Desde la tribuna: entre la platina y la trocha mocha

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes acaba de aprobar una nueva contratación para arreglar el puente de la platina o la platina del puente, ¡da igual!  (se trata de un daño sufrido por el puente sobre el río Virilla, en la Autopista General Cañas –San José –Alajuela).

Este daño y la inutilidad del MOPT al respecto evidencia la falta de competencia del Estado costarricense para enfrentar cierta clase de tareas y, sobre todo, para hacerlas bien.  La “platina” sintetiza el estado de cosas y la postración estatal.
 

Una nueva contratación ahora de más de cuatro mil millones de colones.  Ya se habían dado dos gastos igualmente contabilizados en miles de millones de colones y el resultado había sido desastroso. 
El MOPT fue medio descompuesto en Consejos especializados en los cuales los funcionarios ganan más pero la eficiencia no parece avanzar.  El resultado claro es que el Estado ha perdido competencia, eficiencia y capacidad.  Digo medio descompuesto por varias razones, una de ellas es que siguen vivas las viejas dependencias.  En algunos casos los funcionarios pasan a los nuevos consejos pero, con la filosofía del mono (“no soltar una rama en tanto no se agarre la otra”) salen con permiso a ganar mejor a otro órgano, pero manteniendo su viejo puesto.  Además, en algunos casos no son más que los mismos haciendo lo mismo, pero ahora en un órgano de nombre diferente.
 

Por otro lado, las noticias de la investigación judicial acerca de los gastos (perdidos, botados, desperdiciados) en la llamada “trocha mocha” (carretera o trocha fronteriza) evidencian que hubo baile, ron, fiesta y vacilón con los dineros públicos.  ¡Qué relajo!
 

Miles de millones desperdiciados … ese es el resultado de la gestión estatal.  Súmele los gastos de Recope en la “recochina”  (refinería de Recope y la China) y se verá que se trata de más de veinticinco millones de dólares (quizás hasta cincuenta) en estudios que la Contraloría ha rechazado.    El jerarca del sector, en lugar de renunciar y botar a todos los responsables, concomitantemente con una gestión de cobro y devolución de estos gastos hechos a través de una sociedad caribeña, más bien pide un “plan B”. 
 

Todo esto sucede porque ponemos demasiadas cosas en manos públicas (monopolios, gestión de infraestructura, gastos de emergencias) confiando en el Estado y sus funcionarios. 
 

Al Estado hay que reducirlo, racionalizarlo, controlarlo, quitarle funciones, declararlo incompetente e inútil ineficiente, entender que campea la corrupción y desmitificar las creencias que le erigen como único para determinadas tareas.
 

Las pruebas son evidentes e incontrastables.

Federico Malavassi Calvo

Desde la tribuna: ¡dos veces y medio peor que la "trocha mocha"!

La noticia es que se han festinado ₡49,000,000,000.oo (cuarenta y nueve mil millones de colones) en estudiantes fantasmas (Administración del Ministerio de Educación).

Si sacamos cuentas, recordaremos que el gasto en la “trocha mocha” era de ₡20,000,000,000.oo (veinte mil millones de colones).  No todo se festinó, lo que se festinó fue la obra.  

He dicho varias veces que algunas desgracias gubernamentales son más fáciles de criticar y descubrir por tratan de asuntos tangibles (huecos en la calle, la trocha, los daños en la carretera a Caldera), pero que hay otros que son casi ocultos y tratan de asuntos relativamente intangibles.

No todos los asaltos y delitos son denunciados y no todos en todos los denunciados se logra determinar al malhechor.  Por supuesto que el nivel de insatisfacción ciudadana en este tema es altísimo. Es obvio que hay inseguridad y que el Estado ha sido ineficiente en sus obligaciones. El gobierno ha mantenido una discusión con la ciudadanía, pues los funcionarios sostienen que se trata de una mala percepción.  Es el problema que tenemos cuando no contamos con todas las cifras y datos.

