viernes, 29 de mayo de 2015

Viernes de recomendación

Para este día les ofrecemos el artículo "Sector informal: economía popular y mercados abiertos" de Hernando de Soto, en el cual se explica cómo debe operar el emprendedor cuando no puede cumplir la legislación pues sus costos exceden, por mucho, los beneficios que espera recibir.


martes, 26 de mayo de 2015

La columna de Carlos Federico Smith: ilusión o engaño

Datos recientemente publicados en el último informe de Coyuntura Económica de Costa Rica, que emite la división Económica del Banco Central, han estimulado este comentario mío.  Dicho informe es mejor conocido como el IMAE (Índice Mensual de Actividad Económica) y corresponde a abril del 2015. 

Resumiré algunos de sus principales resultados:

1.- Esos datos del IMAE nos permiten tener una idea del comportamiento de la producción de la economía nacional, para el primer bimestre de este año. Indican un crecimiento promedio del 2.4%. Esto contrasta con el crecimiento promedio de 3.5% a febrero del 2014 y un incremento interanual (esto es, entre el primer bimestre de febrero del año pasado y el del primero de este año) de 2.2%, el cual se compara con el cambio interanual previo entre febrero del 2014 y el del 2013, de un 3.7%. Más grave aún: un informe más reciente sobre el IMAE de marzo del 2015, señala que el crecimiento de la producción nacional de marzo del 2015, comparado con el de marzo del 2014, creció en tan sólo un 1.7%. Vamos para atrás como el cangrejo.

2.- Ese menor crecimiento promedio del primer bimestre del 2015, con respecto al equivalente del 2014, se debe a un menor crecimiento de la mayoría de las empresas que integran el sector industrial y, en especial, por una relativamente fuerte caída del sector agropecuario. 

3.- Respecto al sector agrícola, su descenso anualizado a marzo del 2015 es de un 2.2%, comparado con un crecimiento promedio del 2014 de un 2.9%. Según datos del IMAE a marzo del 2015, el sector cayó en un 3.4%, con respecto al equivalente de marzo del 2014. El sector agrícola ha venido cayendo desde abril del 2014 e incluso a partir de noviembre de ese año muestra tasas negativas de crecimiento.

4.- El sector manufacturero creció en este bimestre un 0.3%, en comparación con 2.6% en el mismo período del año anterior. Este menor crecimiento se explica en mucho por la salida de INTEL del país. Preocupa que, de acuerdo con datos del IMAE a marzo del 2015, el sector cayó en un 1.4% en comparación con marzo del 2014. Es el tercer mes consecutivo de declinación en su tasa de crecimiento. 

5- En cuanto al sector comercio, otro importante generador de empleo, había crecido interanualmente en el primer bimestre de este año en un 3.8%. Dicha tasa es ligeramente inferior a la equivalente de marzo del 2014, de un 3.9%. Sin embargo, en tanto que en junio del año pasado venía creciendo a una tasa anual promedio de 4.4%, el crecimiento promedio anualizado a marzo del 2015 se redujo a un 3%. 

6.- En los últimos 11 meses se dio un decrecimiento consecutivo del IMAE; esto es, a partir de abril del 2014 cada mes consecutivo cae más la producción doméstica Por ello, es posible hablar de una economía en decrecimiento desde los últimos once meses, decrecimiento que conforme pasa el tiempo es cada vez menor: crece menos la economía. 

Las noticias en el campo del empleo tampoco son halagüeñas. De acuerdo con el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) sobre la Encuesta Continua de Empleo: Resultados del I Trimestre del 2015, el país alcanzó la tasa de desocupación más elevada de los últimos seis trimestres. La tasa de desocupación es el porcentaje de la población con respecto a la fuerza de trabajo que no trabajó durante la semana de la encuesta y que buscó empleo en las cinco semanas previas. El informe arriba citado muestra que la tasa de desempleo de este primer trimestre del 2015 es la más alta de los últimos siete trimestres.  Así, en el segundo trimestre del 2013 fue de un 10.5% de la fuerza de trabajo, descendió luego y volvió a aumentar a partir del primer trimestre del 2014, en que llegó a ser de 9.8% y finalmente alcanzó a ser un 10.1% de la fuerza de trabajo del país en el primer trimestre de este año.

Si se compara el primer trimestre del 2014 con el del 2015, se observa que la tasa de desempleo de los hombres aumentó de un 8.1% a un 8.8%, en tanto que el de las mujeres permaneció en el nivel más alto de un 12.3%.

Un indicador importante de tener presente cuando se analiza el mercado de trabajo, es la llamada tasa de participación neta, que indica el porcentaje de la fuerza de trabajo del país con respecto a la población en edad de trabajar. Un descenso de dicha tasa neta de participación puede deberse a que personas que, en un primer momento buscaron empleo, hayan desistido; esto es, que la fuerza de trabajo descendió, pues al no encontrar trabajo abandonaron su esfuerzo. Recientemente en el país, la tasa de participación neta pasó de un 63.7% en el primer trimestre del 2014 a un porcentaje menor -un 61.8%- en el similar del 2015.  Puede deberse a gente que haya abandonado su búsqueda de empleo. La deserción de la fuerza de trabajo no se refleja en la tasa de desempleo abierto, pues ésta resulta de comparar la población desocupada respecto a la población económicamente activa o fuerza de trabajo (esta última no comprende a la población que dejó de buscar trabajo). Si bien la población económicamente activa del país aumentó de 3.628.363 en el 2014 a 3.692.461 en el 2015, la población ocupada descendió de 2.084.210 en el 2014 a 2.051.208 en el 2015; por tanto, la tasa de ocupación se redujo de 57.4% de la población económicamente activa del 2014 a un 55.5% del equivalente en el 2015.

Otro indicador importante es la tasa de subempleo, definida como el porcentaje de la población ocupada con subempleo respecto a la población total ocupada. Subempleo se refiere al trabajo habitual de menos de 47 horas a la semana en la ocupación principal y otras ocupaciones, de gente que desea trabajar por más horas, pero no lo encuentra. Pues bien, en tanto que en el primer trimestre de 2014 la tasa de subempleo en la economía fue de un 11.9%, un año después se había incrementado a un 12.9%.

