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lunes, 2 de mayo de 2016

Tema polémico: un 1° de mayo incierto

Finalizada la sesión solemne de la Asamblea Legislativa este 1° de mayo, ya conocemos cómo quedó conformado el Directorio Legislativo: Antonio Álvarez (PLN) como Presdiente, José Alberto Alfaro (ML) como Vicepresidente, Gonzalo Ramírez (PRC) como Primer Secretario, Marta Arauz (PLN) como Segunda Secretaria, Natalia Díaz (ML) como Primer Prosecretaria y Paulina Ramírez (PLN) como Segunda Prosecretaria. En síntesis, mayoría del PLN en los puestos relevantes del Directorio, lo que les dará el control administrativo de la Asamblea Legislativa y un alto nivel de incidencia en la conformación de las Comisiones.

Esta configuración se logró a partir de una compleja alianza entre los partidos antes señalados, aunque el PUSC insiste en que no dio apoyó al PLN para la Presidencia, pero lo cierto es que, luego de dos rondas en que no se obtenían los 29 votos requeridos según el Reglamento Legislativo, las papeletas en blanco y nulas se le sumaron al que tenía mayoría, permitiendo la victoria de Álvarez Desanti. 

Esa alianza, según ha trascendido, tiene como punto en común la oposición a nuevos impuestos y la reducción del gasto público, a través del impulso a una serie de proyectos de ley como Empleo Público, Pensiones, así como otros relacionados con la mejora de la recaudación fiscal. Hasta el momento, todo suena muy bien, particularmanete para quienes venimos clamando por una racionalización del Estado, que en los últimos años ha crecido exponencialmente, haciendo su mantenimiento insostenible. También para quienes hemos señalado que nuevos impuestos afectarán negativamente a la economía y empobreecrán más a la sociedad costarricense.

El punto negro en la hoja blanca lo representa la posición del PLN. Aunque se comprometen a no impulsar nuevos impuestos, lo cierto es que esta agrupación ya se encuentra en la línea de salida para la carrera electoral y José María Figueres, quien aspira con fuerzas a ser el candidato verdiblanco, no solo ha anunciado que su partido debe dar un viraje hacia la "izquierda" sino que también es conocido su interés en una reforma fiscal que le genere más recursos al Estado, pues tiene interés de encontrar arcas llenas si llegara a la Presidencia en 2018. Eso hace temer que el compromiso adquirido este 1° de mayo pueda ceder a presiones electorales y tarde o temprano nos enfrentemos a un nuevo capítulo de la infinita historia de voracidad fiscal. 

El tiempo es el que determinará lo que ocurra. Por ahora, aunque la alianza se fraguó bajo la premisa de no más impuestos, no podemos dormirnos en los laureles y asumir que todo se cumplirá. Antes bien, debemos ser prudentes y estar vigilantes, así como preparados, para dar la batalla en todos los flancos si un nuevo intento de saquearnos los bolsillos se presenta.

lunes, 12 de mayo de 2014

Tema polémico: un primer paso hacia el parlamentarismo

El pasado 1° de mayo, Laura Chinchilla rindió su último Informe ante la Asamblea Legislativa, para dar cuenta de sus acciones, logros y carencias -aunque prácticamente omitió esta parte-. Sin embargo, una vez finalizado, se fue a su casa y no sabemos si, posteriormente, puso atención al ejercicio de control político que realizan los Diputados en cumplimiento del artículo 193 del Reglaemento Legislativo, al analizar dicho informe y exponer sus argumentos, como crítica o como apoyo a las palabras de quien encabeza el Ejecutivo. 

Sin duda, el hecho de que, como lo señala el supracitado artículo, el análisis del Mensaje Presidencial se realice en los dos días hábiles siguientes al 1° de mayo sin la presencia del mandatario (a) se presta para pensar que, efectivamente, este hace caso omiso a los cuestionamientos, observaciones y reflexiones que hacen los miembros del Congreso.

