocionaba como “el buen amigo del Eco Católico y de la iglesia católica”, a la vez que resaltaba la condecoración de la gran cruz de la orden Piana recibida de manos del santo padre.

Ya para 1974 la iglesia católica había notado que ejercía tal influencia sobre el electorado costarricense y los partidos políticos, por lo que se animó a emitir un comunicado en medio de la campaña titulado “Mensaje” en el cual 17 sacerdotes señalaban los peligros del comunismo en la política nacional". El mismo día apareció en el periódico La Nación una nota en la que los obispos decían que, “el cristiano no puede aceptar esa ideología (marxista) sin contradecir su fe”. Fruto de este mensaje se suscitó una controversia entre líderes de izquierda y miembros del clero en la que se recordaron los planteamientos de Mons. Víctor Manuel Sanabria. Este “mensaje” marcaría la campaña, al punto que el lema del entonces Partido Demócrata era “Ni con la izquierda ni con la derecha, con Dios, con la justicia y el deber de los ticos”. En 1978 la iglesia reiteró este pronunciamiento. Más recientemente, en 1994, el obispo de San José tuvo que reiterar que el entonces candidato del PLN, José Maria Figueres, había sido bautizado bajo la iglesia católica ante los cuestionamientos que surgían en cuanto a su credo religioso,; nclusive se dice que Figueres se habría “convertido” al catolicismo de cara a las elecciones.

En Fin, ejemplos sobran para demostrar como la religión se ha entronizado en la vida política del país, sobre todo en la faceta de las campañas políticas. Las razones que explican este fenómeno son múltiples, sin embargo nada justifica que los partidos apelen al sentido religioso y, mucho menos, que el Estado costarricense mantenga su confesionalidad.

Primeramente, es inadmisible que el Estado, con una población pluralista, mantenga un credo oficial y, peor aún, que lo financie. El dinero de los ateos, judíos, cristianos, musulmanes, taoístas, etc. es usado para que la iglesia católica pueda actuar a costa de otros. Si alguien quiere financiar a su congregación, por el motivo que sea, que lo haga, pero que no obligue a quienes no participan de él, a dar parte de sus recursos.

En segundo lugar, apelar a un sinsentido como la religión y la creencia de dios para ganar elecciones es una vulgaridad. Es pretender que la realidad física no está sometida a la acción humana, sino simplemente al capricho de una entidad metafísica que, por puro antojo, designa ganador al candidato que más "almas" reune. No se apela a propuestas, a ideas y a programas de Gobierno, sino que se apuesta por quien más veces invoque a un dios para justificar sus tonterías. Esto explica, en buena parte, por qué nuestro país anda tan mal.

Tema polémico: política romántica vrs política real

Se avecina la próxima campaña política, para muchos, máxima expresión de la democracia donde se renueva el compromiso de cada uno de nosotros con la libertad, la tolerancia y el respeto político, en fin, donde cada ciudadano participa en pro de la convivencia pacífica en sociedad. El argumento es claro, sin embargo pocas veces observamos que detrás de esta forma de ver a la política (que podríamos llamar visión romántica de la política) subyace una lógica de juego diferente, menos idealista, es decir, una visión realista de la política donde el fundamento cambia y la meta del juego no es la renovación de las convicciones políticas, sino la búsqueda del provecho individual. Para muchos esto se podría considerar como una situación aberrante, un desvío o vicio de los verdaderos objetivos políticos, no obstante la política es, ha sido y será la búsqueda del poder por parte de los individuos, nos guste o no.

Dentro de esta visión realista, las campañas políticas se configuran como el proceso en donde cada individuo, llámese ciudadano o candidato, actúa con el objetivo de alcanzar sus fines individuales, (aún cuando lo que se busque sea el beneficio de otros individuos). En el proceso, los candidatos son quienes deberán convencer a los ciudadanos para que voten por él y en la misma lógica el ciudadano elegirá la mejor propuesta, o sea, votará por aquel que le ofrezca más. Y es que las personas buscan soluciones a sus problemas, no sólo en el campo individual a través de sus propios medios, sino también en el plano colectivo. Nuestra forma de organización nos ha enseñado que un camino para solucionar nuestros problemas por la vía colectiva es pidiendo a los políticos que los arreglen. No por casualidad cada vez que ocurre un desastre natural como una inundación o terremoto o una desgracia familiar, se le demanda solución a los políticos, (sobre todo al presidente de la República).

