viernes, 17 de julio de 2015
Viernes de Recomendación
lunes, 16 de julio de 2012
Tema Polémico: Privilegios de los Educadores
miércoles, 6 de octubre de 2010
Flash Legislativo

En ASOJOD, siendo consecuentes con las ideas de la libertad, consideramos que eliminar este impedimento está bien. A pesar que no nos agradan los sindicatos, por ser organizaciones dedicadas al chantaje y a la obtención de premios a costa de los demás, no somos capaces, ni siquiera de sugerir, que deban proscribirse. Que no nos agraden los líderes sindicales tampoco significa que tengamos derecho a impedirle a un grupo de individuos escoger a quien los represente.
Así como hemos criticado que los planificadores estatales se erijan como conocedores de lo que es bueno y malo para cada quien y que caigan en la fatal arrogancia de creer que tienen toda la información necesaria para tomar decisiones en nombre de otros, criticamos que exista una prohibición como esta, con la cual es el Estado -y no los individuos miembros de un sindicato- el que decide a quién quiere poner al frente.
Desde el punto de vista moral, no existe diferencia en prohibirle a los extranjeros ser líderes sindicales o prohibirles crear una empresa. Cualquier impedimento de ese tipo es una limitación pueblerina, basada en el chauvinismo absurdo que hace a muchos creer que el sólo hecho de ser costarricenses los hace superiores a los demás y de esa xenofobia colectivista y tribal que los hace creer que el extranjero es malo.
Desde el punto de vista práctico, si el temor es que sindicalistas bolivarianos vendrán a Costa Rica a dirigir las cúpulas, hay que decir que no es más que un temor infundado. Ya esos mismos líderes vienen, adiestran a los sindicalistas criollos, los asesoran y si quieren quedarse a vivir en el país, lo hacen y se convierten en el poder detrás del trono en los sindicatos. No creemos que el hecho de que sindicalistas extranjeros dirijan una organización de esas, vaya a cambiar radicalmente la actitud que ellas tienen en la actualidad.
Ahora bien, aunque no se trata este tema en el proyecto, sí queremos hacer una advertencia: hay que evitar que se avance en la absurda propuesta de obligar a las empresas privadas a permitir los sindicatos, que es algo por lo que han venido reclamando el Frente Amplio y el PAC. El empresario, como dueño de su negocio, tiene todo el derecho de decidir qué se permite y qué no en su propiedad y el Estado no tiene por qué venir a obligarlo que se aguante un sindicato.
sábado, 1 de mayo de 2010
En Vela
¿Querían violencia, en el marco de un plan de desestabilización, de demandas de granjerías, de quebranto de los derechos de la gente y de atentados contra la institucionalidad?
Pues bien, la lograron. Ahí están los frutos de las reuniones en las instalaciones de la UCR de miembros de la FEUCR, de sindicatos, de profesores, de APSE, de estudiantes, de exsindicalistas de Japdeva y de porteadores. Ahí están los frutos de la mentira y de los manifiestos que, en columnas anteriores, calificamos como demenciales, lanzados al país por Internet con pasmosa irresponsabilidad.
Había que sembrar la semilla. Si fracasaban en su intento, no aparecían firmas en los manifiestos que los desacreditaran y, si triunfaban, recurrirían a los clásicos de la lengua española: Fuenteovejuna, todos a una. Así, los culpables serían todos, no ellos, los que urdieron la trama. Sin embargo, algunos continuaron el guion y plasmaron lo que era de prever cuando la razón y la decencia se descaminan: el recurso a la violencia. ¿No era este el fin latente? Algunos ya están presos. Otros emprendieron la fuga. En el hospital están postrados tres guardias civiles, víctimas de los disparos de quienes, a partir de ayer, han pasado a engrosar el ejército de la delincuencia y ojalá que no de la criminalidad.
En esta aventura contra la institucionalidad las brigadas de choque de los porteadores tomaron la vanguardia en las calle. Sus líderes –prósperos e impunes– llevan años de desafiar al Estado y a la población. Ayer fue su hora de gloria. Al ver los sindicalistas, trabajadores municipales y dirigentes de APSE que los porteadores se habían apoderado de las calles salieron a recrear los fantasmas programados en San Pedro en días anteriores. A mediodía se hizo el recuento: tres guardias civiles baleados y decomiso de vehículos con armas en Limón. Y en San José y en otros lugares, millares de personas y de vehículos secuestrados en las vías públicas ante la suspensión sindical de la libertad de tránsito.
No es posible terminar esta columna sin referencia al impensable acuerdo del Consejo Universitario (UCR) contra la concesión de los muelles de Japdeva, esto es, a favor de la continuidad de las sagas de mayor perversión del servicio público, contra el interés nacional, en la historia sindical de nuestro país. Se puede violentar la autonomía universitaria por fuera, pero también por dentro y' con los recursos de los contribuyentes. Este recordatorio de nada servirá, pero explica mucho de lo que ha ocurrido.
¿Ya están contentos? ¿Cuál es el siguiente capítulo?
Julio Rodríguezmiércoles, 29 de julio de 2009
¿Democracia?

