La columna de Carlos Federico Smith: bajemos las inversiones para seguir con los pluses

Con frecuencia se asevera que, si hubiera necesidad de reducir el gasto del gobierno, que ello se haga en el gasto corriente y no en el gasto en inversión, pues mientras que el primero no es reproductivo -se gasta y ya está- el segundo si lo es; es decir, da lugar a bienes o servicios finales presuntamente deseados, adicionales a los que no habría si esa inversión no se realizara. Si se acepta eso, la reciente decisión del Poder Judicial va contra dicha lógica, pues, en el último presupuesto de gasto para el 2020 presentado el pasado 30 de agosto ante la Asamblea Legislativa, al verse obligado el Poder Judicial a reducir sus gastos según la ley de equilibrio fiscal aprobada en diciembre pasado, lo hizo en lo correspondiente a las partidas de inversión (infraestructura, equipos la adquisición de bienes y servicios) a fin de tener los recursos suficientes para enfrentar su gasto en pluses salariales.

La información la presenta La Nación del 5 de setiembre, en su comentario “Corte reduce inversiones para financiar sus pluses.” Indica el medio que “La partida de remuneraciones es la única que aumenta en la institución, mientras que el resto sufrió una reducción.” Mientras que las remuneraciones fueron el 82.2% del presupuesto presentado el año pasado, para este año el equivalente es del 80.9% del total.

Indica el medio, “El recorte se hizo para brindar financiamiento al gasto en salarios y pluses” respetando así el límite presupuestario que el ministerio de Hacienda le impuso con base en la regla fiscal aprobada a fines del año pasado. Pero, vale la pena indagar más en cuanto al contenido de esa partida de remuneraciones, que, para este año que viene, creció sólo un 1.4% con respecto al anterior.
La partida “remuneraciones” básicamente se compone de los siguientes elementos: los salarios base, los aportes para pensiones, los aportes para el seguro social, pagos eventuales, cesantía y los llamados pluses incentivos salariales. 

En este caso, si bien la partida “remuneraciones,” como se dijo, creció tan sólo un +1.4% con respecto a la del año anterior, la subpartida de salario base aumentó aún menos (un +0.6%), la del aporte de pensiones subió en +2.7%, la de seguridad apenas en +0.8% y la de pagos eventuales -partida relativamente pequeña- en un +15%, mientras que la de cesantía, muy interesantemente, descendió en un -20.3% y la de incentivos salariales -la mayor de todas las subpartidas mencionadas- aumentó en un +1.1%.

Asimismo, se redujeron las partidas de transferencias en un -19.5%, la de inversión en un -13.5%, la compra de bienes y servicios en un -0.1%, lo que contrasta con el aumento de +1.4% en la partida de remuneraciones. Esta última no bajó tanto por el aumento mayor que se dio en la subpartida de pluses (+1.1%), que es la de mayor peso absoluto.

Es interesante notar que el relativamente fuerte descenso en la subpartida de cesantía (-20.3%) se debió a que “el Poder Judicial incorporó solo el reconocimiento de ocho años en prestaciones” para el 2020, mientras que, en el año anterior, los años de prestaciones eran mucho mayores. Por el contrario, la reticencia del Poder Judicial de no aplicar los otros alcances de limitaciones a los pluses definidos en la ley de control fiscal aprobada el año pasado (por ejemplo, montos específicos, en vez de porcentuales), hace que en este nuevo presupuesto aparezcan crecimientos mayores en los montos de los pluses. Y, para suplir los fondos requeridos, se redujeron las partidas de inversiones y transferencias, principalmente.

Espero que pronto el Poder Judicial decida la aplicación debida de la nueva ley. Que no salgan con presentar presupuestos extraordinarios para seguir pagando pluses y que se escuche el consejo sano que, en su momento, dio el presidente de la Sala Constitucional, don Fernando Castillo, quien, según el medio, dijo que “ante el problema generado por la regla fiscal se debía hacer un esfuerzo dentro de la entidad  para dotar de recursos y personal clave,” pero que, ojalá, esa “dotación” no provenga de los impuestos y endeudamiento pagado por los ciudadanos contribuyentes, para que se sigan pagando pluses que consideramos constituyen privilegios injustos. La nación somos todos los ciudadanos; no unos privilegiados y otros sufragando esos privilegios. Es de desear y esperar que el buen juicio de los jueces supremos sea el que prime y no la defensa de privilegios odiosos. Que se haga justicia.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: secuencia relativamente resumida del déficit gubernamental de los últimos años

Es interesante el análisis resumido que hace La Nación del 3 de agosto en su artículo “El coctel que llevó al Gobierno a su actual crisis económica,” que desde el 2018 presenta un déficit primario; esto es, el último año en que el gobierno gastó menos que lo que recibe de ingresos, excluyendo el gasto por el pago de intereses. Esto equivale al ahorro del gobierno sin tomar en cuenta el pago de intereses por la deuda pública. 

