La columna de Carlos Federico Smith: cuando lo barato sale más caro

No hace mucho tiempo, en uno de mis comentarios me referí al atraso enorme que se ha presentado en la reconstrucción de 145 escuelas dañadas por el terremoto del 2012. Recientemente un análisis que presenta La Nación del 24 de febrero, titulado “MEP renuncia al control para procurar que se aceleren obras: Procesos de construcción abreviados no logran su objetivo,” nos puede dar alguna luz acerca de por qué tan infausto atraso.

Resulta que el Ministerio de Educación decidió seguir lo que se denomina un proceso abreviado de contratación de obra pública, que impone menos limitantes y restricciones que el conocido proceso usual de contratación pública.  Para ello, determinó que fueran las Juntas de Educación, generalmente integradas por ciudadanos que no son duchos en aspectos de construcción y de contratación administrativa, para que ellas se encargaran de contratar “al ingeniero a cargo de la construcción,” de hacer las “licitaciones para escoger las empresas que aportarán la mano de obra y los materiales,” y “de elegir los mejores precios del mercado y la mejor calidad.”
 

Antes de setiembre del 2015, el costo máximo de una obra para poder usar ese proceso abreviado no podía exceder de ₡150 millones, pero luego se elevó el tope hasta un máximo de ₡600 millones. No obstante, parece que, de hecho, ha ido en aumento el monto máximo para poder seguir el procedimiento abreviado delegado a las Juntas de Educación. De ello, el medio señala varios ejemplos; así, el año pasado se aprobó que para el Instituto de Alajuela se siguiera un proceso abreviado aun cuando el valor estimado fue de ₡3.786 millones y “lo mismo ocurrió con los Colegios Técnicos Profesionales (CTP) de Santa Rosa, en San Carlos, de Guácimo y del barrio Irving en Guanacaste, cuyos costos fueron de ₡2.000 millones; ₡1.700 millones y ₡1.400 millones, respectivamente.” Hay más ejemplos en donde se superó aquel tope de ₡600 millones citado para poder hacer uso de procedimientos abreviados de contratación.
 

Pero, ¿qué ha sucedido? Que naturalmente las Juntas de Educación son muy limitadas en todo el manejo y puesta en marcha de las obras y eso ha tenido efectos tales como, por ejemplo, que las Juntas tengan que contratar a profesionales para que les asesoren. Y, según datos del MEP, “este desembolso para los profesionales externos sobrepasa los recursos para los salarios de los 110 ingenieros con que cuenta el Ministerio.” Debe hacerse notar que, para los procesos ordinarios de contratación, no así para los procesos abreviados, dicha tarea está a cargo del MEP, por medio de su Departamento de Ejecución y Control (DEC) de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE), que ahora se concentra en proyectos de gran complejidad y de montos sumamente elevados. Ante esto, es así como, en el 2017, de 184 proyectos que “entraron” a la DIEE, 175; esto es el 95% de aquellos, se usó el proceso abreviado.
 

Ello podría explicar “por qué proyectos desarrollados con procesos abreviados presentan sobreprecios, retrasos importantes, construcciones nuevas con alto deterioro u obras inconclusas.” Esto es, simple y sencillamente, hay mucho mayores costos. Lo que se buscó resolver no se logró. Lo que se esperaba que fuera más barato (más económico, más eficiente), terminó saliendo más caro. El esquema de menos controles del MEP y de una tramitología menos engorrosa terminó con un efecto contrario, pues “la mayor parte de las escuelas y colegios del país se levantan bajo la dirección de padres o vecinos sin experiencia.”
 

¿Y en qué quedó la DIEE, que se suponía acompañaría a las Juntas de Educación en todo el proceso de construcción o reparación de los centros y fiscalizaría la labor de los servicios de profesionales contratados por las Juntas? La respuesta la brinda el señor William Sáenz, jefe del Departamento de Ejecución y Control (DEC) de la DIEE, quien desde el 2012 señaló que los inspectores suelen “estar colmados de apretadas cargas de trabajo,” que les limita atender “tareas adicionales” como por ejemplo servir de fiscales de los procesos abreviados. En síntesis, las Juntas de Educación están en las manos de Dios. Uno esperaría que, naturalmente, los miembros de las Juntas encuentren serios problemas y riesgos al tomar decisiones que muchas veces no comprenden o no están familiarizados con ellas y que incluso pueden generar responsabilidades personales. Aceptar un puesto en una de esas Juntas de Educación significa correr riesgos enormes, que podría explicar la parálisis relativa en las construcciones de centros educativos.
 

Llama la atención cómo las autoridades del MEP saben bien de estos asuntos desde hace buen rato y el problema sigue hoy tan vigente como antes, como lo muestra el hecho de que las obras quedan sin hacer o a medio palo y que los recursos se queden sin utilizarse como es lo debido. Todo esto tiene un enorme costo social que todos los ciudadanos terminamos pagando. ¿Y los responsables del desorden y del desperdicio?

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: 5 años no han sido suficientes

Casi que es increíble la incapacidad de las autoridades del Ministerio de Educación Pública (MEP), para que, cinco años después del terremoto de Nicoya, no hayan reparado las escuelas que con él resultaron dañadas.  Eso a pesar de que, en su momento, el gobierno publicó el decreto de emergencia No. 37305, por el cual se proveyeran los fondos requeridos por esta emergencia –estimados, en aquel entonces, en ₡8.000 millones.

