viernes, 31 de mayo de 2013

Viernes de Recomendación

Para el día de hoy les queremos recomendar una conferencia de Enrique Ghersi en honor a su más reciente visita a Costa Rica. La misma fue dictada el 19 de febrero del 2010 en auditorio Milton Friedman de la Universidad Francisco Marroquín y habla sobre el costo de la legalidad

Conferencia: El Costo de la Legalidad

miércoles, 29 de mayo de 2013

Desde la tribuna: gobierno mínimo y políticas públicas

La primera política pública debería ser la garantía de la libertad y, por ello, la respuesta debería reflejarse en la propia concepción estatal.

La mayor parte de las Constituciones Políticas han asumido este concepto, por ello la existencia de libertades públicas, elencos de garantías y acciones y recursos privilegiados para proteger al individuo de las invasiones públicas.

En punto a ello la pregunta es si el Estado es un mal necesario, debe controlarse como mala hierba, debe revisarse constantemente para evitar su perverso crecimiento o si es posible pactar un equilibrio o balance al respecto.

Esta pregunta viene haciéndose en distintas formas y matices desde hace cientos de años.  En todos los tiempos se ha visto que el gobierno puede tener potencial para mucho y para todo, pero que es excepcional que se mantenga en su lugar.  Hay una tendencia general a excederse, a crecer, a acaparar, a invadir y a dejarse no solo el vuelto (el cambio) sino el mandado (el encargo).

La democracia como forma de gobierno no ha cambiado las cosas.  Ha aparecido la demagogia y han aparecido el clientelismo y demás prácticas similares.  

Y, por supuesto, tal y como dice el saber popular, “de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno”.  

Las “políticas públicas”, más bien,  se regodean en buscar nuevas áreas de acción pública, buscar más instrumentos para la acción del gobierno, redundar en instituciones y tomar más dinero de los contribuyentes.  Están al servicios del clientelismo y la campaña por los votos.  

Ni por asomo se inspirarán en el principio de acción subsidiaria del Estado;  menos en las añejas e irrebatibles lecturas de John Stuart Mill acerca de porqué es mejor que cada cual haga lo suyo y no lo ponga en manos del Estado y es impensable que al menos sean cotejadas con las enseñanzas de James Buchanan (“the public choice”:  cómo es que se toman las decisiones públicas).  

Hablar de gobierno racional, Estado racional, minarquismo, gobierno mínimo o limitado, Estado mínimo o limitado o de responsabilidad individual en relación con las políticas públicas es como que una oveja asistiera a un baile de zorros.

Es obvio que el Estado ha dejado de defender y proteger la libertad.  En realidad, es apreciable que en gran cantidad de administraciones ha cundido el modo de conculcar las libertades, desdeñar el poder de autodeterminación de las personas, considerarlas incapaces y en estado de interdicción, fomentar la tutela general y adjudicarse la voluntad general.  Sobran asesores legales para aconsejar los torcidos caminos del estatismo, el proteccionismo y el intervencionismo.  Casi no hay sociedad que se haya librado de tan torcidos senderos.  

Los derechos “programáticos” y de segunda y tercera generación han desplazado a las libertades públicas y a los derechos fundamentales.  No es de extrañar que en algunas sociedades se violente la libertad de expresión y la libertad de prensa.  Ha venido dándose, por todas partes, una expoliación de los bienes atinentes a los derechos fundamentales.  Con regalos, limosnas y repartos de algunos centavos se ha comprado la voluntad de votantes y grupos de presión.  Muchos han vendido la libertad por la promesa (ni siquiera pago real) de un puñado de guisantes.

Los gobiernos y los políticos han sido astutos como serpientes, poco a poco han desaparecido los jueces que leían las Constituciones con el espíritu y sentido de sus redactores.  Eso ha sido superado por la práctica de poner jueces y funcionarios que tienen compromiso con las nuevas tendencias (un Estado más social que de Derecho, derechos programáticos, Administraciones que claman por “gobernabilidad”, notables que son obsecuentes con los políticos de turno).

Los derechos fundamentales y las libertades públicas dejado de ser absolutos y han sido objeto de relativización frente a las necesidades pasajeras de políticos de turno.

Algún día los tribunales constitucionales olvidaron los principios del equilibrio presupuestario, otro día cedieron la privacidad y la confidencialidad a las autoridades tributarias, alguna mala tarde se cansaron de tutelar la libertad de expresión y en una oscura noche cohonestaron la expoliación de los contenidos del derecho de propiedad.

Poco a poco los nuevos plumarios de corte fueron reinterpretando el sentido de la división de poderes y borraron aquello de frenos y contrapesos: sonaba mejor hablar de especialización y entender al gobierno integrado (y no separado).  

Poco a poco los juzgadores encargados de tutelar la recta interpretación de la norma constitucional fueron convencidos de que las limitaciones presupuestarias también incidirían en sus salarios y en sus pensiones.  

Poco a poco fueron invirtiendo la naturaleza de las personas y apropiándose de la autonomía de la voluntad para el sector pública y sometiendo al particular al principio de legalidad.  El insostenible argumento de la “ingobernabilidad” no ha sido sino uno de los trillados subterfugios para prohijar y cohonestar la expoliación y conculcación de las libertades fundamentales y los conceptos básicos.  

Observen los programas de gobierno y, con borrosas excepciones, leerán de más áreas, más acciones, más programas que requieren financiamiento, más instituciones públicas, más oficinas, reiteración de programas y acciones y así como disco rayado.  Cuenten con los dedos de una sola mano las propuestas que apunten a  la derogatoria de leyes redundantes, la eliminación de la tramitomanía y la tramitopatía, la reducción de la planilla pública, la racionalización del gasto público, la propuesta para que el Estado saque sus sucias manos de la economía, el respeto a los derechos básicos o la racionalización del Estado y el gobierno, la inteligencia en el uso de la ley como recurso coactivo, la posibilidad de sistematizar el Ordenamiento Jurídico en lugar de reproducirlo y multiplicarlo o la reconstrucción de la responsabilidad del ser humano en la conducción de su vida.  ¡Sobrarán como seis dedos!  Político que se precie de su raza no tomará el camino de la racionalidad y la responsabilidad.  El clientelismo va en otra dirección. 

Ahora hay pasión por la regulación y por la gestión directa de la Administración.  Si la gente se descuida, las leyes no serán aprobadas por los parlamentos sino por la Administración. Curiosamente, aparecen más propuestas para regular la vida privada que para controlar la acción pública.  

Llamo la atención sobre todo ello y prometo no quedarme callado.  ¿Usted?

Federico Malavassi Calvo

martes, 28 de mayo de 2013

La columna de Carlos Federico Smith: continúa la sangría gubernamental

Probablemente los lectores de ASOJOD habrán notado que muchos de mis artículos recientes en esta columna, han tratado el tema del dispendioso gasto de este gobierno.  De nuevo quiero presentarles muestras de cómo esta administración ha decidido actuar en torno a ciertos gastos concretos, lo cual debiera de interesarle al lector.  Esto porque es el ciudadano quien sufraga esos gastos, ya sea mediante impuestos, pago de tarifas públicas más elevadas o con endeudamiento público, que en algún momento deberá de pagar. Pero ante todo porque esas erogaciones suelen ser muestras de cómo debe ser posible una mejor utilización de nuestros recursos escasos, que muchas veces son usados para satisfacer privilegios o para enriquecer a quienes hacen obra para un estado botarate.

