La columna de Carlos Federico Smith: A pensar bien lo del salario único en el sector público

El gobierno ha estado anunciando un pronto envío a la discusión legislativa de un proyecto para instaurar el salario único en el sector público. Aún no lo ha hecho. Por eso, considero que es muy importante el análisis, realizado por una comisión de la propia Corte, que presentó el señor Roger Mata ante los magistrados que integran la Corte Plena. Este comentario toma como base la nota de La Nación del 18 de febrero, titulada “Salario global en Corte significaría aumento de ¢5.444 millones por año.”

El ejercicio hecho permite sacar a la luz varios elementos que deberían servir como faros acerca de algunos de los resultados posibles de la puesta en práctica de dicha política, esencialmente establecida para disminuir el gasto de las diversas entidades estatales. Así, se terminaría con una serie de pluses salariales, cuyos efectos nocivos e injustos son bien conocidos, que se incorporarían, de alguna manera, en sólo el salario. 

De hecho, ya se ha puesto en práctica el salario único en el Banco de Costa Rica, el Banco Central y la Contraloría General de la República, bajo modelos distintos, pues, al momento, no existe uno uniforme, pero, me permito sugerir que es oportuno que esos tres entes, que han tenido experiencias al respecto, indiquen a la ciudadanía con exactitud la forma en que se ha implantado en cada entidad y qué grado de cobertura del personal se acogió al nuevo sistema, así como cuáles han sido los resultados financieros de reducción del gasto ya obtenidos, y cuáles por obtener, teniendo como punto de referencia que lo buscado es disminuir el gasto gubernamental.

Veamos algunos de los resultados interesantes del informe de marras del Poder Judicial. Lo primero es si las erogaciones adicionales (esto es, tal vez sólo habría un aumento en el gasto salarial en los primeros años, pero es bueno saber si luego habrá uno mayor), más bien se incrementarían en función del grado y naturaleza de los grupos salariales a los que se les aplicaría el salario único.

 A le fecha, el Poder Judicial tiene alrededor de 12.000 empleados, con distintos años de trabajo y diferentes anualidades. Para el estudio se formularon varios escenarios muy llamativos y que vale la pena conocer. Uno es una cobertura del 47% del personal, (que sería a 6098 empleados) que “tienen entre cero y 10 años de laborar… {con] el salario global conformado por salario base y 10 anualidades.” La introducción de un salario uniforme para este grupo significaría un gasto salarial anual adicional de ¢5.444 millones. 

Otro es un grupo que tiene de “cero a nueve años (con salario base y nueve anualidades), que estaría compuesto de 5.341 funcionarios, que equivale a un 41.3% del total. En este caso, “el monto adicional por pagar sería de ¢4.436 millones” al año.

Asimismo, si el nuevo salario global se diera al 25% de los trabajadores (3.239) que están en el rango de “cero a cinco años” con “un salario base y cinco anualidades”, el incremento anual en el gasto por salarios sería de ¢1.477 millones.

Por tanto, en la Corete, bajo la idea de un salario uniforme conformado por salario base más ciertos pluses, habría aumentos sustanciales, que oscilarían entre ¢1.477 y ¢5.44 millones al año, según ciertos supuestos antes indicados. ¿Y el ahorro buscado en el gasto? Se responde en el comentario de marras: “Todos quisiéramos que la planilla del Poder Judicial pudiera estar en el salario único para generar un ahorro más considerable, pero todos sabemos que este modelo no genera ahorros instantáneos, sino que será en unos 15 años.”  Una posibilidad interesante, ante lo expuesto por el medio, es señalar cuál sería el valor presente de esos flujos, negativos al inicio y positivos luego, como para ver la virtud de cuál camino es el menos malo, si se quiere poner en tales términos.

Dado que se señala la pronta presentación de la reforma salarial, vale la pena tener claros aspectos esenciales como a qué grupos de trabajadores se les aplicaría, tal vez para obtener el mayor ahorro en el valor presente del gasto. Y, por supuesto, asumiendo que, durante ese flujo de años, no habrá variación en las reglas de juego de la aplicación del salario uniforme, como podría ser instaurar nuevos pluses. El tema sin duda que se las trae y exige la atención ciudadana, pues no vaya a resultar que no estemos teniendo cuidado con lo que estamos pidiendo: lo que nos podría terminar pasando; esto es, que el gasto gubernamental aumente con el salario uniforme, en vez de bajar.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: proteccionismo cafetero

No hay duda que el proteccionismo tiene mil caras. Al asomarse la posibilidad de competencia, el gremio afectado acude a buscar protección al gobierno de turno para que le proteja ante todos los males que le traerá dicha competencia. Por supuesto, alegará todo tipo de razones, excepto una: que esa competencia podría significar una reducción en el precio a los consumidores y así dañar su negocio. Por eso el proteccionismo es inaceptable. Inventará cualquier cosa para impedir que ese consumidor, cuya satisfacción debería ser el objetivo de toda economía, pueda tener la oportunidad de conseguir ese producto más barato o de mejor calidad, si fuera posible.

