martes, 27 de enero de 2015

La Columna de Carlos Federico Smith: Algunas razones de por qué hay precios diferentes entre países


Hay algunas experiencias recientes de países vecinos con el control de precios, que valen la pena comentarlas.  A causa de un diferencial de precios de una serie de bienes que se han expuesto en estos días, personas con amplio conocimiento han sugerido que es deseable para nuestro país -y con toda justificación para pensarlo así, aunque después expondré el impacto negativo de tal medida- que se establezca el control de precios, a fin de subsanar un evidente contraste, en el cual Costa Rica tiene un precio más elevado para un mismo producto, en comparación con algún otro país relativamente cercano. (Obviamente esos precios comparativos han sido expuestos en una moneda común, cual es el dólar estadounidense). Quiero tratar el tema en dos comentarios separados (para no extenderme mucho en uno sólo). El primero se titula “Algunas Razones de Por Qué Hay Precios Diferentes entre Países” y el segundo lleva por título “Ciertos Resultados de Políticas de Control de Precios”, el cual será publicado una semana después del primero.

Puede haber múltiples razones que nos podrían explicar por qué hay diferencias de precios de un mismo producto en distintas naciones. Una causa usual suele ser que los tipos de cambio oficiales que se usan en la comparación, no reflejan adecuadamente el verdadero valor de lo que podría ser una canasta (un conjunto) de bienes representativos en ambos países. Una moneda doméstica se dice que está subvalorada, cuando oficialmente se entregan más colones por, digamos, un dólar, que los que en realidad deberían de darse. Esto se puede presentar porque, por ejemplo, el país, en lugar de dejar que su moneda se revalúe para reflejar valores verdaderos del mercado, impide, por medio de su banco central, que se dé el ajuste del valor oficial al valor en el mercado. En esta circunstancia, en colones, los bienes importados nos cuesten menos de lo que deberían de costar. O, lo que es lo mismo, los bienes que podríamos exportar salen relativamente muy caros. Daré un ejemplo del caso. Supóngase que alguien mide el costo de un litro de leche en, digamos, un supermercado del estado de Nueva York en los Estados Unidos y el dato le dice que el costo de ese litro es de $10 dólares. Por su parte, en Costa Rica, ese “mismo” litro de leche en colones cuesta ₡750. Ahora bien, suponga que el tipo de cambio del colón con respecto al dólar el Banco Central lo tiene fijado “arbitrariamente” en ₡600 por dólar (o sea, subvaluado el colón) en vez de un tipo de cambio real que toma en cuenta los diferenciales de precios que existen por un producto (usualmente se hace en relación con lo que se llama una canasta de bienes) que supongamos sería de ₡400 por dólar.  Por un cálculo simple de regla de tres (en la jerga de los economistas el Tipo de Cambio Real (TCR) es igual al Tipo de Cambio Nominal (TCN) entre el cociente del precio en el exterior (Px) -o el índice del precio de una canasta comparable- con respecto al precio doméstico (Pd) del bien), se puede determinar el valor que andamos buscando. Esto es, a partir de TCR= TCN * Px/Pd, si tenemos el valor del tipo de cambio nominal el cual está subvaluado respecto al tipo de cambio real (o sea, se está pagando más colones por dólar del que se debería de pagar si el tipo de cambio fuera el de mercado) y el precio internacional del litro de leche ($10), podemos determinar el valor equivalente del litro de leche en el país, que en esta caso sería de $15.

Observe que, en este caso, si alguien compara el precio del anaquel en Nueva York de $10 con el equivalente que hemos obtenido de $15, fácilmente se podría concluir que la leche es más cara en el país que en Nueva York, pero sabemos del ejemplo, que eso es un resultado ocasionado por un tipo de cambio nominal desalineado del tipo de cambio real.

Es importante tener presente que entre países suelen presentarse tasas de inflación diferentes y eso se debería de reflejar en el tipo de cambio correspondiente. Por ejemplo, si vemos el comportamiento de la inflación de los Estados Unidos en, digamos, los últimos cinco años, comparado con el de Costa Rica en ese mismo lapso, tan sólo por ese hecho uno esperaría que el tipo de cambio se habría ajustado debido el diferencial de inflaciones. En este caso, el colón se debería de haber devaluado con respecto al dólar. Eso incidiría en que el costo doméstico del bien se ajuste a la mayor inflación relativa del país con respecto a la nación extranjera. En esta situación tendría relevancia lo expuesto en el párrafo inmediato anterior como explicación de diferencia en el precio de un mismo producto entre ambas naciones.

Otro factor que podría explicar las diferencias de precios de un mismo producto entre naciones, se puede deber a una diferencia entre el poder adquisitivo de cada país, reflejado en diferencias en los ingresos per cápita de los ciudadanos de diversos países. Un precio más alto de un producto en un país en comparación con el de otra nación, puede simplemente ser resultado de que, en aquel país, la gente tiene mayor poder adquisitivo y, por tanto, ejercer una mayor demanda allá, lo cual se reflejaría en un precio más alto del bien comparado. Un ejemplo podría ser, tal vez, el precio de la leche para un consumidor nicaragüense de relativamente ingresos per cápita más bajo que Costa Rica. La relativamente menor demanda de leche por tener un menor ingreso, mostraría que en Nicaragua el precio de la leche fuera menor que el de Costa Rica. A esto se le podría llamar un efecto ingreso. Y, para los efectos de nuestro tema, que se considere que la leche es más barata en Nicaragua que aquí.
Esto nos lleva a otro factor importante explicativo de diferenciales de precios; por ejemplo, el costo de los servicios domésticos en un país, digamos que los Estados Unidos, en comparación con Costa Rica. Aquí posiblemente el costo de las empleadas domésticas es menor que en los Estados Unidos debido a la mayor oferta de ese tipo de servicios en nuestro país y, también, por una menor demanda de dichos servicios en Costa Rica en comparación con los Estados Unidos que hacen que la demanda de servicios domésticos sea relativamente mayor en aquel país, tal vez debido al nivel de ingresos mayor en aquel país en comparación con el nuestro o por el hecho de que en los Estados Unidos son porcentualmente más los hogares en donde ambos padres trabajan que en nuestro país. En nuestro mercado, el precio del servicio tendería a ser menor y, en los Estados Unidos, mayor.

Algo similar podría considerarse con respecto a múltiples costos diferenciales, por ejemplo, diferentes costos de transporte interno, de costos de bodega, de los costos de las cadenas distributivas, de salarios de los trabajadores, etcétera, etcétera.

Esa diferencia también se podría deber a la existencia de diferentes impuestos que se aplican a un producto, como es el caso de los aranceles a la importación de bienes. Por ejemplo, un producto que internacionalmente cuesta ₡1.000 y -sin tomar en cuenta fletes y otros gastos similares- por el cual el costarricense debe pagar un 60% de arancel, por ese sólo hecho elevaría su costo en el país a ₡1.600. Ante esto, la producción doméstica del bien que se podría importar es posible fijarlo (por la naturaleza casi monopólica de la industria) a un precio ligeramente inferior que aquel precio del mismo producto puesto en el país (en menos de los ₡1.600), digamos que en ₡1.500. Obviamente, en el país el costo del producto para el consumidor sería de ₡1.500, mientras que en el extranjero sólo costaría ₡1.000. (Esto es al revés de lo mostrado en la comparación de precios de un mismo producto más altos en el extranjero que en el país, que estimuló este comentario. Pero podría ser el caso si se hace una comparación del precio de un producto en un país con una economía relativamente más abierta -supongamos que es el caso de Costa Rica- con otra economía más cerrada, por ejemplo, la República Dominicana). 