Esto nos lleva a pensar que, para la mayoría de los ciudadanos, las justas electorales se configuran como una elección de los medios más adecuados para la solución de sus problemas, esto es: quién va a construir más casas, quién va a generar más empleo, quién va a dar más fondos a programas de asistencia…, etc. Una vez planteada la oferta, la solución es elegir el medio (candidato) que más ofrezca. Se podría cuestionar este argumento diciendo que los ciudadanos difícilmente se enteran de las ofertas de los candidatos y que su elección se guía más por cuestiones como la afinidad con el candidato o por razonamientos como el arraigo familiar entre otros. Empero, si miramos la historia, entenderemos que las campañas políticas se han desarrollado bajo la lógica de la oferta ("yo prometo más casas y más empleo que mi rival") por lo que es valido pensar que lo que impera es la elección del medio más adecuado para mis demandas.

Para los políticos, el juego también es claro: identificar las principales demandas de los ciudadanos y generar productos (programas de campaña) que satisfagan tales exigencias de manera tal que al final del juego (proceso electoral) sea el medio elegido (es decir, el candidato vencedor). Sin embargo la cuestión se complica para el candidato si tomamos en cuenta el factor competencia en sistemas multipartidistas. Las ofertas de un candidato pueden ser superadas por las del candidato rival lo cual implica, si aceptamos la hipótesis de que el ciudadano busca sacar el mayor provecho y vota de acuerdo a esta lógica, que si se desea triunfar se deberá superar la oferta rival con una contraoferta más atractiva para el elector, lo cual implica a su vez que el rival replique la oferta ya superada con una contra. Sin duda las ofertas llegan hasta donde la ambición. Y como sabemos, en el mundo y en la política especialmente, existen personas con mucha ambición.

El problema de tal lógica subyace en la imposibilidad que tendrá el candidato de concretar todas sus ofertas. Dicha imposibilidad se debe entre otras razones, a que muchas de las promesas son simplemente imposibles de cumplir, (piénsese en la promesa de erradicar la pobreza), o que para cumplirlas se debe llegar a un acuerdo con varios jugadores con poder de veto (incluyendo jugadores rivales) que pueden no estar interesados en asentir. Una vez que la oferta ha sido planteada los ciudadanos (aquellos que aún disfrutan de las campañas políticas) se disponen a elegir, pero las razones de su elección no se encuentran en las convicciones políticas de la visión romántica, sino en la búsqueda de satisfacción personal de la visión realista.

Si esto no es así, si el argumento del egoísmo no es verdad, entonces debemos preguntarnos por qué en las campañas políticas, los partidos políticos se esmeran en ofrecer más que los demás o por qué los candidatos prometen hasta lo imposible. Y a su vez, habría que cuestionarse por qué los ciudadanos votan por quien creen les dará más y por qué demandan tanto a los políticos. Si lo que nos motiva es el amor a la democracia, simple y llanamente, las campañas políticas se enfocarían en eso y no en convencer con promesas imposibles,. Asimismo los ciudadanos no demandarían casas, carreteras, seguridad, etc. y tampoco existirá tanto abstencionismo.

Las reglas del juego nos hacen partícipes nuevamente de una campaña política. Sin embargo, debemos preguntarnos si realmente todo se trata de una fiesta por y para la democracia en la que reiteramos nuestro credo por los valores relacionados a este régimen o si más bien es un juego por la ambición individual y la satisfacción personal. Como decía un gran pensador: el autoengaño es placentero.

¿Por quién votar?

¿Por quién votar? Esta es una pregunta constante entre los ciudadanos cada vez que se acerca un proceso electoral, e inmediatamente surge la respuesta: “No hay por quién” o “Todos los políticos son iguales”. Tan vacía la pregunta como las respuestas, la primera está cargada de la desidia de los ciudadanos por informarse y de la mala oferta que algunos partidos les hacen. Por su parte, ambas respuestas son una generalización provocada por la pérdida de compromiso de los ciudadanos con la patria, así como por la poca atención de los partidos a los problemas reales que aquejan a la nación. Tan irresponsables son unos por lo que ofrecen como los otros por conformarse con tan poco.

