La columna de Carlos Federico Smith: el Hospicio de Huérfanos sometido a tortura

Hay noticias que se repiten una y otra vez y, sorprendentemente, el problema que señalan persiste, inamovible como una roca, invariable como un fanático tenaz. En este caso me refiere a que cada año, desde hace buen rato, sale a la luz pública la queja de las autoridades del Hospicio Nacional de Huérfanos, de que la Municipalidad de San José no les traspasa los fondos, que por derecho (y tradición, agrego yo) le corresponden del 50% de los ingresos netos que esa municipalidad recibe producto de las fiestas de fin de año en San José.

 

La Nación del 7 de enero nos brinda algo de la misma mona con el mismo rabo; perdón, el siguiente artículo: “Centro de huérfanos exige ₡1.200 millones a municipio josefino: Dinero corresponde a ganancias del redondel de toros.” El simple título del comentario llama nuestra atención, pues de alguna manera la municipalidad josefina ha separado los ingresos provenientes de las corridas de toros de fin de año -y que obviamente desde muchos años atrás forman parte del jolgorio festivo josefino de cierre del año- de aquellos otros ingresos que la municipalidad percibe por razón de esos festejos.

 

Aquí es donde yo no entiendo ¿por qué razón, si la ley establece que la municipalidad debe darle el 50% de los dividendos netos de tales fiestas, es posible decir que eso “no aplica” en el caso de las corridas de toros, de lo cual todos somos conscientes de que están enteramente ligadas -es más, que forman parte de- las fiestas de fin de año? 

 

Por eso la administración del Hospicio de Huérfanos -Fundación del Hospicio de Huérfanos de San José- le reclama judicialmente a la Municipalidad de San José una deuda por ₡1.200 millones, proveniente de ese 50% de todas las ganancias netas de las fiestas de fin de año desde el 2006 hasta el 2013. 

 

Tal como indicó el abogado del Hospicio, licenciado Boris Molina, “Los ₡1.200 millones solamente tienen que ver con el remate del redondel entre 2005 y 2013; este cálculo no incluye lo que recibe la Municipalidad por derechos de televisión ni el remate de la plaza por los festejos que acaban de finalizar. Si sumamos todo el reclamo sería de unos $4 millones,” esto es, más o menos unos ₡2.160 millones.

 

Lo increíble es que el perro amarrado de ₡1.200 millones antes citado no se refieren siquiera al 50% de ingresos netos por las corridas, sino a los provenientes del  resto de actividades de los festejos (eso no queda claro del subtítulo del periódico). Pero también es inconcebible que la municipalidad haya decidido que la parte taurina quede por fuera de su obligación, decisión que tomó unilateralmente en el 2005. No puedo comprender cuál puede ser la razón de ello, excepto la ambición de que la plata se quede en la municipalidad para los propósitos (buenos o malos) que a ésta se le puedan ocurrir, porque los toros son tan parte de las fiestas, como los carruseles, las manzanas escarchadas, el algodón de azúcar, los comederos y otros montón de cosas.

 

Hay un enorme mérito en que se financie adecuadamente al Hospicio de Huérfanos de San José y así lo han considerado muchos ciudadanos privados, quienes, además de la Junta de Protección Social, el Patronato Nacional de la Infancia y la propia Municipalidad de San José, le proveen recursos para que medio opere aquella institución. Lo que la Municipalidad de San José no aporta, con esa movida de separar los ingresos por las corridas, es parte importante para explicar la situación precaria del hospicio.

 

Tal precariedad la expone el señor Carlos Morales, gerente del Hospicio, cuando señala que “Tenemos capacidad para 120 niños, pero sólo mantenemos a 82 porque la bolsa no nos da para más; no tenemos de dónde sacar plata; muestra de ello son las dos casas de cuido que tenemos clausuradas desde el 2010 por su mal estado.” Pero, ¿verdad que no hay político que no hable en nombre de la niñez; de cómo hay que protegerla; de cómo hay que ayudarla a evitar los males de la calle, etcétera? Pero, al menos en el caso de los políticos municipales, esa es pura palabrería barata, alejada de los hechos mezquinos que nos narra la información de La Nación.

 

Nuestro estado es tan ineficiente -la Municipalidad de San José forma parte del estado costarricense-, que ni siquiera es capaz de darle el apoyo que legalmente se le ha determinado, para ayudar a que niños sin padres puedan llegar a ser buenos y productivos ciudadanos. Ah, y que el tribunal de apelaciones de lo contencioso administrativo no le dé más largas al asunto: se supone que la justicia es pronta y expedita y, ante todo, justa.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith:hacia un sistema de adopciones infantiles más humano

