La columna de Carlos Federico Smith: el mísero estatismo

Cuando en un mercado una empresa fracasa en servir a sus consumidores, cierra sus actividades y así los recursos aún rescatables, pueden ser usados en producir otra cosa. El cierre es la mejor indicación de que los recursos productivos usados en ella no eran lo que los consumidores deseaban: no se cumplía con el objetivo esencial de una economía de satisfacer los deseos y necesidades humanas. Lo bueno del sistema de mercado es que dispone de un mecanismo que impide la ineficiencia, al producirse algo que los consumidores no quieren: las pérdidas son señal de que la sociedad no valora que esos recursos se destinen a producir algo que no se desea.

Ha de ser evidente para el amigo lector, que no hay tal cosa como una forma eficiente de asignar los recursos escasos en una economía estatizada. Suele haber empresas públicas que tienen pérdidas y nunca cierran, impidiendo que los recursos allí utilizados se usen en alguna otra opción rentable.  En las sociedades estatistas es extraño que una empresa estatal cierre ante una actividad permanentemente de pérdidas. Parece que, una vez creada, la empresa estatal tiene un destino eterno; una vida interminable; una existencia imperecedera; que usual es la permanencia aunque sea innecesaria; el cierre es impensable, no importando que siga usando recursos en actividades que los consumidores no desean.

Desde hace muchos, pero muchos años -tal vez en la mitad de la década de los ochentas, cuando el proteccionismo estatistas llegó a su límite- el Consejo Nacional de Producción, creado tal vez unos cuarenta años antes, cesó en su razón de ser. Para ponerlo en sencillo, era el encargado de una serie de políticas de precios de ciertos bienes que el estado consideraba importantes -aunque no necesariamente los consumidores- para, por una parte, mediante la fijación de precios máximos, favorecer a consumidores “pobres” y, por la otra, para favorecer a productores (pobres o ricos) mediante un precio mínimo de garantía, al cual el estado compraba la producción.

El resultado lógico económico fue el esperado: una producción excesiva por el precio de sustentación más elevado que el precio de equilibrio del mercado y una venta a consumidores supuestamente mayor que aquella al menor precio de equilibrio del mercado.  Pero, todo esto ocasionaba enormes pérdidas al Consejo Nacional de Producción, que en última instancia serían cubiertas por tributos de los ciudadanos. Incluso, cuando se trató de vender aquellos excedentes en mercados internacionales, el precio al que allí se podía vender era muy inferior a lo que costaba en el país: en síntesis: las exportaciones generaron enromes pérdidas al país. 

Lo previo es un resumen, para entender qué fue lo que los brillantes políticos hicieron a través del tiempo, para conservar con vida al monstruo económico que habían creado. En su momento, los precios se liberaron, no escaseó a producción, aunque si escasearon los chorizos al obligadamente el estado tener que pagar más caro por lo que se producía domésticamente. Se eliminaron las pérdidas por los subsidios señalados

Pero, en vez de cerrar a un CNP sin objetivos (a la vez deshaciéndose de un cuasi monopolio que tenía como era la Fábrica Nacional de Licores), se le tenía que buscar un brete: que hiciera lo que fuera, con tal de mantener con vida a la burocrática entidad. Así, se obligó a distintos entes del estado -algunos dedicados a la atención de enfermos en hospitales, otros a presos en las cárceles quienes requieren de alimentación y muchos para dar alimento a estudiantes de bajos recursos- a adquirir únicamente por medio del CNP lo que requerían para esos fines -siempre con el viejo pretexto de ayudar a los agricultores “pobres”; la “justicia social- por supuesto que teniéndose que pagar más por esos productos, con atrasos en las entregas, la intermediación burocrática del estado, la mala calidad de los productos y hasta un cobro ineficiente. 

El colmo del cinismo público: obligar a entes estatales a pagar más para dar alimentación a quienes obligadamente deben dársela, todo con el fin exclusivo de mantener con vida un ente que ya no tenía razón alguna para existir.

