Tema polémico: el peligro de la impunidad

Un principio básico del sistema republicano es el imperio de la ley, como un elemento cosustancial a la igualdad ante la ley. Esto significa que la norma está por encima de todos, que no hace distinción de clase social, credo, orientación política o algún otro factor y que se aplica, para bien o para mal, sin excepción. A la par de este principio se encuentra el de seguridad jurídica, otra cara de la misma moneda, que implica la necesidad del ciudadano de saber a qué atenerse, es decir, tener la certeza o seguridad de que las acciones tienen consecuencias, positivas o negativas.

En el caso de los delitos, estos principios jurídicos nos indican que las personas deben tener claro que ciertas acciones o conductas tienen sanciones y que, de cometerlas, se enfrentarán implacablemente a la justicia. El funcionamiento adecuado del sistema para procesar dichas conductas contribuye enormemente a la creación de una cultura social de respeto por los derechos individuales y permite la tranquilidad de los ciudadanos para que puedan desarrollar sus vidas sin temor.

No obstante, cuando los delitos no son sancionados debidamente y se genera un ambiente de impunidad, la sensación de las personas aumenta al mismo tiempo que lo hace su molestia hacia el sistema, al que poco a poco van despreciando y dan paso a privilegiar regímenes de mano dura que, tarde o temprano, terminan por imponerse autoritariamente y destruyen las libertades. No en vano decía Benjamin Franklin que "aquellos que renuncian a una libertad esencial para comprar un poco de seguridad momentánea, no merecen ni libertad ni seguridad". No en vano la historia nos ha demostrado con infinitos ejemplos la validez de esta premisa. 

Recientemente, hemos presenciado en nuestro país una serie de actos violentos -robos y homicidios- o de escándalos por corrupción o arbitrariedad, especialmente en las altas esferas del poder,  que de una u otra forma no terminan en condena, a veces por la incapacidad del Ministerio Público para presentar la acusación, las pruebas y los testimonios para demostrar, cuando es posible y amerita, la responabilidad de los acusados y permitir a los Tribunales, luego del debido proceso, determinar las sanciones correspondientes.

Tal situación enciende las luces de alarma. Al respecto, el Informe del Latinobarómetro 2013 indica que

"Entre los países que han disminuido el apoyo a la democracia llama la atención Costa Rica que comienza a mediados de los años ‘80 como una de los países más democráticos de la región. Disminuye de 74% en 2009 a 53% en 2013. Costa Rica presenta en 2013 una diferencia de 16 puntos con respecto al promedio 1995- 2013, siendo el país de la región que ha perdido más apoyo a la democracia. Al mismo tiempo ha aumentado el apoyo a la frase “En algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático” de 7% en 1996 a 17% en 2013. En total, las actitudes autoritarias aumentan 8 puntos por sobre el promedio 1995-2013".  

Los datos son claros.  Cada vez más gente molesta con un sistema político incapaz de satisfacer sus demandas, entre ellas, las de seguridad y tranquilidad, pierde su aprecio por la forma en la que se hacen las cosas y acepta la posibilidad de un líder autoritario que "resuelva" la problemática. En buena parte, esa sensación  de desgaste e impotencia contribuyó, entre otros factores, a un incremento sustancial de apoyo hacia el partido Frente Amplio, cuyas propuestas son claramente comunistas, dirigidas a crear un Estado omnipresente y omnipudiente que se encargue de todo, sustituyendo a los individuos en el manejo de sus propias vidas y pisoteando su libertad, para convertirlos en simples autómatas que viven por y para el "ogro filantrópico", como lo llamara Octavio Paz, quien a propósito escribió en su momento que "el Estado del siglo XX se ha revelado como una fuerza más poderosa que las de los antiguos imperios y como un amo más terrible que los viejos tiranos y déspotas. Un amo sin rostro, desalmado y que obra no como un demonio sino como una máquina".  

Evidentemente no se trata de culpar por culpar a cualquier acusado y de comenzar una cacería de brujas que someta a la ordalía judicial a quienquiera que sea acusado. Estamos hablando de satisfacer la demanda de justicia por los medios republicanos propios de un Estado de Derecho, con tribunales de justicia que respeten los derechos de todas las partes involucradas en los procesos y garanticen el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales. 

Logrando eso, junto con otras tareas impostergables que hemos mencionado con regularidad en ASOJOD, podremos conseguir que las personas recuperen su tranquilidad, que se sientan representadas y protegidas por un sistema que no permitirá que se vulneren sus derechos individuales y que, ante todo, se encuentra dispuesto a hacer valer esos principios que mencionamos al inicio, cerrando las puertas a ese caldo de cultivo del totalitarismo, del autoritarismo estatal que solo desgracia trae a los pueblos. 

Tema polémico: un primer paso hacia el parlamentarismo

El pasado 1° de mayo, Laura Chinchilla rindió su último Informe ante la Asamblea Legislativa, para dar cuenta de sus acciones, logros y carencias -aunque prácticamente omitió esta parte-. Sin embargo, una vez finalizado, se fue a su casa y no sabemos si, posteriormente, puso atención al ejercicio de control político que realizan los Diputados en cumplimiento del artículo 193 del Reglaemento Legislativo, al analizar dicho informe y exponer sus argumentos, como crítica o como apoyo a las palabras de quien encabeza el Ejecutivo. 

Sin duda, el hecho de que, como lo señala el supracitado artículo, el análisis del Mensaje Presidencial se realice en los dos días hábiles siguientes al 1° de mayo sin la presencia del mandatario (a) se presta para pensar que, efectivamente, este hace caso omiso a los cuestionamientos, observaciones y reflexiones que hacen los miembros del Congreso.

Lo anterior es muy lamentable porque no se le permite al ciudadano -a través de sus representantes políticos e incluso directamente a través de redes sociales y radio o televisión- participar en un debate serio, responsable y agudo, donde el Presidente de la República no solo mencione sus logros y aciertos, sino que deba dar cuenta de las deficiencias, de los incumplimientos, de las limitaciones de su gestión, como ocurre en los sistemas parlamentarios, especialmente de Europa. Allí, quienes hemos tenido la oportunidad de observarlos por televisión -y algunos hasta presencialmente- es posible observar acaloradas discusiones, cifras que sustentan las posiciones, argumentos sólidos a favor o en contra que, incuestionablemente, enriquecen el criterio político tanto de los participantes como del público en general. En fin, una discusión de nivel que favorece a todos los actores políticos.

En Costa Rica, no obstante, ese mandato constitucional del Informe Presidencial se toma a la ligera, como un simple requisito que cumple el Presidente un 1° de mayo, en el que se dedica a hacer una campaña publicitaria en la que resalta lo que le conviene y omite lo que le compromete y, posteriormente, los legisladores deben hacer reflexiones hacia la pared, sin que aquel los escuche, los refute, les explique sus razones o reconozca sus fallos. ¿Cómo corregir entonces lo que se hace mal si los responsables ni siquiera desean escuchar los cuestionamientos? Quizá ese solipsismo del Ejecutivo es, en buena parte, la razón por que las cosas en este país no cambian.

Tanto se ha negado la sociedad costarricense al debate, a la discusión, a la dialéctica, que ha olvidado su importancia. Se le considera pérdida de tiempo sin entender que ese "toma y daca" político permite comprender los alcances y limitaciones de las políticas públicas, las falencias institucionales, las restricciones normativas, el acierto o desacierto analítico y de gestión de los actores políticos, señala los puntos que hay que corregir, cultiva la necesaria rendición de cuentas, alimenta la cultura de asumir responsabilidades ante los fallos y se erige como un ejercicio cívico que le permite a los costarricenses tener más claridad de lo que se ha hecho con su dinero. 

Reformar este artículo del Reglamento Legislativo debe ser prioridad en la nueva Asamblea Legislativa. Es un primer paso hacia el parlamentarismo, un primer paso para emular esa rica cultura del debate y rendición de cuentas que tanta falta nos hace aquí para aceptar que tenemos problemas y hay que corregir el curso.  

Esperamos que el PAC, que históricamente se ha abanderado con la transparencia, tenga la misma actitud ahora que es Ejecutivo. Deseamos que la primer orden emitida por el Presidente Luis Guillermo Solís de cortar los árboles que tapaban la vista hacia Casa Presidencial como un mensaje de que no existirán obstáculos que impidan a los costarricenses ver qué se hace allí, sea un simbolismo que represente una actitud comprometida para derribar ese espeso bosque que hoy no permite que la ciudadanía acceda al balance real de las acciones.  Es su oportunidad histórica para ser diferentes de aquellos a quienes relevaron.

Tema polémico: la reforma al Reglamento Legislativo, morituri te salutant

Mucho se ha criticado el "atraso" en proyectos de ley producto de la oposición que realiza uno o varios diputados que utilizan los recursos que el Reglamento de la Asamblea Legislativa (RAL) ofrece: mociones, uso de la palabra, ruptura de quórum, consultas y otros. Incluso, se ha acuñado un término para señalar peyorativamente a quienes hacen uso de esos mecanismos: filibusterismo parlamentario.

Sin duda, el término busca no sólo insultar y desacreditar el trabajo del Diputado sino también ponerlo como un traidor de la Patria, como el causante de que un proyecto "país" no se apruebe. Esta premisa, bastante falaz y tendenciosa, parece calar hondo en los analistas y periodistas que, curiosamente y a contrapelo de la propia seriedad profesional que pregonan, casi nunca se toman el tiempo de leer los proyectos de ley y, mucho menos, analizar su trasfondo, por lo que se puede afirmar, sin temor a equivocarse, que no entienden de lo que están hablando. Pero bueno, eso no es sorpresa en un país donde hablar de honestidad intelectual es como hablar de magia y otras cosas sobrenaturales. 

