La columna de Carlos Federico Smith: insaciables o ignorantes

No hace mucho leí un artículo en La Nación del 8 de enero, titulado “Pluses se comen el 26% de fondos para las ‘U’ públicas.” Brinda información importante que compartiré con ustedes, en especial porque la fuente final de donde provienen esos pluses es el aporte ciudadano en impuestos pagados al gobierno, quien lo transfiere como parte del llamado Fondo Especial para la Educación Superior (FEES). Para este año -en medio de la crisis fiscal y de nuevos impuestos que pronto entrarán en vigencia- inicialmente se estimó que ascendiera a la suma de ¢511.154 millones, pero, después y gracias a la gestión de diputados, se redujo a ¢501.154 millones (rebaja de apenas un 1.95% del total inicial).

El FEES traslada los recursos provenientes de impuestos a los presupuestos de la Universidad de Costa Rica (UCR), de la Universidad Nacional (UNA), del Instituto Tecnológico (TEC) y de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). La Universidad Técnica Nacional (UTN) recibe, por fuera del FEES, un aporte de los ciudadanos mediante el presupuesto del gobierno, por una suma de alrededor de ¢35.000 millones.

Sólo en pluses, las universidades citadas (excepto la UTN), según un estudio de la Contraloría General de la República, gastarán, en sueldos más pluses, más del 65% del FEES. Esto es, alrededor de ¢318.000 millones.

Veamos algunos datos de pluses en la UCR, mencionados en aquel artículo:
 

1. Hay 17 pluses.
 

2. El salario promedio anual de un trabajador de la UCR asciende a ¢19.8 millones (recuerden que los profesores por horas ganan muchísimo menos). De eso, un 40.3% es por sobresueldos; o sea, los pluses promedio anuales son de alrededor de ¢8 millones.
 

3. Tan sólo 6  de los 17 pluses son: para un académico, un 3.75% anual de su salario por cada año laborado; otro porcentaje similar por algo llamado escalafón que reconoce el tiempo laborado; un 30% por dedicación exclusiva; un 30% por mérito académico; si se le pide que labore fuera de su lugar de residencia, agregue un 39% adicional y, si tiene que desplazarse a otra sede de la UCR, podría recibir otro plus adicional del 29%.
 

4. Los 9.780 trabajadores de la UCR se estima que recibirán un total de ¢77.849 millones en este año.
Veamos algunos datos de pluses en la UNA, citados en aquel artículo:
 

1. Hay 16 pluses.
 

2. El salario promedio anual de un trabajador de la UNA asciende a ¢23.2 millones (recuerden que los profesores por horas ganan muchísimo menos). De eso, un 29.3% es por sobresueldos; o sea, los pluses promedio anuales son de alrededor de ¢6.8 millones.
 

3. Un profesor puede tener un 4% anual de su salario por cada año laborado
 

4. Los 3.369 trabajadores de la UNA se estima que recibirán un total de ¢22.774 millones en este año.
Veamos algunos datos de pluses en el TEC, expuestos en el artículo citado:
 

1. Hay 8 pluses.
 

2. El salario promedio anual de un trabajador del TEC asciende a ¢25.2 millones (recuerden que los profesores por horas ganan muchísimo menos). De eso, un 40.5% es por sobresueldos; o sea, los pluses promedio anuales son de alrededor de ¢8 millones.
 

3. Tan sólo 4 de los 8 pluses son: para un profesor, un 4% anual de su salario por cada año laborado (eso para los salarios más altos y un 6% para los salarios más bajos); un 56% por el grado académico; un 30% por dedicación exclusiva y un porcentaje variable por carrera profesional.
 

4. Los 1.778 trabajadores del TEC se estima que recibirán un total de ¢18.100 millones en este año.
Veamos algunos datos de pluses en la UNED, mencionados en dicho artículo:
 

1. Hay 4 pluses.
 

2. El salario promedio anual de un trabajador de la UNED asciende a ¢14 millones (recuerden que los profesores por horas ganan muchísimo menos). De eso, un 37.1% es por sobresueldos; o sea, los pluses promedio anuales son de alrededor de ¢5.2 millones.
 