La muerte por agresión violenta de unos padres contra un menorcito de dos años, conmovió a todos los corazones, excepto a los pétreos, por ser clara muestra de una barbarie inusitada: ¡clavarle agujas y dejarlas allí, en el cuerpecito de un bebé! Maldad e ignorancia conjugadas en un acto innombrable. Pero el daño no llega allí: hay otro menorcito, hermano del anterior, que probablemente no contará ya más con sus padres naturales, casi que por el resto de su vida. En todo caso, fuere lo que fuere, sus padres actuales no parecen merecer tal nombre. Son estas consideraciones las que me conmueven para brindar las reflexiones que haré de seguido, pero, antes que nada y cómo excelente preámbulo, deseo transcribir lo que escribió el ciudadano de Moravia, don Jorge E. Varela Solís, en una carta a la columna publicada en el diario La Nación del pasado viernes 6 de febrero. Su nota dice así:
 

“Agresión a menores ¿Cuántos niños más deben morir por la ineficiencia de las instituciones encargadas? Existen en nuestro país y en el resto del mundo miles de matrimonios que desean adoptar un niño. Pero el calvario para lograrlo es extremo, pues nuestra burocracia estatal y los cientos de trámites son interminables. ¿Cuántas denuncias se ponen en el PANI, y después de las tragedias vienen argumentos que dan rabia? Hace unos meses sucedió lo mismo, y no se pasó de las excusas de los responsables de atender el caso.

Señores de los tres poderes, hagan algo, esto no es juguete, es demasiado el dolor que sentimos todos los costarricenses al ver estas situaciones. Ahora resulta que unos familiares quieren llevarse al otro niño agredido, hermano del fallecido. Ustedes nunca se dieron cuenta de la situación del menor.
Existen verdaderos hogares que sí quieren darle amor a esa criatura de Dios".

A lo largo de mi vida me he encontrado con numerosas personas de gran valía, quienes han formado hogares, pero, por alguna razón, no han tenido la bendición de un hijo (antes de que algún majadero me diga algo, por supuesto que me refiero también a una hija). Varios de ellos han intentado subsanar la ausencia del hijo natural, mediante la adopción de un pequeño ser, pero se han encontrado con muchas limitaciones impuestas por una burocracia establecida, presuntamente para la protección de los infantes. La mentalidad de esos burócratas -creo no ser injusto- descansa en la premisa de defender a los niños de posibles padres malos y hasta peores de los que tenían, infantes que ahora han terminado en el asilo de alguna institución mediante un encargo del estado. Lo que es inconcebible es que el celo bien entendido, de buscarle algún alivio a la vida difícil de esos menores, ha terminado por corromper los buenos propósitos: se hace casi imposible, en el marco de un trámite burocrático enorme, para que una buena familia costarricense pueda adoptar a un hijo.

En el pasado, en muchas ocasiones se dejaba en la puerta de una casa, en donde ya había hijos o en donde no se tenían por las razones que fueran, envuelto en un motetico, a un hijo de parte de quien lo hacía, me imagino, que en el supuesto de que allí viviría una vida mejor que la que podría brindársele en el seno de donde nació. ¿Cuándos grandes hombres y mujeres de nuestro país no se crearon así? La familia a las que así se les entregó la criatura, con un alto grado de solidaridad humana y con los mejores principios, no dudaron en esforzarse por ayudar a que ese ser humano, confiado a sus bondadosas manos, pudiera llegar a ser una persona de bien.

Pero el estado se metió en medio de ese camino. No dudo que lo hizo con un buen propósito, que supongo era el de conseguir “buenos” hogares para el niño abandonado. Incluso, cuando empezó a funcionar tal injerencia estatal, en aquella época no había historias (ciertas o falsas) de niños vendidos al extranjero mediante adopciones, para que les fueran extraídos sus órganos y vendidos en el mercado negro o que fueron convertidos en esclavos serviles de amos que los adoptaron. Pero suena razonable, alguien podría pensar, que el estado se metiera a regular las adopciones en el país.

Pero, no hay como darle algo al estado, para que salga mal. Hace poco recordaba una frase de Milton Friedman, que me sirve para la ocasión: “Si usted pone al gobierno a cargo del desierto del Sahara, en cinco años habría una escasez de arena.” Si como sociedad estuvimos dispuestos a poner al estado a cargo de regular las adopciones, al cabo del tiempo hemos visto como los largos y complejos trámites son la característica de dichos procesos. Muchos padres desisten de tratar de adoptar un hijo por medio del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y me imagino que, si les “regalan” uno bien cobijadito al pie de la puerta, también enfrentarán un riguroso y lerdo proceso de adopción. La vida, en vez de facilitarla, la ha entorpecido el estado. 

Lo que don Jorge Varela propone en su carta a la columna debe ser muy bien escuchado por todos los costarricenses, particularmente por varios grupos de nacionales: aquellos que en su vida fueron criados en hogares en donde no nacieron y en los que recibieron todo los beneficios de una familia que les adoptó; de aquellos que Dios o la naturaleza no les ha dado la fortuna de crear hijos en el seno de sus hogares y que desearían poder adoptar uno o varios, que expandan la vida en sus moradas. También de aquellos que poseen la capacidad legal de traernos el cambio indispensable para corregir la burocratización, casi que repugnante, que pone todo tipo de trabas para que la adopción pueda darse por parte de potencialmente buenos padres: todo es acerca de más y más papeles, trámites casi que deshumanizados y de exigencia de certificaciones onerosas de abogados, entre muchos otros obstáculos.

