La columna de Carlos Federico Smith: el gran desperdicio

Una reciente información trajo a mi mente la frustrada posibilidad de este gobierno para obtener un préstamo del gobierno chino por la suma de $5.000 millones.  Con esa cifra consideraron que no había necesidad de poner impuestos, pero, ante todo, que no se tendría que reducir el gasto gubernamental, tal como lo prometió en una ocasión el presidente de la República, en un debate en televisión: que antes de poner mayores impuestos reduciría significativamente el gasto público.

Como los gobernantes notaron desde el inicio de su administración, el aumento pensado de impuestos estaba en la cola de un venado y para llenar el hueco fiscal fue que se les ocurrió pensar que el gobierno chino invirtiera (comprara) directamente -sin tener así que pasar obligatoriamente por la Asamblea Legislativa, como es el caso de empréstitos del extranjero- bonos del gobierno, en una especie de “contratación directa”.  Ya sabemos que dicha pretensión se extinguió, posiblemente porque los gobernantes chinos, que habían considerado esa posible inversión financiera, ahora quieren, ante sus dificultades internas, que la “colaboración” con el exterior sea básicamente por medio de su inversión directa.

Esta puede ser la razón por la cual la famosa inversión chino-costarricense, conocida como SORESCO, aún no recibe la lápida acerca de su bien merecido fallecimiento:  No entraría plata líquida a Costa Rica (aquellos $5.000 millones), como pretendía esta administración, pero sí calzaría dentro de los planes chinos de inversiones directas proseguir con la refinería que, desde el 2009, había sido impulsada por la administración de turno y activamente buscada por la administración de doña Laura Chinchilla. Inicialmente se estimó que la inversión en la construcción de dicho proyecto ascendería $1.510 millones.

El hecho es que, desde el año 2013, ya la Contraloría había objetado que se continuara aquel proyecto  al haberse sustentado en un estudio de factibilidad viciad, pues fue realizado por una empresa relacionada con una de las partes interesadas (la del gobierno chino).  Algo parecido ha sucedido con otra similar inversión directa, de una empresa del estado chino que ampliaría parte de la importante carretera hacia Limón en el Atlántico –la ruta 32. Hace buen rato no se sabe nada de nada al respecto, lo cual preocupa, pues supuestamente ya se tenían plazos definidos para que Costa Rica aceptara esa también cuestionada inversión. No es nada raro que ese sea otro cadáver aún no frío del todo. 

No hay nada como un gobierno terco, empecinado en proseguir proyectos altamente cuestionados por el ente contralor. Aquel nos dice que el acuerdo final de la inversión conjunta chino-tica de SORESCO, está en “análisis,” tal como lo señala un comentario del periódico La Nación del 23 de marzo, titulado  “Refinería ‘de papel’ consumió $4 millones el año pasado: Empresa [Sociedad Reconstructora Chino-Costarricense (SORESCO)] creada para fallido plan gasta en salarios y subsidios para personal traído de China.”

Ante la necesidad de que el gobierno tome una decisión respecto a si proseguirá con dicho proyecto -y me imagino que indicando bajo qué condiciones- según lo han urgido la Contraloría y la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, la respuesta del gobierno sigue siendo timorata; indecisa.  Dice el ministro de la Presidencia, don Sergio Alfaro: “El Gobierno tiene el tema en análisis y oportunamente se dará la respuesta.” Es cierto que el estado es usualmente ineficiente cuando de tomar decisiones se trata, pero en este caso el proyecto de SORESCO le sigue drenando recursos a RECOPE, o sea, a todos los ciudadanos costarricenses.

