La columna de Carlos Federico Smith: oscuras perspectivas para el régimen de pensiones de la Caja

Ciertamente, tal vez la noticia no es del todo una novedad, pero sirve mucho como recordatorio de lo esperable del régimen de pensiones de la Caja (el llamado IVM), si no se toman medidas indispensables para su conservación, si es que eso es deseable.

La información que sirve de fuente de información se titula “IVM al borde de la crisis por caída en la cantidad de cotizantes,” contenida en La Nación del 3 de abril.

El comportamiento demográfico de Costa Rica es un elemento primordial en esta crisis, pues ha venido disminuyendo el crecimiento relativo de los cotizantes al IVM, a la vez que aumenta mucho (como era esperable) el número de pensionados de ese régimen. Este fenómeno no es exclusivo -no busco justificarlo con aquello de “mal de muchos, consuelo de tontos”- sino que puede ser un error dejar que esa catástrofe simplemente se presente, pues se ocultaría la realidad bajo la alfombra.  Sucede en muchas naciones (con particularidades obvias), como Nicaragua, en donde el gobierno totalitario quiso imponer una solución y provocó un levantamiento popular extenso contra la tiranía en ese país. Asimismo, el régimen de pensiones similar al IVM de Brasil pasa por problemas parecidos, y el gobierno de Bolsonaro, con minoría en el Congreso, hace enormes esfuerzos de diálogo con la oposición, para aplicar dolorosas medidas necesarias para mantener al sistema actual.

No dejo de lado a los Estados Unidos, en cuyo sistema de pensiones tipo IVM hay enormes déficits impagables a mediano. Y de Europa ni se diga… 

Veamos algunos datos esenciales. El primero es que “para el año 2030, sólo habrá 3.9 cotizantes por cada pensionado, con el gran inconveniente de que el mínimo requerido para sostener cada jubilación es de 6 trabajadores.” Según el informe de la Contraloría “Impacto Fiscal del Cambio Demográfico: Retos para una Costa Rica que envejece,” mientras que “en el 2018 la relación fue de 6.5 afiliados por cada jubilado… en el 2030 bajaría a un 3.9 por cada pensionado” y será de un 3.4 en el 2035, según indica el medio. 

Para Ubaldo Carrillo, alto funcionario de la Caja, “si esa relación… baja a menos de 6, tenemos un serio problema,” y que “cuando se analiza el comportamiento del ingreso de esas 6.5 personas (del 2018), nos da apenas para pagar las pensiones” hoy debidas.
 

Alguien diría que eso no importa si aumentaran los ingresos de los, aunque menos, trabajadores cotizantes por cada pensionado. Eso debe tomar en cuenta dos situaciones. Una, que la economía no ha venido creciendo lo suficiente en los últimos años, ni creo que lo hará por mucho tiempo, ante una seria crisis fiscal financiada con más impuestos. Aunque creciera fuertemente en términos reales (que no lo creo), podría suceder que esos aumentos se traduzcan en mayores pensiones reales en el futuro, pero el problema demográfico seguiría vigente: se daría un descenso real en las pensiones futuras.
 

Asimismo, el gobierno podría verse tentado a seguir una política inflacionaria para generar mayor crecimiento de la economía y así generar ingresos nominales mayores que servirían para mantener el régimen de pensiones. Pero, esa inflación significa que, en términos reales, se reducirían las pensiones futuras (además, la inflación afectaría el crecimiento real de la economía, debido a la serie de distorsiones que introduce).
 

Ante los prospectos del IVM, se han señalado tres medidas que coadyuvarían a evitar su quiebra. Una es elevar las contribuciones obligatorias. De hecho, a partir de junio de este año habrá aumentos en las cotizaciones, como parte de un programa de tres años de los tres cotizantes al IVM -el trabajador, el patrono y el estado (aunque este último, en realidad, pasará tales cobros a los contribuyentes).
 

Las otras dos medidas son elevar la edad de retiro (tal vez sin discriminación por sexo), así como bajar el monto de la pensión. También en tal sentido se ha decidido otra en tal, como es que la autorización para retirarse anticipadamente, no rentable para el fisco por el aumento tan alto en la esperanza de vida, cesará a partir del 1 de marzo del 2021.
 

Quedan dos opciones para dar algún grado de alivio a la sustentabilidad del IVM. Una, antes mencionada, que es lograr un crecimiento real de la economía, pero, soy franco, y reitero mis dudas de que el gobierno actual lo logre, en especial cuando, prosigue el camino de más impuestos y no el de reducir significativamente el exagerado gasto del gobierno y, por el contrario, introduce desincentivos para la producción: un estado cada vez mayor, que crece sacrificando el uso de recursos que deberían estar disponibles para la actividad productiva privada.
 

Y, la segunda opción, es que no siga creciendo una masa laboral informal que no cotiza al IVM formal. En esa economía subterránea en la que, para efectos del IVM, los trabajadores no cotizan, ha crecido mucho, según las estadísticas de los últimos años. Si se pretendiera una mayor coerción -esto es, obligarlos a cotizar a los que laboran en la economía subterránea- tal vez no se logre nada positivo, sino lo contrario, pues esa economía informal existe por los altos costos impuestos por el estado sobre la producción y uno de esos costos está ligado a la planilla formal, entre ellos el del pago del IVM.
 