Ahora los proteccionistas pretenden introducir legislación que impida la importación de café desde otros países, para usarse como mezcla con cafés nacionales y ser vendido en el país. 

Se busca que la entidad conocida como ICAFE regule las importaciones de café del exterior hacia el país. ICAFE agrupa no sólo a productores nacionales del grano, sino también a procesadores industriales, así como a exportadores y, por supuesto, a funcionarios del gobierno de turno. Aquí, el ICAFE es el equivalente del CONARROZ o de la LAICA, entre otros, que pretenden que sus agremiados sean protegidos ante una competencia más económica. En este caso, ICAFE no sólo alberga a un gremio específico, sino a diversos subgrupos del sector cafetero, entidad que, en esta oportunidad, posiblemente se encuentre en un serio conflicto interno, pues la búsqueda de protección para uno de esos subgrupos significa un costo mayor para los otros y, por ende, para los consumidores.
 

Se ha presentado un plan que se tramita en la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa, que tiene características claramente violatorias de la libertad de contratación y de comercio constitucionalmente garantizadas, así como a la libertad de comprar a calidades y precios que se definen en un mercado.
 

Lo que se pretende en dicho proyecto, según lo señala La Nación, en su edición del 18 de febrero, bajo el título “Tostadores de café denuncian intento de poner barreras a importación de grano,” es, en primer lugar, que los contratos privados de importación de café en grano tengan que ser informados ante el ICAFE. Evidentemente, el interés de los proteccionistas es impedir la posibilidad de que se venda un café más barato en el país, o de una calidad diferente al nacional, lo cual es una aprobación subjetiva de los consumidores, como es lo natural. Por supuesto, la realidad es que ese café nacional es más caro aquí pues nuestra producción doméstica tiene un precio más alto en los mercados internacionales, en comparación con otros cafés del exterior.
 

Alguien diría que aquello último protege al productor nacional, pues así obtiene un buen precio por su producto colocado en el mercado interno. Ciertamente, pero lo hace a costas de los consumidores. 

Pero, hay algo más, Costa Rica exporta todo su café de alta calidad a precios comparativamente altos, de forma que, para el mercado doméstico, queda, y siempre ha sido esa la práctica, un café de menor calidad que el exportado de mayor valor. (Por eso uno ve cierta promoción para los consumidores de cafés nacionales, que anuncian ser de “calidad de exportación.”)
 

Costa Rica debería producir todo el café de alta calidad que pueda, si su demanda internacional es elevada, traduciéndose así en un precio alto, pero no debería hacerlo a costas de impedirle al consumidor tener un café para consumo doméstico que sea más barato, al impedirse la importación de un grano extranjero menos costoso que el nacional. Posiblemente sea para proteger la venta en el mercado interno de café doméstico de menor calidad, pero que, tal vez, es más caro que el importado.
El ICAFÉ se convertiría en un ente con prácticas monopolísticas que impide la libertad de comercio entre las partes y, posiblemente, para ello, introducirá mayores restricciones, disfrazadas de normas técnicas que frenan la importación del grano del exterior. (Parecido a las “normas técnicas” usadas para impedir la importación del aguacate, por las cuales todos hemos sufrido). Posiblemente dirán que lo que se pretende es la entrada de un café de menor calidad que el nacional, pero eso quien lo determina, al final de cuentas, es el consumidor. ¿Y si la gente le gusta más un café mezclado del “bueno” nacional con el “malo” importado? De ello podrá diferir un catador, pero yo soy mi propio catador, y defino qué es lo que me gusta. Y, además, ¿qué tal si ese café mezclado es más barato que un café “no mezclado” de grano nacional? Si me parecen buenos y aceptables sustitutos, es mi derecho pleno poder comprar el que me salga más barato.

