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martes, 14 de enero de 2020

La columna de Carlos Federico Smith: zonas francas y empleo en el país

Francamente no he logrado entender las quejas que suelen aparecer en redes acerca de la actividad económica de las zonas francas, quejas que destacan que las empresas ubicadas al amparo de las leyes de zonas francas, no pagan impuestos al país.

De hecho, las empresas que se instalan en las zonas francas “están exoneradas de cancelar el impuesto sobre la renta, a las importaciones, a la propiedad, municipales, ventas a las compras locales de bienes y sobre la repatriación de utilidades,” según indica La Nación en su artículo del 14 de diciembre, titulado “Zona franca aporta el 12% del empleo del sector privado.” 

La razón por la que no pagan esos impuestos se debe a que las firmas de zonas francas producen bienes que, en esencia, se dirigen hacia el mercado internacional, en donde las condiciones de competencia exigen que las empresas no puedan competir si han de pagar esos impuestos, comparadas con otras del resto del mundo que, cuando exportan gozando de circunstancias tributarias como las indicadas en el caso nacional. Se les exime pues la competencia mundial no tiene que pagar gravámenes como esos, lo que les daría una ventaja comparativa frente a empresas ubicadas en el país y con las cuales compiten, y que, alternativamente, tendrían mayores costos por los impuestos citados.

Esa exoneración no se aplica cuando el producto de zona franca se vende en el país, usualmente parte muy pequeña de la producción de esas firmas. En tal caso, lo vendido en el país paga impuestos como si fuera una importación proveniente de una exportación de cualquier otro país del mundo.

Lo que no se suele decir es que, por ejemplo, los sueldos y salarios, así como las cargas sociales a los trabajadores de esas firmas de zonas francas, pagan los mismos impuestos y las mismas tasas que las correspondientes a cualquier otro ciudadano que trabaje en otra parte del país. Algunos datos al respecto provienen del informe Balance de las Zonas Francas: Beneficio Neto del Régimen para Costa Rica (base del artículo de La Nación antes referido): los salarios pagados en el 2018 ascendieron a “$2.147 millones (¢1.300 miles de millones).” Por su parte, las contribuciones a la Caja en ese año “fueron de $508 millones (¢321.552 millones)” y para el INA, “$32 millones (¢19.488 millones). Se ha estimado que, por cada dólar eximido de impuestos, las empresas de zonas francas dan lugar a 6.2 dólares que se quedan en el país.

Por supuesto, los trabajadores no sólo pagan impuestos personales sobre la renta, sino también impuestos de ventas, consumo, marchamos, municipales, toda la parafernalia impositiva con la que nos cargan a nosotros los ciudadanos ordinarios. Todo eso lo ignoran aquellos críticos de las zonas francas que mencioné.

Pero hay más. Es notorio el serio problema de empleo que estamos viviendo los costarricenses, de alrededor de un 12% de la fuerza de trabajo. Lo que debo destacar es que, en muchas ocasiones, cuando uno lee en un medio o escucha en un programa de noticias de televisión, que una empresa en estos días aumenta o genera nuevo empleo, casi que, sin duda, se trata de una empresa de zona franca. Mi hipótesis es que, la única diferencia esencial -o posiblemente la más significativa- que hay entre una empresa que opera fuera de zonas francas (aquí extrañamente llamadas empresas del régimen definitivo), y las firmas de zonas francas, es la exoneración a estas de tales impuestos.

Pienso que, si lo que queremos es que las empresas generen empleo, que haya inversión privada interna, tanto como la externa, que exista mayor demanda de trabajo formal (no el subterráneo que crece cada vez más), es necesario pensar seriamente en revisar el oneroso sistema impositivo a las empresas ubicadas fuera de zonas francas o, mejor aún, que todo el país se convierta, en lo impositivo, lo más cercano posible a una zona franca.

Noten que las 375 empresas de zonas francas aportaron, en el 2018, empleo para un 12% del total del empleo formal del sector privado. Exactamente, 115.161 trabajos directos y 57.411 de empleos indirectos. De ese empleo directo, un 42% fue de mujeres y las empresas de servicios demandaron un 60% de ese empleo directo.

El hecho es que hoy la demanda de trabajo sigue creciendo en zonas francas, mientras que, fuera de ellas, está relativamente estancado. Un gobierno que considere políticas apropiadas para generar empleo para la fuerza de trabajo doméstica, debería adoptar prácticas exitosas para todo el país, como son las de zonas francas.





Jorge Corrales Quesada

martes, 5 de junio de 2018

La columna de Carlos Federico Smith: la informalidad en la economía y los aumentos de impuestos

Posiblemente vieron el comentario de La Nación del 30 de abril titulado “Informalidad golpea con mayor fuerza grupos más vulnerables: En Costa Rica, cuatro de cada 10 trabajadores son informales,” basado en un estudio hecho por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), como parte de su informe sobre Costa Rica del 2018. (No olviden que tal informe es parte del proceso para la admisión de Costa Rica a la OCDE).

Se entiende por trabajo informal cuando el trabajador no tiene contrato laboral, carece de seguro social, trabaja sin remuneración o labora en empresas no inscritas u ocasionales. Resulta que, según el OCDE, 4 de cada diez trabajadores trabajan en la informalidad. En efecto, la tasa de informalidad en el país en el IV trimestre del 2016 fue de un 44.7% y el promedio del período 2012-2016 fue del 42.6%.

El medio señala, con base en las cifras de la OCDE, que “la informalidad es más alta en grupos menos favorecidos. Por ejemplo, entre mujeres es poco mayor al 40%, (en) los mayores de 60 años y entre quienes no terminaron la primaria alcanza casi 70% y en personas de bajos ingresos es casi del 80%.” “También es mayor entre trabajadores rurales y (entre) quienes laboran en agricultura y servicios domésticos.”

Para la OCDE, hay tres explicaciones para esos niveles de informalidad: (1) las altas contribuciones a la Caja, que en una gran porción es aporte de los patronos; (2) altos salarios mínimos y (3) la migración. 

Bien apunta el economista Pablo Sauma, al advertir que “la informalidad no se debe exclusivamente al no aseguramiento, sino que considera el pago de patentes, los registros contables, etc.” En resumen, el alto costo de la formalidad que incorpora esos aspectos, entre otros, constituye el incentivo que esencialmente conduce a la informalidad en la economía: simplemente les sale más barato a las partes vivir en la informalidad, que en ella.  Cuesta más ser formal que informal; o sea, el beneficio de ser formal (por ejemplo acceso al crédito bancario, así como tener el amparo de leyes) es menor que el de ser informal.

Reconozco que tanto políticos como empresarios han buscado recientemente aliviar esta fuerte informalidad de nuestra economía. Pero, la realidad es que en el país se están tomando medidas que más bien aumentarán la informalidad. Concretamente, se están elevando fuertemente los impuestos, los que, al incrementar el costo de la operación formal de las empresas y de las personas, estimulará a que acudan a producir y laborar fuera de la formalidad; esto es, se incentiva a que se incremente el ya elevado nivel de informalidad en la economía nacional. 

Una propuesta que se ha mencionado para disminuir la informalidad es cargar tasas menores a las empresas hoy informales en vez de las altas cargas sociales hoy existentes en la economía formal (“37% en Costa Rica versus 26% promedio de países de la OCDE”). Creen que con esa medida se reduciría el “costo de la formalidad”. Pero eso, en momentos en que se nos augura un aumento de impuestos por parte del gobierno -IVA, ganancias de capital, impuesto sobre la renta, entre otros- más bien podría inducir a negocios hoy formales, para que se vayan hacia la informalidad, pues más bien estimula que siga siendo más rentable ser informales.

Simplemente se deben reducir los elevados impuestos para la economía como un todo, a la vez que eliminar una serie de formalidades legales y contables y costos similares, para que disminuyan los incentivos que lanzan, por lo general a grupos relativamente desvalidos, hacia la informalidad para así poder sobrevivir con sus familias.



Jorge Corrales Quesada


martes, 19 de diciembre de 2017

La columna de Carlos Federico Smith: INA ¿un buen uso de los recursos?

Si una empresa privada no satisface la demanda de sus clientes, simplemente fracasa, termina quebrando, y los recursos que en ella se encuentran son así liberados para que puedan ser usados en cosas que los consumidores sí aprecian. Obviamente, el interés de una empresa debe centrarse en satisfacer qué es lo que sus clientes quieren, para suplirlo según sean sus voluntades. Eso exige que los recursos escasos de una empresa se dediquen a producir lo que se demanda en el mercado. Eso no sucede con instituciones del estado, como es el caso del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA): nunca cierra y los recursos allí (mal) utilizados por no tener demanda, siguen sin dedicarse a mejores usos.
 
El caso del INA parece mostrar que ese criterio elemental de eficiencia –producir aquello que el mercado demanda- no tiene un lugar en sus objetivos. Más bien parece ser producir cosas que la gente no quiere.

Es por eso entendible lo que sucede en esa entidad, cuando se brindan (se producen) carreras que en realidad no son demandadas por los ciudadanos interesados. Esto lo expone La Nación en un comentario del 11 de noviembre, titulado “INA mantiene 12 carreras con menos de 10 alumnos: Programas anuales para retratista, guía turístico en historia o impresión flexográfica.” La fuente esencial del medio parece serlo el informe “Modernización de la formación profesional en Costa Rica,” producto interno de la misma institución que lo divulgara recientemente. 

Veamos algunos datos interesantes: Mientras que en el 2016, se impartieron 281 carreras en el INA, con 52.911 matrículas (un alumno puede matricularse en más de una), “sólo 15 programas de estudios acumularon el 60% de la matrícula (32.066 alumnos),” siendo la carrera con mayor matrícula -17.661 o sea el 33% del total- “la carrera de Operador de Aplicaciones Ofimáticas” (que en lenguaje no tan eufemístico, es un paquete de paquetes para trabajos en oficinas, tales como Word, Excel o Power Point), sobre lo cual es conocida una oferta amplia del sector privado de la economía. Para todas las carreras del INA se tiene un promedio de 188 alumnos por carrera, mientras que quince carreras, que incluyen la llamada ofimática, inglés, embarco, asistente administrativo, inspector de inocuidad y auxiliar en empresa agropecuaria, tienen un promedio de 2.138 alumnos por carrera (esto es, poco más del 60% del total de alumnos) y en las 266 restantes carreras que brinda el INA, el promedio es de sólo 78 alumnos por carrera (un poco menos del 40 por ciento del total de alumnos).

Por otra parte, es interesante la información que se presenta de las 7 carreras más apetecidas (ofimática, con 17 611 alumnos; inglés para servicio, 4.646; embarco, 1.570 estudiantes; inglés conversacional, 1.375; asistente administrativo, con 860 alumnos; inspector de inocuidad, 815; y auxiliar administrativo agropecuario, con 716 estudiantes). El promedio de estudiantes en estas 7 carreras es de 3.941. 

