Desde la tribuna: gobernabilidad y bipartidismo

A raíz de la elección del Directorio de la Asamblea Legislativa el día de hoy, han surgido múltiples informaciones y opiniones en relación con el funcionamiento de la Asamblea Legislativa.

Por supuesto que el oficialismo y sus ad láteres han salido a clamar por la “gobernabilidad” e, incluso, por el bipartidismo. ¿Qué otra cosa podía esperarse de ellos? Les molesta la oposición, les molesta el control político, les molesta la discusión, les exaspera tener que dar cuentas, les saca de casillas la deliberación y, por supuesto, añoran los viejos tiempos (ley 4-3, ley de presidencias ejecutivas, ley Vesco, pasar el préstamo finlandés en un día y todo aquello que hacían en la comodidad del cogobierno).

Es obvio que quieren algo así como un partido de fútbol con ventaja, tal vez sin sudarse, por supuesto que con el árbitro a su favor, tal vez con el portero del otro equipo expulsado, con un adversario facilón y que se deje comprar por unos viajecitos, algún nombramiento y otras facilidades. ¡Qué bellos tiempos los de antes!

¡Cuántas veces me proponían que hablara 5 minutos en contra y dejara votar de una vez! “Es el respeto a las mayorías”, me decían. “Retirá tus objeciones” –me insistían. “¡Dejanos gobernar!”, remachaban. Por supuesto que no me rendí: la idea del debate parlamentario es convencer, deliberar, que trasciendan los argumentos y la gente entienda lo que está pasando. No se trata únicamente de dejar puesto el punto de vista.

El conspicuo liberacionista Villanueva Monge celebra el período del presidente legislativo Granados: “… se retomó la gobernabilidad, hubo más coordinación con el Ejecutivo …”. 

La Nación destaca “… avance en impuestos y agro”, “… más de 30.000 educadores se beneficiaron de la reforma al artículo 70 de la Ley de Pensiones …”, incluso (¡cosas veredes!) “la ley contra los delitos informáticos” (¡sí, claro, la “ley mordaza”). No es de extrañar que luego, el mismo diario, señalara que la caída del bipartidismo también ha significado la caída del prestigio de la Asamblea Legislativa.

Entonces ¿”gobernabilidad” significa “poner más impuestos”, quitar la generalidad de los tributos, beneficiar en pensiones con cargo al presupuesto a un grupo (en perjuicio de los demás) y aprobar la “ley mordaza”?

Véase que, encima, se menciona sin sonrojo la “coordinación con el Ejecutivo”. Un nuevo concepto de Derecho Constitucional, que en la división de poderes institucionalizaba el sistema de frenos y contrapesos.

¡Cómo extraño un periodismo crítico! Que recuerde que la concentración de poder lleva a la corrupción, que sepa leer entre líneas, que no confunda al lector ni lo enrede sugiriéndole que la labor de una Asamblea Legislativa debe medirse por la cantidad de leyes que se aprueban, por el avance en impuestos, por la legislación en favor de grupos y por la “ley mordaza”.

 

Me parece elemental destacar que en todo ello coinciden también los notables y el mismísimo Poder Ejecutivo. El informe de los notables menciona la ingobernabilidad como un fenómeno que surge a partir de 1990 (la Sala Constitucional). La Sala Constitucional, en 1991, anuló la deuda política adelantada, por inconstitucional, señalando además que la Constitución favorece un sistema pluralista y no el bipartidismo. El Poder Ejecutivo ha propuesto proyectos para que se elimine la consulta facultativa de constitucionalidad por parte de los diputados y, además, para que la inconstitucionalidad por la forma caduque a los 4 años l(recomendaciones de los notables).

 

¡Más claro no canta el gallo!

 

Federico Malavassi Calvo

Desde la tribuna: notable jugarreta

Era evidente e innegable que la convocatoria de los Notables era una treta presidencial.  El análisis de su informe (centrado alrededor del Reglamento de la Asamblea Legislativa), sin embargo, muestra una segunda jugada.

Era innegable que la aceptación, por parte de un grupo de Notables, para emitir un informe con propuestas para facilitar la “gobernabilidad” constituía una obvia defensa de la inutilidad administrativa que caracteriza los tiempos.

Sin embargo, la decantación del informe hacia las labores de la Asamblea Legislativa y contra la normativa del Estatuto del Congreso, constituye la jugarreta de la administración.

Encandilados por toda la opereta de la presentación del dichoso informe, muchos se han concitado en contra las normas constitucionales, contra el parlamento y contra la esencia de un congreso.  Otros han tenido miedo de expresar sus dudas y la mayoría ha caído en las expresiones obsecuentes y eufemismos, en lugar de tomar conciencia de la gravedad del asunto.

Ahora la administración Chinchilla, confirmando la gravedad de la situación, empaqueta las propuestas relativas al trabajo legislativo y las propone como reto a un Congreso que se ha dejado tratar de lento, abúlico e intrascendente (con gran aporte de la fracción oficialista).

Tales propuestas son inconducentes, asimétricas y antirrepublicanas. El pueril argumento presidencial de que así como pone plazo de votación a sus proyectos también impulsa los plazos para las fracciones minoritarias evidencia el equilibrio es, en verdad, insostenible y falaz.   Es claro que el plazo de votación solo puede interesar a las mayorías para superar cualquier oposición.  El minoritario no gana absolutamente nada con que se le garantice un plazo de votación. 

La ley es, por regla, una amenaza para la libertad.  La historia muestra que la mayor parte de las leyes se ha hecho para limitar la libertad, limitar los derechos fundamentales, imponer obligaciones, imponer penas y multas y aumentar el poder estatal.   Las leyes que derogan marañas, racionalizan el Estado o devuelven la libertad son no solo muy poco frecuentes sino más bien excepcionalísimas. 

La labor central del parlamento es la deliberación a través del uso de la palabra.    Sus tareas deben concentrarse en el control político y el intercambio de opiniones e intentos de convencimiento.  El debate no es para sentar posiciones sino para convencer, deliberar, analizar y mover voluntades.  Limitar la palabra y la labor legislativa es contrariar no solo la libertad de los diputados sino atentar contra la libertad general.

Denuncio el Informe de los Notables y la jugarreta maliciosa con que se usa.  Llamo la atención de los ciudadanos y solicito a los diputados despertar de la somnolencia en que esta mala administración los tiene sumidos.

Federico Malavassi Calvo

Tema polémico: el informe de los "notables"

Hace unos meses, la Presidente Laura Chinchilla encargó a un grupo de "notables" decirle lo que debía hacer para que la ciudadanía creyera que ella gobierna este país. En los últimos días, los imparciales eruditos (jamás se les ha conocido color partidario alguno) emitieron su informe con casi 100 recomendaciones para "mejorar la gobernabilidad democrática en Costa Rica".

Luego de una atenta lectura, en ASOJOD queremos referirnos a las principales recomendaciones hechas por este órgano asesor de la Presidente, que más parece un Consejo de Gobierno con "ministros" ad hoc que hacen lo que los nombrados para tal efecto (y que descuentan salarios pagados con fondos públicos) parecieran no poder hacer. Aunque la verdad, estos personajes de reconocida trayectoria profesional habían levantado altas expectativas entre la prensa y un sector de la población que todavía sigue creyendo, ilusa y torpemente, que el Gobierno puede solucionar problemas, lo cierto del caso es que su galimatías deja mucho que desear para aquellos que pensamos que los problemas políticos, jurídicos, sociales y económicos deben ser abordados de forma seria. 

El primer problema que encontramos en el mencionado documento es la visión de la que parten los autores. Paradógicamente, el propio informe indica algo que Constantino Urcuyo -uno de sus autores- explicó brillantemente en su libro "Reformas políticas y gobernabilidad": la gobernabilidad democrática está en directa relación con el concepto de legitimidad democrática. La legitimidad puede definirse como el reconocimiento del derecho a gobernar de los gobernantes por parte de los gobernados, que viene dado en dos vertientes: la legitimidad de origen, dada normalmente por la aceptación inicial -sea por consentimiento en el caso de monarquías y dictaduras o por elecciones libres y transparentes en el caso de democracias- que los ciudadanos dan a los poderes públicos y la legitimidad en ejercicio, que no es otra cosa que la adecuación de las actuaciones de dichos poderes a los valores, expectativas, intereses, deseos y necesidades de los ciudadanos. Bajo esa tesitura, se entiende que la gobernabilidad, o sea, la capacidad de los poderes para exigir obediencia y gobernar, depende de que sean considerados como legítimos por todos los actores políticos de la sociedad.