Pero el tema no es sólo de un grupo específico, sino que es algo que concierne a todos los ciudadanos de bien de este país, pues se trata de asegurar la forja de mejores compatriotas en el futuro de nuestra nación.

Ante ello, voy a hacer una propuesta de sentido común, que creo satisfará los derechos del infante a una vida mejor, así como los de los padres en potencia, quienes no cometen delito alguno -todo lo contrario- queriendo adoptar a un hijo, al igual que hará descansar la responsabilidad de la nueva relación padres-hijo entre ciudadanos de bien, al tiempo que el estado conserva el papel primordial de garantizar la pulcritud, honestidad y bienaventuranza de la nueva alianza en un nuevo hogar.

En concreto, mi propuesta significa un cambio trascendental en el engorroso e ineficiente proceso de adopción que hoy caracteriza al PANI -de paso, también se esperaría que surja un ahorro significativo en el uso de recursos públicos. Unos padres de familia que estén en busca de adoptar a un hijo y quien al momento está bajo la responsabilidad del PANI, deberán presentar tan sólo debidamente certificadas por un notario (esperamos que el Colegio de Abogados solidariamente diga que no se podrá cobrar por eso, sino que queda a la conciencia del acto de parte del notario) cartas de 12 padres de familia, tanto del padre como de la madre en tales familias, que indiquen conocer la idoneidad de los potenciales padres del niño que va a ser adoptado. El PANI corroborará que esa información, suministrada por quienes recomiendan a los adoptantes, sea la correcta. La decisión final acerca de la adopción quedará en manos de jueces de familia calificados, que formen parte laboral del PANI: jueces de adopciones. Habrá un plazo pertinente para que se defina la resolución final acerca del pedido de adopción.

Así, como bien dice al cierre de su carta el señor Varela, se entregarán eficientemente niños en adopción a “verdaderos hogares que sí quieren darle amor a esa criatura de Dios.”
 

Ojalá que eso se pueda lograr: es urgente no sólo por el bienestar de los menores que van a ser adoptados, así como de los padres que los habrán de recibir en su hogar, sino también para que la sociedad no tenga que amargarse con hechos como los sucedidos y antes descritos, en especial cuando redundan en el abandono de niños que quedan sin un hogar. Tal vez no podemos hacer nada contra esa parte mala de la naturaleza humana, pero sí podemos hacerlo por la parte buena del ser humano, como es el deseo natural de querer adoptar a un hijo.

Jorge Corrales Quesada

Desde la tribuna: el drama de Ester

No me refiero a la bíblica Ester o Hadassa, a la Estrella de la Noche que da lugar al “Libro de Ester”. Me refiero a una amiga, quien decidió que debía tomar el seguro voluntario de la CCSS, en razón de que ya no estaba laborando y tenía un nuevo hijo.

Consciente de sus obligaciones, deberes y derechos se dirigió a la más cercana sucursal de la CCSS, la que está ubicada en Tres Ríos, para empadronarse como asegurada voluntaria. Luego de una larga fila (más bien cola) se le indicó que por su domicilio le correspondía hacer la solicitud en las oficinas centrales.  O sea, día perdido.

Al día siguiente se apuntó a la cola correspondiente en las oficinas de la CCSS en San José:  luego de cinco horas obtuvo una cita para otro día. El día de su cita no estuvo exento de filas, también hubo de hacerla y, luego de aportar varios documentos (el formulario no decía que fuesen obligatorios sino “deseables”), el funcionario correspondiente la remitió al Ministerio de Hacienda para que obtuviese otro documento que demostrara que era “digna” de un seguro voluntario. Ester protestó, ya llevaba demasiado tiempo en el asunto.  Él le replicó:  -vea que el Ministerio de Hacienda queda aquí nomás- le dijo.  –Son apenas cien varas, en el antiguo Banco Anglo, vaya por la certificación y la trae. 
Ella insistió en que se trataba de algo “deseable” más no obligatorio.  Él reiteró su argumento de que debía demostrar ser “digna” del seguro voluntario.

Finalmente, Ester subió la cuesta y fue al Ministerio de los Impuestos.  Allí le dijeron que ese trámite no era en esas oficinas sino en el “Outlet”. Se devolvió a las oficinas de la CCSS y luego de varias horas más (mucha paciencia), culminó sus trámites. Entonces falló el sistema (expresión recurrente en la Administración pública) y tuvo que terminar sus vueltas en las cajas del BCR.

Finalmente, cuenta Ester, tuvo que invertir como tres días en las vueltas correspondientes.  Una verdadera ordalía o ejemplo cotidiano del modus burocraticus.  Tramitopatía rampante que mata a nuestro país y que nos condena al perpetuo subdesarrollo.