Esto no es algo reciente: conocí del caso desde fines de la década de los noventas, cuando el CNP pretendía obligar al Hospital Nacional de Niños para que le comprara alimentos más caros para los niños, únicamente -con el nuevo monopolista intermediario- a través del CNP. En su momento no se dejó que el monopolio del CNP tuviera éxito, pero ahora me doy cuenta por la prensa, que la decisión libre, correcta, sana, económica, competitiva que en aquel entonces en algún momento pudo ejercer el Hospital de Niños -gracias a una decisión de la Contraloría- para seguir comprando los alimentos más baratos entre diferentes cotizaciones de oferentes, no continúa. Por el contrario, señala la información periodística que, en 4 años, la Contraloría “ha recibido 65 solicitudes” para que se permita a centros educativos, contratar a otro proveedor distinto del CNP, “y la mayoría han sido denegadas en virtud del mandato establecido por una reforma del 2008 en el artículo 9 de la Ley Orgánica del Consejo.”

Eso a todas luces da vergüenza, es doloroso y hasta corrupto, pues se ha impuesto un monopolio en la adquisición de alimentos a un grupo socialmente muy necesario, probablemente con el interés único de que siga existiendo lo que debe de desaparecer, que ahora se mantiene gracias a costos mayores pagados por todos los ciudadanos. En el 2017 tan sólo las ventas del CNP al Ministerio de Educación Pública (MEP) fueron de ₡13.000 millones y “en los últimos tres años el MEP ha recibido 172 denuncias de centros educativos sobre la calidad, atrasos, precios y servicios en general del CNP”. La comisión del CNP oscila entre un 5% y un 7% de cada producto que venda.

La información correspondiente aparece en La Nación del 6 de junio bajo el titular “Ley exige a escuelas comprar alimentos más caros al CNP: Normativa del 2008 afecta a 1.200 centros educativos”, así como en la valiosa respuesta que da el señor José Manuel Jiménez en La Nación del 26 de junio, titulada “Escuelas sí pagan más caro al CNP.” Espero que los ciudadanos no sólo defiendan a estos consumidores cautivos -escuelas, cárceles, hospitales- para que no se vean obligados a pagar más caro y con menor calidad. Ese monopolio no es más que una vil treta para mantener vigente una entidad estatal que debería estar en el basurero de la historia. 

La vulgaridad con esta política la resume en el hecho de que, de acuerdo con don Rubén Salas, director del CTP de Orotina, “El precio se encarece por tres o cuatro manos antes de llegar al plato de los niños; los productos son más caros que comprarlos en el mercado, ya que el CNP, desde el 2014, es el intermediario entre nosotros y los proveedores. Para completar el menú, algunas veces se les pide colaboración a los alumnos, ellos aportan entre ₡200 y ₡500.” Leer esto da vergüenza y causa dolor por el cinismo que hay detrás de ciertas políticas públicas.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: abusos en la Convención Colectiva del CNP

Cada rato sale a la luz pública un nuevo listado de abusos contenidos en convenciones laborales del sector público.  Hace poco el medio electrónico Crhoy.com del 5 de abril de este año, publicó un artículo titulado “CNP festina recursos públicos con privilegios a empleados: Convención colectiva incluye normas abusivas,” en donde desnuda algunas de las cláusulas contenidas en la convención colectiva de ese imperecedero ente público, pesar de que hace muy poca cosa.

Pero veamos algunas de ellas, que me parece apropiado resumirlas en tres temas:

(1) PRIVILEGIOS PARA EL SINDICATO DEL CNP

El CNP otorgará el salario a tiempo completo del Secretario General y el del Adjunto para que se dediquen exclusivamente a labores sindicales. También, brinda de manera discrecional a miembros de la Junta Directiva del Sindicato, de seccional o delegados para actividades sindicales, hasta el equivalente de un total de 15 meses al año. Además, permite la asistencia a cursos y congresos sindicales por un monto total equivalente a 45 meses al año. Igualmente, paga el salario y las cargas sociales para una secretaria del sindicato. El sindicato puede usar las impresoras y fotocopiadores del CNP y éste se encarga de distribuir la correspondencia de aquel. Se otorga el servicio de transporte en un vehículo liviano y una oficina con mobiliario y equipo para la sede del sindicato y dependencias que tienen seccionales.