Todo lo contrario sucede con la información brindada de las 7 carreras menos apetecidas (retratista, con 8 alumnos; artesano para el tratamiento textil, 7; diseñador páginas web, 7 estudiantes; guía de turistas en historia y cultura, 7; instalador de refrigeración y climatización, 7 alumnos; dirección de producción gráfica, 6; e impresión flexográfica, con 5 estudiantes).  El promedio de estudiantes en esas siete carreras es de 7.

Mientras que “el INA invierte ₡7.8 millones al año en pago de docentes, instalaciones, equipo, etcétera” para 17. 611 estudiantes (un promedio anual de ₡443 por alumno), para los 5 alumnos de arte para impresión, el monto equivalente es de ₡8.7 millones (un promedio anual de ₡1.740.000 por alumno).

La tristeza adicional viene en palabras del secretario general de los trabajadores del INA, señor Jara, quien dice “Usted llega a algunos centros y da miedo porque no hay estudiantes.” El medio cita al mismo señor Jara, al señalar que “uno de los problemas es que debido a los pocos alumnos que se anotan en las carreras, los docentes contratados terminan haciendo tareas diferentes.” 

No hay duda de que en el INA hay un divorcio pleno entre la demanda de personas preparadas que ejerce el aparato productivo nacional, y lo que ofrece esa entidad. No es por falta de recursos y obviamente no se trata, como alguien sugiere por ahí, que si se cierra con un superávit en las finanzas, “eso significa desperdiciar recursos que se pudieron haber aprovechado en la formación.”

Se trata no de echar más plata al problema, sino adecuar las ofertas de profesionales con la demanda el mercado. Si sobran recursos se pueden emplear en cosas mejores. Lo contrario es desperdiciarlo en cosas que la sociedad no desea, como son evidentemente los gastos que hoy hace el INA en cuanto a la formación de los trabajadores que de verdad se necesitan.


Jorge Corrales Quesada

martes, 6 de diciembre de 2016

La columna de Carlos Federico Smith: situación del empleo en el país al último trimestre

Recientemente, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) publicó la Encuesta Continua de Empleo correspondiente al tercer trimestre del 2016 y presenta algunos datos interesantes acerca de la condición del empleo en el país, según dicha encuesta.

Uno dato usualmente esperado de este proceso continuo, es la situación del empleo en la economía, reflejada por su tasa de desocupación, la cual esencialmente se define como el porcentaje de la fuerza de trabajo que no trabajó en la semana de la encuesta y que estaba buscando empleo.  No es tan buena la noticia al respecto, dado que la tasa aumentó a un 9.7%, comparada con la equivalente del trimestre anterior de un  9.4%, así como si se le compara con aquélla del mismo trimestre del 2015, que fue de 9.2%. No obstante, señala el informe del INEC citado que la diferencia entre trimestres de ambos años “no presentó variación significativa”; y posiblemente igual respecto a los dos trimestres del 2016 que se comparan.

Asimismo, es útil ver el indicador de la situación de empleo en el país, conocido como la tasa neta de participación, que es el porcentaje de la fuerza de trabajo (la población en edad de trabajar que en esos momentos se encontraba trabajando o buscando trabajo) respecto a la población total en edad de trabajar. De acuerdo con este indicador, la tasa neta de participación subió a un 57.7% en el tercer trimestre del 2016 comparado con en el segundo trimestre de este año, lo cual es algo positivo; sin embargo, resulta negativo al comparar los resultados con el respecto al mismo trimestre del año pasado cuando fue de 61%.  Es decir, vamos mejorando en lo que estaba mal; o sea, mejor que en el trimestre pasado, pero aún por debajo del indicador de los años previos, en que ha oscilado entre el 60% y el 63%.

Panorama similar se presenta en cuanto a otro indicador del mercado laboral en Costa Rica, como es el del empleo informal.  Éste indicador es importante por varias razones, por lo que, para entenderlo bien, les brindo su definición del INEC: “comprende el total de empleos que cumplen las siguientes características, según la posición en el trabajo de la persona: i) Personas asalariadas que no están inscritas en la seguridad social a través de sus patrones, ii) Ayudantes no remunerados, iii) Trabajadores por cuenta propia y empleadores que tienen empresas no constituidas en sociedad (no están inscritas en el Registro Nacional de la Propiedad y no llevan una contabilidad formal).” Es muy similar a lo que se suele llamar el empleo en la economía subterránea o, al menos, es un indicador de ella.

Pues bien, en el tercer trimestre del 2016, el porcentaje de ocupados con empleo informal fue de un 42.7% del total de personas empleadas, mientras que para el mismo trimestre del 2015 fue de 45.7%, lo que nos da una buena impresión a primera vista -¡un descenso del empleo informal!- pero, ello no parece deberse a que la gente dejó de estar en el empleo informal para integrarse al empleo formal. Para el tercer trimestre del 2015, la población ocupada en la informalidad fue de, aproximadamente, 942.844 personas y pasó a, más o menos, 842.099 personas en el tercer trimestre del 2016: un descenso de 100.745 trabajadores. Uno desearía que estos cien mil trabajadores hayan dejado la informalidad y trasladado a la formalidad, pero, el número de trabajadores formales pasó tan solo de 1.120.273 en el tercer trimestre del 2015, a 1.130.029 en el trimestre correspondiente del 2016, es decir, un aumento en dicho lapso de 9.756 trabajadores empleados en la formalidad, lo cual implica que la diferencia por 90.989 habría dejado de trabajar. 

Se ha señalado que esa caída de la población en informalidad se debe en mucho a disminución de empleo doméstico en los hogares costarricenses; incluso se ha indicado que eso podría reflejar problemas con la demanda de familias de ingresos medios en el país. Ello parece ser así y nos permite explicar por qué se ha gestionado en entes gubernamentales un tratamiento tributario y medidas similares, que tiendan a disminuir el costo por tales servicios, pues ello bien puede estar incidiendo en esa menor demanda de mano de obra de servicios domésticos.  Por ejemplo, el elevado costo del aguinaldo -una y media veces el salario mensual, debido a que se considera que se debe pagar aguinaldo por lo que al trabajador se le da por alimentación, considerado con un valor del 50% del salario nominal normal- sin duda que hace que la gente de recursos medios lo piense dos veces antes de contratar tal mano de obra.

La explicación del problema descrito en torno a que el descenso en el empleo informal no se refleja en un aumento del empleo formal, parece surgir del descenso de la tasa neta de participación que, como indicamos antes, pasó de un 61% en el tercer trimestre del 2016, a un 57.7% en el trimestre correspondiente del 2016. Ello había significado que, como lo indica el INEC, que “alrededor de 89 mil personas salieron de la fuerza de trabajo.” 

Al observar los descensos en dicha tasa, ya sea para trabajadores masculinos o femeninos, el descenso fue mayor (-4%) en la tasa de participación de las mujeres que en la de hombres (-2.8%), según el informe del INEC, en mucho por una disminución en el empleo de trabajadoras domésticas.

En síntesis, en el panorama laboral algunos indicadores señalan una mejoría relativa en cuanto a una disminución ligera del desempleo, pero, persisten serios problemas derivados de una disminución en la tasa neta de participación, que compara la fuerza de trabajo con la población total en edad de trabajar, pues se dio un descenso en la fuerza de trabajo de casi 91.000 personas en ese lapso, aunado a un crecimiento usual de la población en edad de trabajar (población de 15 años o más).

Esperamos que en el campo laboral haya mejores noticias en los próximos meses, pero su positividad está en función de una serie de políticas que, al momento, están en juego en la economía, como son los planteamientos de mayores impuestos, que es muy posible que, de aprobarse, tengan una incidencia negativa sobre la demanda de mano de obra.


Jorge Corrales Quesada

martes, 22 de septiembre de 2015

La columna de Carlos Federico Smith: plan estatal de subsidios a la contratación privada de ciertos trabajadores

El gobierno de la República anunció un nuevo plan de subsidios. En esta ocasión, se establece a fin de crear empleo para ciertos grupos que se considera están siendo los más afectados por la situación de desempleo que encara el país. Para ese fin, el gobierno pretende entregar ₡1.400.000 por cada joven, mujer o persona discapacitada que es contratada por una empresa privada, hasta por un máximo de 20 empleados. Se estima que con dicho monto se logre cubrir el costo cuatro salarios más las cargas sociales.

El programa del gobierno es ya conocido como Mi Primer Empleo y mediante él se considera que generaría empleo a 30.000 personas en tres años.  Se estima hacer una inversión de recursos públicos de ₡43.680 millones, con fondos provenientes de superávits del ministerio de Trabajo, del de Economía, del IMAS y del INA.

Esencialmente, se pretende lograr dos objetivos que, si bien pueden estar relacionados, pueden analizarse independientemente. Primero, que el estado logre crear nuevas fuentes empleo mediante un subsidio dirigido a la empresa privada y, el segundo, que el empleo así creado se dirija a ciertos grupos sociales; en concreto, a mujeres, jóvenes y discapacitados.

En cuanto a analizar el primer tema -creación de empleo- se hace necesario preguntarse tanto cuáles son las pueden ser las causas de nuestro desempleo (actualmente de alrededor de un 10.5% de la fuerza de trabajo del país), así como si la medida que se ha propuesto es la más indicada a fin de disminuir la desocupación.
 
El programa en mención se ha considerado que tendrá una duración de tres años, en lo que podría considerarse como de mediano plazo.   Pero no creo ser un escéptico injusto, al señalar que usualmente los programas gubernamentales de subsidios, una vez instalados, tienden a permanecer mucho tiempo más del que inicialmente se consideró necesario.  Eso se debe a que con su existencia suelen provocar la creación de grupos concretos de interés, que buscarán que se mantenga esa transferencia de recursos de toda la sociedad hacia el grupo particular de beneficiados; en este caso, al grupo conformado por mujeres, jóvenes y discapacitados y empresas privadas que reciban tal subsidio.

Pero, más interesante es preguntarnos si ¿resolverá dicho subsidio el problema del desempleo en el país?  A mi parece que el reciente aumento en la tasa de desocupación se ha debido esencialmente a dos factores.  En primer lugar, al menor crecimiento de la economía, que viene estancada desde hace buen rato: esto es, con tasas apenas positivas de crecimiento.  Cuando la economía no crece lo suficiente, la demanda de mano de obra disminuye y, así, ante un número siempre creciente de trabajadores (en una nación con tasas positivas de aumento de la población) aumentará el desempleo, tal como lo hemos observado recientemente.  Debe tenerse presente que la demanda de trabajo está en función, tanto del incremento del valor que genera el trabajador que se contrata, como del valor que tiene dicha producción adicional en el mercado. Pero, en una economía que no crece mucho, el empleador no irá a contratar más gente si considera que se le dificulta lograr vender esa producción adicional. Todavía nuestro país experimenta un bajo crecimiento proveniente de una demanda de su producción desde los mercados internacionales: la economía nacional aún no sale a plenitud de la caída mundial de los años 2008-2009. Y en la actualidad el panorama no es el más brillante desde el punto de vista de un crecimiento fuerte de la economía internacional. 