Del aporte inicial de $100 millones, RECOPE puso $50 millones y de aquel monto total aún queda por gastar $38.5 millones. La pregunta lógica es ¿en qué se gastó la plata restante? ¿En qué se ha invertido el 61.5% invertido presuntamente? El reportaje de La Nación no nos permite saber en su totalidad el uso de tales recursos, pero hay alguna información acerca de gastos recientes que, sin duda, deben preocupar a la ciudadanía.  De acuerdo con el comentario del medio, sólo en el 2015 el proyecto que, bien dicho, está “en el papel” consumió $4.3 millones, de los cuales un 60% se gastaron en el pago de salarios, cargas sociales y algo denominado “paquete de repatriación”, que no es sino el pago a la parte de personal chino en el proyecto. $1.7 restantes se usaron para pagar alquileres, agua, luz, combustibles, viajes, consultorías y servicios legales. 

Parece que para el estado costarricense la plata abunda en nuestra economía, que no importa en qué se gasta, que no interesa que un proyecto de tal magnitud, que desde su inicio sufrió de problemas técnicos, financieros y legales, según lo indicó la Contraloría, prosiga en el candelero.  El hecho es que, tal como lo ha indicado en varios informes el ente contralor, RECOPE, con fondos de todos los costarricenses, no se ha caracterizado por  ser una participante en el proyecto de la refinería, “preparada, sólida, experimentada, tanto para concebir y definir la iniciativa, como para administrar la ejecución del proyecto o lidiar con obstáculos o conflictos,” según lo refiere el comentario de marras.

Entre tanto -todavía andan por allí $38.5 millones que aún no se han gastado- la decisión está siendo analizada por el “eficientísimo y expedito gobierno.” Claro, la plata es de los ciudadanos. Ahora, hasta que se acabe.


Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: RECOPE sigue pasándonos factura

En los últimos días asistimos a un espectáculo casi inédito: una rebaja importante en el precio de un servicio o bien público regulado: el precio del combustilbe disminuyó en aproximadamente ¢116. Curiosamente la lógica con la que se regularon estos precios -torcida dicho sea de paso- es evitar que "las fuerzas del mercado" disparen el precio de bienes o servicios sensibles para la población, como lo son electricidad, agua, combustibles, tarifas de transporte público, telecomunicaciones, entre otros, pero en la realidad pasa lo contrario, como lo hemos demostrado hartamente los liberales: el precio de los servicios o bienes regulados es mayor que el de los que se encuentran en competencia pues al no poder concurrir varios oferentes, no es posible generar condiciones en las cuales el consumidor se vea beneficiado con mejor calidad, precios más bajos, etc. 

Para muestra un botón, a propósito del combustible: como publicó en redes sociales hace poco el Diputado Mario Redondo, resulta que hoy día tenemos el mismo precio internacional del petróleo que en el año 2004: $36/barril; en ese entonces, el precio que fijó la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) para el combustible en las gasolineras era de ¢281/litro, pero con la rebaja "histórica" que vivimos los costarricenses, dicho precio apenas cayó hasta los ¢538/litro. ¿Qué provoca que a igual precio internacional de petróleo, tengamos que pagar casi el doble que hace 12 años? 

La respuesta no es, definitivamente, la inflación, ya que para ese año, la tasa de este fenómeno era de 13.1% según datos del Banco Central mientras que en la actualidad alcanza el -0.8%. La razón es una: RECOPE. Este verdadero elefante blanco viene trasladándole a los consumidores, desde hace muchísimos años, el costo de sus errores, sus ineficiencias, sus abusivas convenciones colectivas e incluso, las aventuras empresariales en las que literalmente se embarca.

El último capítulo de esta historia de terror fue el entuerto de la refinería con China. Para hacer corta la historia, en 2009 RECOPE y la Compañía Nacional de Petróleo de China (CNPC) concretaron un Acuerdo para conformar una empresa conjunta llamada SORESCO que desarrollaría la refinería de Moín. Para empezar, cada una debía aportar la friolera de $50 millones. 

Para hacerlo, como es típico, tuvieron que realizar estudios de preinversión, prefactibilidad, factibilidad, análisis de riesgo y demás hongos. Por eso, en 2010 SORESCO contrató a la empresa HQCEC para realizar varios de esos estudios y cuando el resultado salió como lo esperaban, pretendían continuar con el proyecto.