Once mil empleados de más que funcionan como lastre en la CCSS, que la hunden económicamente y que se ensañan con el administrado.

Cual “Amán” (el enemigo de Dios que ansiaba matar a los judíos) el ejército burocrático se ensaña con los administrados.  Ojalá aparezca un rey Asuero (Jerjes) que vindique a  Ester y a los administrados costarricenses de la opresión y la enfermiza tramitomanía.

Ningún ciudadano debe ser tratado como ha sido tratada Ester.  La situación es grave pues se trata de una madre de dos hijos, uno de ellos de unos pocos meses, que tiene conciencia de sus deberes ciudadanos y de la necesidad de estar asegurada.  

Es obvio que una cosa es lo que dicen los jerarcas de la Administración pública y muy diferente la práctica cotidiana de la burocracia tramitómana.

El vicio, por supuesto, se extiende a toda la Administración, en especial a las áreas en que no hay como aplicar el silencio positivo o la responsabilidad personal.  En administraciones como Conesup o en las que hay temas ambientales, los ciudadanos se cansan de esperar resoluciones oportunas y cabales. 
En otras Administraciones es obvio que están divorciados de los derechos ciudadanos, que no hay oído hablar del derecho de petición, que no tienen conciencia del debido proceso y que no entienden que obstaculizan el progreso.  

¡No vengan luego a pregonar que les interesa la solidaridad, que velan por la salud de todos, que les interesa el progreso de la sociedad!  ¡Obras son amores …!

Federico Malavassi Calvo

Desde la tribuna: Estado estorbón

En el periódico La Nación del domingo pasado se denuncia el caso del Casino Royal Dutch. En la básico, se trata de dos problemas principales que pasan por las oficinas públicas:  Hace como cuatro años que no paga alquiler al dueño de la propiedad y usa una patente de licores “polémica”.
 

En el programa “Por la Libertad”  (Lunes, 7pm Canal 54 UHF) el psicólogo William Ramírez (invitado) y yo nos referimos al tema, a propósito de la tramitopatía que sufrimos en Costa Rica. El caso se presta, como anillo al dedo, para ilustrar cómo, de manera evidente, unos logran fácilmente establecerse y operar (incluso sin pagar alquiler y con una patente discutible) y otros no logran sortear la maraña de requisitos y permisos con que la Administración y autoridades costarricenses nos atosigan. Incluso, jocosamente, comentamos que era el imperio de una de las dos leyes:  la ley de Caifás (al que está jodido, joderlo más) o la ley del embudo (a unos la parte ancha y a los demás, la estrecha).
 

Inmediatamente se congestionó el teléfono abierto del programa:  las personas no se cansaron de denunciar cómo buena parte de los municipios y oficinas de salud presionan a unos, incluso llegando a cerrar los negocios y, en cambio, dejan que otros actúen impunemente.

Por diversas razones sé de la capacidad jurídica del dueño de la propiedad, don Noé Kawer, y me sorprendió que en cuatro años no haya podido desahuciar (por no pago) a los sorprendentes inquilinos.  Espero que la información del periódico haya alertado a la inspección judicial y esté repasando qué pasa en ese proceso.  

Cuando se suma el tema de la patente queda evidente aquello de que “si parece pato, hace como pato, suena como pato y camina como pato, entonces debe ser pato”.  Para mí queda muy claro que hay “ayudas” públicas.  

El simpático locutor Pilo Obando ha acuñado una expresión muy específica, la cual usa cuando en un partido de fútbol que está narrando suceden patadas, faltas de todo tipo y el árbitro no pita y se queda como si nada.  Pilo dice que “el árbitro está contemploso”.

Pues bien, a veces sucede que la Administración, las autoridades y el Estado en general , ante ciertas gestiones, operaciones, infracciones y personas se quedan exactamente “contemplosas”.  Nada vieron, nada que decir, nada que hacer, nada que sancionar y “sin novedad en el frente”. Puro “Estado gendarme”.

Lo grave, irritante y complicada es que ante la actividad de la mayoría, ante quienes quieren pellejearla para sacar adelante a su familia, ante quienes la pulsean para fomentar empleo y actividad, entonces sí sacan pecho, aparece todo la lista de requisitos y documentos, permisos y reglamentos.

Algunas veces va acompañado del “¿cómo te ayudara?” y otras veces sencillamente hay un “uso de suelo”, un “plan regulador”, un reglamento o un requisito insalvable.  En alguna administración de cuyo nombre no quiero acordarme, los supuestos “analistas” inventan consultar a Raymundo y todo el mundo y luego de coleccionar criterios discordantes aperciben al petente de poner su solicitud a tono con todos, otras veces discrepan por el uso del lenguaje y finalmente retrasan cualquier solicitud años y años.  ¡Son distintas formas de corrupción! 
 

Cuando uno debe leer actas y actas de diversos cuerpos colegiados va percatándose de que no es cierto aquello de que  “si se da la misma condición, debe darse la misma resolución” .