¿Hará algo el gobierno para inducir que esa economía abandone la informalidad y acuda a la formalidad? Francamente lo dudo mucho, pues no sólo el paquete tributario que hoy está en marcha significará mayores costos para la operación formal, estimulando así que más personas ingresen a la informalidad, sino que tampoco me imagino a este gobierno reduciendo impuestos.
 

Entre las propuestas por solventar al régimen del IVM se menciona un manejo más frugal en la propia Caja Costarricense de Seguro Social e incluso mejores posibilidades de realizar inversiones que sean más rentables (lo que incluso podría reducir la adquisición de documentos de préstamos del propio gobierno).
 

Las cosas se vislumbran difíciles para el IVM y para muchos ciudadanos que dependen de su pensión. Creo que sería peor dejar que el IVM se acabe sin que existan mejores alternativas (me imagino que como las Suiza o de Chile, de cuentas privadas de pensiones). Por eso, los ciudadanos debemos ser conscientes de la situación y, en particular, del cambio demográfico “aplastante,” así como que, si el gobierno no cambia sus políticas económicas hacia el logro de un crecimiento, la situación sólo empeorará con mayor rapidez: quedarse tan sólo mirando lo que pasa y ver cómo se va extinguiendo el sistema del IVM, sólo augura un resultado oscuro

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: la realidad ante las pensiones de la Caja

Trataré de no ser muy complicado en un tema que tiene ribetes de serlo, como es el caso del principal sistema de pensiones del país, el IVM de la Caja de Seguro Social.
 

Para empezar, empiezo por explicar que el actual IVM es un sistema de pensiones llamado de reparto, lo que quiere decir que la pensión que terminará recibiendo la persona no depende de sus propias contribuciones al sistema, sino de los aportes de otros. Esto es, lo que hoy algunos están recibiendo por pensiones es cubierto por el aporte que hoy están haciendo trabajadores, empresas y ciudadanos, en general, por medio del estado. Eso es igual a como en el pasado también lo hicieron los actuales pensionados, que aportaron por muchos años para sufragar las pensiones de los pensionados de aquel entonces.
 

De ello surgen varios problemas, entre otros, que aparecen mencionados en un artículo de La Nación del 17 de diciembre del 2018, titulado “CCSS evalúa reducir monto de nuevas pensiones por vejez.” Me referiré a algunos de esos problemas.
 

Cuando se instauró el sistema de pensiones del IVM, la esperanza de vida de las personas en el país podría andar por ahí de los 55 años, más o menos. (Note que estos datos que menciono son aproximados y obtenidos de diversas fuentes: su exactitud no es un obstáculo para para explicar la idea). Conceptualmente, en ese sistema el trabajador aportaba más o menos durante 30 años de su trabajo y se pensionaba, si era hombre, a los 60 años y, si era mujer, a una menor edad, lo cual, de hecho, es discriminatorio. En todo caso, se consideraba que el trabajador viviría poco tiempo como pensionado, dada la baja esperanza de vida de ese entonces.
 

Afortunadamente, la sociedad costarricense se ha beneficiado mucho con el avance de la medicina y el cuidado de la salud: hoy un hombre esperaría vivir en unos 78 años y una mujer 83, dando una esperanza de vida promedio del costarricense de alrededor de 81 años. Y, dado que la edad promedio para pensionarse en el IVM en la actualidad es de 65 años para los hombres y de 60 las mujeres, eso significaría que hoy los hombres esperarían vivir 13 años como pensionados y las mujeres 23 años (de nuevo, sigue la discriminación contra el hombre, pues vive menos años como pensionado y, más bien, cotiza por más años de vida laboral). En todo caso, hombre o mujer, conforme pasa el tiempo los costarricenses viven más años como pensionados.
 

Este efecto demográfico ha significado que, en diversas ocasiones de existencia del IVM. se haya tenido que aumentar la edad laboral (años de cotizaciones) y la edad para pensionarse, a fin de enfrentar pensiones más duraderas.
 

Hay otro problema más que debemos tener en cuenta y es el tamaño de la población que aporta cada año al IVM, con respecto a la población que se pensiona cada año. Recuerden que la población trabajadora actual paga las pensiones de los pensionados ya existentes y que los primeros recibirán su pensión con el aporte de las generaciones que en ese momento estarán trabajando.
 

Leía hace poco, en un artículo sobre la situación actual en Francia (“Arde París”) que una de las serias inquietudes de los franceses era el futuro de sus pensiones -allá, igual que aquí, hay un sistema de reparto, Dado que, como cada generación paga por la pensión de la generación previa, se supone que ese país debería tener “como mínimo, una tasa de nacimientos con un nivel de reemplazo de 2.1 hijos por cada mujer.” Pero al momento, ese número necesario para su reproducción en Francia “está acercándose a 1.88,” a lo que se une que en ese país los costos altos de sus programas de bienestar hacen que la población de muchos hogares, “reduce la voluntad de… tener más de dos hijos. Simplemente no pueden mantenerlos.” Pensemos si no está pasando algo igual en el país como lo indican los datos de cada vez menos hijos por familia y que las parejas se casan a mayor edad que antes.
 