Claro, si al empresario se le subsidia el salario que debe pagar al nuevo trabajador que contrataría -como es el sentido del programa Mi Primer Empleo- encontrará en él un incentivo para contratar a ese personal adicional a un costo hipotéticamente menor. Pero, aquí empiezan muchas dudas.

¿Si se disminuyeran los impuestos sobre el salario hoy existentes en la economía y que claramente encarecen relativamente a la mano de obra en comparación con la maquinaria (o capital), no se lograría el mismo objetivo de aumentar el empleo? O sea, rebajar los impuestos cargados al factor trabajo, en vez de darse el subsidio estatal propuesto.  Precisamente este es un país en donde el alto costo de la mano de obra en mucho se debe a los impuestos que la gravan y que ahora se pretendería “compensar” por medio de un subsidio, lo cual lógicamente nos inclinaría a pensar que puede ser mejor bajar tales impuestos, para estimular un aumento en la ocupación, en vez de dedicar fondos públicos como subsidio al empleo. 
 
Por una parte, esos son recursos para el subsidio que de algún lado habrán de salir. Dicen que son fondos provenientes de superávits de ciertas instituciones estatales, pero equivalen a un aumento en el gasto que reemplaza a aquél que ejerce el sector privado en la economía: de algún lado salen esos recursos y es de la economía privada. Esos recursos, que dan la apariencia de estar ociosos en esas instituciones gubernamentales, al gastarse aumentarán el gasto gubernamental, que dados los ingresos fiscales del momento, provocaría un aumento en el déficit del gobierno central. Y eso de cierta manera es un empeoramiento de una situación que este gobierno ha propuesto resolver mediante aumentos en los impuestos, que posiblemente tendrán un efecto negativo sobre el crecimiento de la economía y, por ende, de la demanda de mano de obra.

Aquel alto costo de la mano de obra que hoy tenemos de hecho no se está reduciendo para la economía como un todo, sino que ahora sólo se pretende lograr un beneficio para un grupo concreto de empleadores, proveniente de parte del resto de la ciudadanía, que de algún lado tendrá que ver cómo provee los recursos.  Por ello mi propuesta de que, si se desea que aumente el nivel de empleo en la economía, eso se podría lograr si se redujeran los impuestos que hoy cargan a la mano de obra como un todo; esto es, que haya una variación de los precios relativos del trabajo ante el capital, de manera que se abarata comparativamente el primero, con lo cual aumenta su demanda.

También sería aún mejor si, en vez de la propuesta de subsidios artificiales, con los cuales se pretendería ocultar costos reales de la mano de obra en la economía, se tomaran medidas que alentaran un mayor crecimiento de ella. Por ejemplo, mediante la eliminación de una serie de incentivos que han hecho que mucho de nuestra fuerza de trabajo abandone la formalidad y por el contrario se dedique a producir en la economía subterránea. Hay muy diversas leyes que incentivan para que empresas pequeñas, muchas de las cuales apenas intentan empezar, lo hagan fuera de la formalidad institucional de las leyes.  Por ejemplo, esas empresas, si trataran de ser formales, incurrirían en elevados costos de incorporación al mercado (hacer una empresa formal suele tener un alto costo jurídico), pagos de patentes, permisos municipales (y no digamos si tuvieran que construir instalaciones), por la creación de una estructura de gastos de la empresa que sea debidamente documentada por contadores y en libros formales, todo lo cual encarece la vida a la empresa, al igual que otra serie de gastos e impuestos que no me voy a poner a detallar.  

Por ello no me sorprende, en lo más mínimo, el crecimiento importante que se ha detectado recientemente del empleo informal en nuestra economía: esto es, la creación de mini-empresas subterráneas en donde el estado no aparece; al ser costosa la acción del estado, se trata de evitar todos esos costos regulatorios de todo tipo que afectan a dichas empresas. También un segundo factor que creo afecta la tasa de crecimiento de nuestra economía en la actualidad y que, por tanto, incide en una menor creación de empleo, se debe a la existencia de mucha incertidumbre, principalmente ocasionada por la falta de lineamientos claros y definitivos de esta administración, en los espacios que requiere la empresa privada para poder actuar con mayor tranquilidad.  

Ya sé: me dirán que, para disminuir esa incertidumbre en mucho creada por el estado, con el subsidio que aquí propone dicho estado se pretende lograr cierta “cooperación” o “colaboración” o “acercamiento” hacia el sector productivo privado: una mejora sustancial en la relación gobierno-sector privado. No lo dudo que esa pueda ser una intención adicional para la puesta en marcha de ese programa, pero obviamente no es de esperar que ese subsidio vaya a ser un factor fundamental que haría que una empresa privada genere un aumento en el empleo neto en la economía. 

En esencia, de acuerdo con el programa propuesto, se contratará más empleo si le cuesta menos que el valor que agrega ese trabajador adicional contratado. Se me señalará que ahora le cuesta menos al empleador contratar al trabajador, gracias a ese subsidio, pero habría que ver si es el tipo de trabajador que desearía contratar para sus efectos productivos. O sea, si el estímulo artificial del subsidio no va a alterar su decisión de a quién contratar tan sólo por esa razón, aunque signifique que dejaría de contratar a otro trabajador que no reúne las características del programa (jóvenes y mujeres de ciertas edades además de discapacitados). Es decir, la empresa contrata a alguien del programa, pero así deja de contratar a alguien que, de no existir el plan de subsidios, la contrataría, con lo cual no habría mucha creación neta de empleo en la economía, si acaso alguna. ¿Está claro?  La medida propuesta en lo agregado posiblemente no genere empleos nuevos, sino una sustitución de unos por otros.

Además, un efecto adicional que se debe considerar es la dependencia que se empieza a crear de las empresas hacia un estado que subsidia la contratación de su personal.  Aquí entrarían cosas que no están relacionadas propiamente con la eficiencia productiva de las empresas, como es la contratación de un personal presuntamente menos productivo, sino de una dependencia a causa del subsidio. No hay nada que impida a una empresa que tenía proyectado, por ejemplo, contratar a un joven promisorio, que requeriría de un esfuerzo de entrenamiento a lo interno de la firma a fin de que aprenda los hábitos propios de la empresa, para que ya no lo haga como una decisión de su conveniencia productiva, sino porque ahora recibirá ese subsidio del estado.  Es decir, que lo que tal vez ya iba a hacer (muchas empresas contratan mujeres y jóvenes y personas discapacitadas) ahora lo hará también, sólo que con una parte importante pagada por la sociedad como un todo. En el neto, habría una baja y hasta nula creación de nuevo empleo en la economía; sin duda que menos de la ambicionada por el gobierno.

La impresión que uno tiene a menudo del mercado de trabajo de ciertos grupos -por ejemplo de jóvenes que apenas ingresan al mercado laboral- es que sus características personales, de educación o formación, no son necesariamente aquellas que las empresas están demandando. Ese divorcio lo observa uno cuando las empresas -lo suelen expresar empresas extranjeras que tratan de invertir y producir en el país- no encuentran todo el personal que requieren en su momento. Es por ello que no entiendo cómo no ha sido posible hacer en el país algo similar a lo que se hace en naciones ejemplares en la formación de su mano de obra, como es el caso de Alemania. Hay un acuerdo formal entre el estado y el sector productivo para que jóvenes asistan como trabajadores a las empresas en donde aprenden las mejores prácticas, al tiempo que cumplen con los requisitos básicos de una enseñanza formal extra-empresarial. Se logra así formar una mano de obra sumamente calificada y adaptada a las necesidades de la demanda de las empresas, en mi opinión tal vez con mejores resultados que los programas que hoy día se llevan a cabo en el INA. Las empresas se quedarán con esa mano de obra mejor preparada.

Esta práctica de un enorme aprendizaje laboral en las empresas es lo que recientemente permitió a un connotado directivo de asociaciones empresariales, dar su opinión positiva ante preguntas relacionadas con la inmigración de personas de Oriente Medio en busca de empleo en Alemania. (Al menos inicialmente, pues no sé si se mantiene el criterio de apertura de las fronteras alemanas ante una entrada que parece estar sobrepasando la estabilidad interna de ese país). Ese líder empresarial dijo que esa mano de obra foránea era bienvenida al país y que, laborando en las fábricas, aprenderían las habilidades requeridas por una economía industrial como la alemana: dijo que a Alemania lo que le servía era disponer de una más amplia mano de obra calificada y que ellos estaban dispuestos a darles el entrenamiento necesario para que adquirieran esas calificaciones.

Realizar ese esfuerzo por mejorar la calidad de la mano de obra -que así sería más demandada al aumentar su productividad- no se ha podido hacer aquí ante el dogma de ciertos políticos de que eso sería explotar a los trabajadores.  Estoy seguro que esa apertura que mejora las posibilidades de progresar los trabajadores -tal como lo han logrado a través de los tiempos y crecientemente desde la era industrial moderna- sería más que bienvenida por los propios trabajadores, tanto como por los empleadores, pues todos ganaríamos si nuestro país dispusiera de una mano de obra más calificada, más productiva y en donde se generen empleos mejor pagados.

Hay otro tema que debe de considerarse en esta conversación, cual es si es deseable que un empresario dependa de alguna manera de algún subsidio gubernamental para contratar el personal que requiere. ¿Podrá el empresario oponerse a mayores impuestos que claramente le ocasionarían descensos en su rentabilidad, a cambio de un subsidio del tipo señalado? ¿Podría ser que se use el programa de subsidio gubernamental Mi Primer Empleo, para endulzar la píldora amarga de mayores tributos? Nada más deseo que el lector considere esta posibilidad política. Pero, con el tipo de medidas propuestas se va alterando el uso eficiente de los recursos en sistemas competitivos, cuando las relaciones de producción no están determinadas por la autonomía del empresario, en un marco competitivo, en su busca de satisfacer los deseos de los consumidores para obtener utilidades, en vez de que sean para complacer directrices o incentivos que el estado brinda: podría ser una grada más en un camino de servidumbre.  Sólo pido a mis apreciados lectores que consideren este argumento.

Finalmente, como un segundo objetivo importante del programa presentado por el gobierno, está el tema de la sensibilidad humana ante quienes tienen problemas de verdad en la vida, como suele ser el caso de los discapacitados.  Ya muchas empresas privadas tienen entre sus trabajadores a personas en tal circunstancia y lo notable es que suelen ser trabajadores sumamente productivos y las firmas los estimulan en su esfuerzo personal que también va en beneficio de la firma.  Si hay algo de apoyo de parte de la empresa (y de los accionistas) para tal práctica, pues que sea bienvenida y ojalá apoyada por el estado, como, por ejemplo, permitiendo que esta capacitación laboral de personas discapacitadas pueda ser adquirida dentro de las empresas que les dan la oportunidad de aprender sus prácticas. Esto formaría parte, sin duda, de la idea de que el trabajador estudia en tanto labora y aprende prácticas en la empresa privada.

La solución a estos temas la encuentra el político en la creencia de que echarle más plata resuelve los problemas, pero sabemos que eso no va a servir de nada, pues no es claro que genere nuevos empleos, ni que ayude a la formación de nuestra fuerza de trabajo, ni que realmente ayuda a aquellos grupos realmente marginados. Sólo provocará un déficit mayor, más impuestos para después “cerrar” ese mayor déficit, una más elevada dependencia de la empresa privada ante el estado y una alteración en el uso eficiente de recursos en una economía tambaleante.