Primero: los ingresos de los empleados de RECOPE. Usted paga esos elevados sueldos como parte del alto precio de los combustibles que nos cobra el monopolio. De acuerdo con un informe publicado en La Nación del 20 de mayo recién pasado, RECOPE tiene 1.600 empleados y la planilla anual de esa entidad es de ¢42.252 millones, lo cual significa un promedio anual por empleado de ¢26 millones en salarios y beneficios incluidos en la convención colectiva de RECOPE. Basada en un reporte de la ARESEP, La Nación reporta que, de cada litro de combustible que se vende, ¢14.56 se van en el pago de esos salarios y privilegios de la convención colectiva. Tal vez si hubiera competencia, en donde los costos comparables son cruciales en la determinación de los precios que se cobran, las reglas de eficiencia harían que esos jugosos salarios sean más comparables con las condiciones del mercado. Es decir, podríamos tener menores costos de planilla y, por esa razón, posiblemente un precio menor de los productos a los consumidores.

Segundo: la publicidad frecuente de Acueductos y Alcantarillados (AyA), en donde nos anuncia acerca de cosas que simplemente debe cumplir con hacer. Me refiero a una propaganda televisiva en que anuncia, pagada por todos nosotros, que Acueductos y Alcantarillados está realizando un censo de fuentes de agua, a fin de satisfacer su demanda. Cualquier persona con dos dedos de frente pensaría que disponer de tal información es algo básico, esencial, en una institución como esa, dedicada a proveer de agua a la ciudadanía.  Para satisfacer su demanda, obviamente tiene que saber cuánta agua es posible obtener en el país. De no hacerlo así, estaría dando palos de ciego en sus actividades. Pues bien, AyA nos anuncia –costosamente y pagado por los ciudadanos- que está en un proceso de averiguación (aparentemente afirma haber ya invertido ¢1.000 millones en ello). ¿No creen ustedes que Acueductos y Alcantarillados podría lograr esa información sin tener que proclamarlo –onerosamente- a los cuatro vientos? El A y A debería de hacerlo calladamente, como parte de su labor elemental.  Con ello el país se ahorraría esa gastadera en la producción y difusión de cosas innecesarias. Eso nos podría reducir los muy elevados costos que hoy estamos pagando por el agua que consumimos.

Segundo bis: Según ese informe de La Nación al cual me referí antes, en tanto que en el 2011 Acueductos y Alcantarillados tenía 6,45 empleados a tiempo completo por cada 1.000 conexiones de agua, Panamá tenía 4,80, Ecuador 2,66 y Colombia 1,95. La fuente de estas informaciones es la Asociación de Entes Reguladores de Agua Potable y Saneamiento de las Américas (ADERASA). Cualquiera que sea la excusa que nos den los burócratas de AyA justificado tanto personal, esas cifras comparativas nos indican que es muy posible que haya exceso de personal en AyA. Claro, esa empleomanía se traduce en tarifas de agua más costosas, más caras, para los consumidores. Ese exagerado incremento en las tarifas de agua lo hemos venido observando recientemente.  Se supone que la Autoridad Regulador de Servicios Públicos (ARESEP) debería de tomar en cuenta esos datos, pues hace poco enfatizó la necesidad de moderar el gasto de ciertas instituciones que él regula, tal como es el caso de AyA. Pero me temo que ARESEP no hará nada al respecto. Tal vez porque bien se aplica aquello de que no se debe mencionar soga en casa de ahorcado.

Tercero: Una genialidad diputadil, digna de ser destacada en el sitio de DonBurro Diputado, es la propuesta que se está gestando en la Asamblea Legislativa para comprar un avión jet, a fin de que doña Laura pueda viajar cómodamente al exterior. Se ha dicho que el más barato de esos aviones sale en $3 millones y que otros más modernos o cómodos llegan a valer $7 u $8 millones.  Me imagino que un jet de los jeques árabes supera esos pocos chumicos, pero nadie se atrevería a pensar que es lo que aquí necesitamos. La verdad es que no hay razón para sustituir el empleo de aviones comerciales en los viajes que realiza la presidenta.  Tal vez lo que ella debe de hacer es viajar menos (creo que se ha perdido la cuenta de cuántos viajes al exterior ha realizado) o usar tecnologías de comunicación modernas, que no requieren que se esté presente en cuanta cosa se le pueda ocurrir.

A mí no me importa si un empresario bombeta decide comprar su jet. Ese es su dinero. Por el contrario, sí me importa mucho si es que se decide comprar un avioncito para que la señora no se atrase mucho, que vaya más cómoda y que dé una mejor impresión. Simplemente porque, en tal caso, es el pueblo, el ciudadano, quien paga la cuenta por el jet y su mantenimiento tan oneroso. Hay tantas escuelas y hospitales de niños y adultos mayores, asilos de ancianos, caminos vecinales, carreteras deshilachadas, etcétera, en los que se podría invertir, haciendo un mejor uso de la plata que costaría un avioncito para la presidenta.

Cuarto y último: El costo de la reparación de la platina va in crescendo. El 14 de mayo del 2013 escribí para ASOJOD un comentario titulado “Sigue el desmandado gasto público”. En él me refiero al costo que ha significado para el país la reparación de la llamada platina:  “Ruego que alguien haga el cálculo, y se lo haga conocer al público, de cuánto se ha gastado en reparaciones a esa platina, de cuánto se ha girado a los constructores o reparadores y de cuánto está en litigio por incumplimientos en la ejecución de la reparación, así como de cuánto ha sido el costo por esas reparaciones, en lo que se refiere al tiempo perdido en presas y un mayor gasto de gasolina, entre otros, como llegar tarde a los lugares de trabajos y a citas personales. Pero también que se nos diga en cuanto se estima el verdadero costo de la nueva y prometida última (¿?) reparación por llevar a cabo.”

Por supuesto que ninguna autoridad gubernamental le va a dar pelota a esta inquietud de un simple ciudadano, como es este servidor.  Afortunadamente la periodista Vanessa Loaiza de La Nación del 23 de mayo publicó un artículo titulado “Arreglo de la ‘platina’ le costará al país hasta $12 millones más”. Nos indica que en octubre del 2012 “La Contraloría autorizó al MOPT a invertir $4 millones para reparar la junta de expansión y sustituir la losa de concreto del puente sobre el río Virilla”. Pero posiblemente el gasto incurrido ha sido mayor, pues en otras ocasiones se han hecho varias reparaciones “por encimita”, además de que la cifra en mención no toma en cuenta el enorme gasto que los costarricenses han tenido que efectuar, al tener que usar vías alternativas, gastar más gasolina, llegar tarde a compromisos, aumentar el tiempo de entrega de bienes para los consumidores, etcétera. Pero, dejémoslo en que lo gastado han sido sólo $4 millones…

Lo más curioso es que, en una primera instancia, se había dicho que la reparación “final”, necesaria para arreglar definitivamente la platina, costaría unos $5 millones. Esa estimación luego aumentó a unos $7 millones y lo último en saberse es que el arreglo ahora va a costar entre $8.7 (según se ha informado es la menor oferta en la licitación de parte de la empresa Codocsa), $10 millones que fue lo que ofertó la empresa Hernán Solís o bien los $12.5 millones que propuso la empresa Meco-Puente Prefa. En los tres casos, las ofertas son muy superiores a la suma que antes se había estimado que costaría la reparación final de la platina.