Lo anterior es muy lamentable porque no se le permite al ciudadano -a través de sus representantes políticos e incluso directamente a través de redes sociales y radio o televisión- participar en un debate serio, responsable y agudo, donde el Presidente de la República no solo mencione sus logros y aciertos, sino que deba dar cuenta de las deficiencias, de los incumplimientos, de las limitaciones de su gestión, como ocurre en los sistemas parlamentarios, especialmente de Europa. Allí, quienes hemos tenido la oportunidad de observarlos por televisión -y algunos hasta presencialmente- es posible observar acaloradas discusiones, cifras que sustentan las posiciones, argumentos sólidos a favor o en contra que, incuestionablemente, enriquecen el criterio político tanto de los participantes como del público en general. En fin, una discusión de nivel que favorece a todos los actores políticos.

En Costa Rica, no obstante, ese mandato constitucional del Informe Presidencial se toma a la ligera, como un simple requisito que cumple el Presidente un 1° de mayo, en el que se dedica a hacer una campaña publicitaria en la que resalta lo que le conviene y omite lo que le compromete y, posteriormente, los legisladores deben hacer reflexiones hacia la pared, sin que aquel los escuche, los refute, les explique sus razones o reconozca sus fallos. ¿Cómo corregir entonces lo que se hace mal si los responsables ni siquiera desean escuchar los cuestionamientos? Quizá ese solipsismo del Ejecutivo es, en buena parte, la razón por que las cosas en este país no cambian.

Tanto se ha negado la sociedad costarricense al debate, a la discusión, a la dialéctica, que ha olvidado su importancia. Se le considera pérdida de tiempo sin entender que ese "toma y daca" político permite comprender los alcances y limitaciones de las políticas públicas, las falencias institucionales, las restricciones normativas, el acierto o desacierto analítico y de gestión de los actores políticos, señala los puntos que hay que corregir, cultiva la necesaria rendición de cuentas, alimenta la cultura de asumir responsabilidades ante los fallos y se erige como un ejercicio cívico que le permite a los costarricenses tener más claridad de lo que se ha hecho con su dinero. 

Reformar este artículo del Reglamento Legislativo debe ser prioridad en la nueva Asamblea Legislativa. Es un primer paso hacia el parlamentarismo, un primer paso para emular esa rica cultura del debate y rendición de cuentas que tanta falta nos hace aquí para aceptar que tenemos problemas y hay que corregir el curso.  

Esperamos que el PAC, que históricamente se ha abanderado con la transparencia, tenga la misma actitud ahora que es Ejecutivo. Deseamos que la primer orden emitida por el Presidente Luis Guillermo Solís de cortar los árboles que tapaban la vista hacia Casa Presidencial como un mensaje de que no existirán obstáculos que impidan a los costarricenses ver qué se hace allí, sea un simbolismo que represente una actitud comprometida para derribar ese espeso bosque que hoy no permite que la ciudadanía acceda al balance real de las acciones.  Es su oportunidad histórica para ser diferentes de aquellos a quienes relevaron.

lunes, 7 de mayo de 2012

Tema Polémico: 1 de Mayo del 2012


El tema polémico de esta semana, como era de esperarse, está dedicado al pasado primero de mayo. Este día, en que la gran mayoría de los trabajadores del país celebran la fecha en su honor irónicamente dejando de trabajar, es también la fecha anual en que el directorio de la Asamblea Legislativa y sus comisiones cambian de representantes y el o la Presidente de la República presenta ante el país un resumen de labores del último año.

Lo más relevante de la primera parte del día fue el regreso al control de la Asamblea Legislativa del partido Liberación Nacional gracias a la ayuda del Partido Accesibilidad sin Exclusión. Tan solo una semana antes de esta fecha todo parecía indicar que la Alianza por Costa Rica continuaría un año más en el poder con el partido Movimiento Libertario asumiendo la presidencia. Sin embargo, estas esperanzas se esfumaron cuando el PASE anunció su adhesión a un nuevo trato con el PLN. En este trato, los últimos le entregaban a los primeros los puestos del Directorio Legislativo a cambio del control de las comisiones, especialmente la de Asuntos Hacendarios. En ASOJOD lamentamos mucho lo ocurrido y hubiésemos preferido que la Alianza se quedará en el poder.

La Alianza por Costa Rica fue criticada ampliamente desde su primer día, pues muchos no veían viable la unión y permanencia de fuerzas políticas con formas de pensar tan diferentes y que esto permitiera el avance del primer poder la República en forma efectiva. Lo vieron únicamente como un deseo inmaduro de la oposición de quitar el control de la Asamblea al PLN. La verdad estos críticos siempre tuvieron en parte la razón. Efectivamente el objetivo principal de la Alianza siempre fue quitarle el poder a Liberación pero esto no respondió a ningún tipo de inmadurez o resentimiento hacia el partido que ganó la elección presidencial. Respondió a una necesidad casi evidente que existía de mejorar el control político en el país y lograr cierta división de poder, que preocupantemente ha centralizado el PLN en casi todos los ámbitos.