Hace unos meses se hablaba del desatino del gasto en la Educación pública en relación con los dineros que están en el “limbo” entre la Administración central y las juntas de educación.   El asunto es que se ha logrado determinar que hay miles de millones de colones en ese “limbo”. ¡Administración catastrófica! 
Por supuesto que el asunto se origina en la “creencia” o “fe” que algunos le tienen al Estado y a sus funcionarios. En Costa Rica decimos  “tener más fe que san Roque”  (aquel santo de Montpellier que quedó huérfano, vendió todo para darlo a los pobres, se entregó totalmente al servicio de los demás y murió solo, abandonado y olvidado, lleno de llagas y en prisión).   Pues sí, desdichamente abundan los crédulos que le tienen fe al Estado, al gobierno y a los funcionarios públicos y, de verdad, estos estatólatras  “tienen más fe que san Roque”.  

La educación pública se dedica a las guías sexuales (posiblemente por andar en esas se le han reproducido 41,000 alumnos fantasmas) y se desconcentra de lo elemental.  Ahora acepta que necesitará dos años para enseñar a leer.    ¡Vamos de mal en peor!

¿Cuántos negocios más, de este tipo, anidan en la administración del MEP? ¡Qué difícil va a ser determinarlo, pues es lo que no se ve!  

Los auditores del MEP han externado críticas importantes al funcionamiento de esta Administración, lo que pasa es que no han tenido seguimiento judicial.  No es de extrañar, además, que éstas condiciones administrativas cohabiten con actos de excesivo autoritarismo y abuso (¿recuerdan los temas de “Procesos” y las cartitas de recomendación para Recope?).

¡Eso sí! Cuando se trata de educación privada, entonces aparecen todos los tecnócratas para exigir irracionalmente sujeción a reglamentos inconstitucionales, a instrucciones exageradas y mil detalles que, por supuesto, la administración del MEP no se autoaplica.  ¿Curioso? ¡No! Es parte de la misma manera de ser.  

Si la Presidenta de la República aplica al MEP la misma reacción que tuvo con el MOPT cuando se medio enteró de la trocha mocha, debería pedirle al Ministro dos veces y medio más rápida y fuertemente que se marchara y dejara la educación en mejores manos.  ¿Será así o va a pasar igual que con la cartita de recomendación a “Procesos” que resultó en la contratación torticera en Recope.  ¿Usted que cree?

Federico Malavassi Calvo

La columna de Carlos Federico Smith: progreso en la frontera norte

Recientemente, en una arenga para promover la reanudación de la construcción de la ya famosa trocha de la frontera norte, uno de los argumentos esbozados por la presidenta de la República fue que, con su existencia, se lograría el progreso de la zona norte del país.

Dicho en esos términos, difícilmente se puede alegar lo contrario, pero, si se analiza con mayor detalle, hay elementos que deben ser tomados en cuenta, si es que en verdad se quiere que efectivamente el progreso alcance a los ciudadanos de esa región.

Es evidente que una vía de comunicación va a traer progreso en las vecindades de donde se construya. Principalmente si también tiene otros elementos asociados, tales como electricidad, seguridad, agua potable, entre otras cosas básicas. Pero también este beneficio esperable se lograría si se construye una carretera similar en otros lugares del país. Es aquí en donde se debe tomar en cuenta un factor crucial que diferencia a la propiedad en las cercanías de nuestra frontera y en el resto del país.

Es un hecho que, al haberse iniciado la construcción de la llamada trocha, se han vendido muchas propiedades de sus cercanías.  Me imagino que es debido al potencial de crecimiento que, con esa obra, tendrá la zona. Algo similar es lo que ha sucedido con zonas aledañas a la Costanera Sur o a la nueva carretera a Caldera. Los vendedores han visto una buena oportunidad para vender a un precio mayor lo que poseen y los compradores la han adquirido, en la expectativa de que podrán generar buenas ganancias que compensen esas inversiones.

Lo que pasa es que no hay plena propiedad privada plena en la frontera norte (y también al sur) del país.  Si usted es dueño de un terreno ubicado en las cercanías de la frontera y necesita hacer en él una construcción, no puede utilizar al primero como garantía para esa edificación: los bancos no aceptan esos terrenos como garantía.  Si usted quiere meter ganado en su propiedad, tampoco puede usar su tierra como garantía para obtener el préstamo bancario. A las tierras aledañas a las fronteras se les considera bienes de uso público, que no pueden ser objeto de posesión. Esto es, no pueden ser propiedad privada, sino tan sólo una concesión de hecho.

