martes, 30 de septiembre de 2014

La columna de Carlos Federico Smith: licencias para trabajar

Me encanta este libro de Friedman, Capitalismo y Libertad, en mucho porque no teme entrarle de lleno al análisis de temas que, reconocidamente, son polémicos, pero sobre todo porque sus posiciones son fundamentadas en el análisis inteligente y sus propuestas son consistentes con su visión liberal. Este el caso del capítulo que lleva por nombre “Licencias para Trabajar”, el cual consiste en una descripción, análisis, crítica y formulación de propuestas, en torno a restricciones estatales a la libertad de trabajar para las personas en los Estados Unidos, aunque rápidamente se darán cuenta de que muchas de esas serias limitaciones también existen en nuestro medio.
La obtención de una licencia o permiso o aprobación administrativa de algún ente, para que una persona pueda realizar cierto tipo de trabajo, es contundente en los que se denominan como colegios profesionales. Mediante ellos se restringe al individuo la posibilidad de ejercer la profesión para la cual han estudiado, profesión que usualmente requiere de estudios universitarios superiores, cuya puesta en práctica no es posible sino hasta que se le haya aprobado el cumplimiento del requisito de membresía en el colegio profesional respectivo. 

En naciones, como por ejemplo los Estados Unidos y no tanto aquí, también tal restricción es frecuente, antes de permitir el desempeño individual en ciertos tipos de ocupaciones, que llamaremos técnicas o administrativas. Ejemplos son los trabajos de albañilería, carpintería, contabilidad, impresión litográfica, compra y venta de bienes raíces, terapia física, electricistas, secretaria legal, guarda privado, etcétera. En el caso de Costa Rica, me permito señalar, como ejemplos, los de compra y venta de propiedades, terapia física, secretarias ejecutivas en algún grado, guardas privados, entre otras ocupaciones. Pero la verdad es que el poder coercitivo en nuestro país no es, ni por asomo, comparable al que se da en los Estados Unidos.

Eso sí, en nuestro país los más poderosos gremios que ejercen restricciones para poder laborar, suelen ser los colegios profesionales, que agrupan a personas formadas en diversas profesiones específicas y en los que su membresía es requisito para que una persona pueda desempeñar ese oficio o profesión de forma privada e incluso para laborar en el estado. Precisamente es en dependencias gubernamentales en donde es mayor el acatamiento obligatorio a ese obstáculo a la libertad de trabajo, en comparación, tal como es de esperarse, con las empresas privadas. Pero, aún en esta última situación, para poder desempeñar adecuadamente algunas labores externas que tienen que ver con actos ante entes gubernamentales, es exigencia para hacerlo que el profesional esté incorporado en el colegio respectivo. 

En Costa Rica una lista no exhaustiva de los colegios profesionales es la siguiente: Abogados y Notarios, Farmacéuticos, Arquitectos, Físicos, Bibliotecarios, Geólogos, Biólogos, Ingenieros, Cirujanos Dentistas, Ingenieros Civiles, Microbiólogos y Químicos Clínicos, Optometristas, Enfermeras, Ingenieros Químicos, Ingenieros Tecnólogos, Periodistas, Ingenieros Topógrafos, Profesionales en Ciencias Económicas, Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Médicos Veterinarios, Profesionales en Informática y Computación, Médicos y Cirujanos, Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales, Psicólogos, Trabajadores Sociales, Químicos, Enfermeras y Contadores Públicos. Deben existir varios otros por ahí y estoy seguro de que hay agrupaciones similares en proceso de formación o de aprobación legislativa.

Por su parte, el grupo magisterial de Costa Rica no está organizado en colegios profesionales, sino en agrupaciones sindicales, pero, para los efectos de estos comentarios, cumplen un objetivo parecido, cual es, tengo entendido y podría estar equivocado, la exclusión laboral de los no miembros. Los tres más importantes sindicatos del sector son la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) y el Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC). 

La expansión de restricciones al libre ingreso en los mercados laborales ha sido muy notoria. Se debe no sólo a las exigencias de licencias para poder ejercer -como sería un colegiación obligatoria- sino que Friedman destaca que, para los Estados Unidos y todavía en Costa Rica, agrego yo, “en la actualidad, los aranceles, leyes de comercio justo, cuotas de importación, cuotas de producción, restricciones sindicales en torno al trabajo, etcétera, son ejemplos de fenómenos restrictivos similares.” Y agrega algo muy importante: “La característica común a todos estos ejemplos, es que la legislación es impuesta en nombre de un grupo de productores. En el caso de licencias, el grupo de productores es usualmente un oficio (o una profesión). Para los otros ejemplos puede ser un grupo que produce un bien particular, el cual pretende lograr un arancel en su favor, o un grupo de pequeños vendedores, a quienes les gustaría ser protegidos de la competencia de supermercados o tiendas de cadenas “atracadoras”, o un grupo de productores de petróleo o de agricultores o de trabajadores del acero.” (Milton Friedman, Capitalism and Freedom, Chicago: The University of Chicago Press, 1967, p. 139. El paréntesis es mío). 

Asimismo, puede ser de interés de los lectores repetir la aseveración política de Friedman, que él aplicó al proceso de aprobación legislativa de tales restricciones y que, viéndolo bien, suele ser idéntico al de nuestro medio. Escribe: “Entre los argumentos que buscan persuadir a los legisladores para que legalicen una exigencia de licencia o autorización para poder trabajar, la justificación que siempre se brinda es la necesidad de proteger el interés del público. Sin embargo, raramente la presión sobre los legisladores para aprobar esas exigencias de autorizaciones viene de parte de una ciudadanía que habría sido timada o de alguna otra forma abusada por parte de miembros del gremio (o profesión). Por el contrario, le presión inevitablemente proviene de miembros del propio grupo ocupacional (o profesional)”. (Ibídem, p. 140. Los paréntesis son míos).

Se revela la naturaleza del agrupamiento de intereses que está detrás de esos proyectos de ley, que buscan restringir la competencia en el mercado de trabajo, en contraste con el interés ampliamente disperso, por lo general, de la sociedad. Eso hace que “en ausencia de alguna legislación general que compense esa presión de los grupos de intereses especiales, las agrupaciones de productores invariablemente tendrán capacidad de ejercer una mayor presión sobre la acción legislativa y los poderes que de ella emanan, en comparación con el interés de los consumidores, que es ampliamente difuso y diverso.” (Ibídem, p. 143). Por tanto, sugiere Friedman, “la única manera que puedo vislumbrar para neutralizar a esos grupos de productores, es estableciendo  una presunción general en contra de que el estado emprenda ciertas tareas como esas” de limitar la posibilidad de acceder al trabajo, excepto en casos extraordinarios, en que la carga de la prueba en contrario recae en quienes desean estar fuera de esa presunción general. (Ibídem, p. 144).

Friedman no se desanima, no se amedrenta: está dispuesto a discutir el problema de licencias necesarias para ejercer en el caso de una profesión, que, a primera vista, la gente considera que hay razón para la existencia de, por ejemplo, un colegio profesional, que impida que cualquiera pueda ejercer la medicina. El argumento que para este caso usualmente se esgrime, lo expone Friedman al decir que “El principal argumento relevante para un liberal es la existencia de efectos de vecindad (o externalidades). El ejemplo más simple y más obvio es el del médico “incompetente” quien produce una epidemia… puede discutirse que si el médico trata mal a su paciente, puede provocar una epidemia que cause daños a terceros, quienes no forman parte integral de la transacción. En tal caso es concebible que todos, incluyendo hasta el médico y el paciente, estarían dispuestos a sujetarse a la restricción de que la práctica de la medicina se deje en manos de gente “competente”, a fin de prevenir que tal epidemia ocurra.” (Ibídem, p. 147. El paréntesis es mío).

El problema, señala Friedman, es que el argumento más utilizado en la realidad para justificar licencias profesionales para ejercer, no es el indicado en el párrafo anterior, “sino más bien un argumento algo paternalista, que tiene poco o ningún atractivo. Lo que se dice es que el individuo es incapaz de escoger adecuadamente a su propio sirviente, a su propio médico, o al plomero o al barbero. Para que un hombre escoja inteligentemente a un médico, él tendría que ser un médico. La mayoría de nosotros, se afirma, somos, por tanto, incompetentes y debemos de ser protegidos contra nuestra propia ignorancia.” (Ibídem, p. 147).  

Este tema de la exigencia de una licencia para poder ejercer como médico es directamente encarado por Friedman. Su punto de partida es el esperable: “dicha licencia es la clave para el control que la profesión médica puede ejercer sobre el número de médicos.” (Ibídem, p. 150). En el caso de los Estados Unidos, Friedman señala que ese poder restrictivo tiene su base en el control de la Asociación Médica Americana (American Medical Association –AMA) sobre la admisión de estudiantes y potenciales competidores en las escuelas universitarias de medicina. La AMA determina los patrones que deben seguir tales facultades, entre otras cosas, en cuanto a su política de admisión. En los Estados Unidos, al igual que en Costa Rica, una persona debe tener la licencia para poder ejercer como médico y esa licencia la otorga, en el caso de aquel país, en una primera instancia la facultad universitaria que es aprobada por la AMA, ente que luego refrenda la licencia para ejercer. En nuestro país la licencia la otorga directamente el Colegio de Médicos, independientemente de la escuela de donde provenga el potencial médico.

El resultado en ambos casos es prácticamente el mismo. “El control en la admisión a la escuela de medicina y posteriormente el de la entrega de licencia para trabajar, permite a la profesión limitar la entrada de dos maneras. La obvia es simplemente rechazando a muchos solicitantes. La menos obvia, pero probablemente la más importante, es mediante el establecimiento de estándares para la admisión y la entrega de las licencias para ejercer, que hacen que el ingreso sea tan difícil como para descorazonar a los jóvenes de tratar de seguir dicha carrera.” (Ibídem, p. 151).