En el facebook de DonBurro Diputado del 24 de mayo se presenta la siguiente información, acerca del costo de un nuevo puente que se planea construir en El Salvador, que es incluso 20 metros más largo que el de nuestra platina. De acuerdo con una estimación de costos, efectuada en el 2012, para construir ese puente nuevo en El Salvador se requerirá de $12 millones. Sugiere DonBurro Diputado que “Si yo fuera ministro del MOPT, dinamito el puente de La Platina y me traigo salvadoreños o panameños a construir uno nuevo, y cuidado que nos sale más barato. En remiendos de este ya se tragó $4 millones que no sirvieron.” Y saldría más barato, agrego yo. Así es el desperdicio con nuestros recursos que se podría estar dando: requerimos más y mejor información en torno a los costos de esa inagotable mina de reparaciones y pagos que se ha hecho y que aparentemente se va a seguir haciendo.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 27 de mayo de 2013

Tema Polémico: Panorama para para las elecciones presidenciales del 2014

 Estamos a punto de iniciar la segunda mitad de este año electoral y faltan escasos nueve meses para las próximas elecciones. Este es un buen momento para analizar que tal está el panorama político. Primero que todo, vale la pena resaltar lo frío en materia electoral que ha sido este año electoral 2013 por lo menos durante su primera mitad. Esto, para nada es de extrañarse pues con todos los escándalos que han surgido uno tras otro como si estuvieran haciendo fila cada vez son más los costarricenses que han perdido el interés en la política. La reciente encuesta de la UCR sobre preferencia por partidos políticos coloca como gran ganador a ninguno con un 71.3%. 

No sería de extrañarse que el nivel de abstencionismo para ir a votar en febrero del 2014 sea uno de los más altos de la historia. Según el último sondeo de la Prensa Libre, la intención de voto de los costarricenses continúa favoreciendo al candidato liberacionista Johnny Araya con un 40.5% y el candidato que le sigue es “el voto a ninguno” con un  31.9% y con una tendencia creciente tomando en consideración la penúltima encuesta del mismo diario. 

Hablemos un poco de cada partido y candidato. Todas las encuestas realizadas recientemente parecen darle el gane al candidato liberacionista Johnny Araya, sin embargo, a medida que se va acercando el día de las elecciones la popularidad del Alcalde de San José disminuye más y más. Pareciera que los costarricenses votarían por Johnny únicamente porque nadie más los ha convencido pero no por méritos propios. Además, todos los recientes escándalos como los viajes en avión de doña Laura financiados por el narco y el fiasco de la concesión a San Ramón han logrado que cada vez más costarricenses consideremos que un gobierno más de Liberación Nacional sería sumamente contraproducente para el país.  A todos los que andan diciendo que Johnny tiene las elecciones ganadas, nosotros les respondemos que no es cierto y si Johnny ganara sería por torpeza de los partidos de oposición y no por méritos propios como analizaremos a continuación.

Volviendo a la encuesta de preferencia partidaria de la UCR, el partido que le sigue a Liberación Nacional es el Partido Unidad Social Cristiana. Recientemente se celebró la convención abierta de la Unidad para escoger al candidato que los representará para el 2014. Los candidatos fueron Rodolfo Piza por Renacer Socialcristiano y Rodolfo Hernández por la línea calderonista. El “doctor” Hernandez fue el ganador con más del 70% de los votos. Esto es sumamente lamentable. No terminaos de comprender como una persona como el “doctor” que durante su campaña no propuso casi nada le ganó a una persona tan preparada con un plan de trabajo tan claro como a Rodolfo Piza. Pr supuesto, la gran diferencia la hizo el hecho de que el “doctor” tenía el respaldo de Rafal Ángel Calderón. Es muy triste que, teniendo la oportunidad de renovarse, la base del Partido Unidad Social Cristiana haya decidido continuar con la política tradicional y patriarcal. En ASOJOD vimos a Rodolfo Piza como un candidato serio y diferente al que tal vez le hubiéramos dado nuestro apoyo pero esa posibilidad se esfumó este pasado 19 de mayo. Por cierto, al día de hoy no es claro cómo piensa este doctorcito y eso es muy peligroso.

El Partido Acción Ciudadana era hasta hace muy poco la segunda fuerza electoral del país, sin embargo, las últimas encuestas han dejado en evidencia que ese ya no es el caso. Al día de hoy ni tan siquiera está claro la forma en que elegirán su candidato. Sus principales aspirantes, Juan Carlos Mendoza y Luis Guillermo Solis, se han enfrascado más en el debate de cómo hacer la convención del partido que en convencer a los costarricenses por que voten por ellos. Eventualmente habrá un candidato y no sería de extrañarse que este partido, en vista de que ya se ha convertido en un partido pequeño más del montón, busque aliarse con otros partidos de izquierda como el Frente Amplio representado por José María Villalta o el partido de José Miguel Corrales que ni tan siquiera nos acordamos del nombre. Esto dejará en evidencia aún más la naturaleza izquierdosa -socialista de las bases del Partido Acción Ciudadana. 

Finalmente, no podemos terminar este artículo sin hablar del Movimiento Libertario. Este partido ha perdido tanta popularidad que no sería de extrañarse que otros medio ni tan siquiera lo tomen cuenta en este tipo de análisis, pero en ASOJOD lo seguimos considerando básicamente en memoria de los principios ideológicos que alguna vez tuvo. Por supuesto, don Otto Guevara una vez más será el aspirante presidencial. Creemos que lo que más le convendría a don Otto es aspirar por un puesto en la Asamblea Legislativa para el 2014 y desde esa trinchera defender los principios de la libertad. Estamos seguros de que si él y su equipo hacen un buen trabajo en esta próxima administración el Movimiento Libertario podría crecer una vez más. Siguiendo en el tema de elecciones presidenciales, no sería de extrañarse que para el puesto de presidente el Movimiento Libertario termina aliándose con otros partidos ligeramente afines como la Unidad Social Cristiana. 

En fin, como lo mencionamos anteriormente, a conclusión es que en febrero del 2014 es probable que el ganador sea Johnny Araya para desgracia de todos y será principalmente a causa de la torpeza de los otros partidos. Tal vez estemos equivocados. En política nada está escrito y el panorama puede cambiar en cuestión de días.

Imagen cortesía de nuestro amigo don Burro Diputado.

miércoles, 22 de mayo de 2013

Desde la tribuna: el costo de la energía

Bajo el título de “empleados de Recope son los más del sector energía”, el periódico La Nación presenta una especie de cuadro comparativo entre los trabajadores del monopolio de hidrocarburos (Recope) y del sector eléctrico (nacionalizado, Ice y otras distribuidoras).

El costo anual por empleado de Recope es como de ₡26 millones al año en tanto el del ICE apenas supera los ₡13 millones. Dice el reportaje que “Si comparamos ambas empresas, encontramos que la planilla global de la Refinadora es cuatro veces más pequeña que la del ICE, pero cuesta apenas un poco menos de la mitad que la del Instituto.” 