La mayoría de las personas tienen la concepción equivocada de que la única labor de la Asamblea Legislativa es la de crear leyes. Inclusive, los medios de comunicación siguen midiendo la efectividad de la Asamblea Legislativa única y exclusivamente por la cantidad de leyes que se aprueban en el período sin importar la relevancia o la conveniencia de las mismas. El Poder Legislativo de la República es la máxima expresión de la democracia de un país. Es en este poder donde converge la mayoría de las fuerzas políticas y funciona como un sistema de contrapesos al poder Ejecutivo dominado únicamente por un partido político. Es por medio de la existencia en el poder de partidos de oposición en la Asamblea que se permite una verdadera representatividad del pueblo en las decisiones políticas. Por esto es que la Asamblea Legislativa es uno de los lugares más idóneos  para ejercer control político y representa un escudo frente al abuso del poder. La Contraloría General de la República que es una institución dedicada al control de la hacienda pública es precisamente un órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa. En conclusión, el control político es una tarea fundamental del primer poder de la República así que una unión de partidos de oposición para ejercer un mayor control político es totalmente razonable y deseada. 

La Alianza por Costa Rica durante su año en el poder efectivamente mejoró el control político y cumplió con su objetivo fundamental. El mejor ejemplo de esto fue el proceso de aprobación del Presupuesto del Gobierno Central. Por primera vez en mucho tiempo la Comisión de Asuntos Hacendarios hizo un estudio serio del documento y dejó en evidencia que el famoso esfuerzo de controlar el gasto para bajar el déficit fiscal anunciado por doña Laura y sus ministros era una auténtica falacia proponiendo al mismo tiempo recortes de gastos superfluos para el funcionamiento del Estado. Otro gran ejemplo fue la denuncia del mismo presidente de la Asamblea Legislativa de que el procedimiento para el Paquete Fiscal de doña Laura tenía serios errores. Hecho que luego fue confirmado por la Sala Constitucional. Esto y más hacen que en ASOJOD apoyáramos la permanencia de la Alianza por Costa Rica en el poder, hecho que lamentablemente no se dio. Esperamos que la Alianza mantenga su control aunque ya no cuente con tanto poder como antes en las comisiones legislativas.

La segunda parte del día le correspondió a doña Laura Chichilla con sus palabras. Un discurso cargado de logros y pseudologros y, por supuesto, obviando la gran cantidad de desaciertos que aquí en ASOJOD hemos mencionado una y otra vez. Pero lo más interesante de su discurso fue su plegaría a las fuerzas de oposición a llegar a una tregua para poder terminar su mandato tranquila. Si al decir tregua doña Laura pide un cheque en blanco para hacer lo que quiera sin que se lo cuestionen pues esperamos que esta tregua nunca exista. Los acontecimientos de corrupción y favores políticos que han salido a la luz en los últimos meses han dejado más que claro que al partido Liberación Nacional hay que controlarlo. Es gracias a la existencia de fuerzas de oposición que una gran cantidad de ministros han tenido que renunciar resultado de acciones irregulares (don Francisco Jimenez siendo el último de una gran lista).

Ahora bien, si con eso habrá querido decir que ahora ha reflexionado y esta dispuesta a escuchar otros puntos de vista pues eso tal vez si pueda funcionar.  En ASOJOD queremos, por supuesto, que este país este cada día mejor y sabemos que esto solo se puede lograr en sociedad y por medio de la negociación.

Los resultados de este primero de mayo no fueron muy alentadores, sin embargo, el nuevo fallo de la Sala IV que obligará al nuevo presidente de la Asamblea a guardar proporcionalidad en las comisiones nos da un respiro de esperanza. Con esta nueva resolución PLN ya no podrá tener mayoría en Comisión de Hacendarios y les será más complicado hacer lo que les venga en gana. 

lunes, 9 de mayo de 2011

Tema polémico: el voto de los Diputados NO debe ser secreto


La semana anterior, a la luz de la elección del Directorio Legislativo, se presentó una discusión airada sobre la forma en que los Diputados debían emitir su voto. Mientras los oficialistas clamaban porque tal acto fuera secreto, al amparo del artículo 93 constitucional, la oposición sostenía que no era procedente.