Es así como en la actualidad, 5 años después de que se dañaran 145 centros educativos por ese terremoto, hay 65 de ellos que no se han podido terminar de reparar. La información aparece en La Nación del 25 de enero, bajo el encabezado, “MEP lleva 5 años ‘reparando’ escuelas dañadas por terremoto: Pendiente construcción de 65 afectadas por sismo de Nicoya.” Ese sismo se dio el 5 de setiembre del 2012; esto es, hace más de cinco años.

Es interesante reseñar que, de esos 65 establecimientos sin ser reconstruidos, “13 están en construcción, en 25 no se ha iniciado su levantamiento, 11 están en etapa de diseño, 9 en fase de contratación de servicios profesionales y los 7 restantes aún en primeras gestiones.” Y eso que la declaratoria de emergencia citada permitía la aceleración de las licitaciones: ¿qué habría pasado si el lento funcionamiento licitatorio hubiera estado operando a plenitud? Me temo exagerar, pero tal vez no habríamos logrado reparar escuela alguna.

Sin embargo, en el MEP, mientras “algunas otras cosas” avanzan con rapidez, algo básico como disponer de sitios apropiados para que los niños puedan recibir sus clases y no hacerlo en “estructuras dañadas y falseadas... o (que) se han tenido que acomodar en sitios no aptos” para recibir clases, como salones comunales, galerones o comedores, no se concluye a pesar de tanto tiempo. Pero, del 8% del PIB, que con gran sacrificio los ciudadanos han destinado a la educación pública, se descuida la provisión de los recursos necesarios para reparar algo básico, como es la educación infantil, pero, eso sí, no ha faltado para dárselo a entidades que ya parecen nadar en plata.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: otra irresponsabilidad del MEP

La pregunta obvia es ¿qué está pasando administrativamente con el Ministerio de Educación Pública (MEP)?  Con anterioridad nos referimos al uso desagradable de recursos obtenidos con un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que no se ha destinado oportunamente a construir las obras propuestas. Ahora resulta, según informa La Nación del 2 de diciembre, en un comentario que lleva por título, que un “Grave error del MEP deja en el limbo 23 colegios: Traspasó centros completos en vez de una porción para construir canchas.”

Una inquietud adicional aparece en el panorama del fideicomiso que el MEP hizo para que el Banco Nacional administrara aquellos mismos fondos del citado préstamo del BID. Según tal fideicomiso, el MEP debía traspasar las partes de terreno en donde se construirían 23 canchas deportivas en igual número de centros educativos, pero, no lo hizo de la forma correcta, pues no sólo traspasó tales tierras sino que también hizo el traspaso incluyendo instalaciones ya existentes, todo por un lapso de 20 años. Así, el nuevo dueño registral de todos esos bienes es el Banco Nacional a través de su fideicomiso con el MEP. El valor estimado del traspaso (en lo que se pudo medir) supera los ₡5.760 millones.

El argumento que esbozó el MEP para hacerlo así es que, en palabras de su viceministro de administración, todo se traspasó porque “segregarlo (y traspasar sólo los terrenos para las canchas) conllevaría una gestión adicional por parte de las juntas” administrativas de educación, entes que dependen en alto grado del MEP en cuanto a sus políticas y presupuestos. Se trata de gastos por “contrataciones de profesionales externos, lo cual representa tiempo y costos para culminar el proceso de segregación.” Informa el medio que la Contraloría, que para esos asunto hizo el informe DFOE-SOC-IF-13-2017, rechaza tal argumento y dice que “El MEP no valoró alternativas o modalidades que permitieran proporcionar mayor seguridad en cuanto a la protección y conservación del patrimonio público.”

¿Cuál es el problema con esto?   En realidad hay dos directos: uno que, con ello, el mantenimiento obligado que se debe dar a esas propiedades completas está en un limbo, pues no existe la responsabilidad del MEP, ni tampoco del Fideicomiso del Banco Nacional, para así hacerlo. La Contraloría exige que ello se defina formalmente entre esas dos partes. El segundo es que, señala esta última entidad, si se llegaran a cobrar impuestos municipales por esos terrenos, el Fideicomiso del Banco Nacional debería efectuar su pago, tomando los recursos del fondo original del préstamo del BID por $167.5 millones para construir 103 obras. El problema es que, como comentamos anteriormente, se estima ya hay un faltante de entre $57.8 millones y $67.2 millones para construir todas aquellas obras, pues 55 de ellas se llevan un monto de $157.8, quedando muy poco para las 48 restantes que requieren de esos fondos. Estos recursos tendría el MEP que conseguirlos, posiblemente provenientes de su propio presupuesto. Lo paradójico es que el aporte del MEP a las juntas de educación para que haga obras como esas, se redujo en un 45%, entre 2017 y lo presupuestado para el 2018.

Por tales razones, la Contraloría le pidió a la ministra del MEP que tramite a la mayor brevedad las exoneraciones tributarias ante los municipios donde se ubican las diversas obras cedidas al fideicomiso con el BN. Por supuesto, además de que consiga los fondos para suplir el faltante antes indicado, de entre $57.8 y $67.2. ¿Podemos acaso los ciudadanos contribuyentes a aspirar porque haya un buen manejo de los recursos públicos?

 

Jorge Corrales Quesada