Jorge Corrales Quesada

martes, 10 de diciembre de 2013

La columna de Carlos Federico Smith: para elevar la calidad de nuestra educación

Casualmente desde hace semana y media tenía escrito un borrador de este comentario, cuando medios de prensa divulgaron recientes resultados de Costa Rica, en que lo que se denomina pruebas del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (mejor conocidas como pruebas PISA). Estas muestran los resultados de 65 países en el 2012.  Este año el énfasis fue en Matemáticas. Las pruebas comparativas se realizan cada tres años, concentrándose alternativamente en Matemáticas, Lectura y Ciencias.

El resultado de nuestro país no sorprende, pues en el mejor de los casos sólo refleja un estancamiento en lo que debe ser un progreso, dados los propósitos expresados desde hace ya bastante tiempo por nuestras autoridades, de mejorar nuestro sistema educativo. Desafortunadamente la enfermedad más bien empeora con el paso del tiempo. Costa Rica en esta última prueba PISA de matemáticas apenas un 40% alcanzó el nivel 2 en una escala de 7. Sólo un 40% alcanzó lo que PISA denomina como “básico”. El 36% de los 4.600 estudiantes ticos evaluados quedó en el nivel 1 inferior y un 24% ni siquiera alcanzó ese nivel 1 (considérelo, si le parece, impropio de seres humanos).

Comparativamente nuestro sistema educativo va para atrás como el cangrejo.  El país en el 2009 logró, de acuerdo con PISA, un porcentaje en matemáticas de 409.  En el 2012 bajó al 407. Si se le valora con respecto a lo logrado por otros 64 países evaluados, Costa Rica quedó 87 puntos por debajo del promedio. Menos que mediocres.
 
Si el lector desea saber cómo nos ha ido en lectura, pues el país sólo bajó –sí, ligeramente, gran cosa, como si eso nos llenara de orgullo- de un índice de 443 en el 2009 a uno de 441 en el 2012. En esta prueba apenas un 67% de nuestros estudiantes mostró tener un dominio básico de la lectura. Algo parecido sucedió en el área de ciencias, pues de 430 en el 2009, bajamos –de nuevo, consuelo de tontos- a 429 en el 2012. Seguimos casi iguales en cuanto a insignificantes.
 
Dice una importante información periodística de La Nación del 4 de diciembre, que “Costa Rica junto con Uruguay fueron los únicos dos países latinoamericanos que en esta ocasión no progresaron (yo enfatizo ese no) en ninguna de las tres evaluaciones aplicadas”. Para agregar la paradoja a este triste resultado académico, en la exuberancia política que vivimos en estos días, uno ha señalado a Uruguay como modelo a proseguir, aunque, ante estos hechos, rápidamente aclararía que no se refería al campo educativo, sino al político.
 
En nuestro medio las autoridades educativas, desde hace unos años para atrás al igual que ahora, han enfatizado que la aparente solución a nuestro mal desempeño educativo radica esencialmente en dotar de más fondos públicos (obviamente a la educación estatal). Por esta razón considero necesario que luego exponga un esfuerzo que se viene haciendo en otro país con algún grado de éxito. Parece que allí pesan relativamente más otras cosas que la simplona y repetitiva provisión de más recursos gubernamentales, como explicación de los avances educativos que han ido obteniendo. Como la escasez de fondos no es privativa de sólo algunas naciones –como nosotros- tal vez podamos aprender de experiencias exitosas acerca de hacer mejor las cosas, que se llevan a cabo en otras naciones. Así podríamos desechar tanto blablá ministerial y lograr poner en marcha un interés nacional amplio, que nos faculte mejorar nuestro sistema educativo, principalmente de la educación pública primaria y secundaria. 

Pretender fascinarnos con que, si destinamos en el presupuesto gubernamental  un 8% del Producto Interno Bruto de nuestro país para la educación, lograremos mejorar sustancialmente nuestro sistema educativo, ha probado ser una ilusión engañosa, una falsedad más propia de un oportunista juego político. Algunos se han quejado de que -ignorando las serias dificultades financieras del estado- no hemos ni siquiera llegado a financiar ese 8% y que se hace necesario lograrlo ya, pues es la condición sine que non nuestro sistema educativo público puede progresar. Esto es, sólo piensan en que lo requerido es echarle más y más plata a los presupuestos destinados a la educación, aunque los resultados no parecen indicar mejora alguna. Eso lo evidencian los últimos resultados PISA para el país. (Si se sumara al gasto estatal actual lo que muchos costarricenses destinan para la educación primaria y secundaria privada para sus hijos e hijas, posiblemente ya estamos excediendo ese alucinante 8% del PIB destinado a la educación).

Creo que es necesario –en un sentido figurado- hacer un alto en el camino y que, además de los ciudadanos en general, políticos bien intencionados –Dios quiera que los haya- mediten acerca del rumbo al empobrecimiento al que nuestro sistema educativo estatal guía a nuestros niños y jóvenes. Enfatizo la necesidad de que diversas personas bien intencionadas, preparadas, que no sólo anden buscando puntos políticos, aunque, mirándolo bien, si actuaran en tal sentido la sociedad los valoraría apropiadamente, se dediquen a pensar seriamente acerca de las medidas convenientes que debemos tomar para mejorar nuestro modelo educativo.

En el 2010 se formó en los Estados Unidos un movimiento Students First (Primero los Estudiantes) para transformar la educación pública de esa nación. Actualmente lo conforman más de dos millones de personas y opera activamente en 18 estados.  Se indica que “ha ayudado exitosamente a que se aprueben más de 110 políticas centradas en los estudiantes de todo el país”.  Información y resultados de aquel movimiento pueden obtenerse en www.studentsfirst.org Lo dirige la educadora Michelle Rhee, estadounidense de origen surcoreano, quien ha sido Canciller de las Escuelas Públicas de la ciudad de Washington D. C.

Brevemente indicaré cuáles han sido las tres prioridades de este movimiento, cuya motivación para el éxito de su tarea, es perfectamente aplicable, tal vez con ligeras variables, a nuestro actual sistema educativo primario y secundario.

El primero se refiere a tratar a los maestros como profesionales, mediante evaluaciones diversas que midan los impactos de sus acciones en los estudiantes.  De esta manera se define la efectividad de un maestro en función de resultados y no de antigüedad; o sea, no de acuerdo con los años de enseñanza, sino con sus alcances y trascendencia. Asimismo, el sistema de pago para tales educadores se fundamenta en la calidad de su desempeño, en vez del sistema actual que lo que hace es garantizar la permanencia de los maestros… aunque no sirvan para eso.

Un segundo objetivo es empoderar a los padres de los estudiantes; esto es, facultarles, otorgarle poderes, para el escogimiento o elección de las escuelas a las que asistirían sus hijos e hijas. Ese empoderamiento se incentivaría mediante la creación de fondos de becas, para ser gastadas en aquellas escuelas que a los padres les parezcan convenientes o deseables. Muchos de estos recursos provendrían del ahorro de recursos, que ya no se gastarían como ahora.

El tercer objetivo fundamental es el rendimiento de cuentas acerca del dinero pagado por los contribuyentes. Al igual que en Costa Rica con el 8% del PIB obligatoriamente dedicado a la educación que antes comenté, en los Estados Unidos los fondos gubernamentales para ese fin se han incrementado notoriamente. Pero no se ha hecho en función de mejorar los logros de los estudiantes.  Mucho se ha ido al pago de salarios con base no en la efectividad del educador sino en otros criterios, como, por ejemplo, anualidades, títulos obtenidos por el maestro, zona de ubicación del centro educativo, etcétera. El nuevo objetivo consiste en usar claramente los recursos para llenar las necesidades educacionales de los niños y niñas y no de satisfacer intereses personales extra-escolares o de gremios particulares. Esto último explica mucho del rechazo que inicialmente tuvo el programa Students First, por parte de las asociaciones sindicales de maestros y profesores de las escuelas públicas estadounidenses.

La estrategia de reforma del sistema educativo de primaria y secundaria, llevado a cabo gradual pero firmemente en varios estados de los Estados Unidos, parece que empieza a dar buenos resultados.  Una evaluación muy reciente del National Assessment of Educational Progress (NAEP) –que me permito traducir como Evaluación Nacional del Progreso en Educación- entidad que goza de un elevado prestigio en cuanto a evaluaciones del sector, muestra evidencia del éxito de programas educativos centrados en los estudiantes (como el descrito de Students First). Tennessee y Washington D.C. han sido dos de los lugares en donde mayor retraso académico mostraban sus estudiantes y en donde se puso en marcha el programa Students First, con la colaboración plena de los ciudadanos y de los grupos políticos, tanto demócratas como republicanos. Los recientes resultados mucho mejores obtenidos en matemáticas y en lectura respecto a años previos, según el NAEP demuestran que “invertir en la calidad de los maestros y en estándares académicos más elevados, producen resultados reales para los estudiantes”.

Parece que la clave del éxito que se empieza a observar allá y que ojalá sea útil para nuestro país, sin prejuicios ni divisiones inconscientes o mal intencionadas que sin duda surgirán, se sustenta en cuatro aspectos claves, pero imprescindibles: (a) aplicar múltiples medidas de evaluación del desempeño de maestros y profesores; (b) promover un fuerte desarrollo profesional, en donde se liguen los resultados con las remuneraciones; (c) definir estándares educativos más altos que los actuales; esto es, una mayor exigencia de resultados del aprendizaje es parte integral de la reforma educativa y (d) estimular la mayor participación de los padres, principalmente en cuanto a que ellos puedan escoger libremente los centros educativos, a los que desean que asistan sus hijos e hijas.

Difícilmente con nuestro actual sistema educativo podremos lograr un fuerte crecimiento económico, caracterizado por empleos bien remunerados. Reformar apropiadamente nuestro sistema educativo podrá ser lo que haga la diferencia entre un futuro empobrecido, desigual, injusto e indeseable, de otro en donde las personas puedan desarrollar libremente sus mayores habilidades, de forma que puedan lograr vivir mejor, que posiblemente sean más felices y, sobre todo, que ese futuro se caracterice por brindarles la posibilidad de progresar y que no tengan que vivir inevitablemente en una abyecta miseria física y moral.

Jorge Corrales Quesada

martes, 15 de octubre de 2013

La columan de Carlos Federico Smith: escogiendo profesiones

En mi columna de ASOJOD del pasado 20 de setiembre me referí al tema del empleo en el marco de la propuesta de nuevos impuestos. Concretamente señalé que cómo se podía pretender aumentar los tributos, en presencia de un muy elevado desempleo en el país.  Más gravámenes terminarían por afectar la inversión y, en consecuencia, reducirían el nivel de empleo productivo en la economía.
Pero la discusión, al menos en cierto programa de televisión, ahora parece haber tomado un cariz distinto, si bien crucial para cada una de las personas desgraciadamente desempleadas. Se enfatizó en cómo ciertos grupos de profesionales han estado buscado empleo en lo que estudiaron, pero durante mucho tiempo no lo han encontrado. Destacó dicho programa televisivo una lista de profesionales recién graduados quienes no encuentran empleo, en donde aparecen sicólogos, abogados, médicos y periodistas, entre los que recuerdo. 