“En tiempos normales,” dice Friedman, “la racionalización para la restricción… es que los miembros de la profesión médica quieren elevar lo que ellos consideran son los estándares de la ‘calidad’ de la profesión” (Ibídem, p 153), pero es claro que aquí hay una confusión entre eficiencia técnica y eficiencia económica. El hecho es que, exigir la norma técnica más alta para cualquier producto, por ejemplo, de un teléfono celular, significa usualmente tener un costo muy elevado, lo que hace que muchos consumidores no puedan comprarlo. Si bien se satisface la condición técnica, lo hace tan sólo a un precio muy elevado. Se tendrá eficiencia técnica, pero no económica, pues se restringe la relación servicio/costo que el cliente desearía poder obtener. “El punto de vista de que la gente debe recibir tan sólo el servicio médico ‘óptimo’ siempre conduce hacia una política restrictiva, una política que mantiene reducido el número de médicos,” expresa Friedman. (Ibídem, p. 153).

En la crítica que Friedman hace a la AMA, formula una pregunta muy apropiada: ¿Poner requisitos para obtener una licencia médica para poder ejercer, eleva efectivamente los estándares de competencia? Se responde a sí mismo que no, pues, en primer lugar, “siempre que se bloquea la entrada a un área, usted establece un incentivo para esquivarlo y, por supuesto, la medicina no lo es la excepción”, citando como ejemplos a la osteopatía y la quiropráctica y yo agregaría a la homeopatía. (Ibídem, p. 155). Otro caso interesante al cual se refiere Friedman es al de la investigación y experimentación médica. Dice: “Los avances en cualquier ciencia o campo a menudo surgen de uno entre una gran cantidad de ‘loquitos y charlatanes’, quienes no tienen estatus en sus profesiones. En la medicina, en las actuales circunstancias, es muy difícil involucrare en la investigación o experimentación, a menos que usted sea un miembro de esa profesión… tender a conformarse con la ortodoxia prevalente es algo que seguramente reducirá la cantidad de experimentación que hay en proceso y, por lo tanto, reduce la tasa de crecimiento.” (Ibídem, p. 157).

Friedman resume así su posición acerca de la exigencia de licencias para poder trabajar y particularmente en el campo médico: “Cuando todos aquellos efectos son tomados en cuenta, me siento persuadido de que la exigencia de licencias para ejercer ha reducido tanto la cantidad como la calidad de la práctica médica; que ha disminuido las oportunidades disponibles para la gente a la que le gustaría ser médico, forzándolos a proseguir ocupaciones que ellos consideran menos atrayentes; que ha obligado al público a pagar más por servicios médicos menos satisfactorios y que ha retardado el desarrollo tecnológico, tanto en la propia medicina, como en su organización práctica. Concluyo en que la exigencia de licencias para ejercer, debe eliminarse como un requisito para la práctica de la medicina.” (Ibídem, p. 158).

Al final de este capítulo, Friedman hace una reiteración que podría responder a la inquietud de alguien preocupado en que, de seguirse sus propuestas para liberar el mercado de servicios médicos, no sería posible para una persona disponer de evidencia acerca de la calidad de los servicios médicos. Eso tampoco se logra con el actual requisito de obtener una licencia para ejercer, pues induce, como se discutió anteriormente, a que en el mercado se obtengan servicios de menor calidad. Según Friedman, “la imposibilidad para cualquier individuo o grupo pequeño de concebir todas las posibilidades, mucho menos la de evaluar sus méritos, es el gran argumento en contra de la planificación central del gobierno y en contra de arreglos como los monopolios profesionales, que limitan las posibilidades de experimentación. Por su parte, el gran argumento en favor del mercado es su tolerancia hacia la diversidad; su habilidad para utilizar un rango amplio de la capacidad y conocimiento especializados. Eso convierte a grupos especiales en impotentes para impedir la experimentación y permite a los consumidores y no a los productores decidir cuál servirá mejor a los clientes.” (Ibídem, p. p. 159-160).

He hecho referencias al tema de las restricciones impuestas por los colegios profesionales en Costa Rica para impedir la libre entrada de las personas para el ejercicio de las profesiones que presuntamente regulan. Así que aprovecho para exponer algunas pocas ideas propias -no muy alejadas de la totalidad de las sugerencias de Friedman- que, eso sí, tal vez son más apropiadas para las circunstancias de la situación costarricense. Para que se cure en salud cualquier mal pensado, no, reitero, no soy ni he sido miembro de ningún colegio profesional establecido en el país. Siempre me he negado a serlo, a pesar de diversas invitaciones, que no vienen al caso especificarlas, que me han sido hechas a lo largo de mi vida, para formar parte del colegio profesional de economistas.

En este capítulo, Friedman señala a la Asociación Médica Americana como un factor esencial en la restricción de la libertad de los individuos para trabajar en el campo de la medicina. Enfatiza que una razón por la cual lo puede hacer tan eficientemente, es su control sobre las facultades de medicina en cuanto a la aceptación de estudiantes. La que no acepta la política de la AMA, no puede operar como escuela de medicina. 

El caso es distinto en Costa Rica, pues hay relativa libertad para crear facultades universitarias en el campo médico. Ciertamente esa libertad no es la deseable, pues indirectamente el Colegio de Médicos incide en determinar la “calidad” y requisitos que deben cumplir esas facultades, además de que los profesores imprescindibles deben ser miembros de dicho Colegio y, por tanto, tienen un interés lógico en restringir la competencia. Asimismo el freno de la burocracia estatal para permitir la instalación de una escuela de medicina en el país, constituye una real pesadilla. En síntesis, en Costa Rica tampoco es fácil crear una escuela de medicina nueva, que tenga independencia, por lo menos indirecta, del Colegio de Médicos.

Por su parte, un estudiante proveniente de una universidad extranjera (al igual que el de la universidad costarricense) tiene que hacer exámenes ante el Colegio de Médicos para obtener su incorporación, exámenes que, como es de esperar, son realizados por ese mismo Colegio. En resumen, el Colegio de Médicos de Costa Rica tal vez no tenga tanto poder restrictivo como lo tiene la AMA, pero, sin duda, posee la suficiente influencia como para controlar la competencia potencial en el mercado laboral de esa profesión. 

El mayor contraste entre el mercado de profesionales médicos en los Estados Unidos y el de Costa Rica, es que, si bien en ambos hay un monopolio o control de la oferta de profesionales, en Costa Rica hay también un monopsonio (o un alto grado de poder monopsonista) de parte del casi único demandante de servicios médicos, como es la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Por ello, me parece que, mejor que un análisis como el de Friedman de un monopolio de la oferta (definido por la AMA), mas no de la demanda, en Costa Rica es más apropiado valorar el caso conocido como de un “monopolio bilateral”. Esto es, monopolio de la oferta y monopolio de la demanda (técnicamente sería un monopolio bilateral, conformado por un monopsonio; o sea, un único comprador, y un monopolio; esto es, un único vendedor). El monopolio de la oferta de médicos elevará el precio al consumidor por encima del valor de mercado y el monopsonio reducirá el precio que se paga por los diferentes oferentes de servicios profesionales médicos. El precio final, en este caso, es siempre indeterminado y el resultado dependerá de ambas fuerzas negociadoras en cuanto a precio y cantidad.
Se ha considerado que, si bien cada cual es en sí altamente ineficiente, cuando se combinan, mejora la eficiencia. Ello porque el poder de control del monopolista es compensado en algo por el monopsonista, pero, a diferencia de un mercado competitivo, en donde hay numerosos vendedores y compradores, en este caso hay un solo comprador (la CCSS) y un solo vendedor (el Colegio de Médicos). Por ello se ha considerado por algunos economistas, que, si bien es cierto que el monopolio bilateral no es perfecto y es ineficiente, resulta ser mejor que una situación caracterizada o sólo por el monopolio o sólo por el monopsonio. La clave está en el balance que se logre en las negociaciones. 

No puedo decir qué grado de balance hay en el mercado de los profesionales de la medicina en Costa Rica, pero me parece que la lucha de ambos grupos suele ser la norma en la consecución de cuál resultado sea el más favorable para sus intereses particulares. Claro que, si uno asume que la CCSS está controlada por agremiados del Colegio de Médicos, es de esperar que el factor restrictivo del monopolista prime por encima de la fuerza restrictiva en el pago que efectúa el monopsonista. En mi opinión -intuitiva si se quiere- esta circunstancia parece primar en el actual momento en Costa Rica, en donde, sin embargo, por situaciones de dificultades económicas de la CCSS, es de esperar que venga un aumento de la fuerza ejercida por el monopsonista. No debo dejar de omitir que, en ese tira y encoje en que entran el monopolista y el monopsonista, un gran perjudicado suele ser el usuario o consumidor, quien muchas veces observa como los servicios que demanda no se le prestan o quedan a la merced de la resolución del conflicto entre ambas partes, el Colegio de Médicos y la Caja. 

Sin embargo, los mercados funcionan, aunque sea en una pequeña economía como la nuestra: en los últimos tiempos se ha visto un crecimiento importante de hospitales privados (demandantes de servicios médicos), que, no lo dudo, ya está incidiendo en aliviar la presión monopsónica actual de la CCSS y que lo logrará en el largo plazo.

Estos comentarios no significan que la política conveniente sea dejar a dicho colegio profesional en la situación actual (tanto el de Médicos como el Colegio de Microbiólogos, pues este último está en una situación similar al primero, tanto en lo que se refiere a un monopolio bilateral, sino también en lo que concierne con la sensibilidad que en la ciudadanía tiene el tema de una correcta prestación de servicios de salud). 