No obstante, la Contraloría General de la República detectó que los estudios de preinversión estaban basados en supuestos erróneos, no había un adecuado análisis de riesgo ni se adaptaba a las características del mercado costarricense, como lo es operar una actividad monopólica con precios regulados, por lo cual, eran poco confiables. Por si fuera poco, encontró que la empresa HQCEC era parte del mismo grupo de interés económico al que pertenece CNPC, lo cual minaba aún más la credibilidad de los resultados. A raíz de todo esto, ordenó a RECOPE no utilizar dichos estudios y desde entonces, el proyecto se encuentra paralizado. 

En 2015, el informe RIE-008-2015 de la Intendencia de Energía de la ARESEP evidenció que los $50 millones aportados por RECOPE para la conformación de SORESCO habían salido de los ingresos ordinarios de la institución. Siendo que casi la totalidad de esos ingresos son obtenidos por la venta de derivados del petróleo, es fácil comprender que los famosos $50 millones salieron del único lugar que podían salir: el bolsillo de los consumidores. 

Eso explica, en buena parte, por qué los costarricenses pagamos tantísimo dinero por los combustibles cuando otros países tienen precios mucho más asequibles. Claro, ellos no tienen que cargar con un anquilosado e inútil monstruo llamado RECOPE.  

¿Qué proponemos? Simple: parar esta aventura de terror, cerrar RECOPE y permitir la libre importación, almacenamiento, distribución y venta del petróleo, crudo o refinado y sus derivados, para así lograr obtener un mercado competitivo en esta materia y que eso se refleje en un decidido esfuerzo de los oferentes por darle a los consumidores mejores precios y mejor calidad en lo que compran.

La columna de Carlos Federico Smith: la Asamblea da pena.

Un par de días antes de que la Contraloría General de la República le diera un fuerte golpe al proyecto de refinería de SORESCO (sociedad entre RECOPE y la empresa petrolera estatal china CNPC), en la gloriosa Asamblea Legislativa se desechó un proyecto del diputado Luis Fishman, para que esa entidad fijara su posición en torno a la bondad de aquel proyecto.  Se han dado varios argumentos para ese rechazo, entre ellos el del presidente legislativo, Luis Fernando Mendoza, de que la propuesta del diputado Fishman no contenía una resolución o declaración de fondo. Por esto, que me parece una excusa falaz, el diputado Mendoza decidió mandarla al fondo del basurero; esto es, la ubicó para que sea analizada detrás de una serie de proyectos que llevan muchos años pendientes de ser vistos en la Asamblea. En la decisión de este diputado, fue apoyado mayoritariamente por la fracción de su partido político.

No nos hagamos tontos.  Esta vez se trata, una vez más, del ejercicio del poder que tiene el Partido Liberación en la Asamblea Legislativa.  Por supuesto que a dicha agrupación un análisis del tema de la refinería no le era conveniente en ese momento. Así que, para no darse el color total de su oposición a discutir razonadamente acerca de la cuestionada inversión, decidieron enviar la petición de Fishman a lo que se conoce como el refrigerador. Simplemente ejercitaron el poder de tapar lo que ya olía mal.

Ya conocemos de la prudente decisión que en torno a la refinería tomó la Contraloría General de la República. Sin embargo, si bien es un golpe fuerte a las pretensiones del gobierno, de imponernos a medias con los chinos una refinería innecesaria y muy costosa, tampoco la resolución de la Contraloría significa que le haya dado un golpe de gracia a ese mal proyecto.  Se trató de un cato bien pegado, pero no de un knock-out paralizante. Prueba de ello es que le dejó las puertas abiertas a los políticos de hoy y a los de mañana, para que resuciten el aparente cadáver petrolero. Solo que esta vez deberá ser endulzado o, mejor, oreado, con el cuento de las energías limpias, pero que resultan ser muy costosas, así como proponer el ahorro energético, por el cual entienden disminuir el uso de combustibles. Sin embargo, ese plan B que pidió el Ministro de Energía, René Castro, como resultado del rechazo de la Contraloría, será formulado por quienes hoy cercenan la posibilidad privada de generar energía hidroeléctrica, entre otras opciones igualmente privadas. Es decir, el plan B será algo, dentro, por y para el monopolio de RECOPE, pero, eso sí, con la plata china, aunque terminemos pagando con creces lo recibido.