Claramente se aprecia que, para la Administración pública y las autoridades es igual que en “La Granja de los Animales” de George Orwell:  “Unos son iguales que otros”.

Lo más serio del asunto, aparte del caldo de cultivo de la corrupción, es la maraña de leyes y reglamentos que le permite a la Administración y autoridades en general construir un Estado estorbón, estorboso y atravesado.  

Los funcionarios públicos terminan por no apreciar la libertad de los ciudadanos, las necesidades de gestión y trabajo, la necesidad de aprovechar la oportunidad y los derechos fundamentales que están en juego.

Es fácil, desde la comodidad del empleo público y el ejercicio de potestades, joderle la vida a los demás, complicarle al ciudadano sus derechos, escudarse cobardemente tras normas y requisitos y frustrar cualquier intento de surgir, de trabajar, de ganar dinero. 

Algunos, incluso, tienen hasta una falsa justificación moral, pues creen que en el Estado están por el bien general y que los usuarios no andan sino tras el vulgar peso, tras la ganancia.

Tema importante para el desarrollo nacional, para recuperar la dignidad de todos y para equilibrar un Estado hundido y que nos arrastra a todos al fondo, con la obsecuencia de funcionarios abusadores y aprovechados.

Federico Malavassi Calvo

Desde la tribuna: oportunidades y empleo

Es cierto que algunas personas no quieren trabajar, no hay porqué negarlo. Del mismo modo, es innegable que algunos quieren aprovecharse del esfuerzo ajeno o tomar ventaja indebida, tampoco hay motivo para no reconocer que unos cuantos son así.

Pero también es cierto que la mayoría de la gente lo que desea es la oportunidad de trabajar para ganarse la vida, tener la oportunidad de un empleo, de montar un negocio o iniciar una empresa. 

Hay sistemas que favorecen la generación de empleos, la construcción de empresas, las oportunidades y el trabajo.  Cuando ello sucede es muy bueno, la gente encuentra empleo, hay muchas oportunidades de trabajar, hay posibilidad de iniciar un negocio, una empresa o de competir en el mercado. 

Hay sociedades en las cuales la gente no tiene miedo de cambiar de trabajo, tiene confianza en su fuerza de trabajo, en sus habilidades, en su esfuerzo y en su capacidad.  Hay sociedades en las cuales la laboriosidad se ve premiada, las virtudes sociales y económicas tienen su recompensa y el futuro se ve promisorio.   El horizonte no asusta, los años de preparación rinden fruto y la gente disfruta el producto de su esfuerzo.

¿Cómo anda Costa Rica al respecto?  ¿Es una sociedad abierta o está cerrada?

La pregunta tiene una respuesta compleja.  Es cierto que la gente con mayor escolaridad, en general, tiene acceso a las mejores remuneraciones.  Pero, por otro lado, no es necesariamente en mercado abierto sino en “puestos” de trabajo en instituciones. 

Es un hecho que tenemos un Estado caro, inútil, deficitario, ineficiente y redundante.  Ello tiene un efecto negativo en el resto de la sociedad:  el Estado no cumple con las prestaciones a que está obligado, la infraestructura pública es mala y poco apropiada, la gestión pública es cara y poco eficiente, los servicios públicos no son oportunos ni cumplen siquiera con los parámetros de la propia Ley General de la Administración Pública, la responsabilidad del funcionario pública no es exigida por los juzgadores, las gollerías y privilegios son constantes y la presión por más ingresos públicos es permanente.  El Estado ha olvidado la buena gestión, echa a perder las instituciones, degrada los servicios, es moroso con sus obligaciones y no garantiza lo elemental. 

Ello tiene efectos reales en la sociedad, pues además, para colmo, el funcionario tiende a justificarse en la tramitomanía patológica (que constituye una barrera para las oportunidades y creación de empleo), en el sobrecosto de algunos servicios (seguros públicos, energía y prestaciones en general) y en la respuesta a los requerimientos ciudadanos (permisos, trámites, autorizaciones, inspecciones, diligencias).

Obviamente, ello significa que quien quiere hacer, emprender, trabajar, gestionar y cualesquiera otra actividad similar, requiere de mucho tiempo en gestiones, tramitología, permisología y demás fauna.  Algunos requisitos son de antología, tales como exigir inscripción de sociedades y otros requisitos sin tener certeza de cómo evolucionará la gestión (luego quedan costos excesivos sin garantía de llegar a la meta).    No sale adelante quien quiere sino quien puede.  El favor público es decisivo.   Pero muchas posibilidades son únicamente para quienes tienen fortuna y no para quien tiene ideas e impulso. 

Por supuesto que no se trata de una sociedad abierta.  Es tierra de oportunidades para el clientelismo político, para la corrupción, para el partido político, pero no para quien quiere desempeñarse en mercado abierto, sin colusión con el gobierno y sin distorsiones.   