El nivel de reemplazo de nuestro país fue de 1.67 en el 2017, “bastante por debajo de los 2.10 del nivel de reemplazo,” según señaló el destacado estudioso de la demografía nacional, don Luis Rosero Bixby, de la Universidad de Costa Rica. En dos palabras, no se está sosteniendo el reemplazo intergeneracional necesario para la sostenibilidad del sistema de pensiones del IVM.
 

Esto va acorde con lo que señala el medio citado acerca de un estudio actuarial del fondo de reservas del IVM: en el 2032 “comenzará a consumir sus reservas, pues sus ingresos son insuficientes para pagar las pensiones, y que se agotará en el 2038.” Aunque a algunos les podría parecer que “falta mucho rato para que se agote,” sería un grave error no actuar ahora, a tiempo, como bien lo podría explicar cualquier actuario. Se deben tomar ya medidas, si se quiere que continúe el actual régimen de repartición de la Caja y sin que haya daños sumamente graves.
 

Entre las soluciones que la Caja está considerando están las siguientes: (1) reducir el monto de la pensión por vejez, que hoy es del 60% del salario promedio de referencia, a uno del 55%, para pensiones del futuro; (2) hoy la pensión más baja no puede ser menor al 50% del salario mínimo y se propone reducirla al 40%, para los pensionados futuros y (3) que la cotización de las tres partes (trabajador, empleado y estado) ya definida para que aumente del 10.16% actual  a un 10.66 en el 2020, se adelante para el 2019.
 

No obstante, la información que presenta el medio es confusa, pues, según un cuadro adjunto a dicha publicación, se señala que, como se explicó en el punto 3 arriba, el aumento en la cotización tripartita pasaría de un 10.16% a un 10.66% en el 2019 en vez del 2020. Pero, por otra parte, en el texto señala lo siguiente: “Con el cambio, los trabajadores cotizarán 3.84% en vez del 2.84% actual; los patronos, 5.25% en vez de 5.08%; y el Estado, 1.41% del 1.24%.” Si sumamos esos tres partícipes de la contribución tripartita actual, nos da un 9.16% (y en el cuadro se lee que se sube del 10.16% actual), lo que la elevaría a un 10.50% (1% más del aporte del trabajador; un 0.17% del patrono y otro 0.17% del Estado) en el 2020.
 

Este es un breve resumen de algunos de los problemas que encara en el futuro el actual sistema de pensiones del IVM. Sólo digo que la realidad es inevitable y que, tal como están las cosas, el sistema de pensiones actual es inviable a cierto plazo y que, si se desea conservarlo, son inevitables reformas como las señaladas y pronto.



Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: ahorrar a la fuerza

Autoridades estatales harán un tercer esfuerzo por obligar aún más a los costarricenses a que ahorren a la fuerza, algo que ya hoy también compulsivamente se ven obligados a hacer. Parece que a esos funcionarios no les parece suficiente con que el ahorro sea forzado a estar congelado por cinco años, como sucede en la actualidad, para convertirlo en un ahorro eterno, excepto cuando la persona se pensiona o pierde el trabajo. Esto es, se pretende convertir aquel ahorro en un fondo para cuando se pierda el empleo o cuando se deja de trabajar para pensionarse. ¿Verdad que suena muy bonito? Pero analicemos el tema con mayor profundidad.

Costa Rica es una nación en donde el ahorro bruto, como porcentaje del Producto Interno Bruto, anda por allí de un 16.7%, de acuerdo con datos para el 2014 de Economy Watch, provenientes del Fondo Monetario Internacional.  Puede pensarse conveniente aumentar dicho porcentaje de ahorro  y que se dirija a la inversión. Aquella cifra contrasta con el 32.6% en lo que se denomina “economías emergentes y en desarrollo” y con el 25.2% mundial. Incluso es un porcentaje inferior al de las economías avanzadas (un 20.4%), al del grupo de naciones llamado G7 (con un 18.8%) y al de los Estados Unidos y el del Hemisferio Occidental (ambos con una tasa de 17.3%). Y no se diga con respecto a China, que ahorra un 49.5% de su Producto Interno Bruto.

Comparativamente con Centroamérica no estamos tan mal (Nicaragua, 7.7%; El Salvador, 8.3%; Guatemala, 12.2% y Honduras, 16.8%; no así comparado con el 19% de Panamá), pero a veces algunos piensan que la solución a nuestro ahorro posiblemente bajo, como porcentaje del PIB, radica en obligar a los ciudadanos del país a que ahorren, tal como ahora lo hacen con su propuesta para transformar al ahorro del Fondo de Capitalización Laboral (FCL)  en algo permanente. La razón que se alega para dicha proposición es que los ciudadanos retiran, muchos de ellos, sus ahorros cuando vence el plazo de ley de cinco años. Creen que se debe reforzar la naturaleza obligatoria actual del ahorro de los trabajadores. Yo me permito diferir de la propuesta por varias razones.

