Tema polémico: el dogma del género

Es común escuchar, en las discusiones y debates de “intelectuales”, el reproche de que vivimos en una sociedad patriarcal, donde la mujer ha sido históricamente subyugada bajo el dominio del hombre.

Es cierto que una revisión histórica refleja que la realidad política, cultural y económica de nuestro país, y del entorno mundial en general, se desarrolló bajo un contexto de sometimiento de la mujer. No podemos olvidar que unas décadas atrás, la mujer no tenía derecho al voto, al tiempo que su participación en la economía era nula o se limitaba a labores de poca relevancia. Desconocer estos errores es desconocer el desarrollo de nuestras sociedades.

Sin embargo, nuestras sociedades han cambiado, y hoy, las mujeres juegan un papel preponderante en amplios ámbitos del quehacer social general. Particularmente Costa Rica posee uno de los parlamentos con mayor participación de mujeres en el mundo, ocupando además altos puestos de mando en el ámbito público y privado. De hecho, en nuestro país el poder Ejecutivo es encabezado por una mujer.

No obstante, en medio de las luchas genuinas que muchos hombres y mujeres han dado en pos del justo reconocimiento de la igualdad de derechos y contra la discriminación por motivos de género, se ha fraguado un grupo de feministas radicales que ven la necesidad de inmiscuir la doctrina del género en los más recónditos e increíbles espacios del quehacer social. Para ciertos grupos que no reconocen el avance de nuestra sociedad en esta materia, las mujeres se encuentran en la misma condición que hace más de sesenta años.

Cabe señalar la odiosa deformación del español (como el ocurrente término "fiscala"), la absurda y risible propuesta de modificar nuestro himno nacional para incluirle la visión de género, así como la múltiple legislación que promueve la discriminación positiva, entre la que queremos destacar a la reciente Ley N° 8901, “Porcentaje mínimo de mujeres que deben integrar las Directivas de Asociaciones, Sindicatos y Asociaciones Solidaristas” publicada en La Gaceta el 27 de diciembre de 2010, en la que se obliga a las juntas directivas de este tipo de organizaciones a estar integradas de forma equitativa por hombres y mujeres. Este hecho ha sido denunciado por la Unión de Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) como inconstitucional por limitar la libertad de asociación, consagrada en nuestra Constitución Política y, pronto, un sinnúmero de agrupaciones apoyarán esta tesis.

Los ideólogos del paradigma del género han promovido un cuerpo teórico feminista, que, sin duda, ha sido alimentado hasta convertirlo en credo indiscutible; cualquiera que ose a contradecirlo o cuestionarlo es un troglodita recién salido de las cavernas. Así, es casi imposible escuchar a una feminista hablar de los avances de los derechos de la mujer en nuestra sociedad y mucho menos a cuestionar sus propios postulados. Para estas personas, las mujeres aún viven bajo el yugo del hombre.

Karl Popper señalaba que la diferencia entre una actitud científica y una doctrinaria es que la científica se deriva de la capacidad que el científico tiene de especificar por adelantado bajo qué condiciones estaría dispuesto a abandonar su teoría y sus supuestos más básicos. Imre Lakatos agregaba en "La metodología de lo Programas de Investigación Científica", que la honestidad intelectual no consiste en intentar atrincherar o establecer la posición propia probándola (o haciéndola probable); más bien consiste en especificar con precisión las condiciones en que estaríamos dispuestos a abandonar nuestra posición. Los marxistas y freudianos comprometidos rehúsan especificar tales condiciones: tal es la señal de su deshonestidad intelectual.

Sería interesante preguntarle a una feminista comprometida –o a cualquier promotor del enfoque de género- ¿bajo cuáles condiciones estaría dispuesto a abandonar sus postulados? y ¿cuándo estaría conforme con el estado de cosas, y viviría en paz con el trato social recibido?, probablemente tal cuestionamiento termine en una mirada despectiva y una acusación de machista grosero.

Mujercitas

Camille Paglia, una de las líderes del movimiento feminista de los años 90, mantiene una campaña particular contra la candidata a presidente de los Estados Unidos Hillary Clinton. Esta actitud que, en un principio, pudiera resultar paradójica, tiene su explicación en la penosa utilización de su sexo que está haciendo la ex primera dama estadounidense.

Cierto que para decir las cosas tan claras como Camille Paglia hay que ser honesta como ella: bisexual que defiende al hombre masculino frente a la versión metrosexual tan de moda, feminista contra la acción afirmativa, atea que respeta la religión, piensa que el yihadismo es un peligro real e inminente para Occidente y, a pesar de ser demócrata, no le gusta su partido.