Hasta la fecha, solamente unos pocos Diputados habían logrado impedir que se aprobara una reforma al RAL tendiente a reducir la oportunidad de hacer oposición, soportando la crítica, el insulto y la amenaza. Pero parece que esa opción ya se desvaneció. Recientemente se aprobó una moción para que una reforma a ese cuerpo normativo,tramitada bajo el expediente legislativo N° 18.127, pase al 1° lugar del Orden del Día del Plenario, misma que cuenta con el apoyo de casi todos los partidos políticos, quienes están impulsando su votación afirmativa antes del receso legislativo (23 de diciembre).

Argumentan que esa reforma es para generar gobernabilidad, para aprobar las cosas que el país necesita, para respetar el poder de una mayoría que sabe lo que hace, que no se equivoca, que solo tiene buenas intenciones y que únicamente asume posiciones responsables con la nación. Como decía un Ministro en esta nefasta Administración cuando se desempeñaba como profesor universitario, "si todas las vacas del mundo comen pasto, no pueden estar equivocadas". 

No obstante, al revisar el texto resulta evidente que su intención es  acallar a la oposición, quitar esos escollos que a muchos parece estorbarles: la denuncia, la argumentación, el debate, el análisis y la reflexión para dar paso al decisionismo irresponsable, a la ausencia de lectura y comprensión. Hay que aprobar por aprobar, sin importar qué diga el texto; hay que alcanzar un número determinado de leyes al final de la legislatura para que nos consideren eficientes, sin importar si lo aprobado sirve de algo. Esta práctica, bastante extendida entre muchísimos de los Diputados, no sólo de ahora sino de anteriores periodos, es la manifestación criolla de aquella escena de la película de Los Simpson en la que el Presidente Schwarzenegger dice, cuando le presentan una serie de propuestas que ni siquiera se toma el tiempo para revisar, "fui escogido para tomar decisiones, no para leer".

Sin embargo, esto no es así ni puede ser así. El RAL es una herramienta muy valiosa para la discusión parlamentaria. Barrantes y Solano, en su obra "Modelo explicativo de los niveles de acuerdo de la Asamblea Legislativa, concluyeron que la redacción actual del RAL, aunque no es perfecta, es muy positiva para defender el principio democrático y los derechos de las minorías, para evitar la tiranía de las mayorías, al tiempo que privilegia la construcción de acuerdos sobre la decisión mayoritaria, es decir, la negociación, el intercambio, el juego de suma positiva frente a la imposición, el capricho y el juego de suma cero que tanto parece gustarle a nuestros políticos. De ahí que les resulta tan incómodo el RAL y por eso lo culpan de todos los males posibles y se desbocan por modificarlo para dar rienda suelta a sus ocurrencias.  

Empezando por lo básico, antes que nada, el Parlamento es un espacio de representación política y, por tanto, en el que las diferentes fuerzas políticas exponen sus valores, ideas y propuestas, las contrastan y las debaten para tomar decisiones, no necesariamente para aprobar leyes. El Parlamento no es una fábrica de leyes: su función no es convertir cualquier iniciativa en ley ni puede ser evaluada con los mismos criterios de productividad que una maquila. El papel del Diputado es representar a sus votantes, a las personas que por su afinidad programática e ideológica le encomendaron su representación en el Parlamento.

Por su naturaleza, el Parlamento es para "parlar", para debatir, para exponer ideas y defender argumentos, para generar discusión entre las partes. La lógica de la dialéctica es exponer una idea y que esta sea contrarrestada, contraargumentada. La lógica del debate es que mediante ese toma y daca, se pueda finalmente concluir que uno tiene razón y el otro no. La intención es que la decisión, no la aprobación automática como algunos pretenden, sea lo más razonada, lo más reflexiva y lo más correcta.

Una reforma como la que se plantea en la Asamblea Legislativa va contra esos principios. Privilegia solamente la ocurrencia y la irresponsabilidad, el capricho y la imposición, disfrazados bajo el concepto de "gobernabilidad", olviando que ese término refiere a las actuaciones de los Poderes Públicos en espacios considerados como legítimos por los demás actores del sistema político y que esa legitimidad no es solo depende del origen del mandato -en el caso costarricense, de una elección que le da mayoría a un partido representado en la Asamblea- sino también del ejercicio del poder delegado, es decir, de la forma en que lo utilizan dentro del marco generado por las reglas del juego y el apego a los valores, expectativas e intereses de los actores políticos.  

Pero parece que nada de eso importa. Solo importa lo que el Ejecutivo y la prensa ordenan. Hay que aprobar -no discutir para valorar su conveniencia o no- las iniciativas que desde Zapote, desde Llorente, desde la Uruca o desde la Sabana se dice que hay que aprobar. No hay espacio para dialogar, mucho menos para negociar -de por sí toda negociación es satanizada- ni derecho a disentir. Quien se opone es malo; quien apoya es bueno. Quien se opone es filibustero, quien apoya es patriota. Y lo peor de todo es que los partidos, incluidos aquellos que otrora defendían el RAL, se han creido el cuento y caído en ese juego maniqueo. Por eso ahora, por la conveniencia electoral, dan su apoyo al cuchillo que, en un futuro, será utilizado para su propia ejecución. 

Recuerden estas palabras si se aprueba la reforma y el Ejecutivo envía su proyecto de más impuestos: Ave Caesar, morituri te salutant ("Los que vamos a morir, te saludamos"). Ya no habrá posibilidad de oponerse, ya no habrán recursos para hacerlo: las mociones serán menos, la posibilidad de desecharlas será mayor; el uso de la palabra muy reducido, la opción de convencer a los otros, nula. Ya no habrá quién pueda defendernos. Aquella frase de un Diputado liberacionista "pa' eso tenemos mayoría" al fin se hará realidad.

Tema polémico: candidaturas con salario

Hace poco tiempo, el frustrado candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana, Rodolfo Hernández, puso sobre el tapete la idea de que a los postulantes debería pagárseles un salario para permitir una verdadera democratización electoral, pues con el sistema actual, solo las personas de mucho dinero pueden darse el lujo de dejar sus ocupaciones y dedicarse a una campaña sin recibir una remuneración. Por supuesto que con ese planteamiento, ardió Troya. Los comentarios críticos hacia esa idea y los calificativos de oportunismo y enriquecimiento a costa de los tax payers no se hicieron esperar y la propuesta no quedó más que en el baúl de los recuerdos. ¡Por dicha!

No obstante, nos preocupa que si bien compartimos el repudio a esa idea, la oposición se centre únicamente en cuanto a candidatos presidenciales, cuando la realidad es que los postulantes a otros puestos de elección popular están desangrando al erario público sin que nadie diga nada, ni se inmute, como pasa con algunos Diputados que se convierten en candidatos presidenciales o con funcionarios del Gobierno Central, instituciones autónomas o Municipalidades que participan como candidatos a la Presidencia, Diputados, Regidores o Alcaldes, sin tener que renunciar a sus cargos y sus salarios mientras están en campaña.

Si bien los artículos 109 y 132 de la Constitución Política establencen claramente quiénes NO podrán ser Diputados ni Presidentes respectivamente y el numeral 146 del Código Electoral dispone que los funcionarios públicos tienen prohibición para dedicarse a trabajos o discusiones de carácter político-electoral durante las horas laborales y usar su cargo para beneficiar a un partido político. Solamente el Presidente, los Vicepresidentes, los Ministros y Viceministros, el Contralor y Subcontralor, el Defensor y Defensor Adjunto, el Procurador General y el Procurador General Adjunto, los Presidentes Ejecutivos y miembros de Juntas Directivas de instituciones autónomas, gerentes y subgerentes de instituciones autónomas y entes públicos estatales, los policías, agentes del OIJ, empleados del Tribunal Supremo de Elecciones, Magistrados y funcionarios del Poder Judicial que administren justicia, no podrán participar en ninguna actividad de carácter político-electoral ni hacer ostentación pública de preferencia partidaria.

Es claro entonces que salvo para la lista cerrada de funcionarios mencionados, la prohibición aplica para los funcionarios públicos solamente durante horas laborales. Es decir, durante el resto del día no hay ningún impedimento para dedicarse a actividades político-electorales. Ahora bien, resuelto ese problema caemos en otro: ¿qué pasa con el sueldo de esos funcionarios, aún cuando participen en horarios distintos al laboral? Vamos a omitir la discusión cuando se trata de funcionarios que colaboran en las campañas, simpatizantes, participantes indirectos en el proceso electoral para concentrarnos exclusivamente en los que postulan su nombre como candidatos.

El artículo 33, inciso 5) del Decreto Ejecutivo Nº 21 del 14 de diciembre de 1954, "Reglamento del Estatuto del Servicio Civil y sus reformas" establece que se puede otorgar una licencia sin goce de salario de

"(...) Cuatro años, a instancia de cualquier institución del Estado, o de otra Dependencia del Poder Ejecutivo, o cuando se trate del cónyuge de un funcionario nombrado en el Servicio Exterior; o en los casos de los funcionarios nombrados en otros cargos públicos. El plazo anterior podrá ampliarse hasta por un período igual, cuando subsistan las causas que motivaron la licencia original".

Si bien pareciera ser muy claro que el funcionario con puesto en propiedad que decide postularse a un cargo de elección popular tendrá una licencia sin goce de salario durante el tiempo que dure el nombramiento en caso de obtenerlo, no es igualmente claro cuando se trate solo de candidaturas. Es decir, con el vacío normativo, perfectamente ese funcionario, independiemente del resultado final de la elección, podría estar recibiendo remuneración con fondos públicos durante la campaña y la licencia sin goce de salario sólo le aplica en caso de asumir el nuevo cargo. 