(2) PRIVILEGIOS A EMPLEADOS

Se da permiso a los empleados hasta por 5 días hábiles para su matrimonio, fallecimiento de uno de los padres, cónyuge, compañera e hijos y 2 días hábiles por la muerte de padres políticos, hermanos o abuelos, así como 5 días hábiles por el matrimonio o nacimiento de un hijo. Similarmente, se otorga permiso al comprobarse enfermedad de un padre, cónyuge, compañero o hijo. Se otorga permiso con salario hasta por 3 meses y por una sola vez “cuando así lo soliciten los trabajadores en virtud de causa o causas que a él le interesen, siempre que sea factible su rápida sustitución. Este plazo podrá ser prorrogado hasta por tres períodos iguales a juicio de la administración.” Casi que para cualquier cosa que al empleado le interese y que al superior le parezca se debe aprobar... Increíble.  También, se otorga un pago del 3% mínimo y automático por antigüedad. Se da asesoría jurídica excepcional de parte de la Dirección de Asuntos Jurídicos del CNP, para empleados que lo pida “por razones especiales”.  Todo se convierte en especial y en “la excepción”... El CNP financiará una fiesta para hijos de trabajadores organizada por el CNP en conjunto con el sindicato. 

(3) VIVIENDA PARA SUS TRABAJADORES

En cuanto a vivienda para los trabajadores del CNP, destinará y traspasará terrenos urbanizables propios a un Fondo de Vivienda, en acuerdo con el sindicato. Saldos por la venta de otros terrenos urbanizables, se prestarán a los trabajadores por 30 años al 7% de intereses y con un máximo de ₡25 millones, para vivienda. Asimismo, podría dar planos, obras de infraestructura y otras ayudas para vivienda, al costo y a plazos e intereses razonables.

Lo interesante de todo esto es que los costos de todos estos privilegios y “apoyos” son pagados por los ciudadanos; todo incorporado, sin duda, dentro de los presupuestos públicos del CNP. Y ello para una entidad que sirve como ejemplo de que, en el estado, una vez que se crea una entidad, aún cuando deje de hacer aquello para lo que se le creó, jamás deja de existir: son eternas y obviamente usando recursos de los ciudadanos, que podrían ser empleados en mejores cosas,

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: el inmortal Estado ineficiente

Una característica del mercado es que, cuando una empresa fracasa en satisfacer las necesidades de los consumidores y enfrenta una competencia que sí lo logra, termina saliendo del mercado. Eso, que parece ser algo indeseable -ver desaparecer empresas no es agradable en sí- tiene una gran virtud: permite liberar recursos humanos, de capital, entre otros, de la antigua empresa, que ahora podrán dedicarse a un uso alternativo mejor; es decir, a conformar una nueva empresa o actividad productiva que sí tenga éxito en satisfacer la demanda de los consumidores. A veces, esa transformación toma cierto tiempo. Pero el costo de mantener ociosos esos recursos productivos implica un costo, que incentiva su retorno a producir algo rentable, lo más rápidamente posible. 

No suena muy bonito decirlo así, pero de cierta manera la quiebra por una competencia sana es una forma de sanear una economía, pues se reflejará en una mayor y más adecuada producción que satisfaga los deseos de los consumidores. La entrada y salida de empresas en un mercado en competencia es la costumbre, lo usual, lo esperable, en especial en el marco de la innovación de los empresarios, que usualmente causa la desaparición de tantas empresas que dejan de ser eficientes. El proceso resalta el objetivo final de una economía, cual es que las empresas satisfagan los deseos o necesidades de los consumidores o usuarios.