Iniciamos un año de lucha electoral, en el cual la competencia por gobernar a partir del 2010 obligará a los partidos políticos a exponer con claridad sus cartas sobre propuestas y candidatos a los diversos puestos de elección popular. Ejercicio que también debería obligar a todos los ciudadanos a informarse y tomar conciencia sobre la situación nacional, para definir los requisitos y calidades que deberán exigir a quienes pretendan ejercer el poder del Estado desde los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Actividad viva. Los problemas de la nación no son producto de la política, sino de la sociedad. Aquella es –afirmaba Aristóteles– la “ciencia de las ciencias”, pues es ella la que permite a las personas exponer sus preocupaciones e intercambiar con los otros la diversidad de criterios de una sociedad. La política es una actividad viva que se adapta, que se caracteriza por ser flexible y conciliadora. Esa que tanto critican unos y denigran con sus acciones otros, sin darse cuenta de que es la forma de gobierno de las sociedades libres. La política es democracia y esta es su producto, por ser diversidad de pensamiento.

Puede ser que en algunos momentos la política sea confusa, a veces vulgar o carente de resultados definitivos, y a veces enmarañada, lo que algunos definen como ingobernabilidad, sin darse cuenta de que ella, aun en las peores circunstancias, les permite a las personas decidir sobre el rol que desean ocupar en la sociedad. La política da al individuo la libertad de vivir las experiencias que le acentúan el sentirse un alma propia, sin necesidad de esconder lo que piensa y lo que desea. ¡Si no es ella la que produce la democracia, que alguien me diga, por favor, de dónde proviene!

La política es la que permite que se gobierne a las sociedades pluralistas, y concatena las múltiples ideas sin necesidad de utilizar la violencia. Sin embargo, lo que sucede es que algunos piensan que el verdadero problema de la sociedad está en la pluralidad. Por eso, doctrinas como el marxismo fracasaron, al renegar de la diversidad de criterios, pues buscó la unificación de pensamiento, por ser manifiesta y explícitamente antipolítica. Desde ahí surgió su caída, pues no era la tolerancia una de sus virtudes.

Consciencia del ciudadano. Es una obligación de todo buen ciudadano preocuparse por la calidad de sus gobernantes, y, más aún de los partidos políticos, el brindar la mejor oferta. No es posible que quienes quieren gobernar no dediquen tiempo a decir para qué y por qué pretenden ostentar el poder que el pueblo que gobierna les cede. Es requisito que los políticos muestren y divulguen sus ideas y proyectos con transparencia, y que el ciudadano se obligue a comparar y a comprometerse con la patria para escoger la mejor opción. Que no sean ni la farándula ni otros los que determinen la oferta política, pero mucho menos la inconsciencia del ciudadano la que castigue a una patria maravillosa, como es la nuestra, con un destino que no se merece.

Hoy en día tenemos un buen presidente, con sobrados atestados para serlo y con una muy buena labor, por lo que quien le releve no puede ofrecernos menos que él.

Bien escribía Ortega y Gasset que, “por muy cumplida que sea la vida de un pueblo, tiene harto que mejorar. Esa mejora de la patria esperan nuestros hijos de nosotros para que su existencia sea menos dolorosa y más llena de posibilidades”, a lo que agrego: “La patria es una tarea a cumplir, un problema a resolver, un deber”, y yo sumaría que en nuestras decisiones está nuestro destino.

Claudio Alpízar

Tema polémico: Una nueva Constituyente para ¿Costa Rica?

Este día en ASOJOD queremos hacer referencia a la propuesta del Ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, de la necesidad de convocar a una Asamblea Constituyente para reformar de forma total la Carta Magna costarricense. Consideramos que es una idea no sólo innecesaria, sino poco prudente, por varias razones que explicaremos a continuación.