También el diferencial de precios podría ser explicado por la existencia de impuestos diferentes entre países. Sin brindar números exactos, Costa Rica es el país de Centro América en donde al consumidor doméstico se le ponen porcentualmente mayores impuestos sobre el costo de los combustibles.  En el resto del área, sus gobiernos gravan a los combustibles en menores proporciones. Por tan sólo esta razón -es un ejemplo- la gasolina en Costa Rica es más cara que en, digamos, Nicaragua u Honduras. También podría deberse a la estructura de las industrias, pero eso es menos evidente, en especial ante la elevada proporción del precio que en nuestro país pagan los consumidores tan sólo como impuestos. Por ello un análisis de las cifras comparativas debería de efectuarse libre de impuestos distorsionadores. 

También la existencia de otros impuestos podría explicar el diferencial de precios entre países. Daré un ejemplo, el de los cigarrillos. Los cigarrillos en Costa Rica han sido fuertemente gravados con impuestos -por las razones que sean. Esto ha provocado que al país ingrese una gran cantidad de cigarrillos como contrabando, digamos que de Belice o de Paraguay, entre otras procedencias. El precio de referencia para el contrabandista es el precio interno con impuestos (además de los riesgos que asume); por eso lo único que tiene que hacer es elevar el precio del cigarrillo contrabandeado, mas no por encima del precio doméstico legal. Así, el precio del cigarrillo de contrabando en Costa Rica sería más elevado que su precio en los países de donde vienen de contrabando y en donde supuestamente se les cobran impuestos menores, pero sería menor que el precio oficial. Algo similar podría ocurrir con los licores, vinos y cervezas. Una comparación internacional de los precios de esos productos tendería a mostrar que el precio interno legal en Costa Rica es mayor que su precio correspondiente en los otros países, a pesar del efecto mitigador de la diferencia que significa el producto contrabandeado.

Asimismo, la falta de competencia en un país, en comparación con otro, podría explicar esas diferencias de precios. Por ejemplo, suponga que en Costa Rica hay un monopolio en la producción de leche. Eso permite al monopolista cobrar un precio más elevado que el que podría obtener en una situación competitiva. Imagínese que, por otra parte, en el país al cual se exporta la leche producida nacionalmente, el exportador-productor doméstico enfrenta un mercado mucho más competitivo que el existente en Costa Rica. O sea, en la otra nación no puede usar el poder monopólico que logra en Costa Rica y que es lo que le permite tener un precio mayor que si hubiera competencia. Eso posiblemente hace que tenga que sacrificar sus utilidades monopólicas si pretende tener acceso al mercado del otro país. Sólo vendiendo al precio de mercado vigente en el extranjero puede competir y presumiblemente ese precio será inferior al que puede cobrar en Costa Rica por su poder monopólico.

En resumen, pueden existir diversas explicaciones de por qué un mismo bien se vende en Costa Rica a un  precio mayor que en el extranjero, incluso siendo conscientes de que hay un costo de transporte desde aquí hasta la otra nación y lo cual tendería a reducir el precio relativo en el mercado interno (el cual no contiene un componente por costo de transporte internacional) comparado con el del extranjero, que sí lo debe de incorporar. Pero no abundaré en más explicaciones de posibles diferenciales de precios, pues casi que sería de no terminar. Mi interés mayor es referirme a si la propuesta de fijar precios domésticos presuntamente altos en el país, sería una solución adecuada para resolver el problema de diferenciales de precios entre países. Tal tema lo analizaré en la segunda parte que presentaré la semana próxima.

Por el momento y ante lo que he expuesto, mis recomendaciones serían, para el caso de una desalineación de la moneda doméstica con respecto a los precios comparativas comentado anteriormente, que la distorsión tendería a desaparecer o disminuir si son los mercados cambiarios libres los que determinen el valor correspondiente de las monedas entre sí. De esta forma, lo que podría determinar valores diferencias serían los normales en un mercado, como son las ofertas y las demandas de los insumos, así como de los productos, además del evidente costo de transporte (y otros similares como de embarque y de desembarque).

Asimismo, es recomendable evitar presiones inflacionarias superiores a las externas sin que se permita al tipo de cambio desalineado ajustarse debidamente a dicho diferencial, porque podría crearse la ilusión de que los precios internos son diferentes de los externos, por una simple maniobra de control cambiario. Lo conveniente no es reprimir el verdadero valor de los bienes así como el tipo de cambio que realmente debería de existir, lo que permitiría indicar cuando es que hay un diferencial real de los precios y que posiblemente produciría flujos comerciales entre países que lo amortigüen.

Dado que muchos monopolios internos deben su existencia a la vigencia de aranceles, que impiden el ingreso al país de aquella producción proveniente del exterior, una eliminación de los aranceles y de medidas restrictivas similares usadas para frenar una importación competitiva, contribuiría a la equiparación de los precios. Obviamente eso no exime el diferencial proveniente del costo del transporte entre naciones y causas similares. Pero eliminaría el poder del monopolio doméstico que ha permitido que en el país se cobre un precio más elevado que si hubiera competencia.

También pueden existir políticas restrictivas en el mercado laboral que impliquen costos mayores para la producción doméstica, como es el caso de colegios profesionales, que con sus prácticas restrictivas de la oferta elevan artificialmente el costo de contratación de servicios. Por supuesto que una mayor competencia en los mercados de servicios hoy restringidos por regulaciones laborales de colegios profesionales, por ejemplo, se traducirían en una reducción de los costos domésticos y, por tanto, en los precios de los productos. 

Asimismo, es necesario que se revise la existencia de ciertas entidades gubernamentales o para-gubernamentales, que facultan la fijación organizada de precios que elevan los costos internos y por ende los precios que se pueden cobrar en el país. Pienso, por ejemplo, carteles en el servicio de telefonía, del azúcar, del arroz, del café, entre otros, que bien pueden lograr cierto grado de protección a sus asociados domésticos ante posible competencia interna o externa y, por tanto, que se cobren precios internos relativamente mayores. Si esa restricción a la competencia no la enfrentan en los países a los cuales se exportan esos bienes protegidos, se vería como el precio del mismo producto es más elevado en Costa Rica que en el exterior.

Internamente podemos esperar que una apertura a la libre entrada y salida de empresas a los mercados contribuiría -además de la eliminación de aranceles- al logro de una mayor competencia y con ello lograr reducir los precios domésticos cobrados a los consumidores.

Similarmente, eliminar tributos excesivos impuestos sobre el valor de los bienes podría conducir a una reducción interna de los precios y disminuir los casos de evidente diferencial de precios, como son los de los combustibles y de los bienes objeto que contrabando antes comentado.

Asimismo, hay una serie de insumos que no son objeto de comercio internacional y que en ciertos casos son regulados por el estado, como puede ser la electricidad, agua, tarifas de transporte interno, entre otros, que son factores de costo usuales que se incorporan en el valor final de un bien. Pero también hay otros bienes que no suelen ser objeto del intercambio internacional ni tampoco de la política regulatoria usualmente aplicada a los servicios públicos, como, por ejemplo, la vivienda, los servicios de restaurantes, las peluquerías y salones de belleza y muchos otros bienes fácilmente perecederos. En estos últimos casos la expectativa normal es que las fuerzas competitivas, que suelen dirigir recursos hacia donde la rentabilidad es mayor, conduzca a moderar los precios relativamente altos.

