viernes, 29 de noviembre de 2013

Viernes de Recomendación

Para aquellos quienes no han tenido la oportunidad de observarlo, les presentamos la entrevista realizada por Alberto Padilla al candidato Jose María Villalta, sin duda deja mucho que pensar, por lo que los invitamos a verla y sacar su propias conclusiones.


miércoles, 27 de noviembre de 2013

Desde la Tribuna: Programas de Gobierno según el Estado de la Nación

Un especial artículo de La Nación ha tomado un particular criterio del 19º Informe del Estado de la Nación en Desarrollo Sostenible, relativo a los programas de gobierno propuestos por las agrupaciones políticas para las elecciones de 2010 (las pasadas, no las que están por realizarse).

Curiosamente, el estudio (pareciera que no hay otra cosa mejor que hacer con este dicho Informe de la Nación) destaca que, en su mayoría, “los partidos políticos no exponen cómo pretenden cumplir lo que proponen a los votantes en campaña electoral.”

Alguien se dio a la tarea de contar y determinó que “Para los comicios nacionales del 2010, las nueve agrupaciones con candidato presidencial ofrecieron más de 2.400 objetivos para el país. Sin embargo, casi 1.300 (el 53%) carecían de una política concreta para resolver el problema citado.”

Se afirma, de un solo párrafo que  “ … fueron propuestas generales, que dijeron muy poco sobre cómo se iban a realizar las promesas de campaña y de dónde se iban a sacar los recursos económicos para cumplir con todo lo prometido”

Paso seguido, el informe concluye que “que esa deficiencia coincide con los pocos recursos que las asociaciones políticas asignan al pensamiento y a la formación.”

Como observación curiosa, el partido que resultó mejor calificado en el análisis del Informe de la Nación fue el partido que fue denunciado por plagio en su programa de gobierno.  La notifica fue vergonzosa y hubo petición pública de perdón.  

No obstante, algunos malos lectores han salido a las redes a alardear de que el Informe del Estado de la Nación calificó a este partido como el del mejor programa.  ¡Cosas veredes!

Es necesario explicar que el Informe intentó sistematizar un análisis a partir de la búsqueda de una especie de común denominador de las propuestas programáticas.  Por tal motivo, explica el mentado informe que “los temas que concentraron las propuestas de los partidos fueron productividad y empleo, desigualdad y combate a la pobreza, eficiencia del Estado y seguridad.”

Asimismo, para adornar la noticia La Nación recogió la información de que “Hugo Picado, director del Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED), del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), coincidió con las conclusiones del Estado de la Nación . … Para Picado, las organizaciones remarcan el qué, pero no dicen el cómo a la hora de hacer campaña. … “Es muy fácil decir ‘vamos a echar a Costa Rica a andar’, pero ¿cómo? Ahí es donde la propuesta partidaria nos queda debiendo”, dijo el director del IFED, quien añadió que los partidos actuales perdieron las estructuras permanentes que tenían hace 20 años y se convirtieron en aparatos electorales. …“La actividad ideológica es pírrica”, añadió Picado. Él cree que las agrupaciones desaprovechan el financiamiento para capacitación que incluye el Código Electoral.”

¡Qué vaina!  Lo que me queda claro es que aunque no se ganen las elecciones, con plata de los costarricenses se harán estudios acerca de la “calidad” de los programas y promesas de gobierno.  Estos programas deberán ir a un análisis que los comparará (aunque no sean homogéneos) y determinará su “factibilidad”.

¿Será apropiado gastar dinero público en ello?

Algunas veces me siento agobiado con la homogenización o manía de formularios que se van imponiendo en las prácticas públicas.    

Formulario para la declaración de la renta, formulario para la obtención de una patente, formulario para la exoneración x, formulario para la compra y, formulario para ingresar a la escuela, formulario para obtener servicios de salud, formulario para … la vida del ciudadano pende de formularios y formularios.   La persona no interesa, sino su habilidad o destreza para llenar el formulario.   El gobierno digital, incluso, para decantarse por la vía del formulario.  

No interesa qué se dice, hay que llenar el formulario.  No se puede pensar más, ir más allá, ejercer la creatividad.  El funcionario público es implacable.  ¿A ver cómo le va con los servicios de migración o con los de aduanas?

Hasta el examen de Bachillerato se hace por formulario y lector óptico.  Pareciera que la destreza debe limitarse al formulario.  En múltiples actividades (desde la universitaria hasta la municipal, desde los servicios públicos de salud hasta las actuaciones fiscales) impera el formulario.  

Es el imperio del funcionario público, que ha logrado llevar a la vida ciudadana su sujeción al principio de legalidad.  Habilidad máxima del funcionario, tiene toda la discrecionalidad para traspasar al sector privado su obligación de sujetarse a la ley.

Puede ser que los puentes de la CNE sirvan para habilitar fincas en las cuales los narcotraficantes tengan helipuertos, puede ser que la Comisión de Vialidad sea influida para que se fomenten los caminos que llevan a estas fincas, puede ser que las inscripciones de vehículos estén dirigidas a transportar los combustibles para las naves que van a estos helipuertos, lo que interesa al registrador, al administrador de emergencias y demás empleados públicos concernidos es la sujeción al formulario.

¡Bendita tramitomanía que ya contagió la forma en que se deben expresar los programas electorales de los partidos políticos!

La verdad no interesa tanto como la sujeción al formulario.  El compromiso no importa tanto como la normalización de la expresión programática.  Hasta el representante del TSE lo expresa sin ambages. 
Quizás pronto el TSE exija que todos los partidos –so pena de anular su participación electoral- deberán expresar sus programas según formularios construidos conjuntamente por el IFED del TSE y el Programa de Informe de la Nación.  No se pagará deuda al partido que no se ajuste a la técnica de la expresión del programa de gobierno.

¿Que no cumple con las promesas?  ¿Que en su acción se contradice con sus principios y declaraciones?  ¿Que se utilizan los recursos públicos para otras cosas?  ¡Eso no importa!  Lo que interesa es que concrete sus ideas, programas y objetivos según políticas y partidas presupuestarias concretas.  ¡No estaría mal que se hicieran cronogramas y mención de las subpartidas específicas y un análisis de gobernabilidad y posibilidades de la oposición!

¡Cuánto me recuerda el tema central del libro “El otro sendero” (Hernando de Soto, Enrique Ghersi, María Murillo et. Al.)!  Cuando sus autores hicieron un análisis de las causas de la pobreza y la postración social en el Perú, determinaron que la tramitopatía es causa directa de muchos problemas.  Por eso las sociedades acuden al otro sendero, el de la informalidad, el de la solución.

Los autores de “El otro sendero” simularon una petición de un taller de costura para determinar cuántos formularios y trámites había que hacer (¡sí, para un humilde taller de costuras!) y al final obtuvieron su aprobación.  En el libro consta una fotografía con una especie de cinta o rollo en el cual coleccionaron metros y metros de papel con las formas y solicitudes que hubo que llenar.  ¡Impresionante!  Lo cierto es que al final la Administración pública otorgó el permiso, sin percatarse de que se trataba de una simulación.

Viendo las notas del Informe de la Nación y del IFED pienso en la simulación de un partido político, construido en el cumplimiento estricto de los requisitos y formularios electorales, con unos programas construidos e inscritos en los formularios que proponen el dichoso programa y el citado instituto, participando en un torneo electoral solo por ver la corrección de sus inscripciones y sin pretensión electoral alguna.  

Quizás haya quien piense que debe haber tramitólogos políticos de programas electorales.  Que tal vez debería abrirse en las Universidades, al estilo de los tramitadores de SETENA y demás administraciones singulares, una carrera con tal nombre, con colegio profesional y competencias exclusivas, bitácora y protocolo.  Estos tramitólogos deberían tener fe pública para inscribir estos esenciales documentos y hay que sopesar la posibilidad de que cuenten con bitácora, protocolo y hasta teodolito.

No estaría mal que para presentar programas de gobierno se exijan audiencias al estilo de SETENA, contribuiría mucho a su expresión que contara su formación con distintos profesionales (economistas para los temas económicos, ingenieros civiles para los temas de infraestructura, por supuesto que abogados para el manejo de la juridicidad que invade todo, informáticos, ingenieros agrónomos, médicos con especialidad en salud pública y así consecuentemente, solo un profesional puede validar la materia específica) y finalmente, debería ser obligatorio que todo programa se sujetara a reglas de inscripción (tal vez el Informe de la Nación pueda hacerles la prueba de esfuerzo).    

Finalmente, todos los candidatos deberían aprobar un examen básico acerca de sus programas, objetivos, políticas de ejecución y costos y contenido presupuestario.  ¡Quién no pase satisfactoriamente las preguntas no podrá recibir votos el primer domingo de febrero!

Asimismo, el TSE y sus delegados deberán velar porque la exposición de los programas ocupe un lugar importante en las tareas de proselitismo, difusión y plazas públicas.  ¿Para qué tanto esfuerzo si no se divulga?  De tal modo, cada equipo de chancletudos, pasacalles, proselitistas, piquetes y visitas deberá dedicar un porcentaje importante de su gestión a exponer el programa de gobierno (debidamente inscrito y calificado) según un formulario aprobado por las autoridades. En las plazas públicas deberá dedicarse un espacio importante no solo a exponer el programa según el formulario, sino que los delegados podrán desconectar sonido, luces, animadores, música y tarima si no se hace en la forma debida.  

¡No es ficción!  En la realidad estamos viviendo estas pretensiones todos los días, en la actividad social, económica, académica y productiva así se mueven los imperativos de la Administración pública.  ¡Sería divertido que los políticos, que son responsables de tanta coacción, también estuvieran expuestos a ella!