Contraste este mecanismo de eficiencia social con otro, en el cual empresas totalmente inútiles e innecesarias, casi que viven eternamente. Ya se imaginarán que me refiero al hecho de que el estado muy rara vez clausura una actividad que no tiene razón de existir; esto es, esa empresa pública continúa utilizando recursos escasos en la economía, sin que se dediquen a satisfacer deseos o necesidades que demandan sus usuarios. Es probable que no las cierran porque, de alguna manera, significan el mantenimiento de una burocracia influyente o bien porque sirve para los propósitos de maximización del poder de los gobernantes de turno. 

Tal es el caso del Consejo Nacional de Producción (CNP). Si bien alguien podría considerar que jugó un papel importante en nuestra economía del pasado, aquellas funciones tradicionales ya hoy no tienen razón de ser. Entonces, ¿qué hacen los políticos para que la empresa o ente o agencia o explotación estatal no tenga que cerrar? La ponen a hacer alguna otra cosa, cualquiera que sea, independientemente de si hay demanda por su servicio o no.  Eso es lícito hacerlo en cierto sentido, pero ¿qué pasa si la ponen a hacer algo innecesario, oneroso o repetitivo o que crea mayor ineficiencia en la economía?

Esa pretensión de los políticos viene desde hace buen tiempo: no saben qué hacer con el CNP y, en vez de cerrarlo de una vez por todas y liberar así los recursos que utiliza para ser mejor utilizados en alguna otra cosa, corren a inventar algo en qué ponerlo a hacer. Sobre este tema, La Nación del 03 de febrero trae un artículo titulado “Gobierno convertirá a CNP en una agencia para renovar el agro: Entidad tendría tareas de fomento e inteligencia de mercados”, que vale la pena comentar.

Con base en un documento bautizado como “Políticas para el sector agropecuario y desarrollo de los territorios rurales 2015-2018”, el gobierno anunció el pasado 02 de febrero “que transformará al Consejo Nacional de Producción (CNP) en el Centro de Promoción del Valor Agregado Agropecuario.” Rimbombante nombre, pero ¿habrá sustancia en la propuesta? Analicemos lo que se pretende poner a hacer el CNP a la luz de dos parámetros: Primero, que no sea algo que lo puede hacer mejor el sector privado de la economía, lo cual tendría, como alternativa, muchas ventajas en comparación a sí lo hace el estado y, segundo, que no sean actividades que, con un alto grado de parecido, ya las realiza el estado mediante alguna otra entidad. 

Una actividad que se propone ejecutar el comatoso CNP, en palabras de su presidente ejecutivo, Carlos Monge, “es el Programa de Abastecimiento Institucional (PAI)” que  parece ser un refrito de un antiguo programa que se buscó para el CNP, cual era la venta de productos agrícolas usadas en el consumo de una serie de instituciones gubernamentales –cárceles, hospitales, de policía, entre otras. Esto es, se busca sustituir al actual sistema de abastecimiento, que se supone lo llevan a cabo mediante las reglas de contratación administrativa legalmente vigentes. Estas últimas tienen, como factor primordial, la diversidad de oferentes potenciales. Con la propuesta para poner a hacer algo al fantasmal CNP, se instauraría un suministro monopólico para las compras que deban realiza aquellas otras entidades estatales, pues se tendría que comprar directamente a la agencia del CNP o bien indirectamente a los agricultores privados que seleccione el CNP. El comprador final no tendrá libertad y sí la obligación de tener que comprarle a un solo ente (al CNP) y se le impide escoger entre oferentes que compiten entre sí. Cuando se monopoliza cierta actividad (la obligación de los otros entes estatales a comprar por intermedio del CNP), sube el precio del producto involucrado. El adquiriente, al no poder adquirir lo más barato posible en un mercado competido, termina pagando un precio mayor. Así, los costarricenses tendremos que pagar más: ¿o es que creen que la burocracia y la operación del CNP eran gratuitas?: forman parte de un estado que se mantiene con nuestros impuestos.

