La columna de Carlos Federico Smith: defínanse ante las pensiones de lujo

Han existido acciones que reivindican la acción legislativa del actual congreso. Ciertamente, ha habido ejemplos de ello, pero, al mismo tiempo, hay otros en contra. Dentro de los primeros, está la reciente decisión convertida en ley de poner freno a los abusos contra los ciudadanos por las huelgas de sindicatos gubernamentales. Peo, en lo segundo, creo que ya es mucho el diletantismo alrededor de la reforma indispensable a las pensiones de lujo.

Es cierto que toda legislación ha de someterse al razonamiento sano, con la expectativa de que los resultados de esas acciones se dirijan, en esencia, a que el estado proteja las libertades de los ciudadanos, así como también para que se reviertan acciones tomadas en el pasado y cuyos resultados no han sido los esperados, sino es que porque las cosas han salido mal. Si bien la meditación debe existir, creo que la reforma ante la injusticia evidente y pesada de las pensiones de lujo, no se debe retrasar más.
 

Debe corregirse un mal que agobia las consciencias de muchos ciudadanos y, en lo particular, de contribuyentes, cuyos ingresos, arduamente ganados, son tomados por el estado para, entre otros fines, la espuria protección indebida de unos a costas de otros. Es con los aportes obligados de los ciudadanos por medio de impuestos, que se están pagando enormes pensiones en el sector público, a individuos que no han contribuido para que sea por sus ahorros que las reciben en tales números. Montos que van desde pensiones juveniles, a pensiones exorbitantes, hasta pensiones múltiples, todas ellas, de alguna forma, cargadas a los ciudadanos comunes y corrientes. Una injusticia tal, producto de gremios de poder y gobiernos complacientes, es una loza, no sólo sobre los bolsillos ciudadanos, sino sobre las consciencias de las personas libres.
 

Recientemente, La Nación del 22 de enero publicó el comentario titulado “Nueva reforma ahorraría ¢115.000 millones en jubilaciones de lujo.” El proyecto de ley entraba al plenario y, como era de esperarse, sería, si bien aún parcial, un paso en la dirección correcta en todo el proceso de extirpar el incordio. En esencia, el proyecto considera: 

(1) El cierre de los regímenes de pensiones con cargo al presupuesto nacional. Esto detendría, de inmediato, que nuevos gorrones de esas pensiones de privilegio engrosen la lista del privilegio. Sistemas de pensiones como los de Hacienda, General de Pensiones y de Obras Públicas, administrados hoy por la Dirección General de Pensiones (DNP), se trasladarían al régimen del IVM de la Caja. Cualquier trabajador que entró a laborar antes de 1992 en ciertas dependencias gubernamentales, hoy conserva el “derecho” a su pensión de privilegio. Se estima que “este traslado generaría un ahorro de más de ¢70.400 millones en nueve años,” que es cuando se jubilaría el último trabajador que goce de tal privilegio.
 

(2) Bajar el tope actual de las pensiones de lujo, que pasaría del monto actual de ¢2.7 millones al mes, para aquellas pensiones otorgadas después de 1998, a ¢2.2 millones, lo que equivale a 8 veces, en vez de 10, como es hoy, “el salario más bajo pagado en el régimen del Servicio Civil.” En 9 años el fisco (nosotros) se ahorraría ¢1.161 millones.
 

(3) Hoy poco más de 8.700 jubilados de los regímenes administrados por la DNP y el Magisterio, disfrutan “de exenciones en el pago de contribuciones gracias a leyes aprobadas en el pasado.” De aquellos, 777 personas están en el régimen Transitorio del Magisterio Nacional, y la propuesta daría un ahorro de ¢20.250 millones en esos nueve años, en tanto que 7.930 personas aparecen pensionadas de lujo en los llamados regímenes especiales del gobierno, generándose un ahorro en nueve años de ¢23.805 millones. El ahorro total por esta medidas en nueve años sería de ¢44.005 millones. 
 

Para explicar la idea, debe destacarse que, según la ley 2249, para los jubilados del Magisterio hay una cotización obligatoria que va de un 8.75% a un 16% progresivamente, hasta por un monto de ¢3.9 millones, pero en el Magisterio hay pensiones que llegan a ¢12 millones mensuales, que están exentas por encima de aquella cifra, viéndose así favorecidas relativamente. Ahora se lograría que a esos beneficiarios de pensiones altas paguen la cotización obligatoria sobre toda la pensión.
 

Por su lado, en la DNP, la cotización obligatoria va de un 9% a un 16% en función del tamaño de la pensión, pero la exoneración actual llega hasta un salario mensual de ¢575.400, que equivale a “menos de dos veces el salario base más bajo pagado en la administración pública.” Se eliminaría dicha exoneración y pagarían un 9%.
 

Estas evaluaciones sobre el impacto fiscal de la propuesta de reforma a las pensiones de lujo se hicieron para los próximos 9 años, que es cuando se jubilaría el último funcionario activo con acceso a esos regímenes de pensiones, y lo realizó el Departamento de Asesoría Actuarial de la Dirección Nacional de Pensiones (DNP) del ministerio de Trabajo, a pedido de los diputados de la Comisión de Asuntos Sociales.
 

Noten que no hay información del impacto de estas propuestas de reforma sobre las pensiones de lujo del Poder Judicial, pues no dependen de la DNP, aun cuando serían cubiertas por el proyecto de ley en trámite.
 

Peeeero… ya empezó la erosión al proyecto de ley en la propia Comisión de Asuntos Sociales, pues, 5 de 7 diputados presentes, excepto las diputadas Yorleny León de Liberación y Patricia Villalobos de Integración Nacional, se opusieron a elevar desde el 65% a la contribución obligatoria máxima aprobada en “la más reciente reforma a las pensiones de lujo” en noviembre del año pasado, hasta un 75%, para evitar la distorsión arriba citada, de una exención que favorece a las pensiones más altas.
 

No está claro el futuro del proyecto, por ello es indispensable que exista la atención ciudadana para hacer una realidad el fin del abuso con las llamadas pensiones de lujo. Ojalá la situación se resuelva correcta y justamente muy pronto, pues, cada día que pasa, más difícil se va haciendo establecer justicia en el seno legislativo… recuerden: ya empiezan a jugar las próximas elecciones. ¿Qué tal si la ciudadanía no votara por los partidos que votan en el seno legislativo por conservar esos odiosos privilegios para unos pocos, sufragados por los bolsillos de los ciudadanos contribuyentes?

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: ¿de dónde va a salir toda esa plata?

Con base en un informe técnico de la Contraloría General de la República acerca del Presupuesto Nacional del 2020, La Nación del 4 de enero nos presenta el comentario titulado “Gobierno afronta faltante de ¢840.000 millones para pagar las pensiones.”

La pregunta obvia es ¿de dónde saldrán los dineros para pagar esas pensiones? Bueno, parte de la respuesta, no muy agradable, se la brinda el mismo medio, al indicar que, ese déficit por las pensiones a cargo del presupuesto nacional de casi ¢840.000 millones, “tendrá que ser cubierto con deuda pública y con impuestos.” Y dije que “parte de la respuesta,” pues se asoma otro camino que podría seguir este gobierno, dejando de lado, por supuesto, una reducción sustancial de los aportes estatales para, al menos para empezar, a las llamadas pensiones de lujo. Ese otro camino que podría elegir es emitir dinero, lo que crearía inflación, con las consecuencias nefastas que eso implica (entre otras, reducir las pensiones en términos de su poder adquisitivo). 

Lo cierto es que, cualesquiera de las opciones indicadas -endeudarse, aumentar impuestos o generar inflación- será cargada a los bolsillos de los ciudadanos. Pero, claro, como este gobierno (y todos) pretende tener el menor costo político actual, lo que casi que dejaría por fuera su “necesidad” de ponernos aún más impuestos a los ciudadanos hoy acogotados, en el marco de una economía que por eso es que no crece lo suficiente, podría preferir otras dos alternativas más sutiles, más “placenteras,” como son, una de ellas, endeudarse hasta la coronilla (ya vamos llegando al punto de inflexión de un 60% del PIB de endeudamiento del estado), que tiene la ventaja adicional que no se “carga” directamente a los votantes de hoy, sino que será pagada por las generaciones del futuro y que potencialmente no se vengarían votando en contra de ese gobierno. (Aunque la gente descuenta esos pagos futuros que se traducirán en impuestos).

La otra alternativa, de rapacidad encubierta, es que el Banco Central emita para prestarle al gobierno para que financie su gasto. Y, como es usual, al subir los precios, los políticos dirán que es “por culpa de los voraces empresarios” y no tardará en proponer la siempre fracasada política de controles de precios, que lo único que genera es escasez de bienes y servicios para los consumidores. (Dejo de lado todas las distorsiones en el sistema de precios, en donde ya no más es claro que un aumento en el precio de un bien sea indicador de su escasez e impulsa aumentar la oferta, pues, en una inflación todos los precios aumentan generalmente y la señal deja de servir). 

Este año el gobierno destinará ¢1.127.890 millones a pensiones, donde ¢917.000 millones corresponden a sistemas de pensiones como los del Magisterio, Nacional, Hacienda y ex Diputados, financiados ¢840.000 millones por el estado y los restantes ¢78.000 millones serán aportados por los “beneficiarios, funcionarios públicos activos y pensionados.” Los ¢211.000 millones que faltan corresponden al aporte estatal al IVM de la Caja (recuerden que es un régimen tripartito; trabajadores, patronos y estado). Según informa la Contraloría, “el gasto en pensiones se comerá casi el 11% del Presupuesto Nacional.” Indica el medio que ese “rubro creció en un 41% entre el 2015 y el 2020” y que, para este año, comparado con el anterior, el aumento es de un 6.4%.
 