Poco a poco, nos vamos pareciendo a aquella “Granja de los Animales” de Georges Orwell, en la cual “unos son más iguales que otros”. 

Para pensar, ¿verdad?

Federico Malavassi Calvo

La columna de Carlos Federico Smith: el freno a la competencia telefónica

En el periódico La Nación del sábado 24 de setiembre aparece una información que puedo resumirla como entristecedora, pues expone los frenos que contiene la ley que aplica la Superintendencia de Telefonía (SUTEL), con los cuales impiden que el consumidor costarricense disfrute a plenitud de los beneficios que traería una mayor competencia en el campo de la telefonía celular.

Los consumidores hemos mantenido la esperanza de que las nuevas empresas telefónicas que han entrado a operar en el país, como resultado de la apertura del monopolio vigente en el sector, nos brindaran la oportunidad de disponer de precios menores y servicios mejores, que los que actualmente hay disponibles por parte del monopolio del ICE, al igual que como ha sucedido en tantos países, quienes decidieron realizar la apertura de sus sistemas internos de telefonía a la competencia más amplia posible.

Al inicio de nuestro proceso de apertura, a muchos nos preocupó que el país tan sólo dejara que fueran dos empresas las únicas que podían ingresar a competir frente al monopolio existente, pues consideramos que, además de aquellas dos, había otras firmas deseosas de entrar a brindar el servicio. Sin embargo, limitaciones del espectro, nos dijeron, fue la razón que impidió que eso se pudiera dar. Pero, por tantas coas que han corrido bajo este puente, me he puesto a pensar si el deseo de nuestras autoridades no ha sido sino el de traerle al monopolio tan sólo un poquito de competencia y no toda aquella plena que nos merecemos los consumidores, quienes se supone somos soberanos en una democracia liberal como la nuestra.

Pero, aún así, nos alegramos con ese poquito de competencia, que parecía que habría de llegar. Pero la triste noticia aparece este sábado en La Nación. El titular de la información lo dice todo. “Ley dificulta competencia en tarifas de servicios celulares”. Aquí es donde se me hace presente la admonición que, en cierto momento, hicieron algunos defensores de oficio del monopolio del ICE, ante la entrada de nuevas empresas. Dijeron que ello más bien iba a elevar los costos de la telefonía, en vez de reducirse, cosa que pocos nos tragamos. Sin embargo, la ley que crearon las autoridades legislativas, posiblemente influenciadas por las acciones que en todo momento llevó a cabo el monopolio durante su aprobación, podrían terminar dándole la razón a esos oponentes del progreso y la competencia, pues resulta que, “la Ley de Telecomunicaciones establece que la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) debe regular las tarifas al usuario final hasta que con un estudio de mercado se demuestre que existe efectiva competencia. Basada en esto, la SUTEL estableció precios tope por minuto celular, mensajes de texto y para velocidades de Internet. Las empresas podrán ofrecer descuentos a partir de los precios tope, pero nunca superarlos…” (La Nación, 24de setiembre del 2011).

Entonces, ¿en qué quedamos? En apariencia, como ha sido la práctica través de los tiempos con este tipo de fijación de precios a bienes o servicios, la acción del Estado ha sido para fijar precios máximos que no se pueden exceder, pero, en este caso, la limitación es para que no se cobren precios menores a los que establece el Estado. Con ello hacen que la competencia no vaya a poder reducir los precios para favorecer al consumidor, porque la Ley y SUTEL se lo impiden, al menos eso nos dicen. Al igual que en la actualidad, los consumidores seguiremos siendo las jodidas víctimas del monopolio oneroso, pues la burocracia no deja que los precios puedan ser menores a los que define.

Las mismas empresas privadas competidoras entrantes ya manifestaron su angustia. Don Ricardo Taylor, representante de la firma Claro en Costa Rica, dijo que “en cuanto a los paquetes, el marco regulatorio tarifario debe ser flexible en el sentido de que el consumidor lo que va a estar buscando es que el valor del paquete por el que pagó le dé los precios que requiere y ojalá más allá de esa expectativa”, siendo reforzado por un funcionario de esa empresa, quien señaló que “es importante que no salgamos con una oferta homogénea, porque, si no, no vamos a competir (…) La idea es que se dé cierta libertad para atacar los distintos nichos del mercado”.

En dos palabras, las restricciones hacen que la empresa Claro quede sujeta a hacer “ofertas homogéneas”; es decir, sin que haya competencia, que es lo que beneficiaría al consumidor, quien así verá frustrar sus expectativas de poder disponer de paquetes que le satisfagan competitivamente en términos de valor y calidad. Y eso lo logramos, no con que se nos “dé cierta libertad”, aunque algo es bueno, sino más bien con que se nos otorgue plena libertad para poder escoger libremente. Sin temor a la libertad de escoger, que es lo que aborrece el monopolista.