No obstante lo anterior, nada de esto permea las propuestas hechas por los "notables", pues la gran mayoría parte de la errónea creencia de que gobernabilidad es la capacidad del Poder Ejecutivo -no ya de todos los poderes públicos- para hacer lo que sus jerarcas -no la totalidad de actores políticos- esperen, deseen o les interese. En resumidas cuentas, las recomendaciones para generar más "gobernabilidad" que dan los "notables" pretenden allanar el camino para que el Ejecutivo no encuentre obstáculos a sus ocurrencias y caprichos. El informe contiene una visión del Poder Ejecutivo como víctima de la Asamblea Legislativa y la Sala Constitucional, los cuales le impiden llevar a cabo las "maravillosas" propuestas del Plan Nacional de Desarrollo de turno, tan solo porque no se acomodan a los caprichos de Casa Presidencial. Las recomendaciones se resumen en más poder para el Ejecutivo mediante la eliminación de cualquier forma de oposición política-institucional, cualquier control a priori y a posteriori, cualquier necesidad de diálogo, negociación y convencimiento, cualquier mecanismo que pueda retrasar, aunque sea un ápice, la imposición de las ocurrencias políticas venidas desde Zapote.

Por supuesto que no vamos a abordar las casi 100 recomendaciones dadas por los caballeros de oxidada armadura, pero sí vamos a referirnos a algunas que nos resultaron interesantes, tanto para bien como para mal. Para quienes deseen ver el documento completo, pueden encontrarlo en este enlace y sacar sus propias conclusiones. Por nuestra parte, abordaremos las siguientes:

Lo malo: eliminación de toda forma de control político.

Las recomendaciones Nº 1, Nº 3, Nº 7 y Nº8 reflejan tímidamente la adopción de un sistema parlamentario. A pesar que en ASOJOD estamos de acuerdo con evolucionar hacia el parlamentarismo (por razones que explicaremos en un artículo futuro), la forma en que se plantean en el informe de los notables es nefasta. Proponen que el Ministro de la Presidencia pase a ser una especie de Primer Ministro (sin las competencias que ese cargo implicaría) al ser nombrado por el mandatario y ratificado por el Congreso y se establece tanto la obligatoriedad de aquel de comparecer regularmente ante los Diputados sobre el rumbo del gobierno como la posibilidad de que el Parlamento lo destituya mediante un voto de censura. No obstante, como "contrapeso", los "notables" aconsejan dotar al Presidente del poder de disolver el Parlamento y convocar a elecciones anticipadas "cuando considere que la labor legislativa es ineficaz o entorpece la marcha del país". Nótese que esto implica dos serios problemas: por un lado, el requisito para disolver el Congreso es que el Presidente considere que no funcione bien o que entorpezca el rumbo del país, lo cual se traduce al simple y subjetivo capricho. Cuando al Presidente se le antoje, cuando la oposición le impida hacer su ocurrencia de turno, cuando le atrase la imposición de políticas (tan nefastas como el aumento de impuestos por ejemplo), puede sacarlos y convocar a otra elección. Por si fuera poco, tal prerrogativa ni siquiera viene con su contrapartida lógica -que sería la que dota el equilibrio de poderes-: la posibilidad de que el Parlamento destituya al Presidente (o Jefe de Gobierno). Mucho menos incorpora la propuesta de los "notables" (a excepción de una minúscula sugerencia hecha por Manrique Jiménez y Rodolfo Piza) el derecho ciudadano a revocar el mandato tanto a Presidentes como legisladores (y jueces constitucionales) por los que hemos abogado en ASOJOD.

Nótese que este gallo-gallina no es ni Parlamentarismo verdadero ni una reforma seria; no es otra cosa que una petición de otorgar poder absoluto al Ejecutivo para que, de forma arbitraria y antojadiza, disuelva la Asamblea Legislativa cuando ésta se erija como un bastión de control y oposición para impedirle convertir en políticas públicas los desvaríos que le surjan. Algo como esto se configura en el mecanismo perfecto para instaurar la dictadura en democracia, donde todo aquel que se interponga en el camino de Casa Presidencial será acallado y separado para allanar el camino, negando no sólo la representación sino todo derecho de los ciudadanos para que de forma directa (al no existir revocatoria) o indirecta (mediante sus representantes políticos) controlen el poder político del Ejecutivo.



Por su parte, las recomendaciones Nº 16, Nº 18, Nº 19, Nº 20, Nº 21, Nº 22 y Nº 40 del Informe,son otras manifestaciones más que van en la dirección del establecimiento de la dictadura en democracia. Proponen cercenar todos los mecanismos que el Reglamento Legislativo da a los Diputados para oponerse a los proyectos en discusión, por cuando se reducirían usos de la palabra, quórum, presentación de mociones y se eliminaría la posibilidad de presentar consultas facultativas de constitucionalidad. En otras palabras, simplemente se desarma a la oposición (tanto política como temática) para hacer que las iniciativas del Ejecutivo sean aprobadas sin discusión, sin negociación, sin análisis, sin reflexión, sin escuchar otras posiciones. Se consolidaría con esto lo que ha sido la tónica de lo que hemos experimentado en los últimos años: la tiránica imposición de una mayoría numérica que, a golpe de tambor, con vías rápidas y procedimientos especiales, usan su fuerza matemática para crear leyes que no gozan de legitimidad, que no se adecuán a los valores e intereses de los ciudadanos y que causan grandes perjuicios individuales. Asistimos con esto a la institucionalización de la arrogancia política, de la falta de vocación de diálogo y apertura a la negociación, a la materialización de la dictadura del partido que esté en el Ejecutivo, sin controloes, sin rendición de cuentas, sin obligaciones, sin respeto por los derechos de las minorías, aplastando a cualquiera que ose atravesarse en su camino. Es la petición dura y pura de poderes plenos, irrestrictos e incontrolables para obligar a todos a plegarse al antojo político, la petición dura y pura de poder absoluto, la suplantación de la palabra por la espada, de la razón por la fuerza bruta de los brutos con fuerza. ¿Cómo no va a resolver esto el problema de ingobernabilidad para aquellos que entienden por gobernabilidad que el Ejecutivo pueda hacer todo aquello que desee? Como bien decía Acton, "con poder absoluto, hasta para el burro es fácil gobernar". ¿Así quién no?

Y para colmo de males, si eliminar los controles políticos al Ejecutivo no fuera suficiente, las recomendaciones Nº 37, Nº 49, Nº 50 y Nº 52 pretenden prescindir todos los controles administrativos, técnicos y jurídicos, al quitarle la vinculatoriedad a los dictámenes de la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la República. al eliminar los controles a priori (entre ellos el refrendo de las contrataciones públicas que define la Ley) y la suspensión de la ejecución de los actos administrativos cuando se encuentren impugnados ante la Sala Constitucional. Con esto se terminaría de allanar el camino, de deshacerse de todos aquellos "estorbos" que impidan al Ejecutivo imponer sus ocurrencias. Es la guinda en el pastel para que el festín de fondos públicos, el festín de la corrupción y el despilfarro de recursos, el enriquecimiento ilícito y la ineficiencia se desarrollen sin ningún obstáculo.

En su momento, señaló Francisco Antonio Pacheco, uno de los "notables", que "este informe no está hecho para personas nerviosas. No obstante, luego de revisarlo, en ASOJOD -que no está conformada por personas nerviosas- se nos ponen de punta los pelos por la exhortación generalizada que hacen para que se consolide una tiranía de las mayorías con más poder para los políticos irresponsables, destructores de la economía, de la propiedad y la libertad. 


Lo bueno: muy poco.

En ASOJOD debemos reconocer que si bien la gran mayoría del informe de los "notables" contiene propuestas nefastas, hay algunas que vemos con buenos ojos, aunque dudamos acerca de su implementación y sospechamos -con sobradas razones- que son para congraciarse con la ciudadanía pero que nunca serán aplicadas por este Gobierno.

Sobre la Sala Constitucional y el Poder Judicial, nos gusta la recomendación Nº 41, que sugiere que la Sala, "al conocer y resolver los procesos relativos al desarrollo de derechos “prestacionales”, tome en cuenta las capacidades y condiciones objetivas del Estado en general y de las administraciones públicas en particular, para hacerlos efectivos". Nos preocupa sobremanera el impacto en el gasto público que tienen muchas resoluciones del Alto Tribunal, toda vez que ese dinero no sale de otro lugar que del bolsillo de los ciudadanos. Cada vez que la Sala avala convenciones colectivas, pagos de prestaciones, entrega de medicamentos, becas o bonos de vivienda, los tax payers tenemos que ver cómo se nos despoja de nuestro dinero con más impuestos para pagar.