El segundo “motor articulado” del “nuevo CNP”, como lo llama el presidente ejecutivo Monge, es el “centro de agregación de valor a la agricultura en cada uno de los centros (del CNP) en el país.” Palabrería sonora aparte, no es más que una afirmación de que el nuevo CNP promoverá empresas agrícolas (entre ellas las que se dedicarían a producir para el PAI), desarrollará proyectos, ayudará la financiación así como en estudios de preinversión y en proyectos de inversión, contribuirá con la soberanía alimentaria (cualquier cosa que eso signifique), al posicionamiento internacional y, por supuesto, a generar empleo.

Pero el hecho es que ya estamos hasta el cuello con entidades estatales que se supone satisfacen esos objetivos presuntamente deseables. Mucho ya lo hace (o se involucra) el MAG, así como a bancos y entidades financieras (Banca de Desarrollo), agencias promotoras de exportaciones, como PROCOMER o COMEX, al igual que, al menos en el pasado, no sé si en la actualidad, lo hizo el PIMA (Programa Integral de Mercadeo Agropecuario), creo que en conjunto con el IFAM, en el desarrollo de mercados.  Además, hay muchas otras acciones que en estos momentos ejecuta el MAG, como en el campo de asesoría en productos, de formas de siembra (por ejemplo mediante Oficafé y Corbana), de provisión de semillas, en cuanto al uso de fertilizantes, fungicidas y otros, acerca de mercadeo, de características físicas de los productos y toda una serie de cosas que se hacen allí y para lo cual hay dedicada una burocracia gubernamental.  La propuesta del nuevo CNP en mucho repite funciones que ya realiza el MAG. 

Debo advertirlos que ojalá la propuesta intervención del nuevo CNP en el área financiera, no sea un vaticinio de otro impagado plan de financiamiento para ciertos sectores agrícolas, que después será aliviado con un perdón legislativo para los morosos, y, por la experiencia, terminará siendo pagado por todos los ciudadanos. 

Esta propuesta para un nuevo accionar del CNP lo que me hace es clamar para que, ante la crisis fiscal que hoy vivimos, en lugar de buscar reducir el gasto gubernamental, lo que ciertos altos burócratas ministeriales pretenden es continuar gastando todo lo más que puedan. No les pasa por la mente que hay una necesidad impostergable de ahorrar fondos escasísimos, de fusionar actividades, de cerrar entes que no generan riqueza y que, más bien, al requerirse recursos públicos, darán lugar a una mayor demanda de impuestos, quitando así la riqueza de donde verdaderamente se genera producto de una producción valiosa y útil.

Eso no es todo: resulta que La Nación del 11 de marzo, en un comentario titulado “Atrasos del CNP dejan sin comida a escolares pobres: Centros en zona norte, Pérez Zeledón y Sixaola cierran comedores o reducen porciones,” ya muestra algunos resultados de la obligación impuesta a entidades públicas, de comprar los alimentos que necesitan únicamente por medio del CNP.

Dice el periódico que “los atrasos del Consejo Nacional de Producción (CNP) en la entrega de alimentos a los comedores escolares dejan sin ese servicio a los niños pobres. Desde la semana pasada, los alumnos de la Escuela Las Palmas, en La Tigra de San Carlos, no comen frutas y las cocineras deben reducir las porciones que sirven para que los alumnos rindan toda la semana. Ese mismo calvario lo sufren 89 recintos de la zona norte y centros educativos en Pérez Zeledón y Sixaola. A la fecha el Ministerio de Educación Pública (MEP) tiene 50 denuncias por fallas en los comedores escolares atendidos por el CNP.” Y todo por el intento del gobierno de salvar ese cadáver institucional que es el CNP.