Por otra parte, la otra empresa competidora recién ingresada al mercado, Telefónica, señaló por medio de su representante, señor Jorge Abadía, que “Al haber una tarifa máxima por minuto, se quita flexibilidad para ofrecer paquetes más atractivos a los clientes, con ofertas creativas e innovadoras… Sabemos que se ha revisado el tema, pero es muy importante que esté listo antes de la entrada con la oferta comercial”, lo cual refleja la importancia que para ésta y la otra empresa, que recientemente ingresaron a competir en el marcado, tiene la vigencia de una apertura del mercado, en donde puedan competir ofreciendo cada cual lo que mejor puede ofrecer a los consumidores, en cuanto a precio y calidad.

La respuesta del órgano regulador SUTEL, en voz de su presidenta fue que no tenía otra opción dada la ley. O sea, que los consumidores seguiremos siendo ninguneados y sujetos a la explotación de un monopolio de hecho, sólo que ahora integrado por tres empresas, dado que quien las ordena y las cobija fijará las misma reglas para todas en lo que a precios y calidades se refiere; esto es, que no habrá competencia: el monopolio de hecho queda así ordenado por el Estado y ello lo aborrecen las empresas, dispuestas a seguir el camino de la competencia para lograr obtener el favor de los consumidores.

Lo que desde ya la SUTEL debería de estar haciendo es el famoso estudio “de mercado que demuestre que existe efectiva competencia”. ¿No entiendo cómo, si la ley prohíbe que las empresas compitan, algún estudio demostrará alguna vez que hay competencia en el mercado? Tal vez la solución obvia al problema, es si se les pregunta a los ciudadanos que si con la entrada esperan que haya competencia, mediante diversidad de precios y calidades. Entre tanto, SUTEL debe simplemente proceder a lograr una revisión de la ley, pero dada la lerda experiencia que caracteriza a ese proceso legal, proceder a aprobar los distintos proyectos de precios y calidades que le presenten las diferentes empresas que participan competitivamente en el mercado. De lo contrario, los engañados seremos los consumidores, tan sólo una vez más, pero quienes tal vez merecemos mejor suerte.

Creo que fue el 24 de marzo del 2009 cuando escribí un artículo en el periódico La Extra, titulado “Los estertores del monopolio”, del cual me permito reproducir un par de párrafos. En él señalé que “Éste (el monopolio del ICE) al ver pasos de animal grande, pues los costarricenses justamente nos preguntamos ¿por qué salían tan caras las llamadas del ICE?, lo que hizo, como niñito con rabietas, fue quejarse ante los órganos reguladores de la competencia telefónica, de la ilegalidad de esos nuevos teléfonos que no habían seguido ciertos trámites para operar y que procedieran a cerrarlos. Al monopolio llorón no le quedó más que, de nuevo, tratar de impedir que otros pudieran decir que el ‘emperador estaba chingo’.

Ya no hay necesidad de usar los caros servicios del ICE para llamar al exterior. Ojalá que la competencia innovadora pronto nos ofrezca diferentes opciones, que hasta podrían ser más caras, pero que nos den mejor servicio.”

Bueno, ya vemos que la mesa de la ley estaba servida: el monopolio llorón no va a sufrir el pleno impacto de la competencia, gracias al proteccionismo que le brinda el Estado, quien estuvo dispuesto a sacrificar el bienestar del consumidor y, sobre todo, a frustrar las aspiraciones y esperanzas que tenía, de que un proceso de apertura y competencia le brindara mejores servicios a menores precios. Qué después nadie me vena a decir que la competencia de la apertura telefónica no le trajo beneficios al consumidor, si fue que la burocracia y el Estado no dejaron que funcionara en pro de los intereses de la ciudadanía consumidora de este país.

Tema polémico: haciendo negocios en Costa Rica

Para este Tema polémico, queremos concentrarnos en el empresarialismo, un elemento que cada día es más olvidado en nuestro país. Recientemente, el Banco Mundial publico su estudio anual Haciendo Negocios. Este consiste en un análisis del nivel de facilidad para que los negocios se establezcan y se desarrollen. En el estudio se miden 10 etapas de la vida de un negocio: empezar un negocio, permisos de construcción, contratación de personal, registro de propiedad, facilidad de crédito, protección al inversionista, impuestos, comercio internacional, contratos y cierre de negocios. A partir de lo anterior, se puede ver con mayor claridad el panorama.

De acuerdo con el mencionado estudio, Costa Rica obtuvo el puesto 121 de 183 naciones estudiadas. Con este resultado se mantiene en el mismo puesto que el estudio presentado en el 2009, algo nada alentador. Los primeros lugares son Singapur, Nueva Zelanda, Hong Kong y Estados Unidos. Otros países en Latinoamérica como Colombia, Chile, México, Perú, Panamá, El Salvador, Guatemala y Nicaragua obtuvieron mejores calificaciones que nuestro país.