Si bien en ASOJOD hemos manifestado que, en las circunstancias actuales, un Directorio de oposición no pareciera la mejor opción, superado el momento de la elección queremos abordar un tema que nos parece importante, no sólo como explicación de esa polémica, sino para todos los efectos venideros.

Centrándonos en lo acaecido el 1 de mayo, hay que evaluar los argumentos. En el momento previo a la votación, la bancada oficialista anunció que tenía pruebas de la comisión de un fraude -a pesar que aún no se había perpetrado el acto cuestionado y que, en el mundo de la lógica, no pareciera factible encontrar pruebas de algo que aún no existe- y que, por eso, se negaba a proceder a la elección si no se garantizaba el secreto del voto, derecho consagrado en el ya mencionado artículo 93 constitucional. Pero ¿qué dice realmente ese numeral? ¿Qué implicaciones tiene dentro de esta discusión? ¿Tiene validez argumentativa?

Dicho artículo reza de la siguiente manera: "el sufragio es una función cívica primordial y obligatoria y se ejerce ante las Juntas Electorales en votación directa y secreta, por los ciudadanos inscritos en el Registro Civil". Así pues, cabe preguntarse: ¿votan los Diputados ante una Junta Electoral? ¿Votan los Diputados directamente? Ambas preguntas se contestan con un NO.

Entonces, el argumento del oficialismo no es de recibo porque ese artículo es aplicable para las elecciones de voto universal, comúnmente las que se utilizan para escoger a Presidente, Diputados, Alcaldes, Regidores y demás puestos de elección popular. Nótese que los puestos del Directorio, si bien están ocupados por representantes ciudadanos, no son puestos de elección popular, pues los costarricenses no acuden a las urnas para escoger al Presidente Legislativo o al Primer Secretario. Además, tal elección no se hace ante una Junta Electoral debidamente conformada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), todo lo cual hace pensar que estamos ante un supuesto muy diferente al que contempla el supracitado artículo. De ser así, estaríamos en presencia de una intromisión entre Poderes, de forma tal que el TSE estaría interviniendo en una decisión interna y soberana del Parlamento.

Ahora bien, al no haber más referencias a este procedimiento en la Constitución Política, hay que remitirse al Reglamento de la Asamblea Legislativa, que para efectos prácticos, es parámetro de constitucionalidad. En ese cuerpo normativo, existen varias menciones a la votación. Una de ellas es la del artículo 101, que en lo atinente señala: "(...) Deberán resolverse en votación secreta, solo los casos de acusaciones y suspensiones de funcionarios, votos de censura, compatibilidad del cargo de diputado con otras funciones y la concesión de honores". La elección del Directorio tampoco se incluye dentro de los supuestos planteados por ese artículo, por lo que este no resulta aplicable al análisis. El artículo 103, desarrolla el mecanismo a utilizar para esa elección secreta pero, como ya vimos que no aplica, preferimos no entrar en su descripción.

La otra norma que tiene relación con este tema es el artículo 201 del Reglamento, el cual indica: "Toda elección deberá hacerse por papeletas que contengan los nombres y apellidos de los respectivos candidatos, las cuales no serán firmadas por los votantes. La Secretaría, antes de proceder al escrutinio contará el número de papeletas para verificar si éste coincide con el número de votantes. Hecho el escrutinio por el Directorio, la Secretaría anunciará a la Asamblea su resultado, y el Presidente expresará quién o quiénes han sido elegidos. Para que haya elección se necesita la mayoría absoluta de los votos presentes (...)"

No pareciera existir duda de que esta es la regla aplicable a la situación de marras. Sin embargo, nótese que nunca indica que el voto deba ser secreto. En realidad, lo que existe es una presunción de ello, por cuanto indica que no deberá ser firmado por los votantes, aunque la norma es omisa en cuanto a la posibilidad de que terceros vean la forma en que el legislador emite su voto. Sin embargo, la forma en que está conformado el Plenario Legislativo, con las curules tan juntas y sin ningún mecanismo o dispositivo que le permita al Diputado evitar que alguien mire su voto, limita tal presunción, haciendo pensar que la tesis oficialista era incorrecta.

