La columna de Carlos Federico Smith: escándalos en la vía

Uno está durmiendo y le despierta el ruido externo, con frecuencia después de las doce de la noche y hasta tal vez las cinco de la mañana, debido a los rugidos de motores -fast and furious- provocados por un montón de escandalosos seudo-corredores de carros y motos, quienes, en lugar de hacerlo en lugares permitidos, lo hacen en las calles cercanas de donde duermen los tranquilos ciudadanos y, sin dudarlo, han de poner en riesgo a los ciudadanos que, por la razón que sea, andan tranquilos por las calles de la ciudad a esas horas de la noche. Esa, dirán los disminuidos Fangios, es la única posibilidad que tienen en la actualidad como justificación para correr, pero lo que reflejan es que no les importa la vida de terceros a quienes los meten en tales riesgos al satisfacer sus caprichos.
 

Ya sabemos que las autoridades han fracasado en un alto grado en detener los piques, pero también es cierto que las leyes como están les impiden sancionar tanto a vehículos como a motos que andan sonando los motores en todo momento.  No es sólo ya en las noches, cuando los picones, los que nos despiertan y nos alarman, salen a correr, sino también en las calles durante el día, cuando salen disparados en los cambios de luz de los semáforos, haciendo gala de sus motores arreglados y ruidosos. 

Uno esperaría que existiera limitantes a ese ruido, pero no es así. Un estado ineficiente se caracteriza, entre otras cosas, por tener leyes malas en lo que es debido.  Eso lo informa La Nación del 23 de octubre, en su artículo “Vehículos ruidosos seguirán en carretera por débil sanción: Nuevo reglamento no obliga a dueños de automotores a arreglar desperfectos.” Nuestra legislación de tránsito, tan resobada y recalentada que fue cuando se hizo, da muestra de goteras por todo lado, empezando que esos ruidos no son usualmente “por desperfectos” como lo indica el medio, sino resultado de costosos “arreglos” que les practican precisamente para que hagan buena bulla.
 

No soy un histérico quien cree que deben existir leyes para todo, pero creo que la convivencia urbana sí requiere de cierto ordenamiento mínimo.  Si un vehículo hace un ruido ensordecedor -definido esto técnicamente- debe ser multado para incentivar que, si quiere hacer ruido, lo haga en un área apropiada para ello, como lo eran antes La Guácima y similares, pero no afectando al resto de ciudadanos que esperan cierta moderación sónica en la ciudad  y en sus afueras.  Si existieran multas, los ostentosos tratarán de revertir o moderar los arreglos que le han hecho a los motores de sus vehículos para que hagan más escándalo.

La libertad tiene un precio; no lo dudo. Pero también hay casos claros en que el abuso de alguien afecta a otras personas.  No estoy proponiendo un silencio de cementerios, sino, creo, algo razonable, cual es moderar los decibeles permisibles para los motores de vehículos. Ello sería factible determinarlo en el examen anual de RITEVE (si no es que falsean el motor para que pase examen), al igual que mediante la revisión de ruidos por parte de los agentes de tránsito. Me imagino que muchos ciudadanos, precisamente no afectos a la bondad de la acción del estado, considerarían que sí es necesario que haya reglas en cuanto a este exceso. 

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: un caso reciente de externalidades en Costa Rica

El tema de las externalidades es muy interesante en el pensamiento económico. Una definición sencilla de ellas puede ser la siguiente: Beneficio o costo de la producción o del consumo que se genera sin que haya compensación para quienes no compran ni venden el producto. Se dice que hay una externalidad positiva, cuando un individuo obtiene un beneficio sin pagar por la producción o consumo realizado por otros individuos. Por ejemplo, un poseedor de colmenas se beneficia cuando el agricultor vecino cultiva manzanas que alimentan a las abejas. Hay una externalidad negativa cuando se impone un costo sin compensación alguna a terceros, por la producción o consumo de otras partes. Por ejemplo, una industria arroja químicos que contaminan un río, matando los peces que aprecian y buscan los pescadores. A estas circunstancias se les suele llamar “fallas de mercado”, pues es una situación en que el mercado falla a la hora de lograr la eficiencia; es decir, se produce menos de lo que socialmente se espera de un bien (externalidad positiva), como es el caso de que más manzanas beneficiarían al dueño del apiario (externalidad positiva y noten que en este caso hay una externalidad recíproca, pues más abejas producen más manzanas) y más de lo socialmente necesario en el caso de la externalidad negativa (se desea menor contaminación del río).