La primera es que me cuestiono si es una virtud que el ahorro se logre forjar compulsiva y no voluntariamente.  Tal presunción asume una sabiduría del gobernante por encima de la capacidad de la persona, en cuanto a lo que debe de hacer con sus ingresos.  La mejor prueba de la preferencia revelada de los ciudadanos es que retiran una parte significativa de esos ahorros cuando se da el vencimiento a los cinco años. Puede deberse a algo que, ridiculizando tal conducta, señala el actual director de la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), señor Álvaro Ramos, cuando dice que “Digamos que la persona retira el FCL, que es su derecho, va y se compra una pantalla plana y al mes lo despiden y ya no tiene ningún ahorro. Esa es la parte que nos incomoda en la SUPEN.” Tal manifestación aparece en un comentario de La Nación del 12 de diciembre, bajo el título “SUPEN plantea anular el retiro de dinero cada 5 años del FCL: Fondo de Capitalización Laboral solo se podrá sacar cuando el trabajador renuncie o sea despedido.” 

Si la persona elige pedir sus ahorros para consumirlos y no para invertirlos, lo hace porque así lo prefiere. Pero el burócrata lo que ahora pretende es exigirle que lo ahorre, independientemente de la preferencia de los legítimos dueños de esos fondos. Ni siquiera cuando ellos piensan invertirlos en algo productivo (no ya gastarlos en la icónica “pantalla plana””, que tal vez sólo debería ser adquirida por los ricos, en criterio del señor de la SUPEN). La prohibición que busca la burocracia es que las personas ahora tampoco puedan solicitar sus ahorros para realizar una inversión propia. Lo que el estado paternalista hace es obligar a la persona usar esos recursos en caso de que pierda el empleo o que se pensione, cercenándole su libertad para escoger usarlos en otra cosa, ya sea en consumo o en inversión.

La gran paradoja es que el estado pretende exigir a la persona un ahorro forzoso casi durante toda su vida laboral, pero ejemplarmente la conducta del estado de tiempos recientes ha sido la de un exceso de gastos por encima de sus ingresos. Esto es, el estado presenta un desahorro claro: su ya bien conocido déficit. Incluso, como paradoja a la pretensión citada de obligar a los trabajadores a que por tiempo indefinido mantengan sus ahorros en el FCL, en estos momentos, ese mismo estado nos quiere sorprender con un aumento casi al doble de los actuales impuestos sobre nuestro ahorro financiero. Ello no creo que precisamente vaya a estimular el ahorro de los ciudadanos.

Tampoco quiero pensar que estamos en camino de algo parecido a lo que sucedió en Argentina, hace algunos años, cuando el estado simplemente se apropió de los ahorros de los ciudadanos, mediante el famoso corralito. Recordemos que los ahorros de las personas no pudieron ser retirados libremente a la vista -en nuestro caso de referencia hoy lo sería a los 5 años de haberse mantenidos- sino que estuvieron congelados por un año. ¡Y aquí pretenden congelarlos casi por toda la vida laboral de los trabajadores!

Mi segunda preocupación es si esta retención mayor en el tiempo de los ahorros de los ciudadanos -que han cotizado ellos y sus patronos para el FCL- no estimulará el crecimiento de contrataciones laborales subterráneas en nuestra economía informal.  Los trabajadores posiblemente preferirían que su pago del ingreso por salarios sea pleno, en vez de tener que dedicar una parte a un ahorro que sólo lo verá si queda desocupado o si se pensiona.  El punto es que, si el trabajador prefiere tal ahorro para disponer de él en caso de despido o de pensionarse, debería existir un mecanismo o instrumento que voluntariamente le permita forjar tal ahorro. No es obligarlo contra su voluntad a no disponer de esos ahorros que han provenido de su trabajo, sino cuando el estado se lo determina (pérdida de empleo o pensión). Por ello, el trabajador, con esta medida propuesta, podría preferir que su salario fuera obtenido en el marco de la informalidad, en donde no habría retención alguna, sino que sería percibido plenamente.

Era de esperar que las hoy existentes seis operadoras de pensiones complementarias (OPCs) se pusieran muy contentas, apoyando la idea de la Superintendencia: simplemente las OPCs viven de la comisión de administración que cobran a los ahorrantes por dicho fondos.  Obviamente, prefieren que, en vez de tener que devolver una parte sustancial del ahorro de los trabajadores cada 5 años, no tengan que devolverlo nunca, excepto cuando el trabajador se pensiona o cuando pierde su empleo. Así, su negocio sería aún mayor, aunque probablemente no sería tan buen  “negocio” para el ahorrante, pues parece preferir disponer de la liquidez de esos fondos cuando verdaderamente los necesita. 

La decisión de ahorrar para una pensión mayor o para cuando se queda desocupado, debe ser propia de quien pone los fondos, de su dueño real, no de quien los administra y menos de quien simplemente los obliga a ceder su salario actual por uno en un futuro indefinido y circunstancial. Si el trabajador prefiere que esos fondos sirvan para su retiro o para cuando se queda sin trabajo, pues, entonces, no retiraría esos fondos al final de los 5 años que hoy le permite la ley, sino que estaría dispuesto a dejarlos allí en el FCL (asumiendo que el rendimiento que puede obtener con tales fondos en el FCL es superior al de otras alternativas fácilmente disponibles en el mercado). 