Lo anterior se desprende de la lectura del Dictamen Nº 078 del 14 de marzo de 2008 de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Resolución Nº Nº 2689-E8-2009 del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). A este respecto, dice el TSE en la citada resolución sobre el cuestionamiento de si debe o no renunciar Johnny Araya al cargo de Alcalde Municipal de San José para postularse a la Presidencia de la República: 

"Acerca del caso concreto importa precisar, primeramente, que la legalidad de la licencia sin goce de salario extendida por el Concejo Municipal de San José al señor Johnny Araya Monge es un asunto de índole administrativa que escapa a las competencias de la jurisdicción electoral y que compete dilucidar en otras instancias como lo son la propia Corporación Municipal, conforme a la autonomía política y administrativa que le concede la Constitución Política, la Procuraduría de la Ética Pública, en el campo de sus atribuciones, o la propia jurisdicción contencioso-administrativa. 

(...)

En la inteligencia señalada, teniéndose en cuenta que el otorgamiento de la licencia en cuestión es un acto administrativo ajeno a las potestades de este Tribunal, cuya invalidez no ha sido declarada, resulta improcedente la cancelación de la credencial contra el señor Johnny Araya Monge, Alcalde Municipal de San José. Cabe resaltar que la licencia otorgada al señor Araya Monge se origina en un acuerdo del Concejo Municipal de San José, razón por la cual es la actuación del Concejo la que los recurrentes invocan. Por esta razón, también resulta innecesario ordenar la apertura de un procedimiento administrativo de cancelación de credenciales ante la Inspección Electoral de este Tribunal, dado que la licencia concedida cobija la inasistencia a labores del Alcalde Municipal.

En otras palabras, si bien el presupuesto de inasistencia a las labores por más de ocho días constituye uno de los motivos de cancelación de la credencial de un alcalde, es lo cierto que en la especie se ampara en una licencia otorgada por el Concejo Municipal y ese acto administrativo no ha sido declarado inválido; declaratoria eventual que, en todo caso, podría acarrear responsabilidad para quienes otorgaron el permiso pero no para quien lo solicitó, máxime si tomamos en cuenta que lo fue sin goce salarial.” (el resaltado no es del original).

(...)

Así las cosas, quienes se desempeñen como alcaldes, al tener tan solo prohibición relativa de intervenir en actividades políticas de los partidos políticos y no estar en la lista de funcionarios con incompatibilidad para aspirar a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, no tienen la obligación de renunciar a la alcaldía para postularse a dichos cargos.

Ante ello, resulta jurídicamente posible que un alcalde municipal se postule para Presidente de la República y continúe desempeñando el cargo municipal. Sin embargo, tendrá que abstenerse de participar en actividades o discusiones de carácter político-electoral cuando se encuentre en horas laborales o en el desempeño de su puesto, estándole vedado utilizar su cargo para beneficiar a la agrupación política de su simpatía o sus propias aspiraciones personales. Por tanto,

Se interpreta que los alcaldes municipales no están en la obligación de renunciar a su cargo para postularse como candidatos a la Presidencia de la República. Sin embargo, tendrán que abstenerse de participar en actividades o discusiones de carácter político-electoral cuando se encuentren en horas laborales o en el desempeño de su puesto, estándoles vedado valerse de su cargo para beneficiar a la agrupación política de su simpatía o sus propias aspiraciones personales".

En este orden de ideas, es dable pensar que, en virtud del principio de igualdad ante la ley, si el Alcalde no está obligado a renunciar a su puesto para postularse a Presidente de la República, entonces cualquier otro funcionario que decida ser candidato a Diputado, Regidor o Alcalde, tampoco debería estar obligado, excepto que específicamente así lo establezca una ley, como en los casos señalados en los que están debidamente establecidas las prohibiciones e incompatibilidades para la postulación. 

Ahora bien, ¿cuál es el problema?  El problema se da en dos dimensiones: la primera, si un funcionario público con su puesto en propiedad decide postularse a un cargo de elección popular, podría percibir su remuneración sin impedimentos -exponiéndose eso sí a la denuncia moral cuando sus contrincantes lo descubran-. Si gana, utilizó ese dinero para su campaña, teniendo una ventaja indebida frente a estos, si es que ellos no son también funcionarios públicos. Si pierde, regresa a su puesto, a seguir devengando un slaario. En cualquier caso, independientemente del resultado de la elección, ese candidato asumirá de forma privada todos los beneficios -exposición mediática, poder, un puesto y nuevos ingresos en caso de ganar- y socializará las pérdidas -si le alcanzan los votos a su partido para redimirlos en bonos de contribución estatal a las campañas-, pues todos los ciudadanos terminaremos pagando su aventura, sea con su salario o sea con la deuda política. 

La segunda es el posible conflicto de intereses que podría presentarse cuando un funcionario público pasa a ocupar un puesto, por ejemplo, de Diputado. Reiterados ejemplos existen en nuestra realidad política con empleados del ICE, CCSS o de las Universidades Estatales, apenas por citar algunas, que llegan a Cuesta de Mora y participan en el proceso decisional de proyectos de ley relacionados con las instituciones a las que pertenecen, generando beneficios para estas o, incluso, para ellos. Muchos tratan de calmar las suspicacias retirándose de la votación de las iniciativas, pero olvidan que, en virtud de su cargo, ejercen el papel de lobbystas, impulsando iniciativas, negociando e incluso amenazando a otros legisladores con bloquear proyectos de su interés si no apoyan la otra, haciendo de ese retiro un mero formalismo. 

Así, han logrado privilegios con fondos de pensiones, reconocimientos de derechos laborales, exoneraciones, tratamientos diferenciados para los funcionarios de su institución o bloqueando reformas necesarias que la burocracia interna rechaza, como en el caso de la apertura en el mercado de energía que cuenta con la oposición de Diputados que hace casi cuatro años, vestían la camiseta del ICE. Sin duda, ese puesto les da privilegios para legislar en beneficio propio, sin tener que enfrentar eventuales procesos judiciales pues no aparecieron el día de la votación y con eso salvan cualquier responsabilidad. 

En ASOJOD hemos manifestado nuestra fuerte oposición al financiamiento público de los partidos políticos y por supuesto al pago de salarios para los candidatos a ocupar cualquier puesto de elección popular. Y en esta ocasión, también hacemos público nuestro repudio a la posibilidad de que funcionarios públicos, sean de elección popular o con puestos en propiedad, puedan recibir su salario mientras se dedican a una campaña. Si alguien quiere ocupar un cargo, perfecto, que lo haga al amparo de los derechos constitucionales que le asisten. Pero que asuma el costo y el riesgo de hacerlo, que renuncie al puesto público que desempeña. No se vale que se valgan de los recursos de todos los tax payers para participar como candidtatos en una campaña electoral mientras reciben una remuneración pagada con nuestros recursos para, en caso de ganar, llegar a ocupar un nuevo puesto mientras deja "congelado" el propio y desde el cual puede operar en su propio favor para, terminado el mandato, regresar a disfrutar los privilegios que se granjeó.

Tema polémico: Diputados ¿secretos?

En días recientes, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) anunció que, para las próximas elecciones de 2014, tomó la decisión de suprimir los nombres de los candidatos a Diputados en las papeletas, con la excusa de simplificar el proceso, reducir las complicaciones de acarreo de material y ahorrar papel. Definitivamente, una torpe forma de entender el "voto secreto".

Nuestro sistema electoral es perverso, en el sentido que los partidos ofrecen al electorado listas cerradas y bloqueadas (cerradas porque no puede incorporarse a nadie más y bloqueadas porque no puede cambiarse el orden de los postulantes), que impiden que los ciudadanos tengan una relación cercana con las personas que los van a representar en el Congreso y no les permite expresar más que una preferencia por la bandera de la agrupación política escogida, sin poder alterar el orden establecido en la papeleta. 

Ahora, con la decisión del TSE, esto empeorará, pues ya ni siquiera tendrán a disposición el nombre de cada uno de los candidatos diputadiles por partido (en la práctica, ¿quién recordará las decenas de nombres y el partido en el que está cada uno a la hora de entrar al recinto electoral?).

En ASOJOD hemos sostenido, desde nuestros inicios, que la elección de representantes ciudadanos debe hacerse de la forma más directa posible, facilitando la identificación, cercanía y validación del votante y el candidato, a fin de fortalecer el lazo de legitimidad, por lo que esta ocurrencia del TSE no puede ser más que repudiada por ser la manifestación de la despersonalización del voto. 

¿Cómo queremos avanzar en términos de legitimidad de nuestro sistema político si los ciudadanos en verdad no tienen acceso a sus representantes, si estos representantes, en muchos casos, se dedican más a defender los intereses de grupos de presión organizados (Cámaras, Sindicatos, ONG's, Universidades, etc.) en lugar de los de los ciudadanos comunes y corrientes, si no existe forma de revocar el mandato de los Diputados cuando su actuación sea negativa para los electores y, ahora, si ni siquiera van a conocer los nombres por los que votan?

En lugar de avanzar en temas como la apertura y desbloqueo de listas para que los electores puedan incorporar los nombres y el orden de aquellos a los que desean dar un mandato para que los representen, la habilitación de candidaturas independientes de los partidos políticos, la regulación del instituto de revocatoria de mandato para hacerlo efectivo y la ampliación de la democracia directa, el TSE, supuesto pilar de la democracia, da un gigante paso atrás a favor de las cúpulas de poder dentro de los partidos para que sigan poniendo y quitando a su antojo a candidatos según les convenga. 

¡Qué mal ejemplo dará al mundo una democracia que ya casi cumple doscientos años! Parece que la edad no le ha servido para madurar.