Federico Malavassi Calvo

martes, 26 de noviembre de 2013

La columna de Carlos Federico Smith: continúa el derroche

En momentos en que las finanzas gubernamentales experimentan serios problemas deficitarios, debido a un excesivo gasto público, cobra mayor importancia presentar ante los lectores algunas de las expensas, efectivas o en proyecto, de un estado que no parece importarle la seria situación fiscal. Cuando al gobierno se le habla de disminuir el déficit, responde que es difícil lograrlo, aduciendo que son leyes las que se lo exigen.  Si esa fuera la situación, entonces, lo que debería de hacer es, por una parte, promover legislación que corrija esos males, lo que podría significar que el estado, de alguna manera, tenga que indicar de dónde es que va a obtener los recursos para llevar cabo esos gastos.

Por otra parte, el estado también podría hacer un esfuerzo para simplemente no gastar fondos que no dispone. Por eso continúo haciendo señalamientos en mi columna de ASOJOD, acerca de gastos estatales que bien podrían ser moderados o eliminados, a fin de reducir el déficit que amenaza las finanzas y el bienestar de las personas.

Primer caso. En un medio de prensa del 7 de noviembre se destaca la realización de una actividad en el país, en la cual el Ministerio de Seguridad gastaría alrededor de ¢43 millones. Se trata de la VI Cumbre de la Comunidad de Policías de América (AMERIPOL), que se efectuaría durante tres días en un lujoso hotel de nuestro país. Dicha suma se espera cubra el costo de 110 habitaciones king deluxe, así como los gastos de alimentación.  Sobre estos últimos es necesario destacar algo particular. Una parte sería para una comida mejor para ciertos invitados, en tanto que, para los de pata en el suelo, sólo podrán disfrutar de un bufé. Un resultado de dicha actividad es que se espera que, quien presida dicha asociación el año entrante, sea una alta autoridad policial del país, lo cual podría justificar tan seductora invitación… por supuesto que con nuestro dinero.

¿Se acuerdan ustedes de la razón por la cual se creó el impuesto a las sociedades anónimas? Un gravamen claramente injusto, pues se cobra lo mismo ya sea que se trate de una sociedad anónima de una persona que posea un pequeño negocio o algo de su propiedad, que a una empresa que tiene amplios recursos para pagar un monto que, para éstas, es casi irrisorio, mas no así para los pequeños. Para estos últimos es un monto casi destructivo.

Se supone que los recursos de tal gravamen irían destinados al combate de la criminalidad. Me temo que, como parte de ese “combate”, la fuente de recursos de la actividad policíaca antes mencionada, haya sido aquel impuesto. Le pregunto al lector si, dado el objetivo del impuesto a las sociedades anónimas de combatir la criminalidad, ¿es ese seminario internacional la mejor forma de gastar dichos recursos? ¿Acaso no habría sido mejor que esos fondos se dedicaran a dotar de recursos a los policías de a pie –no en sueldos, como ya pretenden algunos sindicatos oportunistas- sino en armas, instalaciones y transporte? 

Segundo caso. En ocasión del afortunado y casi fortuito hallazgo de helipuertos en las zonas norte y atlántica de nuestro país, aparentemente dedicados al aprovisionamiento de drogas y armas en la región, una alta autoridad aérea del gobierno dijo que era necesario que el país dispusiera de helicópteros y radares para lograr detener esos artefactos.  Como dicha adquisición le costaría mucha plata al país y la cual probablemente saldría de los bolsillos de todos, me permito hacer pública una pregunta sencilla. ¿No habíamos adquirido un helicóptero para esos fines? Según recuerdo, en su momento el ex ministro de Seguridad, don Fernando Berrocal, objetó dicha compra por costosa e inapropiada, pero, al fin y al cabo, ella se hizo. ¿Qué ha pasado con ese helicóptero? ¿En qué terminó toda la alharaca de aquel momento? ¿Se botó la plata?

Tercer caso. En estos días se ha destapado un tema que tiene mi interés, pues por los montos involucrados hace palidecer a los dos anteriores.  Se trata de la decisión acordada por el gobierno central, aunque sujeta a la aprobación legislativa, de construir una ampliación de dos a cuatro carriles de la carretera a Limón o ruta 32, en la etapa de unos 70 kilómetros que va de Río Frío a ese puerto. El monto del proyecto se estima en unos $446 millones y un 85% sería financiado por el gobierno chino, a cambio de que la construcción sea hecha por una empresa estatal de ese país. Sorprendentemente, el contrato no será enviado a la aprobación de la Contraloría, debido a que, según señaló del Ministro de Obras Públicas, los juristas del MOPT no consideran que se requiera la aprobación del ente contralor y también porque el Ministerio ya ha hecho un análisis exhaustivo del contrato. Tengo entendido que en esta negociación no sólo hay involucrados fondos públicos, sino que también implica obligaciones contractuales del estado -esto es, de todos los costarricenses- con el gobierno chino. Mayor razón ésta para que la Contraloría intervenga en la negociación.  Como dice el dicho, “La mujer del César, no sólo debe ser honesta, sino también parecerlo”.

Asimismo, la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC), la cual, según lo contratado, le correspondía al gobierno chino definirla para que hiciera las obras, ha sido públicamente cuestionada por corrupta en el seno del Banco Mundial. Esa es una clara luz de advertencia que no podrá simplemente ser soslayada. De nuevo, “La mujer del César, no sólo debe ser honesta, sino también parecerlo”. No podemos llegar a una etapa de “carebarrismo” en la cual, aun cuando se nos advierta, tengamos que hacernos tontos desatendidos frente a acusaciones internacionales como esas.  Aparentemente esos problemas no se circunscriben a un caso aislado, sino es algo que ha sucedido en contratos de obras en diversos países. 

Una de las cosas que se supone han aprendido los buenos economistas, es que las contrataciones internacionales atadas suelen tener un costo más alto, que el que tendrían en un mercado de contratación en competencia.  Eso no se limita a las condiciones financieras, pues las de este proyecto, como se ha enfatizado por parte de autoridades del Ministerio de Hacienda, se supone que son mejores que las actualmente vigentes en los mercados internacionales. Sino que también se refiere a que el costo de la obra física podría ser mayor que si la hiciera otra empresa constructora, pero bajo mecanismos competitivos de contratación. Por eso, llama la atención de que ya hay opiniones de algunas partes familiarizadas con estos asuntos, las cuales insisten en que el costo estimado de $446 millones es mayor que el posiblemente correcto.

Ante todas estas dudas, me parece que habría sido afortunado que este gobierno escuchara alguna vez la opinión de personas que disienten de su criterio casi imperial.  Don Luis Guillermo Solís hizo una propuesta pública de que el tema de esta carretera fuera analizado por un grupo de entidades que podrían brindarnos luz a todas estas dudas.  Creo que nadie está opuesto a que la obra se lleve a cabo, aunque, sin ser ingeniero ni nada parecido, sino intuitivamente, creo que la carretera presenta mayores problemas en su parte montañosa y no en los llanos del Atlántico, en donde se construiría el proyecto con China. Pero eso no lo voy a discutir.  Eso sí, es indispensable, aunque el gobierno haya despreciado la sugerencia respetuosa de don Luis Guillermo, que, antes de que suceda algo parecido a lo que sucedió con la refinería china o con la carretera a San Ramón, la ciudadanía conozca el pleno alcance de esta nueva contratación.  Después de todo, lo que está en juego son nuestros dineros escasos, pues, tarde o temprano, seremos los ciudadanos quienes tendremos que pagar por cosas como estas.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 25 de noviembre de 2013

Tema Polémico: Populismo económico

Como hemos venido indicando en artículos pasados, uno de los retos más importantes que afronta nuestro país es el tema de la creación de empleos. Si bien es cierto, los empleos no son la panacea para todos los problemas que aquejan a nuestra golpeada nación, sin duda son un pilar fundamental para que la vida de miles de costarricenses empiecen a cambiar. Por ello, es de vital importancia analizar el conocimiento económico de los candidatos de cara a este tema, es decir, pareciera obvio que todos los candidatos desean crear nuevos puestos de trabajo, pero esto no se trata de intenciones, motivaciones o deseos, sino de un claro conocimiento de la ciencia económica que permita establecer un ambiente institucional proclive a la generación de más y mejores empleos.

Bajo esta óptica queremos referirnos el día de hoy a la propuesta del candidato del Frente Amplio José María Villalta, respecto a eliminar el tope de cesantía tanto en el sector público como en el privado.

Primero que todo en cuanto al sector público es obvio que esos recursos adicionales serán pagados por los contribuyentes ya sea a través de nuevos impuestos o inflación, siendo que ambas soluciones únicamente vendrían a restarle dinamismo a nuestra economía. Además, en el momento crítico en que se encuentran nuestras finanzas públicas resulta absolutamente irresponsable pretender añadir una carga extra al presupuesto nacional.

En cuanto al sector privado podemos advertir lo siguiente. Respecto a aquellos puestos de trabajo que ya existen, evidentemente para los patronos se volverá más gravoso despedir a un trabajador, situación que implica una disminución en el dinamismo del mercado de trabajo, lo cual atenta precisamente en contra de los trabajadores menos calificados y remunerados. Otro escenario se refiere para aquellos casos en que un emprendedor (nacional o extranjero) quiera abrir una nueva empresa en el país, bajo este supuesto, la medida analizada generará un aumento de los costos para operar la planta en Costa Rica, disminuyendo consecuentemente el retorno de la inversión. En todos estos temas debemos recordar que no nos encontramos solos en el mundo, sino que estamos ante un mundo plenamente globalizado y competitivo en donde las nuevas inversiones terminarán produciéndose en aquellos países en donde las mismas generen un mejor rendimiento.