“Las quejas más comunes de los centros educativos hacia el CNP son la tardanza en la entrega de los productos, alimentos en mal estado, precios más altos, carnes que no están frescas y falta de suministro durante la semana,” dice La Nación. Bueno, eso es de esperarse cuando los compradores (como los comedores escolares) se ven obligados a comprar los productos a un único comprador. Ello bien lo señala doña Patricia Corrales, directora de la Escuela Las Palmas, en San Carlos: “A partir de este año, nos obligaron a comprarle al CNP y no cumplen con el tiempo de entrega de los alimentos y nos sale más caro.” Más claro no lo pueden ustedes tener ante sus ojos: con tal de salvar al fracasado CNP, el gobierno ha puesto en manos de un monopolio estatal el suministro de los comedores escolares y de ahí las consecuencias esperadas por tal monopolización. Lo importante para la burocracia institucionalizada ha sido el estado per se, no el bienestar de los ciudadanos. De otra manera no mantendrían ese mamotreto incensario que tanto nos ha costado y que nos seguirá costando. Aunque la burocracia alegará que la permanencia del CNP se debe a la necesidad de satisfacer a los consumidores, lo cierto es que lo que prima es la continuidad de esos burócratas. Nada más que eso es lo que importa.

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: Petrocaribe, RECOPE y demás sandeces

Dentro de la lógica del actual gobierno, en la que no hay claridad sobre nada, una noticia reciente confirma lo que ya sabíamos: el ingreso a Petrocaribe no generará ningún beneficio a Costa Rica en cuanto al precio del combustible, según un reciente informe de RECOPE.

El problema con Petrocaribe -una iniciativa del gobierno venezolano para ofrecer petróleo a aquellos países que se unan y alinien para darle apoyo al proyecto del Socialismo del Siglo XXI- es que no sólo no generaría ningún beneficio en cuanto al precio internacional del crudo y más bien provocaría un endeudamiento público mayor que, a la postre, terminarán pagando los ciudadanos, sino que comprometería al país en cuanto a su orientación de política exterior, de forma tal que habría que apoyar al gobierno bolivariano o cuando menos, guardar silencio ante sus actos y propuestas, tirando por la borda los principios que Costa Rica ha defendido a lo largo de los años: democracia, libertad, derechos humanoz, paz y neutralidad.

No obstante y ante el evidente riesgo, el Poder Ejecutivo aún no ha tomado la decisión de desechar esa ocurrencia, lo que genera preocupación. ¿Cómo una ocurrencia tan perjudicial no es rápidamente descartada? ¿Es que realmente están valorando el ingreso del país a pesar de los problemas que esto podría generar? Mientras algo tan positivo como la unión a la Alianza del Pacífico está casi descartado en esta Administración, las tonterías por el contrario parecen tener espacio. 

Lo más triste es que esa no es la única insensatez que sigue en pie. RECOPE y el CNP, dos elefantes blancos que hace mucho tiempo debieron desaparecer, continuarán siendo protegidos y "fortalecidos", con más dinero, funciones, personal y demás. Y en un contexto de déficit fiscal, cuando la lógica dicta que hay que recortar gastos, mantener estos lastres es un insulto a la inteligencia y a la dignidad. 

Es urgente que, si se quiere reducir el precio de los combustibles, se abra el monopolio de RECOPE, que ha demostrado ser nefasto para todos, excepto para sus empleados, que disfrutan de privilegios no vistos prácticamente en ninguna latitud. Es vital que el Estado costarricense deje esa doble moral de vender guaro al tiempo que gasta dinero público en campañas de prevención y en atención a los problemas generados por el alcohol. 

Pero si algo nos ha demostrado la política costarricense es que la lógica no tiene lugar en este ambiente. El sentido común, la consistencia y la razón son enemigos públicos para nuestro Estado y por lo tanto, se les rechaza y persigue cual bruja en la época de la Inquisición. Por eso, lo que fácilmente se resolvería, toma años y cuesta millones de colones, para dar espacio a propuestas "alternativas", "solidarias", comisiones, comités, informes y expertos que luego proponen lo de siempre: el nadadito de perro.

Desde la tribuna: desvestir santos para vestir al CNP

Informa el Poder Ejecutivo (desde el ministro de agricultura) que buscan dineros para poner a flotar el Consejo Nacional de Producción. El CNP adeuda más de 3 mil millones de colones y para su gestión del año entrante se requieren más de 4 mil millones de colones.