No sé por qué llamarlas “fallas de mercado”, pues es muy posible que las partes se puedan poner de acuerdo libremente, como sucede en un mercado. Muy propio de nuestro ejemplo de las abejas y los manzanos, es el estudio clásico y práctico de Steven N. S. Cheung, “The Fable of the Bees: An Economic Investigation,” en Journal of Law and Economics, 16, abril de 1973, quien señala que “Contrario a lo que la mayoría de nosotros puede haber pensado, las florescencias del manzano producen poco o nada de miel. Pero es cierto que las abejas proveen valiosos servicios de polinización para los manzanos y otras plantas, y que muchas otras plantas rinden cosechas lucrativas de miel. En todo caso, se mostrará [en este artículo] que los acuerdos de precios y contratos que se observan en relación con el manejo del néctar y de los servicios de polinización, son consistentes con una asignación eficiente de recursos”. (P. 13). Y concluye su trabajo en que “es cierto que los costos involucrados en la aplicación de los derechos de propiedad y en la formación de contratos, harán que el mercado funcione diferentemente de como lo haría sin que existieran tales costos. Y pocos podrían negar que el gobierno ofrece algunas ventajas económicas. Pero es igualmente cierto que cualquier acción gubernamental puede ser justificada con base en argumentos de eficiencia por el simple expediente de hipotetizar costos de transacción lo suficientemente altos en el mercado y costos suficientemente bajos del control gubernamental.” (P. 33).  En dos palabras, la experiencia señalada por Cheung expresa la posibilidad de que haya contratos mediante los cuales los dueños de las colmenas son libremente compensados por la contribución que sus abejas hicieron a la producción de manzanas, con lo cual básicamente queda resuelto el problema de externalidades y de fracaso del mercado.

Hago este señalamiento porque la posibilidad de que surjan acuerdos en casos de externalidades debe ser tomada en cuenta, cuando se habla de la necesidad de la intervención del estado para resolver el problema, ignorándose muchas veces que esa intervención gubernamental no sólo otorga beneficios al corregir presuntos problemas con el mercado en el caso de externalidades, sino que normalmente esa intervención tiene costos que deben ser incluidos en el análisis de cada caso concreto.

El periódico La Nación del 27 de octubre narra un caso interesante de externalidades negativas en su análisis titulado “Familia sufre por desidia estatal para poner fin a ruidosa fábrica: ninguna entidad logró que empresario de Oreamuno cumpliera orden de cierre.”

¿Cómo se resuelve el problema de las externalidades? Apliquemos las ideas al respecto en este caso. Obviamente la mejor solución es que las partes se pongan de acuerdo, en este caso acerca de la magnitud o severidad de la externalidad negativa por el ruido causado. Se supone que acordarían una compensación, de manera que la familia acepte una satisfactoria por el ruido de que son objeto. Puede ser que la empresa productora del ruido acceda a poner un amortiguador de sonido, de manera que no moleste a la familia o que haya una solución intermedia satisfactoria: medidas para reducir el ruido y un pago monetario por la molestia. Las partes se supone que así quedan mutuamente satisfechas con el resultado acordado libremente.

Pero, ¿qué pasa cuando no se llega a un acuerdo entre las partes? En ese caso podría haber entidades privadas (por ejemplo, un religioso o un anciano respetable, o un grupo en una pequeña comunidad, etcétera) mediante cuya intervención las partes podrían llegar a un acuerdo feliz. A veces tampoco eso se logra y es cuando se acude al estado. Como hay diversas jerarquías políticas -gobierno local o municipal, luego una oficina ministerial dependiente del Poder Ejecutivo y, finalmente, un tribunal nacional e incluso hasta uno internacional, si fuere el caso- es de esperarse que inicialmente el arreglo sea propuesto, tanto por razones de economía procesal, como por la familiaridad física, en el marco de un gobierno local. Si aún con la intervención legal de éste, no se llega a tal acuerdo, hay la posibilidad de que administrativamente lo resuelva o conduzca a un acuerdo de las partes, el accionar del Poder Ejecutivo, por medio de un ministerio, por ejemplo. Si tampoco se llega a una solución y acuerdo entre las partes, quedan los tribunales. Tal parece ser la forma en que en el país, mediante diversos niveles decisorios, se pretende resolver conflictos de esta naturaleza.