Es interesante destacar que la medida de desempleo abierto, que en el país ronda un 10%, según la Dirección General de Estadística y Censos (INEC), es tan sólo uno de los indicadores de la situación laboral del país. Creo que no es casualidad que el gobierno enfatice dicha medición para indicar la desocupación que puede haber en el país.  Por su parte, profesionales de la Universidad Nacional (UNA), como Roxana Morales o Henry Mora, expresan que la tasa actual de desempleo en Costa Rica es de un 18%.  Se equivocan en esto, pues a la tasa de desempleo abierto, que es del 10% indicado por el INEC y la cual es definida por estándares internacionales desde hace mucho tiempo, los economistas de la UNA le adicionan la tasa de subempleo, así como el porcentaje de quienes han dejado de buscar empleo (que comprende, entre otros, a quienes se han rendido en su búsqueda de empleo o están enfermos, discapacitados).  Todos y cada uno de estos indicadores son importantes para disponer de una impresión de la situación laboral actual del país, pero no es válido hacer esa mezcla de perros, gatos y ratones, por el solo hecho de que todos son especies de animales.

La situación laboral –estoy de acuerdo con los analistas de la UNA- de ninguna manera es la deseable. El economista Leiner Vargas no explicó la causa de tan elevado desempleo en un programa de televisión del Canal 7, quien dijo que “la principal razón por la cual ha desencadenado el desempleo es porque la economía no ha sido capaz de aumentar la producción y el dinamismo interno”. La pregunta importante y apropiada era ¿por qué la economía nacional no ha generado el suficiente empleo, de forma que permita una reducción de la tasa de desocupación? Eso es parte de lo que traté de explicar en mi comentario previo en ASOJOD.

También en una mesa redonda de Telenoticias, se indicó que existía profesiones, como derecho, sicología, periodismo y medicina (podría estar dejando por fuera alguna otra), en donde abunda el desempleo (se brindaron cifras) lo cual en sí debe preocuparnos, pero debe buscarse una explicación adecuada. La insuficiencia de demanda es clara en profesiones tales como derecho, en donde los propios abogados reconocen (aunque incluso den clases de esa materia), que ya no caben más en el mercado.  Tal vez valdría la pena cuestionarse si el actual sistema de fijación de precios o tarifas bajo la obligatoriedad que impone el Colegio de Abogados, es la causa de que muchos jóvenes busquen estudiar dicha carrera bajo la ilusión de que, a esos precios fijados artificialmente altos, podrán encontrar su demanda de servicios en el mercado. A la vez, la imposición de costos más altos en el mercado puede ser una razón que explique la baja cantidad demandada de esos profesionales, quienes en muchos casos terminarán buscando otras ocupaciones, como, por ejemplo, convertirse en políticos (puede constarse la abundancia de abogados que aparecen en las papeleteas actualmente propuestas para la próxima elección de diputados).

En cuanto a los profesionales sicólogos, en la Asamblea Legislativa se nos intentó meter, por medio de una ley, la obligatoriedad de obtener un certificado de algún sicólogo para poder obtener una licencia de manejar (además de la que ya se pide para uso personal de armas). Lo que se pretendía con esa ley era simplemente generar una demanda artificial de dichos profesionales, aunque el costo de esa medida tuviera que ser pagada por todos los restantes ciudadanos.  

Los periodistas constituyen otra profesión en donde el mercado es actualmente muy limitado y en mucho sujeto a una muy fuerte transformación tecnológica y el gremio de los médicos continúa sujeto a una situación de cuasi-monopsonio; es decir, primordialmente en manos de un único demandante de sus servicios, cual es la Caja del Seguro Social.  Es de esperar que, con los problemas actuales de la Caja, se fortalezca la actividad privada en todo ese sector, lo cual terminaría beneficiando, entre otros, a los médicos, pues habría un mercado más competido en la contratación de sus servicios.

Un estudio reciente del CONARE expuso que, en la actualidad, las siete profesiones en las que los graduados encontraron empleo (y que era lo que pretendían) son Estadística, Archivística, Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica, Imagenología (sic) y Microbiología, en tanto que las siete profesiones en donde no encontraron trabajo para el cual estudiaron en las universidades, fueron Biología, Periodismo, Terapia Física, Diseño de Interiores, Planificación, Publicidad y Sociología. Casualmente también muchas de ellas son las señaladas en el programa de Telenoticias antes mencionado.

¡Escoger una carrera profesional es una decisión muy importante en la vida de las personas! Enfatizo esto en especial porque estudiar algo es en parte consumo -las ansias personales de saber y disfrutar de ciertos aspectos del conocimiento humano- y por otra parte constituyen una inversión; esto es, estudiar algo que le permita a la persona, cuando termine, obtener mejores ingresos y un mayor bienestar económico.  Si se estudia por el placer de aprender algo que se aprecia, no hay razón para que se le deba pagar a alguien por consumir lo que libremente escogió.  Es el mismo caso de que una persona quien escoge tomar un curso de cocina por el placer que de él obtiene y no porque, por ejemplo, piense montar un restaurante. Se supone que la persona debe pagar por su consumo, al igual que lo hace cuando compra un sánguche o sale de viaje o si compra un cuadro o lo que sea.  Es la preferencia reflejada de esa persona adquirir ese bien o servicio para satisfacer sus deseos o necesidades propias.

Si se estudia una carrera al ser visualizada como una inversión, entonces la persona debe tener cuidado en el buen uso de sus recursos (lo cual incluye el pedir prestado), de forma tal que los costos o pagos en que incurre por sus estudios sean más que compensados con ingresos futuros más altos y que más que compensen el valor del dinero que invirtió a través del tiempo. Obviamente en dicha evaluación el recién graduado debe tener presente que la falta de experiencia es un factor que, supuestamente al principio, le va a dificultar conseguir un empleo. Ello se hace especialmente difícil en un país como Costa Rica, en donde no se permite a las empresas realizar contrataciones de trabajadores a menores salarios, en tanto desarrollan experiencia laborando como aprendices durante un tiempo. En todo caso, la decisión económica que tiene entre manos quien decide estudiar para generar mayores ingresos en el futuro, es idéntica a la que si uno, en vez de estudiar, dedica su plata (o pide prestado) para comprar un lote o construir una casa o montar un negocio o ahorrar, entre muchas otras posibilidades de invertir sus recursos escasos.

Lo importante es que, la educación, ya sea vista como consumo o inversión, es una decisión que debe tomar cada individuo al escoger ese camino en su vida (por supuesto que dicha decisión puede tomarla en conjunto con su familia o amigos o recibiendo el consejo de personas conocedoras). De aquí la responsabilidad que tiene cada uno de valorar adecuadamente, si ese gasto importante en educación como consumo es lo que efectivamente se desea y, si se le vislumbra como una inversión, si en lo que se mete a estudiar va a encontrar un empleo adecuado al terminar su carrera.

Con todo respeto, si un hijo mío me pide mi opinión acerca de estudiar hoy derecho o periodismo o sociología o planificación o sicología, le sugeriría valorar la idea una y otra vez, con la esperanza de que se dé cuenta de que puede ser una “mala” inversión, aunque obviamente eso dependerá de cada caso en particular. Si, por otra parte, busca estudiar esas profesiones para obtener una satisfacción personal (consumo), le haría saber que no espere de ellas un alto rendimiento de su decisión como inversión. 

Lo que me entristece es que esa responsabilidad de escoger quedó totalmente de lado al final de la discusión en Telenoticias: hubo un insinuador sesgo del periodista y de los dos expositores invitados, al pretender responsabilizar a las universidades privadas por ese problema de desempleo profesional, como si no fueran en su mayor parte carreras que también se ofrecen en las públicas. Además, la solución propuesta o que al menos quedó dando vueltas, fue que las universidades pusieran cuotas de admisión. Me imagino que el destino de la elección del estudiante quedaría finalmente en manos del burócrata de turno, quien posiblemente tiempo después mostrará cuán equivocado podía estar al definir cuántos alumnos son los que pueden entrar a las carreras que a él, en ese momento, se le podría ocurrir.  Me parece que es un grave error entregar tales decisiones individuales a algún arrogante burócrata que pretende conocer con certeza infalible el futuro de las profesiones en el país. Por ejemplo, me imagino a ese burócrata en 1975 no permitiendo que se estudiara libremente para profesiones desconocidas y experimentales, con poca demanda en ese momento, como en ese momento lo eran aquellas ligadas a la informática y a la computación, por ejemplo, y aún menos la robótica o la nanotecnología.  Me cuesta pensar que esos burócratas, limitados por definición en su conocimiento, serán capaces de definir con certeza cuáles serán las carreteras que se demandarán cinco años después. El que escoge, el estudiante, podrá ser informado de lo que alguno de esos burócratas puede pensar (o no pensar), pero no debe limitársele en lo que, a su riesgo, como tantas otras cosas en la vida, decide escoger.

Por ello creo que la tarea principal, al definir el estudiante qué carrera elige, debe descansar en manos de quien vaya o esté dispuesto a pagar o asumir los costos por esos estudios. Sin duda que al escoger es necesaria mucha reflexión y que es deseable una intensa búsqueda de información.  Lo que al momento se conoce, bien puede variar en el curso de los años, por lo cual ojalá que las universidades brinden flexibilidad en las carreras que prosiguen sus estudiantes, a  fin de que puedan adaptarse a nuevas circunstancias que suelen presentarse conforme pasa el tiempo.  

Para ser franco, no creo que esos burócratas estatales, quienes hipotéticamente fijarían cupos y limitaciones a la libre elección de sus carreras por parte de los estudiantes, vayan a ser los más propensos a facilitar la adaptación deseable. No olviden que no son ellos los que usualmente terminan por pagar las consecuencias de haber escogido mal una carrera profesional. Suelen ser los mismos estudiantes quienes pagarían sus errores en caso de escoger mal.  Es la responsabilidad de los resultados de sus propias acciones lo que mejor informa al estudiante potencial, de que debe escoger, con buen criterio e información, la carrera profesional que desea proseguir.



Jorge Corrales Quesada

miércoles, 5 de junio de 2013

Desde la tribuna: oportunidades y empleo

Es cierto que algunas personas no quieren trabajar, no hay porqué negarlo. Del mismo modo, es innegable que algunos quieren aprovecharse del esfuerzo ajeno o tomar ventaja indebida, tampoco hay motivo para no reconocer que unos cuantos son así.

Pero también es cierto que la mayoría de la gente lo que desea es la oportunidad de trabajar para ganarse la vida, tener la oportunidad de un empleo, de montar un negocio o iniciar una empresa. 