Pero en fin, todo esto ya pasó y este breve análisis tiene una razón de ser. Más que demostrar cuál bando estaba en lo correcto, sirve como introducción de un tema más serio: si debe o no existir el voto secreto para los representantes populares.

El voto secreto es una garantía de democracia, pues permite a los electores realizar su escogencia sin presión ni coerción, decidiendo libre y voluntariamente, según se lo indican sus valores, preferencias, creencias o intereses. No obstante, esto es aplicable en situaciones donde ese ciudadano esté eligiendo directamente, no cuando un representante suyo lo haga.

La democracia no es solo el poder y la libertad de elegir, sino también -y muy importante- un sistema de representación por el cual el ciudadano deposita, mediante su voto, su confianza y delega su capacidad de decisión en un representante como el Diputado. De ahí que, esa representatividad, nos lleva a pensar que más allá del tema de la elección del Directorio, no debería existir, en ningún caso, el voto secreto del Diputado.

Ello por cuanto el legislador no vota únicamente en su nombre, sino en nombre de sus electores, a los que debe rendirles cuentas satisfactoriamente. Y justamente esa rendición se da en el momenton en que el representado ve cómo vota el Diputado en cualquier asunto.

Como liberales, nosotros esperamos que los legisladores que nos pidieron su voto y que hoy nos representan en el Congreso -a veces poco o nada nos representan, dicho sea de paso- tomen decisiones de forma tal que nosotros podamos verlos y, en consecuencia, evaluarlos.

La única forma en que podemos tener claridad acerca de la honestidad de quien nos pidió el voto y de que su actuación se apega a lo que nos prometió, es viendo cómo vota en la Asamblea Legislativa.

Solicitar que el voto del Diputado sea secreto es como pedir un cheque en blanco y firmado para que él haga lo que desee. La transparencia, la representatividad y la democracia exigen esa publicidad de los actos decisionales como un mecanismo de información y de evaluación. Sólo así, al final de su gestión, los ciudadanos podemos tener certeza de que nos cumplieron o nos engañaron y gracias a esos datos, podemos tener un mejor panorama para la siguiente elección.

miércoles, 27 de abril de 2011

Flash Legislativo


Mucho se ha hablado de la posibilidad de un Directorio Legislativo conformado por la oposición. Ideas van y vienen al respecto y, en este pequeño país, pareciera ser el tema político del momento. Pues bien, en ASOJOD tenemos algunas consideraciones que vale la pena plantear para tener un panorama más amplio frente a esa posibilidad.

Si bien la oposición ha anunciado que este suceso sería importante para recuperar la división de poderes y sanear la democracia y, en primera instancia, podríamos coincidir con ese análisis, lo cierto es que la realidad demuestra que hay que ser un poco más reflexivos a la hora de emitir criterios y ponderar las posibles consecuencias.

En primer lugar, hay que tener claro que, a corto plazo, un Directorio de oposición podría no tener los resultados positivos esperados. Con una agenda temática, ideológica y política tan variopinta como la que tienen el PAC, el ML, el PUSC, el PASE y el Frente Amplio, es más fácil encontrar puntos de quiebre que de encuentro, lo que hace pensar que las diferencias podrían poner rápidamente en entredicho la famosa alianza.

¿Qué pasará si, de ganar, el PAC aprovecha la Presidencia para impulsar el proyecto de autonomía indígena o el de la ley antitabaco? ¿Estará dispuesto el ML a continuar en esa alianza cuando ha anunciado ir en contra de ambas iniciativas y donde su principal aliado en esa oposición es el PLN? ¿Qué pasará cuando el ML impulse sus proyectos de reducción del gasto público? ¿Apoyará eventualmente el PAC un cierre de instituciones cuando su principal aliado en ese tópico es el PLN? Podríamos seguir planteando ejemplos, pero todos nos llevan a la gran pregunta: ¿podrá resistir el bloque opositor las discrepancias internas?

Lo mismo podría pensarse de los puestos de poder a lo interno del Congreso. ¿Estaría realmente dispuesto el ML a entregarle la Presidencia de la Comisión de Ambiente al PAC o a Villalta y la de Hacendarios al PUSC? Sin duda alguna, la agenda liberal, que ya de por sí ha sido prácticamente abandonada, perdería definitivamente toda posibilidad de surgir con este tipo de nombramientos. Algo similar deben pensar los progresistas, quienes verían el nombramiento de los libertarios como el entierro de sus propuestas programáticas. Una vez más, ¿están por la labor de soportar este riesgo?