Otras buenas recomendaciones son las Nº 83, Nº 84, Nº 85, Nº 87 y Nº 88 que van dirigidas a exigir a la Administración Pública que se ponga en cintura en materia de tramitomanía, de forma tal que cada nuevo trámite que se cree deba estar justificado en una ley o decreto y valorar su costo beneficio, impidiendo que puedan salir de la ocurrente y caprichosa mente de los burócratas. También se sugiere limitar la cantidad de trámites y documentos que se le pueda solicitar al administrado, así como se exige que las instituciones facilitarse entre sí los documentos para evitar requerírselos al ciudadano.

Nos gustan también las recomendaciones Nº 61 que pretende eliminar las Juntas Directivas de las instituciones autónomas y Nº 65 para reestructurar RECOPE y el MOPT, por cuanto se habla, por primera vez desde el Gobierno, de cerrar instituciones para recortar el gasto público. Asimismo, nos agrada la recomendaciones Nº 72 y Nº 75 para reformar el régimen de empleo público, eliminando pluses salariales y privilegios odiosos como los de las Convenciones Colectivas que disparan el gasto y le cuestan muchísimos millones de colones a los tax payers. Celebramos la recomendación que, a título individual (lamentamos que no existiera consenso en ella) realizaran Piza y Jiménez para establecer un límite constitucional al gasto público, propuesta que ya fue planteada por la Diputada libertaria Marielos Alfaro y que se tramita en el Congreso bajo el expediente legislativo Nº 18.867.

El balance.

No obstante todo lo anterior, aunque nos gusten esas propuestas, tememos que hayan sido plasmadas en el documento de los "notables" con el único objetivo de congrasiarse con la ciudadanía y engatusarla para que no vea las nefastas recomendaciones que hemos señalado con anterioridad. ¿Por qué lo decimos? Porque mucho de eso ya se puede hacer según el ordenamiento jurídico. Expertos como Johnny Meoño han venido señalando, desde mucho tiempo atrás, que el Ejecutivo puede hacer muchísimo con la Ley de la Administración Pública para ejercer dirección sobre las instituciones autónomas y ceñir sus procedimientos al marco legal vigente. La Ley Nº 8220 y sus reformas ya ofrecen los mecanismos para reducir la tramitomanía que martiriza a los ciudadanos y la Ley Nº 8131 ya establece límites al endeudamiento y gasto público. Por su parte, el cierre de instituciones, muy necesario y por el que los liberales venimos abogando desde hace mucho, nunca ha querido ser abordado por los gobiernos de turno, por falta de voluntad política y por cálculos electorales, pateando la bola una y otra vez con reformas y reestructuraciones cosméticas (siendo el CNP, IDA y Correos de Costa Rica los mejores ejemplos) para reinventarlas y asignarles nuevas tareas, sin aceptar que ya no sirven para nada. Tampoco se le ha querido entrar al empleo público y sus excesivos privilegios (especialmente los contenidos en las convenciones colectivas) por temor a los sindicatos y a sus huelgas que, más que paralizar al país, le restarían votos al partido de Gobierno en las elecciones siguientes.

En síntesis, no creemos que todas esas buenas propuestas vayan a pasar del papel, pues así lo ha demostrado la falta de voluntad, interés y responsabilidad de los gobernantes anteriores y la Administración Chinchilla Miranda no ha sido la excepción. Por ello, aún cuando nos gustan, no tiramos las campanas al viento en el marco del informe de los "notables" y, más bien, lamentamos que cosas tan obvias -pero necesarias- no se hayan implementado antes.

Por ello, ante nuestra desconfianza, consideramos que su presencia en este documento no lo hace menos malo de lo que ya lo consideramos. Por eso queremos cerrar con algunas reflexiones que ilustren con claridad meridiana, el entorno político en el que ese trabajo fue desarrollado:

Ante la inacción del Gobierno, su torpeza e incapacidad, su falta de visión y capacidad de diálogo ¿por qué un grupo de "notables" (concepto por demás cuestionable) vienen a dar recomendaciones de lo que puede hacer y no ha hecho ya? ¿Por qué, a estas alturas de la Administración, aparece una especie de "Plan de Gobierno" que marca el rumbo del Gobierno si, hace tres años, Laura Chinchilla se presentó ante el electorado diciendo que ella era la mejor opción?

¿No es la propia inacción, ineficiencia y torpeza del Ejecutivo la que minan la legitimidad de su trabajo y, por ende, carcome la gobernabilidad? ¿No es el autismo político del gobierno que no atiende los canales de comunicación que se le han abierto desde la oposición y desde la ciudadanía? ¿Cómo pretende mantener la gobernabilidad del sistema un gobierno incapaz de escuchar, de reflexionar, de negociar y de entender la dinámica política de una democracia pluralista? ¿Qué legitimidad espera? ¿Qué aceptación del mandato pretende obtener si desarrolla su accionar a golpe de tambor, a imposición de la fuerza numérica, con una mayoría relativa en el Parlamento que no respeta los acuerdos, que pisotea a quienes se le oponen y que busca tapar, a toda costa, los desaciertos en lugar de hacer un análisis introspectivo para mejorar?

Así es muy difícil. Sin vocación de gobernar respetando los derechos de las minorías, sin respetar a los ciudadanos, sin respetar el ordenamiento jurídico, ni un millón de notables podrán marcarle el rumbo a doña Laura.

Desde la tribuna: el Reglamento Legislativo ¿culpable?

No hay presunción de inocencia, menos aún… estado de inocencia. El Reglamento de la Asamblea Legislativa ha sido condenado a pena de muerte o, por lo menos,  a mutilaciones que lo desfiguren permanentemente. Todo lo que anda mal en el gobierno de lo público, se le atribuye. En su reforma yace, según sus detractores, la bonanza nacional y la prosperidad patria.

El expediente de su procesamiento tiene varios años. Se le acusa de todo lo malo que ocurre en el país y hasta de las malas escogencias electorales tanto para integrantes de la Asamblea Legislativa, los diputados, como… ¡de los ministros y presidentes! 

Resumido el gobierno en solo Poder Ejecutivo, al contrario de lo que establece el artículo  9  de nuestra Constitución, resulta torticero alegar que cualquier moción o grupo de ellas es un obstáculo al imaginado gobierno amputado y reducido solo a Poder Ejecutivo. En efecto, los ministros y los diputados oficialistas e incluso algunos opositores, repiten y repican que el “gobierno” envió un proyecto, o que el “gobierno” desea unos impuestos, cuando debió decir “Poder Ejecutivo”, inculcando en los ciudadanos una nueva Constitución donde el gobierno, en vez de estar constituido por tres poderes, queda reducido a uno.    

Los atizadores de la falsificación gubernativa eliminaron y no restauran, una vigorosa enseñanza cívica, pero predican la carencia de buena gobernabilidad, con rostro serio y gesto de preocupación, cuando sus equivocaciones inconstitucionales y anti-republicanas, son el principal fermento del mal gobierno. La ignorancia cívica que esparcen no los inmuta y, el éxito que alcanza su desfigurado desgobierno, los alienta.

La equivocación se ha incardinado. El error ha sido repetido, tantas veces, que muchos creen que gobierno es solo Poder Ejecutivo. Desde este punto de vista, el Reglamento Legislativo, es un estorbo;  los debates, son atrasos y las mociones, obstáculos. La simplificación ha llevado al radicalismo anti-republicano. Por supuesto, la Sala Constitucional, que según el concepto falso y manipulado de gobierno, tampoco forma parte del gobierno, se convierte en anti-gobierno cada vez que encuentra vulnerado el reglamento legislativo. 

Los grandes reformadores del reglamento ofrecen una tierra de  miel y  leche y proponen, tan necia como equivocadamente, impedir mociones, no debatir, ni siquiera leer, ni defender,  las muy pocas que se admitan y convertir la Asamblea en una notaría o escribanía del Poder Ejecutivo donde se ponga en forma de ley lo que dicte el único poder: el Ejecutivo. Mejor aún, como lo expresara el Dr. Rodolfo Cerdas, convertirla en sello de hule es lo que pretenden. 

Hay políticos, candidatos y cortesanos que imaginan como buen gobierno la inexistencia otros poderes más allá del ejecutivo. Promueven, una Constitución sin Sala Constitucional y leyes sin Asamblea Legislativa y, en ese caso, si todo es ficticio, un reglamento legislativo cuya única regla sea: aceptar lo que diga casa presidencial. Esa república de los extremistas,  convertida en sueño, será una inmensa pesadilla, una vez enfrentada a la realidad del poder concentrado, en muy pocas manos. 