Hay sistemas que favorecen la generación de empleos, la construcción de empresas, las oportunidades y el trabajo.  Cuando ello sucede es muy bueno, la gente encuentra empleo, hay muchas oportunidades de trabajar, hay posibilidad de iniciar un negocio, una empresa o de competir en el mercado. 

Hay sociedades en las cuales la gente no tiene miedo de cambiar de trabajo, tiene confianza en su fuerza de trabajo, en sus habilidades, en su esfuerzo y en su capacidad.  Hay sociedades en las cuales la laboriosidad se ve premiada, las virtudes sociales y económicas tienen su recompensa y el futuro se ve promisorio.   El horizonte no asusta, los años de preparación rinden fruto y la gente disfruta el producto de su esfuerzo.

¿Cómo anda Costa Rica al respecto?  ¿Es una sociedad abierta o está cerrada?

La pregunta tiene una respuesta compleja.  Es cierto que la gente con mayor escolaridad, en general, tiene acceso a las mejores remuneraciones.  Pero, por otro lado, no es necesariamente en mercado abierto sino en “puestos” de trabajo en instituciones. 

Es un hecho que tenemos un Estado caro, inútil, deficitario, ineficiente y redundante.  Ello tiene un efecto negativo en el resto de la sociedad:  el Estado no cumple con las prestaciones a que está obligado, la infraestructura pública es mala y poco apropiada, la gestión pública es cara y poco eficiente, los servicios públicos no son oportunos ni cumplen siquiera con los parámetros de la propia Ley General de la Administración Pública, la responsabilidad del funcionario pública no es exigida por los juzgadores, las gollerías y privilegios son constantes y la presión por más ingresos públicos es permanente.  El Estado ha olvidado la buena gestión, echa a perder las instituciones, degrada los servicios, es moroso con sus obligaciones y no garantiza lo elemental. 

Ello tiene efectos reales en la sociedad, pues además, para colmo, el funcionario tiende a justificarse en la tramitomanía patológica (que constituye una barrera para las oportunidades y creación de empleo), en el sobrecosto de algunos servicios (seguros públicos, energía y prestaciones en general) y en la respuesta a los requerimientos ciudadanos (permisos, trámites, autorizaciones, inspecciones, diligencias).

Obviamente, ello significa que quien quiere hacer, emprender, trabajar, gestionar y cualesquiera otra actividad similar, requiere de mucho tiempo en gestiones, tramitología, permisología y demás fauna.  Algunos requisitos son de antología, tales como exigir inscripción de sociedades y otros requisitos sin tener certeza de cómo evolucionará la gestión (luego quedan costos excesivos sin garantía de llegar a la meta).    No sale adelante quien quiere sino quien puede.  El favor público es decisivo.   Pero muchas posibilidades son únicamente para quienes tienen fortuna y no para quien tiene ideas e impulso. 

Por supuesto que no se trata de una sociedad abierta.  Es tierra de oportunidades para el clientelismo político, para la corrupción, para el partido político, pero no para quien quiere desempeñarse en mercado abierto, sin colusión con el gobierno y sin distorsiones.   

Poco a poco, nos vamos pareciendo a aquella “Granja de los Animales” de Georges Orwell, en la cual “unos son más iguales que otros”. 

Para pensar, ¿verdad?

Federico Malavassi Calvo

jueves, 21 de marzo de 2013

Jumanji empresarial: enfrentar la realidad Ya (Parte II)

Una medicina para la recesión que se ha probado con frecuencia es un incremento en el gasto gubernamental financiado por déficit; medicina aplicada sin prudencia por el gobierno de Oscar Arias Sanchez, en la administración pasada. Pero sugerir el gasto financiado por déficit como una contramedida a un malestar económico se basa en el supuesto de que el problema es una demanda insuficiente, o sea que la actividad económica ha decaído como respuesta al poco consumo o a una demanda total insuficiente. Aceptar este supuesto es confundir el síntoma con la causa.

Es cierto que se cierran empresas y los trabajadores se quedan sin empleo porque no pudieron encontrar suficientes compradores para su producción. Pero este estado de cosas se debe a su vez al hecho de que su producto era inconsistente con las preferencias de los consumidores. Dicho en palabras simples, las firmas eventualmente encontraron demanda insuficiente porque fueron animadas por las distorsiones monetarias a producir bienes que los consumidores no querían lo suficiente como para pagar un precio rentable por ellos. Como corolario, los trabajadores empleados en la producción de esos bienes no queridos o no vendibles encontrarán que sus servicios tampoco son vendibles, lo que da como resultado su desempleo. El problema subyacente es esencialmente una distorsión en el patrón de precios relativos (Hayek 1979, p. 8). Queda claro entonces que impulsar el consumo mediante gasto deficitario no resuelve el verdadero problema – mala asignación de recursos– y de hecho puede empeorarlo. Después de todo, el gasto gubernamental no está sujeto a la disciplina del mercado. Es poco probable que un gobierno presionado a gastar para sacar a la economía de la recesión preste mucha atención a los análisis de costos y beneficios, dejando que los contribuyentes y los compradores de bonos paguen la factura por aburridos proyectos exagerados en cuanto a sus beneficios, por los políticos de turno. Además, el gasto deficitario desplaza la inversión y el ahorro privados y los reemplaza por consumo derrochador. Esto cambia la mezcla de ahorro y consumo hacia el consumo, lo opuesto del ajuste necesario, prolongando así la recesión e inhibiendo la recuperación (Rothbard 2000 [1982], p. 20).

Del mismo estilo que el gasto deficitario existe la política de bajar los impuestos. Lo interesante es que ésta puede ser una política efectiva, en un caso de hacer lo correcto por las razones equivocadas. De nuevo aquí el supuesto es que el problema es una demanda insuficiente, y “poner más dinero en los bolsillos de la gente” reduciendo las tasas tributarias o creando créditos tributarios especiales remediará ese problema al estimular el gasto de consumo. Es probable que se produzca ese estímulo, pero lo mismo que la anterior, no es una solución, pues se ha identificado mal el problema. El gasto adicional resultante de una reducción de los impuestos, al igual que el gasto deficitario, no hace nada para corregir el patrón de mala inversión que generó la recesión en primer lugar. Sin embargo, si la reducción de impuestos fuese estructurada para promover ahorro, inversión y producción, puede ayudar a acelerar el proceso de recuperación. Sin embargo, se debe tener en cuenta que una reducción en los impuestos tiene el potencial de incrementar el crecimiento, sin importar cuál etapa del ciclo de negocios celebra su llegada. Es también importante reconocer que si la reducción en los impuestos no viene acompañada de la reducción correspondiente en el gasto, los posibles efectos negativos de los déficits gubernamentales pueden borrar los efectos directos positivos de las reducciones. El plan más seguro y efectivo sería entonces bajar el gasto junto con los impuestos, liberando más recursos para ser usados por el sector privado, sin conjurar el espectro de los déficits.

Andrés Pozuelo Arce

lunes, 9 de enero de 2012

Tema polémico: lo que Costa Rica necesita




El día de ayer aparece publicada la noticia de que una cadena de comida rápida se sumará más a la competencia en el mercado nacional. En estos difíciles momentos económicos que nos agobian no puede más que alegrarnos esta nueva inversión.

Precisamente este es el camino que deberían buscar nuestras autoridades en el 2012: facilitar la inversión nacional y extranjera y dejar de una vez por todas la idea de que este país se va a desarrollar a punta de más impuestos. La inversión crea nuevas fuentes de empleo, mayor consumo y con todo ello más tributos. Por eso el reto permanente de este país seguirá siendo crear una agenda de competitividad que permita al sector productivo desarrollarse y crecer.

Llama la atención cómo este mercado de las comidas rápidas ha ido creciendo a lo largo de estos años. Cada vez son más las empresas que ingresan al mercado así como los locales que abren empresas consolidadas desde hace años. Esperamos que no aparezca algún ingeniero social que se le ocurra crear la SUCOR (Superintendencia de Comidas Rápidas), en donde una serie de expertos definan cuántas empresas pueden operar en el mercado, bajo qué requisitos y bajo queé formas (tal y como ha pasado lamentablemente con el mercado de las telecomunicaciones), o que aparezcan absurdos debates que quieran restringir el acceso a este tipo de comidas como ha ocurrido en los últimos años en Estados Unidos.

Lo que requerimos los costarricenses, son más opciones, más empresas, más libertad, más fuentes de empleo y más inversión, no un estado que asfixie los planes individuales con más regulaciones e impuestos y que pretenda cuidar a los gobernados de ellos mismos. Esperamos que el 2012 este lleno de noticias como estas y no como el 2011, en donde los medios de comunicación nacional se vieron bombardeados por las pésimas ideas de políticas públicas de este gobierno.

lunes, 2 de noviembre de 2009

Tema polémico: el alza en el desempleo


La nueva Encuesta de Hogares nos trae malas –pero esperadas– noticias:el desempleo ha aumentado en el último año. Mientras que en el 2008, el desempleo afectaba al 4.9% del total de la fuerza de trabajo, este año la cifra se disparó a un 7.8%. Por supuesto que la crisis internacional ha sido un factor relevante para dicho aumento, pero no el único. Aunque el Gobierno procure lavarse las manos, atribuyendo dicho crecimiento en el desempleo a causas exógenas, lo cierto es que en ASOJOD creemos que el statu quo en Costa Rica también es responsable de la situación, en particular, al obstaculizar el clima para hacer negocios y el emprendedurismo. Por ello, queremos aprovechar este Tema polémico para presentar presentar algunas propuestas que servirían a impulsar dichos rubros y, por tanto, generar mejores condiciones de vida en nuestro país.

En primer lugar, como lo hemos venido diciendo en anteriores ocasiones, la inseguridad ciudadana desincentiva la inversión en el país, tanto de empresas nacionales como extranjeras. Nadie va a querer arriesgar su capital si no hay garantías en el cumplimiento de la ley y en la protección de la propiedad privada.

En segundo lugar, hay que tener una política económica sensata. Las empresas tampoco van a invertir si existe una irresponsable emisión de moneda que cree inflación y aumente periódicamente sus costos y disminuya sus ganancias. Asimismo, se debe iniciar el camino a la dolarización, no sólo como mecanismo para impedir al Banco Central manejar la oferta monetaria, sino también, para compatibilizar las transacciones, pues gran parte de ellas ya se hacen en dólares (alquileres, precios de casas, carros, servicios, etc.) pero las personas ganan en colones.

Como bien se sabe, la inflación es el más cruel de los impuestos, ya que afecta más fuertemente a los trabajadores, que ven con cada día que pasa, reducido el poder adquisitivo de sus salarios. Además la inflación afecta la posibilidad de adquirir créditos a tasas bajas y por periodos de tiempo extendidos, dificultando la ampliación o creación de negocios existentes.

A la par de esto, es necesario consolidar la apertura en servicios como telecomunicaciones, electricidad, suministro de agua y seguros, pues los precios y calidad actuales no permiten la competitividad de las empresas instaladas en suelo costarricense. Al mismo tiempo, con la ruptura de monopolios y la eliminación de barreras a la libre competencia, tanto los usuarios empresariales como residenciales, se beneficiarán obteniendo mejor calidad y a un menor costo, con diferentes opciones a donde escoger, de acuerdo con sus necesidades y preferencias.