El Estado hace aguas por todo lado, pero hay que entender que algunos jerarcas se esmeran en hacerle más goteras y fugas.  EL CNP debió haberse cerrado desde hace años. Su función ha sido inútil y su creación obedece a conceptos estatistas que solo han hecho daño, han  perjudicado la economía nacional, han producido pérdidas y han fomentado la irresponsabilidad.

La idea de los jerarcas es tomar dinero de otras administraciones para “fondear” el CNP, aprovecharse el PAI  (un programa impuesto de compras públicas) para “posicionar “ el CNP y, finalmente, tomar de los insuficientes fondos públicos para terminar de poner a flotar una mala idea.

En la embriaguez que en algunos ha producido el brillante desempeño de la selección de fútbol en el Mundial, han pretendido ignorar el daño que hace el nocivo monopolio de Recope, el punto muerto a que se ha llegado en la intentona por bajar los precios de la electricidad y el complicado estado de las finanzas públicas. Solo así se puede entender que, además, pretender poner a flote uno de las administraciones más complicadas del aparato estatal:  el CNP.

No puede haber racionalidad en este anuncio y es indispensable empezar con la labor crítica para detener esta intentona.  Resucitar la gestión del CNP afectará gravemente la economía nacional y el desempeño de la agricultura.

Es obvio que tal intentona deviene del complejo de autarquía alimentaria que persigue algún sector del estatismo que ha asumido la dirección del Estado.  Es el momento de discutir, analizar y combatir tan nefasta idea, pues el resultado será el desperdicio de más fondos públicos, más endeudamiento estatal y amenaza de más impuestos.  Ello conviene a los buscadores de rentas públicas, también a los ineficientes, un tanto más a los estatistas y en alguna parte a la corrupción.  El resultado será más burocracia y pobreza, menos eficiencia y libertad. 

No podemos quedarnos callados. 

Federico Malavassi Calvo

La columna de Carlos Federico Smith: sigue el aguacero de plata pública

Al comentario de la semana pasada en el sitio de ASOJOD lo titulé “Gastos Innecesarios del Gobierno”. Simplemente debería haber llamado a este nuevo comentario “Una Versión Ampliada o una Segunda Parte”, pero me parece mejor enfatizar que el gasto gubernamental desaforado está en plena vigencia.
Tan sólo en el transcurso de una semana, han surgido nuevos ejemplos de tales dispendios, a los cuales me referiré:

Primero. El Consejo Nacional de Producción es una entidad gubernamental que muchos no entendemos cómo es que sigue abierta, si lo único que parece hacer bien es gastar nuestros recursos escasos. Resulta que ahora decidió incentivar a sus numerosos directores, regalándoles teléfonos celulares del tipo IPhone5, que sabemos son de los más caros en el mercado. ¿Será para que esos funcionarios se entretengan en algo durante sus horas laborales, dado que en el CNP casi no se hace nada? Las oportunidades de entretenimiento que permite el IPhone 5 son enormes, de manera que, ¡a jugar se ha dicho! 

Segundo. Los sindicatos del Instituto Costarricense de Electricidad ya han anunciado un paro de labores para el próximo lunes 29 de abril.  Protestarán contra la decisión legalmente tomada hace más de cuatro años, de que el ICE adaptara sus equipos para que nuestros números telefónicos conservaran su portabilidad. Esto, en sencillo, lo que hace es facilitar a los consumidores el traslado del número actual que se tenga, si es que se desea tener otro proveedor del servicio telefónico.  Con esto los mayores beneficiados seríamos los usuarios, quienes así tendremos mejores posibilidades para elegir libremente la empresa telefónica que nos dé la gana. Elección que, obviamente, deberá ser totalmente voluntaria.  El costo que el ICE quiere imponernos al impedir la portabilidad, es que sigamos siendo sus clientes cautivos. Pero, debemos ser libres para escoger: Al que quiera seguir con un teléfono del ICE, pues que así lo haga; para quien quiera cambiar hacia otro operador, que no se le imponga el costo (por la acción del ICE), de verse obligado a cambiar un número telefónico, que tal vez ha usado por años.