 Mario Quirós Lara

Desde la tribuna: visitando, nuevamente, la Gobernabilidad

La existencia de una Junta de Notables, designada por el Poder Ejecutivo, muestra el grave quebranto de salud de la politica costarricense. Hasta ahora, la patraña de imputar al reglamento legislativo, a la revisión judicial y a la representación proporcional con minorías, los problemas nacionales, sigue desarrollándose, aún con lo ridícula que es, sin prometer soluciones a la impunidad de la jerarquía gubernativa, al clientelismo electorero, al secretismo en los asuntos públicos y al dominio oligárquico que obstaculizan una mayor participación popular y desvían el ejercicio del poder hacia fines ilegítimos. 

La convocatoria de una Junta de Notables es, al mismo tiempo, una convocatoria al pueblo para que resista y combata la impunidad, el clientelismo y el desmembramiento de la república democrática que ansía Casa Presidencial. Para una cepa politica con ansias de mayor dominio, la division de poderes y el control constitucional de las leyes, son estorbos. Para ese producto intelectual, gobernabilidad equivale a domesticación.

Su meta final consiste en desarticular cualquier control real a los designios del poder ejercido desde Casa Presidencial. No significa esto que el poder lo ejerza Casa Presidencial o el Poder Ejecutivo sino, que esta rama del poder politico, es la más sencilla de instrumentalizar y la mas eficaz, frente a las complicaciones de hacerlo con el Poder Legislativo y sus órganos auxiliares y el Poder Judicial.  

Claro, que se procura mantener una fachada de división de poderes y de control jurisdiccional de las actuaciones administrativas y de constitucionalidad de las leyes. Esta apariencia es importante para seguir utilizando el concepto de democracia y república como expresiones del sistema político costarricense y su legitimidad, por más falso que  llegue a ser.

El equilibrio consiste, para esa pertinaz cepa política, en mantener una apariencia de gobierno republicano y democrático, pero, en realidad, funcionar como una dictadura, desde el Poder Ejecutivo. La mala gestión administrativa en el caso de la platina, el "affair" de isla Calero, la trocha, la concesión de la vía a Caldera, la CCSS, el ICE, el tráfico de recomendaciones y un muy evidente etcétera, se disimula o explica finalmente, achacando la defectuosa gestión politica a tres causas. Según la notable versión, el reglamento legislativo, la Sala Constitucional y la representacion multipartidista-partidos minoritarios-en municipios y en la Asamblea Legislativa, son los imputados.  

Los cortesanos del poder, reunidos o individualmente, en comisiones o en solitario, defienden esa versión de la agenda nacional. El resultado que buscan es convertir en menguas del control político y jurisdiccional los problemas que derivan, evidentemente, de menguas de control político y jurisdiccional. 

Es, en realidad, un acto de engaño y desfachatez. Tramitar proyectos de ley con mayor improvisación y premura, poner bozales al control legislativo, hacer simbólica, en vez de eficaz, la representación política minoritaria, obstuculizar y limitar la revisión judicial de los actos administrativos y de las leyes, bajo el pretexto de que, por esa vía, se arreglaran los problemas nacionales, no puede ser mas falaz. 

Pero una engañifa puede tener consecuencias más o menos graves. Si se la reconoce y desestima, no se ocultarán o disimularán los verdaderos problemas como los que se han evidenciado en las compras de la CCSS, en las del CONAVI y el MOPT, en las fijaciones tarifarias y abusos de la ARESEP, en el agobio de trámites administrativos, en la impunidad de los jerarcas, en las irracionales decisiones acerca de RECOPE y la Refinería, en el desorden hacendario, en la falta de perspectiva frente a los retos y oportunidades de la inversión productiva y el empleo, en el inadecuado manejo de las oportunidades de la energía y el ambiente, en las carencias de profundización y extensión de los derechos de propiedad en zonas costeras e insulares, en la falta de mayor libertad de expresión e información y de una  acrecentada libertad de participacón en la vida nacional y en la búsqueda de la felicidad de las familias. Un largo etecetera de una agenda real, no la falsa que quieren imponer los que no han resuelto, sino agravado, cada uno de los problemas nacionales y dejado pasar, de largo, las oportunidades de mejor vida, más libertad y bienestar con responsabilidad, para las familias costarricenses.

La democracia y la vida republicana existen para que las Juntas de Notables, nombradas y encajadas desde Casa Presidencial,  sean artilugios antidemocráticos desactualizados y, como mucho, históricos. Cuando ocurre que toman preminencia e influencia por sobre las instituciones republicanas y democráticas, señal es de que, en vez de menos, es necesaria más república, más participación ciudadana, más iniciativa, más liderato para profundizar la responsabilidad política y más decisión para expulsar la impunidad y la corrupción.   

Mario Quirós Lara

Desde la tribuna: escudo o daga

Ya van dos. Pero, posiblemente, se pueden encontrar más. Las llamadas reformas tributarias, no son más que improvisaciones fiscales.

Por si no bastara la historia hacendaria queda, para examen, la gestión reciente del gasto y el pésimo diseño de una llamada fiscalidad anti-cíclica, que llamó escudo, a lo que era daga.

Para mostrar el desencuentro de los impulsores de estas improvisaciones con la realidad fiscal, basta examinar lo ocurrido con aquellas reformas aprobadas en el pasado. El déficit no se ha controlado y el despilfarro se ha estimulado. Como contraste, la no aprobación del paquete tributario anterior, canalizó una gestión hacendaria que resultó en un superávit, sin precedentes en muchas décadas de fiscalidad costarricense. Pero, un evidente descontrol de la contratación pública, especialmente en planilla estatal, canalizó los recursos públicos hacia una descomunal creación de puestos burocráticos y se destruyó, impunemente, lo logrado.

La utilización, desde hace años, de una para-fiscalidad, que recauda fondos, por medio de superávits institucionales, engaña cualquier cálculo superficial de la carga tributaria nacional y del endeudamiento público. Los fondos de la para-fiscalidad van al ministerio de hacienda, contabilizados como deuda, aunque se sepa y conozca que nunca se va, ni se puede pagar. Esta creativa contabilidad de deudas e intereses, permite asustar con el cuero del tigre, disimular una verdadera y pesada carga tributaria y alegar fondos para un mayor fiasco hacendario.

En Costa Rica, se debe tomar en serio una reforma, no solo tributaria, sino fiscal. Debe nutrirse de la historia hacendaria y la realidad de la manipulación del gasto y el endeudamiento públicos, a fin de no repetirlos. En vez de importar fracasados esquemas españoles o de otros orígenes o atender complacientes consultorías, esta reforma fiscal debe derivar de reflexión muy aplomada acerca de lo que más conviene a la germinación de proyectos empresariales exitosos, con salarios y productividad crecientes y sostenidos y con la meta, irrenunciable, de alcanzar beneficios para las familias costarricenses en libertad y calidad general de vida. La activación de la economía es clave, para facilita el aumento recaudatorio, sin enajenar a los pueblos con insoportables cargas fiscales. El círculo vicioso debe romperse, porque las reformas tributarias aprobadas, en vez de generar superávit o reducir el déficit, han estimulado el abultamiento del gasto público y el despilfarro, así como la desmejora y el encarecimiento de los servicios públicos, al tiempo que entraban los emprendimientos de quienes no dan “catering service” a los políticos.

Además, la tramitación de las dos últimas improvisaciones, se ha convertido en un fraude de la democracia representativa. Los impulsores aceptan- no pueden hacer otra cosa ante la evidencia- que van a flagrante contrapelo de la voluntad popular. Además, los textos cambiados por pactos elitistas, se dejan sin oportuna publicación y las propuestas y el debate se acallan con mecanismos que equivocan la urgencia, con complacencia. Pero la degradación de la representatividad tiene límites y ya los síntomas están presentes. El impulso de improvisaciones fiscales por medio de falsificaciones de la democracia, arrastra consecuencias que trascienden la hacienda pública y se incardinan en la esencia misma de la vida republicana, para amputarla.

Los mantras con los que quieren disimular el abuso son chapuceros, gastados y fastidiosos. Llaman justicia tributaria a la incontinencia fiscal; solidaridad al favoritismo hacia grupos organizados y al desfavor general causado por el incremento tributario en educación, salud y otros servicios utilizados directamente por la población general o por quienes, indirectamente, también los trasladarán a ella; expresión de la democracia, a votaciones mecánicas, reprimiendo cualquier oposición que haga eco a la voluntad popular, expresada con toda claridad por otros medios no sometidos, aún, a la arrogancia política y al silenciamiento.