El que la empleopatía de Recope resulte carísima no debe obviar el hecho de que la empleopatía del ICE también es muy onerosa para los costarricenses. Por supuesto que tras todo ello hay un problema de contratación laboral, monopolio público y estatización. Al final el pueblo costarricense paga más por su energía, el ambiente es menos competitivo, exportar es más caro y hay injusticia social (unos obligan a otros a pagar sus sobresueldos).  

Se han estatizado algunos giros (la producción de electricidad, el comercio de hidrocarburos a granel) y el resultado ha sido desastroso para la sociedad. Es fácil evidenciarlo a través de la envidia que produce conocer las asimetrías salariales. El problema es que hay asuntos deontológicos más importantes y que tal vez no traslucen con la primera información. La empleomanía estatal, el mito de que con el monopolio público se racionaliza la administración de recursos, el mito de los monopolios naturales, el mito de que el ente público trabaja por el bien común y el sujeto de Derecho privado solo se mueve por el lucro, la concentración de poder en manos políticas, tecnócratas o estatistas, los manejos públicos del dinero, las contrataciones de los entes públicos: son muchos los asuntos por plantear. ¡Qué lástima que la envidia sea el motor más eficiente para evidenciar las falencias del estatismo!

Hace un decenio iniciamos una serie de acciones de inconstitucionalidad contra las cláusulas inconstitucionales que había en los convenios colectivos de este tipo de entidades. Es obvio e indiscutible que se trataba de cláusulas abusivas y nulas. Con un grupo de jóvenes abogados que trabajaban con nosotros en la Asamblea Legislativa acometimos la tarea con las uñas, sin mucha facilidad informativa ni tiempo. Combatíamos a un Presidente de la República que deshonró su palabra, pues a pesar de negar que lo haría promovió un paquete tributario.

Las acciones de inconstitucionalidad eran un ejemplo de racionalidad administrativa, ordenamiento y fiscal y demostración de cuán mal se gastaban los recursos públicos. Poco a poco, incluso luego de nuestro período constitucional, la Sala Constitucional fue declarando la nulidad de una serie de cláusulas de varias administraciones públicas. Fueron apareciendo toda clase de gollerías, inequidades, abusos, alcahueterías y obsecuencias. ¡Todas ellas inconstitucionales! Demostración indubitable de mala administración, abuso y angurria, corrupción y avidez, voracidad e indolencia.

No es de extrañar que sea tan difícil aprobar normas para permitir la participación de otros actores que abaraten la energía, aprovechen la tecnología y permitan que la sociedad se desarrolle. Demasiados intereses creados en mantener el status quo. ¿Cómo hacemos?
 
Federico Malavassi Calvo

martes, 21 de mayo de 2013

La columna de Carlos Federico Smith: ya ni para limpiarse el trasero

¡Quién iba a imaginarse que, en una de las naciones del mundo más rica en bienes naturales, como es Venezuela, iba a escasear el papel para el escusado! A tal estado de cosas ha llegado la situación de esa economía.  Es verdad que no solo el papel “toilette”, como se le llama allá, desapareció de los comercios, sino que también están ausentes de los anaqueles otros productos esenciales como la harina, la leche, el pollo, la manteca y el café, entre otros.  Paradójicamente, lo único que parece abundar es la gasolina y otros derivados de petróleo. Un litro de gasolina cuesta entre 3 y 4 centavos de dólar, el más bajo del mundo. En contraste, una taza de café en una soda cuesta 30 veces más.  Por lo general, la propina que el consumidor le da a quien le llena el tanque, es más que lo que se gasta en echarle gasolina al carro.

Todo este desorden tiene que ver con la política gubernamental de control de precios. La gasolina tiene un precio ínfimo, por lo cual el gobierno está dispuesto a subsidiar su consumo hasta la coronilla, como medio para ganar puntos ante los consumidores (aunque esas pérdidas en que incurre el estado lo pagan todos los ciudadanos-consumidores de ese país). Pero, en el caso de bienes que son producidos por el sector privado, como muchos de los que cité antes, la situación es muy diferente, pues sus precios están muy por debajo de su costo de producción, con lo cual nadie, en su sano juicio y siempre evitando perder, estaría dispuesto a producirlos para llevarlos al mercado a ese precio controlado. 

No hace mucho Alejandro Fleming, Ministro de Economía de Venezuela, dijo que ese desabastecimiento de productos se debía a que había mucha demanda y poca oferta.  En rigor, eso es cierto, pero hay que entender por qué se presenta esa disparidad entre la oferta y la demanda.  Veamos primero la razón de la alta demanda en la economía.  Ello se debe simplemente a la enorme emisión de dinero que ha practicado el Banco Central de Venezuela durante los últimos tiempos.  Cualquier estudiante de Economía básica, así como cualquier ciudadano medianamente informado, saben que, si se emite mucho dinero en una economía, mucho más allá de lo que crece la producción, se presenta inflación.  No se necesita ser un Milton Friedman para saber que el más de 30% de inflación que actualmente azota a Venezuela, se debe al populismo monetario de las autoridades del Banco Central de ese país. 

A fin de controlar la inflación, el gobierno venezolano ha acudido a dos medidas.

Una de ellas es realizar importaciones de bienes que se consumen masivamente en Venezuela y que no se elaboran en ese país o que han dejado de producirse internamente. Casi todos los bienes, excepto petróleo y derivados, están en esas circunstancias. Tales importaciones han sido posibles gracias a los elevados precios internacionales del petróleo. 

Sin embargo, la producción de petróleo de Venezuela ha venido declinando con el paso de los años. Se estima que la producción anual de Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA) ha caído un 2% anual desde el 2008. A pesar de que, según la Organización de Países Exportadora de Petróleo (OPEP), Venezuela posee los mayores recursos petrolíferos del mundo, superando incluso a Arabia Saudita, su producción actual de petróleo es tan sólo de 2.4 millones de barriles diarios. Esto es, un 25% menos de lo que se producía cuando Chávez llegó al poder, hace 14 años.

En mucho ese decrecimiento de la producción de PDVSA se debe a su propia incapacidad. En estos tres últimos años su capacidad productiva ha caído un 35%. Por ello, ahora andan como locos tratando de que los chinos inviertan en su industria petrolera, aunque tal vez sea a cambio de los derechos que hoy Venezuela tiene por su petróleo. La incapacidad administrativa de PDVSA y la limitación de recursos que le impiden llenar los montos requeridos de inversión auguran un futuro muy incierto para los ingresos petroleros de ese país en especial ante su cierre a inversión extranjera (con excepción, tal vez, de la China o la de India). Los efectos ya se están sintiendo en la economía de esa nación.

Volviendo al tema de la inflación y particularmente en lo referente a la disminución de la oferta en la economía citada por el Ministro de Comercio Fleming, en la actualidad es notoria la escasez de divisas que permitan a las empresas domiciliadas en Venezuela adquirir del exterior lo necesario para producir sus bienes. Ante tal incapacidad para importar, las firmas internas han tenido que reducir sus niveles de producción. Por supuesto, eso no lo dice ese Ministro de Economía, quien habló de la mucha demanda y de la poca oferta. Esta decrece porque ahora no se tiene el financiamiento de divisas, que antes se disponía gracias a la abundancia petrolera de Venezuela. Al no tenerse ahora financiamiento para adquirir los insumos necesarios, ni el equipo productivo indispensable, ni los repuestos requeridos, la producción nacional tiene que caer. 