La jarana siempre sale a la cara. El desorden fiscal, si se mantiene ese gasto desbordado, nos pasará la cuenta de una u otra forma, pues. para hacer cacao, se necesita de chocolate y ese chocolate viene de los bolsillos de los ciudadanos contribuyentes, los de hoy y los del futuro.
 

Aquel déficit, en opinión de la Contraloría, se debe a “la ausencia histórica de fondos con financiación tripartita y a la reducción de la población trabajadora, producto también de la situación demográfica” (¿y de la económica, que se ha reflejado en un crecimiento de la economía subterránea, en donde no hay cotizaciones?), además de que ”los regímenes con cargo al presupuesto son de carácter cerrado” y aunque desaparecerán en su momento, “durante un plazo considerable tendrán un peso significativo en el gasto.” Claro, lo que nos dice es que se debe terminar ya con las pensiones de lujo que básicamente están presentes en esos regímenes a cargo del presupuesto nacional. Estos sistemas “seguirán costándole mucho dinero al Estado,” léase, a los bolsillos de los ciudadanos contribuyentes.
 

El artículo señala que los sistemas de pensiones de mayores cuantías en el presupuesto nacional son el del Magisterio con ¢619.000 millones, los de Hacienda y Poder Legislativo con ¢78.000 millones, ¢211.000 millones al IVM de la Caja, esto último porque pasó de ¢72.400 millones del 2018 a ¢211.000 millones, ante el alza en el aporte estatal (además del laboral y patronal) de 0.58% a un 1.41%.  Por otra parte, las llamadas pensiones no contributivas subieron de ¢8.560 millones a ¢12.680 millones, en mucho debido a las prejubilaciones a extrabajadores de JAPDEVA. En el desglose que presenta el medio se indica que el gasto gubernamental a las pensiones del IVM en este año será de ¢285.000 millones, pero, por otra parte, señala que es de ¢211.000 millones, a lo que podría ser necesario sumar el aporte estatal de las llamadas pensiones no contributivas, si es que va a dar a la Caja, que este año ascenderían a ¢12.860 millones. Así, el total para la Caja sería de ¢224.000 millones, cifra que no calza con la señalada por el medio. Así que no tengo certeza acerca de los datos que consigno y que indica el medio.
 

En todo caso, vale la pena destacar que, en un esfuerzo por reducir los montos destinados a pensiones, “el gobierno planea impulsar, cuando los diputados retornen a sus labores el 13 de enero próximo, una segunda reforma a las pensiones de lujo que imponga un tope de ¢2.4 millones (al mes) y que pase al IVM a todos los trabajadores públicos que aún no se hayan pensionado mediante regímenes con cargo al Presupuesto Nacional.” Bueno, ver para creer...

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: por la boca muere el pez

Leí artículo de La Nación del 12 de noviembre, “Los problemas económicos son ajenos a esta Corte,’” relacionado con el impacto que sobre el funcionamiento de la Corte tendrían dos proyectos presentados en la Asamblea Legislativa, uno de la diputada Xiomara Rodríguez (expediente legislativo 21.035) y otro del diputado Pedro Muñoz (expediente legislativo 21.537). Estos proyectos, de diversas, pero similares formas, buscan imponer frenos a las llamadas pensiones de lujo. 

No puedo asegurar que el sentimiento que ambos expresaron lo comparten otros magistrados, pero, de 21 presentes en la sesión de Corte Plena, en relación con los expedientes arriba mencionados, 9 estimaron que afectaban la organización y funcionamiento de ese Poder, 3 votaron que no lo hacían y 9 se abstuvieron. Los magistrados Jaime Robleto y Julia Varela estuvieron entre los primeros (que sí afectaban) y lo relevante para este comentario son declaraciones que de ellos recoge ese artículo de La Nación.   

La magistrada Varela dijo, refiriéndose a esos proyectos, en particular al propuesto por el diputado Muñoz, que “Con la creatividad del legislador en este tema, se nota que están perdiendo de vista que la persona que recibe equis salario o equis pensión, tiene una serie de obligaciones fijas, y eso no se está tomando en cuenta.” Igualmente señaló que “Entre menos recibimos, menos aportamos al comercio” agregando que “Están dando pasos que están siendo negativos para el comercio. Ya nadie se atreve a poner un negocio. Estoy segura de que todas y todos nosotros ahora nos medimos. Si antes nos dábamos un gustito, ahora sólo vamos por lo necesario.”

Por su parte, el magistrado Robleto expresó que “Los problemas económicos son ajenos a esta Corte y están tratando de solucionarse, de alguna manera, con medidas populistas. La desigualdad social ha existido siempre y continuará cuando nosotros hayamos muerto. No se soluciona violando principios fundamentales del Derecho.”

Mi primera reacción al leerlos fue de ira, pues son expresiones groseras, que asumen una enorme ignorancia de los ciudadanos, como si no supiéramos que, para recibir las millonarias pensiones de lujo que defienden, nunca han aportado lo suficiente para ellas, sino que se cargan a los dineros públicos de los ciudadanos. Es un privilegio odioso de unos pocos, del lado de dónde se le mire.

Además, en el comentario de la magistrada Varela hay un tufo claro de arrogancia, como si todos los ciudadanos no estuviéramos amarrándonos las fajas ante los gustitos y todos ni siquiera tenemos esos ingresos de pensiones de lujo que con tanto ardor defiende. Asimismo, da a entender que lo que dejaría de gastar afectaría al comercio o la economía, como si el gasto de la magistrada fuera diferente del gasto que dejó de efectuar el contribuyente, obligado a contribuir con sus impuestos al pago de esas pensiones de lujo. “No toquen mi gasto, aunque sí toquen aquel de quienes ponen la plata para mis pensiones.”

Similarmente, la impresión del magistrado Robleto muestra una insensibilidad increíble, pues, ni más ni menos, nos dice que tratar de eliminar esa pensión privilegiada es una medida populista, pues “los problemas económicos (del país) son ajenos a esta Corte,” como si los gastos de la Corte no formaran parte del gasto gubernamental, cuyo desboque es lo que ha dado lugar a esos problemas económicos que hoy experimentamos los ciudadanos, ante las medidas tomadas por el gobierno. Esos problemas económicos no deben restringirse a cargar a la plebe eximiendo a los magistrados gobernantes.

Mi ira inicial ha pasado a un segundo lugar, tal vez porque, con esas palabras, más bien los magistrados contribuyeron a que, por una mayoría impensada (y que esos mismos magistrados decían requerían de, al menos, 38 votos y no simple mayoría), se excedió esa barrera, en primera y segunda instancia en la Asamblea Legislativa. La reforma en proceso de aprobación todavía es insuficiente, pues conserva gran parte del privilegio que los ciudadanos continuamos pagando, pero, lo sucedido sirve como ejemplo de aquello que los economistas llamamos “principio de las consecuencias no previstas.”   No tengo duda en mi interior, de que esas palabras puedan haber definido esa abrumadora votación y que el tiro ha salido por la culata. Nunca debe subestimarse a un pueblo cuando, democráticamente y respetuoso de las libertades y amante de la justicia, buscar restaurar una justicia perdida.

Termino agradeciendo a esos dos respetables magistrados, que, al ser tan francos en sus expresiones y sentimientos, contribuyeron a que el pueblo, representado en nuestra Asamblea Legislativa, esté dando este primer paso esencial para que la gente, no sólo sienta que se recupera algo de justicia, sino que, también, el propio Poder Judicial reconquista un prestigio ante los ciudadanos tan menoscabado durante los últimos tiempos.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: un privilegio más

No tenía ni idea de que en la Caja existía un régimen especial de pensiones para sus empleados, adicional al IVM del que formamos parte una mayoría de la población pensionada o que tiene derecho a una pensión futura bajo ese sistema.

Tenía la impresión de que ese régimen adicional (especial) de pensiones existía en instituciones como el ICE o el Banco Nacional (estoy muy seguro de este último), pero, un día de estos, el 12 de agosto, apareció en La Nación la información de que “Pensiones de empleados de CCSS con ‘enorme hueco.’” 
 

Antes de comentar sobre dicho hueco, me permito decirles que nada malo hay que en una entidad de gobierno o privada exista un régimen especial, propio, de los trabajadores de esos entes, siempre y cuando el financiamiento para recibir ese complemento al régimen obligatorio de pensiones -como el tradicional IVM de la Caja- provenga exclusivamente de los beneficiaros de tal régimen. Eso excluye aportes del patrono por ser moralmente incorrectos, pues los presupuestos de la parte patronal, al menos en el caso de los entes públicos, son financiados por impuestos a toda o gran parte de la ciudadanía, la que, por definición, no es beneficiaria de ese régimen especial.
 

Tampoco es correcto decir que ese sistema particular, especial, obtiene financiamiento por parte del estado, pues los fondos que el estado usa para dicho aporte, no son nada más que impuestos a los costarricenses (o por un endeudamiento estatal que será pagado por todos los contribuyentes, o por una inflación que bien sabemos afecta negativamente a las personas).
 

Si se desea tener un régimen especial para el retiro, que sean sus beneficiaros quienes pongan los recursos de sus propios bolsillos, no del resto de ciudadanos pagadores de impuestos.
Dicho esto, veamos ahora en qué consiste, al menos en parte, el problema del régimen especial de los empleados de la Caja y mencionaré si algunas de las soluciones propuestas para resolver el problema, son apropiadas o no.
 

Este régimen especial de la Caja hoy se financia tanto por los trabajadores, como por el patrono (la Caja), lo que significa que es con recursos aportados por los ciudadanos como, también, en última instancia, se financian esas pensiones especiales. Para todos los efectos, hay un traslado claro de recursos desde todos los individuos que pagan impuestos al estado, para que este intermedie dichos fondos en beneficio de unos pocos ciudadanos que laboran en aquella entidad.
 

