Hay dos razones por las cuales no debe pasar desapercibida la reciente propuesta del columnista de La Nación, señor Julio Rodríguez, para que, en mis palabras, se cierre el actual Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). La primera, porque dicha propuesta proviene de más allá de círculos usualmente no muy inclinados a promover la participación del Estado en cuanta cosa se le ocurre, como es el caso de mi persona. Pero también porque atina a reflejar una desilusión creciente de la ciudadanía con las acciones ineficientes del Estado costarricense, en donde sólo parece que la ocurrencia de gastar más, con independencia de un muy elevado déficit, es la solución para los problemas de su gestión. La alternativa del señor Rodríguez pasa por dar mayores espacios a la actividad privada, en la provisión de una serie de servicios que actualmente mal desempeña el MOPT.
No voy a referirme con detalle a la serie de fracasos recientes que han estado ligados al accionar del MOPT, muchos de los cuales los reseña el señor Rodríguez, pero los recientes episodios de la platina, del hueco en la autopista a Alajuela y de la malhadada trocha en la frontera norte, muestran en todo su esplendor el rosario de fracasos del MOPT en el desempeño de sus funciones esenciales.
No todas las actividades que el Estado desempeña al alero del MOPT serán fácilmente trasladables a la empresa privada para que ésta las lleve a cabo. Ejemplo de ello podría ser la Dirección General de Tránsito. Si bien algunos, como boy scouts en el pasado, contribuimos a dirigir el tránsito en la ciudad de San José, sabemos que eso más bien era una responsable diversión, que una buena sustitución del poder de autoridad conferida a los agentes del Tránsito. Pero un mayor uso de ciudadanos como inspectores ad honorem, podría contribuir enormemente a mejorar una vigilancia a todas luces hoy deficiente.
Similarmente, podría ser necesario que exista un marco regulatorio, con participación estatal, en algunas actividades que tienen que ver con el transporte formal, como, por ejemplo, las concesiones de transporte urbano e inter urbano, así como para la operación de puertos y aeropuertos, entre otras posibles actividades, que no son la ocasión de mencionar.
Lo que sí es importante destacar es lo difícil que resulta en Costa Rica lograr el traslado de actividades del sector público al sector privado, aunque esto aparente ser algo relativamente sencillo. Podría citar, como ejemplos, a la famosa saca de guaro mejor conocida como FANAL o la eliminación de un hoy casi inoperante por innecesario Consejo Nacional de Producción (CNP). Ambas entidades utilizan recursos que bien podrían ser utilizados en cosas más necesarias, que las que actualmente hacen. Pero hay temas similares, cuya discusión política inevitable en cuanto a decidir su operación por medio del sector privado en vez del sector público, se ha convertido en una especia de tabú. La propuesta del señor Rodríguez sin duda que requiere de una discusión abierta y sin acogotamientos politiqueros, pero sí que nos permita a los ciudadanos decidir el futuro de lo que deseamos se lleve a cabo eficientemente por nuestro estado y qué por el sector privado.
Como ejemplo, las licencias, en lugar de ser otorgadas centralizadamente, procedimiento que constantemente es objeto de crítica por una ciudadanía afectada por su ineficiencia, entre otras cosas, podrían ser otorgadas des-centralizadamente por los gobiernos locales. Es así como se hace, por ejemplo, en muchos lugares de los Estados Unidos.
También muchos departamentos del MOPT podrían ser eliminados y absorbidos por otras entidades estatales o de naturaleza pública en algún grado, como el Colegio de Ingenieros o el LANAME de la Universidad de Costa Rica, sin que implique los gastos innecesarios que hoy se dan en el MOPT. Igualmente, ese Ministerio dejaría de hacer obras que serían llevadas a cabo exclusivamente por el sector privado nacional e internacional, en un marco que efectivamente promueva la competencia y que evite el choricero que hoy se ha observado, por ejemplo, en el caso de la trocha de la frontera norte. Esto podría requerir mejorar nuestro actual sistema de contratación, para evitar prácticas de colusión entre oferentes, que termina por conspirar contra la nación y finalmente contra el bienestar del ciudadano.
Es indispensable el aporte ciudadano para la reformulación propuesta del MOPT. Cuando se estableció el INCAE en el país, me parece que su objetivo principal era el impulso al desarrollo nacional, mediante el aporte que el sector privado, en su capacidad de empresario, pudiera brindar. Una ampliación del espacio en que el sector privado puede participar y ofrecer su capacidad, sin duda que calza naturalmente con esos propósitos iniciales del INCAE. En mi opinión, con el paso del tiempo, INCAE nos ha quedado debiendo en este aporte del sector privado al desarrollo, pues muchos de los ejecutivos que han emergido de sus aulas y principalmente sus docentes, se han dedicado a prestar sus servicios profesionales al estado, en puestos de destacada importancia.
Como sabemos, en el estado mucha de la práctica usual consiste en establecer restricciones, limitaciones, políticas no necesariamente proclives a que el sector privado pueda desarrollar todo su potencial, así como a preservar privilegios para sectores particulares de la economía, lo cual ha contribuido a fortalecer al estatismo y no al sector privado. Por ello me permito sugerir que el INCAE, a quien considero una institución que podría aportar mucho y sin cobro alguno a los costarricenses, encabece una propuesta de traslado de funciones del estado hacia el sector privado, empezando por el MOPT. De esta manera abandonaría su práctica actual de proveedor de altos ejecutivos al gobierno (una especie de Escuela de Altos Estudios Francesa, adaptada a nuestro medio), y dirija su papel hacia el enriquecimiento de la sociedad, mediante una mayor participación productiva de un sector privado independiente y no convertido en rémora de los fondos estatales. El INCAE está en capacidad de sugerir ese destete oportunamente sugerido por el señor Rodríguez. Sin embargo, como yo creo que es la competencia la que en verdad favorece al consumidor –en este caso al ciudadano- también sugiero que propuestas similares de restructuración sean formuladas por las escuelas de negocios de las universidades estatales y privadas. Así estaremos en capacidad de evaluar diversas opciones y sugerencias respetables.