3. Los 2.800 trabajadores de la UNED se estima que recibirán un total de ¢14.672 millones en este año.
 

Y, veamos algunos datos de pluses en la UTN, expuestos en aquel artículo:
 

1. El salario promedio anual de un trabajador de la UTN asciende a ¢14 millones (recuerden que los profesores por horas ganan muchísimo menos). De eso, un 27.1% es por sobresueldos; o sea, los pluses promedio anuales son de alrededor de ¢3.8 millones.
 

2. Los 1.896 trabajadores de la UNED se estima que recibirán un total de ¢7.205 millones en este año.
 

¿Se acuerdan de aquellos ¢10.000 millones que los diputados recortaron al presupuesto inicial para este año del FEES, que ascendía a ¢511.154 millones? Pues ante esto, los rectores de las universidades subvencionadas pusieron un recurso ante la Sala IV, pidiendo restaurar esos fondos. Independientemente de la validez jurídica del alegato, valió la pena escuchar a un rector decir que esos fondos equivalían a que no se abriera una sede universitaria en Golfito, la que costaría más o menos eso. 

Tal vez eso es cierto, pero es una explicación que puede servir para señalarles a esos rectores que esos ¢10.000 millones recortados se podrían usar para reparar numerosas escuelas y colegios en mal estado físico, o, tal vez, para construir un hospital, pues ya no dan abasto, o cárceles que hoy son lamentables o bien carreteras a medio camino de construirse, que han tardado años en construirlas, o, ¿por qué no?, para reducir la jáquima de la deuda pública que hoy pesa sobre la espalda de cada ciudadano contribuyente e incluso reducir un gasto estatal desmesurado que nos tiene en las dificultades económicas serias que hoy vivimos. Francamente, es una falsa creencia de que el dinero público, el de todos los ciudadanos, sólo tiene un uso posible, -el de una sede universitaria en una zona rural. como lo que señala ese rector. El drama me recordó el título de una vieja película: “Los Insaciables,” además de una ignorancia básica del concepto económico del costo.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: un serio problema de financiamiento de la educación pública

Un reciente informe de la Contraloría General de la República señala que, en el 2018, el país dedicó ¢2.6 millones de millones a financiar la educación estatal, monto que equivale al 7.7% del PIB. De esa suma, ¢700 mil millones -casi un 27%- se financió con las recaudaciones de impuestos del gobierno, mientras que, para financiar el 73% restante (¢1.9 millones de millones), se ha acudido al endeudamiento mediante bonos del estado. Esto se indica en un comentario de La Nación del 28 de diciembre (nada de analogías simbólicas con el Día de los Inocentes), bajo el encabezado “Gobierno financia con deuda 73% del gasto en educación.”

El endeudamiento es considerado por un funcionario de la Contraloría como que, en sí, no es un problema, pero, la realidad es que sí es un problema endeudarse a futuro, pues, al final de cuentas, deberá ser cubierto y con intereses, por los contribuyentes. Además, ese endeudamiento tan elevado del estado desplaza recursos que podrían dedicarse a actividades productivas privadas, las que deben generar un rendimiento superior a su costo a fin de cubrir tal endeudamiento. Está en lo correcto ese mismo funcionario en cuanto a que, desde su punto de vista, “el problema es cuando el endeudamiento está ligado a partidas que crecen inercialmente,” como es el conocido caso del financiamiento de la educación pública en un porcentaje del PIB, sin tomar en cuenta los objetivos y los resultados comparativos de los fondos que se dedican a esas actividades.