Así las cosas, los costarricenses no podemos dejarnos seducir únicamente por aquellos cantos de sirena que nos adormecen con sus falsas promesas, por el contrario estamos en la obligación de analizar críticamente las propuestas que se nos presentan recordando primero y ante todo que no hay tal cosa como un almuerzo gratis!!!

viernes, 22 de noviembre de 2013

Viernes de recomendación: discurso de celebración del 55 aniversario de ANFE

Palabras pronunciadas por Óscar Álvarez Araya, Presidente de ANFE, durante el evento de celebración del 55 Aniversario de la fundación de ANFE (1958-2013), realizado en el Costa Rica Country Club el 21 de noviembre de 2013.

La Asociación Nacional de Fomento Económico (ANFE) es un tanque de pensamiento costarricense que fue fundado a finales de 1958, es decir que está cumpliendo 55 años.

Entre sus fundadores destaca el Ex presidente de la República, José Joaquín Trejos Fernández y su primer presidente fue el Dr. Fernando Trejos Escalante. Luego seguirían otros distinguidos presidentes como Trino Araya Borge, Carlos Manuel Escalante Van Patten, Alberto Raven Ramírez, Alberto Di Mare Fuscaldo, Fernando Guier Esquivel, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, Marco Antonio Pinto, Thelmo Vargas Madrigal, Enrique Soler De Socarraz, Jorge Guardia Quirós, Federico Malavassi Calvo, Rodolfo Piza Rocafort, Larry Stewart, Armando Guardia, Cecilia Valverde Barrenechea, Jorge Corrales Quesada y Luis Loría, entre otros.

En 1965 la visita del Premio Nobel de la Economía el austriaco Friedrich Hayek dejó una profunda huella intelectual en sus asociados. También estuvo de visita el economista austriaco Ludwig von Mises. El filósofo español y catedrático de la Universidad de Costa Rica Constantino Láscaris fue un connotado anfista y promotor de sus ideas de libertad. Entre los presidentes de ANFE merece un recordatorio especial Alberto Di Mare Fuscaldo quien decía que el papel fundamental de la asociación era formar obispos de la libertad. 

ANFE es una asociación privada, independiente, no gubernamental, no partidista y sin fines de lucro. Está conformada por profesionales, intelectuales, empresarios y estudiantes universitarios que colaboran para promover el cambio y el progreso en libertad, leyendo autores, discutiendo ideas y elaborando políticas públicas dentro de un clima de seriedad y respeto.

ANFE tiene una composición de asociados pluralista y diversa, aunque prevalece como tendencia el amor a la libertad en sus diferentes matices y escuelas. Ha sido un bastión en la lucha contra todas las formas del totalitarismo, sea nazi fascista, marxista-leninista o de cualquier índole. También, se ha destacado en la lucha contra las diferentes formas del social estatismo que trabajan para quitarnos gradualmente las libertades fundamentales. En la asociación se utiliza la razón, la lectura, la investigación, el análisis y el diálogo como medios para definir políticas públicas, elaborar proyectos de ley y se huye como de la peste de todos los fanatismos y fundamentalismos, que tanto daño le han hecho a la historia de la humanidad.

ANFE ha tenido su historia y sus etapas que en su momento se escribirán. La Ex Presidente Cecilia Valverde está concluyendo un trabajo sobre el tema que les compartiremos oportunamente.

ANFE nació como una asociación de empresarios y profesionales en medio de la guerra fría como una forma para defender la empresa privada, la democracia y las libertades respecto de los ataques que venían no solamente de la Unión Soviética sino de las más variadas tendencias de un estatismo entonces en ascenso.

Cuando ANFE nació, Fidel Castro estaba en la Sierra Maestra y la Revolución Cubana a la vuelta de la esquina. En el mundo estaba fresca la influencia de las ideas fascistas y stalinistas que hacían culto al poder del Estado. En América Latina predominaba abrumadoramente el pensamiento estatista, proteccionista y de sustitución de importaciones de la CEPAL. En Costa Rica estaba en boga la idea de creación de instituciones autónomas de carácter estatal como uno de los medios esenciales (se decía) para alcanzar el desarrollo, mientras nacían y se consolidaban nuevos monopolios estatales de las cuentas bancarias, la telefonía y la electricidad y por todas partes se prendían velas del culto al estado paternalista.

Durante 55 años, ANFE ha generado pensamiento, ha creado y promovido metas y ha tenido un papel pionero y de liderazgo en las luchas de Costa Rica por la libertad individual entendida como un todo indivisible, es decir la libertad espiritual, política, económica y en resumen el conjunto de las libertades fundamentales, destacando la libertad de pensamiento, de expresión, de prensa y de elección.

Entre los principios que le dan dirección y sentido a ANFE se pueden destacar: la libertad individual, la tolerancia, la democracia, el estado de derecho, el derecho de propiedad, el gobierno limitado y la economía social de mercado.

Como parte de sus actividades, ANFE realiza conferencias internacionales, seminarios, foros y cursos en los que participan expositores con diferentes enfoques para analizar temas de interés nacional e internacional y promover soluciones a los problemas desde la perspectiva de la libertad. Adicionalmente desarrolla investigación original, propuestas de políticas públicas y proyectos de ley inspirados en principios de libertad que favorezcan la prosperidad y el progreso de Costa Rica. Gracias a los esfuerzos tanto concertados como individuales de sus asociados se han producido más de 100 títulos y miles de artículos de opinión publicados en los principales diarios y revistas especializadas del país. Los artículos de autores anfistas circulan permanentemente en su sitio web, en su perfil de Facebook, en los medios de prensa y en las redes sociales.

Entre sus organizaciones patrocinadoras se destacan la Fundación alemana Friedrich Naumann para la libertad, la empresa Jack's de Centroamérica, la Fundación estadounidense ATLAS y la Fundación Academia Studium de Costa Rica. Aprovecho la oportunidad para destacar y agradecer profundamente a David Henneberger, a Andrés Pozuelo y a Luis Di Mare por su valiosísimo apoyo a nuestra asociación.

Amigos y Amigas:

En 1978 ANFE creó el Premio de la Libertad que se otorga cada tres años a la persona física que más se haya distinguido en Costa Rica por su lucha en favor de la libertad. Dicho honor ha recaído hasta el momento en el periodista Manuel Formoso Peña, ex director de La Nación, el médico Fernando Trejos Escalante, el sacerdote católico Claudio Solano, el abogado Fernando Guier, el economista Eduardo Lizano Faith, el abogado Rodolfo Piza Escalante, el economista Alberto Di Mare Fuscaldo, el abogado Fabio Fournier, la filóloga Cecilia Valverde, el médico Jaime Gutiérrez Góngora y el economista Jorge Corrales, entre otros. Para finales del año 2014 se anunciará al nuevo premio ANFE de la libertad.

En ANFE nacieron y se promovieron ideas que en su momento parecían irrealizables y que fueron ferozmente combatidas por los adversarios del cambio y del progreso. Pero luego, poco a poco, esas ideas se abrieron paso y se convirtieron en realidades. Así sucedió, por ejemplo con las ideas y las causas de la apertura en el sector bancario, en el sector de seguros, en el sector de telecomunicaciones y en la educación superior, para mencionar solo unos ejemplos. También de su seno nacieron entidades como la Academia de Centroamérica y universidades que se unieron a la lucha por la libertad y el progreso. Asimismo las tesis a favor de la libertad económica, la apertura comercial y el libre comercio fueron siempre tesis promovidas por ANFE. Hubo una época en Costa Rica en que esas ideas eran anatemizadas. En buena medida la agenda de cambios en Costa Rica durante los últimos 55 años fue promovida por esta asociación cívica. Sin las luchas de ANFE Costa Rica sería hoy en día mucho menos libre y por cierto mucho más atrasada. Si hoy en día el país aparece en el lugar 102 del mundo en clima de negocios imaginen en qué lugar estaría sin la presencia de ANFE y de otras organizaciones afines en el escenario histórico.

Asimismo, desde ANFE se criticaron proyectos estatistas de ingrata memoria como las empresas de CODESA, las que en su momento parecían eternas e intocables, pero fueron sacadas de nuestro sistema institucional porque eran un hoyo negro de ineficiencia, despilfarro, privilegios y corrupción. Hoy día ANFE continúa su crítica a las CODESAS de hoy, llámese el monopolio de RECOPE, la Refinería china, el cuasi monopolio eléctrico, la llamada Fábrica Nacional de Licores y el Consejo Nacional de Producción, entre otras.

Y ha sido desde ANFE que se ha contenido en parte la irresponsabilidad fiscal y se han frenado en algunos casos con éxito los crónicos paquetes integrales de impuestos, aunque en ese ámbito aún falta mucho por hacer. En este momento, precisamente ANFE se opone al nuevo paquete de impuestos que promueve el gobierno con el apoyo de algunos políticos que en verdad deben llamarse social estatistas porque en lugar de practicar la austeridad fiscal y reducir el gasto público, aumentan los impuestos, las erogaciones, los trámites, la burocracia del estado y por cierto también los privilegios y la corrupción.

Hoy día ANFE sigue elaborando pensamiento y políticas públicas de futuro. Es un contrapeso a las tendencias políticas e ideológicas que en nombre de altos valores de justicia y solidaridad, en la práctica lo que promueven es más impuestos, más proteccionismo, más regulaciones, más restricciones a la libertad, más obstáculos y en resumen un ambiente más hostil contra los emprendedores, contra los creadores, contra las empresas tanto nacionales como extranjeras y contra la ciudadanía en general. 