En síntesis, la situación laboral del país ha continuado empeorando en el último año. Si unimos este desalentador estado del empleo en el país con el poco crecimiento de la economía en general y hasta de un decrecimiento en algunos sectores claves, no nos queda más que preguntar dos cosas: primera, ¿qué puede explicar este empeoramiento en la economía costarricense? y, segunda, ¿si las medidas que recientemente ha tomado el gobierno conducen a revertir esa mala situación?

En cuanto a la primera pregunta hay que mencionar razones tanto de índole externa como interna. Por ejemplo, en lo que se refiere a exportaciones, en un informe del 21 de mayo de la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER), se indica que éstas han caído en lo que va de enero a abril de este año en un 17%. En un período idéntico del año pasado, el país exportó $3.851 millones, mientras que en un mismo lapso, pero en ese año, han sido de tan sólo $3.176; es decir, $675 menos. Tal caída en mucho se debe a un descenso de las exportaciones agrícolas (disminuyeron un 7.8% en el mismo período antes referido), así como de la industria alimentaria (descenso de 7% en ese mismo período). Pero, también, se debe a un descenso del 74% en las exportaciones de la industria eléctrica y electrónica, debido a la salida del país de la firma INTEL.

De paso, según el Banco Central, las importaciones de enero a abril de este año fueron de $4.991 millones, mostrando la balanza comercial, al momento, un déficit de $1.840 millones.

Pero las perspectivas de una recuperación del crecimiento de las economías principales del mundo no son muy confortables, dado que no se espera mucho del comportamiento de Europa ni del de los Estados Unidos, ni del Japón, y más bien la economía china está dando muestras claras de una desaceleración significativa de su economía. Así las cosas, en apariencia la demanda externa, si acaso con suerte, no empeorará, pero lo más posible es que el efecto recesivo continúe en este año. 

Aquel déficit citado previamente de nuestra balanza comercial se deberá de financiar (además de posibles variaciones en las reservas) mediante la inversión extranjera, por lo cual es crucial ver cómo medidas internas que permitan su atracción son puestas en práctica. En una reciente visita del presidente a los Estados Unidos a fin de atraer inversiones al país, se encontró con críticas empresariales al alto costo de la energía eléctrica y al mal estado de la infraestructura de exportaciones de nuestro país, que obviamente compite en cuanto atraer inversiones con muchas otras naciones, algunas de ellas muy cercanas.

Termino mi comentario refiriéndome a la segunda pregunta: ¿Revertirán esa caída de nuestra economía las medidas económicas que supuestamente está tomando el gobierno para evitar dicho problema? Honestamente creo que no. Las decisiones que recientemente ha tomado el nuevo gobierno más bien han contribuido, en mi criterio, a aumentar la incertidumbre que hoy encara el sector productivo, tanto el doméstico como el externo ubicado en el país. La lista de medidas de tal naturaleza puede ser extensa, pero me concentraré en las propuestas para hacer frente al problema fiscal del país y, en especial, a la forma en que el gobierno pretende lograrlo.  Enfatizaré este último tema, aunque no debería dejar de lado, por ejemplo, las medidas laborales tomadas por el estado que otorgaron mayores poderes a los grupos sindicalizados del gobierno, así como la ausencia de medidas para reducir el sensible costo tan elevado de la energía eléctrica en el país, incluso la oposición sistemática del gobierno a una mayor participación privada en la producción de energía, proveniente de fuentes hidráulicas, pero también de fuentes alternativas, tales como impedir el desarrollo del gas y la exploración de petróleo en el país, así como de la energía geotérmica, todo lo cual podría abaratar uno de los costos más sensibles para la producción nacional.

Lo cual ciertamente no acabo de descifrar es si este gobierno es iluso o si es que, a sabiendas, nos engaña en cuanto a la política fiscal de reducción del déficit estatal. Antes que nada, hace dos años los políticos de esta administración nos había señalado que no pondrían impuesto alguno antes de que se lograra reducir sustancialmente el excesivo gasto gubernamental. Pero, a posterioridad, en vez de disminuirlo, más bien aprobó un jugoso incremento del 19% en el presupuesto del gobierno central (tal vez ilegalmente, pero como tal lo “aprobó” la Asamblea Legislativa). Ahora nos ha venido diciendo que dialogará y enviará proyectos ante el Congreso, orientados a reducir el gasto, pero, sin que, de hecho, haya presentado un proyecto en concreto y definitivo ante el seno legislativo. Por eso, con toda propiedad el nuevo directorio legislativo multipartidista ha dicho públicamente que no aprobará nuevos gravámenes, antes de que se reduzca efectivamente el gasto y que, asumo, haya valorado su pertinencia. Pero ya el presidente de la República ha indicado, casi que terminantemente, que los impuestos deberán quedar aprobados en este año. Así porque sí: sin garantía alguna para la ciudadanía de que se le entrará certeramente a resolver el problema del déficit en su raíz, cual es el excesivo gasto gubernamental.

Tenemos una economía que casi no crece y ante un panorama laboral deprimente, en un marco de incertidumbre que realmente preocupa, y en donde el gobierno casi que lo único que pretende es poner mayores impuestos y trabas al sector productivo del país. (Lo último: en el momento en que escribo esto se han dado a conocer propuestas oficiales que pretenden restringir los derechos básicos de los ciudadanos de hacer lo que les parezca -en tanto no causen daño directo a los derechos de terceros- con su propiedad privada en lo relativo a los condominios; limitaciones que van desde la prohibición de edificarlos en ciertas partes del país a construir tapias a su alrededor porque afecta “el paisaje”). Pero en lo esencial, en su codicia por lograr mayores ingresos mediante impuestos, aún no he visto que la introducción de nuevos y mayores gravámenes al sector privado -esto es, todos nosotros- se convierte en un estímulo para que una alicaída economía pueda recuperar su crecimiento. Quienes a veces simplemente proponen mayores impuestos, tienen ante sí un serio desafío que deben satisfacer: explicar y comprobarle a los ciudadanos que con mayores impuestos, es como puede lograrse que un país económicamente desalentado pueda recuperar su crecimiento.  Lo aciago es que, si se toman esas medidas restrictivas de la economía de las personas, mediantes las cuales se traspasan forzadamente recursos privados al estado, pronto éste, al disponer de mayores ingresos frescos, simplemente procederá a gastarlos, tal como ha sido la historia fiscal de nuestro país en los últimos tiempos. Impuestos, más impuestos, igual a gastos, más gastos gubernamentales.