 Pero este último caso es diferente a cuando, por ejemplo, hay una política deliberada del estado de usar la regulación de precios como fuente de ingresos para el fisco -esto es, lograr precios más altos que el que podría obtenerse en mercados competitivos, tan solo por el objetivo estatal de lograr mayores ingresos. La eliminación de eses sobreprecio por razones fiscales podría permitir una mejor comparación de los costos verdaderos de un mismo bien en mercados de países distintos. Si se eliminara, por ejemplo, el sobreprecio en el costo de la electricidad o del agua puesto con fines de disminuir el déficit fiscal general del estado (al aumentarse por ese arbitrio las utilidades de esos organismos descentralizados del estado), obviamente podríamos pensar que ese menor costo de insumos se refleje en menores precios de ciertos bienes en comparación con los mismos internacionalmente. 

Estas son algunas sugerencias, pero en el próximo comentario de la semana entrante, en lo que podría ser una segunda parte de éste, se analizará el tema de la política de control de precios como medida para reducir los precios internos.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 26 de enero de 2015

Tema Polémico: Por la boca muere el pez

Todos recordamos el famoso grito de guerra de la campaña electoral del Presi: ¡Con Costa Rica no se juega! Pero a menos de un año de Gobierno, cualquier observador cauto y medianamente objetivo se podrá haber dado cuenta que este Gobierno además de ser un puro vacilón, forma parte de lo que en campaña se denominó, como: “más de lo mismo” o “los mismos de siempre”. Es decir, no solamente no hemos visto ningún avance importante, sino que han aparecido viejas “prácticas” que supuestamente quedarían erradicadas de la función pública una vez que los militantes del PAC accedieran al poder (¡que ingenuidad!). En este sentido, en las últimas semanas han acontecido dos eventos que muestran a la perfección lo aquí afirmado, veamos:

El primero de ellos fue el escándalo Soley, lo cierto del caso es que sin importar las consideraciones de fondo que cada uno de nosotros pueda efectuar sobre este evento, lo cierto es que el Ejecutivo no mostró ser la “Casa de Cristal” que había prometido el Presi al inicio de su mandato. Durante todas estas semanas, se instauró un silencio sepulcral en Casa Presidencial, y cada vez que se hizo referencia al tema se hizo de forma confusa y sospechosa.

El segundo hecho refiere a la noticia publicada el día de ayer en el periódico La Nación, en donde se denuncia que las embajadas en este gobierno han sido adjudicadas bajo la más vil forma de botín político, alejado de todo parámetro de objetividad y meritocracia. Supuestamente este modus operandi también desaparecería por arte de magia gracias a la ética PAC.


Sin duda alguna el inicio de este Gobierno ha sido una total decepción, pero antes de señalar culpables, lo mejor que podemos hacer es que cada uno de nosotros realice su mea culpa y se pregunte así mismo si se dejó seducir por los cantos de sirena del Presi, en su versión de rutas de la alegría, mejengas y marchas con perritos. No podemos olvidar que el Presi no llegó solo…

martes, 20 de enero de 2015

La columna de Carlos Federico Smith: un caso reciente de externalidades en Costa Rica

El tema de las externalidades es muy interesante en el pensamiento económico. Una definición sencilla de ellas puede ser la siguiente: Beneficio o costo de la producción o del consumo que se genera sin que haya compensación para quienes no compran ni venden el producto. Se dice que hay una externalidad positiva, cuando un individuo obtiene un beneficio sin pagar por la producción o consumo realizado por otros individuos. Por ejemplo, un poseedor de colmenas se beneficia cuando el agricultor vecino cultiva manzanas que alimentan a las abejas. Hay una externalidad negativa cuando se impone un costo sin compensación alguna a terceros, por la producción o consumo de otras partes. Por ejemplo, una industria arroja químicos que contaminan un río, matando los peces que aprecian y buscan los pescadores. A estas circunstancias se les suele llamar “fallas de mercado”, pues es una situación en que el mercado falla a la hora de lograr la eficiencia; es decir, se produce menos de lo que socialmente se espera de un bien (externalidad positiva), como es el caso de que más manzanas beneficiarían al dueño del apiario (externalidad positiva y noten que en este caso hay una externalidad recíproca, pues más abejas producen más manzanas) y más de lo socialmente necesario en el caso de la externalidad negativa (se desea menor contaminación del río).

No sé por qué llamarlas “fallas de mercado”, pues es muy posible que las partes se puedan poner de acuerdo libremente, como sucede en un mercado. Muy propio de nuestro ejemplo de las abejas y los manzanos, es el estudio clásico y práctico de Steven N. S. Cheung, “The Fable of the Bees: An Economic Investigation,” en Journal of Law and Economics, 16, abril de 1973, quien señala que “Contrario a lo que la mayoría de nosotros puede haber pensado, las florescencias del manzano producen poco o nada de miel. Pero es cierto que las abejas proveen valiosos servicios de polinización para los manzanos y otras plantas, y que muchas otras plantas rinden cosechas lucrativas de miel. En todo caso, se mostrará [en este artículo] que los acuerdos de precios y contratos que se observan en relación con el manejo del néctar y de los servicios de polinización, son consistentes con una asignación eficiente de recursos”. (P. 13). Y concluye su trabajo en que “es cierto que los costos involucrados en la aplicación de los derechos de propiedad y en la formación de contratos, harán que el mercado funcione diferentemente de como lo haría sin que existieran tales costos. Y pocos podrían negar que el gobierno ofrece algunas ventajas económicas. Pero es igualmente cierto que cualquier acción gubernamental puede ser justificada con base en argumentos de eficiencia por el simple expediente de hipotetizar costos de transacción lo suficientemente altos en el mercado y costos suficientemente bajos del control gubernamental.” (P. 33).  En dos palabras, la experiencia señalada por Cheung expresa la posibilidad de que haya contratos mediante los cuales los dueños de las colmenas son libremente compensados por la contribución que sus abejas hicieron a la producción de manzanas, con lo cual básicamente queda resuelto el problema de externalidades y de fracaso del mercado.

Hago este señalamiento porque la posibilidad de que surjan acuerdos en casos de externalidades debe ser tomada en cuenta, cuando se habla de la necesidad de la intervención del estado para resolver el problema, ignorándose muchas veces que esa intervención gubernamental no sólo otorga beneficios al corregir presuntos problemas con el mercado en el caso de externalidades, sino que normalmente esa intervención tiene costos que deben ser incluidos en el análisis de cada caso concreto.

El periódico La Nación del 27 de octubre narra un caso interesante de externalidades negativas en su análisis titulado “Familia sufre por desidia estatal para poner fin a ruidosa fábrica: ninguna entidad logró que empresario de Oreamuno cumpliera orden de cierre.”

¿Cómo se resuelve el problema de las externalidades? Apliquemos las ideas al respecto en este caso. Obviamente la mejor solución es que las partes se pongan de acuerdo, en este caso acerca de la magnitud o severidad de la externalidad negativa por el ruido causado. Se supone que acordarían una compensación, de manera que la familia acepte una satisfactoria por el ruido de que son objeto. Puede ser que la empresa productora del ruido acceda a poner un amortiguador de sonido, de manera que no moleste a la familia o que haya una solución intermedia satisfactoria: medidas para reducir el ruido y un pago monetario por la molestia. Las partes se supone que así quedan mutuamente satisfechas con el resultado acordado libremente.