Esta limitación a la propiedad privada creo que constituye un obstáculo, tal vez más importante que otros, para que los ciudadanos de la frontera inviertan en mejorar sus tierras. Tal vez más que la ausencia de vías de comunicación y otros factores claves, como agua potable, seguridad y electricidad.  Cuando la gente no es propietaria de las cosas, al igual que sucede con el caso llamado “la tragedia de las propiedades comunes”, no surge el incentivo para procurar el progreso de aquello en lo que laboran, excepto para sacar una cosecha que no implique grandes inversiones. Sin un derecho pleno a la propiedad, no hay razón para que el “dueño” arriesgue su patrimonio en una inversión. Ello porque no hay garantía de que él se puede apropiar de los resultados de dicha inversión.  El día de mañana, el estado puede apropiarse de dicha inversión. No tiene seguridad jurídica de su propiedad.

Por ello, es mi opinión que, si en verdad se quiere lograr el desarrollo de nuestras tierras fronteriza, se otorgue plena propiedad privada a quien hoy usufructúa de esas tierras.  Así podrá darse el cuidado, la vigilancia, la observación y la supervisión, todos factores esenciales para la generación de riqueza de parte de un individuo o una empresa. No sería como ahora, en donde, al no haber propiedad, no existen los incentivos indispensables para que se dé ese aumento de riqueza. Con esa forma de propiedad, si así puede llamársele, condenamos a la pobreza a esos vecinos de nuestras fronteras.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: ¡fueTeté!

En las declaraciones, de casi todos los que han acudido ante la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa para estudiar el caso de la llamada Trocha, niegan haber tenido algo que ver con tan malogrado proyecto, del que ver se derivaron claros actos de corrupción. Tan sólo cuatro funcionarios públicos, quienes laboraban en el CONAVI, algunos en niveles intermedios, han aceptado sus responsabilidades y sólo dos de ellos guardan actualmente prisión preventiva, por orden de jueces. Por sus deposiciones, casi que el resto de los comparecientes más bien esperaba ser felicitado por sus actuaciones.

Esa es hasta hoy la triste realidad de los hechos en la comisión legislativa mencionada, ante la flagrante corrupción sucedida en ese proyecto.  Nadie de los altos funcionarios gubernamentales comparecientes, quienes tuvieron responsabilidades por la decisión de llevarla a cabo, formular su planificación técnica, ejecutar y supervisar su construcción, ordenar destruir el medio ambiente, decidir acerca de qué actividades se deberían llevar a cabo en dicho proyecto, indicar cuáles obras concretas se deberían realizar y en qué forma y, ante todo, vigilar que las cosas se hicieran correctamente, de acuerdo con nuestras leyes, ha dado la cara asumiendo las responsabilidades del caso. Casi que uno esperaría saber quién fue el que tomó la decisión fundamental de llevarla a cabo y que asuma a plenitud la responsabilidad derivada de esa decisión.   

Como ni siquiera hay asomos de que alguien nos diga que asume la plena responsabilidad política derivada del descalabro, a los ciudadanos, con cuyos impuestos se proveyeron los recursos que fueron objeto del asalto, no nos queda más que elucubrar acerca de quién o quiénes son los responsables de esa torta.  Unos, como yo, pueden pensar que, entonces, fue Teté. Otro que el hombre invisible de H. G. Wells. Alguien más creería que fue la Sombra (esto para los muy viejitos). Para quienes están muy perdidos, podrían juzgar, por aquello del desperdicio y atolondramiento navideño, que fue el Amigo Invisible. Tal vez alguien pensaría que fue aquel hombre invisible, irresponsable, que abandonó a la mujer que embarazó. Cualquiera puede haber sido, menos los que no aceptaron responsabilidad alguna ante la Asamblea, si bien, tal vez, tendrán que hacerlo ante la justicia.  Es mucho en lo que dependemos de la acción de la Fiscalía General de la República. Que Dios la ilumine, pues ya sabemos al monstruo que se enfrenta. 