Y por cierto que esos socialistas y populistas de diferentes pelajes y presentes en muy diversos partidos, a quien más dañan no es al gran empresario, quien siempre tiene recursos para defenderse en las peores circunstancias, sino a los pequeños y medianos empresarios, y en muchos casos como lo han documentado Hernando de Soto y Enrique Ghersi el mayor daño se hace a los micro empresarios de la economía informal, que son víctimas de tan tenebrosos experimentos.

ANFE ha sido durante 55 años y seguirá siendo en la historia de Costa Rica un contrapeso a las multiformes tendencias del social estatismo que Octavio Paz llamara el Ogro Filantrópico, ese ogro constituido por decenas de instituciones y programas que tienen en teoría como objetivos la lucha contra la pobreza y la desigualdad, pero que en 20 años no reducen la pobreza y tampoco la desigualdad y tampoco contribuyen a la prosperidad, pero si son fuente de altas tasas de inflación, altos déficits fiscales, privilegios, gollerías y corrupción.

Y ANFE es por cierto hoy día un contrapeso a las ideas y políticas públicas que caracterizan a los movimientos y gobiernos del Foro de Sao Paulo, especialmente su ala más radical denominada el Socialismo del Siglo XXI, hoy en el poder en Venezuela, Cuba, Nicaragua, Ecuador, Bolivia y Argentina, entre otros. Y con posibilidades de llegar al gobierno en otros países de América Latina, incluido el nuestro, pues para nadie es un secreto que durante la actual campaña electoral el Frente Amplio del Candidato Presidencial José María Villalta es la punta de lanza del socialismo del siglo XXI en Costa Rica.

Pero aquí está ANFE esperándolos para combatir sus políticas que promueven las expropiaciones, las nacionalizaciones de empresas, la renegociación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, los monopolios, el estado populista y clientelista, la inseguridad jurídica y las altas tasas de inflación, el impuesto que más afecta a los que menos tienen.

Pero aquí está ANFE, para denunciar a sus movimientos que desde la oposición promueven la democracia, los derechos humanos y la justicia y cuando llegan al poder empiezan a restringir las libertades, a cerrar emisoras de radio y televisión, a ahuyentar las inversiones, a promover la migración de la clase media profesional, a reelegirse indefinidamente en la Presidencia y a crear un autoritarismo dentro de la democracia. Las dolorosas experiencias con los gobiernos populistas autoritarios del siglo XXI no deben repetirse en Costa Rica. Y ANFE está en alerta para evitarlo.

Celebremos el aniversario de la fundación de ANFE que tuvo lugar en San José, Costa Rica, a finales del año 1958. Rindamos justo homenaje a todos sus fundadores, ex presidentes, a todos sus ex directores ejecutivos, a todos los premios ANFE de la libertad, a todos sus funcionarios, a todos sus asociados, amigos y a todos sus patrocinadores.

Celebremos su historia de 55 años de luchas y pensamientos en medio de un clima de gran adversidad. Celebremos su historia de 55 años de avances y logros en la causa de la libertad. Y sobre todo alistémonos para continuar en la lucha tenaz por la libertad durante los próximos 55 años en medio del siglo XXI. Al fin y al cabo la historia de Costa Rica, como la del mundo y como la de ANFE es una historia de la lucha por la libertad.

Muchas gracias.

miércoles, 20 de noviembre de 2013

Desde la tribuna: lucha contra la pobreza

Hemos insistido en varias oportunidades en este tema.  Es obvio que el tema de la pobreza ha resultado una veta inacabable para algunos grupos políticos.  La pobreza es caldo de cultivo para el clientelismo electoral, ¿tendrán interés quienes viven de ello en combatirla efectivamente?

Por otro lado, es obvio que la acción directa contra la pobreza es el establecimiento de condiciones, facilidades o ambiente para crear riqueza.  Lo complicado es que el Estado, por regla, no crea riqueza, no crea ni produce nada y más bien administra mal todo.

Cuando hay pobreza extrema, carencia total, es obvio que debe haber algún tipo de asistencialismo inmediato para superar la indigencia.  Pero el asistencialismo permanente es un vicio social, una perpetuación de la pobreza y un concepto de repartición que no alienta la creación de riqueza.

Por ello resulta tan evidente que las famosas expoliaciones y robos, despojos y reparticiones del despojo (estilo los electrodomésticos de Maduro) no son otra cosa que robo, demagogia y abuso.  Jamás son lucha contra la pobreza.

Porque hay otro punto elemental en el tema, se trata de la sostenibilidad o consistencia de la generación de riqueza o crecimiento.    Algunas acciones individuales podrían permitir a alguno salir de la pobreza (un robo, un despojo, una estafa, una defraudación, un cohecho y algunas otras acciones ilícitas similares) pero … no es socialmente sostenible o consistente utilizar estas vías como puerta de salida de la pobreza.  

Hay actuaciones estatales que, por más que pretendan contribuir a la lucha contra la pobreza, no son más que un empobrecimiento general:  la inflación, el gasto corrupto, las gollerías, el abuso del poder, el déficit originado en el desorden, la angurria fiscal y el exceso de impuestos no contribuyen a la lucha contra la pobreza ni a la formación de riqueza.  ¡Todo lo contrario, son causa de desposicionamiento económico, de desestímulo a la actividad empresarial y formación de empresas, de ausencia de generación de empleo, de exceso de peso del Estado en la sociedad y de abusos y crecimiento burocráticos.

Federico Malavassi Calvo

martes, 19 de noviembre de 2013

La columna de Carlos Federico Smith: impacto del alto costo de nuestra energía

Se espera que en menos de diez años, los Estados Unidos se conviertan en el mayor productor global de gas natural y de petróleo.  Eso se logrará con precios menores que los actualmente existentes.  Como nación, Estados Unidos superará a Arabia Saudita, que actualmente encabeza la lista en cuanto a producción de esos energéticos. Súmele al de Estados Unidos el aumento elevado que de esos productos también se espera en Canadá y en México, si este último decide en serio fortalecer su anquilosado sector energético, con  otro más competitivo y mayor participación privada.  Norte América, como bloque, por muchos años será el gran proveedor mundial de combustibles baratos.

Esta transformación del mercado se reflejará en un declive del poder monopólico de la OPEP, cuyas restricciones usuales de la oferta internacional, orientadas a elevar artificialmente el precio de los combustibles, se verán limitadas por el poder competitivo de la energía proveniente de América del Norte.

Una energía más barata y abundante facilitará la repatriación de inversiones de los Estados Unidos hacia su país de origen. Esa inversión se había alejado, atraída fundamentalmente por una mano de obra más barata en otras naciones y, además, porque en cierto momento el precio de la energía en otras naciones no era tan diferente del costo que tenía en los Estados Unidos. Con esta revolución energética en proceso en los Estados Unidos, a pesar del poco apoyo y casi aversión de Obama hacia esa industria, se abren enormes posibilidades para que la producción industrial de esa nación tenga un renacer, de poder verse fortalecida de nuevo y de estar en capacidad de competir eficientemente en los mercados internacionales.

Mientras tanto, en Costa Rica se observa un crecimiento paulatino del costo de la energía, resultado de un inmovilismo en la inversión potencial que se podría dar en el país, pero también porque el sector energético estatal muestra claras deficiencias económicas, resultado del proteccionismo en que se le ha tenido.  Es lamentable que el cuerpo político legislativo de los últimos tiempos haya hecho todo lo posible, con notorias excepciones, para impedir que el mercado energético nacional pueda mejorar con el impulso productivo que le podría brindar el sector privado.  En esta demora ha sido partícipe el gobierno actual, con su característica ineficiencia, al rechazar legislación que facilitaría el desarrollo del sector y pretender suplirla por otra que conserva el statu quo.  Pero también han sido responsables algunas fracciones legislativas, empeñadas en mantener un populismo que termina por obstaculizar cualquier posibilidad de progreso en el país.  Esa conducta la han observado las fracciones del PAC, del Frente Amplio, parte de la del PUSC, así como una fracturada mitad de la fracción liberacionista.  

De esa forma, en la Asamblea no se ha podido aprobar una nueva legislación que permita aumentar nuestra capacidad de oferta, principalmente logrando los aportes de los sectores privados.  En la Asamblea tan sólo se desea más de lo mismo: que el Estado, en sus diferentes variedades y matices, continúe con el monopolio de hecho de la producción de energía. Esto es, que se prosiga con un modelo energético que a todas luces está haciendo aguas… y no por culpa de un neoliberalismo mítico, al cual el populismo barato, en vez de asumir los resultados de sus propias acciones, escoge achacarle todos los males de este mundo. 

Sabemos cómo es que actúan usualmente los políticos, especialmente en épocas previas a elecciones y ante la acosadora angurria financiera del momento.  Creen en aprobar legislación que medio abra la posibilidad para algunos, casi que escogidos a dedo, de participar en el mercado de generación eléctrica. Consideran que así resuelven el problema de producción de energía, pero sin que se alborote el cotarro ni el coto de caza. Pero en verdad, el nudo gordiano que hay que cortar radica en la actual falta de competencia de privados con el estado, así como entre aquellos, de forma que se facilite el logro de la mayor cantidad posible y más barata de energía, a fin de suplir económicamente las necesidades del país. 

En vez de aprobar una ley moderna sobre el sector energético del país, basada en la competencia y la producción privada, lo que posiblemente se tendrá es un mamotreto más. Con él algunos pocos podrán medrar, pero se impedirá al país disponer del vigor necesario que impone la lucha competitiva, pues quedarán por fuera muchos otros entrantes potenciales. Con esa ley no se tendrá el aumento requerido en nuestra producción doméstica de energía, sino que será tan sólo un parche más a un sistema defectuoso e incapaz de generar lo que el país necesita: más energía y más barata para todos los usuarios y consumidores.