Mi sugerencia es que, como la restricción al acceso de muchos profesionales a los mercados laborales, lo determina un colegio profesional autorizado por ley de la Asamblea Legislativa, entonces, que se permita que, con un número mínimo de quince miembros (o diez o veinte, lo que quiero resaltar es que no se necesita que sean muchos asociados como razón para impedir que lleguen a existir), se autorice la formación de diversos colegios profesionales de un gremio particular, a fin de promover una competencia mayor y efectiva entre ellos. Se favorecería la posibilidad de que los interesados en laborar en los mercados profesionales lo puedan hacer más fácilmente y que, a la vez, por medio de la reputación que van adquiriendo cada uno de estos colegios que compiten entre sí, el consumidor pueda obtener la información necesaria acerca de las diversas calidades que ofrecen los miembros de los distintos colegios.

Me imagino, por ejemplo, que -y lo que sigue es aplicable a cualquier tipo de colegio profesional con base en lo expuesto en el párrafo previo- podría existir un Colegio de Médicos en cada provincia o en cada región o lo que fuere. Eso sí, compitiendo entre ellos, y teniendo presente que desearán aumentar el número de sus asociados, sin que puedan o deban imponer trabas indebidas a las escuelas universitarias de medicina, ni tampoco que para ejercer sea requisito obligatorio el ser miembros de un único colegio profesional. Al desaparecer la colegiatura obligatoria en un solo colegio, podría cumplirse con otros objetivos que se consideren convenientes, como opinar en grupo sobre temas del interés de la profesión, reunirse a compartir temas relacionados con su profesión, promover el avance del conocimiento del gremio, entre muchas otras cosas.

Por supuesto, todos esos colegios estarán inhibidos de fijar precios mínimos que pueden cobrar sus asociados por sus servicios profesionales. Alguien podría decirme que básicamente está de acuerdo con lo propuesto, pero que, en el caso particular de médicos y microbiólogos, al continuar rigiendo el poder del monopsonista (la CCSS) -lo cual puede ser cierto- convendría mantener el estado de cosas. Aun así, creo que los acontecimientos actuales relacionados con el sistema de seguridad social de Costa Rica, apuntan hacia un crecimiento del servicio médico privado y a una redefinición de un sobre-extendido, desfinanciado y casi incontrolado ámbito de cobertura de la CCSS.

Lo oportuno, como siempre, es dejar que la competencia favorezca a los consumidores y evitar que la coacción, ya sea de un monopolio o un oligopolio, siga ocasionando costos indebidos en la sociedad. Puede ser que vendrá una transformación importante en el campo de la medicina en el país y particularmente en lo laboral,  pero entre tanto no hay razón alguna para continuar limitando la libertad de los consumidores para elegir lo que prefieren en cuanto a calidad y precio. Eso deberá definirse muy pronto y por ello es útil tener en mente los consejos del profesor Friedman en su libro Capitalismo y Libertad. El problema comentado no ha sido fácil de tratar, pero es aún más difícil pretender soslayarlo, como si no existiera con todo y los elevados costos que recaen sobre los ciudadanos.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 29 de septiembre de 2014

Tema polémico: mal augurio con el Presupuesto

Recientemente, el Presidente de la República, Luis Guillermo Solís, señaló que el problema del déficit fiscal es una herencia de las anteriores administraciones y no un problema achacable solamente a la suya. En eso, el mandatario lleva razón, pues la irresponsabilidad fiscal de otras gestiones, en especial durante el gobierno de Óscar Arias con el Plan Escudo, agudizaron la situación. Pero en lo que se equivoca es seguir el mismo rumbo de sus predecesores: más gasto y más impuestos como "arma" contra el déficit. Y eso es precisamente lo que anunció con un proyecto de Presupuesto de la República 20% mayor al del año anterior y una iniciativa que pronto enviará el Ejecutivo al Congreso para cambiar el impuesto general de ventas por el impuesto al valor agregado.

En ASOJOD hemos advertido hasta la saciedad que esta irresponsable práctica de más gasto y más impuestos es perjudicial a todas luces pues generaría un gran daño a la economía, aumentaría los costos de producción, reduciría las oportunidades de empleo y descapitalizaría a los individuos. La consecuencia es que la actividad generadora de riqueza disminuiría y, con ello, la recaudación. En conclusión, la medicina sería peor que la enfermedad.

Definitivamente, la solución debe venir por el lado de los recortes al gasto público. Si se mantiene el mismo nivel de gastos y se aumentan los impuestos, el déficit no se corregiría, pues la irresponsabilidad fiscal sería mayor al contar con más recursos para desperdiciar. Es como darle una tarjeta de crédito sin límite a un comprador compulsivo: el resultado es algo que, de seguro, ninguno de nosotros querrá ver. Si, más bien, disminuye el gasto y los recursos se orientan hacia áreas verdaderamente importantes, que produzcan beneficios para la población en general y no para unos cuantos–sean ciudadanos o funcionarios públicos pagados–, la cosa sería diferente. 

Sin embargo, este no pareciera ser el camino que tomará esta Administración. Recién se presentó un proyecto de Presupuesto de la República mayor al del año anterior, lo cual es un muy mal augurio que se cierne sobre nuestras cabezas. Tanto la Contraloría General de la República, como los partidos de oposición, los centros de pensamiento, asociaciones de empresa privada y centros de investigación y pensamiento, entre ellos ASOJOD, vienen señalando desde hace tiempo que es necesario reducir el gasto, pero don Luis Guillermo parece que dejará pasará esta oportunidad de hacer algo distinto y positivo por seguir las equivocadas sendas de sus predecesores.

Esta Administración podría devolver al Estado costarricense a la senda de la responsabilidad, del manejo prudente de los recursos públicos, de la racionalidad y del respeto a los individuos que trabajan duro para ganar dinero, pero que son despojados para financiar al Leviatán. Lamentablemente, está desaprovechando el momento histórico para demostrar que aquellas críticas que se hacían al PLN y al PUSC, a "los mismos de siempre que utilizan el Gobierno para servirse a manos llenas" no tendrían lugar en esta gestión. Hasta la fecha, parece que con Costa Rica, sí se juega.

martes, 23 de septiembre de 2014

La columna de Carlos Federico Smith: monopolio y responsabilidad social de la empresa y del trabajo

En este nuevo capítulo de su libro, Capitalismo y Libertad, Milton Friedman encara dos aspectos, que si bien de cierta manera su análisis se podría haber hecho por separado, tienen algo en común, cual es el papel, por una parte, del monopolio en un sistema competitivo y, por la otra, el significado de un nuevo enfoque denominado de “responsabilidad social” de la empresa y, por extensión, de las agrupaciones laborales. En lo personal me gusta que Friedman de alguna manera separe ambos temas, porque en uno de ello, el del monopolio, estoy de acuerdo con mucho de lo que plantea, pero no tanto en cuanto al asunto de la “responsabilidad social.”

En lo que respecta al monopolio, Friedman introduce su análisis con un par de frases esclarecedoras de lo que será su enfoque general: “La esencia de un mercado competitivo es su carácter impersonal. Ningún participante puede determinar los términos en que otros partícipes pueden tener acceso a los bienes o al empleo.” (Milton Friedman, Capitalism and Freedom, Chicago: The University of Chicago Press, 1967, p. 119).

En palabras de Friedman, “un monopolio existe cuando un individuo o una empresa específica tiene el control suficiente sobre un producto o servicio particular, como para determinar significativamente los términos en que los otros individuos tendrán acceso a ellos.” (Ibídem, p. 120) Un monopolio da lugar a dos problemas en una sociedad libre. Por una parte, afecta el carácter voluntario de las transacciones entre las partes en un mercado libre en competencia y, por la otra, -aquí es donde Friedman enlaza el tema del monopolio con el de responsabilidad social- porque, al ser usualmente visible, se considera que la actuación de un monopolio no sólo se debería de orientar hacia el logro de sus intereses propios, sino que también habría de promover intereses socialmente deseables. De aquí que el monopolio, de acuerdo con el criterio de algunos, debería de cumplir con una “responsabilidad social”, además de la individual.

Al referirse en este capítulo al tema de la competencia, Friedman formula algo que creo es muy útil que sea del conocimiento de los lectores, pues suele creerse que la competencia es tan sólo un tipo ideal, un modelo abstracto, que tiene poca vigencia en la realidad práctica. Al respecto, indica Friedman: 

“Por supuesto que la competencia es un tipo ideal. De la misma manera, no existe tal cosa como una competencia ‘pura’. Cada productor (o consumidor, agrego yo) sin duda que tiene algún efecto, sin embargo pequeño, sobre el precio del producto que él elabora. Lo importante para entender el tema y para asuntos de política económica, es si ese efecto es significativo o si puede ser apropiadamente dejado de lado… La respuesta, por supuesto, depende del problema. Pero, al haber estudiado las actividades económicas en los Estados Unidos, crecientemente me ha impresionado qué tan amplio es el rango de problemas y de industrias como para que sea apropiado tratar a la economía como si ésta fuera competitiva.” (Ibídem, p. 120. El texto entre paréntesis es mío). 

Es decir, conceptos como competencia o competencia pura son útiles para analizar problemas particulares, a partir de una construcción conceptual ideal, en vez de tener que referirse a situaciones particulares, específicas, de una realidad concreta. 

Para analizar el tema de la extensión del monopolio en la economía, Friedman lo separa en tres áreas: el monopolio en la industria, el monopolio en el mercado laboral y el monopolio producido por el gobierno. 

En cuanto al primero, destaca que el monopolio en las empresas es poco importante desde el punto de vista de la economía como un todo. Probablemente la creencia en lo contrario se puede deber a cuatro razones: la primera, a la tendencia a confundir el tamaño absoluto de las empresas -cuyo crecimiento no lo disputa, sino que lo confirma- con su tamaño relativo, pues individualmente esas empresas han crecido menos que la economía como un todo. La segunda, a que los monopolios son objeto de “noticias” y eso llama más la atención que la competencia. En tercer lugar, a que socialmente hay un sobredimensionamiento de la importancia de lo grande sobre lo pequeño y, en cuarta instancia, al carácter industrial de la economía norteamericana (al menos en la época en que Friedman escribió su libro, pues ahora se habla más bien de la predominancia del sector servicios), pues es en la industria en donde descuella el monopolio, en comparación con otros sectores de la economía.