Mientras tanto, nos anuncian que pronto se reanudarán los trabajos a medio palo en la Trocha. Se me revuelve el estómago, pero lo que es lo más notorio del momento, cual es la recontratación de la empresa que estaba encargada de la vigilancia en la primera etapa fallida, no lo voy a juzgar en este momento. Repugna, como si no existieran otras empresas que se pudieran encargar de tan delicada función, sin que se haya puesto en duda la eficacia de una tarea de vigilancia previa. 

Pero ha pasado desapercibida la declaratoria presidencial de que, quienes se oponen a la Trocha, son unos traidores a la Patria. Casi que me dan ganas de oponerme a ella, tal vez por lo sucedido con nuestros recursos escasos y con el juego politiquero en que se nos ha querido involucrar. Pero no lo voy a hacer, a fin de no distraerme en mi esfuerzo, porque salgan a la luz los responsables del robo de fondos públicos más grande y reciente de nuestro país.  El símbolo de la justicia podrá estar vendado. Pero no es un significado de que las cosas se deban tapar, sino para que la justicia sea imparcial. Nada más. Pero que se lleve a cabo.

Jorge Corrales Quesada

Desde la tribuna: el gobierno no debería ser importante

No está de más repasar por qué tenemos un gobierno. Tenemos un gobierno porque hemos decidido vivir en sociedad y constituir un Estado. Lo que llaman muchos el “Contrato Social”. 

La idea de un gobierno es que nos administre algunas cosas, con arreglo a la Constitución y las leyes. El principio en nuestra sociedad es que la soberanía reside en la Nación. Ello significa que el soberano es el conjunto de nacionales. El gobierno no debería tener un propósito propio sino que su cometido es servir al pueblo, a la gente. Todo ello, reitero, con arreglo a la Constitución y las leyes.
 

El problema surge cuando el gobierno comienza a tener propósitos propios, el Ejecutivo cree que solo él es gobierno y se utilizan las elecciones para el clientelismo político.

Si la gestión pública fuera equilibrada, cada cual en su casa y trabajo tranquilo con lo que pasa. Pero como no es así, sino que la gestión pública es un conjunto de impulsos y ocurrencias, entonces hay que estar a la defensiva.Y estamos tarde.

Un ejemplo claro es el tema de la trocha 1856  (la “trocha mocha”). Todo se inició con el mal manejo de una cuestión fronteriza.  Se supone que al gobierno se le paga para que lo haga con cierto tino, no con destino.  

 

Un medio permiso, terminó en un dragado y construcción de zanjas que ponía en cierto riesgo la frontera. Pues entonces el gobierno envía un puñado de policías que van en actitud de soldados de un comando militar. Los vi en las noticias luciendo sus armas y una actitud combativa. Tal vez era una sobrerreacción o una exhibición indebida.
 

Pero fue peor verlos regresar con el rabo entre las piernas, abandonando el territorio nacional en supuesto peligro y aduciendo otras razones. Allí ha empezado un oneroso litigio internacional y un conflicto al que no se le ve trazas de terminar pronto (dicen que “un loco hace cien”).

 

Alguien tuvo la ocurrencia de la carretera fronteriza (una obra pública no programada ni planificada). Allí se desató el gran desorden: declaratoria de emergencia, utilización de fondos y procedimientos de emergencia, obras en desorden y sin adecuada construcción ni previsión, dinero perdido, naturaleza dañada, obras por perderse, ridículo y todos peor.

¿Era para eso el gobierno? ¿Será que no entienden que son pasajeros en la función pública? ¿Quizás sea que no se entiende en qué radica el Estado de Derecho?

El hecho puro es que van docenas de miles de millones de colones gastados, tal vez desviados, evidentemente perdidos. Fomento de la corrupción, daño más grande que el reclamado a Nicaragua, la cuestión ambiental lesionada, el mal ejemplo y buena parte de la función pública perdiendo el tiempo en el asunto. Se ha llegado al colmo de bloquear la inspección de un diputado en la zona. 

