El día de hoy en ASOJOD queremos comentar una cuestión acaecida recientemente: la declaración de inconstitucionalidad del procedimiento de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual relacionada con el TLC. Aunque estamos conscientes de que la sentencia íntegra de la Sala Constitucional no ha sido divulgada aún por la Sala Constitucional, tenemos suficiente información para expresar nuestra opinión sobre dos temas relacionados con esta: la imprudencia legislativa del Partido Liberación Nacional (PLN) y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y el indigenismo que se ha logrado introducir en nuestro ordenamiento jurídico.
Respecto al primer punto, es claro que los diputados del PLN, ayudados por su sus acólitos del PUSC, han actuado de manera imprudente y soberbia a la hora de tomar decisiones en la Asamblea Legislativa, especialmente respecto a temas procedimentales. Desde el referéndum del CAFTA, el PLUSC intentó monopolizar (con algún grado de éxito) la posición del Sí, dejando por fuera individuos que hubieran ayudado en gran medida a promover la causa, sólo por ser "de oposición".
En el caso de marras, varios de los partidos opositores (Movimiento Libertario, Partido Acción Ciudadana y Frente Amplio) advirtieron en su momento que al incluir una reforma a la Ley de biodiversidad, sería necesario consultar a la población indígena del país. No obstante, esta advertencia fue tildada de "show mediático" por parte del PLUSC. En ese sentido, como bien apuntaron esos diputados, la resolución de la Sala era totalmente previsible y hasta evitable. Por eso nos parece sorprendente que con tal certeza, el PLUSC hiciera caso omiso y se aventurara con sus procedimientos. En fin, sólo nos queda esperar que el partido de gobierno logre corregir el desastre que causó por su soberbia e imprudencia a la hora de tomar decisiones y comprenda que en un régimen democrático, y especialmente en un cuerpo colegiado, las decisiones no se toman con la terquedad del capricho, sino a partir de negociaciones y consultas a otros sectores y grupos.
Respecto al segundo tema, el del indigenismo, queremos enfatizar en nuestro más vehemente rechazo, como ya lo habíamos hecho en un artículo anterior, al demostrar los efectos negativos de esta corriente. Con "indigenismo" no nos referimos a la cultura propia de los pueblos precolombinos, sino a la idea -de moda en los últimos tiempos- de que los pueblos indígenas son "la cultura original o nativa" y que por lo tanto tienen derecho a que ésta sea preservada secula seculorum a expensas de todos como parte de una expiación eterna de los atropellos cometidos en la Conquista. Opinamos que instrumentos como el Convenio 169 de la OIT son viva expresión de este tipo de mentalidad y que no deberían formar parte de nuestro ordenamiento jurídico.
Como bien nos dicen Montaner, Apuleyo Mendoza y Vargas Llosa en “El regreso del idiota”, el indigenismo no solo termina siendo una manera de sacarle recursos a los “blancos” del resto de la sociedad, sino que además termina convirtiéndose en una manera de convertir una discriminación histórica en un acto de revancha contra las únicas ideas que pueden permitirle tanto a los indígenas como a los individuos pobres de la sociedad el mejoramiento de sus condiciones de vida.
Como cualquier ciudadano, los indígenas tienen el derecho de opinar sobre cualquier tema. pero no creemos que por el sólo hecho de ser indígenas deban ser especialmente consultados, máxime cuando es claro que la decisión no va a cambiar independientemente de la consulta que se les haga. Lo que la Ley de biodiversidad y el Convenio 169 exigen son formalismos vacíos para "quedar bien" con los grupos que hace 500 años fueron maltratados por individuos provenientes del otro lado del océano.
En conclusión, nuestra reacción respecto a la resolución de la Sala se divide en dos vertientes. Por un lado, no es posible que el partido de gobierno ponga en juego el futuro del país sólo porque no desean escuchar a la oposición (que muchas veces puede tener la razón), pero tampoco consideramos razonable el requerimiento de consultar a la población indígena.
Respecto al primer punto, es claro que los diputados del PLN, ayudados por su sus acólitos del PUSC, han actuado de manera imprudente y soberbia a la hora de tomar decisiones en la Asamblea Legislativa, especialmente respecto a temas procedimentales. Desde el referéndum del CAFTA, el PLUSC intentó monopolizar (con algún grado de éxito) la posición del Sí, dejando por fuera individuos que hubieran ayudado en gran medida a promover la causa, sólo por ser "de oposición".
En el caso de marras, varios de los partidos opositores (Movimiento Libertario, Partido Acción Ciudadana y Frente Amplio) advirtieron en su momento que al incluir una reforma a la Ley de biodiversidad, sería necesario consultar a la población indígena del país. No obstante, esta advertencia fue tildada de "show mediático" por parte del PLUSC. En ese sentido, como bien apuntaron esos diputados, la resolución de la Sala era totalmente previsible y hasta evitable. Por eso nos parece sorprendente que con tal certeza, el PLUSC hiciera caso omiso y se aventurara con sus procedimientos. En fin, sólo nos queda esperar que el partido de gobierno logre corregir el desastre que causó por su soberbia e imprudencia a la hora de tomar decisiones y comprenda que en un régimen democrático, y especialmente en un cuerpo colegiado, las decisiones no se toman con la terquedad del capricho, sino a partir de negociaciones y consultas a otros sectores y grupos.
Respecto al segundo tema, el del indigenismo, queremos enfatizar en nuestro más vehemente rechazo, como ya lo habíamos hecho en un artículo anterior, al demostrar los efectos negativos de esta corriente. Con "indigenismo" no nos referimos a la cultura propia de los pueblos precolombinos, sino a la idea -de moda en los últimos tiempos- de que los pueblos indígenas son "la cultura original o nativa" y que por lo tanto tienen derecho a que ésta sea preservada secula seculorum a expensas de todos como parte de una expiación eterna de los atropellos cometidos en la Conquista. Opinamos que instrumentos como el Convenio 169 de la OIT son viva expresión de este tipo de mentalidad y que no deberían formar parte de nuestro ordenamiento jurídico.
Como bien nos dicen Montaner, Apuleyo Mendoza y Vargas Llosa en “El regreso del idiota”, el indigenismo no solo termina siendo una manera de sacarle recursos a los “blancos” del resto de la sociedad, sino que además termina convirtiéndose en una manera de convertir una discriminación histórica en un acto de revancha contra las únicas ideas que pueden permitirle tanto a los indígenas como a los individuos pobres de la sociedad el mejoramiento de sus condiciones de vida.
Como cualquier ciudadano, los indígenas tienen el derecho de opinar sobre cualquier tema. pero no creemos que por el sólo hecho de ser indígenas deban ser especialmente consultados, máxime cuando es claro que la decisión no va a cambiar independientemente de la consulta que se les haga. Lo que la Ley de biodiversidad y el Convenio 169 exigen son formalismos vacíos para "quedar bien" con los grupos que hace 500 años fueron maltratados por individuos provenientes del otro lado del océano.
En conclusión, nuestra reacción respecto a la resolución de la Sala se divide en dos vertientes. Por un lado, no es posible que el partido de gobierno ponga en juego el futuro del país sólo porque no desean escuchar a la oposición (que muchas veces puede tener la razón), pero tampoco consideramos razonable el requerimiento de consultar a la población indígena.