Creo que mucho de lo que impulsa a las autoridades para formular propuestas como la de referencia, es la creencia de que la gente no sabe mejor que ellos -los gobernantes- cómo es que el trabajador, la persona, debe usar sus ingresos, su consumo y sus ahorros e inversiones propias. Para resolver esa “incapacidad” de los trabajadores, lo que entonces se requiere es que el estado los obligue a seguir una conducta específica, obligada. Este caso puede ser un buen ejemplo de lo que Friedrich Hayek denominó la arrogancia fatal: la creencia de que, por medio del cálculo racional y de la voluntad política, una sociedad puede diseñarse en formas tales que mejorarán significativamente la condición del hombre. Hayek expuso que “el problema práctico… surge precisamente porque estos hechos nunca son dados a una mente única y, en consecuencia, es necesario, para la solución del problema, que el conocimiento que debe usarse está disperso entre mucha gente.” [Friedrich Hayek, Use of Knowledge in Society]. El conocimiento no le es dado a nadie en su totalidad, como a veces el burócrata y sus ensalzadores lo creen, aunque no pasa de ser simple arrogancia y un grave daño a los ciudadanos.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: la reforma de nuestros regímenes de pensiones

Tal vez ésta sea una buena ocasión para formular algunas ideas o sugerencias para hacer más equitativos los regímenes de pensiones de nuestro país. El sistema de pensiones suizo podría servir como base para la evolución necesaria del nuestro. Aquel consta, según he podido saber, de tres pilares: El llamado AVS es el primero y es las pensiones básicas estatales de pensión y viudez. El segundo pilar es las pensiones ocupacionales (llamado PP) y el tercero, las pensiones privadas. Una característica esencial del sistema suizo es que siempre ha estado sujeto a un proceso de mejoramiento con base en reformas frecuentes, las cuales se han sometido a un referendo aprobatorio por parte de la ciudadanía de esa nación.

Bajo el primer pilar (AVS), en lo fundamental, las cuotas son obligatorias para todos los mayores de 20 años, que estén trabajando en lo propio o con terceros, o bien que se hayan desempleados. Como los beneficios de este pilar son relativamente modestos, las tasas sobre los ingresos son bajas (8.4% a la fecha) y es pagada a medias entre el trabajador y el patrono. Las pensiones para los hombres se dan a partir de los 65 años y 64 para las mujeres, en cuanto que hayan cotizado por al menos un año. La pensión que se reciba dependerá del promedio de los ingresos y del número de años cotizados. Si no se ha cotizado durante esos 45 años (o 44), la pensión lo será en su parte proporcional. Este pilar se caracteriza por una contribución de más o menos el 10% del salario bruto. A este pilar el gobierno suizo le da un aporte sustancial, de aproximadamente un 20% del fondo total requerido. Quienes no trabajen pagarán, con un tope, de acuerdo con los activos personales que posean. La pensión máxima bajo este pilar es el doble de la pensión mínima que se defina y equivalen a aproximadamente un 20% y un 40%, respectivamente, del promedio de los ingresos. Como podrán observar las pensiones no difieren mucho entre los extremos. Aquellos que con su pensión están por debajo de la línea de pobreza, tienen acceso a ingresos complementarios públicos mediante una comprobación de pruebas de carencia de medios.

En cuanto al segundo pilar (PP), lo más destacable es que opera dentro de las empresas, en donde los empleados que tienen ingresos anuales entre 25.320 y 15.960 francos suizos están obligados a contribuir a dicho plan. La gestión la lleva a cabo un fondo de pensiones de la empresa, un fondo estatal o uno privado y las contribuciones oscilan entre un 9% y un 20% del salario bruto. Las contribuciones aumentan conforme aumente la edad del trabajador. Y las pensiones de los hombres podrán recibirse después de los 65 años y 63 las mujeres. Las pensiones se definen a partir de lo contribuido y de los intereses generados. La pensión plena se recibe si ha habido una contribución constante desde los 25 años hasta la fecha de la jubilación.
Este segundo pilar es sumamente flexible y hay casi total libertad entre las partes para definir los niveles de beneficios y las contribuciones de allí requeridas. Generalmente están orientadas al logro de un capital-objetivo, lo cual se define según ciertas regulaciones gubernamentales, pero en mucho por acuerdo entre las partes (patronos y trabajadores). Con base en ese capital se asume un rendimiento esperado que da lugar a las pensiones esperadas. Lo que genera este pilar, junto con el anterior, ha permitido una tasa de remplazo; esto es, la pensión como porción del ingreso pre-retiro del beneficiario, de entre un 60% a un 70%. Esto es, hay una enorme interrelación entre la operación del segundo pilar y la del primer pilar.

El llamado tercer pilar son las pensiones privadas –totalmente voluntarias- que cada quien puede escoger. Hay beneficios tributarios para los trabajadores bajo esos planes: las contribuciones son deducibles del impuesto sobre la renta y sólo pagan impuestos cuando se cobran, pero los intereses generados no pagan impuestos.