Es más que una verdad de Perogrullo cuando alguien postula que  “el empleo no se recuperará mientras haya un débil crecimiento de la economía”. Es una realidad comprobada en muchas experiencias económicas. Recientemente en Costa Rica, durante la última administración Arias Sánchez, allá por el 2008, el alto crecimiento de la economía permitió que se presentara algo no logrado por muchos años: que el país lograra tener un superávit fiscal. Punto aparte es que ese mismo gobierno no aprovechó esa oportunidad de oro para ordenar las finanzas en el futuro, sino que el gobierno incrementó dispendiosamente su gasto, volviendo el país, poco después, a los números rojos y heredándole el problema al gobierno siguiente.

La imposición de nuevos y mayores tributos no sólo afectará esos números fríos que están detrás de “un crecimiento del Producto Interno Bruto”. Si, a causa de esos gravámenes incrementados se afecta la disposición de los inversionistas privados, nacionales y extranjeros, para dedicar mayores recursos a la inversión, eso sin duda que se reflejará en una menor demanda de mano de obra. Dada la hoy deprimente situación de nuestro mercado laboral, tal efecto sería una verdadera desgracia para los ciudadanos. Por ello, es crucial tener presente que, si mediante mayores impuestos se afecta el rendimiento de la inversión, la formación de ahorros, el impulso a crear nuevas empresas e innovar, no es una política económica que se pueda considerar como conveniente para la ciudadanía. Por el contrario, con ellas se reducirá el crecimiento, la inversión, la demanda de mano de obra y los ingresos familiares. Lo que le seguiría no quiero ni imaginarlo. Quienes imaginan que mayores impuestos favorecerán nuestra economía deben reconocer que sucederá lo contrario. No podrán engañarnos prometiéndonos que sus políticas conducirán a mejores condiciones de vida. Vale que ya no creemos en sus ilusiones y vanas promesas, sino en realidades y en el honesto cumplimiento de lo prometido, cual es el logro de un mayor bienestar para todos los ciudadanos. 

En resumen, es una ilusión la de quienes creen que aumentando los impuestos lograrán que se recupere el crecimiento de la economía o es un engaño que, a sabiendas del efecto negativo de mayores impuestos sobre el crecimiento, nos quieran hacer creer que eso es posible.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 25 de mayo de 2015

Tema Polémico: Don Luis Guillermo tal parece que no quiere más inversión

El día de hoy quisimos tratar muchos temas donde los más importantes seguramente son el salidón del INVU con su nuevo reglamento a la ley reguladora de propiedades en condominio y el viaje a Estados Unidos del presidente para supuestamente promover el país e incentivar el aumento de la inversión extranjera directa de ese país a Costa Rica. 

Solamente por la mínima no estamos escribiendo sobre el nefasto reglamento que quiso implementar el INVU (y que aun quiere salvar de la muerte). Este tema es probable que lo discutamos más adelante pero no podemos desaprovechar lo caliente del tema para indicarles que estamos totalmente en desacuerdo con esta iniciativa pues es un clarísimo intento de violentar el derecho a la propiedad privada. No entendemos cómo es posible que al día de hoy siga existiendo tanta gente que aun defiende esas ideas retrogradas. Basta con solo analizar un poquito los países más desarrollados del mundo y los que recientemente han  salido de forma más exitosa del subdesarrollo para darse cuenta que todos tienen un ingrediente común que resalta sobre los demás, el respeto a propiedad privada. Y aquí en Costa Rica este gobierno quiere seguir en la dirección contraria. 

Ahora bien, hablemos sobre el viajesito del señor presidente a Estados Unidos. La razón por la que el día de hoy nos enfocaremos en este tema es porque es imposible dejar pasar esta oportunidad para recalcar la evidente hipocresía de este gobierno con el tema de la inversión en general.

Es muy fácil ir a Estados Unidos a pedirles a empresarios que inviertan en Costa Rica aprovechándose de logros del pasado impulsados por gobiernos anteriores. Mismos gobiernos que don Luis Guillermo ataca con tanta facilidad en medios internacionales. Nuestro afán no es defender a los gobiernos del pasado que, por cierto, también hemos criticado muchísimo; sino de poner en evidencia la ironía. Que fácil es ir a impulsar la inversión recordando un TLC; un TLC que él mismo atacó con tanta vehemencia unos años atrás. 

Además, que ha hecho don Luis Guillermo en calidad de presidente para ayudar al aumento de inversión y la creación de más empleos. Nada. Todo lo contrario, la disminución de las tarifas eléctricas no es una prioridad, la intención es aumentar los impuestos, la flexibilidad laboral es inaceptable para él, quiere resucitar el impuesto a las sociedades, quiere regular aún más los condominios y las construcciones, etc etc. Todo lo contrario. Con estas medidas don Luis Guillermo terminará de echar la inversión que aún está en el país.

No se vale extenderle la mano a los extranjeros para que inviertan en el país mientras se sostiene un mazo en la otra mano para golpearlos apenas se acerquen. La verdad es que este gobierno no ha hecho nada disminuir el desempleo que se encuentra en números preocupantemente altos y todo lo que tiene planeado hacer para lo único que serviría es para aumentarlos más todavía.