Pero, ¿qué pasa cuando no se llega a un acuerdo entre las partes? En ese caso podría haber entidades privadas (por ejemplo, un religioso o un anciano respetable, o un grupo en una pequeña comunidad, etcétera) mediante cuya intervención las partes podrían llegar a un acuerdo feliz. A veces tampoco eso se logra y es cuando se acude al estado. Como hay diversas jerarquías políticas -gobierno local o municipal, luego una oficina ministerial dependiente del Poder Ejecutivo y, finalmente, un tribunal nacional e incluso hasta uno internacional, si fuere el caso- es de esperarse que inicialmente el arreglo sea propuesto, tanto por razones de economía procesal, como por la familiaridad física, en el marco de un gobierno local. Si aún con la intervención legal de éste, no se llega a tal acuerdo, hay la posibilidad de que administrativamente lo resuelva o conduzca a un acuerdo de las partes, el accionar del Poder Ejecutivo, por medio de un ministerio, por ejemplo. Si tampoco se llega a una solución y acuerdo entre las partes, quedan los tribunales. Tal parece ser la forma en que en el país, mediante diversos niveles decisorios, se pretende resolver conflictos de esta naturaleza.

En el caso de referencia, una familia de Oreamuno de Cartago, que vivía en su casa sin problemas de ruido, de pronto se vio afectada por el fuerte escándalo proveniente de una fábrica que se construyó al lado. Me imagino que inicialmente no hubo una solución o acuerdo privado entre las partes, de manera que el asunto se buscó resolver o conciliar en el ámbito municipal. En la redacción del fallo del magistrado Ernesto Jinesta Lobo, según lo que señala La Nación, se indica que “la fábrica no tuvo permiso sanitario de funcionamiento, pero operó con un permiso del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA; dependencia del Ministerio de Agricultura; esto es, del Poder Ejecutivo) que fue cancelado en setiembre del 2013.” Asimismo, el magistrado dijo que en la documentación oficial consta que, aunque Salud (otra institución del Poder Ejecutivo) dispuso “la clausura total y definitiva de la fábrica”, se pusieron los respectivos sellos en algunas puertas de la fábrica, pero en otras no.

En síntesis, no se pudo llegar a un acuerdo privado; el gobierno local no actuó con la celeridad que debía de haberlo hecho y el Poder Ejecutivo, una vez más, mostró su ineficiencia, cuando incluso hubo momentos en que dos entes integrantes de dicho poder tomaron acciones diferentes en torno al permiso para operar. Como dijo el abogado de la familia afectada, “La Sala (Constitucional) determinó que efectivamente había violaciones constitucionales por la inoperancia del Estado. Hay un montón de daños, no sólo a la salud, sino perjuicios económicos que hay que cobrárselos al Estado.” Simplemente, habrá una demanda justificada contra la Municipalidad y el Poder Ejecutivo por ineficientes. Por supuesto que, en caso de tener que pagar por su irresponsabilidad, el costo lo absorberemos todos los costarricenses. En palabras de economistas, el beneficio de la acción estatal para resolver el problema de la externalidad fue sobrepasado por los costos de su intervención.

Si el amigo lector cree que hasta aquí llegó la angustia para la familia, pues tristemente se equivoca.    De acuerdo con la dueña de la casa, a pesar del fallo de la Sala IV, el  1º de mayo tuvo que irse de ella: “Ese día la vida de la familia se suspendió. Tenemos una deuda con el banco, no podemos vender, ni dejar de pagar, ni tenemos dinero para comprar otro lote…”, señaló la afectada.

Este ejemplo muestra, entre otras cosas, la impreparación del estado para resolver eficientemente este tipo de casos, cuando no surge un acuerdo privado previo entre las partes y se tiene que acudir a los distintos estamentos del estado en busca de una resolución del conflicto. La tomada por el juez parece ser la correcta y afortunada, si bien la parte perdidosa no cesó de inmediato su daño a terceros, con lo cual se habría resuelto definitivamente el litigio y, por ende, el problema. El caso es muy interesante, pues es muy posible que a futuro surjan más y más problemas de esta índole, que ojalá pudieran ser resueltos mediante acuerdos privados, que incluso hasta resultarían ser menos onerosos para las partes. Pero, de no ser así, la función del estado es resolver el conflicto entre las partes de manera pronta y eficiente, pero, al menos en las instancias gubernamentales, tanto local como nacional, eso no parece haber sido así. Nunca debemos olvidar que la acción del gobierno tiene costos, que deben formar parte del acuerdo que permita resolver situaciones de externalidades. En sencillo, tal como se dice que hay “fracasos del mercado”, también hay “fracasos del estado”. Ello porque se cree que la intervención no tiene costo alguno.

Puede ser apropiado el consejo de un estudioso de estos asunto, Tyler Cowen, quien señala que “las imperfecciones de las soluciones de mercado a problemas de bienes públicos deben ser sopesadas contra las imperfecciones de la soluciones de un gobierno [se refiere a que las externalidades es uno de los argumentos usados para que el gobierno se involucre en la provisión de bienes llamados públicos en que es difícil excluir de su disfrute a individuos que no pagan por él, como sería el caso de, por ejemplo, un faro en la costa en donde se pague o no por los barcos, se disfruta del servicio, por lo cual algunos han argüido como necesaria la provisión pública de faros]. Los gobiernos descansan en burocracias y tienen pocos incentivos para servir a los consumidores. Por lo tanto, producen ineficientemente. Es más, los políticos pueden suplir los bienes “públicos” de forma tal que sirva a sus propios intereses, en vez de los intereses del público; hay legiones de ejemplos de desperdicio en el gasto gubernamental y de proyectos gubernamentales que tienen adicionados una serie de fondos para otros proyectos que no tienen nada que ver con el proyecto original [pork-barrel projects en inglés]. Los gobiernos a menudo crean un problema de consumidores forzados al obligar a la gente a brindar apoyo a proyectos que no desean. Las soluciones privadas para los problemas de los bienes públicos, cuando sean posibles, usualmente son más eficientes que las soluciones gubernamentales.” Tyler Cowen, “Public Goods and Externalities” en David R, Henderson, editor, The Concise Encyclopedia of Economics, Library of Economics and Liberty, Liberty Fund. 

Jorge Corrales Quesada

miércoles, 14 de enero de 2015

Desde la tribuna: Mauricio Rojas en Costa Rica

El próximo lunes 19 de enero a las 19 horas  (a las 19 del 19), en el Colegio de Abogados, tendremos la oportunidad de oír y conversar con Mauricio Rojas acerca del  “Estado de Bienestar en Suecia”.   Charla fundamental para entender qué está pasando en ese gran país y cómo es la transformación de que se está dando.  Asimismo, oportunidad de oro para borrar y enfrentar tantos mitos que circulan por allí.

El conferencista ha tenido una experiencia envidiable,  ha sido parlamentario en Suecia (o sea, es sueco y ha tenido éxito electoral en ese país nórdico) y nació en Chile.  Hablará en español acerca de un régimen muy admirado por mucha gente en nuestro país.

Exintegrante del MIR (el radical Movimiento Izquierda Revolucionario) chileno, este economista nacido en 1950 en Chile se exilió en 1974 en Suecia, huyendo del régimen militar.  Luego se convierte en liberal, sueco y parlamentario, autor de más de una veintena de obras de gran calidad y escritor laureado.  ¿Cómo no aprovechar la ocasión para apreciar una vida tan enjundiosa?

Ha estudiado el modelo sueco como pocos, ha ejercido la cátedra, ha participado en la política, ha sido perseguido político, escritor prolífico, experto en el tema de migraciones, integrante de la Comisión Constitucional del Parlamento sueco y no se ha olvidado de su querida Latinoamérica.

Ha realizado gran cantidad de trabajos académicos en relación con el pensamiento político (especialmente marxismo y liberalismo) y es un gran conocedor de los temas atinentes al desarrollo. 