Es hora de reflexionar, con seriedad, para alejar los fantasmas que ya se materializan en el horizonte. Los cambios demográficos con poblaciones envejecidas, con tasa de fertilidad que augura una población decreciente y un sistema de seguridad social que es cada vez más mito y menos realidad, no son atendidos. La educación, la salud, la energía, las comunicaciones y el transporte muestran que el criterio técnico muta hacia servilismo técnico. La carga burocrática estatal y el clientelismo, encadenan la productividad y la creatividad del sistema económico, las claves reconocidas para una prosperidad sostenible. En materia hacendaria, como en otros muchos asuntos, Costa Rica debe tomarse las cosas en serio, para sostener, en vez de buena gobernabilidad para el descaro… buen gobierno.

Mario Quirós Lara

Desde la tribuna: ¿será posible blanquear el poder?

Tal como se blanquean ilegítimos capitales, hoy día se blanquea poder ilegítimo por medio de votaciones, manipuladas por el miedo, el clientelismo y por un torticero concepto de gobernabilidad.

Mucha tinta y elaborada verborrea se gasta en proponer gobernabilidad y en sostener que ésta consiste en aplicar el concepto de “laissez faire, laissez passer” (dejar hacer, dejar pasar) al poder ejecutivo y permitir que, quien ocupe la presidencia, haga según su antojo.

Este concepto bastardo de gobernabilidad puede contrastarse con el de buen gobierno, aunque muy pocas veces se reflexione sobre la diferencia.

Como el concepto de democracia electorera domina en el ambiente mediático, se opera un reduccionismo conceptual que deja todo al servicio del poder. Por democracia solo se entiende votaciones, por gobierno solo se entiende poder ejecutivo y por ciudadano solo se entiende súbdito.

Los criterios, en consecuencia, para calificar de buena o mala la gobernabilidad se ven también reducidos tres: a) ¿hubo votación? b) quien ganó el Poder Ejecutivo ¿tiene la primera y última palabra? c) ¿obedecen los ciudadanos, otros magistrados y funcionarios públicos al Poder Ejecutivo? En caso de que la respuesta sea negativa a alguna de estas preguntas, se considera mermada la gobernabilidad.

La calidad de la gestión pública no interesa en última instancia y prevalece, como criterio central, la obediencia al poder ejecutivo. En tal escenario, el debate y la contrastación de ideas y la pluralidad de iniciativas carece de interés y estorba al ejercicio de un escabroso poder, blanqueado por votaciones.

Con un concepto de democracia reducido a votaciones, poco a poco se va logrando erosionar cualquier descentralización del poder y se va blanqueando su ilegítima y dañina concentración. Este es un proceso que se auto-refuerza con el tiempo y va carcomiendo todas las instituciones republicano-democráticas. La impunidad germina y florece, emanada de estas erróneas conceptualizaciones de la administración del poder.

La palabra gobernabilidad se ha convertido en palabra comadreja, vaciada de su verdadero contenido y utilizada para blanquear la concentración de poder en nuestras sociedades. Hay incluso, quienes entregan propiedad y libertad a cambio de una votación y con seguridad insistirán políticos y sus acólitos en acrecentar esa entrega y eliminar cualquier atisbo de rebeldía ante el abuso y el descaro de los detentadores del poder.

Como también existe la posibilidad de que gobierno y bondad sean términos contradictorios y que quienes hablan de buen gobierno, estén cayendo en una fatal quimera, la desconfianza activa frente a la gobernabilidad bastarda, se convierte en un deber ciudadano y, la rebeldía, en una manifestación de la dignidad, ante el entreguismo electorero.

Mario Quirós Lara

Tema polémico: el frío no está en las cobijas

El ex vicepresidente Kevin Casas, en su artículo “Requiem por un sueño” acierta al decir que nuestro país es ingobernable, pero falla en las causas para explicar el fenómeno.

Gobernabilidad es la actuación de los Poderes Públicos en un espacio considerado como legítimo por los actores políticos, lo que genera la aceptación del mandato y la obediencia de sus disposiciones. Nótese que la palabra legitimidad es clave en el análisis.

Costa Rica no es ingobernable por el pluripartidismo ni por la existencia de actores capaces de frenar el proceso de toma de decisiones. Ni siquiera lo es por la incapacidad de las autoridades para tomar decisiones. Son la falta de legitimidad del proceso decisional, la ausencia de representatividad y la falta de inclusión de los diferentes actores en la construcción de los acuerdos lo que provoca la ingobernabilidad en el país.

La legitimidad es el reconocimiento o la justificación para ejercer el poder político y percibir obediencia simultáneamente. Puede ser legitimidad de origen –el reconocimiento del “derecho a mandar” – o legitimidad en ejercicio –el éxito de la gestión gubernamental en la administración del mandato otorgado–, y la ausencia de alguna de esas dos acepciones hace que la actuación de los Poderes Públicos se convierta en ilegítima y se disuelva la obediencia.

El error de don Kevin es preocuparse más por la rapidez decisional sin abordar el problema de fondo: la legitimidad del proceso y de las decisiones finales. Por eso es que el frío no está en las cobijas: el sistema político costarricense no es ingobernable por la parálisis decisional, la oposición o la discusión, sino porque los actores políticos no están considerando legítimo el proceso de toma de decisiones.

Al no estar apegadas esas actuaciones a los valores, expectativas, intereses o aspiraciones de los diversos actores políticos, estos tienen los incentivos necesarios para evitar que se lleven a cabo acciones que consideran nefastas y utilizan los poderes de veto y los mecanismos que las reglas del juego les otorgan para frenar o paralizar el proceso.

Lo que ha pasado en nuestro país es que los actores no están dispuestos a aceptar, cual contrato de adhesión, las ocurrencias del Gobierno. No están dispuestos a que su voto se convierta en un cheque en blanco que lo autorice a dar rienda suelta a sus tonterías y desaciertos. Para eso han decidido fraccionar al Primer Poder de la República, en el cual, los representantes simplemente están aplicando los checks and balances del sistema republicano, de forma tal que controlan al oficialismo en el Parlamento y al Ejecutivo, para evitar la concentración de poder y para garantizar la representación de las diversas fuerzas políticas que les han dado voz y voto para defender sus intereses y aspiraciones.

Gracias a esos checks and balances, actos tan reprochables como el tristemente célebre “memorándum del miedo” generaron un repudio que sentó las responsabilidades políticas del caso. Gracias a esos mecanismos se ha logrado frenar la aprobación de un proyecto tan absurdo e ilegítimo como Solidaridad Tributaria, que afectará a todos los ciudadanos que trabajan honradamente y son explotados por un Gobierno irresponsable e incapaz, que está en problemas tanto por las erradas decisiones de la Administración de la que don Kevin fue parte como por los propios yerros de este periodo.

Preocuparse sólo por la rapidez decisional sin tomar en cuenta la legitimidad del proceso podría ser solo un grave error conceptual, pero en muchas ocasiones esconde algo más peligroso. Cuando se exige que las decisiones se tomen sin discusión, sin análisis, sin reflexión ni estudio, sin oposición ni oportunidad para ofrecer alternativas, salta a la vista no solo la fatal arrogancia del proponente (quien cree que su idea es tan perfecta que no requiere más que la aceptación sumisa), sino también un preocupante desprecio por la diversidad de opiniones, por el pluralismo, por la representatividad y por los derechos individuales.

La historia nos ha enseñado que cuando surgen líderes mesiánicos o partidos únicos (o hegemónicos) que ofrecen dictar el rumbo a seguir, sin cuestionamientos ni preguntas, solo con la fe inquebrantable en su sapiencia, los resultados son macabros. Esperamos que ese no sea el sueño por el que don Kevin hace un réquiem.

Desde la tribuna: ingobernabilidad

El termino ingobernabilidad sirve varios propósitos políticos. Uno de los mas comunes es ser justificación para la mala gestión publica y el otro, complementario, para pedir aún más potestades como supuesto medio para resolver los problemas nacionales. Este viciado esquema produce resentimiento e impunidad y recicla los problemas del proceso político, magnificándolos.

La falta de capacidad para resolver los problemas sometidos al proceso en que los políticos son protagonistas, el proceso político, queda entonces impune. Los responsables van de la radio a la prensa escrita y a la televisión o a las “redes sociales” ofreciendo una solución para la supuesta ingobernabilidad, pero en realidad están pidiendo más poder para ellos y aun más impunidad.

Una sociedad fundada en la impunidad se convierte inmediatamente en una basada en la irresponsabilidad y con ciudadanos pusilánimes, pequeños, acobardados por el poder.

El verdadero problema de nuestras sociedades es la falta de responsabilidad, el desestímulo a las personas responsables y el estímulo cada vez mayor a la irresponsabilidad. Brillan al ojo los ejemplos en las concesiones de obra pública, en la educación publica y en la CCSS, la dejadez de muchos tribunales y la creciente burocratización de las relaciones entre ciudadanos, todo bajo inimaginados pretextos.