En lo referente al monopolio en el mercado laboral, Friedman señala que hay un sobredimensionamiento similar al que se indicó en cuanto al monopolio en la industria. Indica lo siguiente: “Los sindicatos incluyen a cerca de una cuarta parte de la población trabajadora de los Estados Unidos y eso sobreestima enormemente la importancia de los sindicatos en la estructura salarial.” (Ibídem, p. 123).  En la actualidad la densidad de la fuerza de trabajo sindicalizada en los Estados Unidos se acerca a la mitad de la indicada por Friedman de principio de los años sesentas. En lo que respecta al grado de importancia en la economía estadounidense del monopolio privado, si bien han variado los actores -lo cual dice algo bueno de la competencia- aparentemente en el largo plazo ha conservado su importancia porcentual dentro de la economía como un todo. 

Finalmente, la tercera área de interés que Friedman menciona en lo que respecta al monopolio, se refiere tanto a aquél del gobierno en sí, así como a aquellos monopolios que existen gracias al apoyo brindado por el estado. Para Friedman, el monopolio privado que se manifiesta a causa del apoyo gubernamental para su establecimiento, conservación e imposición, ha mostrado un crecimiento más rápido que aquél del monopolio de la actividad en sí por parte del gobierno, así como que, en la época en que él escribe su libro, el primer tipo de monopolio es mucho más significativo que el segundo.
Entre los primeros monopolios -los directos, por así llamarlos; los del estado- Friedman menciona, entre otros, y para su país, al correo, la producción de electricidad en ciertas áreas, el servicio de carreteras, el agua municipal, además de que, por medio de los grandes presupuestos federales en defensa, el espacio y la investigación, se ha convertido al gobierno en esencialmente el único comprador (otra forma de monopolio, conocido como monopsonio), Pero, para Friedman es más útil acentuar los que denominaré como los “monopolios patrocinados por el estado”, los cuales surgen, en muchos casos, gracias a la imposición de restricciones gubernamentales, que tienen el efecto de impedir la libre entrada a potenciales competidores y, en general, la libre competencia. Se refiere, por ejemplo, a la Comisión de Comercio Interestatal de los Estados Unidos, que regula todo tipo de comercio y transporte, así como a los programas gubernamentales de apoyo y subsidios a sectores agrícolas, así como a la Comisión Federal de Comunicaciones, a la Comisión Federal para la Electricidad, a la Oficina de la Aeronáutica Civil y al Banco de Reserva Federal, entre muchos otros organismos, que esencialmente han logrado cartelizar los sectores que se pretendía regular. Además de esos entes federales de los Estados Unidos, también abundan otros similares en los estados y hasta en el ámbito local de esa nación.

Además de los anteriores casos, existen provisiones legales -que en mayor detalle serán analizadas en el próximo comentario de esta serie- como son los requisitos de licencias para poder trabajar o ejercer, así como el otorgamiento de patentes y derechos de autor, que, si bien estos últimos son diferentes de los anteriores porque se podría considerar que defienden derechos de propiedad, el problema surge por “ser parte de la necesidad general de usar al gobierno para establecer lo que será y lo que no será visto como propiedad.” (Ibídem, p. 127).

El caso de las patentes y de los derechos de autor es para Friedman un caso peculiar que merece un análisis más detallado, porque, por un lado, están los beneficios que recibe una sociedad y que van más allá de lo percibido por quienes los producen. Esto es, que hay externalidades positivas que no son captadas por quienes las generan, por lo que, en palabras de Friedman, “no existe un incentivo para dedicar el tiempo y el esfuerzo requerido para producir la invención. Consideraciones similares se aplican para el escritor.” (Ibídem, p. 127). En tal caso, debemos ser conscientes de que no es que no habrá invenciones o escritos en caso de que no existieran tales garantías de “propiedad”, sino que la producción sería inferior a la que se presentaría si se reconocieran esas externalidades como parte de su propiedad. Eso sí, señala Friedman, también hay costos involucrados, porque, para empezar, “hay muchas ‘invenciones’ que no son patentables,” como, por ejemplo, la invención del supermercado o bien porque en los tribunales “derechos” a menudo alegados se hacen con no otro propósito más que buscar mantener acuerdos privados de colusión o arreglos no competitivos, que de otra manera resultarían ser insostenibles ante una plena competencia.

Dada la dificultad de definir una política gubernamental específica acerca del tema de los derechos de autor y de las patentes, Friedman señala que “… no son asuntos de principio, sino de conveniencia, la cual será determinada por consideraciones prácticas. Personalmente me inclino hacia la creencia en que sería preferible un período menor de protección por medio de patentes.” (Ibídem, p. 128).  En cuanto a las fuentes del monopolio, Friedman señala tres, como son consideraciones “técnicas”, el apoyo gubernamental ya sea directo o indirecto y la colusión o conjura privada. 

En cuanto a consideraciones técnicas, se trata del caso antes señalado de que, por tales razones, resultaba ser más económico el que exista una sola firma en vez de muchas produciendo un bien, originado esto en lo que los economistas llaman costos decrecientes; esto es, que conforme se produce más de un bien, se va reduciendo su costo promedio. Señala, como ejemplos -llamados también monopolios naturales- al sistema telefónico, al servicio de aguas, entre otros, al menos en la época en que escribió su libro. 

Tal como lo habíamos comentado con anterioridad en otro capítulo de esta serie, su preferencia es la de “instar acerca de que la opción menos mala es la de tener un monopolio privado sin regulación, siempre y cuando sea tolerable. Los cambios dinámicos es altamente posible que lo socaven y al menos hay algún chance de que a tales cambios se les permitirá que tengan su efecto. Y, aún en el corto plazo, por lo general habrá un rango mayor de sustitutos”, que limiten la capacidad del monopolista de elevar los precios por encima de los costos. Pero, “aún más, las agencias reguladoras a menudo tienden por sí mismas a caer en manos del control de los productores (que se buscó regular) y los precios pueden resultar ser no menores bajo regulación que sin ella.” (Ibídem, p. p. 128-129. El texto entre paréntesis es mío). Sin embargo, enfatiza que es muy posible que no sean muchas las áreas en donde haya monopolios técnicos, además de que, con desarrollos tecnológicos recientes, aquel óptimo productivo que concluía en un monopolio natural, es cada vez más menos factible y los mercados ahora se caracterizan, en vez de monopolios naturales, por la existencia de numerosos oferentes. Ejemplos de ello es lo sucedido con la telefonía celular o con plantas más eficientes generadoras de electricidad con tamaños menos masivo, entre otros.

En lo referente a que la fuente originadora del monopolio es la acción directa o indirecta del estado, Friedman nos indica que puede ser la de mayor importancia y señala a tres como los factores más importantes causales del monopolio (al menos en los Estados Unidos, pero extensivo a muchos otros casos similares en distintos países) a los aranceles, la legislación impositiva y la aplicación de esa ley y su empleo en caso de disputas laborales.

En cuanto a tarifas arancelarias, es evidente que su intención es al de proteger la producción doméstica ante la posible competencia de productores extranjeros, lo cual afecta la libertad de las personas para poder intercambiar libremente. Si bien es posible que el proteccionismo arancelario no necesariamente conduce a la formación de un monopolio, pues es factible que la actividad doméstica protegida comprende diversas empresas que compiten entre sí, el menor número de empresas que participaría en el mercado doméstico, al impedir la competencia de firmas extranjeras, hace más viable que surjan acuerdos entre las empresas domésticas protegidas, que con ello afectan las decisiones voluntarias de los consumidores.

Por otra parte, los efectos indirectos de una legislación tributaria proclive a afectar la competencia, pueden ser igualmente importantes en cuanto a estimular la concentración de la producción. Es criterio de Friedman que para ello “un elemento importante ha sido el ligamen entre los impuestos sobre la renta de las personas y de las empresas, combinado con el tratamiento impositivo especial (menores tasas impositivas) que hay de las ganancias de capital bajo el impuesto individual al ingreso.” (Ibídem, p. 130. El texto entre paréntesis es mío). Tal cosa porque dicho esquema tributario tiende a que las utilidades sean retenidas y no distribuidas, como resultado del ahorro impositivo a que da lugar. “Esto”, dice Friedman, “conduce a un desperdicio de capital, a su uso para fines menos productivos en vez de otros más productivos… Las empresas establecidas pueden ser menos productivas que las empresas nuevas; sin embargo, sus accionistas tienen un incentivo para invertir en aquellas en vez de que el ingreso (o utilidad) sea distribuido de forma tal que lo puedan invertir en nuevas empresas, por medio del mercado de capitales.” (Ibídem, p. 130). Es decir, el sistema tributario induce a la concentración y a una menor competencia de la que existiría si, como alternativa, no existiera tal tratamiento impositivo a tasas preferenciales.

Finalmente, en el campo del monopolio laboral, una fuente importante de su concentración ha provenido de la exigencia de permisos para laborar, de los códigos de construcción y similares, además de una legislación laboral que le brinda privilegios a los grupos sindicales. Grupos que incluso son objeto de tratamiento preferencial en juicios laborales, que no sería imaginable en casos privados, como sucede, por ejemplo, con la coerción física que se ejerce en contra de trabajadores no sindicalizados de parte de los sindicatos, entre otros casos similares, como es la obligatoriedad a los trabajadores de formar parte de los sindicatos y no como resultado de una afiliación voluntaria.
En lo que corresponde a la tercera fuente generadora de monopolios -la complicidad o conspiración privada- Friedman empieza con la célebre cita de Adam Smith, de que “Los comerciantes del mismo rubro rara vez se reúnen, incluso para entretenimiento y diversión, pero la conversación termina en una conspiración contra el público, o en alguna estratagema para aumentar los precios.” (Ibídem, p. 131; tomada de Adam Smith, La Riqueza de las Naciones, Capítulo X, Parte II). 