Desgraciadamente esta noticia no sorprende a nadie -tal vez sólo a los ingenuos-. Resulta evidente que JAPDEVA ha sido tomada por una cúpula sindical parasitaria. No queda más que desearle la mejor de las suertes a estos valientes trabajadores que se han atrevido a desafiar al status quo sindical, que tanto daño le ha hecho a este país.
martes, 23 de junio de 2009
En Vela

En una entrevista amplia e inteligente del periodista Ronny Rojas, de La Nación , ayer, el secretario general del sindicato de Japdeva, Ronald Blear Blear, habló como sindicalista imbuido de ideología y como demócrata costarricense. El saldo es muy positivo para el país.
La combinación de ambos tipos de respuesta nos indican cuán ajenos están de la realidad nacional y del mundo aquellos diputados que promueven algunas reformas del Código Laboral, al conjuro de una campaña internacional sindicalista desesperada. Pésima carta de presentación, en la próxima campaña política, para los partidos democráticos que respaldan estas reformas. En vez de prohijar un cambio radical en el vetusto sindicalismo nacional, quieren arraigar un cacicazgo sindical personalista y mediocre.
Dejemos de lado, pues, la retórica cansina y previsible de Blear, tan grata a la galería de los fracasados y estériles patriotas de la política nacional, y a un simpático expresidente ejecutivo de Japdeva, y reparemos en dos declaraciones: “Lo que decidan los trabajadores yo voy a respetarlo. Yo no puedo oponerme a la voluntad de la mayoría, si deciden votar en secreto... Nosotros ya accedimos una vez a la petición del gobierno de convocar. Eso no es un juego, no podemos caer en charlatanerías”. Recordemos que una votación democrática secreta en la finca bananera El Carmen, en Limón, reducto sindical extremista, hace más de 20 años, fue la que permitió el triunfo del solidarismo y el arraigo de la paz social.
Estas declaraciones entrañan un cambio profundo en el historial del sindicalismo: por una parte, proclaman la vía democrática genuina como la instancia superior del movimiento sindicalista, en contra del cacicazgo, de la cooptación programada, en beneficio de unos pocos privilegiados, señores supremos de su feudo sindical, y, por la otra, abren las puertas a una transformación portuaria profunda que, de la mano del proyecto de renovación de Limón, firmado recientemente, representa, por primera vez, un cambio económico y social liberador en esta provincia, tras décadas de subdesarrollo, abandono y temor.
Esta nueva visión de Limón debe armonizarse con un plan integral en el campo de la seguridad ciudadana y de la lucha contra el narcotráfico, lo cual comprende un cambio interno profundo en el propio Ministerio de Seguridad Pública, un observador, hasta ahora, de lo que está pasando en esa provincia. Sin este cambio de mentalidad y de estrategia en Limón, cristalizado en hechos, el gran esfuerzo económico, social y portuario indicado puede venir a menos y hasta fracasar. Estamos notificados.
Julio Rodríguez
martes, 9 de junio de 2009
Proyecto abusivo de libertad sindical