Además de que esa práctica, en criterio de la Contraloría, “nos puede poner en una situación de poca sostenibilidad financiera,” a lo cual hay que agregar que, ante la elevada demanda actual de recursos prestables que ejerce el estado, eso se refleja en tasas de interés mayores y en plazos menores, lo que impone limitaciones más duras a la consecución de recursos destinados al ministerio de Educación (MEP). Eso se ha visto recientemente con atrasos a desembolsos de Hacienda para los comedores escolares y los programas de becas.
 

En adición, atinadamente la Contraloría señala que se debe tomar en cuenta el hecho de que ha ido bajando la tasa de crecimiento de la población escolar, pues, por ejemplo, el número de niños en escuelas se redujo de 513.805 alumnos en el 2007 a 443.291 en el 2017. El reportaje no indica si es toda la población escolar o bien sólo de la pública, aunque parece ser esto último, pues podría ser que la reducción de la población total escolar no haya sido tanta, sino que aumentara la demanda de escuelas privadas. Pero, esto es muy posible que eso no sea así y que, en general, está declinando con esa fuerza el número de escolares de primaria.

Señala el medio que “en ese mismo período el presupuesto del MEP casi se cuadruplicó al pasar de ¢676.659 millones a ¢2.6 millones de millones (en el 2018), al tiempo que la cantidad de docentes aumentó en 25.000” y se estima que, de seguir igual el crecimiento del financiamiento esperado “alcanzaría los ¢5 millones de millones para el 2030.” Todo esto es una clara advertencia de que es indispensable revisar el gasto y el financiamiento del sistema educativo público.

Pero hay más. A pesar de que se tiene menos estudiantes y, contrariamente, más maestros y más plata gastada o “invertida” en educación pública, el rendimiento de esa “inversión” no ha mejorado. El medio señala tres fuentes de esto. Una es el llamado Informe del Estado de la Educación que señaló, según el artículo referido, que “los escolares ticos se ubican apenas en los niveles más bajos de desempeño en áreas como Español, Matemáticas, Estudios Sociales y Ciencias.”
 

Otra fuente es el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (llamadas pruebas PISA), pues, según el medio, “Costa Rica retrocedió [en el 2015] en el rendimiento en Matemáticas, Ciencias y Lectura, con respecto a las pruebas del 2012.”
 

Y, en tercer término, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), indicó, según La Nación, que “el país invierte más en educación que los 35 países miembros de la organización, la cual incluye naciones como Finlandia o Alemania” y que “esa inversión no se refleja en el desempeño de los estudiantes.”
 

O sea, no es tanto un asunto de cuánta plata se dedica a la educación pública, como que existe un serio problema estructural de la calidad de los resultados de esa inversión. Por tanto, creo que está muy desorientada en su apreciación doña Ivannia García, jefa de despacho de MIDEPLAN, quien indica que, con los aumentos de impuestos y mejora en la recaudación -todo derivado del paquete tributario recién aprobado- “van a hacer que la carga tributaria aumente y con el tiempo vamos a ir teniendo ingresos sanos y vamos a ir reduciendo el porcentaje del presupuesto que se destina vía endeudamiento,” pues no se trata de echar más plata “sana,” no proveniente de “deuda,” para asegurarse que mejore nuestro sistema educativo estatal. Más plata no parece resolver la baja calidad de la educación pública: cada año se destinan más y más recursos a ella y los resultados no mejoran.
 

Es hora de cuestionar el actual sistema educativo estatal, tal vez buscando imitar a los suecos -sistema que muchos admiran- país en donde a los padres de familia se les da dinero del gobierno (el equivalente del que hoy aportamos todos nosotros y que lo gasta el MEP) para que los usen en pagar el costo de la educación en escuelas privadas o públicas, según a aquellos les parezca. La introducción de competencia que esa propuesta genera, crearía un enorme incentivo para que las escuelas reduzcan gastos y mejoren las técnicas de enseñanza, pues deben demostrar buenos resultados; de no ser así, el consumidor (los ciudadanos padres de familia y sus hijos) cambiarían de centro educativo.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: el regocijo de vivir de la plata de otros

Cuando uno ve limitados sus ingresos, lo que hace es buscar cómo ahorrar gastos.  En el caso de una empresa, si se caen las entradas, para no cerrarla tomará medidas de ahorro en lo que se gasta.  Pero, cuando no hay casi límite a lo que entra de plata, parece que la importancia de la economía en los gastos no importa.  Esto parece reflejarlo una información de La Nación del 19 de diciembre, titulada “Aumento salarial en UCR para 2016 triplica al del sector privado: Rector aprobó alza del 2% para primer semestre del 2016.”