Hay un hecho fundamental del cual la Contraloría no puede ser omisa, cual es, como lo ha señalado el abogado Manrique Jiménez, experto constitucionalista y en contratación administrativa, la existencia de nulidad absoluta de todo lo actuado por RECOPE, en unión de CNPC, mediante la firma SORESCO.  Si existe una nulidad absoluta, las cosas deberán volver a ser como estaban antes; es decir, nada vale de lo hecho hasta hoy por SORESCO. 

Afortunadamente, el diputado liberacionista Víctor Hugo Víquez salió por el camino de la decencia e insistió en que la Asamblea debería de entrarle al tema de la refinería china. Esa debería de haber sido la actitud de toda la fracción liberacionista desde el momento en que el diputado Fishman propuso que la Asamblea tomara una posición al respecto. Pero optaron por frenarla, a como diera lugar.
El enredo es muy grande y no le doy cabida a la chismografía que suele rodear este tipo de cosas. Pero el tema de la refinería tiene que ser investigado muy a fondo por la Asamblea Legislativa.  No sólo se deberá buscar la responsabilidad de quienes han provocado gastos que, se dice, ascienden a $50 millones, los cuales han sido incurridos por RECOPE en el proyecto de SORESCO, sino que también, quienes se supone que representan a la ciudadanía –los diputados- deberán buscar ver cómo se le explica esta aventura gubernamental a los costarricenses.

Sé que habrá escépticos que, con mucha razón, me dirán: “cuándo la Asamblea ha descubierto a los grandes involucrados en algún tamal con fondos públicos”. Pero, al menos, las comparecencias de algunos caracteres a las comisiones investigadoras legislativas, permiten que los ciudadanos nos demos cuenta, con algún detalle, del grado en que se ha extendido la corruptela en nuestro país -y tal vez hasta poder vislumbrar a algunos de los principales actores.  Así ha sucedido con casos tan sonados, como la Trocha o con las recomendaciones impropias e ilegales y no olvido la comparecencia ante la Asamblea de políticos por nombramientos incorrectos de diplomáticos o por el viaje que, en su momento, realizó acompañado el ex gerente de Acueductos y Alcantarillados. Sabemos que hay otros incidentes que deberían haber sido objeto del control político legislativo, como, por ejemplo, el viaje en jet o las andanzas de políticos peruanos en nuestro país o Crucitas o la concesión a la firma OAS para construir la carretera a San Ramón. Pero no ha sido así. Por algo será…

Puede ser que me está seduciendo el histrionismo que uno observa en las comisiones investigadoras, pero, además de los estrados penales, es tal vez el escenario más visible en esta democracia, de lo que puede suceder con los fondos públicos.

El problema es que posiblemente esas exhibiciones no le convengan a quienes detentan el poder momentáneo y escogen hacer lo que muchas veces practica el avestruz: meter la cabeza en la arena, para que no se les vea (o mire a los ojos). Tapar y tapar parece ser el objetivo del poder, el cual sólo puede ser derruido si todos los ciudadanos nos constituimos en vigilantes del uso que se hace de nuestros recursos, que los gobiernos nos extraen mediante impuestos, deuda o inflación.

Restaurar la vergüenza en la Asamblea Legislativa es crucial. No sé si lo podremos lograr en las próximas elecciones.  Lo único que sé es que DonBurro Diputado bien puede resultar mejor que lo que hoy se tiene allí, con notorias excepciones. Aunque se resienta el actual presidente de la Asamblea Legislativa, Luis Fernando Mendoza, quien ahora ataca a quienes escrutan a los políticos, él y todos los demás diputados son empleados nuestros (y muy bien pagados). Están obligados a dar cuentas de sus actos al pueblo costarricense, tanto en lo moral como en lo político. Esa es la regla en las democracias. La pretensión de infalibilidad que algunos creen tener, no sólo sería un ejercicio de arrogancia, sino demostraría una ambición medio-frustrada de lograr el poder totalitario.