Prefiero tener una idea del déficit total del gobierno, resultado de la comparación del total de ingresos percibidos menos el gasto total, incluyendo el pago de intereses, pues da una idea, en mi opinión, más apropiada del ahorro efectivo del gobierno. Después de todo, los intereses de la deuda pública se deben pagar, al igual que muchos otros gastos corrientes.  

En todo caso, en el 2008 el país tuvo un superávit primario (más ingresos que gastos sin tomar en cuenta el pago de intereses) del 2.4% del PIB y ya en el 2017 el país tenía un déficit primario (más gastos que ingresos sin tomar en cuenta el pago de intereses) del 3% del PIB. El superávit financiero con respeto al PIB en el 2008 (que incluye intereses) fue de un 0.2% del PIB y ya para el 2017 el déficit financiero ascendió a un 6.2 y “amenaza con superar el 7.2% este año.” (Debo hacer notar que el artículo de La Nación consigna erradamente los datos del 2008, pues dice que el superávit primario fue de un 0.2%, cuando esa cifra corresponde al superávit financiero). 

Señala el artículo citado que “Según la Contraloría [en su Memoria Anual del 2017] el superávit del 2008 fue el resultado del aumento en la recaudación de impuestos y de la contención del gasto público que se practicó a inicios de los años 2000.” Pero, ya en el 2009 la cosa cambió debido esencialmente a dos factores: la caída de ingresos tributarios por la crisis económica mundial y un aumento de los gastos durante la administración Arias (recordemos al Plan Escudo). 

La Contraloría dice que el gasto “aumentó, principalmente por un alza en los salarios, atribuible a que el Gobierno decretó correctivos en las bases salariales de los puestos profesionales del Servicio Civil que pretendía llevar a un sitial intermedio las escalas del sector público (percentil 50) y continúa aumentando de manera inercial.” 

Según la Contraloría, el crecimiento inercial del gasto gubernamental se debe a varias razones: (1) “la gran cantidad de instituciones -330 en total- que trabajan gracias a” las transferencias del Gobierno Central a sus presupuestos; (2) que muchas instituciones que reciben esas transferencias se dan por leyes que obligan al Gobierno a hacerlas, como es el caso del Fondo Especial para la Educación Superior, que obliga al Gobierno Central a transferir el 8% del PIB a las universidades públicas; (3) los salarios y los pluses. “En promedio, para el período 2012-2017, los incentivos crecieron a una tasa del 6.3% en comparación al 5.2% promedio de las remuneraciones básicas,” cita el medio a la Contraloría (y obviamente el conjunto de ambos -salarios base y pluses- aumenta significativamente las remuneraciones totales).  

Por su parte, del lado de los ingresos, según el artículo de La Nación, la Contraloría señala que “las exoneraciones y la evasión fiscal son significativas,” y menciona que “en el 2015, los impuestos que se dejaron de cobrar por un tratamiento tributario diferenciado fue equivalente a un 5.34% del PIB,” lo cual me parece que es resultado de estimaciones de evitaciones legales, como, por ejemplo, las exoneraciones a insumos para bienes exportados, que son permitidas y usuales en sistemas impositivos para mantener la competitividad externa de la producción doméstica, así como de evasiones, que son ilegales y responsabilidad del Ministerio de Hacienda por su recaudación (me imagino que esto incluye a los contrabandos, que bien sabemos se da por impuestos excesivos). 

Asimismo, para llenar el hueco entre gastos e ingresos, el gobierno acudió al endeudamiento. Es así como en el 2008, el porcentaje que, de la producción nacional de ese año, representa el endeudamiento del gobierno (esto es, de todos los costarricenses, quienes seremos quienes terminemos pagando estas obligaciones) ascendió a un 24.1%, pero ya para el 2017 ese porcentaje se acerca a la mitad de la producción anual. 

En otras palabras, el gobierno ha usado cada vez más endeudamiento para pagar los gastos corrientes, tales como salarios, que se han convertido, entre otros, incluyendo pluses y decisiones legislativas que crean nuevas funciones para el estado sin determinar de dónde procederán los recursos para ello, en detonantes del crecientemente elevado gasto gubernamental. Por ejemplo, “en promedio, para el período 2012-2017 los incentivos (o pluses) crecieron a una tasa anual del 6.3% en comparación al (sic) 5.2% promedio de las remuneraciones básicas.” 