Mal diagnóstico

En primer lugar, una de las justificaciones que esgrime Arias es la falta de gobernabilidad. Pero el Ministro parte de una comprensión errónea de la ingobernabilidad, al asociarla a la inoperancia de la Asamblea Legislativa y a la incapacidad del Poder Ejecutivo para poner en práctica las normas. O sea, confunde la causa con la consecuencia: la gobernabilidad, siguiendo a Arbós y Giner es la actuación de las autoridades gubernamentales en espacios considerados como legítimos por la ciudadanía, por lo cual ésta permite el ejercicio libre y obedece los mandatos del poder gubernamental. Asociado al concepto de legitimidad, vale recordar la bifurcación conceptual de la que habla Constantino Urcuyo, al diferenciar la legitimidad de origen y la legitimidad en ejercicio, siendo la primera básicamente el reconocimiento del mandato y del poder, mientras la segunda remite a la aceptación de la actuación, a la eficacia del sistema político, tanto a nivel de sus partes como del todo.

Por oposición a la definición de Arbós y Giner, se entiende que la ingobernabilidad está relacionada con un sentimiento de que la actuación gubernamental es ilegítima y por tanto susceptible de la desobediencia cívica. En ese sentido, resulta preocupante notar que el 40,6% de los ciudadanos calificaron como mala o muy mala la labor de la Asamblea y el 26,5% consideraron como malo o muy malo el papel del Ejecutivo en el periodo 2002-2007, lo cual denota que se puede hablar de fuerte pérdida de legitimidad en ejercicio y, consecuentemente, ciertos cuestionamientos a la de origen, pero todavía se está muy lejos de llegar a una crisis de gobernabilidad, es decir, situaciones que conllevan amenazas al funcionamiento de las instituciones políticas.

Lo que queremos dar a explicar es que si bien hay antecedentes para sentirse, de cierta forma preocupados por el funcionamiento del sistema político costarricense, es claro que la ingobernabilidad no se manifiesta en el empantanado camino legislativo ni en el despistado trabajar del Ejecutivo -que son en parte su causa-, sino en el descontento ciudadano respecto a la labor de las autoridades gubernamentales. ¿A dónde vamos con esto? En ASOJOD no negamos que existan ciertas manifestaciones de ingobernabilidad, pero más que todo, son ejemplos casi aislados, donde pocos actores políticos -individuales o colectivos- cuestionan con fuerza -con capacidad de movilizar sus recursos y actuar en consecuencia- la actuación de las autoridades, entre los que cabe destacar a SINTRAJAP, ANDE y ciertos grupos de la sociedad civil (transportistas, estudiantes universitarios, algunos grupos del NO, entre otros). El resto de grupos que consideran ilegítima la actuación gubernamental, entre los que es necesario ubicar a la misma ASOJOD, son ejemplos de esfuerzos aislados y con poco peso en el sistema político, por lo cual, no cuentan como actores relevantes en esta situación. Pero aún más claro se ve que la desobediencia civil está lejos de ser una realidad: lo que en verdad hay son ciertos actos de desacato a la norma, pero más por un reconocimiento de la incapacidad del Ejecutivo de hacerlas eefctivas que por una consideración de estas como ilegítimas.

El error de Arias no es sólo conceptual sino que, como bien saben los médicos, un mal diagnóstico puede ser peor para el paciente. Cuando el Ministro de la Presidencia considera que la ingobernabilidad está representada por la parálisis en la toma de decisiones y las trabas en su ejecución, entonces propone como remedio un nuevo "texto mágico" que haga más fuerte al Poder Ejecutivo. Nos preocupa que, dentro de esa concepción de "texto mágico", la intención sea diseñar una nueva Constitución "a la medida", que convierta al Estado en una lámpara maravillosa y a sus operarios en los aladinnes costarricenses, quienes con sólo frotarla, resolverán fantásticamente todos los problemas.

Caja de Pandora

Esta "inocente" medida, puede implicar varias cosas como la eliminación de la reserva de ley en muchos temas (por ejemplo restricción a los derecho fundamentales) y, por supuesto, un Leviatán mucho más grande y poderoso. Esto se podría traducir en más intervención estatal, en más oficinas, en más impuestos, en más personal y, en general, en más perjuicios para los ciudadanos. Es muy probable que algunos partidos políticos aboguen por hacer más social al Estado Social de Derecho y terminen proponiendo ampliar el espectro de garantías sociales. Las preguntas que en cada tema polémico hemos dejado para reflexionar podrían encontrar respuesta en el nuevo Texto Político: ¿vivienda digna para todos? ¿carro digno para todos? ¿educación de primera clase para todos? ¿alimentos finos para todos? ¿ropa de marca para todos? ¿vacaciones pagadas y en el extranjero para todos? ¿mascotas gordas y felices para todos?