Francamente no sé qué hasta qué grado podría adoptarse un sistema como el suizo para Costa Rica, pero, aparte de parecer mucho mejor que los de otros países, como el nuestro, sí me atrevo a señalar que se podrían dar los siguientes pasos para buscar algún grado de mayor equidad en nuestros actuales diversos sistemas. La reciente exhibición ante los ojos del público de las pensiones tan dispares y evidentemente desproporcionadas bajo los sistemas conocidos como de privilegio; esto es, aquellos dependientes del presupuesto gubernamental y que son diferentes de los de la Caja Costarricense de Seguro Social, se ha constituido en el principal impulsor de la reforma necesaria.

No debe considerarse como una pensión de privilegio aquella que recibe un ciudadano que haya contribuido lo suficiente durante su vida laboral. Ese monto dependerá de lo que la persona haya aportado al sistema más los intereses que con esos recursos logra el administrador del fondo de pensiones. Será considerada como una pensión de privilegio aquella que se le paga a alguna persona que no haya contribuido lo suficiente ni generado los intereses correspondientes, como para cubrir su pensión. Usualmente ese descubrimiento o insuficiencia diferencial es pagado por toda la ciudadanía, por la vía de los presupuestos gubernamentales. Es cierto que algunos de esos regímenes, al momento, no han presentado problemas de insuficiencia, pero actuarialmente bien podrían estarlos sufriendo ya y con certeza en un futuro no muy lejano. Desde hace buen tiempo la Superintendencia de Pensiones ya lo ha señalado y es poco lo que en el país se ha hecho para garantizar la solvencia de los sistemas de pensiones, de manera que eventualmente no se tenga que recurrir a fondos públicos para cubrir el faltante.

Son notorias las pensiones “abusivas” o de “privilegio” en ciertos sistemas, como el del Magisterio, el del Poder Judicial, el de los Diputados, el de los Expresidentes, el de Hacienda –lo que aún queda de él- entre otros menores, las cuales deben ser readecuadas. Una posibilidad es que se cobre un tributo elevado gradual a las pensiones definitivamente altas, de manera que el neto percibido sea más cercano a lo que se puede considerar como deseable, pero su naturaleza casi confiscatoria podría ser cuestionada exitosamente en los tribunales. También es urgente que, desde ya, se congelen todas las nuevas pensiones de privilegio que se presenten ante las administraciones correspondientes, tal como aparentemente ha venido haciéndolo el sistema de pensiones del magisterio. Esa política muy posiblemente también podría requerir de reformas legales pertinentes, pero es indispensable proceder en ese sentido en las instancias legislativas, y no dejarlo a la posible interpretación de las autoridades judiciales, como ha venido sucediendo afortunadamente, pero no se sabe por cuánto tiempo más.

Otro punto importante es la queja que han esbozado algunos en contra de la “herencia” de las pensiones, ya sea al esposo o esposa o a los hijos menores de 18 años, cuando fallece el beneficiario principal de las pensiones. Obviamente que, en el caso de los regímenes de privilegio, también la medida restrictiva debe aplicarse en los términos que se han venido sugiriendo, pero no me parece que se deba aplicar en el caso de aquellos regímenes de pensiones que no poseen privilegios, al contrario de aquellas otras pensiones. Me parece que la fundamentación histórica de ese tratamiento se origina en que el beneficiario de la pensión es el responsable principal de la generación de ingresos en los hogares. Por ello, se busca la prevención de la sanidad económica de la unidad familiar en caso de la desaparición del pensionado.

Estos son algunos comentarios iniciales y tentativos que uno esperaría podrían ser útiles en lo que parece será un tema que los ciudadanos tendremos que encarar en los próximos meses. No creo que ni los gloriosos triunfos del momento de nuestra selección, ni el mantra de que en Costa Rica “no hay escándalo que dure tres días”, constituyen un óbice para que los ciudadanos no tengamos presente el notorio abuso con nuestros recursos públicos, que significan esos regímenes de pensiones de privilegio. Lo que se requiere, de inmediato, es evolucionar hacia sistemas más justos, auto-sostenibles y en donde la pensión esté íntimamente relacionada con los aportes que el ciudadano ha llevado a cabo durante su vida laboral productiva. Es lo indispensable para poder asegurar un sistema justo de pensiones para las generaciones que vienen detrás de nosotros, así como para evitar que funcionarios públicos continúen con esa gollería totalmente inequitativa e injusta, pues son ellos los principales beneficiarios de nuestro actualmente desordenado sistema de pensiones.

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: el futuro del régimen de pensiones de invalidez, vejez y muerte

Recientemente, medios de comunicación anunciaron que la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) estudiaría la posibilidad de aumentar la edad de pensión por causa de la crisis económica que nos ha afectado en los últimos años y que ha golpeado sensiblemente las finanzas del Régimen de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

No obstante, entre comunicados y aclaraciones, las autoridades de la CCSS han negado, en reiteradas ocasiones, que el IVM se encuentre en peligro, aunque reconocen que el desempleo, la jubilación anticipada de muchos cotizantes y otros factores -entre los que tozudamente se resisten a incluir el aumento en las pensiones del Régimen No Contributivo impulsado por la Administración Arias Sánchez en el marco del Plan Escudo y con un claro tinte electoral- han mermado los ingresos del fondo de pensiones.