Ante lo expuesto, posiblemente nuestra energía proseguirá siendo costosa y por ello no sólo veremos cómo empresas nacionales migrarán hacia otros países, para beneficiarse de su producción más barata de energía, sino que también observaremos cómo gradualmente disminuirá la inversión extranjera en el país. Ya varias empresas nacionales han trasladado sus operaciones o parte de ella a naciones del área que disponen de energía más barata (no vale la pena mencionarlas, pues bien las conocemos). Pero es indispensable tener presente que la gran fórmula nacional de atracción de capitales internacionales, con base en una mano de obra que fuera tanto relativamente barata como lo suficientemente calificada, no será capaz de compensar el creciente aumento del precio de nuestra energía, así como la fuerte reducción de esos costos en los Estados Unidos y en Norte América, en general. Ya sea que, por las razones expuestas, empresas nacionales se instalen en otros países, como que deje de entrar inversión extranjera al país, un resultado lamentable de ello será la caída en el empleo, así como la reducción de los ingresos familiares de los costarricenses.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 18 de noviembre de 2013

Tema Polémico: Opciones Liberales a la Pobreza

En Costa Rica, a pesar de todos los programas de asistencia social del gobierno que cada día se suman más y más, no ha podido disminuir los niveles de pobreza en décadas. Decía Albert Einstein que locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Pues esta frase aplica muy bien para la estrategia de los últimos gobiernos respecto a la pobreza con el agravante de que el gasto cada vez mayor tiene al país al borde de la quiebra sin solución aparente.

El reconocido autor peruano Enrique Ghersi en muchas ocasiones ha abordado esta situación y llega a una conclusión muy interesante. El problema con los gobiernos Latinoamericanos, y Cota Rica evidentemente no ha sido la excepción, es que se han enfocado mucho en encontrar las causas que generan la pobreza cuando realmente se deberían estar concentrando en analizar y replicar las causas que generan la riqueza. Es lógico, la pobreza es claramente un problema y es necesario enfocarse en la cura al problema que es precisamente la riqueza. A continuación se describen algunas soluciones liberales al problema real que es la ausencia de riqueza.

Eliminar el exceso de regulación: las buenas intenciones de la regulación en la creación y mantenimiento de los negocios en supuesta defensa del consumidor para lo único que sirve es para incrementar los costos de la formalidad y, finalmente, lo precios. Por querer defender a los ciudadanos, el gobierno termina empobreciéndolos obligándolos a pagar excesos de precios a causa de la regulación. Además, esto desincentiva la creación de nuevos emprendimientos limitando la posibilidad de que más gente pueda salir de la pobreza por medio de más y mejores fuentes de empleo. La frase “empedrado de buenas intenciones es al camino al infiero” no puede ser más real con este caso.

Disminuir la inflación a cero: el control de la inflación y su diminución a cero (o casi cero) debería ser la prioridad de cualquier política monetaria. Ya sea por medio de dolarización o por medio de libre flujo de monedas es necesario que la inflación sea prácticamente nula. Es necesario comprender que la inflación o, mejor dicho, el aumento generalizado de los precios causado por exceso de dinero en la economía, es un impuesto y uno que termina impactando de manera más negativa a las clases más necesitadas del país. Similar a la medida expuesta anteriormente, la implementación de esto lograría que la plata le alcance más a los costarricenses y en especial a los más pobres.

Generar condiciones para el florecimiento de nuevas empresas y nuevos emprendimientos: es necesario implementar políticas que propicien la generación de nuevas empresas en todos los sectores de la economía. Esto precisamente lo que genera es aumentar la demanda de empleo en el país. No cabe duda de que la mejor manera de eliminar la pobreza es por medio del empleo. Condiciones fiscales favorables por medio de tasas de impuesto sobre la renta muy atractivas, un sistema tributario sencillo, desregulación del trabajo; estas son solo algunas de las medidas que se pueden implementar. Éstas propician la generación de riqueza en forma generalizada. Pero tal vez más importante, son medidas que garantizan que las personas puedan disfrutar de la riqueza que generan sin temor a que alguien se la quite.

Procurar libre competencia de mercados: está evidenciado que la mejor forma de lograr que los precios se mantengan bajos, en beneficio de todos los consumidores y en especial de lo más necesitados, es por medio de la competencia. Al aumentar la oferta de productos en el mercado las personas no solo tienen más opciones de donde escoger sino que gozan de mejores condiciones en precios. Este les permite a todos comprar más con menos dinero. La otra opción que se le ocurre de vez en cuando uno que otro político es el control de precios. Lo único que logran con esto es generar las condiciones para que nadie invierta y las pocas empresas que quedarían en el mercado se ven obligadas eventualmente a trabajar con pérdidas generando desabastecimiento o en condiciones de monopolio con el favor del Estado. El problema con el control de precios es que nadie tiene la capacidad de ser omnisciente y saber exactamente cuál es el precio exacto que le conviene a todos. Esto siempre termina beneficiando a un grupo pequeño a expensas de un grupo muy grande.

Es necesario que volvamos a confirmar en los mercados como la herramienta más efectiva para generar riqueza y no delegar las responsabilidades y deberes de todos en un grupo de burócratas. La naturaleza humana es buscar siempre el beneficio personal. La diferencia entre ambos sistemas es que la búsqueda del beneficio personal en una economía de mercado resulta en beneficios generalizados y con otros sistemas la búsqueda del beneficio general propiciado por un organismo centralizado termina favoreciendo los intereses de las personas más allegadas el sistema o con más capacidad de influencia únicamente.

viernes, 15 de noviembre de 2013

Viernes de Recomendación

El día de hoy les recomendamos el artículo Los Cantos de Sirena de José María Villalta de Juan Carlos Hidalgo el que habla sobre las ideas del candidato del Frente Amplio y el daño que le pueden causar el país.

miércoles, 13 de noviembre de 2013

Desde la tribuna: Estado e impuestos

Igual que el Derecho, el Estado y los impuestos tienen el mismo origen y propósito.  Del mismo modo, los tres pueden ser prostituidos o bastardeados. Se supone que aportan al bien común dentro de una serie de conjugaciones:  respeto a la libertad,  derechos fundamentales, reglas de juego y no confiscación.

No obstante, la corrupción de los tres o de cualesquiera, lleva a una seria desviación de fines, desviación de poder y abuso contra los seres humanos. Algunos se concitan en ello, precisamente desviando la función pública o estableciendo la demagogia. Por ejemplo, la Venezuela de Maduro (la continuación del chavismo) ha intervenido con el ejército algunos almacenes de línea blanca, bajo el pretexto de que venden muy caro y ello es un abuso de la moneda y las importaciones, entonces establece el gobierno nuevos precios y hay largas filas para completar la expoliación y el despojo.

Sufren unos pocos (los comerciantes) y se benefician un montón (largas filas para aprovecharse).  Los muchos no tienen sensibilidad para entender que hay violación de derechos fundamentales y un acto de abuso de poder.

A mi se me parece a los cristales rotos de la Alemania nazi.  El autoritarismo poco a poco va segregando grupos y conculcando sus derechos.  El montón, como muchas veces, hace fiesta del despojo.

En nuestro propio medio, un gobernante promovió un impuesto a las casas de alto valor, bajo el argumento de que debían contribuir a que otros tuvieran casa. Argumento falaz y demagógico que establece una nueva función del Estado:  quitarle a unos para darle a otros.  Detrás de ello hay una moral inaceptable, solo podré tener casa  si le quito a otro.  Los impuestos son para que unos le quiten a otros.   El Estado y el Derecho, así como los impuestos, corrompidos hasta el tuétano.

En general, cuando un Estado establece monopolios y las tasas son para nutrir a grupúsculos (monopolio de Recope, por ejemplo), cuando el rótulo se vuelve para adentro, entonces se desnaturaliza el Estado y se descompone todo.

El impuesto se pone violentando el principio de generalidad (impuestos específicos a grupos y personas específicos, algunas veces ni siquiera representados) y todo se corrompe.  Unos grupos asaltan directamente el Estado para despojar a otros o tal vez unos políticos ejercen el clientelismo político-electoral proponiendo promesas de repartir lo ajeno.

Por todo ello es tan importante conservar el sentido de las normas constitucionales.  Y, exactamente por lo mismo, en ello está la razón por la cual algunos seleccionan intérpretes de la Constitución que le den un sentido torcido a las normas. 

De vez en cuando aparecen magistrados que desprecian los procedimientos parlamentarios, que hablan de flexibilidad para justificar los atropellos a las normas fundamentales, que inventan normas para justificar las violaciones a los principios básicos y que proponen su elección enviando mensajes de complacencia con los abusos descritos.

La declaración de derechos fundamentales (sobre todo los que tienen en su esencia un poder de autodeterminación, por sobre los programáticos) debe erigirse como una barrera frente a los abusos del poder.   Si ello no sucede así, de nada vale la Constitución.

Los impuestos no pueden justificarse en un déficit producido por un gasto corrupto, desordenado, incontrolado e ineficiente.   Es como darle más plata al hijo pródigo, como alentar al vicioso y como promover la corrupción.

Federico Malavassi Calvo

martes, 12 de noviembre de 2013

La columna de Carlos Federico Smith: exposición en mesa redonda "Libertades económicas en el Estado Social de Derecho actual"

A continuación transcribo para los lectores de ASOJOD la charla que brindara el pasado jueves 7 de noviembre en ocasión de la celebración del 64 aniversario de la promulgación de la Constitución de la República.

“Agradezco la invitación de la Sala Constitucional para participar en esta mesa. Me sorprendió por no ser profesional del derecho, pero sí de la Economía, aunque en ocasiones de mi vida he tenido que ver con temas de derecho. También me alegró, pues por muchos años me ha interesado la relación entre el derecho y la economía.  

