
Mucho se ha hablado de la posibilidad de un Directorio Legislativo conformado por la oposición. Ideas van y vienen al respecto y, en este pequeño país, pareciera ser el tema político del momento. Pues bien, en ASOJOD tenemos algunas consideraciones que vale la pena plantear para tener un panorama más amplio frente a esa posibilidad.
Si bien la oposición ha anunciado que este suceso sería importante para recuperar la división de poderes y sanear la democracia y, en primera instancia, podríamos coincidir con ese análisis, lo cierto es que la realidad demuestra que hay que ser un poco más reflexivos a la hora de emitir criterios y ponderar las posibles consecuencias.
En primer lugar, hay que tener claro que, a corto plazo, un Directorio de oposición podría no tener los resultados positivos esperados. Con una agenda temática, ideológica y política tan variopinta como la que tienen el PAC, el ML, el PUSC, el PASE y el Frente Amplio, es más fácil encontrar puntos de quiebre que de encuentro, lo que hace pensar que las diferencias podrían poner rápidamente en entredicho la famosa alianza.
¿Qué pasará si, de ganar, el PAC aprovecha la Presidencia para impulsar el proyecto de autonomía indígena o el de la ley antitabaco? ¿Estará dispuesto el ML a continuar en esa alianza cuando ha anunciado ir en contra de ambas iniciativas y donde su principal aliado en esa oposición es el PLN? ¿Qué pasará cuando el ML impulse sus proyectos de reducción del gasto público? ¿Apoyará eventualmente el PAC un cierre de instituciones cuando su principal aliado en ese tópico es el PLN? Podríamos seguir planteando ejemplos, pero todos nos llevan a la gran pregunta: ¿podrá resistir el bloque opositor las discrepancias internas?
Lo mismo podría pensarse de los puestos de poder a lo interno del Congreso. ¿Estaría realmente dispuesto el ML a entregarle la Presidencia de la Comisión de Ambiente al PAC o a Villalta y la de Hacendarios al PUSC? Sin duda alguna, la agenda liberal, que ya de por sí ha sido prácticamente abandonada, perdería definitivamente toda posibilidad de surgir con este tipo de nombramientos. Algo similar deben pensar los progresistas, quienes verían el nombramiento de los libertarios como el entierro de sus propuestas programáticas. Una vez más, ¿están por la labor de soportar este riesgo?
En segundo lugar, el riesgo de que las cosas salgan mal para la oposición es bastante alto. Para nadie es un secreto que este primer año de la Administración Chinchilla Miranda ha sido pésimo, tanto por la ausencia de rumbo y claridad como por la incapacidad, casi patológica, que la Presidente tiene para enfrentar los problemas. Tampoco es desconocido para los costarricenses que este Poder Ejecutivo ha sido torpe en sus relaciones con el Parlamento, pues no ha podido establecer canales de comunicación duraderos y, mucho menos, construir una agenda de prioridades que, al menos en el periodo de sesiones extraordinarias, le permitira al país conocer el camino que pretende seguir este Gobierno.
Sería posible pensar que un Directorio de oposición obligaría al Ejecutivo a dialogar con las demás fuerzas políticas y a construir algunos acuerdos, incentivando la generación de una cultura política más inclusiva y democrática. No obstante, si por la víspera se saca el día, no pareciera que exista esa capacidad y voluntad en Zapote y que, más bien, el Ejecutivo se enfrascaría en una guerra para demostrarle a la ciudadanía que la oposición es incapaz de gobernar y viceversa.
En ese contexto, no sería de extrañar que la oposición, en su control político, la emprendiera fuertemente contra los Ministros y Presidentes Ejecutivos, para demostrarle a los costarricenses que la incapacidad y los actos poco transparentes de algunos de ellos son un peligro que hay que erradicar. Tampoco lo sería que, como medida de presión, la Ministra de Salud acelere el proceso de desalojo que pesa sobre la Asamblea Legislativa o que el jerarca de Hacienda se niegue a incluir las partidas solicitadas por los Diputados de oposición y luego se valga de los sindicatos de trabajadores para presionarlos a aprobar el Presupuesto de la República. La gran pregunta a ese respecto es ¿estarán los partidos políticos y la ciudadanía dispuestos a soportar durante el tiempo que dure esa alianza, una guerra casi fraticida?
En este mismo orden de ideas viene la tercera consideración. Dado el pésimo desempeño del actual Gobierno, es perfectamente esperable que no sólo no cumpla con sus promesas de campaña, sino que empeore la situación en muchas áreas. Si el PLN mantuviera, durante los 4 años, la Presidencia de la Asamblea, los malos resultados de este Gobierno le serían atribuíbles únicamente a esa agrupación política. Siendo así ¿por qué entrar a "ayudarle" a esta Administración a cavar su propia tumba? ¿No es mejor dejarlos hundirse y que, después, tengan que explicarle a la ciudadanía por qué no pudieron cumplir sus promesas?
Si la oposición asume el Directorio y lidera la agenda parlamentaria y, como dijimos antes, el riesgo de que lo haga mal se materialice, los liberacionistas encontrarán la excusa perfecta para justificar su pésima gestión: la oposición se convertirá en el chivo expiatorio y le dejará el camino libre a Rodrigo Arias para el 2014.