Señala el medio que un informe elaborado por la Dirección Actuarial y Económica de la Caja, de junio de este año, titulado “Valuación Actuarial del Fondo de Retiro de los Empleados de la CCSS (FRE),” indica que hay un déficit en dicho sistema que “se ubica en un rango de entre ¢760.000 millones y ¢1.2 billones,” lo que no permitirá financiar “al 85% de las promesas hasta ahora devengadas.”
 

Los problemas se detectaron desde el 2018, cuando ese fondo especial de los empleados empezó a usar “los intereses de las inversiones para pagar jubilaciones.” Según ese informe, para el 2021 “el sistema comenzará a comerse su reserva” y para el 2030 esa reserva “se agotará.”
 

El informe citado indica que debe elevarse “el aporte patronal al régimen, desde el actual 2% del costo de la planilla de la Caja, hasta un 3%,” si bien, con este aumento propuesto el fondo seguiría desequilibrado, pues “el equilibrio real se lograría con una contribución del 7.18% sobre el salario de cada trabajador.”
 

Esa propuesta muestra la naturaleza viciada de la propuesta para ese sistema de financiamiento especial de la Caja: que el faltante lo pague el patrón en un 3%; esto es, nosotros, por medio de la Caja, y no, como debería ser, por los beneficiarios del sistema: los propios trabajadores de esa entidad.
 

Asimismo, el informe interno citado propone modificar el monto de la pensión, que iría del equivalente porcentual de entre el 5 y el 15% del salario promedio de los últimos 24 salarios, a ser igual al del IVM de la Caja (que cobija a la mayoría de los mortales de este país), en donde la base aplicable es el promedio de los últimos 240 sueldos.
 

Y ni siquiera todo eso será suficiente, pues, aunque con esas medidas las reservas existirían hasta el 2057, se mantendría “un déficit actuarial de ¢640.000 millones.”

Es de destacar que el informe interno señala que el Fondo Especial de Retiro (FRE) NO TIENE SOLVENCIA ACTUARIAL, advirtiendo el medio y este servidor, que él énfasis se presenta en el informe original citado.
 

Entre el 2009 y el 2018, la tasa anual promedio de crecimiento de pensionados en este régimen especial fue de 6.6%. El beneficio promedio mensual otorgado por ese régimen especial pasó de ¢54.299 en el 2009, a ¢122.196 en el 2018. De las pensiones otorgadas hasta el último año citado, un 7.26% de las pensiones recibía el máximo vigente mensual de ¢324.120 bajo ese régimen especial. Según el medio, estos últimos trabajaron en la Caja “durante 35 años o más y el monto otorgado como pensión representa el 15% del salario de referencia.”
 

¡Qué tristeza da leer todas estas cosas! Y, si se llegan a aprobar las propuestas para llenar el hueco con nuestros aportes, ¡que Dios nos agarre confesados! No creo que harán una nueva huelga para que sigamos los contribuyentes pagando por este privilegio de una pensión especial, en donde los beneficiarios no aportaron lo suficiente como para recibirla en esos montos. Pero, por lo que se ha visto, no sería nada de extrañar.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: problemas de sostenibilidad en pensiones del Banco Nacional

Otro fondo de pensiones, en este caso el Fondo de Garantías y Pensiones de los Empleados del Banco Nacional, tiene problemas de sostenibilidad a futuro. Lo expone el comentario titulado “Pensiones del Nacional urgen de drástica reforma,” en La Nación del 6 de mayo.
 

Hoy ese sistema particular de dicho Banco citado, obligatorio para sus empleados, se financia con el aporte de los 5.312 trabajadores activos en la actualidad, con un 5.5% de su salario, y otro del Banco, con un 10% del salario. Eso significa que nosotros, presuntamente dueños de ese banco estatal, somos quienes, en esencia mediante la generación de utilidades del banco, financiamos esa porción del fondo de pensiones de los empleados del Banco, al incorporarse en los costos de los intereses, principal origen de ganancias del banco, que pagan quienes piden préstamos en ese ente.

Ante lo expuesto -declaro mi ignorancia- y más bien, pregunto si el aporte patronal, en este caso el estado, para las pensiones de esos funcionarios, se limita a ese régimen o si el propietario (y estado) también aporta para las pensiones del IVM de la Caja del Seguro Social. O sea, ¿el empleado del Banco Nacional termina con dos pensiones, una de su propio sistema y otra, de la Caja? Me imagino que eso no es así y que reciben sólo la pensión propia de su régimen del Banco y no también la de la Caja. (Pregunta lícita en estos oscuros regímenes de pensiones en Costa Rica...).
 

En todo caso, tal como van las necesidades actuariales de ese fondo de pensiones, se presentará un déficit que deberá subsanarse, según estudio de la empresa Ernst & Young, mediante cuatro sugerencias (al menos las indicadas por el medio) que brinda para su solución, que creo, en su mayoría, están justamente encaminadas. Primera, que el aporte de los empleados pase de un 5.5% a un 11% de su salario. Segunda, que, para aquellos pensionados que en la actualidad tienen una pensión mayor a ¢1.5 millones al mes (superiores a la más alta del régimen del IVM de la Caja), se introduce una “contribución” del 10% de la pensión. Según cifras actuales, recaería en 151 pensionados que ganan una superior a ¢1.5 millones. Tercero, “reducir o eliminar las jubilaciones por sucesión;” esto es, la que reciben cónyuges o hijos cuando muere el pensionado.  Cuarto, revalorizar el “monto de pensión menor para los jubilados con pensiones altas,” lo que, según entrecomilla el medio, “contribuye a disminuir la inequidad generacional,” cosa que, honestamente, el medio no explica con claridad.
 

Será la Junta Directiva del Banco la que definirá cuáles propuestas y en qué términos serán puestas en vigencia.
 

En ese fondo, al momento, 12 personas reciben una pensión de más de ¢4 millones al mes, 7 entre ¢3 y ¢4 millones, 33 entre ¢2 y ¢3 millones y 99 iguales o mayores a la pensión máxima del IVM de la Caja (aproximadamente ¢1.5 millones). A la fecha, el total de pensionados de ese régimen asciende a 1.505 personas, con una pensión promedio de ¢921.470 al mes (no obstante, el cuadro de estructura de beneficios que desglosa las pensiones por rangos en el 2108, indica un total de 1.483).
 

En principio, el fondo de ahorro para que los empleados tengan sus pensiones propias es conveniente, siempre y cuando sea exclusivo y que, por otra parte, no reciba aportes de ciudadanos contribuyentes, sino que lo financien con sus propios aportes.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: el Gobierno nos endeuda para pagar pensiones cargadas al Presupuesto Nacional

Sabemos que las llamadas pensiones de lujo se encuentran en sistemas cuyos pagos se cargan a todos los contribuyentes, mediante el presupuesto del gobierno. Asimismo, nos hemos dado cuenta que esta administración acude, para llenar su hueco fiscal, no sólo a aumentar los impuestos y reducir el gasto, aunque en grado mínimo, sino también a endeudarse, tanto en el mercado nacional como internacional.

Un comentario de La Nación del 27 de mayo, titulado “País se endeuda para cubrir las pensiones cargadas al Presupuesto,” resalta que no sólo las generaciones actuales estamos siendo acogotadas con mayores impuestos, sino que igualmente lo serán las venideras. Esto último porque, aunque se dice que es aceptable que un país se endeude, si usa los recursos para invertirlos en activos que rindan más que el costo de ese financiamiento, claramente este no es el caso, a menos que algún burócrata acuñe la palabra mágica “inversión,” aplicada a gastos corrientes del gobierno, como son esas pensiones a cargo del fisco. A futuro, al tener que devolverse el dinero pedido prestado, más los intereses, se impondrán nuevos y mayores impuestos para hacerles frente.

Según el artículo citado, el 21% de los ¢1.06 miles de millones (¢225.830 millones) que se deben pagar cargados al presupuesto público en este año, tendrá que financiarse con la colocación de deuda por el gobierno. Y, por supuesto, los restantes ¢834.607 millones saldrán de los impuestos que pagamos los ciudadanos.

En verdad, acudir al endeudamiento para pagar pensiones no es nuevo en el gobierno (se endeudó “en el 2002 y el 2003, pero los montos captados” equivalieron a “casi un 3% del gasto total” en esas pensiones). “En el 2009… se disparó” así como en el 2013, pero “en ambos casos, el monto captado significó menos de una cuarta parte del gasto total” en esas pensiones. La diferencia es que el monto de endeudamiento de este año es el más alto de los últimos 16 citados y que, tanto en el lapso del 2010 al 2012 como en el del 2014 al 2018, no hubo financiamiento de esas pensiones mediante la colocación de deuda. Antes esto, podemos decir que vale la pena estimar si en años próximos seguirá el gobierno endeudándose para su financiamiento.

Recordemos que las pensiones cargadas a los presupuestos públicos son las de ocho regímenes contributivos, entre los que destacan el Magisterio Nacional, Hacienda, Poder Legislativo y Obras Públicas y Transportes, así como las de seis no contributivos, Beneméritos, Guardia Civil, Gracia, Expresidentes de la República, Víctimas de Guerra y Premios Magón.

A fines del 2018, del 100% de pensionados a cargo del presupuesto gubernamental, un 70% era del Magisterio Nacional, que absorbe, según indica el medo con base en información del ministerio de Hacienda, casi un 75% del egreso anual. En segundo lugar, casi un 10% del gasto total va a pensionados por Hacienda y exdiputados, en donde, de un total de 6.533 pensionados, “hay 200 que fueron legisladores.” 

Algo bueno que señala el medio es que, según un informe de la Contraloría General de la República, sobre el presupuesto público del 2019, “Las reformas legales de creación de una contribución especial solidara (sobre los pensionados de lujo) y la eliminación de la revalorización del 30% en el monto de la pensión de los exlegisladores, aminoró el crecimiento del gasto en el pago de beneficios,” el cual se estima se incremente este año en un 2.8% con respecto al anterior. 