Acerca de esta última fuente, Friedman señala que ciertamente es frecuente que surjan monopolios privados en un sistema competitivo, pero también que, por lo general, no permanecen por mucho tiempo, dada la misma naturaleza del orden competitivo. Sin embargo, la búsqueda de rentas (esto es, la búsqueda de parte de empresarios privados por favores gubernamentales de protección ante competidores) puede ser un factor importante en la explicación de por qué esos monopolios, de alguna manera, directa o indirectamente, existen más tiempo por la protección brindada por el estado.
Aun así, la presión constante que deriva de la búsqueda de ganancias por potenciales compradores, puede motivar que, por una parte, al resultar la cartelización del bien producido en un aumento de los precios, más bien la incentive. Por otra parte, para que efectivamente pueda operar un cartel, se requiere que cada uno de sus miembros restrinja su oferta, a fin de poder elevar el precio. Recuérdese que un cartel se caracteriza porque hay un número relativamente reducido de productores, que buscan un arreglo para que, entre todos conjuntamente, capturen la totalidad de un mercado, sin que se permita la entrada de nuevos participantes. De esa manera, surge un fuerte incentivo para que cada uno  de los integrantes del cartel “haga jarana”, aumentando su participación en el mercado gracias a un precio menor que al que ofrecen los otros miembros. 

En este caso de cuando un miembro hace trampa, para que se pueda conservar el arreglo del cartel, lo que normalmente se requiere es que el estado haga que aquella conducta disidente y embustera sea penalizada, para así mantener en orden las cuotas de producción correspondientes a cada uno de los participantes. La legislación anti-monopólica de los Estados Unidos, dice Friedman, se ha dirigido a “inhibir la colusión privada… haciendo más onerosa la práctica de colusión… habiendo reafirmado la doctrina del derecho consuetudinario, de que las combinaciones para restringir el comercio no son aceptadas como legales en las cortes.” (Ibídem, p. 132).

Para Friedman, la política apropiada que debe proseguir el gobierno para eliminar monopolios radica en 

“eliminar aquellas medidas de que directamente brindan soporte al monopolio, ya sea monopolio privado o monopolio laboral y que se llegue a un manejo equilibrado de la aplicación de las leyes tanto para la empresa como para el sindicato, sujetando a ambos a la legislación anti-monopólica… (así como que se lleve a cabo) una extensa reforma de las leyes impositivas. El impuesto a las utilidades de las empresas debe de abolirse.” (Ibídem, p.132. El texto entre paréntesis es mío).

En cuanto al tema de la responsabilidad social tanto de las empresas como de los sindicatos, la propuesta de que prosigan una “responsabilidad social” que va más allá de los intereses de sus asociados o de sus miembros, constituye, de acuerdo con Friedman, 

“una concepción fundamentalmente errada del carácter y naturaleza de una economía libre. En dicha economía existe una única responsabilidad de los negocios -utilizar sus recursos e involucrarse en actividades diseñadas para incrementar las ganancias en tanto que se mantenga dentro de la reglas del juego; es decir, involucrarse en una competencia libre y abierta, sin engaños o fraudes. Similarmente, la ‘responsabilidad social’ de los líderes sindicales es servir a los intereses de los miembros de sus sindicatos.” (Ibídem, p. 133).

Más clara no puede ser expuesta la posición de Friedman. Para él la idea de “responsabilidad social” tanto de las empresas como de los sindicatos, “es un paso  en la dirección de crear un verdadero divorcio entre la propiedad y el control y de minar la naturaleza básica y el carácter de nuestra sociedad. Es alejarse un paso de una sociedad individualista y acercarse al estado corporativo.” (Ibídem, p. 136).

Mi nota personal ante la propuesta de Friedman de deshacerse de la “responsabilidad social” de las empresas y de los sindicatos, por cuanto dejan de servir el interés de los accionistas, en el primer caso, y de los asociados, en el segundo, es que la llamada “responsabilidad social” se ha convertido, de hecho, en un mecanismo para que, al menos en el caso de las empresas, logren aumentar sus utilidades netas (para los accionistas), pues los consumidores están dispuestos a patrocinar sus productos dado el carácter “social” que dicen llevar a cabo esas empresas. Tal vez un efecto similar no sea tan significativo en el caso de los sindicatos, pero esa tarea “social” puede ser bien vista por potenciales miembros, interesados en un uso tal vez mejor de sus cuotas sindicales. Simplemente, la “responsabilidad social” se ha llegado a convertir en una herramienta de mercadeo, al menos claramente en el caso de las empresas.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 22 de septiembre de 2014

Tema Polémico: La realidad no entiende de ideologías


Cualquiera que siga este espacio de opinión sabrá bien que no somos seguidores de Ottón Solís. Sin embargo el mínimo de decencia y honestidad intelectual hacen imposible no reconocer la importante labor que ha emprendido como Presidente de la Comisión de Hacendarios.

El Diputado Solís se ha avocado la titánica tarea de recortar el gasto superfluo del presupuesto de la República para el año 2015. Desafortundadamente, ahora que se está en el poder algunos de sus compañeros no ven como superfluo lo que antes lo era. Además, esta valiente postura ya ha ocasionado que ciertos incautos acusen al señor Solís de “enemigo de los trabajadores” o “neoliberal”.

Evidentemente acá no se trata de ser enemigos de nadie o cosa por el estilo, sino simple y llanamente de realismo puro. Esta discusión no se encuentra en el ámbito valorativo, sino descriptico, es decir, no se trata de preguntarnos si queremos más o menos privilegios y gasto en el sector público, sino si podemos seguir bajo el estado de cosas actual. En este sentido, en ASOJOD creemos dos obviedades muy básicas (desgraciadamente vivimos en tiempos en donde es necesario decir lo obvio), a saber: a) todo gasto ordinario debe encontrarse debidamente financiado por ingresos ordinarios, y b) en tiempos de déficit fiscal se debe recortar el presupuesto y no aumentarlo.

Lamentablemente, en nuestro país tenemos el gran pecado de efectuar los debates de los grandes temas de políticas públicas, a través de meras etiquetas y de lo que los norteamericanos llaman “name calling”. Resulta imperioso, evitar estos malos hábitos discursivos y argumentativos, para que así podamos de una vez por todas entrarle en serio a los graves problemas que nos aquejan, de lo contrario más pronto que tarde sufriremos las consecuencias de tanta ideología de cafetín. 

martes, 16 de septiembre de 2014

Tema polémico: Sierra Leona, Rwanda y Costa Rica.

El reciente informe de Competitividad Global del Foro Económico Mundial nos ubica como uno de los tres países más competitivos de Latinoamérica, después de Chile y Panamá. 

El informe detalla, en términos generales, que seguimos arrastrando los mismos problemas institucionales que dificultan el entorno de negocios y el inicio de nuevos emprendimientos, como el exceso de trámites y burocracia, el desequilibrio en las finanzas públicas y el gasto del gobierno, así como el difícil acceso al financiamiento. Señala además que Costa Rica posee ventajas competitivas como su mano de obra preparada, así como las capacidades en el campo de innovación y la tecnología de la información y de las comunicaciones. Esto nos ha ubicado en el lugar 51 entre 144 economías evaluadas en el informe.

Existe, según el documento, un punto en el que Costa Rica reporta mayores retrasos cuando de competitividad hablamos: la infraestructura, particularmente la que se refiere a carreteras y puertos, donde rivalizamos con países con los peores entornos productivos del mundo.

¿Qué tiene que ver Costa Rica con Sierra Leona, un país cuyo nombre se asocia a los diamantes de sangre; uno de los países más pobres del mundo asolado por un déficit de alimentos que golpea al 70% de la población que se ubica por debajo de la línea de pobreza y con un 35% de su gente desnutrida, según datos de la FAO? ¿Qué tiene que ver nuestro país con Rwanda, una nación que nos remite a genocidios, matanzas tribales y horrores ocurridos hace veinte años?

Pocas conclusiones podríamos obtener y pocas comparaciones realizar, si no fuese porque el Foro Económico Mundial se encarga de decirnos que cuando de competitividad se trata, estos países alejados de la mano de Dios poseen carreteras y puertos que resultan ser más eficientes que los nuestros. Créalo o no, en términos de infraestructura rivalizamos codo a codo, con lo más bajo del mundo.

Así, cuando de la calidad de los puertos hablamos entre las 144 economías valoradas, encontramos que Rwanda –sin litoral marítimo- se ubica en la posición 98, Sierra Leona se posiciona en el lugar 105, mientras que Costa Rica se ubica en el puesto 115. En términos de calidad de las carreteras encontramos que Rwanda se ubica en el lugar 46 entre las 144 economías, al tiempo que Sierra Leona se ubica en el lugar 111 y Costa Rica, por otra parte, se posiciona en el lugar 119.
                                                                        
¿Qué nos dicen estos datos? ¿Podríamos asegurar objetivamente que las carreteras y puertos de estos países, entre las naciones más pobres del mundo, son mejores que los nuestros?

La respuesta seguramente es no. Pero lo cierto es que para los estándares de los empresarios de estos países, sus carreteras y puertos son suficientes para responder a sus necesidades productivas, pero para el sector productivo costarricense, según nuestros estándares y productos, nuestro nivel de desarrollo, de acuerdo con nuestros requerimientos, las carreteras y puertos de este país son sin duda deficientes.

La competitividad, cuando nos apartamos de los datos duros, se mueve en el plano de las percepciones, y para nuestra economía la percepción del empresario desde hace mucho es que el país perdió el norte en materia de infraestructura vial, gracias a la incapacidad de gestión de los organismos del Estado responsables.

Costa Rica no es un país rico, pero contamos con recursos financieros aprobados por más de US$2000 millones para obra pública desde hace más de cuatro años, los cuales tienen una ejecución de menos del 30%. El problema, sin duda, es la gestión institucional. Peor aún es que existan grupos organizados que defiendan en statu quo de nuestros puertos, y se opongan a la concesión del puerto del Caribe.