Tema polémico: el voto en el extranjero

Recientemente, se indicó en una noticia que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) está habilitando la posibilidad de votar en el extranjero, para los costarricenses residentes en otros países. El plan preveé facultar a unos 12.000 ciudadanos a elegir únicamente al Presidente de la República y se planteará como una forma de reducir el abstencionismo y profundizar la democracia electoral ampliando el derecho a otros compatriotas que, hasta la fecha, tenían reducidas oportunidades de ejercer su voto.

Hasta ahí, todo suena muy bien. El problema que encontramos en ASOJOD es operativo y, contrario a lo que pudiera pensarse, no es de poca monta. Según las propias declaraciones de funcionarios del TSE, los partidos podrán buscar personas que, en las embajadas y consulados costarricenses, deseen trabajar como miembros de mesa; de lo contrario, lo hará el personal de esos centros diplomáticos. 

Es claro que los partidos tienen muchos problemas para encontrar gente que desee trabajar en las mesas electorales. Y si ya ese es un trabajo arduo y pesado en nuestro país (no en vano tiene el TSE que convocarlos y pagarles), podemos imaginar que será todavía más complicado tener representantes en todos los consulados y embajadas. Eso nos deja con que la mayoría de las mismas estará cubierta por personal de dichos lugares. 

El problema de fondo es ¿quién nombra a ese personal? ¿A quién responden? Unos cuantos, la minoría según ha denunciado la propia Asociación de Trabajadores del Servicio Exterior, pertenecen a carrera diplomática y tienen un puesto en propiedad. Otros, los muchos, son puestos de confianza que responden al Gobierno de turno. Por supuesto que habrá excepciones, pero serán pocas. Podría pensarse que los embajadores, designados políticamente por el Poder Ejecutivo, tendrían todos los incentivos para devolver el favor de su nombramiento, máxime si quieren permanecer 4 años más en el cargo. 

¿Quién podrá controlar y garantizar que, efectivamente, el proceso electoral en embajadas y consulados se llevará de manera transparente y limpia? Nadie. Dependerá de la buena voluntad y la conciencia de sus funcionarios. No queremos acusarlos desde ya, pero sí señalar que hay un elemento de vulnerabilidad del proceso electoral que podría generar resultados muy diferentes a la expresión de los electores y eso no ayuda en nada a un sistema político que hace aguas en términos de credibilidad y legitimidad.

Habrá que vivir la experiencia para saber cómo nos va con la implementación del voto en el exterior. Otros países lo han hecho relativamente bien y eso podría calmar un poco las preocupaciones. No obstante, Costa Rica es famoso por hacer mal todo lo que en otras latitudes hacen bien. Ya veremos si el tiempo nos da la razón o, para nuestra sorpresa gratificante, todo sale en orden. 

Tema polémico: el informe de los "notables"

Hace unos meses, la Presidente Laura Chinchilla encargó a un grupo de "notables" decirle lo que debía hacer para que la ciudadanía creyera que ella gobierna este país. En los últimos días, los imparciales eruditos (jamás se les ha conocido color partidario alguno) emitieron su informe con casi 100 recomendaciones para "mejorar la gobernabilidad democrática en Costa Rica".

Luego de una atenta lectura, en ASOJOD queremos referirnos a las principales recomendaciones hechas por este órgano asesor de la Presidente, que más parece un Consejo de Gobierno con "ministros" ad hoc que hacen lo que los nombrados para tal efecto (y que descuentan salarios pagados con fondos públicos) parecieran no poder hacer. Aunque la verdad, estos personajes de reconocida trayectoria profesional habían levantado altas expectativas entre la prensa y un sector de la población que todavía sigue creyendo, ilusa y torpemente, que el Gobierno puede solucionar problemas, lo cierto del caso es que su galimatías deja mucho que desear para aquellos que pensamos que los problemas políticos, jurídicos, sociales y económicos deben ser abordados de forma seria. 

El primer problema que encontramos en el mencionado documento es la visión de la que parten los autores. Paradógicamente, el propio informe indica algo que Constantino Urcuyo -uno de sus autores- explicó brillantemente en su libro "Reformas políticas y gobernabilidad": la gobernabilidad democrática está en directa relación con el concepto de legitimidad democrática. La legitimidad puede definirse como el reconocimiento del derecho a gobernar de los gobernantes por parte de los gobernados, que viene dado en dos vertientes: la legitimidad de origen, dada normalmente por la aceptación inicial -sea por consentimiento en el caso de monarquías y dictaduras o por elecciones libres y transparentes en el caso de democracias- que los ciudadanos dan a los poderes públicos y la legitimidad en ejercicio, que no es otra cosa que la adecuación de las actuaciones de dichos poderes a los valores, expectativas, intereses, deseos y necesidades de los ciudadanos. Bajo esa tesitura, se entiende que la gobernabilidad, o sea, la capacidad de los poderes para exigir obediencia y gobernar, depende de que sean considerados como legítimos por todos los actores políticos de la sociedad.

No obstante lo anterior, nada de esto permea las propuestas hechas por los "notables", pues la gran mayoría parte de la errónea creencia de que gobernabilidad es la capacidad del Poder Ejecutivo -no ya de todos los poderes públicos- para hacer lo que sus jerarcas -no la totalidad de actores políticos- esperen, deseen o les interese. En resumidas cuentas, las recomendaciones para generar más "gobernabilidad" que dan los "notables" pretenden allanar el camino para que el Ejecutivo no encuentre obstáculos a sus ocurrencias y caprichos. El informe contiene una visión del Poder Ejecutivo como víctima de la Asamblea Legislativa y la Sala Constitucional, los cuales le impiden llevar a cabo las "maravillosas" propuestas del Plan Nacional de Desarrollo de turno, tan solo porque no se acomodan a los caprichos de Casa Presidencial. Las recomendaciones se resumen en más poder para el Ejecutivo mediante la eliminación de cualquier forma de oposición política-institucional, cualquier control a priori y a posteriori, cualquier necesidad de diálogo, negociación y convencimiento, cualquier mecanismo que pueda retrasar, aunque sea un ápice, la imposición de las ocurrencias políticas venidas desde Zapote.

Por supuesto que no vamos a abordar las casi 100 recomendaciones dadas por los caballeros de oxidada armadura, pero sí vamos a referirnos a algunas que nos resultaron interesantes, tanto para bien como para mal. Para quienes deseen ver el documento completo, pueden encontrarlo en este enlace y sacar sus propias conclusiones. Por nuestra parte, abordaremos las siguientes:

Lo malo: eliminación de toda forma de control político.

Las recomendaciones Nº 1, Nº 3, Nº 7 y Nº8 reflejan tímidamente la adopción de un sistema parlamentario. A pesar que en ASOJOD estamos de acuerdo con evolucionar hacia el parlamentarismo (por razones que explicaremos en un artículo futuro), la forma en que se plantean en el informe de los notables es nefasta. Proponen que el Ministro de la Presidencia pase a ser una especie de Primer Ministro (sin las competencias que ese cargo implicaría) al ser nombrado por el mandatario y ratificado por el Congreso y se establece tanto la obligatoriedad de aquel de comparecer regularmente ante los Diputados sobre el rumbo del gobierno como la posibilidad de que el Parlamento lo destituya mediante un voto de censura. No obstante, como "contrapeso", los "notables" aconsejan dotar al Presidente del poder de disolver el Parlamento y convocar a elecciones anticipadas "cuando considere que la labor legislativa es ineficaz o entorpece la marcha del país". Nótese que esto implica dos serios problemas: por un lado, el requisito para disolver el Congreso es que el Presidente considere que no funcione bien o que entorpezca el rumbo del país, lo cual se traduce al simple y subjetivo capricho. Cuando al Presidente se le antoje, cuando la oposición le impida hacer su ocurrencia de turno, cuando le atrase la imposición de políticas (tan nefastas como el aumento de impuestos por ejemplo), puede sacarlos y convocar a otra elección. Por si fuera poco, tal prerrogativa ni siquiera viene con su contrapartida lógica -que sería la que dota el equilibrio de poderes-: la posibilidad de que el Parlamento destituya al Presidente (o Jefe de Gobierno). Mucho menos incorpora la propuesta de los "notables" (a excepción de una minúscula sugerencia hecha por Manrique Jiménez y Rodolfo Piza) el derecho ciudadano a revocar el mandato tanto a Presidentes como legisladores (y jueces constitucionales) por los que hemos abogado en ASOJOD.

Nótese que este gallo-gallina no es ni Parlamentarismo verdadero ni una reforma seria; no es otra cosa que una petición de otorgar poder absoluto al Ejecutivo para que, de forma arbitraria y antojadiza, disuelva la Asamblea Legislativa cuando ésta se erija como un bastión de control y oposición para impedirle convertir en políticas públicas los desvaríos que le surjan. Algo como esto se configura en el mecanismo perfecto para instaurar la dictadura en democracia, donde todo aquel que se interponga en el camino de Casa Presidencial será acallado y separado para allanar el camino, negando no sólo la representación sino todo derecho de los ciudadanos para que de forma directa (al no existir revocatoria) o indirecta (mediante sus representantes políticos) controlen el poder político del Ejecutivo.