Empiezo diciendo que creo que hay un pleonasmo al decirse “estado social”, pues no hay estado, políticamente hablando, que no sea social. Es el “conjunto de órganos de gobierno de un país soberano”, como señala una acepción del Diccionario de la Real Academia. Pero este asunto no es el objetivo de mi exposición. Tampoco el de centrarme totalmente en aspectos particulares de nuestra constitución, sino que, en el espíritu de la invitación que se me hizo, me referiré a ciertas características generales de nuestro estado de derecho, que creo constituyen frenos para que nuestra ciudadanía pueda progresar en el campo de la economía y con ello poder aumentar su riqueza y su bienestar. 

Mucho de lo que expondré se basa en trabajos desarrollados por un distinguido académico del derecho y de la economía, el abogado Enrique Ghersi, coautor del libro El Otro Sendero.  Discúlpenme si peco de osado, pero le sugiero a la Corte Suprema de Justicia -la cual con sus actividades promueve el estudio serio de estos temas- que algún día traiga del Perú a ese pensador, para que exponga acerca de la trascendencia que tiene una relación apropiada entre el derecho y la economía. 

Me referiré a aportes que el pensamiento económico puede hacer al derecho, al destacar la enorme utilidad que tiene éste para reducir los costos de transacción, que son omnipresentes en toda economía.   Los costos de transacción son los costos del tiempo y de obtener la información necesaria para que los individuos puedan llevar a cabo eficientemente sus transacciones.  El mercado es, así, costoso. Las leyes tienen su faceta económica: deben buscar reducir esos costos de transacción que se presentan en la actividad económica. Para lograrlo definen los derechos de propiedad, la seguridad de los contratos y la responsabilidad civil que surge fuera de los contratos. Es decir, un propósito del derecho es reducir los costos en tiempo y en información que cualquier tipo de transacción requiere.

Ese, en mi opinión, es el aporte deseable del derecho en los asuntos económicos de una sociedad; es decir, en toda transacción económica que llevan a cabo las personas. El derecho permite que en un mercado los individuos puedan obtener más información, que la que cada uno de ellos individualmente puede lograr. Tal como escribió Friedrich Hayek, eminente tratadista de esa relación que hay entre el derecho y la economía,

“[El problema de una sociedad] está en cómo asegurar el mejor uso conocido de los recursos por cualquiera de los miembros de una sociedad, para fines cuya importancia relativa es tan sólo conocida por esos individuos. O, en breve, es un problema del uso del conocimiento, el cual no le es dado a individuo alguno en su totalidad.” (Friedrich Hayek, Use of Knowledge in Society, American Economic Review, XXXV, No. 4, setiembre de 1945, p. 519.)

Como no existe el pleno conocimiento de los individuos, ni es posible que pueda evaluar todas las consecuencias de sus acciones, el derecho le informa al individuo acerca de reglas que delimitan el campo en el cual las acciones son suyas. El derecho brinda la información necesaria en un mundo de incertidumbre, facilitando así la actuación de los individuos en una economía. Reducir la incertidumbre es harto deseable en una economía.

Tradicionalmente se ha creído que el derecho no tiene costo alguno. Llaman ley a cualquier cosa que sea objeto de una aprobación legislativa. La ley suele señalar los requisitos para cumplirla, así como los actos que cubre, en ocasiones los costos impositivos que tiene y posiblemente qué consecuencias tiene el no obedecerla.  En síntesis, el costo de la legalidad es todo lo que a uno le cuesta el poder disfrutar de los beneficios de esa ley. Esto es, que la reducción de costos de transacción (de información y de tiempo) que la ley permite, sean mayores que todos esos costos que he mencionado están asociados con el uso de la ley.

Hay tres tipos de costos importantes en nuestra legislación, que aparecen en aspectos que contiene nuestra Constitución, o en cosas que llaman “leyes” y que suelen ser invenciones constructivistas de nuestra Asamblea Legislativa y no leyes en el sentido de reglas generalmente aceptadas, que hacen posible la coexistencia pacífica de las personas. También están presentes en la prolífica regulación que se da por la vía de decretos, directrices y similares. 

Un primer tipo de costos de la legislación es aquel que surge directamente por sus efectos sobre el gasto público, de manera que, bajo la concepción de un presupuesto de gastos debidamente financiado con impuestos, requiere de la generación de tributos, que, más tarde o más temprano, habrán de ser sufragados con impuestos que se cobran a los ciudadanos. O con deuda pública que, como transferencia intergeneracional que suele ser, deberá ser luego pagada por la ciudadanía del futuro. O con emisión monetaria, que impondrá el costo ya conocido en la historia económica de un proceso inflacionario. O con un aumento de los precios de los servicios públicos monopolizados o regulados por el estado, que, como bien conocemos, los convierte en un medio para financiar el excesivo gasto público.

Un segundo tipo de costos de esa legislación es que introduce incentivos que conducen a que las personas ajusten su conducta en algún sentido. Puede ser lo deseado por quien hace esa legislación, pero no necesariamente el que libremente escogería ese individuo. Cuando la persona decide obedecer la ley, luego de sopesar sus beneficios y sus costos, es porque esa ley satisface los objetivos particulares que esa persona persigue. Aquí pienso que esa ley le da al individuo que decide aceptarla mayores beneficios que costos, pero si existe la posibilidad de que ese individuo evite dicha ley, su existencia no altera las preferencias o fines individuales, aunque sí los medios a su disposición. La ley afecta sus medios, pero no sus preferencias. Si esta ley es muy onerosa, la persona posiblemente decidirá ignorarla, evitarla, acudiendo a sistemas alternativos de legalidad. 

Ello se observa en las economías  subterráneas o informales, en las cuales, dado el elevado costo de obedecer la ley formal, se ignora ésta, siendo sustituida por otras formas de derecho, usualmente basadas en costumbres o relaciones familiares o mafias, por ejemplo. Pero esta forma de legalidad introduce un mayor grado de incertidumbre que el que se pretendió disminuir mediante la ley formal. Ese es el precio que se paga con la informalidad en muchas de nuestras sociedades, verbigracia, Perú, Guatemala, entre muchas otras, lo que no excluye a la nuestra.

También hay cierta perversidad en cuanto a la incidencia de este segundo tipo de costos, porque, por lo general, es mayor el peso del costo de la legalidad entre los individuos de ingresos relativamente menores, en comparación con quienes tienen mayores ingresos. Si, como ejemplo, pensamos que la ley nos exige llevar libros contables de la empresa, contratar servicios de contadores profesionales, cumplir con muchos requisitos legales que estoy seguro ustedes conocen, lo cual no es precisamente algo barato, así como satisfacer requisitos de seguridad o de construcción o medioambientales, y muchos otros similares. Pensemos que todo eso nos podría costar, anualmente, digamos 10 millones de colones. Eso es una fortuna para quien apenas genera ingresos anuales de 12 millones, pero será relativamente poco para el que logra cientos de millones.  El costo de la ley claramente es inversamente proporcional a la distribución de los ingresos.

Muchos de los individuos relativamente más desvalidos desde el punto de vista económico, buscarán evitar la vigencia de la ley formal, dados sus costos, acudiendo a sistemas de producción relativamente menos eficientes y con menores posibilidades de progresar. Habrá alguna forma de legalidad para llevar a cabo sus relaciones de intercambio, pero siempre se carecerá del beneficio de la reducción de incertidumbre que se pretendía lograr con el sistema de legalidad formal. Más bien, evitar éste les sumerge en mayor incertidumbre, al no poder gozar de la protección que le podría brindar el estado para poder desarrollar su actividad. 

Para quienes piensan que tal cosa no sucede en nuestro medio, les relato brevemente una experiencia que tuve muy de cerca, al hacer fila para vacunarme contra la fiebre amarilla, dada la obligatoriedad de hacerlo para viajar a Sur América. Una persona que estaba adelante me contó que se encontraba en esa oficina del Ministerio de Salud, porque necesitaba la autorización burocrática para instalar un salón de belleza. En esa entidad le pedían que trajera el contrato con el centro comercial en donde se instalaría, para poder, legalmente, que se le otorgara aquel permiso.  La persona les dijo que el centro comercial no firmaba el contrato con él para poner el salón, porque no contaba con el permiso del Ministerio. ¿Cómo resolvió el problema? Muy sencillo: decidió instalarlo en la sala de su casa, en su barrio. Acudió a la informalidad para llevar a cabo su actividad económica pretendida. Ustedes deben conocer muchos otros casos parecidos.  Lo expuse sólo para recordar cómo es que existen estos costos para poder actuar en esta economía. ¿Acaso debe extrañarnos que a la fecha Costa Rica esté en el lugar 110 en cuanto a la facilidad de hacer negocios que anualmente publica el Banco Mundial?

Un  tercer tipo de costos surge cuando el sistema jurídico se convierte en un obstáculo para la adaptabilidad que un sistema económico debe poseer, cuando en él surgen innovaciones o nuevos descubrimientos, como es lo propio que surja de un empresariado en competencia.  La rigidez, la inflexibilidad, jurídica puede ser un obstáculo importante para que una economía pueda llevar a cabo ajustes indispensables, en un sistema que, por su naturaleza, requiere de la posibilidad, a los menores costos posibles, de poder adaptarse a los procesos evolutivos y de cambios en que las economías están inmersas.