Así, prosigue el serio problema de la insuficiencia de los fondos de pensiones citados y, lo más grave, es que los recursos impositivos (incluso con los nuevos y mayores impuestos en este año), no son suficientes, sino que, una vez más, desde el año 2013, se acude al endeudamiento para sufragarlos. Lo que esto nos dice es que, mientras no se le entre en serio a que las pensiones no dependan de los presupuestos públicos, y que no se termine con las pensiones de lujo, difícilmente se alivianará la carga sobre las espaldas de los contribuyentes, tanto los actuales, como los futuros.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: oscuras perspectivas para el régimen de pensiones de la Caja

Ciertamente, tal vez la noticia no es del todo una novedad, pero sirve mucho como recordatorio de lo esperable del régimen de pensiones de la Caja (el llamado IVM), si no se toman medidas indispensables para su conservación, si es que eso es deseable.

La información que sirve de fuente de información se titula “IVM al borde de la crisis por caída en la cantidad de cotizantes,” contenida en La Nación del 3 de abril.

El comportamiento demográfico de Costa Rica es un elemento primordial en esta crisis, pues ha venido disminuyendo el crecimiento relativo de los cotizantes al IVM, a la vez que aumenta mucho (como era esperable) el número de pensionados de ese régimen. Este fenómeno no es exclusivo -no busco justificarlo con aquello de “mal de muchos, consuelo de tontos”- sino que puede ser un error dejar que esa catástrofe simplemente se presente, pues se ocultaría la realidad bajo la alfombra.  Sucede en muchas naciones (con particularidades obvias), como Nicaragua, en donde el gobierno totalitario quiso imponer una solución y provocó un levantamiento popular extenso contra la tiranía en ese país. Asimismo, el régimen de pensiones similar al IVM de Brasil pasa por problemas parecidos, y el gobierno de Bolsonaro, con minoría en el Congreso, hace enormes esfuerzos de diálogo con la oposición, para aplicar dolorosas medidas necesarias para mantener al sistema actual.

No dejo de lado a los Estados Unidos, en cuyo sistema de pensiones tipo IVM hay enormes déficits impagables a mediano. Y de Europa ni se diga… 

Veamos algunos datos esenciales. El primero es que “para el año 2030, sólo habrá 3.9 cotizantes por cada pensionado, con el gran inconveniente de que el mínimo requerido para sostener cada jubilación es de 6 trabajadores.” Según el informe de la Contraloría “Impacto Fiscal del Cambio Demográfico: Retos para una Costa Rica que envejece,” mientras que “en el 2018 la relación fue de 6.5 afiliados por cada jubilado… en el 2030 bajaría a un 3.9 por cada pensionado” y será de un 3.4 en el 2035, según indica el medio. 

Para Ubaldo Carrillo, alto funcionario de la Caja, “si esa relación… baja a menos de 6, tenemos un serio problema,” y que “cuando se analiza el comportamiento del ingreso de esas 6.5 personas (del 2018), nos da apenas para pagar las pensiones” hoy debidas.
 

Alguien diría que eso no importa si aumentaran los ingresos de los, aunque menos, trabajadores cotizantes por cada pensionado. Eso debe tomar en cuenta dos situaciones. Una, que la economía no ha venido creciendo lo suficiente en los últimos años, ni creo que lo hará por mucho tiempo, ante una seria crisis fiscal financiada con más impuestos. Aunque creciera fuertemente en términos reales (que no lo creo), podría suceder que esos aumentos se traduzcan en mayores pensiones reales en el futuro, pero el problema demográfico seguiría vigente: se daría un descenso real en las pensiones futuras.
 

Asimismo, el gobierno podría verse tentado a seguir una política inflacionaria para generar mayor crecimiento de la economía y así generar ingresos nominales mayores que servirían para mantener el régimen de pensiones. Pero, esa inflación significa que, en términos reales, se reducirían las pensiones futuras (además, la inflación afectaría el crecimiento real de la economía, debido a la serie de distorsiones que introduce).
 

Ante los prospectos del IVM, se han señalado tres medidas que coadyuvarían a evitar su quiebra. Una es elevar las contribuciones obligatorias. De hecho, a partir de junio de este año habrá aumentos en las cotizaciones, como parte de un programa de tres años de los tres cotizantes al IVM -el trabajador, el patrono y el estado (aunque este último, en realidad, pasará tales cobros a los contribuyentes).
 

Las otras dos medidas son elevar la edad de retiro (tal vez sin discriminación por sexo), así como bajar el monto de la pensión. También en tal sentido se ha decidido otra en tal, como es que la autorización para retirarse anticipadamente, no rentable para el fisco por el aumento tan alto en la esperanza de vida, cesará a partir del 1 de marzo del 2021.
 

Quedan dos opciones para dar algún grado de alivio a la sustentabilidad del IVM. Una, antes mencionada, que es lograr un crecimiento real de la economía, pero, soy franco, y reitero mis dudas de que el gobierno actual lo logre, en especial cuando, prosigue el camino de más impuestos y no el de reducir significativamente el exagerado gasto del gobierno y, por el contrario, introduce desincentivos para la producción: un estado cada vez mayor, que crece sacrificando el uso de recursos que deberían estar disponibles para la actividad productiva privada.
 

Y, la segunda opción, es que no siga creciendo una masa laboral informal que no cotiza al IVM formal. En esa economía subterránea en la que, para efectos del IVM, los trabajadores no cotizan, ha crecido mucho, según las estadísticas de los últimos años. Si se pretendiera una mayor coerción -esto es, obligarlos a cotizar a los que laboran en la economía subterránea- tal vez no se logre nada positivo, sino lo contrario, pues esa economía informal existe por los altos costos impuestos por el estado sobre la producción y uno de esos costos está ligado a la planilla formal, entre ellos el del pago del IVM.
 

¿Hará algo el gobierno para inducir que esa economía abandone la informalidad y acuda a la formalidad? Francamente lo dudo mucho, pues no sólo el paquete tributario que hoy está en marcha significará mayores costos para la operación formal, estimulando así que más personas ingresen a la informalidad, sino que tampoco me imagino a este gobierno reduciendo impuestos.
 

Entre las propuestas por solventar al régimen del IVM se menciona un manejo más frugal en la propia Caja Costarricense de Seguro Social e incluso mejores posibilidades de realizar inversiones que sean más rentables (lo que incluso podría reducir la adquisición de documentos de préstamos del propio gobierno).
 

Las cosas se vislumbran difíciles para el IVM y para muchos ciudadanos que dependen de su pensión. Creo que sería peor dejar que el IVM se acabe sin que existan mejores alternativas (me imagino que como las Suiza o de Chile, de cuentas privadas de pensiones). Por eso, los ciudadanos debemos ser conscientes de la situación y, en particular, del cambio demográfico “aplastante,” así como que, si el gobierno no cambia sus políticas económicas hacia el logro de un crecimiento, la situación sólo empeorará con mayor rapidez: quedarse tan sólo mirando lo que pasa y ver cómo se va extinguiendo el sistema del IVM, sólo augura un resultado oscuro

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: la realidad ante las pensiones de la Caja

Trataré de no ser muy complicado en un tema que tiene ribetes de serlo, como es el caso del principal sistema de pensiones del país, el IVM de la Caja de Seguro Social.
 

Para empezar, empiezo por explicar que el actual IVM es un sistema de pensiones llamado de reparto, lo que quiere decir que la pensión que terminará recibiendo la persona no depende de sus propias contribuciones al sistema, sino de los aportes de otros. Esto es, lo que hoy algunos están recibiendo por pensiones es cubierto por el aporte que hoy están haciendo trabajadores, empresas y ciudadanos, en general, por medio del estado. Eso es igual a como en el pasado también lo hicieron los actuales pensionados, que aportaron por muchos años para sufragar las pensiones de los pensionados de aquel entonces.
 

De ello surgen varios problemas, entre otros, que aparecen mencionados en un artículo de La Nación del 17 de diciembre del 2018, titulado “CCSS evalúa reducir monto de nuevas pensiones por vejez.” Me referiré a algunos de esos problemas.
 

Cuando se instauró el sistema de pensiones del IVM, la esperanza de vida de las personas en el país podría andar por ahí de los 55 años, más o menos. (Note que estos datos que menciono son aproximados y obtenidos de diversas fuentes: su exactitud no es un obstáculo para para explicar la idea). Conceptualmente, en ese sistema el trabajador aportaba más o menos durante 30 años de su trabajo y se pensionaba, si era hombre, a los 60 años y, si era mujer, a una menor edad, lo cual, de hecho, es discriminatorio. En todo caso, se consideraba que el trabajador viviría poco tiempo como pensionado, dada la baja esperanza de vida de ese entonces.
 

Afortunadamente, la sociedad costarricense se ha beneficiado mucho con el avance de la medicina y el cuidado de la salud: hoy un hombre esperaría vivir en unos 78 años y una mujer 83, dando una esperanza de vida promedio del costarricense de alrededor de 81 años. Y, dado que la edad promedio para pensionarse en el IVM en la actualidad es de 65 años para los hombres y de 60 las mujeres, eso significaría que hoy los hombres esperarían vivir 13 años como pensionados y las mujeres 23 años (de nuevo, sigue la discriminación contra el hombre, pues vive menos años como pensionado y, más bien, cotiza por más años de vida laboral). En todo caso, hombre o mujer, conforme pasa el tiempo los costarricenses viven más años como pensionados.
 

Este efecto demográfico ha significado que, en diversas ocasiones de existencia del IVM. se haya tenido que aumentar la edad laboral (años de cotizaciones) y la edad para pensionarse, a fin de enfrentar pensiones más duraderas.
 