No obstante, parecieran no ser los únicos factores. En 2010, la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y Gasto Públicos realizó una investigación acerca de las denuncias contra la Gerencia de Pensiones y los resultados de una auditoría externa contratada por la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) y llegó a varias conclusiones alarmantes: falta de indicadores de gestión y ausencia de análisis de costos para tomar decisiones sobre las inversiones, desórdenes administrativos, rebajas arbitrarias en la tasa de interés de los créditos de vivienda financiados con los fondos de pensiones, cuantiosas asesorías pagadas al Banco Mundial para "mejorar" la cartera de inversiones, denuncias entre los miembros del Comité de Inversiones del IVM sobre aparentes inversiones en el exterior sin contar, en algunos casos con autorización y en otros con respaldo financiero para la operación y enormes costos de operación por parte de la Gerencia de Pensiones de la CCSS (un incremento del 24% entre 2008 y 2009 según el Superintendente de Pensiones, Edgar Robles en declaraciones aportadas a la Comisión, causados por presuntas contrataciones, remodelaciones, etc.), pérdida de capacidad administrativa por parte de la CCSS para cobrar las cuentas pendientes (que crecieron 120% del 2007 a 2008 de acuerdo con la SUPEN) así como el reiterado incumplimiento de las empresas estatales con el mandato de la Ley de Protección del Trabajador que las obliga a entregar un porcentaje para fortalecer el IVM. 

Por si fuera poco, a finales de 2009, la SUPEN publicó la ya citada auditoría contratada por la SUPEN, en donde señala que el sistema de pensiones de la CCSS perderá su equilibrio financiero en el 2015, dado que “comenzará gastar sus reservas para cumplir con el pago de las pensiones, erosionando su solvencia hasta quedar en una situación financiera comprometida a partir del 2023 y se agotará por completo en el 2054”. El Informe señala que, en las actuales circunstancias, “los cálculos actuariales indican que para mantener su solvencia el fondo requeriría una cuota de aportes del 16,79%, en lugar del 7,5% que recibe hoy”.  Por su parte, la CCSS desmintió este estudio e indicó que, en conjunto con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha elaborado informes actuariales que demuestran la sostenibilidad del régimen hasta el año 2043, aunque desde el 2037 los ingresos no serían suficientes para cubrir los gastos del IVM. 

De las comparecencias realizadas ante la mencionada Comisión Legislativa, el Gerente de Pensiones, Miguel Pacheco, el Superintendente de Pensiones, Edgar Robles y el Director Actuarial de la CCSS, Luis Guillermo López, se pudo colegir que existen enfoques diferentes que no generan claridad en la situación del régimen de pensiones. Mientras los funcionarios de la CCSS sostienen que el esquema es dinámico, que debe ajustarse en el tiempo de acuerdo con la realidad con plazos previsibles no mayores de 50 años, el estudio contratado por la SUPEN presupone que los costos estimados que podría generar el pago de las pensiones a 100 años debe ser cubierto desde hoy por los actuales cotizantes. La incertidumbre que genera no saber cuál de las posturas es la correcta y, por tanto no tener claridad acerca del estado real del IVM no ayuda a la tranquilidad de la población. 

Sin embargo, más allá de la fecha en que colapsará el régimen de pensiones, lo cierto es que ya se están presentando situaciones que deben llamar a preocupación. La propia Auditoría Interna de la CCSS, en el informe ASF-299-C-2010 denominado “Estudio Especial sobre la utilización de inversiones a la vista para el pago de pensiones y Aguinaldo en el Régimen IVM” indicó que, producto de la crisis financiera internacional, se utilizaron ingresos no tributarios –ingresos obtenidos por el rendimiento de las inversiones– para cubrir el pago de pensiones y aguinaldos durante el año 2009. 

En ese contexto, es claro que el régimen de pensiones IVM ya empieza a flaquear. Las noticias actuales, sobre la jubilación anticipada de miles de trabajadores y el costo que implican para la CCSS, no son más que alertas del inminente problema que enfrentamos los costarricenses. Los trabajadores actuales -entre 18 y 50 años- estamos cotizando para un sistema que, en los términos en que está constituido, colapsará tarde o temprano, lo que significa que existen altas posibilidades de que no veamos un colón de todo lo que el Estado nos está quitando ahora.

Subir la cuota en nada ayudará. Maquillaría las cifras, pero sería como "patear la bola", pues más adelante, los problemas volverían a aparecer, por cuanto la estructura demográfica de la población costarricense y los altos costos de formalización para el trabajo, empujarían a que el número de cotizantes sea cada vez menor. Además, al quitársele más dinero a los cotizantes, se podría prever una importante contracción en el consumo -por tener menos liquidez- que, a la postre, repercutiría en la producción y empujaría más al fondo la delicada situación económica que vive nuestro país. 