Aquí hay varias cosas que es importante tenerlas presentes.  La primera de ellas es que la inflación durante el 2015, de acuerdo con las cifras del Instituto de Estadística y Censos (INEC), fue negativa; de un -0.81%. O sea, esto se refleja en un aumento mayor de los salarios reales que de los nominales.  Esto quiere decir que la petición usual de aumentar los salarios nominales para compensar la inflación, no tiene validez en este caso y más bien se da lo contrario.

La segunda es que, dado el gasto dispendioso del presupuesto de la República en la transferencia al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), parece que lo que abunda es la plata. Nada más veamos una secuencia de datos que muestra la enorme transferencia de recursos del estado -fondos de los ciudadanos- para las universidades públicas.  Tomo las cifras del 2014, 2015  y 2016.

Para el 2015, el estado transfirió a las universidades públicas mediante el presupuesto de la República la suma de ₡410.0 miles de millones de colones, resultado del incremento de un 14.2% el monto previo de ₡359.0 miles de millones de colones (esto es, aumentó en ₡51.0 miles de millones de colones). Si a la cifra del nuevo presupuesto se le quita la inflación acumulada del 2015, que fue de un 5.51%, nos da un crecimiento real del presupuesto destinado al FEES de un 9.1%. Se ha señalado que el monto que de esas cifras corresponde a la UCR, debido al número de estudiantes, tamaño, etcétera, es de un 57.79% del total, por lo cual a la UCR le habría correspondido en el 2015 un monto aproximado de ₡237 mil millones de colones.

Para el 2016, la transferencia del estado a las universidades públicas aumentó en ₡30.8 miles de millones de colones; esto es, elevó el presupuesto total por este rubro a ₡440.8 miles de millones; un aumento nominal del 7.51% con respecto al monto del año previo. Pero, como la inflación en el año decreció en un -0.81, el aumento real del presupuesto fue de un porcentaje mayor; aproximadamente de un 8.32%.  Ahora bien, de estas cifras, tal como indicáramos previamente, un 57.79% va a dar a la UCR, lo cual nos da que, para la UCR, el ingreso del FEES para el 2016 se elevó a ₡231.6 miles de millones de colones. En término reales el presupuesto real percibido fue mayor: de ₡233.5 miles de millones de colones.

Con esta abundancia de dinero y con una tasa de inflación negativa, el aumento nominal del 2% para el primer semestre del 2016 de los salarios a los empleados de la UCR, resulta ser muy jugoso en comparación al otorgado al sector privado. Éste, para un período similar, lo definió el Consejo Nacional de Salarios (básicamente el ajuste que determina la inflación), fue de un 0.67%. Es decir, el incremento a los empleado de la UCR es aproximadamente tres veces el de los empleados del sector privado.  

Por supuesto que algunos dirán que qué culpa tienen los empleados de la UCR de que se aumente tan poco a los privados. Pero la realidad de la economía es que la inflación decreció en el año 2015 y que en la empresa privada no existe la abundancia de recursos que suele tener la UCR, en donde las pérdidas que tendría una empresa privada en competencia no existen o son irrelevantes.

El queque estaba servido para el abuso: se tradujo en que el incremento real fuera mayor que el nominal del 2%, pues, en términos del poder adquisitivo, medido por el comportamiento del índice de precios al consumidor, el incremento real en este primer semestre del 2016 fue de un 2.8%.