Hay que aprovechar tan especial actividad para hablar con un conocedor, estudioso, protagonista, europeo y latinoamericano, perseguido y ganador político, voz autorizada en dos continentes y académico exitoso. 

He seguido con fruición su trayectoria y leído con avidez sus escritos, disfrutaré mucho la oportunidad de oírle y disertar acerca de tan esenciales temas, importantes para el desarrollo de las sociedades.    Me parece una vida ejemplar, huir de la persecución política y luego llegar a ser parlamentario en una reconocida democracia europea, defender con tanta consistencia la libertad  en un medio icono del socialismo y, luego, liberarse personalmente del marxismo. No hay que perdérselo.

Federico Malavassi Calvo

martes, 13 de enero de 2015

La columna de Carlos Federico Smith: transparencia, no ocultamiento

Una de las prácticas que en el estado se suelen llevar a cabo, es la intención de tapar cosas que puedan dar lugar a situaciones incómodas frente a la opinión pública. En realidad, es poco lo que en nuestros medios de comunicación se expone acerca de tal tipo de prácticas, no porque no se lleven a cabo, sino porque mantenerlas en la oscuridad es lo que activamente buscan los responsables de la administración pública, y a veces tienen éxito en ello. Por tal razón me agradó leer una información diferente de la que usualmente se suele brindar acerca de la ineficiencia del estado; en este caso, se trata de un destape. El comentario aparece en La Nación del 23 de diciembre, bajo el siguiente encabezamiento: “Nacional hurga en los correos electrónicos de sus directivos: Junta Directiva de Banco ordenó investigar quién filtró documentos a semanario ‘El Financiero’”.

De acuerdo con una publicación de El Financiero (EF) del 12 de octubre, titulada “Banco Nacional aplica fuertes medidas de ajuste para mejorar sus resultados financieros”, “Desde que empezó el 2014, el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) está ejecutando una serie de duras medidas para mejorar sus principales indicadores y resultados, los cuales se deterioraron en el 2013.

La junta directiva de esa entidad solicitó a la administración acciones para fortalecer el índice de suficiencia patrimonial y para levantar la eficiencia y la rentabilidad, según documentos y actas a los que EF tuvo acceso.

Dichos planes incluyeron medidas como la emisión de deuda subordinada, el aporte de dividendos por parte de subsidiarias, la venta parcial de la cartera de crédito, un recorte en gastos, la aplicación de comisiones por servicios y el cierre de oficinas.” 

Independientemente de la certeza acerca de quiénes pueden haber llevado a cabo tales “filtraciones” de documentos, el tema de discusión evidente es si los ciudadanos costarricenses tenemos el derecho a saber acerca de las decisiones tomadas por la Junta Directiva del Banco Nacional. Tal divulgación podría ser impropia o incorrecta si existieran razones legales para prohibirla -cosa que incluso podría ser cuestionable por tratarse de asuntos de interés público-, como, por ejemplo, si estuviéramos en presencia de un secreto de estado. Asimismo, quiero pensar que la información que recientemente ha visto la luz, tanto en las ediciones de El Financiero como de La Nación antes citadas, ha sido suministrada y puesta en conocimiento de las autoridades reguladoras bancarias pertinentes. Espero, además, que ésta no haya sido objeto de lo que en la jerga de los financistas se conoce como “maquillaje” contable, de manera que esos entes obtengan información confiable y real de la operación y el estado del banco regulado. Pero quiero, más bien, pensar que la entidad bancaria está tomando medidas para mejorar una situación financiera que no se considera la mejor. E incluso, que son medidas que tal vez el banco ha debido tomar para poner en orden situaciones que han sido ya advertidas por las entidades reguladoras, y que se requiere sean solucionadas.

El dar a conocer en los medios las medidas que el Banco Nacional ha debido tomar, no “daña la imagen” de la entidad, como han aseverado algunos. De haber un daño a la imagen, surge, no porque el ciudadano conozca por la prensa hechos o decisiones tomadas por la Junta Directiva de dicho banco estatal, sino por su actuación durante el período significativo; esto es, que los resultados no fueron los esperados por las razones que sean. Creo, por el contrario, que saber por los medios acerca de las medidas presuntamente correctivas de los problemas administrativos previos, más bien mejora la imagen del banco. Un ocultamiento pretendido de la situación sí dañaría la imagen del banco, pues va en sentido totalmente opuesto a la idea de transparencia en las acciones que debe caracterizar a las entidades públicas.

Otro argumento, que también se ha indicado como razón para “investigar a directivos”, es porque esa información publicada podría “ser utilizada de forma indebida.” En mi opinión, si hay formas incorrectas, delictivas, de conducta como, por ejemplo, una actuación inapropiada de competidores en busca de debilitar al banco, o si existiera un delito de por medio, como una ruptura de una cláusula de confidencialidad de información por parte de funcionarios o una clara actuación conflictiva de intereses, de parte de quien la puede haber divulgado, creo que esos presuntos actos ilegales deberían de hacerse del conocimiento de las autoridades correspondientes. Pero, también, en todo momento debe estar presente el principio cardinal del derecho de los ciudadanos, de saber qué, cómo, cuándo, dónde y para quién su gobierno hace las cosas. 

Por ello, no le veo tanta sustancia al alegato de los administradores oficiales del banco, como cuando aseveran que “La Junta Directiva acordó realizar una investigación lo más exhaustiva posible, con el fin de analizar la totalidad del contenido del reportaje y tratar de establecer la forma, tiempo y lugar en que se divulgó la información, así como determinar los posibles responsables de dicho hechos delictivos”. Podrán investigar lo que quieran, pero lo publicado es algo presuntamente sucedido y que está debidamente registrado en actas del banco. Esas actas son del dominio público y de ninguna manera su divulgación ante la ciudadanía parecería indicar algo como “hechos delictivos”. Personalmente, creo que más bien debemos agradecer que cosas como éstas no queden tapadas, sino que lleguen plenamente al conocimiento de los ciudadanos, que al fin de cuentas no sólo son los propietarios de ese banco, sino también los que se beneficiarían o afectarían con decisiones como las comentadas. 

Al final de cuentas, tal como lo reiteró recientemente la Sala Constitucional, “las actas de las juntas directivas de los bancos del Estado son de libre acceso, pues contienen información de interés público.” (Por supuesto, obviamente que la privacidad existe únicamente en lo referente información confidencial privada que dispone el banco; por ejemplo, no puede, si no es por orden judicial, revelar los movimiento de mi cuenta bancaria o la información privada que he presentado en una solicitud de crédito). O sea, usted y yo y todos los ciudadanos del país tenemos derecho a saber qué pasa en nuestro estado y, concretamente, con las actuaciones de las juntas directivas de los bancos y en lo particular, en el caso mencionado del Banco Nacional. En donde reina la oscuridad, se facilita la corrupción. Ese puede ser un buen principio para aplicar en este tipo de casos de acciones del gobierno, que se puede querer que yazcan en la opacidad. Luz, más luz: recuerden las palabras finales de Goethe.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 12 de enero de 2015

Tema polémico: bofetada a los más pobres



Por lo general, todos los partidos políticos, especialmente durante las campañas electorales, se presentan como defensores de los pobres, con propuestas que muestran su preocupación por quienes menos tienen y con promesas para mejorar su calidad de vida. Su diferencia radica en la forma en la que quieren lograr esa meta: grosso modo, unos plantean al Estado como el actor preponderante que lo haga todo, incluyendo producir la riqueza (¡como si pudiera hacerlo!) y repartirla; otros procuran que la riqueza la genere el mercado, es decir, miles de individuos decidiendo libremente intercambiar sus productos y su dinero, y que ellos sean quienes definan a los ganadores y perdedores. Otros pretenden mezclar ambas premisas y transitan más cerca o más lejos de alguna de ellas. 