Se perdió el Norte, la razón de ser del gobierno. Se olvidaron del propósito de vivir en sociedad. Si todos tuviéramos claro para qué es el gobierno y que su primera obligación es ser garante del Derecho y del Estado de Derecho, quizás mucho de esto no pasaría (pues pasa a diario).

Podemos pensar en la grave situación de la CCSS, en el estado crítico del ICE, en las gravísimas pérdidas del Banco Central (medidas en miles de millones de dólares), en que todo el esfuerzo de vivienda no alcanza el déficit, en la duplicación de entidades públicas y mil cosas más. Todos pendientes de qué va a hacer el gobierno y pensando cómo nos va a afectar.Y no debería ser así. No deberíamos estar pendientes de ello. 

Lo que sucede es que hemos aceptado el manoseo de la Constitución, hemos aceptado que el Ejecutivo esté presionando constantemente al Legislativo en cuanto a emisión de nuevas leyes y cambio de las reglas de juego. Hemos aceptado que el gobierno pese demasiado y ahora no lo aguantamos. Nos hemos dejador robar la libertad.

Ahora hay que pensar en reparar lo que se ha hecho con la aceptación de muchos. Recuperar la libertad, poner al gobierno en su lugar y hacerse cada cual responsable de su vida.
 

Federico Malavassi Calvo

Desde la tribuna: un Estado a troche y moche

Recientes acontecimientos en Costa Rica deberían poner a reflexionar a los supresores sistemáticos de la libertad, quienes se decantan por un fundamentalismo estatista. Me refiero a los criminales atrasos en las mamografías a cargo de la CCSS y el desabasto en medicamentos básicos, incluidos algunos para tratamiento del cáncer, por más de un año, en la misma institución. Ambas noticias han sido publicadas por La Nación.
 

Sin duda, estas son gravísimas fallas de un estado anquilosado e insensible. Algunas personas, pueden salir de estos compromisos con la salud, por medio de servicios privados y medicamentos adquiridos en el tan difamado mercado. Pero, muchas no. Debe recordarse, porque esto es olvidado con frecuencia, que los servicios de salud no son gratuitos, cuestan a los contribuyentes directos de la caja, patronos y trabajadores y a los contribuyentes de los impuestos, cuando el estado deja impagos sus compromisos legales para con la CCSS. Muchas familias no pueden hacer frente a los dos pagos, el de planilla y el de servicios privados. Pero, tampoco es posible descartar el hecho de que, a la economía familiar, el encarecimiento en la contratación de trabajadores puede causarle daños en posibilidades no solo de pago directo de servicios, sino de empleo.  
 

No es este, sin embargo un problema de recursos de la CCSS. Se trata, más bien de manejos corruptos o ineficaces e ineficientes de los fondos disponibles. Se trata de administrar a troche y moche, improvisando y facilitando abusos. Por cierto, el desabasto de medicinas facultaba la declaración de estados de emergencia o de urgencia que, a su vez, permitían saltarse los procedimientos de compra con competencia.  Impedir la competencia era el desiderátum.
 

No es esa conducta exclusiva de la CCSS. La construcción de la trocha mocha en la zona norte y sus desenfadados abusos, hizo uso del mismo mecanismo de emergencia, adobado con patrioterismo, para montar una plataforma de corrupción, despilfarro y mala ingeniería. La urgencia permitía evitar la competencia y el falso patrioterismo sirve hoy, para intentar tapar todos los abusos. Impedir la competencia era el desiderátum.
 

El panorama no queda aún completo. Costa Rica es un país cada vez menos competitivo. Está ahogado en trámites creados al  impulso del fundamentalismo estatista y la demagogia. Además, el costo de la energía, en un país que quiere propiciar el mejoramiento en la calidad de vida, y la creación de nuevas oportunidades, ha llegado a niveles tan altos, que un gobierno a troche y moche, ha propuesto subvencionar a un reducido número de empresas, elevando la tarifa para el resto de los consumidores de energía. Si bien el esquema de subvención es inaceptable y el problema de estas empresas por subvencionar podría solventarse moviendo o flexibilizando las áreas de servicio de productores y distribuidores actuales, el costo de la energía eléctrica en Costa Rica, es superior, kilowatt/hora por kilowatt/hora al de Estados Unidos de América. Efectivamente,  de acuerdo a la publicación “Electric Power Monthly” de Mayo 2012, con datos de marzo del 2012 del U.S. Energy Information Administration (EIA), el costo promedio de en EUA no excede, en promedio, los 10 centavos de dólar por Kwh, mientras que en Costa Rica ese costo llegó a  17 centavos de dólar por Kwh, un abismal setenta por ciento más,  con una preocupante tendencia alcista.