Jorge Corrales Quesada 

Desde la tribuna: rebajo del gasto público

Ha llegado el anuncio que tanto se esperaba.  El Ejecutivo informa que rebajará el gasto público en un 20%. Igual que en la vieja película de Richard Fleischer, con  Charlton Heston como protagonista  (Soylent Green, 1973) hemos llegado a entender qué significa su nombre en español:  “Cuando el destino nos alcance”.  ¡No hay más allá!

Obligatoriamente hay que racionalizar el gasto público, los presupuestos públicos y el desempeño público. No es fácil y es una operación muy complicada. Antaño se  ha ponderado y felicitado la subejecución presupuestaria.  Sin embargo, el tema no es tan fácil ni es, en términos absolutos, motivo de encomio.

El Estado tiene tareas encomendadas y de las que no puede ser eximido con un simple giro.  Ha sido constituido para hacer factible la sociedad (es en muchas concepciones sinónimo del Derecho).  Tiene un costo que debe justificar:  tribunales, seguridad, infraestructura pública administración básica de bienes y servicios públicos.  Asimismo, tiene asignadas algunas tareas importantes, tales como salud pública, educación pública y otras tareas centrales.   No ejecutarlas, diferir  sus acciones en el tiempo o desviarse de ellas es algo grave.  Sobre todo cuando tiene el dinero para hacerlo. 

Recaudar impuestos y no gastarlos bien es jurídicamente grave, políticamente inaceptable y una grave falta política.  Por ello, la subejecución  per se no puede ser meritoria.  Por ejemplo, cuando en la Administración Pacheco aparece superávit, no puede decirse que fue un caso de mérito sino de incapacidad, incompetencia e inutilidad.  Se retrasaron obras importantes, se abandonó la gestión necesaria, se desperdició el recurso recaudado y la aparente buena situación no fue más que un espejismo.  No se avanzó en campos importantes, teniendo el recurso para hacerlo. 

Diferente es cuando la Administración focaliza su acción, escoge las opciones más racionales, gasta con tino e inteligencia y satisface adecuadamente sus deberes, logrando además un resultado positivo en las finanzas públicas.

Hay otras Administraciones Públicas que han hecho, igualmente, ahorros inútiles y han pospuesto gastos necesarios e importantes, causando serios daños a la población y encareciendo la gestión pública.

Se ha dicho reiteradamente que “presupuestar es gobernar”.  Sin embargo, una y otra vez la Asamblea declina su función de control y fiscalización del gasto público, desviándose a veces en la militancia y activismo legislativo y otras, peor aún, en aumentar el gasto público y distribuir irresponsablemente dineros que corresponden a actividades básicas o que, simplemente, el Estado ni siquiera tiene.

Ahora el destino nos alcanzó, tenemos una Administración de signo estatista que tiene que vérselas para disminuir el gasto público en un 20%.  ¿Lo hará con el gasto superfluo o con el necesario?  ¿Reconocerá que la planilla pública es insostenible o simplemente se dedicará al pago de salarios y obligaciones de la deuda sin que se asigne algún gasto a los servicios e infraestructura?  ¿Seguirá el gasto público dedicado a la empleomanía y la perpetuación de las gollerías y privilegios o se centrará en lo útil y lo constitucionalmente adecuado?

Federico Malavassi Calvo

Tema polémico: jugadores con poder de veto

En su libro "Veto players. How institutions works", George Tsebelis plantea que en el proceso de toma de decisiones existen jugadores que tienen poder de veto para realizar cualquier cambio en el statu quo, por cuanto su consentimiento es forzosamente necesario para alcanzar la regla de toma de decisiones que tiene el cuerpo colegiado. De acuerdo con el autor, conforme más jugadores con poder de veto existan en un sistema político y mayor sea la distancia ideológica entre ellos, más alta será la improbabilidad de lograr cambios importantes al statu quo.  

Por supuesto que esta idea es desarrollada por el autor en el escenario legislativo, pero se puede extrapolar a todo el sistema político en general. De ahí que en ASOJOD queramos reflexionar, el día de hoy, sobre la existencia de jugadores con poder de veto fuera del Congreso. Y no nos referimos al veto presidencial, que es todo un tema de discusión.