El Partido Acción Ciudadana (PAC), que ganó las elecciones presidenciales el año anterior, históricamente ha expresado, a través de sus líderes políticos y candidatos, que el Estado debe asegurar los mecanismos para que los más pobres puedan progresar. Sin embargo, su accionar ha estado marcado por grandes contradicciones. No en vano fue el principal promotor, junto con el Poder Ejecutivo y la bancada oficialista del periodo anterior, de un plan para aumentar los impuestos que, finalmente, iba a recaer con todo su peso sobre las personas de clase media y clase baja, aquellos a los que decía defender.

Increíblemente, a pesar de este exabrupto, los electores fueron mayoritariamente a firmar su sentencia de muerte en abril del 2014, dándole a esa agrupación más de 1.3 millones de votos para que guiara el transitar político costarricense por los próximos cuatro años. Durante los primeros meses de gestión, la nueva Administración dio tumbos a raíz de sus desaciertos, haciéndole creer a todos que su periodo transcurriría sin pena ni gloria, marcado por la incapacidad de sobrellevar la carga asignada; sin embargo, poco a poco, Solís Rivera y su equipo comenzaron a mostrar su verdadera cara: primero, levantando el veto a la reforma procesal laboral y, con ello, creando enormes incertidumbres al empresariado, reduciendo las posibilidades de encontrar trabajo para quienes tanto lo necesitan y aumentando la preocupación de todos aquellos que vemos con malas perspectivas la situación económica del país. Posteriormente, la noticia de los últimos días que ha sacudido al país y, en especial, los bolsillos de los más pobres, de aquellos a los que este gobierno dice defender, es el aval que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) otorgó a una solicitud de los empresarios arroceros para aumentar el impuesto sobre la importación de este grano, pasando de 35% a más de 62%. Su alegato, sorprendente y sin sentido, es que existe una relación causal entre el aumento de las importaciones y el daño grave que estas causan a la  producción nacional del arroz y que es necesario proteger los empleos que esta actividad genera.

La gran pregunta es ¿por qué no se dice nada de la relación causal entre el impuesto a las importaciones y el daño grave que este causa al consumidor de arroz? Muy sencillo. Porque para los miembros del PAC, el consumidor no importa; hay que proteger a los productores, hay que evitarles enfrentar la competencia, hay que asegurarles ganancias aunque no sean capaces de generarlas por sí solos, aunque no sean eficientes ni productivos; hay que meterle la mano en el bolsillo a millones de consumidores para quitarles los pocos recursos que tienen y dárselos a unos cuantos empresarios que se venden como pequeños productores, aunque en realidad, son de los más ricos y poderosos del país.

Está ampliamente demostrado que el sistema actual de protección al arroz genera una distribución de riqueza de los pobres y clase media a favor de unos pocos empresarios muy adinerados. Y no es algo que digamos solamente nosotros en ASOJOD. En el 2002, la Defensoría de los Habitantes denunció que

“resulta evidente que toda la cadena de comercialización gana de más con esta propuesta, toda vez que la distribución del monto en exceso cobrado al consumidor se reparte en la cadena de comercialización; es pues una simple repartición de utilidades, sin que a la fecha el gobierno tenga una justificación valedera para ello. Esta falta de transparencia resulta preocupante para la Defensoría, toda vez que es un derecho fundamental de los habitantes contar con información completa, con respecto a todo aquello que afecte sus intereses económicos (…) En cualquiera de los casos, las ganancias que obtienen los distintos agentes de la cadena salen íntegramente del bolsillo de los consumidores, especialmente de los de más bajos recursos que son los que tiene una dieta basada en este grano básico”. 

En ese mismo Informe, la Defensoría reveló que desde el año 2000 el propio MAG reconocía, mediante Oficio DM-101-2000, que “por las medidas arancelarias, al precio del arroz importado debe sumársele el pago de derechos por un 42% aproximadamente para obtener el valor de costo nacional del arroz importado.

Por su parte, la Contraloría General de la República, en su Informe N° DFOE-AM-16/2004, reveló que

“un Fondo de Asignaciones no Reembolsables”, creado por medio del Decreto N°30867-MAG-MEIC-COMEX-H para beneficiar a los productores de arroz con el diferencial que produzcan las importaciones de arroz en granza que se realicen al amparo de la declaratoria de Desabasto que efectuara el MAG con base en el artículo 37 y concordantes de la Ley de la Corporación Arrocera, se distribuyó de forma tal que en manos de 33 grandes productores que representan apenas un 3% del total, quedó más del 50% de la asignación total del Fondo, sea más de  ¢965 millones; mientras que 774 pequeños productores de arroz que son la mayoría, (corresponden al 71% del total) recibieron apenas el 13% de la asignación, es decir aproximadamente ¢259 millones”.

Para el año 2006, un estudio realizado por Diego Petrecolla para el Banco Mundial y la Comisión para la Promoción de la Competencia del MEIC, reveló que

“el precio final al consumidor no se ha visto permeado por los precios internacionales, históricamente más bajos que el precio del arroz producido localmente”, esto por cuanto desde 1999, el precio del arroz en Costa Rica ha sido entre 30% y 50% mayor que el precio internacional de ese bien. Según dicho autor, esta situación se ha traducido en una transferencia de recursos del consumidor hacia la agrocadena del arroz en su conjunto, de nada más y nada menos que $396.4 millones, siendo la industria la más beneficiada ―y no el productor― pues a esta le correspondieron $324.7 millones. Ese mismo estudio midió el impacto del precio del arroz en el consumo de las familias de menores ingresos y demostró que sólo en la adquisición de ese grano, las familias más pobres gastaron entre un 6% y 8.4% de sus ingresos totales entre 2002 y 2005". 

En ese mismo año, el sobreprecio fue de aproximadamente $80 por tonelada métrica, estando el precio internacional del arroz más bajo que el del mercado local,  situación que no cambió toda vez que en 2008, de acuerdo con estadísticas de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL), nuestro país era el quinto en América Latina que registraba mayores precios en los alimentos, por cuanto el Índice de Precios al Consumidor indicó que el costo de la canasta básica alimentaria creció entre mayo de 2007 y mayo de 2008 un 23%; el doble de la inflación general del país en ese mismo ciclo que fue 11.90%. 

Tanto los gobiernos de Óscar Arias Sánchez y Laura Chinchilla Miranda reconocieron la situación de abierto perjuicio para los hogares, en particular aquellas que se encuentran en situación de pobreza y extrema pobreza, que producen con su política de protección a unos pocos productores e industriales. En efecto, MIDEPLAN enfatizó que en “los hogares de más bajos recursos…el consumo de alimentos básicos representa el 45,4% del ingreso, según la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares del 2004 y…en la actualidad puede representar la totalidad o la mayor parte del ingreso de los hogares dado el encarecimiento de los alimentos (arroz, maíz, trigo, frijoles)”.  Pero lejos de la sensibilidad presente en los discursos y declaraciones públicas, ambas administraciones no hicieron nada para solucionar la situación.