¿A qué se debe esta actitud hacia Hillary? Al falso feminismo que defiende, a que utiliza su condición de mujer para conseguir votos y a que esa obsesión le lleva a emprender una campaña anti-hombre que es liberticida e injusta. Hillary no convence a la mujer con formación que no acepta sus ataques a las amas de casa.

Pues no está mal. Pero Camille Paglia no está sola. Wendy McElroy, otra feminista individualista, en su libro “Sexual Correctness: The Gender-Feminist Attack on Women”, estudia la injusticia de la acción afirmativa y los argumentos de quienes la defienden. A pesar de que las barreras legales cayeron hace tiempo y hombres y mujeres somos iguales ante la ley, se supone que aún no se ejerce esa igualdad, especialmente en el ámbito del mercado, donde continuamente se infravalora a la mujer. Y dado que la explotación continúa, es necesario promulgar leyes protectoras: hay que preferir la mujer al hombre por ley para compensar la explotación a la que el mercado nos somete.

Pero, para McElroy, estas medidas hacen más mal que bien. En primer lugar, porque limitan la libertad al obligar al empresario a contratar a mujeres, arrebatándoles la capacidad de decidir sobre su propiedad. La libertad tiene riesgos. Toda elección entraña discriminación, eliminas una opción para quedarte con otra. Y cuando la elección del empresario no cuadra con los objetivos de los políticos, algo hay que hacer, aunque para ello haya que pisotear la libertad del empresario.

Tampoco el argumento de la justicia compensatoria es válido. No se trata de que aquel que inflija un daño lo repare, sino que las feministas totalitarias defienden que son los hombres descendientes de quienes siglos atrás no trataron a las mujeres de entonces como iguales ante la ley, quienes cargan con la responsabilidad de resarcir a las mujeres de hoy, incluso si ya existe la tan ansiada igualdad.

Otros autores como el economista Thomas Sowell, en el artículo “The Grand Fallacy: Equating Male-Female Differences in Salary with Discrimination”, apunta que las capacidades potenciales de diferentes grupos no tienen por qué ser iguales, y que incluso si lo fueran, cada uno de ellos podrían no tener interés en desarrollarlos completamente, o de la misma manera que otros. También explica Sowell que la discriminación positiva, tal y como sucedió con la discriminación racial, solamente va a servir para que se vea cuestionado el trabajo de cualquier mujer y para que, al exigirles menos para poder cumplir la cuota, se convierta en una profecía autocumplidora.

A pesar de este movimiento feminista anti-totalitario, en España caminamos en sentido opuesto. El Instituto de la Mujer parece asumir las palabras de Marx y Engels en el Manifiesto Comunista cuando afirmaban:

El burgués, que no ve en su mujer más que un simple instrumento de producción, al oírnos proclamar la necesidad de que los instrumentos de producción sean explotados colectivamente, no puede por menos de pensar que el régimen colectivo se hará extensivo igualmente a la mujer. No advierte que de lo que se trata es precisamente de acabar con la situación de la mujer como mero instrumento de producción.

En la Guía de Sensibilización y Formación en Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres se establece como punto de partida que la igualdad ante la ley ya no es suficiente para conseguir la igualdad de oportunidades. No solamente se financian programas informativos que abarcan aspectos educativos, sanitarios y de empleo sino que se ponen en marcha con fondos europeos, nacionales, autonómicos y locales costosísimos programas de colaboración en los que se premian a las empresas que se distingan como "colaboradoras", para lo cual, como requisito principal e indispensable, se requiere compromiso y responsabilidad por parte de la dirección de la empresa en apoyar y sostener una política de igualdad de oportunidades, implicándose positivamente tanto dentro como fuera del ámbito empresarial.

El panorama que se nos presenta es desolador, si nos atenemos, no solamente a la creación de un nuevo Ministerio de Igualdad, sino también al Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades (2008-2011) en el que se premia y promociona la feminización de la sociedad y se acaba por victimizar y denostar a los hombres. No tiene desperdicio el Manual para Elaborar un Plan de Igualdad en las Empresas que recuerda a los cuestionarios de cualquier comisariado político.

La igualdad mal entendida (porque los hombres y las mujeres somos diferentes) se está implementando por ley, es decir, coactivamente, con fondos públicos que son derrochados y, sobre todo, a costa de pisotear la libertad individual.

María Blanco.