Finalmente, agregarán que, ante el buen nombre del café nacional en el mercado internacional, habrá gente en el país que traerá café “malo” del exterior, lo volvería a etiquetar como “café nacional” (el “bueno”), y lo vendería engañosamente en el mercado internacional, ocasionando, de paso, un daño al prestigioso café nacional.
 

Esto último no se lo cree nadie, pues asume que, quienes compran en los mercados internacionales, son incapaces de poder distinguir entre un café nacional “bueno” y un nacional falso “malo.” ¿Cómo que si no existieran catadores internacionales capacitados? Y, aún más, como si en las relaciones comerciales internacionales no hubiera un conocimiento tradicional entre vendedores y compradores, en donde el prestigio de la calidad del producto transado se ha determinado desde hace mucho tiempo, y en que cualquier engaño significaría una pérdida muy elevada en la confianza de los negocios usuales entre esas partes. Lo dejarían de comprar de ahí en adelante.
 

Es muy claro que lo que se pretende es que los consumidores nacionales seamos cautivos en precio y calidad de productores nacionales, incluso de productores de reconocido prestigio en la calidad de su grano, que por ello posiblemente lo exportan beneficiosamente al exterior, dejando para el mercado interno aquel de menor calidad. Pero, déjennos consumir lo que nos parezca, a precios que nos pueden ser más favorables y preocúpense por seguir mejorando la calidad del café de exportación, demostrada, no desde hace “más de 30 años” como señala una declaración en el medio citado, sino durante siglos, en los que hemos demostrado ser capaces de competir eficientemente y sin proteccionismo en los mercados externos. 
 

Por favor, señores diputados, no permitan que se nos convierta en vasallos económicos, con costos indebidos a todos los consumidores, para beneficio de unos pocos. No somos tontos: déjennos elegir que es lo que podemos preferir, a un precio más bajo y con una calidad mayor, o una mezcla que uno escoja, en contraste con una imposición proteccionista más.
 

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: acerca del financiamiento gubernamental de la Caja y los EBAIS recuperados

En estos días, dos situaciones recientes alrededor de la Caja del Seguro Social han llamado mi atención. Una de ellas la recoge el periódico La Nación del 18 de febrero, en el artículo titulado “Deuda de Gobierno con IVM y seguro de salud se dispara,” y la otra que se ha comentado en distintos medios, es el hecho de que la Caja ha “recuperado” una serie de EBAIS ubicados en el este de la ciudad, que previamente eran administrados por una concesión de la Caja a una universidad privada del país.

Lo que ambos tienen en común, al menos para este comentarista, es su relación con los ingresos y gastos de la Caja. En sencillo, por una parte, el gobierno no le está dando los fondos que debería darle a la Caja, tanto para su programa de pensiones IVM, como para el denominado de salud y enfermedad. Y, por la otra, que, en apariencia, los costos para la Caja -que quede claro: para todos los ciudadanos contribuyentes- al ahora administrar esos EBAIS, serán muy superiores a los hasta hace poco pagados por hacerlo a la Universidad Iberoamericana (UNIBE).

Veamos el primer tema de la deuda total del gobierno al 2019 con la Caja. Según el medio citado, asciende a ¢1.67 billones, de los que, el 85%; o sea ¢1.42 billones, es la deuda del gobierno con el programa de la Caja llamado Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) y el 15% restante al programa de pensiones de la Caja (IVM) que asciende a ¢258.630 millones. La deuda total del gobierno casi que se ha duplicado en términos reales durante los últimos 3 años. La deuda con el SEM aquí indicada incluye principal e intereses.

El artículo de La Nación desglosa la deuda total gubernamental con el SEM de ¢1.42 billones de la siguiente manera:

1. Deuda por el traspaso a fines de los noventa a la Caja de los EBAIS por el administrador previo, el ministerio de Salud. El saldo de esa deuda, dice el medio, asciende a ¢468.471 millones e indica que “representan el 33% de la deuda estatal con el seguro de salud” SEM.

2. Según el Código de la Niñez y la Adolescencia, el gobierno debe trasladarlo al SEM como pago “por la atención médica que el Estado debe brindar a los menores de edad, principalmente por concepto de vacunación.” La deuda del gobierno con la Caja por esta subpartida al 2019 ascendió a ¢344.974 millones, lo que equivale al “24% de la deuda total del SEM.” Esa cantidad aumentó un 46% con respecto al año pasado.