Por su parte, las recomendaciones Nº 16, Nº 18, Nº 19, Nº 20, Nº 21, Nº 22 y Nº 40 del Informe,son otras manifestaciones más que van en la dirección del establecimiento de la dictadura en democracia. Proponen cercenar todos los mecanismos que el Reglamento Legislativo da a los Diputados para oponerse a los proyectos en discusión, por cuando se reducirían usos de la palabra, quórum, presentación de mociones y se eliminaría la posibilidad de presentar consultas facultativas de constitucionalidad. En otras palabras, simplemente se desarma a la oposición (tanto política como temática) para hacer que las iniciativas del Ejecutivo sean aprobadas sin discusión, sin negociación, sin análisis, sin reflexión, sin escuchar otras posiciones. Se consolidaría con esto lo que ha sido la tónica de lo que hemos experimentado en los últimos años: la tiránica imposición de una mayoría numérica que, a golpe de tambor, con vías rápidas y procedimientos especiales, usan su fuerza matemática para crear leyes que no gozan de legitimidad, que no se adecuán a los valores e intereses de los ciudadanos y que causan grandes perjuicios individuales. Asistimos con esto a la institucionalización de la arrogancia política, de la falta de vocación de diálogo y apertura a la negociación, a la materialización de la dictadura del partido que esté en el Ejecutivo, sin controloes, sin rendición de cuentas, sin obligaciones, sin respeto por los derechos de las minorías, aplastando a cualquiera que ose atravesarse en su camino. Es la petición dura y pura de poderes plenos, irrestrictos e incontrolables para obligar a todos a plegarse al antojo político, la petición dura y pura de poder absoluto, la suplantación de la palabra por la espada, de la razón por la fuerza bruta de los brutos con fuerza. ¿Cómo no va a resolver esto el problema de ingobernabilidad para aquellos que entienden por gobernabilidad que el Ejecutivo pueda hacer todo aquello que desee? Como bien decía Acton, "con poder absoluto, hasta para el burro es fácil gobernar". ¿Así quién no?

Y para colmo de males, si eliminar los controles políticos al Ejecutivo no fuera suficiente, las recomendaciones Nº 37, Nº 49, Nº 50 y Nº 52 pretenden prescindir todos los controles administrativos, técnicos y jurídicos, al quitarle la vinculatoriedad a los dictámenes de la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la República. al eliminar los controles a priori (entre ellos el refrendo de las contrataciones públicas que define la Ley) y la suspensión de la ejecución de los actos administrativos cuando se encuentren impugnados ante la Sala Constitucional. Con esto se terminaría de allanar el camino, de deshacerse de todos aquellos "estorbos" que impidan al Ejecutivo imponer sus ocurrencias. Es la guinda en el pastel para que el festín de fondos públicos, el festín de la corrupción y el despilfarro de recursos, el enriquecimiento ilícito y la ineficiencia se desarrollen sin ningún obstáculo.

En su momento, señaló Francisco Antonio Pacheco, uno de los "notables", que "este informe no está hecho para personas nerviosas. No obstante, luego de revisarlo, en ASOJOD -que no está conformada por personas nerviosas- se nos ponen de punta los pelos por la exhortación generalizada que hacen para que se consolide una tiranía de las mayorías con más poder para los políticos irresponsables, destructores de la economía, de la propiedad y la libertad. 


Lo bueno: muy poco.

En ASOJOD debemos reconocer que si bien la gran mayoría del informe de los "notables" contiene propuestas nefastas, hay algunas que vemos con buenos ojos, aunque dudamos acerca de su implementación y sospechamos -con sobradas razones- que son para congraciarse con la ciudadanía pero que nunca serán aplicadas por este Gobierno.

Sobre la Sala Constitucional y el Poder Judicial, nos gusta la recomendación Nº 41, que sugiere que la Sala, "al conocer y resolver los procesos relativos al desarrollo de derechos “prestacionales”, tome en cuenta las capacidades y condiciones objetivas del Estado en general y de las administraciones públicas en particular, para hacerlos efectivos". Nos preocupa sobremanera el impacto en el gasto público que tienen muchas resoluciones del Alto Tribunal, toda vez que ese dinero no sale de otro lugar que del bolsillo de los ciudadanos. Cada vez que la Sala avala convenciones colectivas, pagos de prestaciones, entrega de medicamentos, becas o bonos de vivienda, los tax payers tenemos que ver cómo se nos despoja de nuestro dinero con más impuestos para pagar.

Otras buenas recomendaciones son las Nº 83, Nº 84, Nº 85, Nº 87 y Nº 88 que van dirigidas a exigir a la Administración Pública que se ponga en cintura en materia de tramitomanía, de forma tal que cada nuevo trámite que se cree deba estar justificado en una ley o decreto y valorar su costo beneficio, impidiendo que puedan salir de la ocurrente y caprichosa mente de los burócratas. También se sugiere limitar la cantidad de trámites y documentos que se le pueda solicitar al administrado, así como se exige que las instituciones facilitarse entre sí los documentos para evitar requerírselos al ciudadano.

Nos gustan también las recomendaciones Nº 61 que pretende eliminar las Juntas Directivas de las instituciones autónomas y Nº 65 para reestructurar RECOPE y el MOPT, por cuanto se habla, por primera vez desde el Gobierno, de cerrar instituciones para recortar el gasto público. Asimismo, nos agrada la recomendaciones Nº 72 y Nº 75 para reformar el régimen de empleo público, eliminando pluses salariales y privilegios odiosos como los de las Convenciones Colectivas que disparan el gasto y le cuestan muchísimos millones de colones a los tax payers. Celebramos la recomendación que, a título individual (lamentamos que no existiera consenso en ella) realizaran Piza y Jiménez para establecer un límite constitucional al gasto público, propuesta que ya fue planteada por la Diputada libertaria Marielos Alfaro y que se tramita en el Congreso bajo el expediente legislativo Nº 18.867.

El balance.

No obstante todo lo anterior, aunque nos gusten esas propuestas, tememos que hayan sido plasmadas en el documento de los "notables" con el único objetivo de congrasiarse con la ciudadanía y engatusarla para que no vea las nefastas recomendaciones que hemos señalado con anterioridad. ¿Por qué lo decimos? Porque mucho de eso ya se puede hacer según el ordenamiento jurídico. Expertos como Johnny Meoño han venido señalando, desde mucho tiempo atrás, que el Ejecutivo puede hacer muchísimo con la Ley de la Administración Pública para ejercer dirección sobre las instituciones autónomas y ceñir sus procedimientos al marco legal vigente. La Ley Nº 8220 y sus reformas ya ofrecen los mecanismos para reducir la tramitomanía que martiriza a los ciudadanos y la Ley Nº 8131 ya establece límites al endeudamiento y gasto público. Por su parte, el cierre de instituciones, muy necesario y por el que los liberales venimos abogando desde hace mucho, nunca ha querido ser abordado por los gobiernos de turno, por falta de voluntad política y por cálculos electorales, pateando la bola una y otra vez con reformas y reestructuraciones cosméticas (siendo el CNP, IDA y Correos de Costa Rica los mejores ejemplos) para reinventarlas y asignarles nuevas tareas, sin aceptar que ya no sirven para nada. Tampoco se le ha querido entrar al empleo público y sus excesivos privilegios (especialmente los contenidos en las convenciones colectivas) por temor a los sindicatos y a sus huelgas que, más que paralizar al país, le restarían votos al partido de Gobierno en las elecciones siguientes.

En síntesis, no creemos que todas esas buenas propuestas vayan a pasar del papel, pues así lo ha demostrado la falta de voluntad, interés y responsabilidad de los gobernantes anteriores y la Administración Chinchilla Miranda no ha sido la excepción. Por ello, aún cuando nos gustan, no tiramos las campanas al viento en el marco del informe de los "notables" y, más bien, lamentamos que cosas tan obvias -pero necesarias- no se hayan implementado antes.

Por ello, ante nuestra desconfianza, consideramos que su presencia en este documento no lo hace menos malo de lo que ya lo consideramos. Por eso queremos cerrar con algunas reflexiones que ilustren con claridad meridiana, el entorno político en el que ese trabajo fue desarrollado:

Ante la inacción del Gobierno, su torpeza e incapacidad, su falta de visión y capacidad de diálogo ¿por qué un grupo de "notables" (concepto por demás cuestionable) vienen a dar recomendaciones de lo que puede hacer y no ha hecho ya? ¿Por qué, a estas alturas de la Administración, aparece una especie de "Plan de Gobierno" que marca el rumbo del Gobierno si, hace tres años, Laura Chinchilla se presentó ante el electorado diciendo que ella era la mejor opción?

¿No es la propia inacción, ineficiencia y torpeza del Ejecutivo la que minan la legitimidad de su trabajo y, por ende, carcome la gobernabilidad? ¿No es el autismo político del gobierno que no atiende los canales de comunicación que se le han abierto desde la oposición y desde la ciudadanía? ¿Cómo pretende mantener la gobernabilidad del sistema un gobierno incapaz de escuchar, de reflexionar, de negociar y de entender la dinámica política de una democracia pluralista? ¿Qué legitimidad espera? ¿Qué aceptación del mandato pretende obtener si desarrolla su accionar a golpe de tambor, a imposición de la fuerza numérica, con una mayoría relativa en el Parlamento que no respeta los acuerdos, que pisotea a quienes se le oponen y que busca tapar, a toda costa, los desaciertos en lugar de hacer un análisis introspectivo para mejorar?

Así es muy difícil. Sin vocación de gobernar respetando los derechos de las minorías, sin respetar a los ciudadanos, sin respetar el ordenamiento jurídico, ni un millón de notables podrán marcarle el rumbo a doña Laura.

Tema polémico: el indulto

En los últimos días, el tema del indulto que el Poder Ejecutivo dio, aparentemente a petición y/o por gestión del Diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Manrique Oviedo, ha despertado muchísimos comentarios. Nuevamente surge la discusión acerca de la intromisión de poderes al hablarse de un presunto favor político para que el finquero, condenado a 20 años de prisión por intento de homicidio, recibiera el perdón e, incluso, se ha llegado a plantear la posible salida del legislador en caso de que se compruebe que actuó indebidamente, o al menos, esa es la versión que han dado algunos miembros de su partido.