¿Es esta una prioridad para el gobierno del presidente Solís? La verdad, como muchas otras cuestiones del gobierno, es que no sabemos, pero al leer el Informe de los 100 Días del presidente podemos deducir que no: a la obra pública le dedicó un párrafo, sin ninguna propuesta concreta. 

La columna de Carlos Federico Smith: el capitalismo y la discriminación

Debemos tener presente que el libro de Milton Friedman, Capitalismo y Libertad, vio la luz en 1962, época en la cual en los Estados Unidos había un fuerte movimiento en contra de la discriminación, principalmente índole racial. Me imagino que, por tal razón, Friedman, siempre atento a brindarnos luces en temas complejos, acudió a escribir un capítulo titulado “El Capitalismo y la Discriminación”, posiblemente teniendo en mente algunas acusaciones que pretendían asociar la discriminación racial con el orden económico conocido como capitalismo. 

Friedman escribe: 

“Creo firmemente que el color de la piel de un hombre o la religión de sus padres no son, en sí mismos, razones para ser tratados diferentemente; que un hombre debería ser juzgado por lo que es y lo que hace y no por sus características externas. Deploro lo que me parece ser el prejuicio y la estrechez de miras de aquellos cuyos gustos en tal sentido difieren de los míos y por ello tengo poca consideración por ellos. Pero en una sociedad basada en la libre discusión, el remedio apropiado para mí es buscar cómo persuadirlos de que sus gustos son execrables y que deberían de cambiar sus puntos de vista y su comportamiento, y no utilizar el poder coercitivo para imponer a otros mis gustos y mis inclinaciones.” (Milton Friedman, Capitalism and Freedom, Chicago: The University of Chicago Press, 1967, p. 111).

Friedman empieza reiterando que el capitalismo ha estado acompañado por una baja importante de la discriminación debido a razones religiosas, raciales o por pertenecer a ciertos grupos sociales. Para él, esa disminución no es algo que se pueda separar de la esencia competitiva del capitalismo verdadero. Por tal razón, indica que uno de los factores que inicialmente contribuyó de manera significativa a esa reducción de la discriminación, se encuentra en la sustitución de acuerdos económicos que previamente se celebraban en función del estatus de los participantes, por nuevas formas de arreglos más bien basados en la conveniencia del contrato. Esto es, que las partes voluntariamente convenían en realizar transacciones, mediando principalmente el beneficio económico que con ellos logran las partes partícipes del acuerdo. No hay duda de que hay una mayor y virtuosa anonimidad en ese tipo de contratos, si se les compara con acuerdos logrados con base en otros elementos, tales como familia, religión, procedencia, posición social, color de la piel, coincidencia política, entre muchos otros etcéteras. La mutua posibilidad de obtener mayores beneficios mediante una libre transacción privada es el leitmotiv que induce a la cooperación voluntaria, en contraste con un acuerdo que es llevado a cabo por otras razones, las cuales en principio podrían ser indeseables, además de menos rentable, para alguna de las partes involucradas. 

Para Friedman, “los costos de discriminación en cualquier sociedad son las áreas que, en su idiosincrasia, están más sujetas al monopolio, en tanto que la discriminación en contra de grupos específicos raciales o religiosos, es menor en aquellos sectores en donde es mayor la libre competencia.” (Ibídem, p. 109). A pesar de ello, es frecuente encontrar, principalmente entre personas que forman parte de ciertos grupos objeto de discriminación, un desprecio hacia el capitalismo, al atribuirle, en algún grado, la causa de su circunstancia, sin ponerse a pensar que, más bien, en gran parte es el capitalismo el que les ha permitido grandes avances para eliminar tan indeseable situación.
La razón de eso es que el capitalismo separa lo que es la eficiencia económica de otros factores no significativos. Usualmente, en un orden de mercado competitivo, el consumidor no sabe si el producto que adquirió libremente es producido en todo o en una parte por un negro, o por un judío o por un cristiano o por quien sea. Aún menos lo logra saber en un mundo globalizado, como el actual, en donde resulta muy difícil conocer la proveniencia de las partes que integran el bien que se ha adquirido, así como tener conocimiento de características particulares, como las antes citadas, de quienes los han producido. Una vez más, el mercado despliega un anonimato virtuoso.

Decíamos que una característica del capitalismo competitivo es el incentivo para separar la eficiencia económica de otras características de las personas. Por ejemplo, si un empresario, en vez de actuar con base en un criterio imparcial como es la productividad del trabajo, decide considerar otros elementos para llevar a cabo una contratación que se alejara de aquél criterio de óptimo productivo, tendría como una consecuencia de ello que sus costos de producción resulten ser mayores y, en un mundo en competencia, habría fuerzas que tenderían a que ese empresario quede fuera de dicha actividad económica. Discriminar implica tener un costo mayor. Incluso si un consumidor desea no adquirir un bien, porque es producido por alguien que juzga debe ser discriminado, tendrá entonces que pagar un precio mayor comparado con un bien que es producido por otra persona que no es objeto de su discriminación y que presuntamente es menos productivo que el primero; o sea, quien no discrimina cuando consume un producto, lo puede conseguir más barato. Quien discrimina, reduce su ámbito de posibilidades y ello se traduce en costos relativamente mayores.

En lo que concierne a legislación para tratar de impedir la discriminación y lograr lo que se conoce como “un empleo justo”, Friedman hace la siguiente observación que merece ser tomada en consideración. Dice: 

“Hay un caso fuerte a favor de usar al gobierno para impedir que la persona imponga un daño positivo; es decir, para prevenir la coacción.” Daño positivo lo define Friedman como el que un individuo le ocasiona a otro mediante la fuerza física o forzándolo a aceptar un contrato que no es de su consentimiento. Agrega: “Del todo no hay un caso en favor de usar al gobierno para evitar el segundo tipo de ‘daño’”. El segundo tipo de perjuicio o lesión es para Friedman el daño negativo, que se presenta cuando dos individuos no son capaces de llegar a un acuerdo mutuo aceptable. Así, en este segundo caso, “por el contrario, la intervención gubernamental reduce la libertad y limita la cooperación voluntaria.” (Ibídem, p. 113).

Por tal razón, Friedman señala como inconveniente que se imponga legislación que obligue  a emplear a personas con base en el color de su piel, de su religión, de su nacionalidad u origen o de algo similar. Dice que 

“el recurso apropiado para nosotros creyentes en que un criterio particular, tal como que el color, es irrelevante, consiste en persuadir a nuestros conciudadanos para que piensen de manera similar, sin acudir al poder coercitivo del estado para forzarlos a que actúen de acuerdo con nuestros principios.” (Ibídem, p. 115).

Jorge Corrales Quesada

viernes, 12 de septiembre de 2014

Viernes de Recomendación

Este día les queremos recomendar el siguiente video en el que el economista Pedro Schwarts le enseña al premio nobel de economía Paul Krugman sobre economía austria a y la verdadera forma de solucionar la crisis financiera de eruopa en el largo plazo


martes, 9 de septiembre de 2014

La columna de Carlos Federico Smith: el papel del gobierno en la educación

De acuerdo con la exposición que el profesor Milton Friedman hace acerca de este tema en su libro Capitalismo y Libertad, la educación formal en los Estados Unidos podría considerarse, en su criterio, que se caracteriza por una expansión sin ton ni son de la responsabilidad del gobierno. Nos referimos a dar clases, lo cual es distinto de educar. Es a lo primero a lo que se ha dedicado extensivamente el estado moderno.

Para Friedman, 

“es imposible que exista una sociedad democrática y estable sin un grado mínimo de alfabetización y de conocimiento de parte de la mayoría de los ciudadanos y sin que haya una aceptación generalizada de un conjunto de valores. La educación puede contribuir a ambos. En consecuencia, la ganancia de la educación de un niño resulta no sólo en su beneficio o en el de sus padres, sino también en el de otros miembros de la sociedad.”(Milton Friedman, Capitalism and Freedom, Chicago: The University of Chicago Press, 1967, p. 86).  

Por lo anterior, es clara la existencia, en este caso de la educación primaria básica, de una externalidad positiva o un “efecto de vecindad” positivo, de acuerdo con el lenguaje que utiliza Friedman. Dicha externalidad justifica que un niño reciba una cantidad mínima de alfabetización de cierta índole, pero, a la vez, la obligación de cumplir con tales estudios no puede ser impuesta a padres si no tienen cómo pagar tal educación. Al mismo tiempo, es importante tomar en cuenta tanto que se suele considerar a la familia como la unidad básica de una sociedad, como que, al mismo tiempo, en la sociedad hay un aprecio por la creencia en la libertad de los individuos. 

Así, ante diferencias entre familias en lo que se refiere a su disponibilidad de recursos y porque la imposición de tal cantidad mínima de educación puede ser muy costosa, la ganancia de las medidas para lograr que los niños obtengan esa educación básica y tomando en cuenta que, en general, las familias deben tener suficientes recursos para cumplir con ese objetivo, hacen que tales beneficios deban ser comparados con respecto a sus costos. Por ende, es muy posible que entre diferentes personas surjan diferencias plenamente justificadas en cuanto al grado de subsidio que se justificaría. Friedman expone que, refiriéndose a esa educación básica, “sin embargo, la mayoría de todos nosotros probablemente concluiría en que las ganancias son lo suficientemente grandes, como para justificar algún subsidio gubernamental.” (Ibídem, p. 88). 