Tercero. Se firmó un acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos de educadores costarricenses (SEC) y el de trabajadores de los comedores escolares y afines (SITRACOME), que constituye la primera convención colectiva que se aplica en el sector educativo del país.  Esto abre las puertas para que otros importantes grupos laborales sindicalizados de dicho sector, tales como maestros y profesores, busquen a futuro lograr que los acuerdos laborales hoy existentes sean convenciones colectivas.  También esta forma de negociación entre el estado y los trabajadores, podrá ser pretendida por otros gremios laborales en el sector público. Se supone que acuerdos laborales como éste le dan mayor firmeza a las relaciones entre las partes; en este caso, el gobierno y el SEC/SITRACOME.
Se estima que esta convención colectiva le costará al país, en un plazo de unos tres años, aproximadamente ¢5.700 millones, que obviamente contribuyen a ampliar el ya enorme déficit del sector público.

Si bien el acuerdo incluye la decisión de que un 2.8% del presupuesto del Ministerio de Educación (unos ¢1.585 millones en este año) se dedique a infraestructura educativa y a su mantenimiento, lo cual ya estaba incorporado en los presupuestos del Ministerio de Educación, hay un claro aumento neto de gastos en otros rubros. Se estima que se crearán 600 plazas nuevas de cocineras para las escuelas, por un monto estimado de ¢2.600 millones. Se complace así al SITRACOME. Pero, además, habrá 345 nuevas plazas para oficinistas, con un costo de ¢1.560 millones, y un gasto adicional de ¢1.500 millones para ayudar a financiar actividades de arte, deporte y ferias educativas. Con esto se complace al SEC.
Además, la convención concede una ampliación de la licencia de paternidad, que se otorga a los asociados al nacer algún hijo, pasando a un mes el actual de quince días con goce de sueldo. Obviamente pronto habrá peticiones sindicales similares en todo el sector público.

Que el lector medite acerca de la conveniencia de estos montos de gasto estatal, dada la situación tan seria de las finanzas gubernamentales. Me parece que, lo que el gobierno pretende con esto, es desarrollar argumentos que justifiquen una pronta propuesta para aumentar los impuestos, además de complacer a grupos laborales en vista de las próximas elecciones.

Cuarto. Para el 2013 el presupuesto gubernamental destinado a la publicidad y propaganda de la Presidenta, asciende a ¢1.100 millones; superior en un 66% al del 2012 y el doble del año 2011. Ahora resulta que se añadirán otros ¢160 millones para esos fines. ¿Acaso se perdió el buen juicio en el ámbito de las autoridades fiscales? No se han dado cuenta de que, entre más han venido gastando en la imagen presidencial, mayor ha sido la caída en los indicadores de aprobación del gobierno. Como esa plata no es producida por los gobernantes, sino que viene de los ciudadanos, quienes trabajan para entregárselo mediante impuestos y tasas al gobierno, es que da cólera ver todo este desperdicio fatuo.

Quinto. Acaba de ser nombrado un nuevo Viceministro de Gobernación.  Lo interesante es que se da cuando un tribunal ordenó la restitución de la Directora de Migración, licenciada Kattia Rodríguez. Doña Kattia había sido destituida por pérdida de confianza de los jerarcas de ese ministerio. Por ello, pa’ joderla, como dice el pueblo, al regresar ella a su puesto, le ponen a alguien por encima para anularla.  Vieja y conocida táctica de esos señores del poder. Claro, esto no va a ser de a gratis, pues tendremos que pagarlo. El nuevo Vice va a requerir de nuevo personal, de algún lado habrá de salir su sueldo (de nuestros bolsillos) y tendrá acceso a una serie de beneficios, de todos conocidos, derivados de su nuevo cargo. Me imagino que la plata no va a faltar para estos políticos, pues posiblemente saldrá de los recursos que, por un impuesto a las sociedades anónimas, estaban destinados a la seguridad ciudadana.

Jorge Corrales Quesada