El pasado 12 de Mayo de 2014 se publicó una noticia en la que se detalla que el arroz que consumimos los costarricenses es el séptimo más caro de todo el mundo, lo que refleja que, efectivamente, todas estas informaciones apuntan al mismo problema: el perjuicio que la protección arrocera genera a los consumidores, especialmente a los de más escasos recursos. Inclusive, por si todo lo anterior no bastara, el propio Óscar Campos, alto dirigente arrocero, confesó que cinco grandes empresas acaparan los beneficios del arroz.

Más recientemente, se conoció que cuatro estudios diferentes -BID, Bernal Jiménez Chavarría, IICE y UNCTAD- critican las políticas arroceras costarricenses por considerarlas regresivas, es decir, que afectan a los que menos tienen, toda vez que estos deben gastar mayor proporción de sus ingresos para adquirir el grano vital en la dieta costarricense. De acuerdo con el estudio del BID, "la política del arroz en Costa Rica implica una transferencia importante de los consumidores (sobre todo los pobres, para quienes el arroz representa una parte importante de su canasta básica) a los productores y procesadores medianos y grandes); por su parte, Jiménez manifiesta que "los consumidores pagan un impuesto de $190,4 millones debido a la diferencia entre el costo local y el externo del grano. De este monto, los agricultores pequeños (379 productores de 1.019 en total) solo reciben $2.2 millones (1,15% del subsidio), y seis empresas agroindustriales, reciben $130,8 millones (68,7%)".

Según el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas señala que "no se identifican argumentos económicos o sociales para justificar el actual sistema de fijación de precio del arroz, ya que muchos productores reciben menores precios al fijado (efecto de las calidades), los consumidores, particularmente los de menores ingresos, pagan precios muy por encima de los internacionales". Finalmente, la UNCTAD indica que "las políticas existentes han beneficiado, principalmente, a los grandes agricultores y molineros integrados verticalmente, pues a menudo tienen licencias y cuotas, son capaces de comprar arroz a bajo precio en el mercado mundial, ganando altos beneficios ya que lo procesan y lo venden en el país".

Como puede verse, a lo largo de todos los datos y argumentos que hemos recopilado en ASOJOD durante años, es clarísimo que el sistema actual de protección arrocera resulta en un grosero atropello para los consumidores, especialmente para los de más escasos recursos. Proteger a unos pocos para transferirle el dinero de muchos es un acto horrible, muy criticado antaño por el PAC pero que ahora es legitimado por esa fuerza política con la resolución del MEIC para aumentar el impuesto. ¿Y así se atreven a llamarse un partido progresista que busca mejorar la calidad de la vida de las grandes mayorías?

Gracias a esta insensatez, miles de personas verán dificultarse aún más la consecución de su sustento y tendrán que que apretarse más la faja, reduciendo el monto que destinan a otras necesidades o, lamentablemente, disminuyendo el consumo de este grano tan importante en la dieta del costarricense. El resultado final será, sin duda alguna, un incremento de la pobreza, de las necesidades insatisfechas, de la desnutrición y de la incertidumbre que viven las familias en nuestro país. Si ya el dinero no alcanza, como dicen casi todas las personas, ahora mucho menos. Mientras tanto, unos pocos arroceros seguirán disfrutando de ganancias malhabidas, obtenidas a través de la expoliación. 

Esa es la Costa Rica que quiere el PAC, la de unos pocos privilegiados a costa de muchos que pagamos impuestos; la de reducidas oportunidades de progreso para las mayorías con tal de salvaguardar las gollerías de una minoría. La caravana de la alegría muestra la realidad circense en que nos embarcamos los costarricenses, quienes somos enviados a los leones para mantener entretenidos a unos cuantos "patricios". Con Costa Rica no se juega, decía Luis Guillermo Solís en campaña, pero la realidad muestra que con los costarricenses sí.

Ahora, pareciera que nos tocará gritar Ave Luisgui, pauper te salutant.

miércoles, 7 de enero de 2015

Desde la tribuna: activismo legislativo



La Asamblea Legislativa tiene la competencia o función legislativa.  La norma constitucional (artículo 121. 1) preceptúa que la Asamblea tiene la atribución exclusiva de “dictar las leyes, reformarlas, derogarlas y darles interpretación auténtica …”.  Ello no se puede poner en tela de duda.  El tema elemental es cómo y cuándo. 

Tener la potestad legislativa no implica la obligación de hacer leyes (salvo cuando la Constitución, como ha sucedido en algunos limitados casos, impone la directa obligación de emitir una legislación).  Dicho de otra manera, no debe la Asamblea pasársela haciendo leyes.

¿Por qué?    Hay tres razones básicas.

La primera de ella se deriva directamente del concepto constitucional de Estado y forma de gobierno.  La Asamblea tiene la función esencial, impostergable e indelegable de control político (con sus imprescindibles especies de control administrativo, control presupuestario y control de las diversas funciones del aparato público). Forma parte de un gobierno y debe estar atenta a su principal función de ser freno, contrapeso y foro nacional de discusión de los asuntos públicos. 

Sus demás funciones implican una distribución adecuada de su tiempo y esfuerzo. La propia Constitución privilegia el tema del presupuesto nacional (festinado en esta ocasión) como uno de los instrumentos y actuaciones legislativas más señeros.  El nombramiento de magistrados integrantes del Poder Judicial es otra de las herramientas básicas en esta concepción constitucional.  La marcha de la Justicia y la seguridad jurídica debe estar siempre bajo la óptica legislativa y para ello cuenta con esta otra posibilidad reseñada. 

La Contraloría General de la República está concebida como un órgano auxiliar de la Asamblea en el control de los recursos y la hacienda públicos. No se trata únicamente de observar las finanzas públicas sino de llevar control del panorama general (recursos en sentido amplio, competencias, resultados y demás componentes).  Por ello es tan triste percatarse de la poca atención que se presta a la liquidación del presupuesto y a los informes de la Contraloría.

De tal manera, en resumen, la Asamblea no está concebida para pasársela legislando sino que tal potestad está enmarcada en su papel amplio en el gobierno. Su principal actividad ha de ser la discusión de los asuntos de gobierno, la marcha de los negocios públicos, la divulgación de los temas nacionales y el debate nacional acerca de cómo marchan las cuestiones públicas básicas.

La segunda razón se deduce de la forma de actuación propia de la Asamblea. De su naturaleza se imponen la deliberación y el debate constantes, la reflexión pública y el pensamiento transparente.    La Asamblea no es un órgano cuya labor pueda medirse en LPH  (leyes por hora). Aparte de la calidad que habrían de tener las normas hay que evaluar a la Asamblea en su vocación por deliberar y fomentar el debate y discusión nacional de los temas públicos. 

El contenido de las normas debe ser acometido de manera directa por los diputados aunque no tengan la obligación de ser especialistas en la materia.  Es el principio democrático de que las normas han de ser “generales” y su contenido ha de ser inteligible, razonable y racional.  La necesidad de la norma debe justificarse en debate y deliberación.  Este debate no puede ser sustituido por asesores, libelos de asesores ni legisladores fantasma.  El diputado no puede entregare a las cosas que no entiende, ni decir “yo no soy yo”, ni “pa’eso tenemos mayoría” ni, mucho menos, abusarse del cargo en el directorio para afirmar que algo improbado ha sido aprobado. 

La tercera razón es de concepto constitucional básico. La ley es el instrumento para imponer obligaciones, penas, impuestos, multas y limitaciones a la libertad o, de manera similar, crear competencias administrativas. Es un instrumento muy poderoso y excepcional. No puede usarse indiscriminadamente y, menos aún, sin reflexionar, sin deliberar, utilizando la sorpresa o rindiéndose cobardemente a las presiones o al susto o a un puño de gritones en las barras.