En primer término, el proyecto de ley (artículos 367 bis y 368) roza con la libertad empresarial garantizada por la Constitución Política de organizar la empresa conforme a las mejores prácticas económicas y financieras en un régimen de libre competencia. Más concretamente, viola la libertad de despido del empleador, con justa causa o sin ella, independientemente del pago de prestaciones conforme a la ley. El proyecto, de ser aprobado, impediría a los patronos prescindir de los servicios de los trabajadores sindicalizados, que resultarían prácticamente intocables, aun pagando las prestaciones correspondientes, aunque la empresa atravesara vicisitudes económicas y financieras que la obligaran a tomar tal determinación.
Ninguna empresa, grande o pequeña, debe ser obligada a mantener inalterada su planilla y seguir pagando las correspondientes cargas sociales, por el divorcio que podría existir entre costos e ingresos. Eso le impondría una seria carga financiera que podría dar al traste con la empresa y eliminar las restantes fuentes de trabajo, que quedarían cesantes. Y, si algunas empresas pudieran trasladar las cargas como parte del precio de venta –lo cual sería muy difícil en tiempos de crisis–, sería injusto con los consumidores, sobre todo los más pobres. Una imposición de tal naturaleza sería contraria a la recuperación económica por la que tanto han abogado el Gobierno, los patronos y los mismos trabajadores. Un ejemplo típico de cómo las imposiciones sindicales y la falta de flexibilidad laboral afectan a las empresas en medio de la crisis es la quiebra de la General Motors en los EE. UU., con un costo fiscal excesivo para los contribuyentes. El Gobierno terminó siendo propietario de un elevado porcentaje de las acciones de la empresa, alrededor de un 70%, una nacionalización que no queremos ni podemos financiar en Costa Rica.
En segundo lugar, el proyecto roza con la Constitución Política al exigir que los sindicatos participen oficialmente en “la formulación, proposición y aplicación de políticas socioeconómicas y para participar en la economía en general”, a pesar de que el artículo 60 de la Carta Magna restringe la participación en sindicatos tanto de patronos como de trabajadores “con el fin exclusivo de obtener y conservar beneficios económicos, sociales o profesionales”. El proyecto amplía el ámbito de los sindicatos más allá de lo permitido constitucionalmente. Nunca ha sido buena práctica para los intereses del país permitir que las decisiones económicas ni los beneficios sociales sean tomados por los interesados, ya sea patrones o trabajadores, por el evidente conflicto de intereses involucrado, máxime en un período preelectoral, como este.
De manera similar, el proyecto contempla que, en el caso de conflictos individuales o colectivos de carácter económico-social, sean los sindicatos –es decir, sus argollas directivas– los que tengan la representación legal. Eso no es necesario, pues el Código de Trabajo actual, en su artículo 507, ya contempla la posibilidad de nombrar delegaciones de dos o tres miembros con poderes suficientes para actuar. Evidentemente, los dirigentes sindicales pretenden asumir personalmente esos poderes y forzar así la filiación de los demás trabajadores a los sindicatos, pues los trabajadores no sindicalizados carecerían de la respectiva representación ante conflictos de esa naturaleza. Asimismo, el proyecto le confiere a los sindicatos la potestad de realizar toda clase de actividades financieras de ahorro, crédito e inversión, lo cual va más allá de los fines propiamente dichos de la sindicalización, y sin someterse a la regulación vigente en esos campos.
Por todas las razones expuestas, y otras que por razones de espacio no hemos podido enumerar, el proyecto debe ser rechazado. No hace falta legislar en un campo suficiente y adecuadamente regulado, máxime en un período como el actual, cuando el desempleo peligra por la recesión y la inflexibilidad laboral, no por la insuficiencia de leyes sindicales.
Julio Rodríguez
miércoles, 4 de marzo de 2009
En Vela

No me sorprende el funcionamiento de la Cooperativa Autogestionaria de Servicios Turísticos Rural de San Carlos (Coopeserturs), al calor del Bar Restaurante Venus, en Boca Arena, San Carlos. La imaginación creativa da para todo, hasta para el recurso sexy de la mitología griega.
El pecado de los autogestionarios (diputados, exdiputados, aspirantes a una curul y profesionales), desde el 2004, es su escaso conocimiento del español. No sabían que autogestionario significa trabajo personal exclusivo y no trabajo en auto para gestionar el pago de las utilidades, libres de impuestos y hasta de estados financieros. Esta ignorancia semántica indujo, por ello, a uno de ellos, exdiputado, a declarar que “la denuncia proviene de una persona irresponsable”, es decir, los irresponsables son los actuales funcionarios de Infocoop y los periodistas, no ellos. Oh Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen ni lo que dicen.
Por otra parte, merecen benevolencia por cuanto, en el sistema cooperativo, ha pasado de todo y nada ha pasado. Y no es sino hasta ahora cuando, gracias a las nuevas autoridades del Infocoop, se está distinguiendo cuáles son cooperativas de verdad y cuáles meras pantallas de un grupo de vivillos para otros fines. Preguntado, por cierto, el ministro de Trabajo, Francisco Morales, en Radio Monumental , sobre la materia respondió que su cartera solo tiene funciones registrales. Pero ¿no se dio cuenta este ministerio del número de cooperativas registradas que no eran tales? Con el mismo espíritu se homologaron, en el pasado, las más aberrantes convenciones colectivas.
Hace un mes y medio, La Nación denunció la desnaturalización del sistema cooperativo precisamente por agentes políticos, generalmente del PUSC y del PLN, incrustados en su seno por largos años. Respuesta: el silencio. También este periódico ha sido constante y coherente en la denuncia de la contaminación del sindicalismo. La reacción ha sido el tonto calificativo de neoliberales o de capitalistas salvajes a quienes hemos osado señalar a los falsos apóstoles de ambos movimientos. ¿Por qué esto? Por la elevación del sindicalismo y del movimiento cooperativo, dos organizaciones sociales básicas del sistema democrático, a entidades sagradas e intocables. Esta santificación ha sido nefasta. Ha permitido la convivencia de los buenos sindicalistas y cooperativistas con los otros, con los que se han servido, impunemente, de estas organizaciones.
Nada peor que las vacas sagradas, los intocables y los padrinos todopoderosos en una democracia. Que siga la limpieza antes que comience la danza de las curules.
Julio Rodríguez