Asimismo, nos preocupa que, a falta de reglas claras sobre el procedimiento para realizar una Constituyente y ante tantas preguntas sin respuesta como ¿quiénes podrán participar en ella? ¿tendrán derecho a deuda politica? ¿cuantos constituyentes? ¿cuál será el mecanismo para definir la magnitud electoral? ¿cuál será el sistema de asignación de escaños? ¿sólo desde partidos politicos se podría participar?, etc., los dados vayan cargados de antemano, para que unos logren materializar jurídicamente todos sus deseos.

También es necesario reflexionar qué pasará con las libertades y derechos fundamentales. Como bien dice Arias, "la reforma no afectará los derechos fundamentales que se contemplan en la actual Carta Magna. Sin embargo, una vez convocada y en funcionamiento, la Asamblea Nacional Constituyente es soberana de modificar y tutelar sobre la organización del Estado, los derechos y garantías individuales, los derechos y deberes políticos de los ciudadanos, la organización y atribuciones de la Asamblea Legislativa y del Poder Ejecutivo, entre otras áreas de la vida pública". En ASOJOD creemos que una situación así es como una Caja de Pandora: miles de sopresas pueden salir de su anterior y no queremos que una de ellas nos asuste o haga daño.

En particular, uno que nos preocupa sobremanera es la intención de Arias de buscar mecanismos para limitar la capacidad de las fracciones minoritarias para obstaculizar el avance de los proyectos de ley. Es cierto que buena parte del descontento generalizado respecto a la labor de la Asamblea es causado por la lentitud y la extensa discusión en el proceso de toma de decisiones, pero cuidado, si la "solución" es silenciar a las minorías, dejarlas maniatadas e impedidas para defender sus derechos, entonces se estaría cayendo en la tiranía de las mayorías, un argumento más que refuerza el temor de una Constitución "hecha a la medida".

Si se supone que estamos en un régimen democrático, el disenso y la oposición son necesarias. Si se impide que se desempeñe ese papel se limita la competencia política (que supera la electoral), el control y la crítica: caeríamos en un totalitarismo solapado. Arias lo que está dejando ver es que considera negativo que las minorías defiendan sus intereses mediante la oposición y el obstruccionismo, es decir, que ejerciten su derecho. Imaginemos tan sólo qué habría pasado si Federico Malavassi y otros diputados libertarios no hubiesen combatido valientemente la Reforma Fiscal impulsada por la Administración Pacheco de la Espriella: hoy los costarricenses tendríamos que pagar más impuestos, tendríamos menos dinero en nuestros bolsillos, algunos funcionarios corruptos se habrían enriquecido más y, quizá, hasta tendríamos más poblemas como individuos para afrontar la actual crisis financiera.

Un asunto de timing

Una razón más para oponernos a la convocatoria a una Constituyente es porque no es el momento adecuado para hacerlo. Recién acabamos de superar el primer referéndum en la historia política nacional y con un mal sabor de boca: cuestionamientos a su pureza, irrespeto a la voluntad popular expresada en las urnas, intentos de rupturas al orden institucional, persistencia de odios, rencores y dolores de algunos, etc. A todo esto se le une que el fantasma del populismo reivindicativo anda cerca, con los casos de las Constituyentes "a la medida" de Chávez, Evo y Correa, que podrían tener cierto apoyo en Costa Rica. La pregunta que hay que hacerse al respecto es si en verdad queremos convertirnos en otro circo de esa índole.

Sumémosle que en el calendario están pendientes al menos dos propuestas de referéndum: la de matrimonios homosexuales (donde algunos pretenden que las mayorías aplasten el derecho individual) y el del UPOV (donde unos quieren mantener intacta cada entidad natural y que el resto muera de hambre sepultado en una florida selva). Definitivamente, como lo hemos expresado antes en ASOJOD, alguien tiene que parar esta fiesta participativa pues no podemos pasarnos en votaciones eternas, donde cada quien propone la primera sandez que se le viene a la mente, so riesgo de desgastar el sistema y aprobar cosas que resulten ser perjudiciales para los individuos y su libertad.