Así que, a pedirles cuentas bien claras a los diputados en cuanto a su accionar político, pues la alternativa sería dejar que florezca una corruptela rampante y sin freno. No podemos dejar que el poder, que una mayoría relativa detenta en cierto momento en el Congreso, permita que se tapen cosas que, a los ojos de los ciudadanos, son vistas como totalmente incorrectas, impropias y soberbias.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: una refinería alternativa

La refinería conocida como SORESCO (o refinería china), que RECOPE y la China National Oil Petroleum Company (CNPC) planean llevar a cabo conjuntamente, parece ser un negociado inconveniente para los costarricenses. No sólo se ha puesto en evidencia un claro conflicto de intereses en la negociación de la propuesta, sino que también se han utilizado dudosos procesos legales de contratación. Asimismo, el proyecto terminará por imponer un costo muy elevado al ciudadano, a lo cual se debe agregar que, posiblemente, posee problemas técnicos, de rentabilidad y que podría constituir indebidamente una extensión internacional del monopolio que tiene RECOPE, el cual ahora compartirá con SORESCO.

El año pasado, los economistas Leiner Vargas, Carlos Leiva y Juan Antonio Rodríguez formularon una serie de críticas a dicho negociado, pero éstas aún no han sido debidamente contestadas. Tan sólo hace pocos días, don Leiner insistió en lo que considera una falta de claridad de muchas cosas en torno al proyecto de marras.

Se han expuesto públicamente situaciones claras de posible corrupción derivada de conflictos de intereses, cual es, en un primer caso, la contratación de una subsidiaria de la empresa china codueña de SORESCO (la firma Huanqiu Contracting and Engineering Corporation cuya dueña es también la China National Petroleum Company, socia de RECOPE en el proyecto de la refinería) para que hiciera el estudio de rentabilidad de la inversión y de una eventual puesta en marcha del proyecto. En un segundo caso, se contrató a la empresa estadounidense Honeywell, para que analizara el defectuoso estudio inicial -públicamente reconocido- de Huanqiu Contracting. Como Honeywell no pudo determinar si el proyecto era rentable y que, más bien, los montos estimados de inversión habían sido sobreestimados, SORESCO entonces contrató a la empresa WorleyParsons Limited, para que revisara los hallazgos, hasta ese momento, de los dos consultores antes citados.  Resulta que quien hizo el estudio no fue WorleyParsons Limited, sino una empresa conjunta que WorleyParsons tiene con una subsidiaria de la China Petroleum Company  (Esta es la empresa socia de RECOPE en SORESCO). Tan sólo estos dos casos ponen en duda la independencia necesaria que debe haber entre quienes hacen los estudios y todos aquellos que van a llevar a cabo la inversión.  Esa independencia es especialmente crucial, dado que en la inversión de SORESCO participa RECOPE con un 50%, como socia de los chinos. ¿Falta de cuidado elemental de parte de RECOPE? No creo que sean tan tontos. ¿Chorizo en marcha? Lo dejo para que usted lo considere.

Don Manrique Jiménez, un distinguido abogado especialista en asuntos de contratación administrativa, hizo públicas sus críticas a la forma como se ha procedido con las negociaciones.  Yo las comparto y las resumo en que no se han seguido las leyes de contratación pública del país, siendo que RECOPE es parte del estado costarricense. No entiendo cómo, simplemente, RECOPE escogió a dedo a un socio, sin sacarlo a licitación pública y que ello fue, supuestamente, aceptado por las autoridades contraloras. No me extenderé en temas de derecho, que no es mi campo, pero ciertamente no comparto lo que la Contraloría -dicen- ha permitido al respecto.