Deje de viajar tanto don Luis Guillermo, no sea hipócrita. Si en verdad quiere que venga inversión primero quédese en Costa Rica y trabaje para generar las condiciones atractivas y el clima para que lleguen los empresarios.

viernes, 22 de mayo de 2015

Viernes de Recomendación

Para el día de hoy queríamos presentarles este breve -pero importante- reportaje efectuado por Noticias Repretel. El mismo refiere a la reforma que está pretendiendo efectuar el INVU al Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones. Como se puede apreciar, dicha propuesta presenta graves amenazas al desarrollo económico, así como al derecho de propiedad privada.  En este sentido todos debemos de estar vigilantes, y presionar para que dicha propuesta sea enviada inmediatamente a la basura que es donde merece estar.

martes, 19 de mayo de 2015

La columna de Carlos Federico Smith: reviviendo ideas y experiencias de limitaciones constitucionales al gasto estatal

Tal vez no hay nada mejor que compartir con alguien o algo y que se destape un buen vino, ya envejecido y de buena reputación. Ahora he leído, por allí, que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), afortunadamente, ha estado promoviendo algunas ideas orientadas a lograr un mejor manejo de la política fiscal del país (y me imagino que de otros). Esas ideas no son novedosas y por cierto fueron bastante discutidas en nuestro país hace unas décadas. Es cierto que, con frecuencia cansina, aquella institución siempre abría la llave para que se tuviera que imponer nuevos y mayores impuestos, en situaciones deficitarias, pero eso ha sido parte de un dogma -y no sólo del BID, sino de casi todas las organizaciones internacionales dedicadas a temas del manejo fiscal, tales como el Banco Mundial, por supuesto que la CEPAL, así como la OECD y, en general, los bancos regionales de desarrollo- mediante el cual, por mucho tiempo, se impulsó el aumento de tributos, como la solución para los déficits recurrentes de muchas naciones. Desafortunadamente, poco tiempo después se reanudaban los déficits y había que volver al viejo ritual de pedirle a quienes nos prestaban plata, que nos asesoraran en la aprobación de un nuevo paquete tributario que, como siempre se nos aseveraba, sería para terminar para siempre con los déficits usuales. Pero ya sabemos que se trataba de procesiones de conocida y cierta frecuencia: una y otra vez no se solucionaba el déficit y había que poner, con la bendición del poderoso, de nuevo mayores impuestos.

Por ello, con gran satisfacción, en estos momentos prefiero centrarme en lo que, según he entendido, son las nuevas intenciones para tratar de definir un marco institucional apropiado y ojalá terminante para la conducción fiscal de los países díscolos. Esto, es obvio, nos lleva a plantear si ha sido exitoso el esquema proseguido en el seno de la Unión Europea, en donde lineamientos fiscales son exigidos a los estados que integran dicha comunidad.  En el caso europeo, si uno mira a los titanes de la responsabilidad fiscal, como Alemania, por ejemplo, no hay duda que bien se puede pensar que se ha tenido éxito en cuanto a que dichas limitantes conducen a un ordenamiento fiscal. Pero, si se observa al otro extremo -naciones con altos déficits, como Grecia, Portugal, España, Italia, Chipre e Irlanda, país éste que ha enmendado exitosamente su comportamiento indisciplinado- podría pensarse que las restricciones fiscales regladas puestas en marcha han sido un fracaso, aunque alguien siempre argüirá que, de no haber existido tales limitaciones en el marco fiscal de aquellas naciones desaforadas, el resultado habría sido peor en cuanto a desempleo, decrecimiento económico, dolor y lágrimas… Pero a eso se aplica aquello de consuelo de tontos…

En todo caso, debo celebrar que un movimiento intelectual, el cual lo resumo en el título del libro de Aaron Wildavsky, How to Limit Government Spending [Cómo Limitar el Gasto Gubernamental], surja ahora -en el 2015- con renovados bríos. El subtítulo de la obra de Wildavsky, escrita en 1980, es inusualmente extenso para ese tipo de portadas librescas, pero resume exactamente el motivo de la entonces nueva propuesta para introducir restricciones a las políticas fiscales de los países, por supuesto que a sabiendas de que la obra de Wildavsky trata del caso de los Estados Unidos. Debemos tener presente que esa nación, poco antes de la salida del libro citado, experimentó una de sus mayores inflaciones históricas: “sucedió con la administración Carter en Estados Unidos, país en el cual se tuvo simultáneamente una de la mayores tasas de desempleo (un 7%) con una de la más elevadas tasas de inflación (13.5%).” [Jorge Corrales Q, “De nuevo con la Curva de Phillips”, en Boletín de ANFE, julio del 2011].

Dice el subtítulo del libro de Wildavsky,

            “…cómo una enmienda constitucional, que amarre al gasto público con el crecimiento económico, disminuirá los impuestos y reducirá la inflación, siendo del interés de todos reducir los gastos, provisto que todos tengamos que hacerlo, incrementando así la cooperación en sociedad y el conflicto dentro del gobierno, que es lo que debería de ser, si es que la asignación de recursos reemplaza al incremento de recursos como principio operativo de un gobierno, que refleje no sólo nuestros deseos individuales en cuanto surgen, sino colectivamente a lo largo del tiempo: una cosa buena en sí misma, y mucho mejor que exigir por mandato que haya presupuestos balanceados, que estimulan impuestos mayores o imponen recortes drásticos, que fomentan la inflación.” [Aaron Wildavsky, How to Limit Government Spending, Berkeley, California: University of California Press, 1980. Portada]. 

Wildavsky no fue el único en promover reformas que limitaran el gasto gubernamental. También lo hizo, por ejemplo, William A. Niskanen, quien fuera presidente del Instituto Cato y asesor del presidente Reagan. Dado que Niskanen visitó el país en 1992 para brindar una conferencia titulada “El Fracaso del Estado de Facio,” en ocasión del seminario Raíces Institucionales de la Política Económica Costarricense, de su exposición destaco lo siguiente –que nos fue señalado hace 23 años:

            “En su mayor parte, el estado de bienestar moderno, en los Estados Unidos y en todo lado, se ha desarrollado en respuesta a la política democrática usual y ha sido ratificada tan sólo por subsecuentes elecciones, más que por un consenso constitucional. Sin embargo, hay varias razones por las cuales un estado de bienestar expansivo no puede ser mantenido, en ausencia de un consenso constitucional amplio que permita llevar a cabo estas políticas.” [Jorge Corrales Quesada, editor, Raíces Institucionales de la Política Económica Costarricense, San José, Litografía e Imprenta LIL, S. A., 1993, p.p. 23-24].