Fuera del caso particular al que nos enfrentamos, que puede tener sus aristas interesantes, solo nos provoca mencionar, para efectos de la polémica, que la supuesta gestión del Diputado se dio en el contexto de la alianza entre el PAC y el Gobierno para aplicarnos un paquetazo de impuestos (tiempo en el cual Oviedo era Jefe de Fracción del PAC y principal defensor del aumento fiscal en la Asamblea Legislativa). Aparte de ese detalle -que por sí solo genera mucho más de qué hablar- en ASOJOD queremos concentrarnos en el tema de fondo: la naturaleza del indulto. 

Este instrumento se encuentra consagrado en nuestro ordenamiento jurídico, particularmente en el inciso 2) del artículo 147 de la Carta Magna, que dispone que corresponde al Consejo de Gobierno, bajo la dirección del Presidente de la República “ejercer el derecho de gracia en la forma que indique la ley". La remisión que hace el constituyente al legislador ordinario, al disponer “…en la forma que indique la ley”, se desarrolla en el artículo 90 del Código Penal, que señala que el "indulto aplicado a los delitos comunes, implica el perdón total o parcial de la pena impuesta por sentencia ejecutoria, o bien su conmutación por otra más beneficiosa y no comprende las penas accesorias”.

No obstante, para nosotros, esta figura tiene sus problemas. Empezando por el más evidente, al permitirse que una  sentencia debidamente emitida por los Tribunales de Justicia, sea modificada, reducida o suprimida por el Poder Ejecutivo, se roza con el absolutismo monárquico de siglos atrás, donde el Jefe de Estado, el monarca, otorgaba el perdón como una concesión graciosa y una muestra soberbia de su poder absoluto. Más que un acto de perdón, los indultos se han convertido en una suerte de espectáculo público, donde quien ocupe la Silla Presidencial otorga su perdón cuasi divino frente a los medios de comunicación, a cambio de lágrimas y agradecimientos que rememoran el rito medieval del beso al anillo del monarca y que en nada contribuyen ni al respeto de los derechos de las víctimas ni a la consolidación de un sistema democrático en la cultura política de los costarriceses. Y por supuesto que, en tiempos modernos, este acto tiene una connotación político-electoral de gran peso: es un mensaje claro para los beneficiados y sus familias, por lo que no es de extrañar que se construyan agradecimientos perennes que, en los próximos comicios, se convertirán en votos para el partido del mandatario que firma el perdón.

En el mismo orden de ideas, el indulto implica otra gran afectación. Efectivamente es una forma de intromisión del Poder Ejecutivo en las decisiones del Poder Judicial. A ver: si los tribunales siguen el debido proceso, investigan la aparente comisión de un delito y encuentran responsables que son condenados, ¿por qué razón el Consejo de Gobierno, sin conocimiento a detalle del caso y de su impacto -especialmente para las víctimas y sus familias- decide suspender esa pena y otorgarle el perdón al condenado? ¿No debería corresponderle esa competencia al Poder Judicial, apoyado por el criterio técnico del Instituto Nacional de Criminología?

Nos parece que  es muy peligroso que la posibilidad del perdón por un delito quede en manos de un Consejo de Gobierno que tiene todos los incentivos para utilizarlo con objetivos políticos, sea para ganar votos en el futuro o para demostrar, con arrogancia, su poder.

Tema Polémico: Querido Santa

10 de diciembre del 2012

Santa Claus

El Polo Norte

Querido Santa,

Se acerca la navidad y queremos aprovechar para hacerte algunas peticiones. Tal vez nos puedas ayudar pues sentimos que aquí en Costa Rica la situación en vez de mejorar está cada vez peor. La lucha por la libertad es cada día más difícil. Los que abogamos por una sociedad más libre y próspera somos cada vez menos e inclusive ha costado que en ocasiones nosotros mismos nos podamos poner de acuerdo. Es por esto que hemos decidido este año solicitar tu ayuda. Mucho nos gustaría que nos pudieras ayudar con lo siguiente:

• Una reforma fiscal que implemente disminuciones significativas en los impuestos hasta llegar a contar con tasas impositivas bajas y fáciles de cumplir.
• Una reforma laboral que elimine la regulación del Estado sobre los contratos de trabajo en los individuos y las empresas.
• El cese inmediato de financiamiento de gastos corrientes del Estado por medio de deuda.
• Un mercado sin monopolios impuestos por el Estado.
• Una eliminación de requisitos y regulaciones sobre la apertura y desarrollo de los negocios.
• Una disminución de la regulación sobre el sector bancario.
• Una eliminación total de las regulaciones en precios y cantidad de oferentes de productos y servicios.
• Una apertura del mercado de combustible seguido del cierre de RECOPE
• El cierre de muchas instituciones públicas que no aportan nada
• La implementación del sistema de voucher educativo y la salida del Estado de la administración de las instituciones educativas.
• Un sistema de salud no estatizado, donde exista libertad de escogencia y la gente solo pague por lo que usa
• Un cobro de marchamo acorde con la realidad de nuestras calles
• El fin de la guerra contra las drogas y de la legislación intervencionista que esta provoca
• Infraestructura vial de calidad, o al menos, decente
• Que el Estado deje de regular el amor, y que todos los matrimonios (incluidos los heterosexuales) sean dejados a la libre voluntad de los contrayentes.
• Que se les permita a las personas morir dignamente.
• Una República como forma de gobierno donde el Estado de Derecho predomine sobre los antojos de las mayorías.
• Un sistema judicial que persiga y gasto guíe a los delincuentes 
• Una prensa que deje de pedir leyes como si el Congreso fuera una fábrica de confites
• Un sistema educativo no masificado, donde exista libertad de escogencia y valoración de las características individuales
• Un Estado que deje de perseguir a quienes desarrollan actividades económicas
• Un gobierno que respete los derechos y libertades individuales. 
• Un cambio en la forma de elección de nuestros presidentes,  diputados y magistrados hacia una más abierta y democrática en la que los gobernantes tengan la obligación de rendir cuentas constantemente.
• La existencia de mecanismos para revocar el mandato a presidentes, diputados y magistrados

En términos generales mucho de lo que te hemos pedido se puede resumir en la siguiente:

Que en nuestra sociedad predominen los valores de respeto a la vida, la libertad y la propiedad y contemos con un Estado pequeño cuya función se limite a garantizar el respeto de esos tres derechos fundamentales

Se despiden,

Miembros de ASOJOD

Tema polémico: consideraciones acerca de la no reelección del Magistrado Cruz

Mucho se ha hablado sobre el acontecimiento político de los últimos días: la decisión de 38 Diputados de no mantener en su cargo al Magistrado Fernando Cruz. Algunos han argumentado que se debió al cobro de “facturas políticas”, especialmente por el voto negativo que este dio a temas como TLC con Estados Unidos y el proyecto minero de Crucitas. Esos mismos han alegado que tal hecho significa la “politización de la Corte”, el castigo a un juez independiente, la amenaza a quienes no vendan su voluntad y voto, la imposición del capricho político de ciertos líderes de partidos para que las cosas se hagan como desean, el fin de la independencia de poderes, la dictadura en democracia. 

En ASOJOD pensamos que muchas de estas afirmaciones son erróneas y contradictorias. Para aclarar nuestra posición, queremos abordar primero los elementos procedimentales y formales que cobijan la actuación del Plenario y, posteriormente, hacer reflexiones de fondo sobre lo sucedido. 

En ese orden de ideas, vale la pena iniciar dejando claro que lo que hizo la Asamblea Legislativa se enmarca dentro de sus competencias, según lo dispone el artículo 158 de la Constitución Política, toda vez que 2/3 partes del total de sus miembros, es decir, 38 legisladores, acordaron no reelegir al Magistrado Cruz. La discusión procedimental acerca de esta decisión, se reduce a la determinación de un evento: el plazo en que se actuó. Tal como lo indica el artículo 163 constitucional, “la elección y reposición de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se harán dentro de los treinta días naturales posteriores al vencimiento del período respectivo o de la fecha en que se comunique que ha ocurrido una vacante”. 

El punto medular de la cuestión es, entonces, ¿cuándo venció el plazo de los treinta días naturales? Siendo que Fernando Cruz fue electo Magistrado el 14 de octubre de 2004, según consta en el Acta Nº 87 del Plenario Legislativo. No obstante, fue juramentado, y por tanto tomó posesión de su cargo con plena efectividad jurídica, el 19 de octubre de 2004, tal como lo indica el acta Nº 88 del Plenario Legislativo. Siendo así, si se parte de que periodo de nombramiento transcurre del 14 de octubre de 2004 hasta el 14 de octubre de 2012, los 30 días naturales correrían a partir del día siguiente del vencimiento, es decir, desde el 15 de octubre de este año, agotándose el 13 de noviembre. Por el contrario, si se asume que el periodo del nombramiento empieza a correr desde el 19 de octubre de 2004, cuando es juramentado y puede comenzar a fungir como Magistrado, y vence el 19 de octubre de 2012, entonces los 30 días naturales comenzarían a correr desde el 20 de octubre de los corrientes, finalizando el domingo 18 de noviembre. En la primera tesis, la votación realizada por el Plenario el jueves 15 de noviembre fue extemporánea y, por tanto, no tendría validez. En la segunda, lo actuado por el Plenario fue correcto y se apega a derecho.Sobre este tema es que tendrá que resolver la Sala Constitucional, aunque desde ya externamos nuestra preocupación de que, en este caso, ella sea juez y parte.