El Ministro de Finanzas de Venezuela, Nelson Merentes, ha reconocido estos problemas de financiamiento y ha dicho que está en marcha un plan para garantizar la adquisición de divisas para las empresas pequeñas y medianas. Pero lo cierto es que la situación de reservas internacionales de Venezuela parece ser precaria.  Se ha se mencionado que, a principios de mayo de este año, si acaso las reservas internacionales del país superaban los $25.000 millones y que de ellas un elevado porcentaje (70%) estaba conformado por posiciones en oro y similares. Se ha hecho saber que la posición de reservas líquidas de Venezuela es inferior a los $3.000 millones. (Casualmente un monto de reservas parecido al que hoy tiene Costa Rica, si bien no son totalmente líquidas).

Por eso es que, ante la limitación de divisas, en Venezuela el tipo de cambio se ha disparado por las nubes.  El llamado dólar paralelo –el precio del dólar en la calle- tiene a la fecha un precio superior a los 26 bolívares (llamados bolívares fuertes), en tanto que el tipo de cambio oficial es de 6.30 bolívares fuertes por dólar.  Ya el presidente Maduro ordenó llevar a cabo una guerra contra el tipo de cambio paralelo, al igual que lo han hecho infinidad de veces en el pasado, todos los usuales poseedores de la sabiduría que supuestamente otorga el poder: y que siempre concluyen en un fracaso. Ha llamado a clausurar los sitios libres en donde se transan dólares fuera del estado. A los participantes en ellos casi que los ha convertido en delincuentes subrepticios, tan sólo porque quieren cambiar sus dólares por su verdadero valor y no por el que se le antoja a Maduro y a su Banco Central.

Al otro  intento del gobierno venezolano por contener la inflación ya nos referimos anteriormente: fijar precios topes o máximos. La lección de la historia económica en este tema es tajante. Desde la época de Henku, rey de Egipto en el 2080 antes de Cristo, o del rey Hammurabi (hace 4.000 años) hasta en el Chile de Allende y la Nicaragua de la primera administración de Ortega, los gobiernos nunca han podido controlar la inflación mediante el control de precios.  Tal vez con excepción de lo sucedido bajo el régimen nazi, se tuvo algún grado de éxito en poder controlar los precios en circunstancias inflacionarias.
El historial de fracasos de la política de fijación de precios lo documento en un libro que escribí en 1984 bajo el título Inflación y Control de Precios (Editorial Stvdivm). Pronto estará disponible en la web y de ello oportunamnte le informaré al amigo lector que desee ojearlo o reproducir. En él, expongo los resultados que tiene sobre los mercados esa ineficiente política que pretende controlar la inflación, como es hoy el caso de Venezuela. Provoca el surgimiento de mercados negros, que los precios no controlados se disparen, que se presente un deterioro de la calidad de los bienes cuyo precio es controlado, que surjan largas colas para poder comprarlos, que aparezcan sistemas de ventas atadas (esto es, que a usted se le vende el bien al precio controlado, pero tan sólo si adquiere otro bien a un precio más alto o de menor calidad). 

Asimismo, el control de precios provoca el acaparamiento y la aparición de negocios “fáciles”, como cuando se obtiene de parte del gobierno permisos de importación, lo cual genera grandes ganancias que van más allá de las usuales en los mercados. También abunda la corrupción de las autoridades, así como la escasez y desaparición de los bienes en los mercados, los horarios anormales de ventas, como en las madrugadas, a los precios mayores del mercado, al igual que los productos se venden de repente en bolsas menos llenas, al igual que surge la venta de productos empacados en cantidades diferentes a las reguladas, con lo cual se evita la regulación a bienes empacados en otras cantidades. Incluso simplemente aparece un producto “nuevo” (por ejemplo, ahora con “triclorín climatizado”). Igual de nocivo es el impacto que la política de control de precios tiene sobre el desempleo, que afecta a  trabajadores de empresas cuyo precio es controlado, así como la subutilización del equipo de producción, entre muchas otras cosas.

Podemos predecir que el iluminado del pajarito, con total incultura y poca madurez, pero sobre todo con falta grave de inteligencia, le dirá a su pueblo: “Si no hay papel, pues que usen elotes”. El problema es que en Venezuela tampoco hay producción suficiente de maíz para usar los elotes en esas higiénicas materias. Esto significa que hay una buena oportunidad para la exportación de elotes a Venezuela desde Costa Rica, entre otras naciones.  El problema es que sus reservas monetarias, a pesar de la abundancia petrolera, se han menguado notoriamente como para poder exportarles lo necesario a Venezuela.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 20 de mayo de 2013

Tema polémico: ¿Qué se podía esperar del PUSC?


El día de ayer el venido a menos PUSC, tenía una oportunidad histórica. Tenía la oportunidad de reivindicarse ante los costarricenses eligiendo a un candidato preparado académicamente y con una solvencia moral que al menos hasta el día de hoy nadie había logrado cuestionarla. Sin embargo, el PUSC volvió a sacar “lo mejor de sí” y aferrado a sus mañas políticas eligió al candidato bendecido por el cuestionado ex-presidente Calderón. Parece, que las bases del PUSC no son capaces de atreverse a pensar por si mismas, siguen tal cual ovejas en un rebaño a los designios de un líder en absoluto estado de decadencia.

Desafortunadamente, no podemos ni siquiera afirmar que la decisión es sana ni por efecto carambola. Es nuestra opinión que el Dr. Hermández es sencillamente un candidato impresentable, por dos simples y sencillas razones: a) fue un candidato absolutamente mudo, nada dijo sobre sus propuestas si es que tiene alguna. b) huyó con determinación y poca vergüenza al debate con el otro candidato. Estas dos actitudes son suficientes para concluir respecto a la honestidad de dicho candidato, ya que precisamente la honestidad pasa por exponerse, desnudarse, mostrarse, no el total y absoluto secretismo que tiño su campaña. Una pregunta simple lanzamos al aire: ¿qué garantía tenemos de que un eventual gobierno suyo no sea de esa misma manera? La respuesta es aún más sencilla: ninguna 

Aristóteles dentro de sus tipos de gobierno afirmaba que la demagogia era el resultado del corrompimiento de la democracia, hoy más que nunca podemos afirmar que cada pueblo tiene el gobierno que se merece… ya que cada vez que se le ofrece una alternativa digna para salir del laberinto en que se encuentra decide por validar y reafirmar todo aquello que dice repudiar. ¡Que triste pero merecido final le espera a este sistema político!

viernes, 17 de mayo de 2013

Viernes de recomendación

Para esta ocasión, queremos compartir con ustedes la ponencia que ofreció el Dr. Enrique Ghersi en una actividad organizada por ANFE y Academia Stvdivm el pasado 23 de abril, en donde se expuso de forma brillante el tema de la actividad económica informal y el análisis económico del derecho.

miércoles, 15 de mayo de 2013

Desde la tribuna: insisto en la pregunta

¿Qué pasa con alguna gente?  Por un lado despotrican contra los políticos, incluso generalizan sus acusaciones acerca de la corrupción, pero … solo confían en el Estado e insisten en atribuirle funciones y giros sociales. Es un terrible contrasentido. Pareciera que una parte del cerebro tiene una información y que la otra funciona con desconocimiento total de la información que se tiene.