Voy a dar un ejemplo sencillo de este tercer tipo de costos. Hace varios años, mientras hacía un estudio de ciertas leyes que poseían obstáculos al libre comercio, hacía antesala en cierto departamento del Ministerio de Salud. En eso entró una persona a quien conocía y empezamos a conversar.  Me contó algo increíble: él estaba haciendo gestiones para que le aprobaran un permiso del Ministerio, para poder importar sobrecitos de un sustituto del azúcar. Lo asombroso es que le pedían una enorme cantidad de estudios, que significaban costos muy elevados, para que se le pudiera otorgar el permiso, a pesar de que él ya tenía licencia para importar ese mismo sustituto del azúcar, sólo que en cajas más grandes. Le dijeron que la ley y el reglamento vigentes no consideraban esa posibilidad de importar el sustituto en sobrecitos. Se trataba de algo nuevo –sobrecitos de sacarina- que no estaba legislado.

Nuestro aparato legal formal es sumamente complejo, enredado, contradictorio muchas veces y, en muchas otras, contraproducente, si es que se desea que la gente progrese libremente, mediante sus esfuerzos personales. Hemos escuchado esa expresión de que “Nadie puede alegar ignorancia de la ley, salvo en los casos que la misma autorice” (Art. 29 de la Constitución). Me dirán que mi opinión se debe a mi no formación de abogado, pero, al despertarme una mañana de estas, me puse a pensar acerca de esta charla. Me pregunté si todo lo que pensaba hacer ese día –muchísimas cosas- estaban o no sujetas a alguna ley. ¡Cómo demonios no iba a preocuparme si soy ignorante de muchas leyes! Con el mayor respeto para ustedes, estoy seguro que, entre los más ilustres aquí presentes, no hay quien conozca –que no ignora- todo el marco legal en que vivimos. Si lo conociéramos a plenitud, no necesitaríamos de abogados. Lo cierto es que rápidamente me levanté de la cama, pues no conocía si existía alguna ley que me sancionara por quedarme en ella. Entiendo por qué, al aprobarse en la Asamblea alguna ley, agregan siempre la coletilla de que “sustituye a todas las que se le opongan” o algo así por el estilo.  Como no hay capacidad de conocer todas las leyes que hay en la nación, lo mejor que pueden hacer es decir… borrón y cuenta nueva.

Lo expuesto nos dice claramente que la legalidad tiene costos. Que la persona los aprende, los detecta, los vive, al tratar de hacer algo que, de pronto, resulta que va en contra de alguna ley o decreto o reglamento o similares, o simplemente no se puede hacer algo porque una ley anacrónica estática y detallista no lo  contempla. Los costos de la obediencia o aceptación de la legalidad tienen un impacto, muchas veces muy alto, en la conducta económica de las personas.

El tema es complejo y mucho se podría hablar de él. Pero deseo terminar refiriéndome a tres aspectos que considero son muy importantes.  Primero, en estos momentos de fuerte desbalance fiscal, producto de un gasto excesivo del estado por encima de sus ingresos, no tiene vigencia aquella norma de control o disciplina o de freno básico para el desorden, cual es que “En ningún caso el monto de los gastos presupuestos podrá exceder el de los ingresos probables”. (Art. 176 de la Constitución). Lo que el cuerpo político ejecutivo hace es, por ejemplo, llamar a los gastos en educación como una inversión y con ello se logra aprobar los presupuestos.  La Contraloría ya casi nos tiene aburridos en cuanto a señalar su incumplimiento en todos los años recientes. Esa prédica es ignorada plenamente por ese ente autista, cual es nuestra Asamblea.  Pregunto –y perdonen mi ignorancia- ¿cuál es el mecanismo por el que la Sala IV obligaría al cumplimiento de lo que, creo, dice la Constitución? De continuarse ignorando esa regla elemental de control financiero, no nos debe sorprender que permanentemente estemos sujetos a tributos, que terminan afectando negativamente el esfuerzo productivo y el empleo de nuestra nación.

El segundo asunto se refiere a lo me permito llamar “ilusión de personas bien intencionadas que tratan de hacer el bien, pero terminan haciendo lo contrario”.  Voy a dar un ejemplo de algo que está en la Constitución y que se le llama principio de solidaridad, por el cual, por ejemplo, se obliga a la Caja de Seguro Social a dar servicios médicos plenos a cualquier persona, ya sea que cotice o no, si es extranjero o nacional o sin importar los costos que puedan demandar.  En mi opinión, la garantía universal de salud que se obliga a brindarla a la Caja es un importante factor causal de sus problemas financieros. Hay un incentivo para no cotizar y disfrutar de los servicios de la Caja.  Hay extranjeros que vienen al país a recibir un excelente y caro tratamiento médico, sin que hayan cotizado algo.  Esos servicios tienen un costo. Que los usen terceros, significa que habrá menos recursos para que los utilicen quienes debidamente pagan (cotizan) para la Caja. La economía surge por el principio natural de la escasez de recursos para satisfacer infinidad de deseos y necesidades.  Si un individuo puede pasársela sin cotizar a la Caja y sí recibir sus beneficios, se inclinará innegablemente a actuar de esa manera.

Finalmente, pues escasea el tiempo, un avance importante para el ordenamiento fiscal del país es que toda ley, norma o reglamento que se legisle o decrete, indique la fuente de donde provendrán los recursos que se usarán para satisfacer los propósitos de la ley.  Es necesario que la ciudadanía, por lo menos, tenga una idea de cuánto cuestan las cosas, tanto nobles como innobles que uno puedo esperar de una ley. Así podría tener una mejor asociación entre lo que espera recibir y su costo. Podría esperarse que, de esta manera, los ciudadanos tendrán una mayor claridad acerca de cuáles funciones desea llevarlas a cabo privadamente y cuáles por medio del estado".

Jorge Corrales Quesada

lunes, 11 de noviembre de 2013

Tema polémico: candidaturas con salario

Hace poco tiempo, el frustrado candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana, Rodolfo Hernández, puso sobre el tapete la idea de que a los postulantes debería pagárseles un salario para permitir una verdadera democratización electoral, pues con el sistema actual, solo las personas de mucho dinero pueden darse el lujo de dejar sus ocupaciones y dedicarse a una campaña sin recibir una remuneración. Por supuesto que con ese planteamiento, ardió Troya. Los comentarios críticos hacia esa idea y los calificativos de oportunismo y enriquecimiento a costa de los tax payers no se hicieron esperar y la propuesta no quedó más que en el baúl de los recuerdos. ¡Por dicha!

No obstante, nos preocupa que si bien compartimos el repudio a esa idea, la oposición se centre únicamente en cuanto a candidatos presidenciales, cuando la realidad es que los postulantes a otros puestos de elección popular están desangrando al erario público sin que nadie diga nada, ni se inmute, como pasa con algunos Diputados que se convierten en candidatos presidenciales o con funcionarios del Gobierno Central, instituciones autónomas o Municipalidades que participan como candidatos a la Presidencia, Diputados, Regidores o Alcaldes, sin tener que renunciar a sus cargos y sus salarios mientras están en campaña.

Si bien los artículos 109 y 132 de la Constitución Política establencen claramente quiénes NO podrán ser Diputados ni Presidentes respectivamente y el numeral 146 del Código Electoral dispone que los funcionarios públicos tienen prohibición para dedicarse a trabajos o discusiones de carácter político-electoral durante las horas laborales y usar su cargo para beneficiar a un partido político. Solamente el Presidente, los Vicepresidentes, los Ministros y Viceministros, el Contralor y Subcontralor, el Defensor y Defensor Adjunto, el Procurador General y el Procurador General Adjunto, los Presidentes Ejecutivos y miembros de Juntas Directivas de instituciones autónomas, gerentes y subgerentes de instituciones autónomas y entes públicos estatales, los policías, agentes del OIJ, empleados del Tribunal Supremo de Elecciones, Magistrados y funcionarios del Poder Judicial que administren justicia, no podrán participar en ninguna actividad de carácter político-electoral ni hacer ostentación pública de preferencia partidaria.

Es claro entonces que salvo para la lista cerrada de funcionarios mencionados, la prohibición aplica para los funcionarios públicos solamente durante horas laborales. Es decir, durante el resto del día no hay ningún impedimento para dedicarse a actividades político-electorales. Ahora bien, resuelto ese problema caemos en otro: ¿qué pasa con el sueldo de esos funcionarios, aún cuando participen en horarios distintos al laboral? Vamos a omitir la discusión cuando se trata de funcionarios que colaboran en las campañas, simpatizantes, participantes indirectos en el proceso electoral para concentrarnos exclusivamente en los que postulan su nombre como candidatos.

El artículo 33, inciso 5) del Decreto Ejecutivo Nº 21 del 14 de diciembre de 1954, "Reglamento del Estatuto del Servicio Civil y sus reformas" establece que se puede otorgar una licencia sin goce de salario de

"(...) Cuatro años, a instancia de cualquier institución del Estado, o de otra Dependencia del Poder Ejecutivo, o cuando se trate del cónyuge de un funcionario nombrado en el Servicio Exterior; o en los casos de los funcionarios nombrados en otros cargos públicos. El plazo anterior podrá ampliarse hasta por un período igual, cuando subsistan las causas que motivaron la licencia original".

Si bien pareciera ser muy claro que el funcionario con puesto en propiedad que decide postularse a un cargo de elección popular tendrá una licencia sin goce de salario durante el tiempo que dure el nombramiento en caso de obtenerlo, no es igualmente claro cuando se trate solo de candidaturas. Es decir, con el vacío normativo, perfectamente ese funcionario, independiemente del resultado final de la elección, podría estar recibiendo remuneración con fondos públicos durante la campaña y la licencia sin goce de salario sólo le aplica en caso de asumir el nuevo cargo. 