Hay otro problema más que debemos tener en cuenta y es el tamaño de la población que aporta cada año al IVM, con respecto a la población que se pensiona cada año. Recuerden que la población trabajadora actual paga las pensiones de los pensionados ya existentes y que los primeros recibirán su pensión con el aporte de las generaciones que en ese momento estarán trabajando.
 

Leía hace poco, en un artículo sobre la situación actual en Francia (“Arde París”) que una de las serias inquietudes de los franceses era el futuro de sus pensiones -allá, igual que aquí, hay un sistema de reparto, Dado que, como cada generación paga por la pensión de la generación previa, se supone que ese país debería tener “como mínimo, una tasa de nacimientos con un nivel de reemplazo de 2.1 hijos por cada mujer.” Pero al momento, ese número necesario para su reproducción en Francia “está acercándose a 1.88,” a lo que se une que en ese país los costos altos de sus programas de bienestar hacen que la población de muchos hogares, “reduce la voluntad de… tener más de dos hijos. Simplemente no pueden mantenerlos.” Pensemos si no está pasando algo igual en el país como lo indican los datos de cada vez menos hijos por familia y que las parejas se casan a mayor edad que antes.
 

El nivel de reemplazo de nuestro país fue de 1.67 en el 2017, “bastante por debajo de los 2.10 del nivel de reemplazo,” según señaló el destacado estudioso de la demografía nacional, don Luis Rosero Bixby, de la Universidad de Costa Rica. En dos palabras, no se está sosteniendo el reemplazo intergeneracional necesario para la sostenibilidad del sistema de pensiones del IVM.
 

Esto va acorde con lo que señala el medio citado acerca de un estudio actuarial del fondo de reservas del IVM: en el 2032 “comenzará a consumir sus reservas, pues sus ingresos son insuficientes para pagar las pensiones, y que se agotará en el 2038.” Aunque a algunos les podría parecer que “falta mucho rato para que se agote,” sería un grave error no actuar ahora, a tiempo, como bien lo podría explicar cualquier actuario. Se deben tomar ya medidas, si se quiere que continúe el actual régimen de repartición de la Caja y sin que haya daños sumamente graves.
 

Entre las soluciones que la Caja está considerando están las siguientes: (1) reducir el monto de la pensión por vejez, que hoy es del 60% del salario promedio de referencia, a uno del 55%, para pensiones del futuro; (2) hoy la pensión más baja no puede ser menor al 50% del salario mínimo y se propone reducirla al 40%, para los pensionados futuros y (3) que la cotización de las tres partes (trabajador, empleado y estado) ya definida para que aumente del 10.16% actual  a un 10.66 en el 2020, se adelante para el 2019.
 

No obstante, la información que presenta el medio es confusa, pues, según un cuadro adjunto a dicha publicación, se señala que, como se explicó en el punto 3 arriba, el aumento en la cotización tripartita pasaría de un 10.16% a un 10.66% en el 2019 en vez del 2020. Pero, por otra parte, en el texto señala lo siguiente: “Con el cambio, los trabajadores cotizarán 3.84% en vez del 2.84% actual; los patronos, 5.25% en vez de 5.08%; y el Estado, 1.41% del 1.24%.” Si sumamos esos tres partícipes de la contribución tripartita actual, nos da un 9.16% (y en el cuadro se lee que se sube del 10.16% actual), lo que la elevaría a un 10.50% (1% más del aporte del trabajador; un 0.17% del patrono y otro 0.17% del Estado) en el 2020.
 

Este es un breve resumen de algunos de los problemas que encara en el futuro el actual sistema de pensiones del IVM. Sólo digo que la realidad es inevitable y que, tal como están las cosas, el sistema de pensiones actual es inviable a cierto plazo y que, si se desea conservarlo, son inevitables reformas como las señaladas y pronto.



Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: que el que viene atrás pague la cuenta

La frase del título, en mi opinión, resume la situación ante la propuesta hecha recientemente para arreglar el faltante actuarial en el régimen del IVM de la Caja de Seguro Social. “Patear la bola hacia adelante” puede ser un titular alternativo. Lo cierto es que el serio problema estructural de nuestro régimen de pensiones de la Caja no se ha resuelto, sino que se le han aplicado parches porosos para aliviar el mal. 

Hay cosas básicas que se deben tener presentes acerca de nuestro régimen de IVM. El primero, -esto en sencillo- es que quienes, como grupo, actualmente cotizan al régimen se supone que generan lo suficiente como para mantener, como grupo, a los pensionados del futuro. La pensión no depende de cuanto haya aportado el eventual beneficiado, sino de cuánto están aportando otros al momento de su retiro. No hay un ligamen entre cuánto puso usted para su pensión y cuánto recibe. Se supone que es una especie de “solidaridad” intergeneracional. 

En segundo lugar, factores claves inciden en la posibilidad de que no se presenten faltantes en los desembolsos por pensiones futuras. Por ejemplo, si la población deja de crecer gradualmente al ritmo que venía –le suelen llamar envejecimiento de las sociedades, como lo que se está dando en muchos países europeos- posiblemente los que, en ese momento en el futuro se pensionen, serán muchos, comparados con los mucho menos que en ese momento estén en edad productiva para aportar para tales pensiones.

Otro ejemplo de este segundo aspecto: que una nación sea muy exitosa, como creo que es el caso de nuestro país, pues la población vive cada vez más años.  A esto se le llama aumento en la esperanza de vida al nacer. Se relaciona en cuanto a que, al llegar el momento de pensionarse -a una edad determinada-, esa persona vivirá pensionada muchos años más de lo que viviría en el momento en que se definieron los aportes para las pensiones. Obviamente, significaba que las personas no vivirían tanto tiempo recibiendo una pensión, contrario de lo que sucede al aumentar la esperanza de vida.

Estos dos factores son parte crucial en la estructura del régimen de pensiones del IVM (y de todo aquel en donde lo que uno recibe de pensión no depende de lo que uno haya aportado, sino de lo que contribuirán generaciones que le sigan).

Asimismo, otro elemento básico es la tasa que se paga en vida laboral -ya sea tanto por la persona, como por la empresa o por todos nosotros por medio del estado- para la pensión de la Caja.   Usualmente se calcula tomando en cuenta los beneficios establecidos, la edad promedio esperada de años de pensión, cuántos meses de cotización, el costo administrativo del sistema, la edad de la pensión, qué porcentaje del salario se recibe como pensión, traslado del beneficio a descendientes del pensionado, pensiones mínimas y topes, entre otros. Esa tasa, que supuestamente permitiría generar los recursos suficientes, también queda sujeta a los cambios de aquellas variables que cité en párrafos previos. 

También, no debemos olvidar que lo que en cierto momento se consideró era la población beneficiaria cubierta por el régimen de pensiones de la Caja, no fue algo inmutable. Por ejemplo, políticamente se decidió otorgar -si es bueno o malo o es la forma apropiada de hacerlo es otro tema- una pensión a mucha gente pobre, que tal vez nunca había aportado al régimen de pensiones y que ahora reciben una especie de transferencia de toda la sociedad hacia ellos, transferencia que es cargada al IVM.

Este no es un trabajo académico exhaustivo de nuestro régimen de pensiones de la Caja, sino que lo que trato es explicar, lo más claro que me es posible, que un sistema que puede ser diseñado financieramente viable para un momento histórico dado, al darse cambios importantes en variables como las citadas anteriormente, exigen que el sistema se replantee en cuanto a si tendrá los recursos suficientes para enfrentar las nuevas obligaciones con los pensionados del futuro.

Para una transformación impostergable, se estableció una “mesa de diálogo” que supliera a la Junta Directiva de la Caja con propuestas de reformas para lograr esa estabilidad financiera. Bueno, ya se han llegado a conocer las propuestas, entre las cuales se destacan (la fuente de información es La Nación del 7 de noviembre en su artículo “Mesa de diálogo propone 33 remiendos en el IVM: 

Recomendaciones para salvarlo del colapso no tocan ni edad ni cuotas.”):
 

1.- Un aumento proporcional de las cuotas, de forma que cada 3 años aumentará en 0.5% (en proporción entre trabajadores, patronos y estado) hasta llegar a un 12.6% en el 2029.
 

2.- Aprobar ley que traslada del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) al IVM recursos por ₡60.000 millones.
 

3.- Aprobar una ley para trasladar ₡25.000 millones del aporte de los trabajadores al Banco Popular (un 0.25% de los salarios) al IVM.
 

4.- Actualmente si el trabajador ha cotizado 240 cuotas y sigue laborando, aumenta su pensión al posponerla. Ahora eso será aplicable sólo después de 300 cuotas.
 

5. Aumentar el rendimiento real del fondo de inversión de las pensiones a un 4.8%.
Quiero hacer un comentario general y luego otros específicos a cada una de estas medidas sugeridas.  

El general es que con la propuesta brindada se sigue encareciendo el costo de la mano de obra formal en la economía, lo que incidirá aún más en una creciente economía subterránea -informal- y, por ende, se abarata relativamente el uso del capital, con lo que, en vez de usarse más el factor relativamente abundante en la economía -el trabajo- se usará más el relativamente más escaso, el capital. Pensemos en el efecto negativo que tendrá en el nivel de empleo. 

En cuanto a aumentar los aportes proporcionales tripartitos un 0.5% cada tres años, lo cierto es que será un tema permanente en la presión de los diferentes grupos involucrados y, entre tanto, en vez de hacer un ajuste debido posiblemente mayor, se escogió el camino de la gradualidad, con lo cual el dolor simplemente ser pospone y que tal vez luego será mayor. (Eso se sí se complace a grupos interesados en que se mantenga el status quo del régimen de pensiones o que la cuenta no la paguen los beneficiados sino la generalidad de los costarricenses).

El traslado de fondos de FODESAF y del Banco Popular al IVM, simplemente es abrir un hueco en otras partes, en donde las presiones políticas probablemente incidirán para crear nuevas cargas que repongan los recursos así trasladados. Premiar la antigüedad con base en un número mayor de cuotas no me parece descabellado.
 