En ASOJOD nos plegamos a la segunda tesis, es decir, que el nombramiento de un Magistrado comienza a correr desde que asume posesión de su cargo y sus actos tienen efectos jurídicos. La juramentación no es un acto meramente formal, pues no es hasta que se dé que un Magistrado puede tomar asiento en la Sala a la cual fue designado, emitir su voto y firmar resoluciones. Lo acontecido el 14 de octubre de 2004 fue el acto electivo previo, que designa al candidato como Magistrado.Asumir que los plazos corren desde el momento en que se le designa es tan absurdo como pensar que los 4 años del mandato presidencial corren a partir del momento en que el Tribunal Supremo de Elecciones declara al ganador de los comicios. En términos más sencillos, sería pretender que el periodo de doña Laura Chichilla comenzara el 7 de febrero de 2010 y venciera el 7 de febrero de 2014. Y no vemos a nadie espoleando esa tesis. Por el contrario, lo que es ampliamente aceptado es que asume el 8 de mayo de 2010, día a partir del cual sus actos tienen efectividad jurídica, y vence el 8 de mayo de 2014, cuando entregue la banda presidencial a quien resulte ganador de las próximas elecciones. 

Todo esto quiere decir que, desde el punto de vista del procedimiento legislativo, lo actuado fue apegado al derecho. Ahora bien, hay otro punto sobre este mismo tema que hay que valorar: la resolución que emitió el Presidente de la Asamblea Legislativa, Víctor Emilio Granados. En ella, declaró la nulidad absoluta de la votación, por ser extemporánea y reafirmar que el Magistrado Cruz seguiría en su cargo. En primer lugar, el Diputado Granados no tiene competencia para anular una votación del Plenario Legislativo, tal como se colige de la lectura del artículo 27 del Reglamento de la Asamblea Legislativa (competencias del Presidente de la Asamblea). Asumir que un legislador, ocupando el puesto de Presidente del Congreso, puede anular lo decidido por el Plenario no solo contraviene el principio de igualdad de los diputados (entre los cuales el Presidente es prima inter paris), sino que hace peligrar la democracia, concentrando muchísimo poder en unas solas manos. En segunda instancia, el Diputado Granados tampoco podía emitir una resolución sobre este tema, toda vez que la Sala Constitucional acogió, para su estudio, un recurso planteado por otros legisladores y, por lo tanto, se suspende la decisión final sobre los actos en cuestionamiento. 

Pero aparte de las consideraciones procedimentales, el análisis de fondo se torna necesario. Y en ese sentido, lo primero que hay que decir es que la función de la Corte Suprema de Justicia, como Poder dentro del Estado costarricense, es eminentemente política, aunque lo haga a través del Derecho. Dentro del diseño republicano, los poderes tienen la tarea política de servir como contrapesos, como frenos, como controles entre sí, especialmente la Sala Constitucional, cuya labor es interpretar la Constitución Política y dirimir los conflictos entre ciudadanos, entre ciudadanos y Estado y entre los Poderes del Estado.

Por si fuera poco, la composición de las altas esferas de poder dentro del Poder Judicial es, eminentemente, política: su nombramiento es político –no técnico como algunos quieren hacer ver, a pesar de que se exijan algunos requisitos formales–. Sobre este punto, nos llama poderosamente la atención que quienes alegan que la decisión de no reelegir a un Magistrado por sus posiciones políticas (implementadas a través de lo jurídico) es una intromisión en el Poder Judicial, una afrenta a su independencia, una “politización de la justicia”, no sostengan el mismo criterio acerca del mecanismo por el cual son escogidos los Magistrados. ¿Por qué no es daño a la separación e independencia de Poderes que los Diputados designen a los Magistrados, pero sí lo es que aquellos quiten a estos? ¿Por qué los miembros del Poder Judicial que realizaron vigilias y marchas la semana anterior no exigen que se modifique la forma en que se escogen Magistrados? ¿Por qué no critican a la Corte Suprema de Justicia por exigir a doña Laura y a los Diputados restituir a un Magistrado? ¿Por qué no es intromisión de Poderes cuando la Sala IV le ordena a la Asamblea proceder de determinada manera? ¿Por qué no cuestionan los nexos, intereses y torceduras de brazos que se puedan dar para poner en sus sillas a los Magistrados? ¿Por qué no han cuestionado, con la misma vehemencia, la designación del Fiscal General, habiendo sido viceministro de Seguridad de la Administración Chinchilla Miranda y a quien algunos partidos políticos han cuestionado con severidad por el trato diferenciado en las investigaciones contra dichas organizaciones por presuntos delitos cometidos en campaña? 

Hay que tener claro algo: el criterio de elección de los Magistrados, por más que duela, no es otro que el criterio político, ya que unos presentan su currículum, se someten al escrutinio de la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, son evaluados y, una vez en Plenario, como ha ocurrido en muchas ocasiones, salen nuevos nombres que no pasaron por ese filtro y terminan siendo Magistrados. Eso significa que si, de verdad, estamos comprometidos con la independencia de los jueces y la separación de poderes, deberíamos exigir, como ciudadanos, que su designación recaiga en elecciones populares, donde cada uno de nosotros pueda escoger entre los distintos candidatos que se presentan, tal como lo hemos expuesto en ASOJOD.El criterio seguirá siendo político, pero es preferible que sea la visión política del ciudadano la que determine la escogencia y no la de los líderes de partidos políticos, que imponen su línea a las fracciones legislativas y sobre lo cual, ni siquiera tenemos información o conocimiento.

Otra consideración importante es que, también como lo hemos dicho, nos preocupa que los Magistrados –especialmente los de la Sala Constitucional– no sean políticamente responsables ante nadie por sus decisiones. No existe forma alguna de que los ciudadanos le pasemos la factura política a los Magistrados por sus votos, por sus pensamientos y por los daños que sus interpretaciones generan, a nuestro parecer, a la libertad y derechos individuales. Lo que sostenemos es que no sólo debe variar la forma en que ellos son elegidos, dando paso a la votación popular para colocarlos en sus puestos, sino también la contrapartida lógica de ese poder: la revocatoria de su mandato, es decir, la existencia de mecanismos para que los mismos ciudadanos que les damos poder, se lo quitemos cuando lo consideremos pertinente. 

Pero, al igual que en el caso del Presidente y los Diputados, los ciudadanos no gozamos de ese derecho fundamental de quitar a un mal gobernante, de forma pacífica, sin tener que esperarnos a la finalización de su mandato. Y dado que tampoco existe, dentro del ordenamiento jurídico actual, mecanismo real alguno (aunque si formal pero de muy difícil aplicación) para remover a un Magistrado de su puesto, la única esperanza que tenemos es esperar a que venza su mandato. No obstante, siendo que solamente los Diputados pueden tomar la decisión de reelegir o no a un Magistrado (ni siquiera de quitarlo de su puesto antes de que finalice el periodo por el que fue nombrado), nos parece que, a más no haber, nuestros representantes políticos (o aquellos por los que votamos a la espera de que nos representaran y defendieran nuestros valores, intereses y expectativas) puedan pasarle, en nuestro nombre, la factura por sus decisiones. En el caso de don Fernando en específico, pero en el de la mayoría de los Magistrados de la Sala Constitucional en general, creemos que con sus decisiones han afectado seriamente la libertad y los derechos individuales. Votos como el emitido contra el TLC, contra la libertad de empresa y trabajo (porteo, propinas de los saloneros, etc.), contra la propiedad privada (ley antitabaco, obligatoriedad de dejar entrar a cualquier persona a centros comerciales privados, etc.) son motivo para que, políticamente, apoyemos su salida. 

Sin embargo, aclaramos que utilizar criterios políticos para quitarle el apoyo a un Magistrado por sus posiciones no es nada nuevo. Siendo que se trata de nombramientos políticos, es perfectamente lógico que existan destituciones políticas y los que se rasgan las vestiduras por el caso de Cruz hoy, las validaron antes. En 2009, los Diputados del PAC negaron su voto a la Magistrada Calzada por apoyar el TLC y en 2004, otros legisladores hicieron lo mismo con los Magistrados Mora y Solano. ¿Por qué entonces ahora si vienen algunos a reclamar el voto en contra de Cruz y no lo hacen con aquellos que, en su momento, decidieron hacer lo mismo con otros Magistrados? Una prueba más de la típica inconsistencia de callar cuando nos conviene y vociferar cuando no. 

Aunado a lo anterior, pensamos que así como debe existir alternancia en el Poder Ejecutivo y en la Asamblea Legislativa, también debe existir en la Corte Suprema de Justicia. No compartimos la idea de que los Magistrados se reelijan automáticamente si no alcanzan los 38 votos en contra, toda vez que esta regla decisional tan alta no se alcanza con facilidad, haciendo que algunos de ellos permanezcan en sus puestos por muchos años, entronizándose en el poder. Tampoco validamos que se invierta la regla, de forma tal que un Magistrado es electo o reelecto si tiene 38 votos a favor, pues al igual que en el caso anterior, significaría que el poder sigue estando en los líderes de los partidos políticos y en sus fracciones legislativas, no en los ciudadanos.

Nuestro espíritu republicano no sólo se encuentra en la vehemente defensa de la independencia de poderes, asegurada únicamente si los ciudadanos pueden elegir y exigir cuentas a los miembros de estos, sino también en el necesario cambio de quienes los ocupan. Creemos firmemente en que lo dicho por Lord Acton –“el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”– se convierte en una realidad cuando quienes ocupan el poder lo hacen de manera indefinida, sin posibilidad de estar controlados, sin tener que rendir cuentas ni explicaciones, sin estar sujetos a la amenaza de la destitución. Quien sabe que tiene su puesto asegurado per secula seculorum, no tiene incentivos para hacer bien las cosas. Periodos tan largos y con reelección automática para los Magistrados se convierten en una amenaza para disipar cualquier control a su poder. Es demasiada tentación que quizá pocos puedan soportar. 

Una de las principales lecciones de Popper en el terreno del diseño institucional, de las reglas del juego apropiadas para garantizar el funcionamiento de una sociedad libre, fue que no importa tanto quién ocupe el poder sino cómo se configuran reglas capaces de impedir que haga daño. Mecanismos como los que tiene nuestro país que permiten entronizar a quienes tienen el poder, dándoselos por tiempo ilimitado, eliminando cualquier control que los limite, cualquier amarra que les imposibilite ejercerlo a su antojo, son contrarios a ese principio de resguardo de la sociedad libre. Esos son los verdaderos elementos de una dictadura en democracia.