Si, además, se percataran de que tienen información suficiente para entender que una de las causas de la corrupción consisten precisamente en llenar al Estado de potestades y funciones, entonces se aprecia que mi pregunta es absolutamente justificada. Hay una contradicción, un problema de razonamiento, un alejamiento de las vías para llegar a conclusiones, una carencia de lógica y consecuencias fatales.

Uno de los focos de corrupción se forma con el exceso de decisiones que se ponen en manos de políticos: contrataciones, servicios, modo de los servicios, permisos, requisitos, regulaciones. No es materia neutral, el político se erige en árbitro de la sociedad y su funcionamiento. Hay que recordar los estudios acerca de “the public choice” (Buchanan) y el viejo decir que “en arca abierta hasta el justo peca”.  ¡Todo eso lo sabe la gente!  Pero… sigue poniendo la vida en manos de los políticos.

Una posibilidad es que  los partidos políticos y las ideologías hayan contaminado su modo de pensar.  ¡A veces pasa! Otra posibilidad, es que el bombardeo de la burocracia tenga a mucha gente confundida (por ejemplo:  “Banco Central, nervio y motor de la economía nacional”, ICE:  “a tu lado”,  BNCR:  “más cerca de usted”, BCR:  “somos el banco de Costa Rica”, CCSS:  “al servicio de la salud”, BPDC:  “el trabajo nos une”; JPS:  “para hacer el bien” y quién sabe cuántas entidades públicas nos atosigan con el “trabajamos para usted”.)  Otra fuente de error es el adoctrinamiento diario de algunos sistemas (banca nacionalizada, Recope, Aresep, MEP, Imas) convenciendo a la gente de que la gestión pública es meritoria, barata, justa y necesaria. También puede ser que algún sector de la gente sea masoquista y requiera de opresión y corrupción para sentirse bien.  No hay que olvidar que alguna gente es dogmática y fascista, estatólatra y estatista.

Aún así, si por otra parte está evidenciado que buena parte de los políticos son corruptos y si la gente no está contenta con el manejo que hacen de las cosas, sigo preguntándome porque les entregan su vida. Otra respuesta es que quizás no hayan conectado una parte con la otra, que en su mente exista una abstracción conceptual que no conecta al Estado con los políticos, con la misma gente a quien en lo particular le tiene desconfianza o con las mismas personas a quienes no quiere reconocer la libertad

En fin … me sigo preguntando.  ¿Usted tiene la respuesta?

Federico Malavassi Calvo 

martes, 14 de mayo de 2013

La columna de Carlos Federico Smith: sigue el desmandado gasto público

No sólo el actual gobierno, sino también muchos de los partidos potenciales gobernantes a partir del 2014, ya nos anuncian nuevos y mayores impuestos, a fin de sufragar un invariable déficit del sector público, de alrededor de un 5% del PIB.  Ello a pesar de que la presidenta de la República, Laura Chinchilla, dijo, en una entrevista que la cadena televisiva de negocios Fox le realizó en su visita a Davos, Suiza, que “el problema fiscal de Costa Rica ya estaba contenido” (we can say that we have contained the fiscal problem of Costa Rica). Si ya se ha frenado el problema fiscal, entonces, la única razón por la cual ella misma nos ha hablado acerca de la necesidad de poner más impuestos (y secundada en ello por la mayoría de los políticos criollos), es porque desea aumentar la gastadera gubernamental. Por supuesto, una gastadera pública que sería financiada con los ingresos que todos hemos obtenido con grandes esfuerzos.

Tengo serias dudas de que el derroche de gasto gubernamental se haya contenido. Recientemente he escrito un par de artículos, dando ejemplos de ello. Ahora viene un tercero sobre nuevos casos y aún espero el día en que me quede sin materia como esta, para poder escribir mis comentarios.

Primero: Son escandalosos los salarios que se pagan a los altos funcionarios de una entidad que, en un mercado competitivo, posiblemente ya se hubiera acogido a la quiebra.  Me refiero a RACSA, que tan sólo en el año pasado tuvo ¢8.500 millones de pérdidas. Según el enquistado Jefe de Prensa de RACSA, esos datos de salarios son confidenciales. Pero los confirma ante el público una información emitida en Noticias Repretel, con datos provenientes de otras fuentes internas de RACSA. El gerente de esa entidad recibió en el 2011 un sueldo mensual de ¢9.2 millones de colones (y, me imagino, que además hay otros privilegios adicionales como vehículo, gasolina y chofer, que es lo usual, pero que no se indicó en la información citada). También la secretaria de la Junta Directiva de RACSA percibió un sueldillo mensual de ¢3.1 millones. En total, en esa entidad los 30 sueldos más altos significan la “bicoca”, para algunos, de ¢117 millones al mes.  Y eso que RACSA está casi lista.

Segundo: Para celebrar la enorme labor desplegada por nuestros distinguidos diputados, a partir del 1 de mayo de este año tendrán un ligero aumentito mensual de ¢163.113. Recuerden -¿no era que estaba prohibido legislar en beneficio propio?- que en el pasado esos mismos diputados se recetaron un incremento del 5% de sus salarios, cada seis meses. Ahora su exiguo salario mensual es de tan sólo ¢3.262.765. Por eso no debe extrañarnos que tanto farsante ande hoy desaforadamente promoviéndose como candidato a diputado, para las elecciones venideras. Hay incluso algunos que quieren dar el salto desde una chupeta pública que hoy disfrutan, hacia otra similar de jugosa. Además de ese sencillo emolumento, el diputado recibe 500 litros de combustible al mes; esto significa un adicional de ¢383.500 mensuales. 

En los últimos dos años, el sueldo de los asambleístas ha aumentado un 28%, en tanto que, en ese mismo lapso, la inflación, medida por el crecimiento en el índice de precios al consumidor, ha crecido en aproximadamente un 11%. Por ello, ni pregunten por el aumento en los salarios de los trabajadores costarricenses.

Tercero: Una vez más se desnuda el óleo (u “olio” como lo pronuncia el tico) que se da en ARESEP con los fondos de los costarricenses.  Resulta que el anterior regulador - ojalá ya olvidado por nosotros, mas no por la justicia- nombró a Rodolfo González, a quien antes se había contratado como consultor de esa entidad, como gerente general tan sólo 22 días antes de que terminara el gobierno de Oscar Arias, en el 2010. Como quien dice, se trató de una herencia en ese puesto, de forma que, quien le sucediera como regulador, tuviera que pagarle un platal como compensación, si es que no aceptaba dicho nombramiento, hecho por cinco años (en el lenguaje administrativo, a esto se le llama una pastilla de veneno).

Pues bien, ahora la nueva administración de ARESEP hace una restructuración administrativa, en la que desaparece el puesto de gerente general, para lo cual tendrá que desembolsar la “ganga” de ¢154 millones al señor González (¢107.8 millones en sueldos caídos y ¢45.9 millones en prestaciones legales). Claro, uno nunca sabe si es un castigo, un pago justificado o un premio. Pero el hecho que seremos nosotros, quienes con impuestos y tarifas sufragamos el dispendioso gasto gubernamental, los que tendremos que desembolsar esa piltrafa de coloncillos. Una “pastilla de veneno” que para alguien se trocó en un dulcecito. Esos ¢154 millones deberían ser cobrados al regulador que heredó esa fortuna nuestra.