En el caso de referencia, una familia de Oreamuno de Cartago, que vivía en su casa sin problemas de ruido, de pronto se vio afectada por el fuerte escándalo proveniente de una fábrica que se construyó al lado. Me imagino que inicialmente no hubo una solución o acuerdo privado entre las partes, de manera que el asunto se buscó resolver o conciliar en el ámbito municipal. En la redacción del fallo del magistrado Ernesto Jinesta Lobo, según lo que señala La Nación, se indica que “la fábrica no tuvo permiso sanitario de funcionamiento, pero operó con un permiso del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA; dependencia del Ministerio de Agricultura; esto es, del Poder Ejecutivo) que fue cancelado en setiembre del 2013.” Asimismo, el magistrado dijo que en la documentación oficial consta que, aunque Salud (otra institución del Poder Ejecutivo) dispuso “la clausura total y definitiva de la fábrica”, se pusieron los respectivos sellos en algunas puertas de la fábrica, pero en otras no.

En síntesis, no se pudo llegar a un acuerdo privado; el gobierno local no actuó con la celeridad que debía de haberlo hecho y el Poder Ejecutivo, una vez más, mostró su ineficiencia, cuando incluso hubo momentos en que dos entes integrantes de dicho poder tomaron acciones diferentes en torno al permiso para operar. Como dijo el abogado de la familia afectada, “La Sala (Constitucional) determinó que efectivamente había violaciones constitucionales por la inoperancia del Estado. Hay un montón de daños, no sólo a la salud, sino perjuicios económicos que hay que cobrárselos al Estado.” Simplemente, habrá una demanda justificada contra la Municipalidad y el Poder Ejecutivo por ineficientes. Por supuesto que, en caso de tener que pagar por su irresponsabilidad, el costo lo absorberemos todos los costarricenses. En palabras de economistas, el beneficio de la acción estatal para resolver el problema de la externalidad fue sobrepasado por los costos de su intervención.

Si el amigo lector cree que hasta aquí llegó la angustia para la familia, pues tristemente se equivoca.    De acuerdo con la dueña de la casa, a pesar del fallo de la Sala IV, el  1º de mayo tuvo que irse de ella: “Ese día la vida de la familia se suspendió. Tenemos una deuda con el banco, no podemos vender, ni dejar de pagar, ni tenemos dinero para comprar otro lote…”, señaló la afectada.

Este ejemplo muestra, entre otras cosas, la impreparación del estado para resolver eficientemente este tipo de casos, cuando no surge un acuerdo privado previo entre las partes y se tiene que acudir a los distintos estamentos del estado en busca de una resolución del conflicto. La tomada por el juez parece ser la correcta y afortunada, si bien la parte perdidosa no cesó de inmediato su daño a terceros, con lo cual se habría resuelto definitivamente el litigio y, por ende, el problema. El caso es muy interesante, pues es muy posible que a futuro surjan más y más problemas de esta índole, que ojalá pudieran ser resueltos mediante acuerdos privados, que incluso hasta resultarían ser menos onerosos para las partes. Pero, de no ser así, la función del estado es resolver el conflicto entre las partes de manera pronta y eficiente, pero, al menos en las instancias gubernamentales, tanto local como nacional, eso no parece haber sido así. Nunca debemos olvidar que la acción del gobierno tiene costos, que deben formar parte del acuerdo que permita resolver situaciones de externalidades. En sencillo, tal como se dice que hay “fracasos del mercado”, también hay “fracasos del estado”. Ello porque se cree que la intervención no tiene costo alguno.

Puede ser apropiado el consejo de un estudioso de estos asunto, Tyler Cowen, quien señala que “las imperfecciones de las soluciones de mercado a problemas de bienes públicos deben ser sopesadas contra las imperfecciones de la soluciones de un gobierno [se refiere a que las externalidades es uno de los argumentos usados para que el gobierno se involucre en la provisión de bienes llamados públicos en que es difícil excluir de su disfrute a individuos que no pagan por él, como sería el caso de, por ejemplo, un faro en la costa en donde se pague o no por los barcos, se disfruta del servicio, por lo cual algunos han argüido como necesaria la provisión pública de faros]. Los gobiernos descansan en burocracias y tienen pocos incentivos para servir a los consumidores. Por lo tanto, producen ineficientemente. Es más, los políticos pueden suplir los bienes “públicos” de forma tal que sirva a sus propios intereses, en vez de los intereses del público; hay legiones de ejemplos de desperdicio en el gasto gubernamental y de proyectos gubernamentales que tienen adicionados una serie de fondos para otros proyectos que no tienen nada que ver con el proyecto original [pork-barrel projects en inglés]. Los gobiernos a menudo crean un problema de consumidores forzados al obligar a la gente a brindar apoyo a proyectos que no desean. Las soluciones privadas para los problemas de los bienes públicos, cuando sean posibles, usualmente son más eficientes que las soluciones gubernamentales.” Tyler Cowen, “Public Goods and Externalities” en David R, Henderson, editor, The Concise Encyclopedia of Economics, Library of Economics and Liberty, Liberty Fund. 