En segundo lugar, el riesgo de que las cosas salgan mal para la oposición es bastante alto. Para nadie es un secreto que este primer año de la Administración Chinchilla Miranda ha sido pésimo, tanto por la ausencia de rumbo y claridad como por la incapacidad, casi patológica, que la Presidente tiene para enfrentar los problemas. Tampoco es desconocido para los costarricenses que este Poder Ejecutivo ha sido torpe en sus relaciones con el Parlamento, pues no ha podido establecer canales de comunicación duraderos y, mucho menos, construir una agenda de prioridades que, al menos en el periodo de sesiones extraordinarias, le permitira al país conocer el camino que pretende seguir este Gobierno.

Sería posible pensar que un Directorio de oposición obligaría al Ejecutivo a dialogar con las demás fuerzas políticas y a construir algunos acuerdos, incentivando la generación de una cultura política más inclusiva y democrática. No obstante, si por la víspera se saca el día, no pareciera que exista esa capacidad y voluntad en Zapote y que, más bien, el Ejecutivo se enfrascaría en una guerra para demostrarle a la ciudadanía que la oposición es incapaz de gobernar y viceversa.

En ese contexto, no sería de extrañar que la oposición, en su control político, la emprendiera fuertemente contra los Ministros y Presidentes Ejecutivos, para demostrarle a los costarricenses que la incapacidad y los actos poco transparentes de algunos de ellos son un peligro que hay que erradicar. Tampoco lo sería que, como medida de presión, la Ministra de Salud acelere el proceso de desalojo que pesa sobre la Asamblea Legislativa o que el jerarca de Hacienda se niegue a incluir las partidas solicitadas por los Diputados de oposición y luego se valga de los sindicatos de trabajadores para presionarlos a aprobar el Presupuesto de la República. La gran pregunta a ese respecto es ¿estarán los partidos políticos y la ciudadanía dispuestos a soportar durante el tiempo que dure esa alianza, una guerra casi fraticida?

En este mismo orden de ideas viene la tercera consideración. Dado el pésimo desempeño del actual Gobierno, es perfectamente esperable que no sólo no cumpla con sus promesas de campaña, sino que empeore la situación en muchas áreas. Si el PLN mantuviera, durante los 4 años, la Presidencia de la Asamblea, los malos resultados de este Gobierno le serían atribuíbles únicamente a esa agrupación política. Siendo así ¿por qué entrar a "ayudarle" a esta Administración a cavar su propia tumba? ¿No es mejor dejarlos hundirse y que, después, tengan que explicarle a la ciudadanía por qué no pudieron cumplir sus promesas?

Si la oposición asume el Directorio y lidera la agenda parlamentaria y, como dijimos antes, el riesgo de que lo haga mal se materialice, los liberacionistas encontrarán la excusa perfecta para justificar su pésima gestión: la oposición se convertirá en el chivo expiatorio y le dejará el camino libre a Rodrigo Arias para el 2014.

Que la oposición logre los votos para sacar al PLN del poder en la Asamblea Legislativa puede tener sus ventajas. Sin duda alguna, la principal es que podría ser el primer paso para recobrar cierto equilibrio de poder, especialmente mediante el control político que se establezca como un mecanismo del sistema de frenos y contrapesos republicano. Esto sería, sin duda alguna, maravilloso, pero las razones antes expuestas lo hacen ver como algo sumamente complicado: lograr que la oposición se articule en un bloque dispuesto a controlar el monstruo político arreado por los liberacionistas no es una tarea sencilla y si se falla -como es muy probable- las posibilidades de contrarrestar ese poder y generar equilibrios que hagan madurar a nuestra democracia quedarán muy debilitadas.

Independientemente de las razones a favor o en contra de un Directorio de oposición, en ASOJOD pensamos que la propuesta para recuperar el sistema de frenos y contrapesos debe ir en otra dirección. Poco importa si es el PAC, el ML, el PUSC, el PASE o el FA quien ocupe la Presidencia Legislativa, pues ni siquiera quitándole ese puesto o la Presidencia de la República, se saca al PLN del poder.