3. La tercera subpartida de la deuda total que señala el medio es por “la población asegurada por cuenta del Estado, que incluye a personas en condición de pobreza y pobreza extrema, indigentes, y privados de libertad.” Según informa la Caja, el saldo que le adeuda el gobierno por esta subpartida, a fines del año pasado, es de ¢162.115 millones, que equivaldría a un 11% de la deuda con el SEM.

Aquí me surge un problema serio en cuanto a los números que presenta el periódico: no me cuadran. Esas tres subpartidas suman ¢975.560 millones, por lo que faltaría una hipotética subpartida equivalente al 37% del total que se dice adeudar al SEM y que ascendería a ¢444.440 millones. No tengo ni idea de la consistencia de la suma de las partes de la partida adeudada al SEM.

Todo esto es importante tenerlo claro, pues, como bien dice el medio, en el artículo citado, “La existencia de las obligaciones estatales pendientes con el SEM y el IVM, implica que los patronos y trabajadores [recuerden el sistema tripartito originario del financiamiento de la Caja] asumen, con sus cuotas, parte del peso que corresponde financiar al Estado.” O sea, si, como es lógico pensarlo, lo que aporta el estado de todas formas proviene de personas y empresas contribuyentes, si alguien piensa que el estado nos lo cobrará para pagar esta deuda, pues sepan que, aparte de lo que hemos pagado correspondiente a las cuotas laborales y patronales, de algún lado el fisco sacará esos fondos, y ya sabemos cómo, de dónde y a quiénes.

Termino con una nota aparte, pero relacionada con las finanzas de la Caja. En apariencia, el costo para la Caja de administrar los EBAIS que absorbió en el este de San José va a ser mayor que lo pagado al administrador privado previo (aparte de molestias con la ubicación actual diseminada, con malas aceras en calles nutridas -al menos en Sabanilla- con largas filas, en donde la Caja culpa de ello a la administración anterior- y una atención, en opinión de algunos, poco amable). Pero, desde el punto de vista del verdadero costo que va a significar esta “recuperación” de los EBAIS para los cotizantes de la Caja, eso deberá hacerse conocer pronto a la ciudadanía… máxime con los serios apuros financieros de la Caja. De hecho, un editorial de La Nación al respecto, del 24 de febrero, consigna que “La propia auditoría interna de la Caja lo admite [que serán mucho más caros que antes bajo concesión a la universidad privada]. Según cálculos de esa oficina, el costo de contratar el manejo de los EBÁIS con terceros es un 50% menor.” Debe demostrarse, al menos, que el servicio -que era relativamente bueno- mejorará significativamente, pero las primeras impresiones parecen indicar lo contrario.

 

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: ahora, ¡siembren aguacates!

El gobierno ha lanzado el “Plan Nacional del Aguacate.” Pretende que se cultiven 2.500 hectáreas más de las 2.000 hoy sembradas. Por supuesto, el estado aportará dinero, en esta ocasión por medio del Banco Nacional, el cual dijo disponer “de más de ¢5.000 millones para ofrecer crédito a los agricultores,” así como se usarían fondos del Sistema de Banca de Desarrollo. O sea, el gancho de siempre para los agricultores: hay plata para prestar, aunque debería depender de ellos si se justifica que lo piden prestado. Y, paradójicamente, cuando en el país ese mismo gobierno habla del problema del sobreendeudamiento. Tal vez para que, al llegar el momento de repagar la deuda, deban acudir a presiones políticas para que les amplíe el plazo de repago o que se les rebaje algo o la totalidad de las obligaciones. ¿Acaso no ha sido eso parte de la historia de ciertos endeudamientos estimulados por el gobierno de turno?

Según La Nación, en su artículo “Gobierno pretende elevar en un 125% la siembra de aguacate,” lo que en realidad nos dice es que la producción doméstica, hasta el momento, no ha estado a la par de la demanda, por lo que los precios han aumentado (yen cuanto a la calidad que usted sea quien juzgue, porque, para mí, algunas veces muy mala y, en otras, muy buena). Tan es así dicha “insuficiencia,” la que solía ser llenada esencialmente por una eficiente producción mexicana, que ahora se debe importar de países más alejados, pues la prohibición del aguacate Haas, que es altamente demandado en el país, se hizo para países como México, Australia, España, Ghana, Guatemala, Israel, Sudáfrica, Venezuela y Estados Unidos, lo que hace que probablemente tenga que venir desde otros productores menos conocidos y hasta más alejados, lo cual eleva el costo. 