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: la prohibición del fumado

Recientemente, varios diputados del PAC le solicitaron a la Presidente de la República la convocatoria del expediente N° 17.371, Control del Tabaco y sus Efectos o mejor conocida como "Ley Antitabaco". El día de hoy no vamos a discutir sobre los efectos dañinos del tabaco en el cuerpo humano, pues en este tema no hay espacio para debate: el consumo de tabaco, al igual que otras drogas, genera daños irreparables en la salud de las personas. El tema que queremos discutir es sobre la libertad que tenemos los individuos de decir la forma en que vamos a tratar nuestro cuerpo y cuál debería ser el papel del Estado en esto.

Esta discusión, al igual que muchas otras que hemos presentado los lunes, se basa en el principio fundamental de que todos somos responsables de nuestra propia vida y nadie debería obligarnos a hacer o dejar de hacer algo. La decisión de fumar cigarros le corresponde a cada individuo y este se debe hacer responsable por cualquier consecuencia que esto conlleva.

Sin embargo, pareciera ser que en este tema, hasta los liberales tienen diferencias. Para algunas personas -liberales o colectivistas- el fumado no es un problema individual sino colectivo, porque el humo afecta los derechos de otras personas. En términos de una externalidad negativa que afecta los derechos de otros individuos, esas personas consideran que el fumado debería prohibirse, pues en cualquier caso, los no fumadores se ven perjudicados por el humo y, en el caso de países con seguridad social colectiva como Costa Rica, el pago del tratamiento médico del fumador se le endilga a todos los ciudadanos por igual.

Si bien el primer punto -problema colectivo- podría ser cierto, no lo es la conclusión: el Estado NO debe intervenir. El argumento del pago del tratamiento es rebatible fácilmente y nos lleva a la propuesta que en ASOJOD siempre hemos defendido: es necesario que cada quién pague por su propia atención médica, independientemente de si fuma, es obeso, tiene predisposición a alguna enfermedad, etc. Para nosotros, nunca será justificable que unos paguen por otros. Si bien nos tildarán de ilusos y nos dirán que, ante la imposibilidad de cerrar la CCSS, nuestro punto se cae, la discusión, tarde o temprano, nos llevará allí. La situación del régimen de pensiones, insostenible por el cambio demográfico, y la caída del modelo de bienestar en países europeos, así como el rotundo fracaso al que se dirige la propuesta de crear una seguridad social universal en Estados Unidos, parecen darnos la razón. El único sistema financiera y moralmente sostenible es el de un seguro individual del que, quizá, no estemos tan lejos, a causa de los impuestos por el cigarrillo.

Si bien en ASOJOD estamos completamente en desacuerdo con los impuestos, nos parece que la existencia de tributos sobre los cigarros podría ser útil para avanzar hacia un seguro individual. El problema actual en Costa Rica es que los tributos existentes generan recursos que van a parar al IMAS, al IAFA y a un sin fin de instituciones que pocas veces tienen funciones relacionadas con la atención de las enfermedades provocadas por el tabaco.

Lamentablemente, el cigarro, el licor, el juego y otras actividades, se han convertido en el "pato de la fiesta" para los políticos de doble moral en nuestro país. Mientras lo condenan por los daños y le ponen cuanto impuesto pueden, ven como el Estado y la ciudadanía en general se benefician enormente de una industria que genera millones de colones al fisco y miles de empleos directos e indirectos. Por supuesto, ninguno de esos políticos tiene empacho en proponer que el dinero recaudado por los impuestos a esos productos sea usado para dar vivienda o para subsidiar a los pobres.

Sin embargo, si los impuestos sobre el cigarrillo fueran usados única y exclusivamente para la atención de las enfermedades producidas por el cigarro, podríamos tener un esquema donde el fumador esté, efectivamente, asumiendo la responsabilidad por su acto. De esta forma, cada vez que compra cigarrillos, estaría generando recursos para que, posteriormente, él o los no fumadores reciban atención. Sería, entonces, como una especie de prima de aseguramiento por riesgo, donde el que más riesgo tiene, paga más y el no fumador, simplemente no pagaría esos impuestos.

El otro aspecto -afectación de los derechos de los no fumadores- también tiene una solución que no requiere del Estado. Quienes argumentan que los derechos individuales de los no fumadores se ven afectados por los fumadores tienen razón, pero pocas veces aciertan en la forma en que se puede resolver el problema. Frente a una externalidad como esta, que en la teoría clásica sería considerada una "falla de mercado", el Public Choice y la Escuela Austriaca nos han enseñado que la intervención estatal siempre termina creando más problemas de los que pretendía resolver. En otras palabras, siempre que el mecanismo de compulsión y coerción se entromete, estamos ante una "falla del Estado".