La fuerza de ese partido no está, a nuestro criterio, en tener mayoría parlamentaria ni la Presidencia de la República. Su poder deriva de un intrincado, complejo pero efectivo sistema de feudos, construido durante años mediante el intercambio de prebendas y la colocación de gente fiel a sus intereses en las diferentes instituciones públicas y estatales. El sistema les ha funcionado: crear islas de poder como la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, el Poder Judicial (con la todopoderosa Sala Constitucional), el Tribunal Supremo de Elecciones, el ICE, la CCSS, el INS, RECOPE, cada Municipalidad, etc. donde la cúpula de ese partido reparte los puestos con una condición: que nadie se entrometa en las acciones del otro.

Gracias a ese sistema, todos los participantes de la piñata quedan satisfechos, con una isla donde pueden hacer y deshacer a su antojo, sin miedo a que otra de ellas pretenda regularlos, fiscalizarlos, auditarlos o controlarlos.

Por eso, no es quitándole la Asamblea o el Ejecutivo que se destrona al PLN. Si se quiere hacer eso, se necesita sacar a la gente que controla ese andamiaje institucional, pues de lo contrario, se ocupará un alto cargo pero no se gobernará el país, toda vez que esa misma red se encargará de hacerle la vida imposible al partido de oposición que ocupe las mencionadas sillas si va en contra de sus intereses.

De ahí que la única opción sostenible en el tiempo, si se quiere lograr algo, es fortaleciendo a los diferentes partidos políticos, avanzando en su proceso de institucionalización, de forma que dejen de ser movimientos pro caudillo o grupos monotemáticos para convertirse en organizaciones que tengan peso no sólo a nivel electoral, sino más bien, en la vida institucional del país.

Se trata no sólo de tener personas en los puestos de decisión clave, sino también de que la ciudadanía comprenda, interiorice y legitime sus propuestas, proyectos e ideas, lo cual implica un proceso de educación política muy serio.

Es trascender a las campañas que giran en torno a un líder mítico, a un abanderado de la moral o a un "peor es nada"; es desarrollar ideas claras y concretas que se conviertan en una oferta que satisfaga la demanda. Es echar a andar un proyecto que sea legítimo para la ciudadanía, esto es, que vaya acorde con sus valores.

Porque la gobernabilidad, contrario a lo que muchos creen, no es solo la capacidad de una organización política para tomar decisiones y, mucho menos, para hacerlo en tiempos sumamente reducidos. La gobernabilidad es la actuación de la autoridad pública en un espacio considerado como legítimo por los ciudadanos; la gobernabilidad implica legitimidad, en su doble acepción, de origen y en ejercicio. La primera, proviene del mandato original que los ciudadanos, mediante su voto, le dan al Gobierno y la segunda se desprende de la eficacia y eficiencia de su gestión. En otras palabras, para que exista gobernabilidad, la autoridad pública debe operar en los espacios que legítima y expresamente desea la ciudadanía. Cualquier operación fuera de esos espacios, como ocurre en Costa Rica -pues el Gobierno interviene en áreas donde los mismos ciudadanos no lo desean y tienen arreglos institucionales privados más eficaces- genera una fractura en la legitimidad en ejercicio y, consecuentemente, en la gobernabilidad.

Es una tarea dura y complicada, pero alguien tiene que hacerla. Si se quiere avanzar, en cualquier tipo de agenda, las personas primero tienen que entender claramente lo que se propone, sus ventajas y desventajas y, sobre esa base, deben interiorizar las ideas, hacerlas suyas para que se adecúen a sus valores.

Para nosotros, los que creemos en las ideas de la libertad, el reto es más grande aún. Históricamente no hemos sido capaces de lograr que la gente entienda nuestras ideas y las acepte. Mitos van y vienen contra nuestras propuestas y el tiempo y recursos que dedicamos a explicarlas, con claridad meridiana y construir apoyos ciudadanos son exigüos.

Justamente, exponer las ideas y buscar que la gente cambie sus premisas, no sólo dándole razón a nuestros argumentos sino interiorizándolos, apropiándoselos y defendiéndolos, es el trabajo que hemos hecho en ASOJOD desde nuestro surgimiento. Y estamos convencidos que, a pesar de ser una inversión con un rendimiento a muy largo plazo, es la única forma efectiva para que la gente acepte y viva las ideas de la libertad.