Es interesante destacar que, en aquel seminario, el entonces diputado Miguel Ángel Rodríguez defendió, ante una crítica bien apreciada, un proyecto suyo de reforma constitucional, dirigida esencialmente al control del gasto gubernamental. Retrotraer algunas partes del comentario del diputado Rodríguez, es pertinente para esta ocasión, ante la evolución actual en nuestro país de posibles propuestas de ordenamiento fiscal similares:

            “Se ha dicho que al ser límites por normas constitucionales, hace inflexible al proyecto. El problema es que, si se ponen por una ley común y corriente, no significan nada. Por ejemplo, la Ley de Presupuestos viene y cambia todos los años lo que está fijado y punto.  O los límites se pueden establecer por Constitución o no se pueden establecer: es tan sencillo como eso. Don Alberto Di Mare, refiriéndose a uno de esos proyectos del límite del gasto, en una ocasión me dijo que no valía la pena como ley; que debería de anularse uno de los proyectos… Yo creo que tiene razón don Alberto… Creo que estamos llegando a un nuevo consenso sobre la importancia del mercado, sobre los límites del gobierno y, así como se establecieron en el siglo XVIII y XIX las reglas constitucionales con base en un nuevo consenso político sobre el tipo de actividades que, en el campo de los derechos humanos, civiles y de los derechos políticos, no era aceptable la intromisión del estado creo que hoy hay un nuevo consenso en cuanto al tipo de derechos económicos que tienen que ser defendidos y que implican que ciertas conductas no sean aceptables para la acción del estado.” [Miguel Ángel Rodríguez, “Respuesta a los comentarios” en Jorge Corrales Quesada, editor, Op. Cit., p.p. 58-59.]

En un libro relativamente poco conocido de Milton Friedman, Tyranny of the Status Quo [Tiranía del Statu Quo], con entusiasmo menciona que “Una enmienda constitucional que requiere que el gobierno federal balanceé el presupuesto y limite el gasto ha ido labrándose el camino en el Congreso”. Por eso haré mención  de algunas de las ideas que Friedman formula al respecto, por considerar que son siempre de enorme relevancia económica y política:

            “Esta enmienda constitucional lograría dos objetivos relacionados: primero, incrementaría la posibilidad de que el presupuesto federal se logre balancear, no prohibiendo que haya un presupuesto no balanceado, sino haciendo más difícil que se logre aprobar un presupuesto que da lugar a un déficit; segundo, que frenaría el crecimiento del gasto gubernamental –de nuevo, no prohibiendo tal crecimiento, sino haciendo que sea más difícil.

La provisión clave de esta enmienda se puede encontrar en sus primeras dos secciones. La primera requiere que el Congreso formule planes para un presupuesto balanceado y que el Congreso y el Presidente asegurarán que el gasto efectivo no exceda al gasto planeado. Noten que nada se dice acerca que los ingresos efectivos igualen (o excedan) a los ingresos planeados. Esto es deliberado. Una administración puede en alto grado efectivamente controlar el gasto, pero no puede ejercitar el mismo grado de control sobre sus ingresos, que se ven mucho más afectados por las condiciones económicas… Evita una rigidez que sería intolerable y dañina. No requiere de un presupuesto balanceado anualmente, pero sí de un balance durante la duración, o el curso de, los ciclos económicos.

En sí, esa primera sección no limitaría directamente el crecimiento del gobierno. Simplemente requeriría que los impuestos y el gasto vayan juntos. La segunda sección agrega el elemento necesario. Garantiza que los ingresos planeados no pueden incrementarse de un año a otro, en un porcentaje mayor que el del crecimiento del ingreso nacional. Bajo la sección primera, el gasto estimado debe ser menor o igual a los ingresos estimados y el gasto efectivamente realizado debe ser menor o igual que el gasto estimado. Por lo tanto, al limitarse los ingresos, se limita el gasto. Es más, si en algún año el Congreso logra mantener los ingresos y el gasto estimados por debajo del nivel máximo, el efecto es el de reducir el nivel máximo para los años siguientes, promoviendo por tanto un ajuste hacia la baja del gasto con respecto al ingreso nacional.” [Milton Friedman, Tyranny of the Status Quo, New York: Harcourt Brace Jovanovich, Publishers, 1984, p.p. 55-58].

Creo que sobra decir, pero vale la pena enfatizarlo, que cualquier pretensión de que en nuestro país se introduzca un esquema de control fiscal que evite la descomposición actual de nuestro déficit, debe tomar en cuenta el planteamiento de referencia que, en aquel entonces, había sido aprobado por el Senado estadunidense, y que Friedman transcribe en las páginas 56 y 57 de su libro Tiranía del Statu Quo.

Es interesante hacer notar que, poco tiempo después, Milton, junto con su esposa Rose, en su clásico libro Free to Choose: A Personal Statement [Libre para Elegir], analizaron el tema y formularon una nueva propuesta en la cual ambos economistas había participado y que incluso incorporaron como un Apéndice B en este último libro. Esta última propuesta, titulada “Una Propuesta de Enmienda Constitucional para Limitar el Gasto del Gobierno Federal,” fue preparada por un grupo presidido por el economista W. Craig Stubblebine y promovido por el Comité para la Limitación Nacional a los Impuestos. Los esposos Friedman señalan que la propuesta

“es puesta en términos de limitar el gasto total del gobierno federal independientemente de la forma en que es financiado.

Los límites -ya sea a los impuestos o al gasto- son esencialmente especificados en términos del ingreso total del estado o de la nación, de manera tal que, si el gasto igualara al límite, el gasto gubernamental permanecería constante como una fracción del ingreso. Esto detendría, en vez de revertirla, la tendencia hacia un gobierno más grande. Sin embargo, los límites estimularían una reversión, debido a que, en la mayoría de los casos, si el gasto no iguala al límite en algún año, eso reduciría los límites aplicables en los años siguientes. Además, la propuesta de enmienda federal requiere de una reducción de la inflación, si ésta excediera de un 3 por ciento anual.” [Milton and Rose Friedman, Op. Cit., p.p. 303-304).