Finalmente, en ASOJOD creemos que lo que Costa Rica necesita es más libertad y menos Estado. Más libertad para que la gente resuelva los asuntos por sí sólos y que dependa menos de las acciones estatales. Menos Estado para robarle menos dinero a la gente y para que las pocas acciones que este debe desempeñar, puedan ser llevadas a cabo en un marco de eficiencia y eficacia. Más claridad en las normas, para dejar de estar aprobando lo que sea con tal de aprobar algo, para que las pocas normas necesarias sean útiles y aplicables, más capacidad de los actores políticos para negociar y alcanzar acuerdos y menos imposición de las mayorías. Rechazamos la idea de que los problemas del país se resolverán con tan sólo aprobar una norma mágica: no es verdad que los problemas generados por la mala ejecución y pésima fiscalización del gasto público, por la maraña legal que entorpece el accionar legislativo y ejecutivo, por la lentitud de la Administración Pública para reaccionar, tramitar y/o contratar, por las prácticas antiinstitucionales de los distintos grupos políticos antes señalados o por la baja popularidad de las autoridades acaben con el día después de que la nueva Constitución entre en vigencia.

Los cambios que necesitan el país se pueden lograr por medio de reforma/eliminación de muchas de las normas existentes, de un cambio de actitud en las personas, de limitaciones al Poder Público. Se trata de pequeños grandes cambios que se pueden realizar sin necesidad de abrir una Caja de Pandora y que, a la postre, son los verdaderos mecanismos que podrían mejorar el sistema político costarricense.

El regreso del "hijo pródigo"

Entre ayer y hoy se ha publicado en la prensa el regreso de Antonio Álvarez Desanti al Partido Liberación Nacional, luego de haber salido, hace casi 40 meses, por un aparente exceso de corrupción en ese partido. Respecto al tema, hay varias cosas que en ASOJOD queremos comentar. No nos interesa en lo más mínimo la pataleta que hizo para salir ni las razones que tuvo para regresar. De un partido como el PLN, caracterizado por la más diversa fauna política, cualquier cosa se puede esperar, hasta que le den la candidatura presidencial del 2010.

A lo que queremos darle atención es a las consecuencias del regreso. Son preocupantes las declaraciones que dio Álvarez Desanti a La Nación ayer domingo, en donde esgrime que el pluripartidismo le hace daño a la gobernabilidad del país. Arbós y Giner aportan una excelente definición de gobernabilidad: "es la cualidad propia de una comunidad política según la cual sus instituciones de gobierno actúan eficazmente dentro de su espacio de acción de un modo considerado como legítimo por la ciudadanía, permitiendo así el libre ejercicio del Poder Ejecutivo mendiante la obediencia cívica del pueblo". Urcuyo establece que la gobernabilidad precisamente se encuentra en relación directa con la legitimidad de origen y la legitimidad en ejercicio. La primera tiene que ver, de acuerdo con Coicaud, con el reconocimiento del derecho de gobernar, originada en los regímenes democráticos en la victoria en las urnas electorales. La segunda se relaciona con la capacidad de las instituciones de gobierno de satisfacer eficientemente las demandas ciudadanas en estricto apego a los valores democráticos.

Como se puede ver, el número de partidos no define per se la gobernabilidad de un sistema político, por lo que resulta extraño que su esposa, Nuria Marín, siendo politóloga, no haya corregido a Álvarez Desanti. Ella se logra precisamente manteniendo la legitimidad de origen y en ejercicio, de modo que las instituciones de gobierno actúen en una esfera que goce de la aceptación ciudadana. A ello hay que agregarle la existencia de reglas claras y la legalidad en su aplicación, la libertad de asociación política para generar representación, la existencia de fuentes alternativas de información y de adecuados mecanismos que faciliten el flujo de información bilateral entre gobernantes y gobernados. Asimismo, la gobernabilidad depende de la capacidad de negociación de los actores políticos y de la conformación de la cultura política, de modo que se institucionalicen adecuadas formas de solución del conflicto.