Aún con esta comilona, el inmoderado sindicato de la UCR (SINDEU) había solicitado un alza del salario nominal de un 3.31% retroactivo a enero del 2010, calculado con base a enero del 2010, que se aproxima a un equivalente de un 4%. Además pidieron un 0.5% adicional para que se construyera un edificio al servicio del sindicato y otro 0.5% más para “la construcción de una clínica de Economía Solidaria, como impulso del apoyo de huelga”, indica La Nación. Con “gran sacrificio”, en mucho porque los empleados de la UCR son distintos a los de la empresa privada según alegaron autoridades universitarias, se terminó negociando un aumento adicional de un 1% en el segundo semestre de este año.  Por supuesto, no hay mejor almuerzo cuando abunda la plata y ésta no parece tener dueño.

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: el credo de las ganancias inmerecidas.

En su libro "La virtud del egoísmo", Ayn Rand nos deleita con una grandiosa explicación de las virtudes que debe tener el hombre moral según la ética objetivista. Una de ellas es la virtud de la justicia, que no es otra cosa que los efectos se adecuén a las causas, de forma tal que cada cosa obtenga lo que merece. Según este principio, el hombre racional no buscará y otorgará lo inmerecido, sino lo merecido, tanto para él como para los demás que le rodean.

Quizá, una de las razones que expliquen por qué el mundo vive una época de perversión, una crisis moral, es haber olvidado ese sencillo pero importantísimo principio. Precisamente, este Tema polémico queremos dedicarlo a abordar los tres más recientes ejemplos en Costa Rica.

En primer lugar, tenemos el ya cacareado problema del FEES y las Universidades Públicas. Desde hace semanas, estudiantes, docentes, administrativos y autoridades universitarias nos han deleitado con un intercambio de comentarios contra el Gobierno porque este no quiere darles todos los recursos que se piden. Por supuesto, los argumentos populistas no se han hecho esperar: "que los pobres se quedarán sin becas", "que se están privatizando las universidades", "que con fondos tan reducidos no podremos crear los profesionales que el país necesita", "que el alma máter morirá", "que tendremos un país de ignorantes cavernícolas", bla bla bla. Sin embargo, los universtarios, en su Torre de Marfíl donde se encuentran completamente desvinculados de lo que ocurre en los campos mundanos, no se dan cuenta que sus pretensiones son inmorales e imposibles: aumentos salariales mucho mayores que los de los demás funcionarios públicos, inversiones estratosféricas que pondrían en aprietos las finanzas públicas y todo con el común denominador de ser inmerecido.

¿Qué han hecho las universidades para exigir tales gollerías? Absolutamente nada. El cuento de que "forman a los profesionales que el desarrollo del país exige" es una completa mentira, toda vez que el profesional se forma a sí mismo, con esfuerzo y dedicación, sin importar que lleve sus cursos en centros públicos o privados. Además, al estar adentro de esas universidades estatales, uno puede darse cuenta que muchos de los graduados, docentes y administrativos son mediocres e ineficientes porque están inmersos en una cultura igual a ellos. Son pocos los que destacan y quieren aprender, discutir, debatir, investigar, leer y, en fin, ser personas pensantes. La gran mayoría se acostumbra a crecer en un ambiente de burocracia y expoliación, repitiendo esas premisas cuando salen al mundo laboral.

Además, todo lo que han pedido en esta discusión del FEES es para gastos administrativos, para salarios, para oficinas de burócratas y casi nada para estudiantes. Basta ver los resultados de años anteriores y comparar el estado de las aulas y equipos para los aprendices frente al lujo y amplitud de las oficinas de los rectores. Sin lugar a dudas, desde hace mucho tiempo, las universidades estatales dejaron de tener al estudiante como su "raison d'être" y se convirtieron organizaciones corporativistas, en verdaderos "rent seeking" a costa de todos los demás ciudadanos.