En el mismo orden de ideas, hay que convertir a Costa Rica en una gran zona franca, dando un trato igualitario a todas las empresas como una forma de respeto al principio de igualdad ante la ley y Estado de Derecho básico, con el fin de abolir privilegios mercantilistas y aumentar la competitividad del país, para poder atraer más empresas y potenciar a las fundadas acá. Junto con esto, se requiere una apertura más agresiva al mercado internacional, tanto mediante la eliminación unilateral de aranceles para facilitar la importación, como por medio de la negociación con otras naciones para conseguir una entrada más beneficiosa de las exportaciones. Pero, sin dejar de lado, que la apertura comercial no debe limitarse únicamente a bienes y servicios, sino que también debe incluir libertad de movilización de capitales y fuerza de trabajo.

De igual forma, el tema fiscal se erige como fundamental para facilitar la creación e instalación de empresas. No es lo mismo tener que pagar un alto porcentaje en impuestos que una tasa más competitiva, como lo han demostrado Irlanda, República Checa, Singapur, entre otros. De ahí que se torne necesario avanzar hacia una simplificación y reducción de las tasas impositivas mediante el establecimiento de un flat tax bajo, generando con ello un clima favorable para el empresario y evitando la evasión fiscal, pero en especial, salvaguardando la propiedad privada de los individuos que, día a día, producen riqueza.

En cuanto al tema de trámites, es fundamental eliminar gran cantidad de trámites, permisos, licencias, etc. que sólo desincentivan la inversión y el emprendedurismo y, al mismo tiempo, son terreno fértil para la corrupción. No puede tolerarse que, en nuestro país, se tarde más de 150 días para montar un negocio y que, con este tipo de prácticas, se limite la oportunidad a cientos de personas que quieren empezar su emprendimiento o desean invertir sus recursos en actividades productivas.

Respecto a la parte laboral, hay que reconocer que la rigidez anticuada del Código de Trabajo debe de ser reformada, toda vez que vivimos en un mundo dinámico y cambiante que requiere que, tanto patrones como trabajadores, tengan la posibilidad de establecer las condiciones laborales que mejor se adapten a sus situaciones particulares, especialmente garantizando la libre contratación y despido, así como la libre movilidad laboral, acuerdos en que sólo deben intervenir las partes y no el Estado.

Como puede observarse, es mucho lo que hay que hacer y todavía faltaría detallar más propuestas. Pero son quizá estas las más importantes y las que mayor impacto tendrían si se quiere atacar el problema del desempleo. No es contratando gente para que caven huecos y luego los tapen (típica política keynesiana) que se resuelve este asunto; es eliminando la intervención del Estado y las grandes trabas que hoy afectan a los empresarios y consumidores, que la situación puede mejorar.

miércoles, 5 de agosto de 2009

Más inversión


La endemoniada inversión extranjera ha vuelto a hacer de las suyas. El día de ayer la firma ORACLE inauguró un nuevo edificio por la suma de 600 millones de colones, en el cual se da trabajo a 150 personas.

A pesar de lo que muchos "intelectuales" nos quieren vender, este es el único camino para salir adelante. La inversión, la creación de empleo, la reducción de aranceles, la apertura de mercados, la competitividad, son la mejor ruta para alcanzar el progreso. La retórica demagógica en la que muchos nos quieren sumergir simplemente terminará ahogándonos.

jueves, 30 de julio de 2009

Lincoln Plaza


Al parecer el proyecto de desarrollar un nuevo Mall en donde se encontraba la Lincoln anteriormente sigue avanzando. En ASOJOD esperamos que este tipo de proyectos que invierten y crean nuevos empleos, sigan desarrollándose.

sábado, 18 de julio de 2009

¡Trabajo!


Se estima que la apertura del sector de telecomunicaciones logre duplicar la cantidad de empleos que existen hoy en día en este sector. Así las cosas, se pasaría de 15mil puestos de trabajo que existen en la actualidad a unos 30mil puestos en el plazo de 5 años.

¿Qué dirán nuestros amigos del NO? ¿Cómo explican esto? ¿Cómo explican que ninguna de sus promesas apocalípticas se haya cumplido? ¿Por qué los gringos no se han llevado el agua aún, por qué la Isla del Coco sigue siendo nuestra, por qué no se modificaron nuestros límites territoriales, dónde está el tan cacareado comercio de órganos o el desecho nuclear que se iba a instaurar en CR?

Aquí en ASOJOD no hemos olvidado todas estas mentiras y cinismo

lunes, 6 de julio de 2009

Liberalismo Aplicado: La creación de empleos y la política gubernamental


Antes de la Gran Depresión en los treinta, la noción de que el gobierno debe hacerse responsable por generar empleos hubiera parecido absurda. Sin embargo, hoy en día escuchamos frecuentemente a los aspirantes de políticos declarar que su objetivo económico número uno es incrementar el empleo.

La justificación intelectual para ajustar las políticas presupuestaria y monetaria del gobierno hacia afinar la economía (y, en particular, hacia generar más empleo) fue provista por John Maynard Keynes (1936) en La Teoría General del Empleo, Interés y Dinero. Este libro, que sirve de punto de referencia, sentó las bases para la doctrina económica que dominó las políticas macroeconómicas por varias décadas después de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, desde mediados de los treinta, la visión dominante de los tomadores de decisiones económicas había sido la de que el mercado fracasa en generar oportunidades de empleo adecuadas. En esta visión subyace el apoyo a los programas gubernamentales para "crear empleos."

Me recuerdo de la historia que un empresario me contó hace unos pocos años. Mientras realizaba una gira en China, se topó con un grupo de aproximadamente 100 trabajadores que construían una represa de tierra con palas. El comerciante le comentó a una autoridad local que, con una máquina removedora de tierra, un solo trabajador podría construir la represa en una tarde. La curiosa respuesta del oficial fue, "Sí, pero imagínese todo el desempleo que eso crearía." "Oh", dijo el empresario, "yo pensé que Ustedes estaban construyendo una represa. Si son trabajos lo que Ustedes quieren crear, entonces ¡quíteles las palas y deles cucharas!"

En la última década de este siglo, esa manera de pensar sobre el papel del gobierno—que viene de la época de la Depresión—está desapareciendo. En el siglo XXI, generar empleos ya no es visto como el principal objetivo de la política gubernamental; promover un ambiente de creación de la riqueza sí lo será.


Generar Empleo Versus Crear Riqueza

El trabajo es el medio necesario de alcanzar riqueza: para ser consumidores, debemos también ser productores. Cualquiera que sean las buenas intenciones, cuando el gobierno se aparta de su enfoque de crear riqueza y pretende generar empleo, inevitablemente amenaza con disminuir el nivel de vida. Una política gubernamental exitosa que aumente la riqueza debería simultáneamente reducir la carga de trabajo que pesa sobre la fuerza laboral. Eso no significa que la gente necesitará compartir trabajos, tomar trabajos mal pagados o convertirse en desempleados. La creación de riqueza ocurre conforme el componente "muscular" del empleo disminuye y el componente "cerebral" aumenta.

El historial laboral de los países industrializados en el último siglo es claro. En Estados Unidos, por ejemplo, la semana laboral promedio se ha reducido en más de un 40% en los últimos 100 años. Entre los beneficios de la acumulación de riqueza se encuentra el aumento en el ocio que ésta puede costear. Países sumamente pobres se caracterizan típicamente por gente que trabaja desde la madrugada. Hacerlo de otra manera sería desastroso. Cuando uno encuentra naciones empobrecidas con altas tasas de desempleo, uno también encuentra sistemas político-económicos que desincentivan ampliamente la creación y acumulación de la riqueza.

La distinción entre crear riqueza y generar "empleo" puede ser ilustrada por una economía que ha sufrido un desastre natural catastrófico. Una característica bien conocida de la economía de mercado es que en las postrimerías de un desastre, como un huracán o terremoto, el empleo y la producción tienden a aumentar. Una conclusión podría ser que la economía de mercado rutinariamente acumula servicios laborales sin uso que son agradecidamente llamados al servicio por las nuevas demandas de construir casas, carreteras, y todas las otras inversiones que fueron dañadas o destruidas. Pero es claro que la sociedad no está mejor porque la gente está trabajando jornadas más arduas y largas. Una conclusión más razonada es que estos desastres naturales son destructores de riqueza—y generadores de empleo en el sentido que los dueños de casas y empresarios deben ahora esforzarse más para recuperarse de sus pérdidas. Dudo que éste sea el tipo de programa de "generación de empleos" que los votantes tenían en mente cuando depositaron su voto, aunque sospecho que muchos programas gubernamentales "de empleo" operan muy parecido a los programas de reconstrucción post-desastre.


El Gobierno y la Preservación de Empleos

Dada la importancia que los políticos usualmente le asignan a la tarea de generar empleo para la gente, es sorprendente descubrir lo poco que saben sobre la naturaleza de la generación de empleos en una economía de mercado. Estudios del historial estadounidense no muestran ningún factor identificable y sistemático relacionado con región, salarios, tamaño del empleador, intensidad del capital y de la energía, o competencia externa que sea responsable por una parte significativa de los tipos o números de trabajos creados o destruidos en una economía.

Ya que los tomadores de decisiones no cuentan con un panorama claro de hacia dónde van a ser dirigidas las energías empresariales en el futuro, es imposible para ellos predecir dónde debería tomar lugar la creación de empleos. Por ejemplo, hace dos o tres años, ¿quién hubiera predicho, ni que decir planeado, que una cantidad rápidamente creciente de gente estaría diseñando sitios de Internet? No es sorprendente, entonces, que las políticas gubernamentales que pretenden dirigir el flujo de los talentos empresariales en un esfuerzo por promover "buenos" empleos, y presumiblemente desincentivar trabajos "malos", tendrá efectos inciertos y potencialmente negativos en la prosperidad económica.

Las políticas de empleo dirigidas por el gobierno engendran grupos de presión que inevitablemente disminuyen la eficiencia de los mercados en asignar los escasos recursos. Estas políticas tienden a persistir más allá de cualquier punto deseable e inhiben un antecedente necesario a la generación de trabajos: la destrucción de trabajos. En Estados Unidos, los sectores e industrias que cuentan con las tasas más altas de trabajos generados son generalmente los que poseen la mayor cantidad de trabajos destruidos. Igualmente, los países con las tasas más altas de generación de empleos también tienden a tener las tasas más altas de destrucción de empleos (Davis, Haltiwanger, y Schuh 1996: Tabla 3.1).

En las economías modernas, ¿podemos concebir alguna generación de puestos de trabajo que no sea precedida por la destrucción de otros puestos menos eficientes, y por lo tanto menos prósperos? De hecho, ¿podemos concebir algún avance importante que no haga obsoleto alguna otra forma menos eficiente de producir las cosas?