De paso, la gran reforma que propone la nueva administración de ARESEP, significará, tan sólo en plazas nuevas, la ridícula suma estimada de ¢214.9 millones. Eso tampoco parece importar, pues los dirigentes de esa institución no son los Paganinis, sino que lo seremos todos nosotros.

Cuarto y último: En algún lado se mencionó que pronto se iniciaría la requetemachacona reparación de la platina.  Se dijo que esta vez podría costar unos cinco millones de dólares. No voy a decir más, porque no lo creo.  Por ello, ruego que alguien haga el cálculo, y se lo haga conocer al público, de cuánto se ha gastado en reparaciones a esa platina, de cuánto se ha girado a los constructores o reparadores y de cuánto está en litigio por incumplimientos en la ejecución de la reparación, así como de cuánto ha sido el costo por esas reparaciones, en lo que se refiere al tiempo perdido en presas y un mayor gasto de gasolina, entre otros, como llegar tarde a los lugares de trabajos y a citas personales. Pero también que se nos diga en cuanto se estima el verdadero costo de la nueva y prometida última (¿?) reparación por llevar a cabo.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 13 de mayo de 2013

Tema polémico: el futuro del régimen de pensiones de invalidez, vejez y muerte

Recientemente, medios de comunicación anunciaron que la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) estudiaría la posibilidad de aumentar la edad de pensión por causa de la crisis económica que nos ha afectado en los últimos años y que ha golpeado sensiblemente las finanzas del Régimen de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

No obstante, entre comunicados y aclaraciones, las autoridades de la CCSS han negado, en reiteradas ocasiones, que el IVM se encuentre en peligro, aunque reconocen que el desempleo, la jubilación anticipada de muchos cotizantes y otros factores -entre los que tozudamente se resisten a incluir el aumento en las pensiones del Régimen No Contributivo impulsado por la Administración Arias Sánchez en el marco del Plan Escudo y con un claro tinte electoral- han mermado los ingresos del fondo de pensiones.

No obstante, parecieran no ser los únicos factores. En 2010, la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y Gasto Públicos realizó una investigación acerca de las denuncias contra la Gerencia de Pensiones y los resultados de una auditoría externa contratada por la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) y llegó a varias conclusiones alarmantes: falta de indicadores de gestión y ausencia de análisis de costos para tomar decisiones sobre las inversiones, desórdenes administrativos, rebajas arbitrarias en la tasa de interés de los créditos de vivienda financiados con los fondos de pensiones, cuantiosas asesorías pagadas al Banco Mundial para "mejorar" la cartera de inversiones, denuncias entre los miembros del Comité de Inversiones del IVM sobre aparentes inversiones en el exterior sin contar, en algunos casos con autorización y en otros con respaldo financiero para la operación y enormes costos de operación por parte de la Gerencia de Pensiones de la CCSS (un incremento del 24% entre 2008 y 2009 según el Superintendente de Pensiones, Edgar Robles en declaraciones aportadas a la Comisión, causados por presuntas contrataciones, remodelaciones, etc.), pérdida de capacidad administrativa por parte de la CCSS para cobrar las cuentas pendientes (que crecieron 120% del 2007 a 2008 de acuerdo con la SUPEN) así como el reiterado incumplimiento de las empresas estatales con el mandato de la Ley de Protección del Trabajador que las obliga a entregar un porcentaje para fortalecer el IVM. 

Por si fuera poco, a finales de 2009, la SUPEN publicó la ya citada auditoría contratada por la SUPEN, en donde señala que el sistema de pensiones de la CCSS perderá su equilibrio financiero en el 2015, dado que “comenzará gastar sus reservas para cumplir con el pago de las pensiones, erosionando su solvencia hasta quedar en una situación financiera comprometida a partir del 2023 y se agotará por completo en el 2054”. El Informe señala que, en las actuales circunstancias, “los cálculos actuariales indican que para mantener su solvencia el fondo requeriría una cuota de aportes del 16,79%, en lugar del 7,5% que recibe hoy”.  Por su parte, la CCSS desmintió este estudio e indicó que, en conjunto con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha elaborado informes actuariales que demuestran la sostenibilidad del régimen hasta el año 2043, aunque desde el 2037 los ingresos no serían suficientes para cubrir los gastos del IVM. 

De las comparecencias realizadas ante la mencionada Comisión Legislativa, el Gerente de Pensiones, Miguel Pacheco, el Superintendente de Pensiones, Edgar Robles y el Director Actuarial de la CCSS, Luis Guillermo López, se pudo colegir que existen enfoques diferentes que no generan claridad en la situación del régimen de pensiones. Mientras los funcionarios de la CCSS sostienen que el esquema es dinámico, que debe ajustarse en el tiempo de acuerdo con la realidad con plazos previsibles no mayores de 50 años, el estudio contratado por la SUPEN presupone que los costos estimados que podría generar el pago de las pensiones a 100 años debe ser cubierto desde hoy por los actuales cotizantes. La incertidumbre que genera no saber cuál de las posturas es la correcta y, por tanto no tener claridad acerca del estado real del IVM no ayuda a la tranquilidad de la población. 

Sin embargo, más allá de la fecha en que colapsará el régimen de pensiones, lo cierto es que ya se están presentando situaciones que deben llamar a preocupación. La propia Auditoría Interna de la CCSS, en el informe ASF-299-C-2010 denominado “Estudio Especial sobre la utilización de inversiones a la vista para el pago de pensiones y Aguinaldo en el Régimen IVM” indicó que, producto de la crisis financiera internacional, se utilizaron ingresos no tributarios –ingresos obtenidos por el rendimiento de las inversiones– para cubrir el pago de pensiones y aguinaldos durante el año 2009. 

En ese contexto, es claro que el régimen de pensiones IVM ya empieza a flaquear. Las noticias actuales, sobre la jubilación anticipada de miles de trabajadores y el costo que implican para la CCSS, no son más que alertas del inminente problema que enfrentamos los costarricenses. Los trabajadores actuales -entre 18 y 50 años- estamos cotizando para un sistema que, en los términos en que está constituido, colapsará tarde o temprano, lo que significa que existen altas posibilidades de que no veamos un colón de todo lo que el Estado nos está quitando ahora.

Subir la cuota en nada ayudará. Maquillaría las cifras, pero sería como "patear la bola", pues más adelante, los problemas volverían a aparecer, por cuanto la estructura demográfica de la población costarricense y los altos costos de formalización para el trabajo, empujarían a que el número de cotizantes sea cada vez menor. Además, al quitársele más dinero a los cotizantes, se podría prever una importante contracción en el consumo -por tener menos liquidez- que, a la postre, repercutiría en la producción y empujaría más al fondo la delicada situación económica que vive nuestro país. 

Lo cierto es que debemos empezar, desde ya, a abrir el debate acerca del futuro del régimen de pensiones. Para nosotros, la solución no pasa por aumentar cuotas ni invertir en operaciones más rentables, sino migrar a un sistema de capitalización indivudual donde cada quien ahorre el dinero de su retiro y se reduzcan los incentivos perversos a cargar la manutención de unos sobre los hombros de otros. 