¿Por qué decimos eso? Simplemente porque si el Estado prohibe el fumado, no sólo generaría un mercado negro, muy lucrativo, que fomentaría la corrupción, el contrabando y la actuación del ciudadano al margen de la ley, elementos todos muy nocivos para la institucionalidad y el Estado de Derecho. También estaría limitando la libertad y cuando eso sucede, aunque sea de forma solapada y poco perceptible, se abre la puerta para que el monstruo entre y se apodere de todo. Como hemos dicho en reiteradas ocasiones, la libertad entra por rendijas, pero también se escapa por ellas.

Las limitaciones a la libertad, por pequeñas que sean, si se toleran y legitiman, terminan influyendo en los valores y cultura de los individuos, de forma tal que, poco a poco, van aceptando que el Estado sea el que defina lo permitido y lo no permitido, lo aceptable y lo inaceptable y, cuando se percatan, el totalitarismo está al frente. Todas las sociedades que han caído en tiranías y colectivismos han sido endebles en la defensa de su libertad: permitieron algunas restricciones y el valor de la libertad fue perdiendo importancia, hasta el punto que se convirtió en accesorio, cediendo paso a elucubraciones colectivistas como la igualdad, la solidaridad, etc.

Siendo así, posiblemente los lectores se preguntarán entonces qué proponemos para resolver esa externalidad. Pues bien, nosotros consideramos que la solución está en más mercado. ¿Qué significa esto? El mercado es, simplemente, un conjunto de individuos decidiendo libre y voluntariamente sus interacciones materiales, intelectuales y sentimentales. Es la gente actuando sin coerción. Esto quiere decir, para el caso que nos atañe, que es la misma gente la que puede encontrar una solución al problema del perjuicio causado por los fumadores a los no fumadores.

Ejemplos simples de esta idea sobran. Cuando las personas van a un local comercial donde hay fumadores y, por las molestias causadas se retiran, le están dando una señal al propietario: o separa a las personas o no vuelven. De ahí que, desde hace años, muchos negocios han optado por tener zonas para fumadores y no fumadores. Pero esa no es la única opción: muchos propietarios pueden decidir si prohiben el fumado en su negocio. La diferencia es que esta es una decisión privada en un espacio privado, donde el Estado no tiene que intervenir. Así, podría darse el caso que el dueño decida que su local va a ser exclusivo para no fumadores o, por el contrario, únicamente para fumadores. Con base en la señales que le envía el mercado -las personas decidiendo y actuando en libertad-, el propietario puede tomar medidas que le permitan seguir ganando dinero y, a la vez, no afecten la libertad de los individuos.

Otra opción es la simple tolerancia. Cuando un no fumador desea reunirse con sus amigos en un bar, por ejemplo, sabe de antemano que podría encontrarse con fumadores, sea en su propia mesa o en la de al lado. Como la gente actúa con base en la información que tiene, el sujeto de nuestro ejemplo decide si va o no a ese sitio: está en completa libertad para decirle a sus amigos que se vean en ese bar o que busquen un lugar donde no estén expuestos al humo. Si decide ir y hay fumadores, nuestro amigo sabía lo que se iba a encontrar: hizo una elección y asume las consecuencias.

Otra posible respuesta, ante los daños provocados por el humo del cigarro, la dan los métodos alternativos de resolución de conflictos. Mediante el diálogo, la negociación y la conciliación o el arbitraje, entre otros, las personas pueden dar fin a un problema. Puede darse el caso que uno le pida al otro dejar de fumar en su presencia o, a la postre, busque una compensación económica por el daño causado. Si estos mecanismos no dieran frutos, siempre están los Tribunales, donde el no fumador puede demandar al fumador por los daños causados.

Como puede verse, las soluciones existen: requieren creatividad y, sobre todo, tener presente que se debe defender la libertad y evitar la intervención del Estado.

Viernes de recomendación

Para este día, en ASOJOD queremos compartir un excelente artículo de Alberto Benegas Lynch titulado "Bienes públicos, externalidades y free riders", donde se analiza, desde una perspectiva diferente al mainstream, el tema de los bienes públicos y se critica la intervención estatal para producirlos o, en su defecto, resolver las externalidades negativas.

¿Fallas de Mercado?

En esta exposición el profesor argentino Martín Krause explica la teoría de las fallas de mercado, mostrando como su supuesta solución sólo nos provoca más problemas que los que teníamos originalmente.