Por mi parte, creo haber contribuido con algo al asunto, como lo puede confirmar una serie de tres publicaciones periodísticas acerca del tema “La Limitación del Gasto Estatal”, en sendas ediciones del periódico La Nación; la primera el 21 de abril de 1981; la segunda, el día siguiente y, la tercera, el 23 de abril de 1981. Tal como indiqué, “La propuesta es esencialmente la siguiente: limitar constitucionalmente el crecimiento del gasto estatal, de manera tal que el gasto de cada año dependa del gasto del año anterior, agregando un porcentaje de incremento a ese gasto en lo que aumenta la producción total del país. De esta forma, el tamaño del sector estatal no crecería más rápidamente que el tamaño del sector privado. Además, y esto es clave, si el sistema político decidiera disminuir el gasto estatal en un año dado, esto reduciría el gasto del año siguiente.” [Ver “La Limitación del Gasto Estatal-I,” La Nación, 21 de abril de 1981].

Hay algo que quiero tratar antes de concluir mi comentario: ¿Por qué en Costa Rica no fue posible lograr reformas legales como las aquí expuestas que esencialmente derivarían en un ordenamiento del gasto gubernamental y, por ende, del déficit? Porque, de hecho, aquellos proyectos se “desvanecieron” en el proceso legislativo. En mi opinión la razón está en que a los políticos no les interesó restringir el crecimiento del estado; posiblemente a causa de que pensaron que la solución al problema fiscal de aquel entonces estaba -similar a como hoy, en mucho, lo cree el actual gobierno- en recaudar mayores ingresos tributarios. En sencillo, que no se tocara el excesivo gasto gubernamental y que si se tocara el bolsillo de los ciudadanos para resolver el déficit.

De inmediato surge una pregunta adicional: ¿por qué los sectores privados organizados no impulsaron aquel tipo de proyectos? Es difícil de contestarla, pero una posibilidad fue la que una vez me sugirió, en otro contexto, una persona amiga: “si se reduce el gasto gubernamental, se reducen las compras que de mis bienes o servicios hace el estado”. Pero también puede ser porque el empresario prefiere no meterse de lleno en los temas políticos, prefiriendo hacerlo en sus negocios, como parecería lógico. Pero eso tiene el efecto de que, lo que puede ser útil o conveniente para cada uno de ellos individualmente, no lo es para el conjunto de la economía privada. Con el paso del tiempo, todos sufren los efectos de un estado creciente, que cada vez demanda más recursos para satisfacer sus objetivos, de una gradual intromisión en el libre intercambio de los ciudadanos.

Espero que las reflexiones aquí expresadas sean de interés y de utilidad para quienes, tanto desde el exterior, como en el país, están buscando formas de limitar la discrecionalidad fiscal en nuestros países. Nunca es tarde, cuando la dicha es buena. Especialmente cuando casi que calza aquello de que “los hombres dedicados a la práctica, quienes se creen exentos de cualquier influencia intelectual, son usualmente esclavos de un economista difunto.” [John Maynard Keynes, Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, México, D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1965, p. 337.]

Jorge Corrales Quesada

lunes, 18 de mayo de 2015

Tema Polémico: Menos Estado, más diversidad

El día de ayer se celebró el “Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia”. En atención a dicha fecha el Gobierno de la República emitió un decreto con el propósito de asegurar los derechos de este sector de la población dentro de las instituciones públicas.

Para nadie es un secreto que en nuestro país el tema del reconocimiento de los derechos a dicha comunidad ha sido sumamente polémico. Afortunadamente este Gobierno ha empezado a dar algunos pasos –aunque un poco tímidos (lo cual se comprende en razón del contexto político cultural)- en esta materia. Un buen ejemplo de ello es que recientemente se reformó el Reglamento de Seguro de Salud de la CCSS, a efectos de que las personas homosexuales pudieran asegurar a sus respectivas parejas.

Sin embargo, estos esfuerzos no son suficientes. Sin duda alguna, aún hace falta un largo recorrido para lograr la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos del país, y todavía es más largo aún el camino cultural del respeto hacia la diversidad.

Evidentemente, estos son temas que en ASOJOD como liberales sentimos de manera muy cercana a nuestro credo, toda vez que cualquier acción libre y voluntaria entre individuos que no dañe los derechos de terceros, deben quedar absolutamente fuera del marco coercitivo del Estado, permitiendo que cada individuo pueda perseguir su felicidad personal, tal y como fue concebido desde la Revolución Americana.


Esperamos que en los próximos años del Gobierno se puedan ver mayores avances dentro de esta materia.

jueves, 14 de mayo de 2015

Jumanji empresarial: politizando la técnica

Es sorprendente que a nadie se le haya ocurrido pensar que las reformas fiscales de este país no pasan porque quienes las impulsan, o bien tienen resentimientos sociales y se emocionan con decir que los ricos tienen que cotizar más, entrándole a una materia tan técnica y árida como es el derecho tributario con el ruido de la demagogia; o bien porque son burócratas con un hacha que afilar, que llevan tantos años en sus puestos y no conocen otra forma de entrarle que no sea reiterando los mismos métodos de siempre para ordeñar más la misma vaca; o bien porque son los políticos quienes llevan la iniciativa cuando en su vida han dado un palazo, ni tienen la menor idea de lo que cuesta producir. Metidos en sus largas carreras políticas, se han acostumbrado a disponen del erario público para resolver sus necesidades personales de carro, gasolina, boletos de avión, cuartos de hoteles, viáticos, etc. Esto sin adentrarnos todavía en lo que lo que son gollerías y lo que es corrupción de la gruesa.

En la actualidad la tasa de impuestos corporativa es del 30% de la producción, lo cual implica que cada empresa trabaja de gratis para el estado durante casi tres meses al año. Las mismas personas físicas, aquellas que trabajan para traer sustento a sus hogares y en última instancia terminan pagando todos los impuestos, porque de una forma u otra les caen en el regazo, le tienen que dedicar casi dos meses y medio de su año a trabajar de gratis para el estado para pagar su 25%. Resaltamos la palabra gratis porque los servicios y obras que reciben a cambio, personas y empresas, no compensan jamás ese esfuerzo.

Recalcamos que esos beneficios de carro y otros que reciben los políticos y los salarios de los burócratas y toda la enorme cantidad de gollerías de las Convenciones Colectivas, provienen exclusivamente de ese dinero que tanto y a tanto riesgo cuesta producir a las empresas y que con tanto esfuerzo y sacrificio le cuesta producir a las personas físicas.