El segundo ejemplo son los jugadores del fútbol costarricense. Desde hace días, la ASOJUPRO ha venido clamando por el otorgamiento de la calidad de "profesionales" a los futbolistas y, por ende, al establecimiento de salarios mínimos para los jugadores de Primera División (¢500.000) y Segunda División (¢300.000). Lo curioso del caso es que no han notado una cosa muy simple: el profesional requiere algún grado de preparación académica, así como el cumplimiento de ciertas exigencias (conocimiento, especialización, etc.), criterios que por supuesto no cumplen los jugadores. Ellos pretenden compararse, tanto en estatus como en retribución, a personas que se han preparado, adquirido conocimientos y destrezas y que, día a día, aplican sus capacidades racionales para el desarrollo de una actividad, mientras un jugador solamente tiene que correr tras una pelota.

Además del disparate que representa esta idea -una vez más, proveniente del credo de las ganancias inmerecidas- el establecimiento de salarios mínimos, como lo hemos dicho en ASOJOD, es contraproducente: primero, porque refuerza la idea de que debe ser el Estado, y no las partes, el que regule los acuerdos privados y, segundo, en lugar de ayudar a los jugadores, podría perjudicarlos, por cuanto muchos equipos no estarían dispuestos a pagarles ese salario y, por tanto, los despedirían. Como sólo saben correr detrás de un balón y patearlo, es muy probable que se queden desempleados por largo tiempo y que los tax payers tengamos que mantenerlos con subsidios, seguros y bonos.

Finalmente, el tercer ejemplo que queremos abordar es uno que no ha sido publicado en los medios de comunicación, pero que ya recorre los pasillos de la Asamblea Legislativa: el Sindicato de Trabajadores de esa institución, propuso al Directorio estudiar la posibilidad de firmar una Convención Colectiva que le otorgue beneficios especiales a los empleados. Como si la nefasta experiencia de JAPDEVA, RECOPE e ICE no fuera suficiente, ahora resulta que un grupo de trabajadores pretende obtener ganancias a costa de la explotación de los demás costarricenses: horarios de trabajo especiales, bonos por cumplir con sus obligaciones, incentivos salariales por el solo hecho de pertenecer a esa institución, en fin, tratos especiales que los demás trabajadores en el país no tienen. ¿Y por qué razón? Por ninguna que se le justifique, por puro antojo y capricho, por pretender que la ecuación sólo requiere pensar "quiero=merezco", sin haber hecho algo que derivara en la justa obtención de las cosas.

En ASOJOD criticamos y rechazamos las posiciones de estos y cualesquiera otros grupos que pretenden vivir a costa de los demás, utilizando a los tax payers como sus animales de inmolación. Repudiamos ese credo de las ganancias inmerecidas que tanto se ha expandido en nuestro país y despreciamos a quienes lo comparten. Un ser decente, moral, justo y racional no puede pretender usar a otros para obtener sus fines; cuando una sociedad no sólo tolera sino que incita ese tipo de conductas, se dirige indudablemente a la bancarrota en todas sus áreas.

Tema polémico: las Universidades públicas y el FEES: una historia de nunca acabar

La negociación entre el Gobierno y las Universidades Públicas en lo que se refiere al presupuesto de estas últimas por los próximos años, ha dejado de ser un estira y encoge para convertirse en una verdadera novela latinoamericana (ya que ya no son sólo las mejicanas) de muy mal gusto. Es por esto, que el día de hoy dedicamos nuestro tema polémico a intentar darle una solución a dicho problema.

Como bien es sabido en el mundo al que aspiramos cada quien se hace responsable de sus actos, y nadie obliga a otros individuos a cargar con sus cuentas. En este sentido, siempre hemos estado en contra de la educación pública y financiada por el Estado en todos sus niveles (primaria, secundaria y universitaria). Pero debemos aceptar que ese mundo ideal dista muchísimo del real, del que vivimos cotidianamente, por lo que debemos reajustar un poco nuestra propuesta a lo factible. Por ello el día de hoy pretendemos dar una solución posible a dicho problema, que si bien es cierto esta de lejos de ser la ideal, al menos mejora en mucho el panorama actual. Como bien ha dicho Jorge Corrales, Presidente de la Asociación Nacional de Fomento Económico (ANFE) “la libertad entra por rendijas”, por lo que tenemos que aprovechar las que se abran.