Ahora, ante la “insuficiencia,” según el ministro de Agricultura, se debe “cubrir la demanda nacional en su totalidad [o sea, si bien entiendo, se pretende la autosuficiencia] que actualmente es de 13.000 toneladas por año.” No se informa de cuánto es la oferta actual nacional, pero se puede estimar, dado que el objetivo es un aumento del 125% en la producción para ser autosuficientes, lo que daría que la oferta actual debe ser de unas 5.780 toneladas al año. Tamaña tarea ser autosuficientes…

Ciertamente, uno habría esperado que, si los precios de hoy son buenos ante la falta de importación, ese faltante se habría estimulado satisfacerlo con una mayor producción nacional, por una decisión de mercado propia de los productores, y en donde el estado puede, tal vez, ser útil an asistencia técnica y similares, pero no lo sería por falta de financiami}ento, pues, según el sistema bancario nacional, lo que hoy se tiene es un exceso de fondos prestables.

Hay algo que me inquieta de este programa en particular del gobierno, que es que ya una corte nacional ha determinado que la prohibición proteccionista, impuesta por el gobierno anterior, causó daño a algunos (importadores del aguacate y creo que principalmente a los consumidores). La resolución del conflicto producido por esta política proteccionista del gobierno está en manos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), pues el país fue acusado de violar las reglas internacionales del comercio por el gobierno nacional. O sea, podría ser que, a cierto plazo no muy largo, habrá una decisión de la OMC que obligue a las autoridades del país a reabrir su mercado a la competencia internacional.

Ante un nuevo “Plan Nacional del Aguacate, vale la pena recordar lo que ha sucedido con diversos ejemplos de programas estatales similares, de un estímulo determinado del gobierno para aumentar siembras de ciertos cultivos. De un gobierno que presume ser un mejor conocedor de los mercados que los productores e importadores nacionales, quienes son los que verdaderamente corren los riesgos del negocio al final de cuentas como para decidir sus inversiones. 

Me acuerdo, hace ya muchos años cuando, ante una decisión de políticos de turno, se promovió la siembra de cabuya en una parte importante del país, que, en la actualidad, si acaso, se produce algo de ella para artesanías locales. Eso fue hace ya su rato, pero hace menos tiempo, el gobierno promovió la producción de otro producto “exitoso”, pues los empresarios sembraban poco y, así, el gobierno promovió arduamente su siembra. Me refiero al cacao, tanto en el Atlántico como en el Norte del país. Sabemos que el experimento no fue exitoso, en mucho por tener variedades no resistentes a ciertos hongos. Y hoy la producción es relativamente baja.

Más cercano está el caso del estímulo estatal a la siembra de palma africana, que, según tengo entendido, el área sembrada se ha reducido significativamente, entre otras, por razones de mercado. Y, aún más actual, recuerdo cuando la “moda” gubernamental fue estimular a los agricultores para que sembraran palmito. Lo hicieron. Luego la competencia internacional dejó por fuera de ese mercado a quienes sembraron esperanzados, quienes, eso sí, terminaron con altas deudas por haber seguido el consejo de políticos.

¿Por qué no se deja a que sea la prudencia y la posibilidad de usar los recursos incluso emprestados, lo que guíe a los empresarios, para llevar a cabo sus proyectos, sin incitarlos a que lo hagan en productos selectivos que han fracasado en diversas ocasiones? Que el empresario pondere sus decisiones, sin tratar el gobierno de alentarlo, diciéndole que les van a dar acceso a fondos, entre otras cosas, que no suelen ser suficientes para que la actividad sea rentable. Los Planes Nacionales del… producto de moda, el del momento, definido entre burócratas, terminan sirviendo sólo para que una burocracia pase entretenida y para que unos políticos alienten a empresarios a invertir en lo que, si fuera rentable, lo harían por ellos mismos sin un plan estatal, todo a fin de cosechar votos. Piense el inversionista productor, cuáles son sus riesgos, cuáles las decisiones del mercado en curso y qué precios podría lograr si se duplicara la producción doméstica. El verdadero empresario buscará conocer mejor las condiciones de los mercados, que lo que pueden saber mejor un burócrata de escritorio o un político embaucador, pues, si se fracasa, si se pierde, ninguno de todos esos sufrirá en sus bolsillos la mala decisión económica que han incentivado.

Jorge Corrales Quesada