Como liberales y como republicanos, somos del criterio de que lo hecho por la Asamblea Legislativa estuvo bien. Tal vez la forma en que se hizo y la comunicación política de lo actuado no fueron correctas y las declaraciones torpes e irresponsables del Diputado Fabio Molina despertaron una gran preocupación acerca del futuro nombre de quien ocupe esa silla vacía, en tanto el "mensaje que transmitieron" podría ser que los juristas deben alinearse a los caprichos del poder establecido o, de lo contrario, estarán fuera. Coincidimos con que la homogenización de la Sala no es sana para el ejercicio republicano ni para el mejoramiento de las tesis jurídicas. Lo mejor sería  contar con un Tribunal compuesto por los más diversos criterios ideológicos, ya que solo a partir de la confrontación de ideas y criterios totalmente distintos puede avanzar el conocimiento.

Por supuesto que en ASOJOD esperamos que quien le sustituya no sea una marioneta de cualquier líder de partido político –independientemente de su orientación ideológica– sino alguien con criterio propio, independiente y honesto. Deseamos que sea alguien que defienda la libertad y el progreso, aunque sabemos que la probabilidad es baja, tanto porque quienes detentan el poder en Costa Rica no comparten esos valores como porque la propia letra de la Constitución no da para mucho, por su contenido evidentemente socialdemócrata.

Tema polémico: Democracia, doxa y República

Acaban de pasar las elecciones de Estados Unidos y ya se han presentado una serie de explicaciones para dar crédito a los resultados, las cuales se han centrado, sobre todo, en el cambio demográfico que ha atravesado el país en los últimos años. Independientemente de lo anterior, el día de hoy queremos centrarnos en una serie de incentivos perversos que presenta el sistema democrático, los cuales permiten la descomposición de lo que debiera ser un verdadero sistema republicano (frenos y contrapesos, con una clara delimitación del poder estatal sobre las vidas privadas de los ciudadanos).

Para dar crédito a lo anterior queremos enfocarnos en uno de los máximos problemas: el votante medio. Nos referimos a un votante totalmente desinformado, sin conocimiento alguno en áreas fundamentales para el entendimiento de las políticas públicas (Derecho, Ciencias Políticas, Economía, Filosofía Política, Ética, etc), y divorciado de toda capacidad analítica y crítica (más que la crítica vacía y superficial de que "todos los políticos son corruptos"). En este orden de ideas nos llamó poderosamente la atención el siguiente video que ilustra este post.

Como pudieron observar, en él se aprecia un conjunto de votantes a favor de Obama quienes creen que las políticas impopulares que rechazan son del candidato contrario, cuando mas bien estas han sido políticas implementadas por el mismo Obama. No estamos sugiriendo de forma alguna que en el campo de Romney no existieran votantes de igual o mayor ignorancia, sino que lo que sugerimos es precisamente esta relación derecho sin responsabilidad, la cual se ha convertido en un verdadero problema del sistema democrático, máxime cuando tomamos en cuenta que los costos por este tipo de comportamiento irracional y desinformado no se asumen de forma directa por lo que hace aun más difícil que estas personas puedan salir de sus errores por mera praxis.

Así las cosas, no queda más que preguntarse qué hacer a este respecto. Algunos pensarían que el problema se resuelve con menos democracia (que sólo intelectuales puedan acceder al voto), pero esta en realidad no es la solución. La verdadera respuesta es el establecimiento de un verdadero sistema republicano que en razón de las competencias delimitadas del Estado vuelva irrelevante qué tan malos e ignorantes resulten ser los votantes y gobernantes. Por supuesto, queda una pregunta sin resolver: ¿cómo pasamos de este sistema democrático desbocado a un sistema republicano por medio de los mismos mecanismos democráticos? Definitivamente ese es el reto que se posa sobre muchos países en la actualidad, incluido el nuestro.

Tema polémico: el ocaso de la democracia costarricense

El día de ayer, La Nación publicó una encuesta donde revela algo que se ha convertido en una tendencia preocupante: el aumento de la cantidad de ciudadanos que están decepcionados de la democracia y prefieren, en su lugar, un autoritarismo. Según dichos datos, 43% de los encuestados aseguraron que es mejor tener otro sistema diferente al democrático, cuando dicha variable había registrado 22% en la encuesta de 2006.

En ASOJOD observamos con temor esta situación que va in crescendo, no por la defensa axiologica de la democracia, sino por la vulnerabilidad que amenazaría los derechos individuales. Nos explicamos. En reiteradas ocasiones hemos indicado que validamos la idea churchilliana de la democracia,  por cuanto, parafraseando al célebre ex Primer Ministro británico, ella es el peor sistema de gobierno, exceptuando a todos los demás. Lamentablemente, la evolución institucional ha llegado a un punto donde el abanico de opciones en regímenes políticos no es prolífico: dictadura, monarquía, democracia y anarquía, con variaciones de grado que las acercan o alejan del "tipo ideal" utilizando el concepto weberiano. Podríamos hablar del minarquismo, que dicho sea de paso, es un modelo más acorde con las ideas que sostenemos en ASOJOD, como un sistema donde el Estado debe proteger los derechos individuales de la coerción que pueda existir en las relaciones humanas, dejando todas las demás actividades humanas sujetas a la relación voluntaria y contractual de los individuos. No obstante lo anterior, y muy a nuestro pesar, el minarquismo no ha sido aplicado, al menos con claridad y decisión, en diferentes momentos históricos. Lo mismo podríamos decir de la anarquía, que pareciera ser solo posible en colectivos muy pequeños, aunque siempre con la duda de que la propia inexistencia de reglas es una regla que anula el significado literal del término. 

Independientemente de esta reflexión teórica, lo cierto es que la historia política de la humanidad se ha caracterizado, en diferentes momentos y con gradaciones diversas, en organizaciones monárquicas, dictatoriales (muchas veces siendo el mismo monarca el mandamás totalitario) y democracia (con más o menos peso de los derechos individuales y con formas de organización del gobierno parlamentario, presidencialista o mixto). En este sentido, consideramos que los datos de la encuesta antes mencionada, aunado a la vivencia por la que han pasado la mayoría de los pueblos latinoamericanos, son motivos suficientes para preocuparnos. Si la conclusión a la que se pudiera llegar al ver los números es que la gente apostaría por un modelo minarquista, celebraríamos con algarabía; pero el panorama no es tan alentador. Tristemente, cuando se observa que el porcentaje de personas que expresamente preferirían el establecimiento de un gobierno autoritario pasó de 11% en 2006 a 22% en este año, los temores comienzan a tomar fuerza. 

Si de ese 43% apuntado en el primer párrafo que prefiere un sistema diferente al democrático, un 22% expresamente escoge el autoritarismo, es dable pensar que el 21% no debe tardar mucho en convencerse de lo mismo. Si a eso se le suma el descontento manifiesto de la ciudadanía con el proceso electoral, reflejado en el abstencionismo (que ha subido como la espuma en los últimos tres comicios nacionales), entonces cada vez se vuelve más probable que unos pocos elijan a quien gobierne el país y con la flacidez institucional, el mal diseño de las reglas de juego constitucionales y la concentración de poder en pocas manos, no parece tan descabellado pensar que pronto el cerco contra la libertad se irá estrechando. 

Como lo dijimos antes, el motivo de nuestra preocupación no es la democracia per se, sino la protección de los derechos y libertades individuales. La democracia tiene muchísimos defectos, especialmente porque es un modelo que permite o posibilita la tiranía de las mayorías y aunque la teoría y práctica de los derechos humanos ha avanzado hasta un punto donde en casi todas las latitudes se impide que las mayorías decidan sobre algunos derechos de las minorías, lo cierto es que todavía persisten enormes violaciones a ese principio, especialmente en materia económica, donde se legaliza e institucionaliza el robo del producto del trabajo individual mediante impuestos, se empeña el futuro de las personas con endeudamiento estatal, las regulaciones que políticos y burócratas imponen a empresarios y trabajadores, etc. 

Y todos estos problemas se agravarían en caso de un gobierno autoritario. Si ya de por sí, el nuestro es un sistema político de partido hegemónico, en el cual el PLN tiene prácticamente copados todos los puestos de poder y la oposición es sumamente débil, desarticulada y golpeada por diferentes cuestionamientos (muchos de ellos impulsados por un sistema judicial parcializado), la existencia de un gobierno autoritario formalmente instaurado complicaría más la situación. No queremos ni imaginarnos cuán grave sería la amenaza contra las libertades económicas, así como las civiles y políticas. Sin duda, el escenario es, cuando menos, aterrador.

A pesar de nuestro tono negativo, no todo está perdido. El sistema político y el régimen democrático costarricense deben reinventarse para poder satisfacer los deseos, expectativas, intereses y valores de los ciudadanos. Se requiere mucha más participación de estos, más espacios políticos, mayor desconcentración de poder, fortalecimiento del sistema republicano de frenos y contrapesos, más libertad, menos Estado y un compromiso de los actores políticos para hacer las modificaciones correspondientes. Aunque suene difícil, todo pasa porque el ciudadano comience a exigir más poder y hacer valer sus libertades y derechos, en lugar de cruzarse de brazos y sentarse a esperar que los cambios surjan por sí solos.

La democracia costarricense, al menos en la forma en la que la hemos conocido desde hace años, está agotada y su ocaso se acerca. Depende de nosotros los individuos lo que surja en su lugar: un totalitarismo al estilo de los demás países latinoamericanos o una minarquía respetuosa de los derechos y libertades.