Y, en cuanto al crecimiento real esperado de los fondos de pensión del régimen, me parece que es una claro señal de que no se ha buscado, hasta el momento, el mayor rendimiento posible, tal vez por ineficiencias administrativas, pero lo importante es si es viable obtener ese rendimiento y ojalá mayores, en donde el mercado lo permite. (De paso, las propuestas de la mesa espero que introduzcan propuestas para mejorar la eficiencia del rendimiento del fondo de pensiones).

Lo cierto es que se han dejado intocadas importantes áreas del IVM. Me refiero a la edad de retiro, que se contrapone al hecho de que los costarricenses vivimos cada vez más años, así como al monto de pensión, que obviamente no va a acorde con los aportes personales, sino los que puede brindar el sistema, que incluso castiga a quienes aportan más de lo requerido para las pensiones que se reciben. Tampoco se toma en cuenta los porcentajes que aportan los diversos sectores, trabajadores, empresas y estado.  Sabemos que el estado lo somos todos y es con nuestro aporte, por medio de impuestos, como se financia el estado, para hacer esos pagos.
 

En síntesis: no hay un “arreglo” al problema con el sistema de pensiones del IVM. Sólo se ha aplicado un cataplasma para seguir pateando la bola, para que sean las próximas generaciones las que deban pagar la cuenta verdadera. Mi consejo: que cada trabajador haga lo posible por tener su propio sistema de pensiones voluntarias -por poquito que sea- pues, a cómo está la situación, si no se arregla en serio no habrá pensiones. De paso, se ha dicho que ahora, con las medidas sugeridas, el régimen es estable hasta el 2038. Estoy seguro de que muchos de nosotros y también posiblemente los responsables de haber diseñado esas propuestas, no estaremos vivos para dar la cara cuando las generaciones futuras tengan que pagar las holguras de las actuales y que digan que les cargó el costo de las jaranas de quienes disfrutaron en el pasado pensiones, para las cuales no contribuyeron lo suficiente.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: moderar nuestra insatisfacción

Parece ser evidencia de bondad humana, alegrarse cuando se toman decisiones que uno interpreta son justas. Un ejemplo es cuando, ante un régimen claramente injusto como es el privilegiado de pensiones del Poder Judicial, la Asamblea Legislativa aprobó, aunque sólo en el primer debate, una importante reducción de algunos de los privilegios de quienes se pensionan acogidos a ese sistema actual.

Creo que lo justo es que la persona que recibe una pensión, haya hecho los aportes adecuados -esto es, suficientes a lo largo de su vida laboral y con los rendimientos de esos fondos- como para que la ciudadanía -todos nosotros- no tengamos que aportar por medio de impuestos, las transferencias que el estado hace para que sean lo requerido ante las jugosas pensiones que se reciben.
Ahora bien, en la Asamblea Legislativa se han hecho algunas reformas importantes, que van en el camino de tratar de que el sistema de pensiones del Poder Judicial se mantenga por sí mismo con el aporte de sus miembros, pero claramente parece que no son suficientes.  

Por ello he titulado mi artículo “Moderar nuestra satisfacción,” por el hecho de que la reforma, aún en proceso de aprobación legislativa, si bien va en el camino correcto, lo cual nos satisface, se queda corto en lo requerido, especialmente si se le compara tomando con referencia al sistema actual de pensiones de la Caja, conocido como IVM. 

Mucha de la información aquí señalada se suministra en el artículo de La Nación del 1 de octubre, “Diputados elevan edad y aportes para pensión judicial: Cuota de funcionarios subirá de 11% a 13% y se retirarán a los 65.”

Una de las reformas más importantes en proceso, se refiere a la base para el cálculo de la pensión.  Mientras que en el IVM la pensión equivale al 60% del promedio de los últimos 240 salarios, la nueva propuesta para el Poder Judicial, si bien la reduce del 100% del promedio de los últimos 24 salarios, ahora es de un 60% del promedio de los últimos 240 salarios.

Asimismo, el proyecto de ley en discusión en la Asamblea eleva la edad de retiro a los pensionados del Poder Judicial a 65 años, desde 60 años como era antes, y es la misma edad que en el régimen del IVM.

En cuanto a los años laborados necesarios para pensionarse, se propone, para el sistema del Poder Judicial, aumentarlo a 35 años; esto es, 5 años más que los 30 de la actualidad, pero siempre inferior al sistema de la Caja, en el cual para los hombres -dejando de lado la igualdad real- han de haber trabajado 38 años y medio, en tanto que si se trata de mujeres, es de 37 años y medio.

Otra característica de los sistemas de pensiones es la edad mínima al cual un trabajador puede acceder a la jubilación. En el caso actual del Poder Judicial es a los 55 años y la reforma la elevaría a 62 años, si es hombre, y 60 si es mujer, mientras que en la Caja es casi igual que este último (61 años y 11 meses si es hombre y 59 años con 11 meses si es mujer).

El tema de cuál es la pensión máxima sigue siendo polémico. Veamos la situación actual, las reformas y la comparación con la Caja. Actualmente el monto de pensión es ilimitado, mientras que ahora el tope es de ₡4 millones, mientras que el de la Caja es de alrededor de ₡1.5 como límite (Hay un error en la información citada del medio, en un cuadro en que se indica que no hay límite en la Caja, lo cual es falso).  Pero, eso debe ser visto en conjunto con el exceso de una pensión que supera esos ₡4 millones; esto es con lo que se denomina el “aporte solidario” de los pensionados. Mientras que en la situación actual, al igual que con la Caja, no existe tal aporte, con la reforma propuesta para el Poder Judicial sucede lo que describo en el párrafo siguiente.

Si usted tiene derecho a una pensión superior a los ₡4 millones (recientemente hemos visto algunas que rondan los ₡9 millones), no es que su pensión tope o límite será de esa suma, sino que, dependiendo de cuánto sea el exceso sobre esos ₡4 millones, una parte se queda como pensión y la otra pasa a ser una contribución solidaria de los pensionados al sistema de Pensiones del Poder Judicial. ¿En qué porcentaje es dicha contribución?  Oscila entre un 35% y un 55% según sea el monto de pensión que supera a aquellos ₡4 millones. Voy a poner dos ejemplos, uno con un nivel relativamente cercano a esos ₡4 millones y otro bastante alejado.

Así, supongamos que la pensión que usted recibiría bajo el nuevo sistema de pensiones del Poder Judicial es de ₡5 millones. Usted recibiría ₡4 millones MÁS -digamos que se aplica la tasa más baja de un 35% sobre el millón en exceso del tope de ₡4 millones- ₡650 mil colones. Esto es, al tope de ₡4 millones se le suma el 65% del millón en exceso y los restantes ₡350 es el aporte “solidario” que ese pensionado haría al Sistema. La pensión final sería de ₡4.650.000 al mes.

Por contraste, veamos otro caso extremo (no muy lejano del monto mayor que hoy se recibe por una pensión bajo ese régimen). Digamos que su pensión sería de ₡10 millones. De ella, ₡4 millones son el tope y del exceso (esto es, de ₡6 millones) se le aplica una contribución del 50%, con lo cual a la pensión de ₡4 millones hay que sumarle ₡3 millones más, con lo cual la pensión que recibiría al final de cuentas es de ₡7 millones.

Estas dos cifras son ejemplos de que el tope real no es de ₡4 millones (como lo es el de ₡1.5 millones con el IVM), sino superior.  Pero, también -no tengo claro bien lo que exactamente define el proyecto- podría hasta ser más alto que lo expuesto en ese último caso, si es que esas tasas de contribución de 35% y 55% son aplicadas por tramos de pensiones; por ejemplo, digamos, que por los dos primeros millones en exceso del tope la tasa de contribución es del 35% y del 50% para el exceso del tope superior a dos millones. O, también, si en ese rango de 35-55% hay rangos intermedios a tasas intermedias.

Finalmente, es importante comparar la estructura de las cotizaciones de cada funcionario.  Hoy día, en el sistema de pensiones del Poder Judicial el funcionario cotiza el 11% de su salario y el estado aporta un 15.6% (un 14.36% por el Poder Judicial como patrono y el estado, como tal, en un 1.24%). Ese 15.6% lo pagamos todos con nuestros impuestos. En el caso del régimen de la Caja, el empleado cotiza un 3.34%, mientras que el patrono aporta un 5.08% y el estado como tal un 1.24. Con la reforma propuesta, el funcionario aportaría un 13%, en vez de un 11%, pero el aporte del Poder Judicial como patrono y el del estado como tal, quedarían en los mismos porcentajes (un 15.6%). 

Si se compara el del IVM con el propuesto para el Poder Judicial, en este último los trabajadores aportarán más que antes, pero los ciudadanos, mediante impuestos al estado que después de devuelven como aportes para el régimen de Pensiones del Poder Judicial, seguirían dando un aporte muy superior en el caso del Poder Judicial, en comparación con el IVM.

En síntesis, en algún grado se modera el privilegio que son las pensiones del régimen del Poder  Judicial, pero todavía sigue existiendo en un grado muy superior al de la Caja. Hay razón para sentirse un poquito mejor, pero el sistema continúa siendo claramente injusto.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: vía rápida a la reforma legislativa de las pensiones del Poder Judicial

En muchas ocasiones me he referido al sistema de pensiones del Poder Judicial. Me había inquietado que se hubiera desmoronado el esfuerzo legislativo para sacar una resolución en torno a ese régimen mediante lo que se conoce como “vía rápida”. Ésta es la posibilidad de que con 29 votos (simple mayoría de votos) se pudiera aprobar la reforma a la ley correspondiente. Pero, ni lerda ni perezosa, la Corte Suprema de Justicia se había pronunciado de que dicha votación era improcedente, pues para cambiar la ley se requería del voto de, al menos, 38 votos.