Esta confusión conceptual se las trae: es problemática y no precisamente porque confunda a los académicos sino porque puede influir en la opinión pública de mala manera. Ante el descrédito generalizado de la política y, en especial, de los partidos políticos como adecuados canales de comunicación entre gobernantes y gobernados, la gente ha comenzado a creer que se puede y se debe acceder al poder por medio de otras vías. Eso da lugar a lo que en Ciencias Políticas es conocido como outsiders. Se trata de personas extrañas a la arena política y, normalmente, ignorantes del teje y maneje del mundillo del gobierno democrático, en tanto pertenecen a otros ámbitos: a veces son actores, militares, deportistas, artistas, etc. Entre los más famosos outsiders que podemos recordar en este momento han estado Adolf Hitler, Hugo Cháves, Evo Morales, Abel Pacheco, Arnold Schwarzenegger, Ronald Reagan, entre otros. El problema más frecuente con los outsiders es que, si no tienen una patológica necesidad reivindicativa (como el indigenismo, el socialismo del siglo XXI o el feminismo), carecen de conocimientos mínimos para lograr llevar adecuadamente las riendas de un gobierno.

Las declaraciones de Álvarez Desanti, además de debilitar aún más a los partidos políticos como las instituciones canalizadoras de demandas por antonomasia, podrían provocar medidas antidemocráticas. Ello porque, al caracterizarse nuestra Asamblea Legislativa por el anquilosamiento parlamentario, la población podría comenzar a creer que, en efecto, reducir el número de partidos políticos produciría per se mejores condiciones para el consenso a la hora de tomar decisiones. Lo anterior haría del sistema de partidos un sistema tipo cartel, en donde los partidos ya consolidados (casi siempre con representantes en el Congreso) podrían comenzar a imponer barreras de iure y de facto para la creación de nuevos partidos. Ahí es donde entran tecnisismos como el umbral electoral, la cantidad de firmas para creación, cantidad y plazos de asambleas distritales, cantonales y/o provinciales, etc.

Este tipo de barreras no sólo se prestan para la corrupción, pues minan el control político que podrían llegar a ejercer los nuevos, sino que también comportan enormes problemas para la representación y, consecuentemente para la legitimidad, pues muchos ciudadanos dejarían de sentirse representados y, por tanto, se diluye la capacidad de exigir obediencia. Eso sí generaría un gran daño a la gobernabilidad.

Un análisis preliminar (a mano alzada)

Cuando se celebran procesos electorales, sobre todo como el que culminó con el referéndum del 7 de octubre, es fácil caer en la tentación de tratar de ofrecer LA explicación final, mostrar la bala de plata que produjo un desenlace específico. Lo cierto es que el resultado del domingo 7 de octubre vienen fraguándose desde hace meses, y que es difícil explicar el comportamiento de un ciudadano que se resiste a ser encasillado en conductas políticas predecibles.

Pero hay algunos elementos que no pueden ser ignorados. La publicación del ya famoso memorando sin duda tuvo un impacto en la intención del votante, como posiblemente también lo tuvo la polémica acerca de la posibilidad de renegociar el tratado. En el primer caso, evidentemente el favorecido fue el “No”, aunque a la larga el argumento de la inmoralidad aplicable a todos los partidarios del “Sí” terminó perjudicándolo; en el segundo, la incertidumbre que generó la discusión sobre la posibilidad de renegociar el tratado y de la estabilidad de las preferencias comerciales otorgadas en el marco de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, que incluso se trasladó allende nuestras fronteras, puede haber favorecido al “Sí”, en tanto el “No” nunca pudo ofrecer una prueba contundente de la factibilidad de esa renegociación y de la extensión de las preferencias unilaterales otorgadas por un Gobierno estadounidense igualmente dividido sobre el tema.