Pareciera claro que la manera más fácil de acabar con este dilema del financiamiento, es que en lugar de buscar el mismo a través del Gobierno, las universidades los obtengan de sus estudiantes. Esto no significa la privatización, sino la eliminación del subsidio a la educación superior. Así, cada estudiante asumiría el costo de sus estudios, pagando la totalidad de la matrícula y demás cobros asociados. Para hacer la transición más viable, resultaría factible que incluso el Estado, a través de la banca nacional o el mismo CONAPE ofrezcan créditos a tasas de interés razonables a los estudiantes, los cuales una vez adentrados en la vida productiva deberán pagar. Esta propuesta traería varia ventajas:

1- Responsabilizaría a los estudiantes por sus propios estudios. Al estar pagando los mismos, tendrían un incentivo a aprovecharlos al máximo y a tener éxito en sus materias. Ya que reprobar un curso significaría mayores gastos, podríamos acabar con el "ejército" de eternos estudiantes que deambulan por los pasillos universitarios o con aquellos "calientacampos" que van a clase entre fiesta y fiesta.

2- No se estarían tocando los intereses de la burocracia, lo cual haría que sea más fácil de aprobar la mencionada reforma. Sin embargo, ahora esta burocracia recibiría sus salarios según su capacidad para ser eficientes y satisfacer las demandas del estudiantado.

3- Las Universidades tendrán un incentivo a utilizar de forma más eficiente sus recursos, para lograr abaratar los costos de la educación y con ello atraer a jóvenes. Ya no se pagarían salarios a profesores o administrativos que no hacen su trabajo, se evitaría el despilfarro de recursos y todo el dinero se destinaría a la razón de ser de las universidades: los estudiantes. Muy posiblemente, se acabarían las oficinas administrativas lujosas, las flotillas vehiculares del año y los viajes, para dar paso a inversión en aulas, equipo, material, capacitación, etc. que beneficiaría a los estudiantes.

4- Las carreras tendrán un contacto más cercano al mercado laboral. Simplemente es irreal e insostenible seguir subsidiando y haciendo viable estudiar una serie de carreras de nula o muy poca demanda laboral a cientos de cientos de personas.

5- Los recursos que hoy en día se utilizan en la educación superior podrían destinarse a la primaria y secundaria, tratando de acortar distancias para con la educación privada.

Quizá quedarán interrogantes como ¿qué pasará con las becas, la asistencia social o con la investigación? Pues bien, las universidades públicas no son ni deben ser instituciones de beneficencia. Esto quiere decir que no son ellas las que tengan que entregar becas y subsidios al estudiantado, sino que pueden utilizarse otras estructuras, tanto públicas como privadas. En el primer caso, ya hay institucines como CONAPE o FONABE que se dedican a facilitar el acceso a estudios superiores y en el segundo, podríamos encontrar un interesante nicho para la responsabilidad social corporativa o para la formación profesional de los empleados de las empresas.

En cuanto a la investigación, en ASOJOD creemos que el Estado no debe financiarla, pues ello la politiza y sesga el conocimiento. Si las universidades desean realizarla, deben buscar los fondos, sea mediante alianzas estratégicas con empresas o mediante la venta de servicios. Con ello podríamos tener una mayor vinculación entre el sector público y privado, donde el primero venda servicios al segundo, para que este consiga desarrollarse y, a la vez, este sea un posible empleador de los investigadores y estudiantes a futuro.

Así esta es nuestra clara y sencilla propuesta, la cual como pueden ver podría traer una serie de beneficios que el país necesita.