Recuerdo que una de las críticas, que casi desde sus inicios se le formuló al proyecto de SORESCO, era que la refinería propuesta tenía una capacidad muy pequeña, con lo cual difícilmente podría resultar ser económicamente rentable.  En cierto momento se indicó que una capacidad de refinación deseable era de unos 200.000 barriles diarios, en vez de los 60.000 o 65.000 que se ha indicado tendrá la refinería de SORESCO.  Sobre este asunto de la capacidad instalada óptima no se ha vuelto a indicar nada.

El tema de la forma en que se financiará el proyecto es también muy interesante, pues se ha indicado que el costo de los $1.300 millones por la construcción de la nueva refinería y final del proyecto de alrededor de $1.500 millones será cubierto en unos $900 millones por un préstamo del gobierno chino y el resto por el aporte social de SORESCO (partes iguales entre chinos y RECOPE). El monto total requerido, para empezar, ha venido aumentando conforme ha ido pasando el tiempo. Al momento en que escribo esto, no se conocen con toda claridad las cláusulas del eventual financiamiento. En todo caso, esa deuda de $900 millones aumentaría la ya muy elevada deuda pública del país, pues RECOPE es parte del sector público y el endeudamiento aparentemente sería suscrito entre los gobiernos de China –el acreedor- y el de Costa Rica, como deudor. Esto último significaría para cada costarricense una deuda adicional per cápita de aproximadamente $200 (alrededor de ¢100.000).  Eso es lo que, sin considerar los intereses, cada uno de nosotros le deberá pagar al gobierno chino. Para ello, SORESCO le garantiza el pago de un arrendamiento al socio chino durante 15 años.  Según lo que se ha informado, China considera que la tasa interna de retorno del proyecto debe ser de un 16%, lo cual le serviría de base, supuestamente, para que se pague esa deuda con ellos. Sin embargo, ya se han hecho señalamientos de que, dada la capacidad de refinación propuesta y a fin de lograr esa rentabilidad requerida, que incluso se ha señalado en ciertos estudios que sería de un 19.6%, será necesario que el precio de los combustibles suba entre $18 y 20 por barril. Eso lo pagaremos todos nosotros.

Ello lo dice el ingeniero químico Reinhardt Acuña, “En términos simples, para poder Soresco lograr esa rentabilidad, deberá refinar con un margen de ganancia que asegure los US$ 18 a US$20/barril lo que significa que para poder lograrlo, deberá subir el precio de los combustibles hasta un punto que les permita alcanzar ese margen. Ese es el propósito de producir únicamente los combustibles más caros y rentables… Como siempre el que pagará los platos rotos será el consumidor; como siempre, con precios elevadísimos de combustibles.” (Comentario electrónico al artículo de La Extra, del 1 de junio del 2013, “China prestará $900 mills. para la nueva refinería”.)

Estas son parte de mis dudas que no he visto aclararse. Por ello, lo veo como un proyecto, tal como está constituido, que resulta ser muy arriesgado, en donde cada uno de nosotros tendría que asumir parte del riesgo.  Como ciudadano que deberá pagar eventualmente esos fondos, yo no quiero asumir ese riesgo, por lo cual me permito hacer una propuesta para que sean otros quienes lo tomen, a la vez que disfrutaríamos de los bienes que daría una refinería de petróleo en el país.

Frente a la propuesta de desarrollar en Costa Rica una refinería producto de la conjunción de dos entes estatales, RECOPE y la China National Petroleum Company, propongo la alternativa –que eventualmente deberá será mejor desarrollada- de que haya la posibilidad en Costa Rica de realizar una oferta internacional para instalar en el país un refinería privada.  Ello nos garantizaría lo siguiente:

    -Que no haya conflicto de intereses como los observados, pues la refinería privada que podría estar interesada, haría los estudios de rentabilidad necesarios que determinarían que su inversión se justifica. Esos estudios deberían reflejar una rentabilidad verdadera y adecuada de la inversión. En caso contrario, ésta no se llevaría a cabo por los socios privados del proyecto.