La responsabilidad ciudadana, tanto como la personal, solo es posible en un ambiente de libertad, nunca de tiranía explicita o implícita en que los seres humanos tienen castradas sus relaciones naturales, normales, por las regulaciones impuestas por la política. Con el propósito de ofrecer gobernabilidad, los políticos van concentrado poder y acorralando la libertad y la responsabilidad.

Cada vez que un político habla de ingobernabilidad con el fin de alojarse en la impunidad y enardecerse con más poder, está connotando unos ciudadanos ignorantes y acobardados como parte de su discurso. Ya va siendo hora de volver a la gobernabilidad y de acabar con el desgobierno y la impunidad. La libertad es tanto la prevención como el tratamiento de la impunidad, porque es el único camino cierto y fundamento, de la responsabilidad.

Mario Quirós Lara

Jumanji empresarial: Gobierno, gobernados y gobernables

La civilidad y la gobernabilidad no son un asunto de la sola competencia de quienes administran las funciones públicas o de los partidos que luchan por el poder; es, en cambio, una cuestión del interés general de la sociedad y de los gestores locales.

Gobernar quiere decir que alguien tiene la autoridad y la responsabilidad de disponer el funcionamiento del Estado y de las gestiones colectivas evolutivas. La autoridad se la confiere el voto de los ciudadanos y se enmarca en el sistema legal; la responsabilidad se la tiene que exigir la población entera en el marco de esa misma ley. Gobernable quiere decir, entonces, que ese Estado o colectividad se pueden gobernar, y la gobernabilidad es la calidad de gobernable que adquiere esa situación.

Pero estos términos y las acciones que representan deben primeramente ser entendidos de modo explicito y tácito en una democracia. Se refieren a las obligaciones y a los derechos de las partes del pacto abierto que se establece entre gobernantes y gobernados. Este pacto no confiere a unos ni a otros márgenes ilimitados de acción. Para los primeros se fijan prerrogativas y responsabilidades de las cuales, desafortunadamente, todavía no rinden cuentas de modo satisfactorio a quienes muchas veces las padecen más que disfrutarlas, lo cual se convierte en una serie creciente de agravios y es una de las principales fuentes del descontento y la incredulidad con respecto de quienes gobiernan. Para los otros representa la necesidad de aceptar una cierta coerción en aras de poder vivir colectivamente. Esto ni modo, expresa una restricción de las libertades. Por eso la única manera práctica de definir las libertades es en el marco de la aceptación de esas mismas restricciones.

Sin embargo, en el difícil campo de las libertades una cosa es que aceptemos las reglas y exijamos cada vez más abiertamente un esquema de legalidad y de responsabilidades en la vida pública, y otra, por cierto muy distinta, es entenderse como personas y como grupo gobernable.

El gobierno en un entorno democrático y libre no se ejerce sobre seres gobernables, sobre un rebaño. El gobierno no aplica el mismo rasero a su visión sobre la sociedad y sobre sus propias funciones. En la economía debería de pretender reducir las restricciones, desreglamentar las transacciones y reducir las interferencias y, todo ello, para generar mercados libres y una adecuada protección a los derechos de propiedad. Sabemos que en ello hay una gran parcialidad y que se acaba beneficiando a unos por encima de otros. Pero en política el gobierno no acepta la misma medida y quiere todas las ventajas de la gobernabilidad, la que parece entender como la concesión de un cheque en blanco para controlar.

La única manera de entender hoy la gobernabilidad, si nos tomamos en serio el asunto de la democracia, es en cuanto a la posibilidad de tener un buen gobierno. Gobernable es una cualidad que deberíamos asociar solamente con una sociedad en la que se reducen las fricciones políticas, las desigualdades en oportunidades, las violaciones a la ley y las ventajas de grupos privilegiados.

No tiene, entonces, nada que ver con la aceptación explícita o tácita de la población de ser gobernable. No queremos ser gobernables, sino que aceptamos el compromiso y hasta la restricción que puede significar ser gobernados. A partir de ello se puede establecer el único pacto posible entre la sociedad y quienes dirigen el gobierno y representan el Estado.

No son convenientes los pactos de gobernabilidad y de civilidad porque éstos tienden a entenderse como un modo de mantener un poder que muestra hoy grandes signos de debilidad y de fractura. Ese es un poder cuyo desgaste se puede compensar cada vez menos con esquemas de recompensas que, habiendo estado, eso sí, muy bien articuladas, son cada vez menos eficientes. Lo que se quiere es acceder a un verdadero estado de derecho, en el que las leyes sean claras y con pocas regulaciones, que no se interpreten al gusto del cliente y que sirvan para que el país sea gobernable en virtud de los resultados positivos que se alcancen en la vida diaria de sus habitantes.

Así mismo, las instituciones que se crean para asegurar el adecuado funcionamiento del Estado, deben de ser siempre tan evolutivas como el mismo mercado. De lo contrario, estas terminaran por convertirse en agentes depredadores de las instituciones generadoras de riqueza.

Lo importante; claro está, no es quien gobierna en un país, sino cual es la actitud de los ingobernables de libre pensamiento, que con su continuo escrutinio de las acciones del Estado, obligan a los gobernantes a comportarse según las reglas establecidas.

Andrés Pozuelo Arce

¿Quién gobierna en Costa Rica?

Cada día se habla más de ingobernabilidad, y, para resolver el problema, se sugieren soluciones que van desde la convocatoria a una Asamblea Constituyente, pasando por la reforma del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, hasta cambios en las leyes que establecen tramitologías innecesarias.

Sin embargo, en mi concepto, el principal obstáculo para agilizar la Administración Pública pasa por reformar la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y la Ley de Control Interno, las cuales otorgan excesivas potestades al órgano contralor en materias ajenas a su competencia constitucional, además de redimensionar las atribuciones de la Sala Constitucional, reformar el régimen del Servicio Civil y poner a los mandos medios en el lugar que les corresponde.

Ente contralor. El ensanchamiento de las competencias de la Contraloría por vía legal, le ha permitido a esta institución, durante los últimos años, no sólo coadministrar, sino incluso cogobernar con las Municipalidades y los distintos Ministerios e instituciones descentralizadas.

Verbigracia, en reiteradas ocasiones le ha indicado al MAG cuál debe ser el contenido de reglamentos técnicos, y en el año 2006 comunicó a la Presidencia de la Asamblea, al Ministro de Ambiente, Energía, Minas y Telecomunicaciones y al Presidente Ejecutivo del ICE, cuál debería ser el contenido de la Ley General de Telecomunicaciones cuyo proyecto de ley se encontraba en esos momentos en preparación. Ver para creer.

Ni qué decir en materia de ordenación territorial de la zona marítimo-terrestre en que le imparte órdenes a las Municipalidades (que son los órganos constitucional y legalmente competentes al efecto) para anular planes reguladores y concesiones otorgadas a su amparo.

La competencia constitucional de la Contraloría está fijada precisamente por los numerales 183 y 184 de la Constitución, la cual se resume en la facultad del órgano contralor de ejercer “la vigilancia superior de la Hacienda Pública”.

Sin embargo, el órgano contralor, al amparo de su Ley Orgánica y de la Ley de Control Interno, ha extendido su competencia de fiscalización y control respecto de cualesquier tipo de materias, aunque no se refieran a la fiscalización propiamente de los fondos públicos.

En consecuencia, lo que procede es realizar urgentemente una reforma tanto de la Ley Orgánica de la Contraloría como de la Ley de Control Interno a fin de que el órgano contralor se encargue en lo sucesivo, de manera exclusiva, de aquello para lo que fue originalmente creado: ejercer la fiscalización superior de la Hacienda Pública, de manera que se deje de inmiscuir en la administración y gobierno de los demás órganos estatales, como lo hace en la actualidad entrabando todo el accionar el Estado costarricense.

Sala Constitucional. Respecto al entrabamiento que causa el accionar cotidiano de la Sala Constitucional, la situación es más compleja. Desde el punto de vista de reformas a la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sólo cabría hacer dos: eliminar la consulta legislativa de constitucionalidad respecto de los proyectos ordinarios de ley y reformar el numeral 41 para eliminar la suspensión automática de los efectos de los actos impugnados.

El resto de los problemas, como el cambio cotidiano sin ningún criterio técnico del recetario a la CCSS so pretexto de tutelar el derecho a la salud, la anulación de los EIA sin tener conocimientos en materia ambiental, el ordenar a las distintas Municipalidades e instituciones públicas la construcción de obras costosísimas, etc., no se puede solventar mediante reformas legales.