Yo pertenezco a la generación que todavía puede operar una regla de cálculo—sin que pueda precisar claramente con qué propósito. Pero esta tecnología ha sido necesariamente suplantada por la invención de las calculadoras electrónicas, e incluso hoy en día las computadoras personales de miniatura están haciendo obsoletas a las calculadoras. Esta es la naturaleza del progreso—hacer obsoleta a la tecnología antigua. La innovación es el proceso de "destruir creativamente" el orden preexistente.[1]

Dada su visión imperfecta, los programas de empleo gubernamentales son casi en todas partes políticas de protección de empleos, los cuales por extensión tienden a inhibir la creación de nueva tecnología que aumente la riqueza. Los estancados mercados laborales de Europa son un resultado directo de las leyes y regulaciones laborales diseñadas para proteger los trabajos existentes, aún bajo el costo social de desincentivar la formación de capital nuevo y, por lo tanto, de la creación de riqueza.


Fronteras, Prosperidad y Libertad de Capital

Los dos lados de una frontera política ilustran lo que un gobierno puede y no puede lograr. Quizás la interrogante crítica de un tomador de decisiones económicas es por qué la prosperidad económica varía tan ampliamente a lo largo de una frontera imaginaria. ¿Cuál es la importancia económica de las fronteras que separan a la prosperidad de un lado y a la pobreza del otro?

En términos más simples, sólo pueden haber dos razones para que existan diferentes niveles en el ingreso per capita: 1) diferentes niveles de recursos ó 2) diferencias en la asignación de los recursos, ya sea sobre cómo son empleados los recursos o cuántos de los recursos son empleados. Además, estas dos fuentes de prosperidad económica son interdependientes: la forma cómo una nación decide asignar sus recursos determinará últimamente cuántos recursos tiene que asignar.

Las fronteras usualmente marcan diferentes grados de fertilidad del capital—los incentivos que promueven la propagación del nuevo capital que le permite a las regiones ricas alcanzar y mantener niveles de vida altos. El mundo industrializado no fue dotado de todos los recursos que posee; la mayoría fueron creados por el esfuerzo empresarial dentro de un sistema político-económico adecuado. El esfuerzo empresarial no es manufacturado por ingenieros sociales, sino que echa raíces naturales en una superficie económica libre de contaminaciones de intervención política.


El Papel del Gobierno en la Economía

El papel del gobierno en la economía fue establecido hace una década en el maravilloso ensayo La Pobreza de las Naciones escrito por el difunto economista Karl Brunner en 1985. Una persona en una economía puede utilizar los recursos únicamente en uno de cuatro esfuerzos básicos posibles: puede producir, comerciar, influir el proceso político para redirigir una mayor cantidad de recursos en beneficio propio, o protegerse contra los esfuerzos redistribucionistas de otros.

En los primeros dos usos—producción y comercio—el bienestar total generado por la economía aumenta. En el lenguaje de los economistas, estas actividades representan una suma positiva (una situación gana-gana). Sin embargo, los dos últimos esfuerzos—redirigir el flujo de los recursos y protegerse contra los esfuerzos de otros que buscan distribuir la riqueza—son un juego suma cero, o incluso, uno de suma negativa. No añaden ningún valor, desperdician tiempo y esfuerzo, y por lo tanto generan un nivel de vida más bajo para la gente conforme los recursos son desviados de la producción y el comercio. Las instituciones gubernamentales—leyes, reglas, regulaciones, y el sistema judicial—influencian las decisiones privadas de asignar recursos entre estos usos.

La influencia del gobierno como ente distribuidor de la riqueza es bien conocida. La distribución de la riqueza gubernamental mediante impuestos explícitos o implícitos disminuye el incentivo para generar y acumular riqueza, y por lo tanto reduce el poder productivo potencial del sistema económico. Pero los gobiernos también pueden promover la producción y el comercio, ya que son los que asignan y protegen los derechos de propiedad, y hacen cumplir los contratos privados. Estas son actividades que aumentan la riqueza y que ayudan a que la capacidad productiva de una economía florezca. Por lo tanto, los gobiernos tienen dos modos contradictorios y coexistentes: "el modo protector" y "el modo distributivo."

Dichos modos sugieren por qué los límites arbitrarios a lo largo de las fronteras políticas generalmente muestran prosperidad divergente. Las mismas son las fronteras de una autoridad gubernamental y, como tales, marcan los diferentes grados de los modos protector y distributivo.

Ambos papeles pueden influenciar negativamente el panorama económico de una nación: muy poco poder protector o demasiado esfuerzo distributivo inhibe la creación y retención de riqueza y retarda las fuerzas equilibrantes que intentan proveer un nivel de vida comparable al de los países vecinos.

Ahora que ya no existen los alambrados muros de concreto que separaban a las economías de Europa Occidental y Oriental, podemos esperar ver una disminución en la brecha de riqueza que existe entre las dos regiones. Sin embargo, hasta que una infraestructura legislativa y judicial que aumente el modo protector del gobierno haya sido construida en los países del antiguo bloque comunista, la brecha en el bienestar económico no será cerrada.

Una precondición necesaria para la acumulación de capital es la protección de los derechos de propiedad. Los países que logran los progresos más rápidos en adoptar las prácticas legales, financieras y de contabilidad de Occidente pasarán a disfrutar una nueva era de prosperidad para sus economías. De igual forma, hasta que el modo distributivo de muchas de las economías de Europa Occidental sean sustancialmente reducidos, el estancamiento en sus niveles de vida muy probablemente persistirá.

La habilidad de los gobiernos de influenciar la creación de riqueza ha sido documentada en un estudio reciente producido por un consorcio de institutos de investigación en Canadá, México y Estados Unidos (Gwartney, Lawson, y Block 1996). El estudio pretendía medir, de una forma metodológica, el grado de libertad económica en cada uno de los países estudiados. La conclusión a la que se llegó luego de examinar más de 100 países a lo largo de un lapso de 20 años fue que los gobiernos con un fuerte compromiso con la libertad económica—incluyendo la libertad de intercambio y la protección de la propiedad privada—tendían a tener un crecimiento más rápido y a ser más ricos. No había país con una calificación de libertad económica persistentemente alta que fracasara en alcanzar un nivel de ingreso alto. Además, todos los 17 países donde las calificaciones de libertad económica habían mejorado gozaban de tasas de crecimiento positivas y generalmente fuertes, mientras que los países donde la libertad económica había declinado registraron disminuciones en los índices de riqueza per capita.


Un Papel de Creación de la Riqueza para la Política Monetaria

Existe la presunción de que la política monetaria en las democracias industriales tiene dos objetivos: 1) promover la estabilidad de los precios y 2) promover el crecimiento del empleo. Aunque muchos sostienen que ambos objetivos están en conflicto, yo estoy en desacuerdo. Es falso concluir que existe un canje entre estabilidad de precios y la creación de puestos de trabajo. Tal percepción presenta a los proponentes de un sistema monetario estable como si se opusieran a la creación de empleos. Por el contrario, al proteger el poder adquisitivo del dinero de un país—y por lo tanto proteger los derechos de propiedad de las empresas privadas que utilizan el dinero provisto públicamente—el banco central promueve la creación y acumulación de riqueza.

La alternativa—permitir que el poder adquisitivo del estándar monetario de un país se deteriore conforme pasa el tiempo—desvía los recursos de actividades que generan riqueza hacia esfuerzos para proteger la riqueza existente de los estragos de la inflación y las devaluaciones de la moneda. Si los efectos distributivos se hacen lo suficientemente grandes—es decir, si la inflación es extremadamente alta—la gente abandonará el estándar monetario doméstico y lo reemplazará con uno que es fijado fuera del país.

Por ejemplo, la proporción de la moneda estadounidense que la gente posee fuera del país ha estado aumentando rápidamente, de tal forma que hoy en día más de dos tercios está en manos de residentes no estadounidenses. En los ochenta, Latinoamérica poseía el grueso de la moneda estadounidense nueva, ya que en esta región el dólar es comúnmente utilizado para llevar a cabo transacciones ordinarias y de bienes raíces. Desde la caída del Muro de Berlín a finales de 1989, los flujos monetarios en Europa del Este y las antiguas repúblicas soviéticas han crecido enormemente conforme el dólar es más aceptado como medio de intercambio en estas economías de mercado emergentes. De hecho, en 1994, las transferencias de moneda estadounidense hacia Rusia representaron más del 50% de todos los movimientos monetarios externos. En 1995 se reportó que los embarques brutos de moneda estadounidense a Rusia eran de hasta $100 millones por día comercial (Porter y Judson 1995).

La razón a favor de un sistema monetario competitivo en Rusia está clara: Para ganar ingresos producto del señoraje, el banco central ruso imprime rublos rápidamente, desvalorizando a la moneda doméstica. Entonces, el impuesto inflacionario implícito sobre las transacciones de rublos proveyeron el incentivo para que los ciudadanos rusos utilicen una moneda más estable—el dólar estadounidense.

Cuando vemos al dinero como un bien público que facilita la operación de los mercados, empezamos a ver que un estándar monetario estable no tiene que oponerse a la creación de puestos de trabajo, sino que favorece la creación de riqueza. Este es el entendimiento alcanzado en una amplia variedad de economías de mercado alrededor del mundo. En años recientes, muchas naciones han adoptado como único objetivo del banco central alcanzar una inflación baja o de cero. En gran medida, dichos gobiernos se han desencantado con el papel de la autoridad monetaria de afinar y ajustar la economía. En casi todos los ejemplos, las consecuencias no deseadas de las desacertadas "políticas de estabilización contracíclica" de corto plazo consistieron en la inestabilidad del poder adquisitivo del dinero, el empeoramiento de las fluctuaciones en la actividad comercial, y la erosión de la riqueza.

La evidencia del efecto negativo de la inflación sobre la creación de la riqueza es incompleta, pero existen pocas dudas de que dicho efecto es cada día más reconocido. Por ejemplo, un estudio reciente del Bank of England reportó que un aumento del 10% en la inflación promedio reduce la tasa de crecimiento del ingreso per capita real en cerca de un cuarto de un punto porcentual y disminuye la proporción de inversión con respecto al PIB (Barro 1995). Estos resultados implican que a largo plazo la inflación puede tener un efecto significativo en el nivel de vida de un país. Esta conclusión es consistente con el trabajo realizado por economistas de la Reserva Federal quienes concluyeron que existe "una correlación negativa entre la inflación y el crecimiento de la productividad durante el período posterior a la Guerra de Corea en Estados Unidos" (Rudebusch y Wilcox 1994).

Los economistas debatirán los detalles sobre cuál es la mejor manera de implementar un objetivo de estabilidad de precios para los bancos centrales. De hecho, dichos debates han tomado lugar en Estados Unidos durante muchos años, así como alrededor del mundo. Pero hay un elemento esencial de este objetivo: los gobiernos deben abandonar la noción de que los inestables sistemas de pago inflacionarios representan estrategias de creación de riqueza (y de empleos) útiles. El historial en este punto es claro. Para alcanzar el mayor nivel de vida, el banco central debe proveer los mejores incentivos para la creación y acumulación de la riqueza. Eso, sobre todo lo demás, significa que debe proveer un sistema monetario estable.

Jerry L. Jordan