
Pareciera que ya es costumbre que cada día muera al menos una persona en un asalto. Los casos públicos más recientes fueron el de un joven estudiante de Tibás y el de un repartidor de periódicos. La gran pregunta que nos hacemos en ASOJOD es ¿hasta cuándo se hará algo por detener a los criminales? ¿Cuánta gente más tiene que morir para que aquellos que violan los derechos de las personas vayan a prisión?
Gracias a la desidia de nuestras autoridades, los hampones celebran su impunidad. Entran y salen de prisión como si se tratara de un parque a cielo abierto, roban en los mismos lugares y a plena luz del día. Incluso, roban varias veces a las mismas personas o en los mismos lugares y pueden burlarse, con todo cinismo, de las víctimas.
Es lamentable saber que los ciudadanos responsables y honestos no podemos, como dijo la madre del joven estudiante, tener buenas tennis, buenos celulares o buenas pertenencias. En efecto, quienes tienen el derecho de transitar tranquilamente por nuestras calles, a pie, en carro o en motocicleta, son los delicuentes. Ellos pueden pasaersa a cualquier hora y en cualquier lugar con las pertenencias que deseen, mientras las personas decentes tenemos que encerrarnos en nuestras casas y salir a la calle como si fuéramos fugitivos. Y lo peor es que ya ni siquiera en nuestras casas estamos a salvo.
Ya basta, señores y señoras. En ASOJOD hacemos una llamada para que los ciudadanos presionemos a nuestros representantes legislativos para que las reformas al Código Penal salgan rápido y para que los criminales vayan a prisión. Le exigimos al Estado que deje de estar gastando dinero en tantas tonterías, como el nuevo Fideicomiso Nacional para el Desarrollo, que dispone de más de 100 mil millones de colones para financiar proyectos de elevado riesgo. Ese dinero debe ir destinado al efectivo cumplimiento de su única función: seguridad. Tenemos el derecho a gozar de los frutos de nuestro trabajo y nadie debe privarnos del mismo.
Cuando una sociedad permite que su Estado se disperse en cientos de funciones que no le corresponden y deja de lado su obligación de proteger los derechos de propiedad de los individuos, se crea el caldo de cultivo para que esas mismas personas tomen la justicia en sus manos. No podemos permitir que la sociedad se rija por la ley de la fuerza, donde cada banda de rufianes cobren sus cuentas por sí mismos. El uso de la fuerza y la coerción debe ser monopolio del Estado y esa función es la única que debe ejercer el mismo para que sea posible la convivencia fraternal entre los individuos.
Gracias a la desidia de nuestras autoridades, los hampones celebran su impunidad. Entran y salen de prisión como si se tratara de un parque a cielo abierto, roban en los mismos lugares y a plena luz del día. Incluso, roban varias veces a las mismas personas o en los mismos lugares y pueden burlarse, con todo cinismo, de las víctimas.
Es lamentable saber que los ciudadanos responsables y honestos no podemos, como dijo la madre del joven estudiante, tener buenas tennis, buenos celulares o buenas pertenencias. En efecto, quienes tienen el derecho de transitar tranquilamente por nuestras calles, a pie, en carro o en motocicleta, son los delicuentes. Ellos pueden pasaersa a cualquier hora y en cualquier lugar con las pertenencias que deseen, mientras las personas decentes tenemos que encerrarnos en nuestras casas y salir a la calle como si fuéramos fugitivos. Y lo peor es que ya ni siquiera en nuestras casas estamos a salvo.
Ya basta, señores y señoras. En ASOJOD hacemos una llamada para que los ciudadanos presionemos a nuestros representantes legislativos para que las reformas al Código Penal salgan rápido y para que los criminales vayan a prisión. Le exigimos al Estado que deje de estar gastando dinero en tantas tonterías, como el nuevo Fideicomiso Nacional para el Desarrollo, que dispone de más de 100 mil millones de colones para financiar proyectos de elevado riesgo. Ese dinero debe ir destinado al efectivo cumplimiento de su única función: seguridad. Tenemos el derecho a gozar de los frutos de nuestro trabajo y nadie debe privarnos del mismo.
Cuando una sociedad permite que su Estado se disperse en cientos de funciones que no le corresponden y deja de lado su obligación de proteger los derechos de propiedad de los individuos, se crea el caldo de cultivo para que esas mismas personas tomen la justicia en sus manos. No podemos permitir que la sociedad se rija por la ley de la fuerza, donde cada banda de rufianes cobren sus cuentas por sí mismos. El uso de la fuerza y la coerción debe ser monopolio del Estado y esa función es la única que debe ejercer el mismo para que sea posible la convivencia fraternal entre los individuos.