Que la oposición logre los votos para sacar al PLN del poder en la Asamblea Legislativa puede tener sus ventajas. Sin duda alguna, la principal es que podría ser el primer paso para recobrar cierto equilibrio de poder, especialmente mediante el control político que se establezca como un mecanismo del sistema de frenos y contrapesos republicano. Esto sería, sin duda alguna, maravilloso, pero las razones antes expuestas lo hacen ver como algo sumamente complicado: lograr que la oposición se articule en un bloque dispuesto a controlar el monstruo político arreado por los liberacionistas no es una tarea sencilla y si se falla -como es muy probable- las posibilidades de contrarrestar ese poder y generar equilibrios que hagan madurar a nuestra democracia quedarán muy debilitadas.
Independientemente de las razones a favor o en contra de un Directorio de oposición, en ASOJOD pensamos que la propuesta para recuperar el sistema de frenos y contrapesos debe ir en otra dirección. Poco importa si es el PAC, el ML, el PUSC, el PASE o el FA quien ocupe la Presidencia Legislativa, pues ni siquiera quitándole ese puesto o la Presidencia de la República, se saca al PLN del poder.
La fuerza de ese partido no está, a nuestro criterio, en tener mayoría parlamentaria ni la Presidencia de la República. Su poder deriva de un intrincado, complejo pero efectivo sistema de feudos, construido durante años mediante el intercambio de prebendas y la colocación de gente fiel a sus intereses en las diferentes instituciones públicas y estatales. El sistema les ha funcionado: crear islas de poder como la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, el Poder Judicial (con la todopoderosa Sala Constitucional), el Tribunal Supremo de Elecciones, el ICE, la CCSS, el INS, RECOPE, cada Municipalidad, etc. donde la cúpula de ese partido reparte los puestos con una condición: que nadie se entrometa en las acciones del otro.
Gracias a ese sistema, todos los participantes de la piñata quedan satisfechos, con una isla donde pueden hacer y deshacer a su antojo, sin miedo a que otra de ellas pretenda regularlos, fiscalizarlos, auditarlos o controlarlos.
Por eso, no es quitándole la Asamblea o el Ejecutivo que se destrona al PLN. Si se quiere hacer eso, se necesita sacar a la gente que controla ese andamiaje institucional, pues de lo contrario, se ocupará un alto cargo pero no se gobernará el país, toda vez que esa misma red se encargará de hacerle la vida imposible al partido de oposición que ocupe las mencionadas sillas si va en contra de sus intereses.
De ahí que la única opción sostenible en el tiempo, si se quiere lograr algo, es fortaleciendo a los diferentes partidos políticos, avanzando en su proceso de institucionalización, de forma que dejen de ser movimientos pro caudillo o grupos monotemáticos para convertirse en organizaciones que tengan peso no sólo a nivel electoral, sino más bien, en la vida institucional del país.
Se trata no sólo de tener personas en los puestos de decisión clave, sino también de que la ciudadanía comprenda, interiorice y legitime sus propuestas, proyectos e ideas, lo cual implica un proceso de educación política muy serio.
Es trascender a las campañas que giran en torno a un líder mítico, a un abanderado de la moral o a un "peor es nada"; es desarrollar ideas claras y concretas que se conviertan en una oferta que satisfaga la demanda. Es echar a andar un proyecto que sea legítimo para la ciudadanía, esto es, que vaya acorde con sus valores.
Porque la gobernabilidad, contrario a lo que muchos creen, no es solo la capacidad de una organización política para tomar decisiones y, mucho menos, para hacerlo en tiempos sumamente reducidos. La gobernabilidad es la actuación de la autoridad pública en un espacio considerado como legítimo por los ciudadanos; la gobernabilidad implica legitimidad, en su doble acepción, de origen y en ejercicio. La primera, proviene del mandato original que los ciudadanos, mediante su voto, le dan al Gobierno y la segunda se desprende de la eficacia y eficiencia de su gestión. En otras palabras, para que exista gobernabilidad, la autoridad pública debe operar en los espacios que legítima y expresamente desea la ciudadanía. Cualquier operación fuera de esos espacios, como ocurre en Costa Rica -pues el Gobierno interviene en áreas donde los mismos ciudadanos no lo desean y tienen arreglos institucionales privados más eficaces- genera una fractura en la legitimidad en ejercicio y, consecuentemente, en la gobernabilidad.
Es una tarea dura y complicada, pero alguien tiene que hacerla. Si se quiere avanzar, en cualquier tipo de agenda, las personas primero tienen que entender claramente lo que se propone, sus ventajas y desventajas y, sobre esa base, deben interiorizar las ideas, hacerlas suyas para que se adecúen a sus valores.
Para nosotros, los que creemos en las ideas de la libertad, el reto es más grande aún. Históricamente no hemos sido capaces de lograr que la gente entienda nuestras ideas y las acepte. Mitos van y vienen contra nuestras propuestas y el tiempo y recursos que dedicamos a explicarlas, con claridad meridiana y construir apoyos ciudadanos son exigüos.
Justamente, exponer las ideas y buscar que la gente cambie sus premisas, no sólo dándole razón a nuestros argumentos sino interiorizándolos, apropiándoselos y defendiéndolos, es el trabajo que hemos hecho en ASOJOD desde nuestro surgimiento. Y estamos convencidos que, a pesar de ser una inversión con un rendimiento a muy largo plazo, es la única forma efectiva para que la gente acepte y viva las ideas de la libertad.