Nuestro interés se concentrará, en esta ocasión, en el papel de los sindicatos y las instituciones autónomas como jugadores con poder de veto que impiden cambios en el statu quo. Recientemente se informó en medios de comunicación que el Gobierno impulsaría un plan para recortar el gasto público, reduciendo o eliminando los pluses salariales y puestos de trabajo que, en muchos casos, son parte del componente más grande de los presupuestos institucionales: las remuneraciones.

En ASOJOD aplaudimos que, por fin, algún gobierno ponga sobre el tapete este importante y necesario tema, aunque no somos tan optimistas para pensar que se enviará pronto un proyecto de ley y que la Asamblea Legislativa lo aprobará, dándole un respiro a los vilipendiados bolsillos de los tax payers, que cada vez se sienten menos dispuestos a pagar las cuentas de la burocracia. Nuestra reticencia surge por la existencia de jugadores externos a los cuerpos colegiados de toma de decisiones que tienen poder de vetar esa decisión: aparte de la oposición que puedan presentar a esta iniciativa algunos partidos políticos que ven en los empleados públicos un núcleo electoral importante que no quisieran perder -lo que sería un veto interno desde la lógica legislativa-, los sindicatos y las instituciones autónomas se erigen como escollos importantes y muy poderosos, a pesar que son externos al Parlamento y no tienen participación formal en el proceso decisional. 

Decimos formal porque jurídicamente no tienen competencia para votar en la Asamblea Legislativa ni utilizar los interruptores que ofrece el Reglamento Legislativo para obstaculizar o paralizar el proceso decisional (mociones, uso de la palabra, recesos, ruptura de quórum, consulta de constitucionalidad, etc.) pero sí tienen un poder informal -a veces mayor que el de los propios Diputados- que les permite imponerse para evitar un cambio al statu quo. 

Evidentemente, esta situación nos preocupa. Primero, por la obvia razón de que es muy probable que no se apruebe y las finanzas públicas no aguantan la fiesta que políticos y burócratas han montado con sobresueldos por llegar temprano, anualidades que equivalen a otro salario, convenciones colectivas desangrantes, viajes y becas, incapacidades que pagan el 100% del salario a pesar que no se trabaja, transporte gratuito, vacaciones pagadas, licencias sindicales, etc. Todo esto va metiéndole presión a los números, aumentando el déficit y las ganas ambiciosas de los gobernantes de turno que presionan por un aumento de impuestos. En los últimos 10 años, dos Administraciones -Pacheco de la Espriella y Chinchilla Miranda- han ido a la carga con un paquete para saquear a los ciudadanos, a los patos de la fiesta, a los que pagan los platos rotos. Por dicha no han podido, pero cada vez hay más posibilidades de que lo logren si no se hace algo para evitarlo. 

La segunda razón que nos inquieta es la posibilidad de que actores que no son democráticamente elegidos para tomar decisiones públicas, que no se presentan ante el electorado, ni le rinden cuentas, ni son sujetos de premio o castigo ciudadano por su actuación puedan tener tantísimo poder. Para nadie es un secreto que las instituciones autónomas, cuando se les consultan proyectos de ley con los que no están de acuerdo, hacen muchas veces que la regla de toma de decisiones suba hasta 2/3 partes del total de los miembros de la Asamblea Legislativa, haciendo imposible en ocasiones que se aprueben, ya que no es tan fácil conseguir los votos. Si al menos su oposición fuera por razones que verdaderamente protegen al ciudadano, no plantearíamos queja; pero casi siempre su argumento se reduce simplemente a su autosostenibilidad, a su propio interés de mantener los privilegios y prerrogativas que el ordeniamiento jurídico le ha otorgado. El argumento de la autonomía institucional se ha desvirtuado hasta tal punto que ellas se han convertido en una especie de islas asociadas, sobre las cuales no es posible ejercer ningún tipo de control y dirección -que aunque sea posible jurídicamente, no lo es políticamente-. Y si no es la cúpula institucional la que se opone, están los sindicatos, que no dudarán salir a marchar paralizando al país si es necesario con tal de defender sus privilegios, amparados en una protección de su trabajo que prácticametne los hace intocables, imposibles de despedir a pesar de lo que hagan. 

Es lamentable que decisiones importantes como recortar el gasto público para sanear las finanzas y reducir la presión fiscal que se cierne sobre los ciudadanos no se tomen por la miopía de algunos funcionarios públicos que defienden a ultranza sus privilegios, sin aceptar que pronto no habrá para pagarles y de políticos irresponsables y populistas que toman decisiones con la calculadora electoral a mano en lugar del sentido común, la seriedad y la decencia.