Lo anterior se desprende de la lectura del Dictamen Nº 078 del 14 de marzo de 2008 de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Resolución Nº Nº 2689-E8-2009 del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). A este respecto, dice el TSE en la citada resolución sobre el cuestionamiento de si debe o no renunciar Johnny Araya al cargo de Alcalde Municipal de San José para postularse a la Presidencia de la República: 

"Acerca del caso concreto importa precisar, primeramente, que la legalidad de la licencia sin goce de salario extendida por el Concejo Municipal de San José al señor Johnny Araya Monge es un asunto de índole administrativa que escapa a las competencias de la jurisdicción electoral y que compete dilucidar en otras instancias como lo son la propia Corporación Municipal, conforme a la autonomía política y administrativa que le concede la Constitución Política, la Procuraduría de la Ética Pública, en el campo de sus atribuciones, o la propia jurisdicción contencioso-administrativa. 

(...)

En la inteligencia señalada, teniéndose en cuenta que el otorgamiento de la licencia en cuestión es un acto administrativo ajeno a las potestades de este Tribunal, cuya invalidez no ha sido declarada, resulta improcedente la cancelación de la credencial contra el señor Johnny Araya Monge, Alcalde Municipal de San José. Cabe resaltar que la licencia otorgada al señor Araya Monge se origina en un acuerdo del Concejo Municipal de San José, razón por la cual es la actuación del Concejo la que los recurrentes invocan. Por esta razón, también resulta innecesario ordenar la apertura de un procedimiento administrativo de cancelación de credenciales ante la Inspección Electoral de este Tribunal, dado que la licencia concedida cobija la inasistencia a labores del Alcalde Municipal.

En otras palabras, si bien el presupuesto de inasistencia a las labores por más de ocho días constituye uno de los motivos de cancelación de la credencial de un alcalde, es lo cierto que en la especie se ampara en una licencia otorgada por el Concejo Municipal y ese acto administrativo no ha sido declarado inválido; declaratoria eventual que, en todo caso, podría acarrear responsabilidad para quienes otorgaron el permiso pero no para quien lo solicitó, máxime si tomamos en cuenta que lo fue sin goce salarial.” (el resaltado no es del original).

(...)

Así las cosas, quienes se desempeñen como alcaldes, al tener tan solo prohibición relativa de intervenir en actividades políticas de los partidos políticos y no estar en la lista de funcionarios con incompatibilidad para aspirar a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, no tienen la obligación de renunciar a la alcaldía para postularse a dichos cargos.

Ante ello, resulta jurídicamente posible que un alcalde municipal se postule para Presidente de la República y continúe desempeñando el cargo municipal. Sin embargo, tendrá que abstenerse de participar en actividades o discusiones de carácter político-electoral cuando se encuentre en horas laborales o en el desempeño de su puesto, estándole vedado utilizar su cargo para beneficiar a la agrupación política de su simpatía o sus propias aspiraciones personales. Por tanto,

Se interpreta que los alcaldes municipales no están en la obligación de renunciar a su cargo para postularse como candidatos a la Presidencia de la República. Sin embargo, tendrán que abstenerse de participar en actividades o discusiones de carácter político-electoral cuando se encuentren en horas laborales o en el desempeño de su puesto, estándoles vedado valerse de su cargo para beneficiar a la agrupación política de su simpatía o sus propias aspiraciones personales".

En este orden de ideas, es dable pensar que, en virtud del principio de igualdad ante la ley, si el Alcalde no está obligado a renunciar a su puesto para postularse a Presidente de la República, entonces cualquier otro funcionario que decida ser candidato a Diputado, Regidor o Alcalde, tampoco debería estar obligado, excepto que específicamente así lo establezca una ley, como en los casos señalados en los que están debidamente establecidas las prohibiciones e incompatibilidades para la postulación. 

Ahora bien, ¿cuál es el problema?  El problema se da en dos dimensiones: la primera, si un funcionario público con su puesto en propiedad decide postularse a un cargo de elección popular, podría percibir su remuneración sin impedimentos -exponiéndose eso sí a la denuncia moral cuando sus contrincantes lo descubran-. Si gana, utilizó ese dinero para su campaña, teniendo una ventaja indebida frente a estos, si es que ellos no son también funcionarios públicos. Si pierde, regresa a su puesto, a seguir devengando un slaario. En cualquier caso, independientemente del resultado de la elección, ese candidato asumirá de forma privada todos los beneficios -exposición mediática, poder, un puesto y nuevos ingresos en caso de ganar- y socializará las pérdidas -si le alcanzan los votos a su partido para redimirlos en bonos de contribución estatal a las campañas-, pues todos los ciudadanos terminaremos pagando su aventura, sea con su salario o sea con la deuda política. 

La segunda es el posible conflicto de intereses que podría presentarse cuando un funcionario público pasa a ocupar un puesto, por ejemplo, de Diputado. Reiterados ejemplos existen en nuestra realidad política con empleados del ICE, CCSS o de las Universidades Estatales, apenas por citar algunas, que llegan a Cuesta de Mora y participan en el proceso decisional de proyectos de ley relacionados con las instituciones a las que pertenecen, generando beneficios para estas o, incluso, para ellos. Muchos tratan de calmar las suspicacias retirándose de la votación de las iniciativas, pero olvidan que, en virtud de su cargo, ejercen el papel de lobbystas, impulsando iniciativas, negociando e incluso amenazando a otros legisladores con bloquear proyectos de su interés si no apoyan la otra, haciendo de ese retiro un mero formalismo. 

Así, han logrado privilegios con fondos de pensiones, reconocimientos de derechos laborales, exoneraciones, tratamientos diferenciados para los funcionarios de su institución o bloqueando reformas necesarias que la burocracia interna rechaza, como en el caso de la apertura en el mercado de energía que cuenta con la oposición de Diputados que hace casi cuatro años, vestían la camiseta del ICE. Sin duda, ese puesto les da privilegios para legislar en beneficio propio, sin tener que enfrentar eventuales procesos judiciales pues no aparecieron el día de la votación y con eso salvan cualquier responsabilidad. 

En ASOJOD hemos manifestado nuestra fuerte oposición al financiamiento público de los partidos políticos y por supuesto al pago de salarios para los candidatos a ocupar cualquier puesto de elección popular. Y en esta ocasión, también hacemos público nuestro repudio a la posibilidad de que funcionarios públicos, sean de elección popular o con puestos en propiedad, puedan recibir su salario mientras se dedican a una campaña. Si alguien quiere ocupar un cargo, perfecto, que lo haga al amparo de los derechos constitucionales que le asisten. Pero que asuma el costo y el riesgo de hacerlo, que renuncie al puesto público que desempeña. No se vale que se valgan de los recursos de todos los tax payers para participar como candidtatos en una campaña electoral mientras reciben una remuneración pagada con nuestros recursos para, en caso de ganar, llegar a ocupar un nuevo puesto mientras deja "congelado" el propio y desde el cual puede operar en su propio favor para, terminado el mandato, regresar a disfrutar los privilegios que se granjeó.

viernes, 8 de noviembre de 2013

Viernes de Recomendación

Para todos aquellos que no tuvieron la oportunidad de observarlo, les presentamos el día de hoy el Debate Presidencial efectuado el pasado 23 de octubre en la Universidad Nacional. Como ya todos sabemos, es de vital importancia realizar un análisis crítico de las propuestas de cada candidato, con miras a establecer cuál de todos ellos es quien más conviene para el país. Como muchos de nuestros lectores lo pueden saber, en ASOJOD creemos que sin duda el candidato que apueste por un mayor grado de libertad en los distintos ámbitos de la vida del costarricense es sin duda el mejor o al menos el menos malo...

jueves, 7 de noviembre de 2013

Jumanji empresarial: en el Día de la Constitución

Hoy, 7 de noviembre, se celebra un año más de nuestra Constitución Política.  Aprobada por la Asamblea Constituyente el 7 de noviembre de 1949, nuestra Carta Fundamental está a prácticamente 3 años de alcanzar la vigencia que tuvo la Constitución de 1871.

Lo curioso es que la Constitución del 71, a pesar de las maniobras de la Junta de Gobierno, fue tomada como base de discusión para la actual.  En su esencia, primaron los contenidos de la Carta del 71. 
También es importante cotejar que la Constitución de Cádiz (19 de marzo de 1812) fue el documento de mayor influencia en la Carta del 71.  Vistas las cosas así, se puede apreciar que ha habido continuidad y consistencia en el desarrollo constitucional costarricense.

La Constitución actual recibió, dentro las normas de la Carta del 71, la profunda reforma social aprobada en 1943.  Esta reforma, inspirada en los principios cristianos de Justicia Social es una de las grandes reformas constitucionales de la vida jurídica costarricense.

La Constitución vigente también tuvo su gran par de reformas, la que en 1989 incorpora de pleno la Justicia Constitucional en nuestro sistema, creando la Sala Constitucional y la jurisdicción especializada y la que resulta de la integración de las Leyes de Reforma Constitucional  N° 8281 de 28 de mayo del 2002 y N° 8364 de 01 de julio de 2003) que incorporan al ámbito constitucional los institutos del Referéndum y la Iniciativa Popular en la formación de las leyes y conceptúan al gobierno como participativo, integrando al Pueblo en su gestión. 

Nuestra Carta fundamental está bien concebida y contiene los elementos suficientes para un adecuado desarrollo jurídico y social.  Su adecuada interpretación le permite ser instrumento idóneo para la protección de los derechos fundamentales, para la distinción entre los derechos de libertad y los programáticos y para evitar un gobierno abusivo y expoliador. Contiene un elenco básico de derechos fundamentales y una bien construida división de poderes.

Yo celebro su vigencia e insisto en su adecuada interpretación.  Estimo que es una herramienta básica para la protección de las libertades públicas y los derechos elementales. 

Federico Malavassi Calvo