A todo esto hay que agregar la seria situación en que los proponentes de las fallidas (por suerte) reformas fiscales que han intentado imponer a los costarricenses en las últimas cuatro administraciones no miden ni las consecuencias ni el entorno en que quieren imponer unas ideas muy ticas, inventando la rueda que los romanos nos dejaron bien inventada, cuando ya para todo existen antecedentes bien probados.

Por ejemplo, parecen desconocer que para que las empresas e individuos tengan con que pagar sus impuestos, deben producir suficientes ganancias. Y para que esto se de, a las empresas del país (nacionales y extranjeras), que son la columna vertebral de la producción y el empleo, debe dárseles las condiciones idóneas. La recaudación de impuestos mejora sustancialmente cuando la situación nacional y mundial es buena. Cuando no lo es, cargar al sector productivo del país con más gravámenes, sin que éste pueda colocar su producción o sus servicios, es obligarlo a reducir los empleos.

Esto desencadena una serie de cargas sociales que le cuestan muy caro al país y que dejan a la población sin capacidad de adquisición. En los países desarrollados, cuando hay crisis, los gobiernos se sacrifican y buscan formas de proteger e incentivar la producción, no de acabarla de paralizar con más cargas impositivas. Por lo general entre los incentivos incluyen BAJAS de los impuestos, no alzas. (continuará)

Humberto Pacheco A.
Publicado en La República (28/4/2015)

martes, 12 de mayo de 2015

La columna de Carlos Federico Smith: algo positivo en cuanto a pobreza, pero no la elimina


Que en algún momento un estado muestre ser un dechado de ineficiencia, no significa que eternamente deba serlo. Es posible hacer a un estado menos ineficiente o más eficiente, como se quiera clasificar al proceso.  Optimista que soy, procedo a referirme a un caso expuesto en La Nación del 21 de enero, en un artículo que lleva por título “País estrena sistema para controlar ayudas a pobres: Base de datos almacena información de 665.000 beneficiarios del estado.”

Partamos de que, según  “el último informe del Estado de la Nación, un 24% de las transferencias a pobres termina en manos de personas que no las necesitan.” Francamente no sé cómo llegaron a tal porcentaje, pues bien puede ser mayor o menor; en todo caso, parece existir una especie de maldición para los buenos propósitos de algunos corazones sensibles, cuando desarrollan programas de ayuda a personas o familias, que en muchas ocasiones simplemente son fáciles de obtener, sin que se requiere de un estudio serio que determine si las necesidades, que son la base para la ayuda, existen o no. Pero, también porque suele ser usual que muchas de esas ayudas se den sin que se exija un esfuerzo complementario de parte del receptor para que, con su esfuerzo personal, pueda llegar el momento en que tal ayuda no sea necesaria. Traigo a colación, como ejemplo de esa “eternidad” de vivir de la manutención estatal, lo que sucedió en la ciudad de Nueva York, cuando en cierto momento histórico (en época de su muy conocido alcalde, Fiorello de la Guardia), se fijaron topes los alquileres, a fin de “ayudar a los pobres”. Unos 50 años después de existir tal política, se documentó que eran los nietos de los beneficiarios iniciales (de los relativamente pocos que encontraron vivienda para alquilar en aquel entonces), quienes aún vivían en esas viviendas subsidiadas. Simplemente no buscaban otra vivienda tal vez no tan antigua o deteriorada en sus barrios, porque no podían dejar ir tan jugosa transferencia, que aún se recibía mediante alquileres objeto de aquella fijación gubernamental. De hecho, tal inamovilidad terminó convirtiéndose en un castigo; esto es, recibir un subsidio por el alquiler bajo aún vigente, “a cambio de” tener que vivir inamovibles en aquellas viviendas algo envejecidas y relativamente poco cuidadas. El incentivo claro, en este caso, era el de no abandonar la casa subsidiada, pues si lo hacían no encontrarían subsidios similares en otros lados. Por ello, terminaron siendo cautivos de un sistema paternalista que, a cambio del subsidio, les ancló para siempre: no había incentivos para que dejaran de percibirlo; por ello prefirieron quedarse en sus viviendas desvencijadas para no tener que pagar más en otros lugares no subsidiados. 

Hablemos del impacto posible de ese 24% de ayuda que no le llega a los grupos de ingresos en estado de pobreza. De acuerdo con el IMAS, esos infiltrados se llevan la significativa suma de ₡147.000 millones (tan sólo en Avancemos, la plata mal recibida asciende a ₡48.000 millones). Para todos estos programas de transferencias de ayuda gubernamental, es crucial saber bien cuáles son los beneficiados, en qué condiciones económicas están en la realidad, que no haya un ocultamiento de ingresos, que no reciban una multiplicidad innecesaria de fuentes de ayuda; esto es, debe verse el monto de ayuda agregada que reciben y, ante todo, si el sistema comprende incentivos para que, en algún momento, dejen de depender de esas fuentes de asistencia gubernamental.

Una de las reformas más importantes que se dio en los Estados Unidos, en cuanto a sus programes estatales de “lucha contra la pobreza”, sucedió durante la administración del presidente Clinton, quien definió que, para poder recibir ayuda de los programas gubernamentales contra la pobreza, era necesario que los beneficiarios comprobaran que no contaban con los medios definidos como requeridos para recibirla y, en segundo lugar, que los beneficiarios estuvieran dispuestos a obtener ingresos provenientes de otras fuentes productivas; esto es, que formaran parte de una fuerza de trabajo dispuesta a laborar cuando el gobierno (junto con el sector privado), indicaran posibilidades para ello (nada de estar “echadotes”, esperando mes a mes a que les llegara la plata del estado).


De acuerdo con el informe Estado de la Nación previamente citado, los programas de asistencia “con mayores filtraciones (esto es, goles de vivazos) son el bono de vivienda con un 37%, comedores escolares con un 31.7% y Avancemos, con un 22.2%”. No son porcentajes nada insignificantes y bien podrían ser la base existencial de una especie de dependencia falsificada, en donde se finge pobreza, a fin de recibir regularmente plata proveniente de los impuestos que pagamos todos los costarricenses.