 

Si no se disminuyen los privilegios y la ineficacia e ineficiencia y se acrecientan dinámicamente las oportunidades de empresa, de competencia y de trabajo,  cada vez menos costarricenses serán capaces de abandonar la trampa de su desatención médica. Bien sea esto consecuencia de una CCSS  cuarteada por privilegios y urgencias artificiosas o de desempleo y falta de mejoramiento en los ingresos familiares. 

Tristemente, Costa Rica vive un presente rememorando glorias pasadas, en medio de presagios sobre un futuro muy desmejorado. Se requiere de propuestas de mayor alcance, de abandonar el etiquetado ideológico y de reconocer la realidad.  Normalmente, los enemigos de la libertad, señalan cualquier contratiempo económico como causado por fallas de la libertad de empresa, de la propiedad privada, del capitalismo o del mercado. Impidiendo la competencia, piensan encontrar la solución. Como remedio, sugieren más estado y menos sociedad.  Muchos consideramos  llegado el momento de revisar el rumbo. 

Mario Quirós Lara.

Desde la tribuna: la trocha de Chorimosa

¡Así es!  Chorizos y Movidas SA  (Chorimosa) parece ser la titular de una serie de concesiones y contratos en Costa Rica.

El tema de la trocha o carretera Juanito Mora 1856 se ha constituido en un asunto de antología.  Es el ejemplo de la corrupción y degradación de la contratación administrativa. Se utiliza una vía anormal para no realizar los trámites de la contratación administrativa (Decreto de Emergencia y fondos que maneja la Comisión Nacional de Emergencia) y luego, adelante con los faroles.

Ahora que se van destapando algunos asuntos similares, es evidente que hay que llamar la atención de la Contraloría y de los encargados de tutelar por la probidad.

Se llama “chorizo” a distintas formas de corrupción (cohecho, coima, peculado, fraude, estafa y similares) y se conoce como “movida” a algo similar (la expresión es “hacer una movida”). Un amigo mío me preguntaba (como Notario que soy) si se podía inscribir una sociedad que se llamara “Chorimo S.A.” (chorimosa) o sea “Chorizos y Movidas SA”. 

Es que el tema de la corrupción se va haciendo constante y no termina. O son las contrataciones de Recope (entre Procesos y un par de ferreterías, para ver quién lleva la imagen de la monopólica) o son los amiguismos con “Procesos” o es el desastre de la trocha.

¡Claro que el PLN empieza a echar una cortina de humo en la Asamblea y buscar pactos y acomodos!  ¡Claro que el PLN empieza a hablar de “gobernabilidad” y cuánto le incomoda la Sala Constitucional!  Sobre todo ahora que la inspección electoral denuncia múltiples casos de discutible manejo de las finanzas electorales del PLN (¿Chorimosa?).

El poder corrompe y la falta de alternancia en el poder concentra demasiado. ¿Cómo expulsar del poder a Chorimosa si se afinca a través de varios pactos?  Tema fundamental.

Ahora lo elemental es tomar nota de lo que pasa, denunciar y percatarse de que apenas son pequeñas muestras de algo mayor. ¿Cómo anda la contratación que no sale a licitación pública?  ¿Cómo anda el tema del software de la tributación?  ¿Cómo anda el expediente electrónico de la CCSS?  ¿Ya se devolvió el sobrepago por limpieza de carreteras?  ¿Ya Autopistas del Sol pagó por el daño ambiental que causó?

Es demasiado lo que pasa y es obvio que estamos abriendo más oportunidades para “Chorimosa”. 

Por todo ello es necesario controlar más, denunciar más y quitarle competencias y atribuciones al Estado.

Federico Malavassi Calvo