Mal pensado que soy, dejando de lado el obvio interés que tendrían miembros del Poder Judicial de conservar su jugoso régimen de pensiones, el pronunciamiento de la Corte era un enorme obstáculo para la pronta aprobación de la reforma necesaria. Fue un paronazo casi lapidario al impulso que llevaba el proyecto en la Asamblea

La Corte señaló varias razones para alegar que ese proyecto requería de 38 votos, que aparecen resumidos en un artículo publicado en La Nación del 23 de agosto, bajo el encabezado “Diputados con vía libre para reformar pensiones de Corte: Fallos de Sala IV: ajustes jubilatorios no afectan labor judicial.” Esas razones fueron que “la reforma a las pensiones afecta el proyecto de vida de sus empleados,” que “obligaría a contar con funcionarios de edad avanzada,” que se “desestimula el ingreso de nuevos profesionales valiosos,” que le “resta competitividad al Poder Judicial en el mercado laboral,” y que “afecta la carrera judicial porque los empleados tendrán cargas en su salario a cambio de un beneficio menor.”

Pero, con base en dos sentencias previas de la Sala IV, una del 13 de junio de 1995 y otra del 10 de mayo del 2002, la Procuraduría General de la República dio una opinión jurídica que me parece es vinculante para la Asamblea Legislativa, en cuanto a que la reforma propuesta al sistema de pensiones del Poder Judicial “no afecta las funciones de la Corte ni siquiera por razones de presupuesto, por lo que no era necesario consultarle si está de acuerdo o no.” En sencillo, el Congreso puede continuar con su vía rápida para resolver. En ningún momento el proyecto violaba el artículo 167 de la Constitución, que requería de una aprobación de dos tercios de los diputados (38 votos) si la Corte se oponía a la propuesta de reforma a la ley. No era, por tanto, necesario que la Asamblea consultara a la Corte sobre esa reforma en concreto.

Como posiblemente, ante cualquier reforma legislativa, habrá acciones judiciales contra ella presentadas antes la dicha Sala IV, es importante destacar que los magistrados de la Sala IV se abstuvieron de participar en la reunión de la Corte en la que se decidió enviar su opinión contraria a la vía rápida en la Asamblea Legislativa.

Esto, por una parte, me alegra, pues parecería indicar que no se podrá rechazar a que miembros de esa Sala juzguen casos en torno a la eventual reforma de la ley, por haber opinado previamente sobre el caso, pero, a la vez, si hubieran votado en dicha sesión de la Corte Suprema, tendrían que integrarse otros miembros sustitutos de los actuales a la Sala IV que tal vez no tengan un interés directo en cuanto a las pensiones que eventualmente dejarían de percibir. Ahí se las dejo; recuerden, ciudadanos, que, una vez que se han implantado los privilegios, cuestan mucho que sean desterrados.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: una opinión esperada de defensa de privilegios

Una vez que los privilegios se crean, es muy difícil quitarlos, excepto si se le sustituye por un privilegio aún mayor.  En el caso de los esfuerzos de los diputados por introducir alguna disminución, alguna mesura, cualquiera aunque poca, a los privilegios del Poder Judicial, era de esperarse que fuera rechazado fácilmente por los mismos beneficiados del privilegio actual y que harían todo lo posible por conservarlo.

Por ello, no es de extrañar la noticia que aparece en la edición de La Nación del 18 de agosto, que lleva como titular “Criterio de Corte deja en coma reforma a pensiones judiciales: Pronunciamiento impide aprobar proyecto mediante vía rápida.”

Dice el medio que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia dieron un criterio negativo al proyecto que se discutía en la Asamblea que “cerraría el gigantesco déficit de dinero que tienen las pensiones judiciales”, indicando, además, que “la Corte también advirtió a los diputados que el plan afecta el funcionamiento del Poder Judicial.” Si alguien pensó que los magistrados iban a decir que la medida de moderar sus pensiones no iba a afectar el funcionamiento de ellos, esto es, del Poder Judicial, merece el premio mayor a la credulidad. 

El portillo era claro: el artículo 167 de la Constitución dice: “Para la discusión y aprobación de proyectos de ley que se refieran a la organización o funcionamiento del Poder Judicial, deberá la Asamblea Legislativa consultar a la Corte Suprema de Justicia; para apartarse del criterio de ésta, se requerirá el voto de dos terceras partes del total de los miembros de la Asamblea”; esto es, 38 votos, mientras que el procedimiento abreviado propuesto se podría lograr con simple mayoría (29 votos). Esto es, se hace cuesta arriba el camino para la reforma propuesta. Era de esperar, pues cualquier cosa que se refiera a ese Poder, algo que afecte en un centavo su funcionamiento u organización, va a requerir tal cantidad de votos, en la interpretación de marras que se hace.  Es una coraza ante cualquier propuesta de moderación del gasto en el Poder Judicial, por más correcto moralmente como es, en mi opinión y creo que también la de muchos ciudadanos, que nosotros no paguemos las pensiones de unos pocos que personalmente no han cotizado lo suficiente para recibir tales montos.

El altruismo en los políticos no existe y este caso los magistrados están actuando sólo para proteger su privilegio, pues lo permite ese artículo. Algunos pocos se frotarán las manos pues obstaculizaron el proyecto que rebajaría sus privilegios, pues, para nada piensan en la sudada de manos de quienes trabajan y pagan impuestos, para ganar dinero que luego se les quita para pagar pensiones a los beneficiados con el poder.

Afortunadamente, una vez escrito lo anterior, la Procuraduría General de la República, en una respuesta a una consulta hecha por la Comisión legislativa que analiza esas pensiones, indica que “la Asamblea Legislativa tiene no solo la posibilidad, sino el deber de adoptar las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad de los diversos regímenes especiales de pensiones, mediante la aprobación de las leyes que se requieran para el logro de ese objetivo.” La Procuraduría acepta el argumento -lógico en mi opinión- de que la reforma propuesta a las pensiones del Poder Judicial, no afecta el funcionamiento de ese Poder, pudiendo, por tanto, proceder la Asamblea Legislativa, si así lo desea, a seguir con el proceso previo consultado. Esta referencia al pronunciamiento de la Procuraduría puede leerse en, en la edición del diario digital crhoy.com del 3 de octubre, en este link.

Hay esperanzas de que en serio venga un saneamiento de los abusos con las llamadas pensiones de privilegio, en especial porque es el primer caso importante que al respecto trata el Poder Legislativo, y debemos creer que un accionar rápido de éste en tal sentido, abre las puertas para que se actúe con similar correcta intención en otros sistemas hoy abusivos similares.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: jineteando su pensión

La expresión “jinetear el dinero” es sencilla de entender.  Pongamos un ejemplo. A usted alguien le tiene que devolver una plata en un momento dado.  Sin embargo, no lo reconoce o la entrega o le permite que usted disponga de ella, sino hasta tiempo después.  Ese lapso que medió entre la fecha en que debería de habérsele dado la plata y en la que efectivamente se le entregó, es un dinero del acreedor que lo puede jinetear el deudor.  Esto es, el deudor puede colocarlo en un ente financiero y ganar “algo” por ese lapso, o bien puede utilizarlo como si hubiera hecho un pago obligatorio a un ente, pero no lo hace con el dinero propio, sino con el suyo, ahorrándose así los intereses que tendría que haber pagado, para tener la plata que debería cubrir en aquel momento.  Por eso, se habla también de jugar con la plata ajena: “jinetear el dinero.” 

Recientemente se analiza un caso interesante en un artículo de Patricia Leitón en La Nación del 19 de junio, titulado “Desvío temporal de los aportes reduce pensión complementaria: Parte de las cuotas hacen paradas en el Banco Popular y el Fondo de Capitalización Laboral.” Podrá considerarse que se trata de “pichuleos”, pero, en realidad, parece ser mucha la plata que se jinetea en este caso. Vale la pena conocer el dato exacto de cuánta plata ganan el Banco Popular y el Fondo de Capitalización Laboral (FCL) de la CCSS, al recibir de paso esos fondos, en el lapso que va del aporte efectivo del patrono o el empleado y el momento en que ese monto suyo (más algunos intereses, como luego se verá) se deposita en la cuenta del fondo de pensión del trabajador (ROP).

Veamos la ruta del jineteo de los fondos de pensiones complementarias.  Según la ley, los patronos y trabajadores aportan un 4.25% del salario para el llamado Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP). El ROP es el depósito final que va teniendo cada ahorrante, para su pensión complementaria en algún momento futuro. 

De ese 4.25%, directamente entra un 1.50% al fondo del trabajador en el ROP. En éste, el trabajador empieza a ganar interés por tales depósitos que se acumularán para la pensión complementaria (aportes más intereses). Pero, de aquel 4.25%, hay un 0.25% que va a dar a la cuenta del trabajador en el Banco Popular. Allí se queda, sin que el trabajador obtenga rendimiento alguno durante un lapso de entre 18 y 30 meses, antes de trasladarse al ROP (y que el trabajador así gane intereses). 

Del 2.5% que nos sobra (4.25-1.50-0.25), un 1.00% queda depositado en una cuenta en el Banco Popular, a nombre del empleado. Estos recursos se acumulan mensualmente en la cuenta del trabajador y, en marzo de cada año, se traslada al ROP la mitad de esos fondos acumulados el año anterior y sólo se reconoce como rendimiento la tasa de inflación (normalmente los intereses en el mercado de fondos prestables suelen ser superiores a la tasa de inflación).  El restante 1.5% se deposita en el FCL y el empleado puede retirarlo del ROP cada cinco años o bien al terminarse la relación laboral. 