Otro elemento a considerar en esta última semana del proceso fue la publicación de una encuesta en la que el “No” dejó de ser una simbólica forma de protesta y se convirtió en una opción real de poder. Esto tuvo algunos efectos evidentes: re-energizó al “Sí” que ejercitó su músculo organizacional de manera eficiente el día de las elecciones, e hizo reconsiderar su posición a los tránsfugas del memorando, quienes posiblemente consideraron en el último momento que no valía la pena emitir un voto como protesta si esto generaba un peligro que se percibía como mayor. Estos elementos se manifestaron en la aparición de una gran cantidad de signos externos del “Sí” en los dos últimos días, signos externos como calcamonías y banderas que se caracterizaban por ser nuevas, es decir, por haber sido recientemente pegadas en el caso de las primeras, o precariamente colocadas utilizando las ventanillas de los automóviles para prensarlas en el caso de las segundas.

Por último, una implacable campaña del “No” en la última semana llamando a votar contra la corrupción y asociando a los partidarios del “SÍ” con una serie de aspectos negativos puede haber generado dos efectos. Primero, que una buena parte de los partidarios del “Sí” no manifestaran su posición en los días previos al referéndum, intimidados por la descalificación moral proveniente de las filas del “No”; esto lo mostró la encuesta “doble” de Demoscopía publicada el miércoles 28 de setiembre, que obtenía un resultado favorable al “No” en la modalidad de encuesta del orden de los 5 puntos, margen que disminuía a un insignificante 1,6% en la votación experimental. Segundo, algún grupo importante de la población pudo haber reaccionado negativamente al chantaje retórico, y votó en contra de quienes se atribuyeron a lo largo de la campaña, pero sobre todo en la última semana, el monopolio de patriotismo.

Pese a todas estas consideraciones, seguimos ignorando los criterios que este nuevo ciudadano del siglo XXI utiliza para definir sus posiciones políticas. Sabemos con certeza que la consistencia no es su fuerte: dos provincias, Guanacaste y Puntarenas que contribuyeron decididamente a la victoria electoral del actual Presidente en las elecciones del 2006 votaron en contra del tratado; Heredia y San José que no apoyaron a Arias en el 2006 votaron favorablemente el TLC. En las elecciones presidenciales del 2006, 57% de los electores votaron a favor de partidos políticos que apoyaban el tratado, resultado 6 puntos mayor que el obtenido por el “SÍ”. En este contexto, quienes se atreven a hacer predicciones electorales de largo alcance a partir del triunfo del “Sí” entran en arenas movedizas, porque en la Costa Rica política del Siglo XXI tres años es una eternidad.

Se confirma además que un porcentaje de la población ha decidido no participar en la práctica electoral. Como lo había demostrado un estudio del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, las motivaciones del abstencionista son heterogéneas, por lo que no es posible hablar de un bloque políticamente motivado, como sostienen quienes pretenden restar legitimidad a los resultados electorales –sobre todo aquellos que no les favorecen-, usando la ausencia de un porcentaje importante de votantes. El referéndum demuestra que el abstencionismo no está limitado a procesos político-partidarios, sino que incluye todo espacio de construcción colectiva del futuro nacional. Tal vez ahora se puede iniciar un análisis más amplio que nos permita, ahora sí, adoptar las medidas necesarias para revitalizar nuestra democracia, más allá de las especulaciones políticas de algunos operadores partidistas disfrazados de analistas.

Por último, el TLC ha sido aprobado. Hemos comenzado a escuchar a algunas personas tratando de condicionar o cuestionar este resultado porque fue estrecho (aun cuando haya sido por un margen superior al promedio histórico –excepción hecha de la elección de Abel Pacheco-, de las últimas 4 elecciones presidenciales), cuando lo cierto es que el tema de la aprobación o no del tratado quedó zanjado. Quienes creen que el país está partido a la mitad e alrededor de visiones de desarrollo contradictorias le otorga una articulación inexistente a estos bloques coyunturales, sobre todo del lado del “No”, en donde hay grupos tan irreconciliables como las mujeres a favor del aborto y la Iglesia Católica. Precisamente esa fue una de las debilidades del “No”: salvo un listado de buenos propósitos que nadie en su sano juicio podría rechazar, el “No” nunca ofreció una alternativa concreta: no podía hacerlo porque habría requerido una negociación interna que de entrada no parece fácil.

Lo que es realmente importante es que el mecanismo del referéndum funcionó satisfactoriamente, lo que constituye un hito importante para la historia del país. Desde esta perspectiva, la gran ganadora del 7 de octubre es la democracia costarricense.

Por Roberto Gallardo