En cuanto a las limitaciones a libertad, la Sala Constitucional en sus grandes fallos de lucidez y convicción de defensa constitucional ha expresado que no solo han de ser racionales, razonables y proporcionales sino, además, “necesarias”. No basta con que sean útiles, ejemplares o producto de postración administrativa.

Tal visión impone el sistema. Dicho de otra manera, tal concepción de cómo han de ser las limitaciones a la libertad obliga al sistema legislativa a emitirse de manera sistémica:  debe guardar las proporciones en relación con los diversos bienes jurídicos, debe respetar los valores, debe medir apropiadamente el grado de necesidad en relación con los propósitos y los bienes que están de por medio. Además, debe haber correlación de razonabilidad y de racionalidad. Explicación, justificación, deliberación, convencimiento y garantía de las libertades públicas.

Uno podría expresar varios motivos adicionales para reforzar el razonamiento en el sentido de que la Asamblea no debería pasársela haciendo leyes sino otras cosas más importantes. Uno de ellos es que hay multitud de leyes.  Abundan las leyes en nuestro medio:  malas, mediocres, confusas, ambiguas, contradictorias, liberticidas, abusivas, producto de la irreflexión.

El otro, derivado de lo anterior, es que los proyectos para derogar tales adefesios (leyes derogatorias) son muy pocos.  De tal manera, la posibilidad de que se limpie un poco la maleza y despeje el panorama es muy pequeña. 

Uno más, producto de la sabiduría popular, es aquello de que “lo que de noche se hace, de día aparece”.  O sea, que no se puede legislar a la traición, por presión o en la oscuridad, en las sombras, cuando no se sabe a ciencia cierta qué está pasando.

Uno más, y muy importante, es que algunos medios de comunicación se la pasan en campañas de “indignación”, en el “hay que hacer algo”, en la denuncia asistémica e irracional de la impunidad o de casuísticas, sin estudiar causas, sin medir consecuencias y sin ver el bosque. Uno de los efectos de estas campañas es sacudir a los diputados e implicarlos en las mismas, con resultados desastrosos para el sistema jurídico y para el quehacer nacional. Hace unos años, el jefe de fracción del Movimiento Libertario (no se otro partido, sino del que supuestamente más defendía la libertad) expresó, a propósito de una negociación o discusión para el nombramiento de magistrado de la Sala Tercera (la penal), que “no estaba de acuerdo con el nombramiento de más magistrados garantistas”.  ¡De antología!  Tal exabrupto es el resultado de las presiones, miedos e irracionalidades ante el “hay que hacer algo”, “hay que mostrar un logro” y ponerse a tono con las modas de algunos medios. 


Finalmente, aunque aquí no se agota la lista, otro de los motivos que explica porqué hay que oponerse a que la Asamblea se la pase legislando a manos abiertas es la mala concepción de “gobierno” que parece haberse cultivado en muchas áreas de nuestro medio.  Cunde en nuestro país –a contravía constitucional- el mito o equivocación o mala creencia de que gobierno y poder ejecutivo son lo mismo.  Es obvia la falta de estudio, cultura política, ignorancia jurídica o ausencia de educación constitucional e histórica que alimenta tan errado sentir.  Pero es frecuente en editorialistas, columnistas, políticos, diputados y muchas otros formadores de opinión, expresar confusión entre gobierno y poder ejecutivo.  Es común que se confunda gobierno con la opinión del presidente de la República y sus ministros.  Es demasiado constante que se dejen de lado el concepto de República (primer artículo constitucional) y la división de poderes y concepción del gobierno que preceptúa nuestra Carta Fundamental (artículo noveno y concordantes). 

Aún más, y esto es elemental, la actual Constitución Política (1949) se aparta del común concepto continental de “presidencialismo” e introduce determinaciones nuevas en la Constitución, dando lugar a lo que especialistas, constituyentes y juristas han denominado indistintamente como “semiparlamentarismo” o “semipresidencialismo”.    Dicho de manera clara y directa, tal mito que confunde gobierno con poder ejecutivo es insostenible y violatorio de la Constitución.   Ésta, más bien, erige a la Asamblea en órgano primero (frente al Ejecutivo).    No obstante, en el uso diario impera el servilismo diputadil frente al Ejecutivo.  Algunos diputados oficialistas llegan a decir que ellos son “diputados de gobierno”.  ¡Válgame Dios!  Y los demás … ¿serían de desgobierno? 

Tal mito ha llegado a concretarse en expresiones increíbles.   En un “vox populi”  (programa, en este caso de TV, que consiste en preguntar directamente a la gente de la calle luego de una subjetiva interrogante del periodista) una señora exclamó que “los diputados deberían de hacerle caso al gobierno”.  

Todo ello da lugar a la “militancia o activismo legislativo”, modus diputadil que persigue estar a tono con los medios, montarse en la ola de alguna opinión pública, rendirse ante los requerimientos de algunos movimientos, ceder ante la presión del Poder Ejecutivo y dejar de lado las importantes funciones de la Asamblea. 

Así, entonces, en lugar de cuestionar las finanzas y gastos públicos, el diputado corre a aprobar más impuestos.  Igualmente, se siente en la confianza para impulsar más gasto público, porque “hay que hacer algo”; a aumentar las penas, porque “hay que hacer algo”;  a multiplicar las competencias y potestades exorbitantes de Derecho común “porque hay que hacer algo”; a limitar la autonomía de la libertad “porque hay que hacer algo”; a meter al Estado en el lecho conyugal “porque hay que hacer algo”; a limitar la libertad de expresión  “porque hay que hacer algo” y así sucesivamente.

Hay todo ello hay que sumar una grave circunstancia:  no hay una sola Asamblea Legislativa sino cuatro.  ¡Sí!  Los miércoles en la tarde, la Asamblea se descompone en tres comisiones (Comisiones Permanentes con Potestad Legislativa Plena:  CPPLP, llamadas en el argot legislativo como “plenaritos”), cada una de ellas integrada por 19 diputados.    El quórum en estas comisiones es de 13 diputados (dos terceras partes) y una ley puede ser aprobado por simple mayoría (o sea, eventualmente con solo 7 de 13 diputados).   ¡Es como para no dormir!

En lo inmediato, un par de ejemplos del activismo legislativo.

El digital cr.hoy da cuenta de cómo las “leyes sin financiamientoahogan” el gasto público y la economía del gobierno, reseñando un estudio de la “Academia de Centro América” (7 de enero).  Asimismo, en días pasados, el mismo digital informa acerca de 55 leyesaprobadas en el último cuatrienio las cuales “no tienen contenidopresupuestario”  (o sea, gastos sin saber cómo van a ser financiados).

Ello refuerza el mal concepto que tengo de cómo ve la mayoría de diputados su quehacer en la Comisión de Hacendarios, claro es y no me duele decirlo, con honrosas excepciones.  Van allí a promover gasto, a tutelar partidas y a hacer cundir la obsecuencia  (tal y como vimos en el último trámite, cuando un diputado del PAC, el supuestamente más cercano al Ejecutivo, negoció su ingreso a dicha comisión, a fin de neutralizar al fundador mismo del PAC, el diputado Solís, quien había expresado su tono crítico con el históricamente deficitario presupuesto presentado por el Ejecutivo). 

Por otro lado, el articulista Carlos Tiffer, penalista avezado, reclama a la legislación el intento de reprimir la objeción de pericias médico legales y la eliminación de recursos (jurídicos) para ello, suprimiendo las garantías procesales en nombre de la oralidad y la velocidad.

Federico Malavassi Calvo