Ello sólo se lograría si los Magistrados tomaren conciencia de que su competencia es estrictamente jurisdiccional y no política, de manera que no se inmiscuyan en asuntos para los que no tienen competencia profesional para opinar con propiedad (verbigracia, medicamentos y estudios de impacto ambiental) o usurpen competencias otorgadas por el ordenamiento a los órganos políticos. Esto es lo que llaman los norteamericanos self restraint ”, que es una virtud ayuna totalmente en el accionar cotidiano de la Sala, que un día sí y otro también invade competencias constitucional y legalmente atribuidas por el ordenamiento a otros órganos estatales.

Reforma de servicio civil. Una tercera línea de reformas abarcaría el Estatuto de Servicio Civil. Este régimen, en la praxis, sólo sirve para otorgarles estabilidad laboral a los malos funcionarios. En consecuencia, se debe reformar para obligar a la recertificación quinquenal de todos los servidores públicos. De esa forma los obligaríamos a estar preparándose conti-nuamente. Quien no supere la recertificación sería dado de baja con responsabilidad patronal.

Además, los aumentos salariales se harían no por antigüedad, sino más bien por resultados. Para ello, se harían evaluaciones individuales de todos los servidores públicos, del rendimiento del departamento al que pertenecen y, en última instancia, de la institución de la que forman parte.

De esa forma, los propios servidores públicos serían los mejores guardianes de la eficiencia de la Administración Pública pues, si su institución no funciona conforme a parámetros y metas objetivas fijadas anualmente, entonces no tendrían derecho a los aumentos salariales anuales, que hoy se otorgan automáticamente.

Finalmente, hay que establecer que las jefaturas son de nombramiento discrecional del respectivo jerarca, para evitar que los mandos medios anquilosados, como ocurre en la actualidad, sean los que realmente manden dentro de las diferentes instituciones públicas.

Es ilógico que el jerarca de una institución no pueda nombrar a personas de su confianza en las jefaturas de los mandos medios. Estos, al tener garantizada su estabilidad laboral, se han convertido en feudos dentro de la propia institución y por ello son quienes realmente mandan en el país.

La respuesta a la pregunta formulada en el título de este artículo es muy simple y cae por su propio peso: la Contraloría General de la República, la Sala Constitucional y los mandos medios son quienes nos gobiernan en la actualidad.

Las reformas legales citadas son más urgentes que modificar la Constitución pues es necesario devolver, a los órganos de elección popular, la capacidad de gobernar sin controles a priori que incidan no sólo sobre su accionar administrativo, sino también sobre su discrecionalidad política.

Sin embargo, parece que lo urgente posterga lo importante en Costa Rica. Posiblemente, la mejor contribución de la presente Asamblea Legislativa al país sería realizar las reformas legales arriba indicadas. Los costarricenses quedaríamos muy agradecidos porque se trataría de reformas de fondo, que harían el aparato estatal más eficiente y opera-tivo.

Además, es hora de devolver el ejercicio real del poder a los órganos representativos, es decir, a los que cada cuatro años elegimos para que nos gobiernen y terminar con la dictadura de órganos que no tienen origen en la voluntad popular.

Rubén Hernández

¡A la calle!

Todo sistema electoral es imperfecto. Prueba de ello es que cada democracia tiene su propio modo de elegir los representantes del pueblo. Si alguno de esos modos fuera ideal, todos lo usarían. Dejo de lado los remedios de las falsas democracias “populares” al estilo de Cuba o China: allí, como La Rochefoucauld decía de la hipocresía, las elecciones no son sino el homenaje del vicio a la virtud. En las democracias de verdad, la representación popular queda siempre deformada, a sabiendas o involuntariamente. Veamos por qué.

Lo primero es que unas elecciones generales tienen lugar en un momento dado. El llamado “mandato popular”, expresado en otro momento, podría ser muy distinto. Los españoles no tenemos más que recordar el efecto producido por el atentado terrorista de la estación de Atocha en Madrid en 2004 para entender que un incidente grave como ese puede cambiar el resultado de la consulta.

Además, hay que tomar en cuenta el efecto deformante de la abstención. En los lugares en los que el voto no es obligatorio, como lo es en Bélgica, es muy frecuente que una mayoría de los votos emitidos esté muy lejos de ser una mayoría de los votantes. Así, en el referéndum del año 2006, de aprobación del Estatuto de Autonomía de Cataluña fue aprobado por sólo un 36,5 del censo electoral (puesto que los síes sumaron el 73,9% de los votos expresados pero la participación fue sólo del 49,4%). ¿Supone esto una menor legitimidad de este Estatuto, comparada con la del antes vigente de 1979, que fue aprobado por un porcentaje de votos afirmativos del 52,6% sobre el censo? Quizá la ausencia de muchos posibles votantes en 2006 se debiera a que muchos de los inscritos en el censo diesen por sentada la victoria del sí y no se molestaran en acudir a las urnas. Mas también podría argumentarse que, al tratarse de disposiciones legales de gran importancia constitucional, habría que exigir una participación de al menos la mitad del censo o una proporción reforzada del voto afirmativo sobre el expresado.

En tercer lugar, cada país tiene que inclinarse por un sistema proporcional o un sistema mayoritario, o una mezcla de los dos. Las democracias parlamentarias, en las que el gobierno o su presidente no son elegidos directamente por el pueblo sino indirectamente por el Parlamento, suelen preferir un reparto de escaños más o menos proporcional a los votos conseguidos por cada partido. En países libres, sin embargo, las opiniones son siempre muy varias y conflictivas. Si la proporcionalidad es perfecta, como ocurre en Israel, los gobiernos resultantes serán siempre gobiernos de coalición. Esto que en apariencia es muy democrático quizá no lo sea tanto llegado el momento de formar Gobierno: durante la campaña electoral, los partidos se presentan con propuestas que saben que no podrán poner en práctica, pues tendrán que hacer concesiones a los partidos con los que quieran unir sus voces para conseguir la mayoría de la Cámara. En consecuencia, las preferencias de los votantes siempre quedan frustradas.

Para conseguir gobiernos capaces de tomar decisiones sin estar tan sometidos al llamado “chantaje” de exiguas minorías, muchas son las democracias que refuerzan la representación de los partidos más grandes. Esto ocurre incluso bajo sistemas proporcionales, como en España gracias a la Regla d’Hont, y la sobre-representación de las provincias menos pobladas da ventaja a los grandes partidos. Lo mismo pasa en Alemania, donde se elimina de la representación aquellos partidos que obtengan menos del 5% de los votos. Pero si los votantes se dividen de forma muy equilibrada entre dos grandes opciones, es posible que partidos muy minoritarios sigan siendo cruciales. Tal ha ocurrido con frecuencia en España, donde los nacionalistas de Cataluña, País Vasco o Galicia pueden aportar los diez o doce votos necesarios para formar gobierno y exigir medidas a su gusto pero poco aceptables para la gran mayoría de los votantes.

Este efecto es aún más claro en países con sistemas llamados mayoritarios. En el Reino Unido, los distritos electorales son pequeños y eligen un solo diputado por circunscripción. Cuando son tres o más los candidatos, el ganador puede salir apoyado sólo por una minoría, a veces exigua. Tomado el país en su conjunto, un partido puede obtener amplia mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes sin pasar del 40 o 42% de los votos expresados. En Francia, ese refuerzo se consigue por el sistema de dos vueltas: si un candidato a la Asamblea Nacional o a la Presidencia del país consigue la mitad de los votos en la primera vuelta, queda elegido; pero si no es así, todos los candidatos menos los dos primeros quedan eliminados de la segunda vuelta, con lo que el elegido conseguirá normalmente, aunque de forma algo artificial, más de la mitad de los votos expresados. Y no digamos nada del refuerzo a los candidatos de los partidos más grandes en sistemas presidencialistas como el de EEUU, donde los minoritarios no pueden hacer más que fragmentar el voto de un candidato para dar la victoria al otro.

Por fin hay que notar lo imperfecto de las opciones que se presentan a los votantes. En unas elecciones generales, el votante tiene que elegir entre programas con múltiples medidas para los próximos cuatro años. Imagínense lo difícil que sería hacer la compra en el hipermercado si uno tuviese que adquirir de una vez todos los bienes y servicios que necesita para un período tan largo. En el mercado político, decían Milton y Rose Friedman, la conformidad se consigue sin unanimidad, por el voto de las mayorías; en el mercado económico, las elecciones son unánimes sin que tengan que ser conformes. Esta diferencia es inevitable, dado que las decisiones políticas versan sobre bienes y servicios públicos, indivisibles por su naturaleza. Por ello y por la poca influencia del voto de cada individuo sobre el resultado final, es comprensible que los ciudadanos tengan poco interés en informarse a fondo sobre lo que eligen al expresar su voto.