    -Que igualmente la capacidad sea la óptima, según las condiciones del mercado. Nadie va a construir una planta industrial cuyo tamaño no sea rentable. Tal vez por ello es que la mayoría de las refinerías occidentales modernas suelen procesar diariamente tres o cuatro veces más barriles de crudo, que como lo haría el proyecto de SORESCO. El tamaño lo definiría, dada la demanda, las posibilidades de oferta de crudo.  El potencial oferente de construir la refinería aquí buscaría tener seguro el suministro del crudo materia prima. Si no lo tiene seguro, no se arriesgaría a llevar a cabo una inversión tan elevada.

    -Las justas preocupaciones medioambientales deben ser igualmente satisfechas de acuerdo con nuestra legislación, ya se trate de una refinería privada o una bi-estatal como SORESCO. Igual debe suceder con todas las reglas jurídicas pertinentes.

    -Dado que los políticos de por aquí nos han dicho que lo más importante de tener una refinería en el país es que no dependeríamos de la oferta internacional de los derivados, sino que “se obtendría el crudo de países amigos”, la refinería privada que se instale en el país deberá observar una cláusula de provisión prioritaria de sus producto a  satisfacer las necesidades nacionales.  De manera, en caso de crisis en la oferta de derivados, tendríamos garantizado el abastecimiento doméstico. El precio sería el mismo al que se venden los productos refinados al resto del mundo.

    -No tendríamos una refinería que fuera monopolio de nada. Deberá existir la posibilidad de que haya otros oferentes en el país. En todo caso, habría siempre la garantía contractual de que, el precio al cual se venden los derivados a Costa Rica, no será superior al que debe pagar el resto del mundo.

    -No habría convenciones colectivas leoninas, en donde los costos derivados de ésta son trasladados automáticamente al consumidor nacional, como sucede en la actualidad mediante precios internos más altos de los derivados.

Finalmente deseo referirme a algo que aún no logro entender acerca de la política energética de este gobierno.  Supongo que está interesado en que se instale en el país la refinería de SORESCO. Es decir, que con ella seguirá siendo preeminente el suministro energético doméstico con base en derivados de petróleo. Sólo que, con  SORESCO, no importaríamos combustibles derivados, sino el crudo, que aquí se refinería.  Una parte de ello se iría exportado al exterior y otra para el consumo doméstico.

Hace pocos días, cuando Obama nos visitó, casi que vimos suplicando a nuestras autoridades ante las de Estados Unidos, para que se nos asegurará que, cuando esa nación empezara a exportar gas natural, dado el enorme “boom” actual de su producción, se nos garantizara su suministro. Tengo entendido que Estados Unidos se ha convertido en la potencia mundial de una forma de energético que, en alto grado, va a sustituir gradualmente al proveniente de la refinación de petróleo.  Ciertos políticos de este país se han referido al gas natural como la fuente más promisoria en cuanto al suministro energético. Pues bien, este gobierno, en vez de proceder al desarrollo de energía con base en el gas natural, obtenido tanto interna como externamente, decide hacerlo, realizando una inversión desproporcionada en una refinería de petróleo en conjunto con el gobierno chino.

No sé si una apertura a la inversión privada internacional para hacer una refinería en el país va a ser aceptable para los inversionistas, en especial si se consideran las posibilidades de un mayor desarrollo con base en el gas natural. Pero la decisión de llevar a cabo una inversión en una refinería de petróleo por agentes privados, no va a poner en riesgo a todos los ciudadanos, sino tan sólo a quienes sean los inversionistas. Serán ellos quienes corran el riesgo. Ese es el contraste entre esa refinería bi-estatal que se quiere construir en el país o dejar que la empresa privada la lleve a cabo: el riesgo en la bi-estatal lo asumimos todos los costarricenses. Las decisiones de hacer la inversión son tomadas por los políticos. Por contraste, si la decisión de invertir la llevan a cabo empresarios privados, lo harán tomando en cuenta la rentabilidad verdadera de la inversión, en comparación con el costo de llevarla a cabo. Actuarán eficientemente. Esto destaca una diferencia esencial que hay entre una inversión privada y una inversión estatal.

Jorge Corrales Quesada