Para empezar un negocio en Costa Rica, un inversionista dura aproximadamente 60 días y tiene que invertir un 20% del PIB per cápita. Por el contrario, en Dinamarca se dura 1 día y empezar un negocio no tiene costo alguno. En El Salvador, la duración es de 17 días. Para obtener permisos de construcción en nuestro país, se tiene una duración de 191 días en promedio mientras que en Singapur y en Hong Kong se dura menos de 25 días. El costo tan elevado de iniciar un nuevo negocio en el país y el exceso de requisitos hace que le sea muy difícil a una persona emprendedora de ingresos medios arrancar su pequeña empresa. De ahí que, Según la Encuesta de Hogares del 2008 del INEC, sólo el 18.1% de los trabajadores laboren por cuenta propia.

Esto, además, se ve complicado por el índice de rigidez de empleo obtenido por Costa Rica, 0,39 puntos, mientras que otros países como Hong Kong y Nueva Zelanda tienen índices iguales a 0. Este índice es resultado del estudio de la dificultad para contratar personal, la rigidez de las horas laborales y la protección del trabajador en relación a los despidos. El estudio considera, al igual que nosotros, que entre mayor flexibilidad tenga la empresa para contratar y despedir personal, mayor será su incentivo para invertir en el país y, por lo tanto, mayores fuentes de empleo en el país serán generadas. En otras palabras, una rigidez menor en la rotación del personal genera un menor desempleo.

Y por si fuera poco, a todo lo ya mencionado hay que sumarle otro factor importante que desincentiva la creación de nuevas inversiones en el país: el alto grado de delincuencia existente. Según el ranking de competitividad global realizado recientemente por el Foro Económico Mundial, la inseguridad ciudadana percibida por los empresarios coloca a Costa Rica en el puesto 104 de 133 naciones estudiadas, una cifra verdaderamente alarmante.

Ante esta situación es claro que se necesitan cambios en Costa Rica. En ASOJOD creemos que la disminución de la tramitología para montar nuevos negocios en el país, la seguridad contra la delincuencia y la búsqueda de esquemas laborales más flexibles y adaptados a la dinámica realidad de nuestros días, deberían ser prioridades en las propuestas de gobierno de los diferentes partidos que compiten en las elecciones de febrero próximo, si es que de verdad quieren mejorar la situación existente, pues la creación de más y mejores fuentes de empleo es la forma más efectiva de que nuestro país se desarrolle con mayor rapidez.

De ahí la importancia de un ambiente cada vez más atractivo para la creación y desarrollo de nuevas empresas nacionales y el establecimiento de empresas de capital extranjero. Pero, en lo fundamental, con cambios como los sugeridos, se puede avanzar hacia el cambio de paradigma mental que domina a los costarricenses: el de un Estado que debe darles trabajo, en lugar de una cultura de emprendedurismo, de empresarialismo, de innovación y creatividad.

Tema polémico: matando negocios

Constantemente escuchamos en la prensa y en la opinión pública generalizada, que en Costa Rica reina la terrible era del “neo-liberalismo” (¿?). Según cuenta la "mitología urbana", esta terrible etapa histórica se caracteriza por una alarmante desregularización económica, cuya solución demanda de la intervención de las manos amigas y santas del Estado, para que estas puedan controlar los pecaminosos interéses individuales y conseguir el "bien común". Pero ¿es cierto qué vivimos en alguna especie de anarquía económica?, ¿es acaso verdad que el problema es qué hace falta más Estado y no mas bien que sobra?.

Dar un vistazo al índice Haciendo Negocios del 2009 nos puede ayudar a aproximarnos a las respuestas de estas importantes preguntas. Según este estudio, en Costa Rica se requiere de nada, más y nada menos, que de 12 procedimientos para abrir un negocio, los cuales toman alrededor de 60 días (2 meses) en realizarse ¿con o sin chorizo? Eso no lo dice el informe.

Estas decorosas cifras nos ponen por encima de países como Namibia y Angola y por debajo de Bolivia e Irán. Evidentemente todo negocio –salvo los virtuales- demandan de un espacio físico para atender al público, esto es una construcción. Desgraciadamente en este aspecto la situación no mejora para nuestro país: en este departamento se requiere de 23 procedimientos, los cuales toman ¡191 días para tramitarse!, con un costo del 211,7% del ingreso per capita.

Definitivamente, parece que sólo los ricos pueden darse el lujo de pagar estos caprichos burocráticos que las marañas legales han creado y esto resulta, por demás, curioso en un Estado que se ufana de preocuparse por los más pobres.

Estos son solo unos ejemplos de como el espíritu emprendedor de los costarricenses se ve asfixiado por un mar de regulaciones, con un costo exorbitante tanto de tiempo como de dinero para llevar a cabo su cumplimiento. Evidentemente este taqueo tramitológico incentiva a que los ciudadanos tengan que incurrir a la institucionalizada práctica del chorizo, para poder llevar a cabo sus proyectos. Es la realidad agobiante a la que se tienen que enfrentar los costarricenses en su día a día, la realidad que los pseudo-intelectuales que culpan a otros por nuestros subdesarrollo se niegan a ver. ¿Entonces es cierto que falta Estado?