Lo expuesto en el párrafo previo no significa que la administración actual de los entes educativos tenga que ser llevada a cabo por el gobierno; la “nacionalización de la industria de la educación”, como la llama Friedman. Ante ello, él nos hace una propuesta muy importante -que bien podría ser de interés práctico para diversas sociedades- como es una política que mejore sistemas educativos que hoy pueden considerarse como insatisfactorios. Se trata de que 

“los gobiernos requieran un nivel mínimo de clases que será financiado dándoles a los padres unos “vouchers” (en español, vales, cupones o bonos), que serían canjeables por una suma anual máxima especificada por cada niño, a fin de que sea gastada en la compra de servicios educacionales en instituciones ‘aprobadas’. Los padres podrán gastar esa suma, además de lo propio que deseen, escogiendo entre aquéllas que libremente sean de su gusto.” (Ibídem, p. 90).

Un aspecto muy interesante de la idea de Friedman, es que los padres serían libres de expresar sus preferencias, escogiendo mandar a sus hijos a la escuela que les parezca más adecuada a sus deseos o necesidades, retirándolos de aquéllas que no les satisfagan. Obviamente, esto amplía significativamente la posibilidad de los padres de familia para escoger el tipo de escuela y educación que desean para sus hijos, posibilidad que actualmente es muy limitada. Friedman enfatiza que, “la empresa competitiva es posible que sea más eficiente en satisfacer la demanda del consumidor, en comparación con las escuelas nacionalizadas o empresas educativas que sirven algunos otros propósitos,” por ejemplo, religiosos. (Ibídem, p. 91).

Interesantemente, Friedman explica que, en caso de que haya un monopolio técnico de instituciones dedicadas a la enseñanza, como puede darse cuando un pueblo es muy pequeño, dado un número hipotético muy reducido de alumnos lo que se traduce en que no existirá más que una escuela de tamaño razonable, eso podría impedir que la competencia pueda favorecer a estudiantes y a padres de familia. En tal caso, Friedman dice que “el acuerdo que tal vez se justificaría más por esas consideraciones -al menos para la educación primaria o la secundaria- es una combinación de escuelas públicas o privadas.” (Ibídem, p. 93). Así, no sólo se obtendría el beneficio de la competencia, sino que también existiría una mayor variedad de escuelas entre las cuales escoger. O sea, no necesariamente la propuesta de Friedman entraña que la escuela pública vaya a desaparecer. Por otra parte, la posibilidad de tal monopolio técnico se ha visto disminuida con el avance del transporte y la reducción en su costo, así como por el crecimiento expansivo de las ciudades hacia zonas semiurbanas, al menos en el caso de los Estados Unidos.

Pero además, se deriva algo muy interesante -en especial ante la oposición a esta propuesta de Friedman, proveniente principalmente de gremios sindicalizados de maestros de escuelas estatales- cual es que no hay nada que impida que esos mismos maestros pueden constituir sus propias escuelas, eso sí compitiendo con cualquier otra que también satisfaga los requisitos mínimos de enseñanza, que el estado ha determinado debe cumplir todo centro educativo bajo el nuevo concepto. (Se refiere a un contenido mínimo de estándares en los programas de las escuelas, tal como, por ejemplo, es similarmente requerido en muchas áreas privadas en lo que tiene que ver con la salud o la seguridad).

La ventaja de que haya competencia entre entidades educativas radica no sólo en ofrecer una  diversidad deseable (sujeta al requisito mínimo de estándares antes citado), sino que también le brinda a los entes educativos la flexibilidad requerida, por ejemplo, en cuanto a salarios del personal y a que sirva como referente para las escalas salariales de los maestros y, principalmente, para que el salario de ellos no esté en función de cosas tales como antigüedad en el cargo, sino que dependan de los resultados que obtengan los estudiantes a partir de la mejor educación recibida. 

En apariencia, señala Friedman, “el problema no es primordialmente que se está gastando muy poco dinero -lo cual bien podría ser cierto- sino que se está obteniendo muy poco por cada dólar que se gasta.” (Ibídem, p. 94).  Bajo el esquema propuesto, se podría lograr algo deseable propio de los mercados, como es que permita a cada cual satisfacer sus propios deseos. Eso lo habíamos señalado en un comentario previo, en el cual indicamos que un mercado, al permitir una representación proporcional, faculta el acuerdo de todos, sin que se requiera de una resignación absoluta a consumir lo único que existe o que alguien determina que es lo que debe existir. Además, al permitir a los padres adquirir lo que desean en el área de la formación escolar, en vez de verse obligados, a través del pago de impuestos, a adquirir lo que se les ofrece casi obligatoriamente, podrían verse motivados a adquirir más del bien que desean; esto es, a gastar más que antes en la educación de los hijos, si se toma en cuenta tanto el dinero proveniente de los “vouchers”, como el propio aporte que decida hacer cada padre de familia. Esto se traduciría en un aumento en la sociedad del gasto total en los servicios que brindan las escuelas, a la vez que se reduce el actual gasto gubernamental en ellas. Asimismo, facilitaría que a los buenos maestros se les pague mejor y que a los malos maestros no se les pague tanto, al remunerárseles de acuerdo con sus méritos y no por el cumplimiento de requisitos burocráticos usuales, como, por ejemplo, títulos, certificados de enseñanza o antigüedad. 

Una virtud adicional del sistema que propone Friedman es que habría un incentivo mayor para que los padres se involucren en los aspectos formativos de sus hijos en cuanto a escolaridad, pues ahora no sólo tendrían opciones en dónde educar a los hijos y, por tanto, se haría deseable conocer las características, facilidades, métodos y temas bajo los cuales se les enseñaría a sus hijos, sino que también esperarían que los resultados estén conformes con lo que pretenden, pues, de no ser así, optarían por escoger otro centro educativo alternativo, al cual enviar a sus hijos.

La propuesta de Friedman está dirigida hacia la educación primaria y secundaria. El caso en favor de subsidiar, por razones de vecindad, una educación superior a las indicadas anteriormente, es mucho más débil. Sin embargo, al menos en los Estados Unidos, se observa, de acuerdo con Friedman, que el estado juega un papel cada vez mayor en la educación universitaria, posiblemente porque la estatal es más barata que la privada; esto es, que el pago directo que deben hacer los alumnos es inferior. Por tal razón, se ha visto disminuir el tamaño relativo de la población estudiantil en las universidades privadas. Así, hay cierto grado de razón en la queja de las universidades privadas, de que la competencia de las universidades estatales es “injusta”.

Friedman propone que, en este caso, “cualquier subsidio sea otorgado a los individuos para que lo gasten en la institución que ellos deseen, provisto que la instrucción sea del tipo que se desea subsidiar”. (Ibídem, p. 99). Algo parecido a lo que en los Estados Unidos se hace con el programa de educación de veteranos de guerra, a partir de la segunda guerra mundial, excepto que Friedman propone que los fondos no sean federales, sino estatales. El logro de la propuesta radica en que se estimularía una mayor competencia entre los diversos tipos de universidades y, por tanto, a que haya un mejor uso de los recursos escasos, al tiempo que se preserva su independencia y no como ahora, en que mucha de la definición de la política educativa hacia la educación universitaria, está sujeta a imposiciones gubernamentales y no a la satisfacción de la demanda de los estudiantes.

Finalmente, en torno al tema general desarrollado, en lo que respecta a la educación vocacional, Friedman enfatiza que el subsidio sugerido, por razones de externalidades en el caso de la educación primaria y secundaria usual, no es aplicable a la educación vocacional, porque 

“si el individuo emprende la inversión y si el estado ni subsidia la inversión ni grava el rendimiento, el individuo (o sus padres o patrocinadores o benefactores) en general soporta todos los costos extras y recibe todos los rendimientos extras: evidentemente, no hay costos que no cargue con ellos o rendimientos de los cuales no se apropia, que tiendan a hacer que los incentivos privados diverjan sistemáticamente de aquellos que son socialmente apropiados.” (Ibídem, p. 101). 

Eso es, que en este caso no se presentan externalidades tanto negativas como positivas (lo que se llama en lenguaje técnico de los economistas, la presencia de des-economías o de economías externas).

Si lo que se pretende es que, por razones de imperfecciones en los mercados de capitales, se aumente la formación de capital humano, la sugerencia de Friedman es que, si el gobierno se involucra en ello, lo haga ofreciendo “financiar o ayudar con préstamos para el entrenamiento de cualquier individuo que satisfaga los  estándares mínimos de calidad, (por ejemplo), haciendo asequible una suma anual limitada durante un número específico de años, sujeto a que los fondos se gasten en el entrenamiento en una institución reconocida.” (Ibídem, p. 105. El texto entre paréntesis es mío). Esos fondos serían cancelados con los ingresos futuros que obtenga el individuo favorecido, logrando que así el fondo sea auto-sostenible. 

Insiste Friedman en que 

“el desarrollo de acuerdos como los explicados tendería a hacer que el capital fuera más ampliamente asequible y por lo tanto harían mucho porque la igualdad de oportunidades sea una realidad, que disminuyeran las desigualdades en los ingresos y en la riqueza y promovería el pleno uso de nuestros recursos humanos. Y no lo haría impidiendo la competencia, destruyendo los incentivos y tratando a los síntomas, como sería el caso con una redistribución directa del ingreso, sino fortaleciendo la competencia, haciendo que los incentivos sean efectivos y eliminando las causas de la desigualdad.” (Ibídem, p. 107).

 Jorge Corrales Quesada

lunes, 8 de septiembre de 2014

Tema Polémico: Irresponsabilidad fiscal en su máxima expresión

Hace unos días el gobierno de la república presentó ante el congreso su presupuesto ordinario para el siguiente año. Sinceramente hubiera sido muy iluso por parte nuestra creer que este presupuesto se diferenciaría de los anteriores con una disminución significativa en el gasto. Dado que este gobierno se trata de uno bastante inclinado hacia el socialismo difícilmente esperaríamos que trate de buscar un Estado más pequeño y, por lo tanto, una disminución significativa del gasto público. Sin embargo, nos hubiera gustado mucho que esta nueva administración comprendiera lo que es evidente para muchos y es que esta mala costumbre en la que se viene desde hace años de estar gastando más de lo que ingresa es una política nefasta y los más perjudicados serán las generaciones futuras y los más pobres. El déficit fiscal ya está alcanzando niveles insostenibles y lo lógico, si se trata de administradores de estado responsables, es que hubieran presentado un presupuesto austero dominado por una política dirigida a reducir el déficit fiscal.