Lo cierto es que debemos empezar, desde ya, a abrir el debate acerca del futuro del régimen de pensiones. Para nosotros, la solución no pasa por aumentar cuotas ni invertir en operaciones más rentables, sino migrar a un sistema de capitalización indivudual donde cada quien ahorre el dinero de su retiro y se reduzcan los incentivos perversos a cargar la manutención de unos sobre los hombros de otros. 

Como objetivistas, sostenemos que el ser humano no debe ser usado como un medio para el logro de los objetivos de otros. Es hora que cada quién se responsabilice por su vida y practique el valor del ahorro, la previsión y el trabajo duro, asumiendo las consecuencias -buenas o malas- de sus actos. 

No podemos permitir que nos sigan diciendo que hay que aportar más para un sistema que solo consume y nada otorga, que nos da todas las señales de estar frente a la "Gran Estafa" orquestada por la socialdemocracia, que con el disfraz de la solidaridad y otras hierbas, nos arrebata el dinero que tanto nos cuesta ganarnos y que, sin duda, sería mejor utilizado por nosotros mismos. Depende de nosotros empezar a decirle NO al Estado.

Tema polémico: el fondo de pensiones

Para este Tema polémico queremos abordar una noticia que causó revuelo en los últimos días: dentro de 6 años, la CCSS comenzará a gastar las reservas del Fondo de Pensiones, pues de acuerdo con un informe de la firma mexicana Nathal, el fondo perderá su solidez a partir de 2015 hasta quedar en una situación comprometida en 2023.

En nuestro país, el fondo de pensiones funciona de forma tal que, con las "contribuciones forzosas" de todos los trabajadores van a dar a un fondo común, de donde salen los recursos con los que la población económicamente activa financia a los pensionados por invalidez, vejez o muerte (IVM). En ese contexto, los trabajadores de hoy día pagan la pensión de los retirados del sistema productivo y, a su vez, esperan recibir el pago de su pensión por parte de los futuros trabajadores.

Evidentemente, esta noticia causa alarma dentro de la población que cotiza a la CCSS para una pensión y pone en entredicho la administración estatal de estos recursos. Alarma porque basta con imaginar que el dinero de nuestro retiro se acabará en poco tiempo, lo que afecta sensiblemente tanto a los pensionados -que se quedarán sin dinero- como a los trabajadores -a quienes les quitarán, perdón, les solicitarán que aporten más recursos para mantener a los pensionados o, en su defecto, quienes verán en peligro su futuro-. Entredicho, en tanto no tarda en surgir una serie de preguntas como las siguientes: ¿por qué si constantemente nos saquean parte de nuestro salario para pagar seguros, pensiones y demás, ahora resulta que la plata se va a acabar? ¿dónde está nuestro dinero? ¿no era que el Estado benefactor nos iba a cuidar de la cuna a la tumba?

A pesar que este estudio, contratado por la Superintendencia de Pensiones, fue criticado en su metodología por los directivos de la CCSS y que esta institución solicitó a la OIT un nuevo estudio en la materia, esto no es óbice para que en ASOJOD denunciemos, una vez más, el serio defecto que tiene esa forma de organización político-económica, basada en el robo a unos para la manutención de otros.

Basado en el principio de "contribuciones forzosas" -por demás, una contradicción en términos- el Estado nos roba nuestro dinero para, supuestamente, asegurarnos una mejor vida. Pero lo cierto es que, como bien decía Friedman, "el resultado inevitable de tener un fondo enorme de dinero de los contribuyentes administrado por el Estado es que siempre los gobiernos se sentiran motivados a echarle mano. Puede estar seguro de que los burocratas encontraran buenas razones para justificar el gasto del dinero de otros". No sería extraño que nuestros políticos "solidarios" aprovecharan el dinero que nos sustraen para crear un gran fondo y jinetear lo para ganar intereses y vivir la buena vida a nuestras costillas. Y cuando hay problemas, la plata que desaparece es la nuestra, no la de ellos.

Ahora, una vez más, los fondos públicos están en peligro. Dineros que, como dijimos antes, nos roban por "nuestro propio bien" pero, cuando hay problemas, esos que se promocionaban como nuestros arcángeles, simplemente desaparecen, dejando que los platos rotos los paguemos los tax payers. En Estados Unidos se está presentando algo similar, solo que con los planes de salvataje a las empresas. Pero aún así, el principio es el mismo: unos obtienen beneficios a costa de otros.

Por eso, en ASOJOD repudiamos cualquier forma de Estado que pretenda cuidar otras cosas que no sean los derechos de propiedad. En ese sentido, rechazamos la patológica necesidad de procurar nuestra educación, salud, vivienda, alimentos y pensiones, pues todas esas cosas son responsabilidad exclusiva de cada individuo. Cuando este principio tan elemental y moral se respeta, problemas como la inestabilidad de los fondos, los salvatajes a empresas, la fiscalización del gasto públlico y otros, dejan de ser importantes.

En el caso concreto de las pensiones, la histeria colectiva que puede desatarse con una noticia como esta pasaría a la historia si cada individuo se procura su propio fondo de retiro y evita patrocinarle la vida a cientos de miles que viven de dinero robado.