No quiero comentar historias folclóricas acerca de cómo es posible que una familia pueda tener hasta tres casas obtenidas con bonos de vivienda, o cómo es que gente platuda recibe fondos públicos en la forma de becas, para que sus “pobrecitos” hijos vayan a la escuela o bien de muchachitos que vienen de familias de ingresos medios, pero que reciben en las escuelas comidas pagadas por toda la sociedad. No es ese el propósito de este comentario, sino, más bien, en gran parte el de resaltar algunos esfuerzos positivos que se están poniendo en marcha para tratar de que, al menos, los programas de ayuda se dirijan hacia quienes verdaderamente los necesitan. A pesar de esos empeños, debo señalar que falta mucho en cuanto a definir incentivos que induzcan a que los receptores de esas ayudas para que decidan dejar de depender de esas subvenciones y que más bien los estimulen a mejorar sus condiciones de vida, mediante esfuerzos laborales propios.

Bajo la responsabilidad del IMAS (ojalá vuelva los ojos de la eficiencia también hacia adentro), se ha desarrollado un sistema de información sobre las 665.000 personas en estado de pobreza, al cual se le conoce como Sistema Nacional de Información Social (SINAIS), que en esencia es un registro único (ya no desperdigado y ausente de coordinación entre diversos entes que dan ayuda) de personas que reciben ayuda estatal. Entre ellas, “bonos de vivienda, las becas, el subsidio para alimentos o la pensión del régimen no contributivo” de la Caja Costarricense de Seguro Social. Mucha de esa información ya está en registros propios de ciertas instituciones, pero no están integrados, de manera que se pueda saber, por una parte, el conjunto de ayuda que una persona o familia pueda estar recibiendo, así como los resultados esperados de esas diversas ayudas. “Las entidades que aportaron los registros son el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), el Ministerio de Trabajo, el Fondo Nacional de Becas (FONABE) y el IMAS.” Pero, obviamente, faltan muchos otros entes estatales en donde cada uno, a su manera, realiza transferencias o cosas similares, bajo el pretexto o criterio de luchar contra la pobreza. Por ejemplo, las becas de las universidades públicas, las condonaciones de deudas que con frecuencia hace la Asamblea Legislativa, las ayudas de la oficina de la primera dama de la República, las que en ocasiones hace el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA, antiguo ITCO), el programa de intereses subsidiados a pequeñas y medianas empresas de la banca comercial del estado, el subsidio en el costo de la electricidad para ciertos grupos de ingresos relativamente bajos, el subsidio a los combustibles para pescadores artesanales y similares, entre otros. Si uno analiza la argumentación política utilizada para la creación de cada uno esos diferentes programas de ayuda estatal, se encontrará siempre con que lo fueron teniendo como objetivo, primordial o secundario, luchar contra la pobreza.

Comparto la aspiración del ministro de bienestar social, don Carlos Alvarado, quien dice que “no es sólo el sistema informático, la clave es que las instituciones se apropien de estos, que sepan que tienen que revisar los beneficiarios para que no se den duplicidades. Lo que hace coherente esto es que esté dentro de una política social única, para evitar problemas de dispersión, que siempre hemos señalado.” Pero tan buen objetivo no es suficiente; es crucial dar el paso siguiente, cual es evitar que las “ayudas” no se conviertan en algo permanente; esto es, que haya esquemas de graduación, lo cual quiere decir que las dejan de recibir después de cierto momento. Para eso se requiere que los marcos institucionales de ayuda se conviertan en un apoyo para que sea el individuo, con el esfuerzo propio, el que le permita salir de la pobreza.

Si algo se logra en el sentido en que lo hemos expuesto, creo que el estado será mucho menos ineficiente de lo que es en la actualidad. Podemos estar en presencia de un esfuerzo positivo de hacer mejor las cosas.

Pero también es necesario recalcar un hecho innegable en la historia económica de la humanidad: cuando hay crecimiento económico en una nación o una región, disminuye la pobreza. Esto lo destaca el notable historiador y economista Deepak Lal, profesor de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), en la introducción a su último libro Poverty and Progress: Realities and Myths about Global Poverty [Pobreza y Progreso: Realidades y Mitos acerca de la Pobreza Global], Washington D. C.: Cato Institute, 2013, en donde señala que

“El mensaje central de este libro es que un crecimiento económico eficiente es el único medio para aliviar la antigua pobreza estructural del Tercer Mundo, y que si los países crecen rápidamente, con un ingreso per cápita aumentando por arriba de un 3 por ciento anual, el muy ridiculizado proceso de filtración o goteo [trickle-down] disminuiría rápidamente la pobreza estructural.  Esta aseveración ha sido confirmada de manera rotunda en las últimas dos décadas, por la reducción más grande de la pobreza vista en la historia humana, cuando dos gigantes emergentes -India y China- crecientemente han adoptado las políticas económicas liberales clásicas, que han conducido a fuertes aumentos en las tasas de crecimiento de sus ingresos per cápita.” (P. 1).

De aquí que, si de algo sirve el consejo que nos hace Lal, basado en la experiencia humana de disminución de la pobreza a través de la historia, es crucial que la lucha contra la pobreza vaya más allá del paliativo gubernamental de asistencia económica y que el país efectivamente abrace políticas económicas conducentes a que la nación crezca mucho más rápidamente, en comparación a cómo lo hace en la actualidad. Obviamente esto sobrepasa el esfuerzo del ministro Alvarado, pero plantea el desafío exactamente en donde debe de estar: ¿Será capaz el gobierno actual de desarrollar las políticas deseables para aumentar nuestro crecimiento, u optará por la regresión económica y el empobrecimiento y la disminución del bienestar de los ciudadanos? Ojalá aprendan la lección de la historia del crecimiento económico de la humanidad a través de los siglos. Por ello cierro mi comentario con una pregunta muy actual ante la propuesta gubernamental de aumentar los impuestos, a sabiendas que estos van a provocar un crecimiento económico menor que el actual. ¿Creen ustedes que, con esos mayores impuestos, que provocarán un descenso en el crecimiento de nuestra economía, una disminución de la inversión privada, una reducción de la demanda de mano de obra y, por tanto, un aumento del desempleo y un descenso de los ingresos per cápita, se logrará reducir la pobreza en el país?

Jorge Corrales Quesada