¿Debemos deducir de todo esto que los sistemas democráticos son tan defectuosos que deberíamos abandonarlos? Mi contestación es que no porque el votante ejerce un derecho esencial para la salud de las sociedades libres: cambiar el gobierno sin que corra la sangre, como dijo Karl Popper. ¡A la calle todos los inútiles que nos mandan!

Pedro Schwartz

El regreso del "hijo pródigo"

Entre ayer y hoy se ha publicado en la prensa el regreso de Antonio Álvarez Desanti al Partido Liberación Nacional, luego de haber salido, hace casi 40 meses, por un aparente exceso de corrupción en ese partido. Respecto al tema, hay varias cosas que en ASOJOD queremos comentar. No nos interesa en lo más mínimo la pataleta que hizo para salir ni las razones que tuvo para regresar. De un partido como el PLN, caracterizado por la más diversa fauna política, cualquier cosa se puede esperar, hasta que le den la candidatura presidencial del 2010.

A lo que queremos darle atención es a las consecuencias del regreso. Son preocupantes las declaraciones que dio Álvarez Desanti a La Nación ayer domingo, en donde esgrime que el pluripartidismo le hace daño a la gobernabilidad del país. Arbós y Giner aportan una excelente definición de gobernabilidad: "es la cualidad propia de una comunidad política según la cual sus instituciones de gobierno actúan eficazmente dentro de su espacio de acción de un modo considerado como legítimo por la ciudadanía, permitiendo así el libre ejercicio del Poder Ejecutivo mendiante la obediencia cívica del pueblo". Urcuyo establece que la gobernabilidad precisamente se encuentra en relación directa con la legitimidad de origen y la legitimidad en ejercicio. La primera tiene que ver, de acuerdo con Coicaud, con el reconocimiento del derecho de gobernar, originada en los regímenes democráticos en la victoria en las urnas electorales. La segunda se relaciona con la capacidad de las instituciones de gobierno de satisfacer eficientemente las demandas ciudadanas en estricto apego a los valores democráticos.

Como se puede ver, el número de partidos no define per se la gobernabilidad de un sistema político, por lo que resulta extraño que su esposa, Nuria Marín, siendo politóloga, no haya corregido a Álvarez Desanti. Ella se logra precisamente manteniendo la legitimidad de origen y en ejercicio, de modo que las instituciones de gobierno actúen en una esfera que goce de la aceptación ciudadana. A ello hay que agregarle la existencia de reglas claras y la legalidad en su aplicación, la libertad de asociación política para generar representación, la existencia de fuentes alternativas de información y de adecuados mecanismos que faciliten el flujo de información bilateral entre gobernantes y gobernados. Asimismo, la gobernabilidad depende de la capacidad de negociación de los actores políticos y de la conformación de la cultura política, de modo que se institucionalicen adecuadas formas de solución del conflicto.

Esta confusión conceptual se las trae: es problemática y no precisamente porque confunda a los académicos sino porque puede influir en la opinión pública de mala manera. Ante el descrédito generalizado de la política y, en especial, de los partidos políticos como adecuados canales de comunicación entre gobernantes y gobernados, la gente ha comenzado a creer que se puede y se debe acceder al poder por medio de otras vías. Eso da lugar a lo que en Ciencias Políticas es conocido como outsiders. Se trata de personas extrañas a la arena política y, normalmente, ignorantes del teje y maneje del mundillo del gobierno democrático, en tanto pertenecen a otros ámbitos: a veces son actores, militares, deportistas, artistas, etc. Entre los más famosos outsiders que podemos recordar en este momento han estado Adolf Hitler, Hugo Cháves, Evo Morales, Abel Pacheco, Arnold Schwarzenegger, Ronald Reagan, entre otros. El problema más frecuente con los outsiders es que, si no tienen una patológica necesidad reivindicativa (como el indigenismo, el socialismo del siglo XXI o el feminismo), carecen de conocimientos mínimos para lograr llevar adecuadamente las riendas de un gobierno.

Las declaraciones de Álvarez Desanti, además de debilitar aún más a los partidos políticos como las instituciones canalizadoras de demandas por antonomasia, podrían provocar medidas antidemocráticas. Ello porque, al caracterizarse nuestra Asamblea Legislativa por el anquilosamiento parlamentario, la población podría comenzar a creer que, en efecto, reducir el número de partidos políticos produciría per se mejores condiciones para el consenso a la hora de tomar decisiones. Lo anterior haría del sistema de partidos un sistema tipo cartel, en donde los partidos ya consolidados (casi siempre con representantes en el Congreso) podrían comenzar a imponer barreras de iure y de facto para la creación de nuevos partidos. Ahí es donde entran tecnisismos como el umbral electoral, la cantidad de firmas para creación, cantidad y plazos de asambleas distritales, cantonales y/o provinciales, etc.

Este tipo de barreras no sólo se prestan para la corrupción, pues minan el control político que podrían llegar a ejercer los nuevos, sino que también comportan enormes problemas para la representación y, consecuentemente para la legitimidad, pues muchos ciudadanos dejarían de sentirse representados y, por tanto, se diluye la capacidad de exigir obediencia. Eso sí generaría un gran daño a la gobernabilidad.

Muerto el perro… ¿se acabará la rabia?

Reza el dicho popular:muerto el perro, se acabó la rabia , en clara alusión a que, una vez eliminado el causante del problema, también se acaba el problema.

Ahora bien, ¿se acabará la rabia de los agitadores, sindicatos, anarquistas disfrazados de defensores de la República y otros enceguecidos por la ira callejera en este país, una vez aprobado o no el TLC con Estados Unidos? ¿Se acabará el odio hacia lasmafias neoliberales , como las llamó el comando (“comisión”) de enlace nacional contra el TLC? ¿Dejarán de ver gigantes y hechiceros losquijotes de la verdad absoluta en Costa Rica luego del referéndum?

Antes y después. Mucho me temo que la respuesta a todas estas preguntas es no. Ante este escenario, tenemos una Costa Rica antes y después del referéndum sobre el TLC. La Costa Rica del después será una Costa Rica cuya democracia saldrá fortalecida ante este largo y tortuoso camino, una democracia más madura, la cual una vez más sentará un precedente para América y el mundo, de respeto y apego al sistema constitucional por el que nos regimos, el que unos pocos nos quieren hacer creer se encuentra secuestrado. Sin embargo, pese a esta victoria nacional que se avecina, ya hay quienes desean ensuciarla, sea cual fuese el resultado.

Ya los detractores del sistema, una vez producida la necesaria salida del vicepresidente Casas, enfilarán sus baterías hacia el presidente constitucional de la República, buscarán su salida y de quienes lo rodean, a quienes acusan de tener a Costa Rica en una dictadura. No sé en cuál universo paralelo deben estar viviendo. ¿Será acaso que ven a nuestro país semejante a la herrumbrada e inhumana dictadura de los Castro en Cuba? ¿O quizás lo comparan con el secuestro institucional en que Chávez tiene a Venezuela? No sé a quién tratan de engañar. ¡El cielo no se está cayendo!

No debemos permitir que nuestra democracia se vea falseada después del 7 de octubre; con nombres y apellidos, hay quienes amenazan y asustan con medidas de presión si gana el SÍ, como el entrabamiento que espera a los proyectos de la agenda de implementación en la Asamblea Legislativa y, por otra parte, si ganara el NO, esos mismos sectores se sentirían envalentonados para hacernos creer que el mandato del presidente Arias debe llegar a su fin. Así que todavía nos espera recorrer un difícil tramo.

Camino a seguir. Creo firmemente que debemos como país aprobar una serie de reformas estructurales, como la apertura del mercado de las telecomunicaciones y los seguros, reformar, simplificar y recaudar más eficazmente los impuestos, echar más mano a la concesión de obra pública para garantizar más y mejor infraestructura, sin olvidar la protección jurídica para el inversor extranjero, aprobar más TLC (Europa, China y mercados emergentes) para que los flujos de inversión extranjera directa productiva sigan creciendo; sin olvidar una justa redistribución de la riqueza y el desarrollo de programas de política social para que, de esta forma, podamos sacar provecho de las diferencias que nos distinguen de los países vecinos.

A quien debemos temerle es a la desinformación, no a las amenazas de quienes adversan el Tratado; somos un país altamente competitivo y, por sobre todo, con una tremenda madurez política como para que nos dejemos engañar por quienes proclaman defender a la patria, cuando lo que logran más bien es defender sus cómodos privilegios y anhelos de grandeza.

Este 7 de octubre el refrán popular antes mencionado lamentablemente no llegará a cumplirse, pero sí creo que la Costa Rica que queremos para el futuro la forjaremos juntos a partir de ese día. Respetemos la decisión de la mayoría.

Jorge Luis Araya, tomado del periódico La Nación