En resumen, sólo el 1.5% del aporte patronal y laboral (un 4.25% del salario) va directamente al ROP (y generarle rendimientos), en tanto que al Banco Popular le ingresa un 1.25%, que luego lo traslada al ROP, y un 1.50% al Fondo de Capitalización Laboral (FCL) de la Caja de Seguro Social, que también concluye después de cierto lapso en el ROP. O sea, hay una clara intermediación y jineteo de parte del Banco Popular y del FCL, pues los fondos no van de inmediato al ROP, en donde ganan a plenitud los rendimientos esperados de mercado (inflación más algo).

No hay razón alguna para que, con la tecnología de información moderna disponible en los mercados, haya tal intermediación y jineteo de fondos por parte de entes que así ganan y se dejan intereses de depósitos que son realmente propiedad de los trabajadores (quedan depositados en el Banco Popular y el FCL). 

Según el informe del medio citado, la Superintendencia de Pensiones “estimó que si los dineros llegaran directamente a la cuenta de los afiliados, sin pasar por el Banco Popular, la pensión complementaria que obtendría el jubilado sería de un 2.8% mayor. Y si la mitad de los recursos del FCL también se depositara en forma directa, con sus rendimientos, la jubilación subiría en un 3.8% adicional.” En sencillo, el voraz estado le está quitando hasta parte de las pensiones complementarias a los trabajadores.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: problemas de eficiencia en el Poder Judicial

Creo que el Segundo Informe del Estado de la Justicia -parte del Programa del Estado de la Nación- el cual lo recoge La Nación en su edición del 20 de abril, hace un valioso aporte al país al revelar el serio problema de ineficiencia productiva de nuestro Poder Judicial, de acuerdo con diferentes e importantes indicadores. El comentario se titula “Productividad judicial cae pese a más personal y presupuesto: Informe del Estado de la Justicia no encuentra explicación a baja en rendimiento en 15 años.”

Quiero señalar algunos de los hallazgos de ese estudio. Empiezo por uno que considero debió ser mejor analizado, aunque el resultado siempre habría sido igual de revelador. Se trata de que, aunque el presupuesto de dicho Poder haya aumentado, su productividad ha disminuido, indicando que, “por ejemplo, hace quince años, el presupuesto por cada funcionario era de $32, mientras que en la actualidad para el 2015, pasó a $156.” La inflación en dólares en Estados Unidos en el período diciembre del 2010 a diciembre del 2015 fue de casi un 36%. Si asumimos que esa inflación en dólares fue igual en el país, en términos reales, el presupuesto por funcionario pasó de $32 a $115 aproximadamente, lo que daría una idea más exacta -pero similar- del problema: un aumento anual real promedio del 17.3%.

A pesar de lo anterior, el incremento en el número de empleados varió: de “160 servidores por cada 100.000 habitantes; 15 años después esa cifra se elevó a 246.” Esto es, un aumento anual promedio aproximado de 3.6% anual. 

Por contraste, si medimos “la producción” del Poder Judicial, en términos de tres indicadores, primeramente, la cantidad de casos atendidos por un juez de primera y única instancia, pasó de “2000, [en que] ingresaron 844 procesos; en el año antepasado, entraron 529,” indicando un descenso anual promedio aproximado del 4%. En segundo lugar, otro indicador de producción que analiza el informe citado, señala que la cantidad de casos terminados por los jueces descendió “de 841 procesos terminados en el 2000 a 491 en el 2015”. Esto es, una caída anual promedio de alrededor de un 4.75%. Tercero, si se mide por el número de sentencias dictadas, varió de “958 sentencias en el 2000 a imponer sólo 135” en el 2015.  Es decir, una disminución anual promedio de más o menos un 40.6%. Este último dato es, sin duda, impresionante.

Otro dato relevante en ese mismo sentido es que en dicho lapso se acumularon los casos apilados en los despachos, a pesar de duplicarse en ese mismo período el número de “jueces, fiscales y defensores por cada 100.000 habitantes.” Así, el número de expedientes activos, que el medio llama “varados en un escritorio”, pasó por cada juez de primera instancia “de 824 en el 2000 a 839 en el 2015”; esto es, casi que se estancaron, en tanto que los que están en trámite -el periódico los llama como que estaban en una etapa más cruda- por cada juez pasó “de 467 en el 2005 a 563” en el 2015.  Esto es, la “presa” va aumentando. 

La investigadora que coordinó el informe, Evelyn Villarreal, indica, algo que lo deja a uno muy preocupado, es que no encontraron ante ese fenómeno determinado “que se haya dado un cambio procesal, o algo que hiciera los procesos más complejos. No encontramos nada, no encontramos una gran explicación.” Preocupa que no se señale el porqué de esa declinación tan significativa y que se sugieran remedios a la situación. Por ello, es crucial que las autoridades responsables administrativamente de estos asuntos, se dediquen de inmediato a encontrar las causas del descalabro.

En el caso particular del Organismo de Investigación Nacional (OIJ) -ente del Poder Judicial- tan sólo en el 2015, de cada 100 denuncias recibidas, 71 no se resolvieron. Se aduce que se debe a que “el 85% de las quejas interpuestas son contra ignorado; es decir, el ofendido no conoce el autor del supuesto delito.” Lo que se podría pensar como una justificación aceptable, más bien muestra una baja capacidad de resolver los procesos de investigación, en cuanto a la identificación de los denunciados. Son muchos los ciudadanos que posiblemente ni siquiera se molestan en denunciar hechos delictivos, pues el porcentaje de identificación de los delincuentes demuestra ser muy bajo. 

Este reporte es muy útil no sólo porque la sociedad destina una cantidad muy elevada de recursos para administrar la justicia, sino también porque, a pesar de ser unos fondos crecientes, la productividad va cada vez peor. Urge una acción definida de los diversos responsables de la administración de justicia, para enderezar esta situación tan lamentable, la cual sólo redunda en un mayor desprestigio y desconfianza de los ciudadanos, ante los entes encargados de llevar a cabo una tarea esencial del estado. La ineficiencia del Poder Judicial debe ser enfrentada prontamente.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: Financiamiento insuficiente de sus pensiones

No hay duda de que “en guerra avisada, mueren menos soldados”.  Yo no quisiera que, ante los problemas evidentes que surgen en torno al financiamiento de las pensiones del poder judicial, sea yo uno de los soldados que termine pagando -por medio del presupuesto nacional- los beneficios de algunos.

Un nuevo estudio realizado para el Poder Judicial por el actuario don Raúl Hernández -“Informe de flujo de ingresos y egresos del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial”- muestra, de acuerdo con lo indicado por La Nación en su edición del 14 de marzo, en un artículo titulado “Corte utilizará reserva para pagar pensiones en el 2019: Aportes de empleados serán insuficientes para entender jubilaciones, revela estudio de actuario”, que “si el Fondo continúa con la tendencia actual de crecimiento del gasto, el aporte mensual de los trabajadores y pensionados será insuficiente para sostener los egresos.” En sencillo, la plata que entrará al Fondo de Pensiones del Poder Judicial, no alcanzará para pagar todas las pensiones a partir de agosto del 2019, obligando a usar las reservas -fondos ahorrados que generan intereses- para enfrentar beneficios futuros de sus pensionados.

De acuerdo con el medio, a partir de esa fecha, los ingresos del Fondo por aportes serían de ₡7.017 millones, pero las pensiones que habría que pagar ascenderían a ₡7.239; esto es, un déficit en el flujo financiero de ₡222 millones, que tendría que ser sufragado disminuyendo las reservas del Fondo.
Un factor que, sin duda, incide en este déficit es que, “desde el 2010, la Sala IV eliminó el tope a las pensiones. Esta situación genera beneficios altos para los jubilados con este sistema. De hecho, hay un grupo de menos de 700 personas que recibe la mitad del gasto anual; es decir, ₡27.000 millones.”

Hago la incómoda pregunta de ¿cuántos que votaron a favor de eliminar ese tope en el 2010, son beneficiarios de estas pensiones que rinden tanto para algunos pocos?  (Hoy en día hay 3.673 jubilados, por lo que cerca de un 19% son los beneficiados con esas “altas” pensiones).

Ciertamente ha habido algunos proyectos (tres: uno de la Corte Plena, otro de los trabajadores y otro de diputados) para poner algún grado de orden en el régimen de pensiones del Poder Judicial, pero, el principio esencial debería la búsqueda de una homogeneización con el actual sistema de pensiones de la Caja.  Sin duda que eso implicaría una fuerte limitación a tan altas pensiones, para las que los beneficiarios no han aportado lo suficiente a lo largo de sus vidas laborales. Por supuesto, es inaceptable que se pretenda acudir a mayor financiamiento mediante presupuestos estatales -esto es, pagado por todos los contribuyentes- como solución al problema de las pensiones del Poder Judicial.

El caso es tan grave que incluso en un informe reciente elaborado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de Costa Rica, en donde analizó las tres reformas presentadas a la Asamblea Legislativa para reformar la ley del fondo de pensiones de los empleados del Poder Judicial -concretamente los citados previamente y no así el planteado recientemente por la Superintendencia de Pensiones-  se requeriría un alza del pago del 43% del salario de los trabajadores y tal monto es  “inviable” para poder pagar todos los privilegios y obligaciones de la actualidad.
 

Este último tema aparece expuesto en un comentario de La Nación del 11 de mayo, titulado “UCR dice que ningún plan salva pensiones de la Corte”. Entonces, ¿qué? ¿Pagaremos todos los costarricenses esos privilegios de un único gremio?  Francamente, la situación exhibe una enorme injusticia y, en mi opinión, una inmoralidad institucionalizada. Por ello, es el momento de que esos esquemas de pensiones se traten al igual que bajo el de pensiones de la Caja, incluso a sabiendas de que éste tiene problemas para su financiamiento a largo plazo -eso sí mucho menores- que requiere ya de reformas indispensables para poder salvarlo.

Jorge Corrales Quesada