Lastimosamente ha ocurrido todo lo contrario. Este gobierno ha presentado un presupuesto un 19% mayor que el del año pasado en términos nominales. Esto es más de cuatro veces mayor al de la inflación registrada en el mismo año. Irresponsabilidad fiscal en su máxima expresión. Claramente esto es una evidencia de que estamos gobernados por personas que no tienen una conciencia clara de los problemas que este aumento en el gasto provocarán sobre toda la sociedad y están más interesados en cumplir con sus promesas cortoplacistas y populistas de quedar bien con muchos sectores ya bien acostumbrados a existir a expensas del Estado.

Como gran gracia, el presidente Solis se presenta ante todos los costarricenses unos días antes presentando una serie de denuncias que evidencian las ineficiencias en el gasto y despilfarros típicos de un Estado “social” de derecho y muy mal administrado. La conclusión que cualquier persona con “dos dedos de frente” podía sacar de esta tipo de denuncias era que era necesario reducir el tamaño del Estado y sanear las finanzas públicas. Pero no, nuestro presiente concluyó que lo necesario era aumentar el tamaño del Estado pero con la tranquilidad de que ya no íbamos a ser gobernados más por los “mismos de siempre”. Como si toda la gente del PAC fuera 100% honesta y humilde ¿Quién es el iluso?

No, la solución del señor Solis para “disminuir” el déficit fiscal será como era de esperarse un paquetazo de impuestos. Claro sigamos pagando la fiesta del gasto. Gente irresponsable y sinvergüenza. 

martes, 2 de septiembre de 2014

La columna de Carlos Federico Smith: la política fiscal

Continúo mis comentarios, exponiendo un nuevo capítulo de ese libro de Friedman que tanto aprecio –Capitalismo y Libertad. En esta ocasión, resumo lo que considero es lo más importante que aquel pensador escribió en dicho libro, en cuanto a política fiscal.

Con anterioridad, Friedman había tratado ampliamente el tema fiscal en su obra de 1960, A Program for Monetary Stability, pero también acerca de él escribió otros dos artículos técnicos; a saber “A Monetary and Fiscal Framework for Economic Stability” en el American Economic Review, Vol. 38, No. 3 en 1948 y otro, bajo ese mismo título, el año siguiente en la revista Econometrica. 

Friedman señala que, desde la época del Nuevo Trato (New Deal) del presidente Roosevelt, la razón esencial para aumentar el tamaño del estado fue luchar contra el desempleo y, cuando esa política de agrandamiento del estado fracasó en reducir la desocupación, el nuevo fundamento fue la teoría de la expansión secular; esto es, asegurarse un crecimiento sostenido a largo plazo de la economía nacional. Para cuando escribía Capitalismo y Libertad, la justificación era que el gasto gubernamental sirviera como una rueda o volante que permitiera mantener la dirección (“a balance wheel”) de la economía, de manera que el gasto público aumentara cuando se redujera el gasto privado y viceversa, de forma tal que el gasto total permaneciera estable. 

Friedman señala que, más bien, ese volante se ha desbalanceado. Las razones para su apreciación son las siguientes: (1) muchos de los programas de gasto gubernamental entran en operación cuando ya han desaparecido las tendencias recesivas; (2) el apuro con que suelen aprobarse los programas de aumento del gasto gubernamental ante una baja en el ciclo económico, no se lleva a cabo con la misma rapidez para eliminarlos, una vez que son innecesarios o contraproducentes; (3) lo que dicha política ha provocado es un crecimiento sostenido de las actividades de gasto del gobierno federal de los Estados Unidos; eso, además, habría impedido cualquier reducción de la carga de impuestos federales; (4) con posterioridad a la segunda guerra mundial, el componente más inestable del ingreso nacional fue el gasto federal y en ningún momento esa inestabilidad se puso en marcha para compensar otros componentes del gasto; (5) si, bajo el concepto de “balance wheel”, se busca compensar a variaciones del gasto privado mediante aumentos en el gasto público, ello es también conceptualmente posible lograrlo mediante una reducción de los impuestos; (6) para compensar fuerzas indeseables que varíen el gasto personal, tal decisión tendría que hacerse con la debida antelación; el hecho técnico es que, dado el conocimiento actual, tal cosa no es posible de determinar y, más bien, la expansión del gasto ha agregado otra distorsión azarosa, al usarse como compensación de otro disturbio.

Finalmente, Friedman manifiesta 

“que el punto de vista, ahora ampliamente abrazado, de que un aumento en los gastos gubernamentales con respecto a las recaudaciones de impuestos es necesariamente expansivo y que un descenso logra una contracción… no puede ser demostrado tan sólo por consideraciones lógicas, nunca ha sido documentado por la evidencia empírica y, de hecho, es inconsistente con la evidencia empírica relevante que conozco.” (Milton Friedman, Capitalism and Freedom, Chicago: The University of Chicago Press, 1967, p. 79.).  

Me imagino que este comentario podría ser aplicado también al último intento en nuestro país de aplicar una política fiscal expansiva aumentando el gasto público, cuando la administración Arias Sánchez, a finales de la última década del siglo pasado, decidió aumentar el gasto estatal como forma para disminuir una desocupación, presuntamente derivada de la crisis internacional. Lo que más bien la aplicación de esa política ocasionó fue un aumento significativo del déficit fiscal, al elevar enormemente los gastos corrientes del gobierno, pero no redujo de manera importante -si es que acaso lo logró en algún grado- la tasa de desempleo del país.

Friedman reconoce en Capitalismo y Libertad acerca de la política anti-cíclica propugnada por John M. Keynes, que su análisis es “altamente simplificado”, obviamente en comparación con el efectuado en otros de sus trabajos, pero aprovecha para indicarnos que, en contraste con el concepto keynesiano del “multiplicador del gasto”, 

“el intenso trabajo empírico que ha hecho, en cooperación con sus estudiantes, para los Estados Unidos y otros países… sugiere fuertemente que el resultado final está más cerca del extremo de la teoría cuantitativa que del keynesianismo… Ello significa que un aumento en los gastos gubernamentales en comparación con su ingreso, no es expansivo en algún sentido relevante. Puede ser que agregue al ingreso monetario, pero toda esa adición es absorbida por los gastos del gobierno. Los gastos privados se mantienen invariables. Dado que es posible que los precios se eleven en el proceso, o que caigan menos que lo que de otra manera se esperaría, el efecto es lograr que los gastos privados sean menores en términos reales… Estas conclusiones no pueden verse como finales, se basan en el cuerpo de evidencia (en su época) más amplio y comprensivo.” (Ibídem, p. 84). 
 No hay duda que ese tema está y estará en la mesa de discusión por largo tiempo. Pero me he referido a él esencialmente para destacar el alcance y la profundidad que en este asunto, así como en otros, aún hoy día tienen los trabajos del profesor Friedman.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 1 de septiembre de 2014

Tema polémico: Petrocaribe, RECOPE y demás sandeces

Dentro de la lógica del actual gobierno, en la que no hay claridad sobre nada, una noticia reciente confirma lo que ya sabíamos: el ingreso a Petrocaribe no generará ningún beneficio a Costa Rica en cuanto al precio del combustible, según un reciente informe de RECOPE.

El problema con Petrocaribe -una iniciativa del gobierno venezolano para ofrecer petróleo a aquellos países que se unan y alinien para darle apoyo al proyecto del Socialismo del Siglo XXI- es que no sólo no generaría ningún beneficio en cuanto al precio internacional del crudo y más bien provocaría un endeudamiento público mayor que, a la postre, terminarán pagando los ciudadanos, sino que comprometería al país en cuanto a su orientación de política exterior, de forma tal que habría que apoyar al gobierno bolivariano o cuando menos, guardar silencio ante sus actos y propuestas, tirando por la borda los principios que Costa Rica ha defendido a lo largo de los años: democracia, libertad, derechos humanoz, paz y neutralidad.

No obstante y ante el evidente riesgo, el Poder Ejecutivo aún no ha tomado la decisión de desechar esa ocurrencia, lo que genera preocupación. ¿Cómo una ocurrencia tan perjudicial no es rápidamente descartada? ¿Es que realmente están valorando el ingreso del país a pesar de los problemas que esto podría generar? Mientras algo tan positivo como la unión a la Alianza del Pacífico está casi descartado en esta Administración, las tonterías por el contrario parecen tener espacio. 

Lo más triste es que esa no es la única insensatez que sigue en pie. RECOPE y el CNP, dos elefantes blancos que hace mucho tiempo debieron desaparecer, continuarán siendo protegidos y "fortalecidos", con más dinero, funciones, personal y demás. Y en un contexto de déficit fiscal, cuando la lógica dicta que hay que recortar gastos, mantener estos lastres es un insulto a la inteligencia y a la dignidad. 

Es urgente que, si se quiere reducir el precio de los combustibles, se abra el monopolio de RECOPE, que ha demostrado ser nefasto para todos, excepto para sus empleados, que disfrutan de privilegios no vistos prácticamente en ninguna latitud. Es vital que el Estado costarricense deje esa doble moral de vender guaro al tiempo que gasta dinero público en campañas de prevención y en atención a los problemas generados por el alcohol. 

Pero si algo nos ha demostrado la política costarricense es que la lógica no tiene lugar en este ambiente. El sentido común, la consistencia y la razón son enemigos públicos para nuestro Estado y por lo tanto, se les rechaza y persigue cual bruja en la época de la Inquisición. Por eso, lo que fácilmente se resolvería, toma años y cuesta millones de colones, para dar espacio a propuestas "alternativas", "solidarias", comisiones, comités, informes y expertos que luego proponen lo de siempre: el nadadito de perro.