Como objetivistas, sostenemos que el ser humano no debe ser usado como un medio para el logro de los objetivos de otros. Es hora que cada quién se responsabilice por su vida y practique el valor del ahorro, la previsión y el trabajo duro, asumiendo las consecuencias -buenas o malas- de sus actos. 

No podemos permitir que nos sigan diciendo que hay que aportar más para un sistema que solo consume y nada otorga, que nos da todas las señales de estar frente a la "Gran Estafa" orquestada por la socialdemocracia, que con el disfraz de la solidaridad y otras hierbas, nos arrebata el dinero que tanto nos cuesta ganarnos y que, sin duda, sería mejor utilizado por nosotros mismos. Depende de nosotros empezar a decirle NO al Estado.

jueves, 9 de mayo de 2013

Jumanji empresarial: el mito de la distribución del ingreso

Un lema muy socorrido por algunos políticos, candidatos, gobernantes y economistas es la injusta distribución del ingreso o la riqueza. Siempre dan datos de que un pequeño porcentaje de la población recibe una mayor tajada del ingreso total y que la mayor parte de la población una menor. Esa situación sucede en casi todas las economías en mayor o menor grado. Pero casi nunca he escuchado de esas personas una solución sustentable de cómo lograr que los pobres tengan un mejor ingreso sin quitarle a los de mayores ingresos.

Es falaz, por no decir demagógico, pensar que una mejor distribución del ingreso significa que todos tengan el mismo ingreso, es decir, un ingreso igualitario. Tener todos los mismos ingresos no significa vivir mejor. En los países donde la mayoría tiene el mismo ingreso es donde hay más pobres. En el África subsahariana, el 95% de la población tiene prácticamente el mismo ingreso, casi nada.

El objetivo de una economía progresista no es que todos tengan el mismo ingreso, sino que cada día un mayor número tenga un mayor ingreso. Lo importante es que crezca el pastel, no que de un pastel pequeño todos tengan el mismo pedacito. La riqueza aprovechable no existe en la naturaleza, hay que extraerla, transformarla, trasportarla y comercializarla, es decir, crearla.

El problema de los países pobres no es la distribución del ingreso, sino que la mayoría no tienen ingresos. La solución no es quitarle ingreso a los que tienen más ingresos, como se hizo en el siglo XX en un gran número de países que se empobrecieron, sino generar más riqueza.

El camino es crear un entorno legal que incentive la generación de empleos productivos para los que no tienen ingresos o eleven sus bajos ingresos. La solución no está en distribuir mejor el ingreso, sino en mejorar los ingresos, no en distribuir la riqueza sino en crearla.

Luis Pazos (facilitado por Andrés Pozuelo Arce)

miércoles, 8 de mayo de 2013

Desde la tribuna: a propósito de una noticia sin aparente importancia

Yahoo noticias España dedica una interesante nota al “Adiós a las aceiteras rellenables”:

El texto escrito es el siguiente “Quédense con la imagen de las aceiteras tradicionales en bares y cafeterías porque tienen los días contados. Desde el 1 de enero de 2014 las aceiteras rellenables se despiden para no volver. Entre los clientes hay muchos que están encantados con la medida, aunque a otros no les parece necesaria. Les guste o no la Unión Europea ha decidido prohibir su uso en lugares públicos para así poder controlar la calidad del aceite que se sirve al consumidor. Muchos hosteleros manifiestan su descontento porque el cambio de los envases repercutirá en el precio final del producto. Lo cierto es que en pocos meses los nuevos envases serán monodosis o recipientes no rellenables. Para que se esfumen las dudas de si el aceite es bueno o no”.

Al principio surgen sentimientos encontrados, unos apuntando a la importancia de tener garantía de que el aceite es de calidad, origen, nuevo y demás ventajas y, los otros, a la nostalgia de que las cosas ya no serán como antes, ¡adiós a las aceiteras tradicionales” y cuestiones así.

En la nota aparecen también, algunos argumentos relativos al precio y costos.  Pero detrás hay más cosas.  

En el fondo se trata de una intromisión pública, normativa y coactiva en el ámbito de las relaciones privadas.  Entre el hostel, el restaurante, el café o el bar y el cliente ha intervenido el Derecho, la norma, el legislador, la vindicta pública, los oficiales de salud y la pendejera de todos aquellos que de chivatos y acusetas pierden su voluntad para entregarla al Estado.

La intervención de una relación no es gratuita, tiene graves costos.  El más serio, aunque quizás no se note, es la pérdida de libertad y entendimiento en el plano de igualdad y acuerdo de voluntades.

No se me olvida que en un taller dedicado al cambio de aceites, en la ciudad de Grecia, mi amigo “Oso” Bolaños nos daba la opción de usar tarros (cuartos de galón) nuevos o tomar de un estañón en que había comprado a un mejor precio de mayorista.  Con una simpleza directa y gran afabilidad, expresaba: “Es cuestión de confianza, si no me la tenés, vamos a los tarros.  Si me la tenés, ganás en el precio”.  La solución europea es que no le tenga confianza, que vaya a los tarros y que pague más (sin opción y con un ejército de supervisores para que las cosas se hagan de una sola manera).

Perdemos entonces la inmediatez, la capacidad de desarrollar nuestras relaciones en plano de igualdad jurídica y confianza y ponemos nuestras vidas en las manos del Estado.

¿Es posible que algún mercachifle rellene mal las aceiteras?  ¡Por supuesto!  No lo dudo.  Pero la generalización de la desconfianza o del trato receloso lleva a la sociedad a pagar más por lo mismo.  Exceso de empaques, “monodosis” o empaques que no dan la medida del uso (o sea, estándares o modelos o medidas que no van con todos, al estilo del lecho de Procusto, tan de gusto de los estatólatras) y los consiguientes desperdicios, insatisfacciones y demás situaciones.  Por supuesto, también habrá inspectores del empaque, de la nueva acepcia, de la calidad empacada e, incluso, del adecuado deshecho.  Con el tiempo también habrá inspectores de la calidad, del plástico, dela impresión, de la etiqueta, de las normas de origen y muchas cosas más.  Con un poco de imaginación se pueden crear cientos de trabajos e inspecciones inútiles e ir dejando baldada a la Humanidad para poderse relacionar consigo misma.

Por supuesto que se beneficia a la franquicia, a la cadena de alimentos y se perjudica a la “pyme”.  La gestión artesanal es desestimada por muchos y maltratada constantemente por el Estado y sus secuaces. ¡Claro que habrá que hacer más trámites! Con un poco de esfuerzo podría hasta inventarse la licencia para ofrecer al cliente aceite en empaque de monodosis. Sería adicional a la de comidas, distinta de la rótulos, diferente a la uso de suelo y podría tener gran potencial en cuanto la creación de más subterfugios:  pimienta en monodosis, vinagre balsámico en monodosis, queso parmesano en monodosis, sal en monodosis, no sal en monodosis, pan en monodosis. También podría explorarse que todos esos productos requirieran primero la aprobación por parte del Ministerio de Salud y que éste exigiera “tropicalización” de empaques, pruebas de tinta y aprovechara los empaques monodosis para hacer campaña contra el tabaco, la obesidad y las peligrosas ansias de libertad.

Es menester recordar las lecciones de Enrique Ghersi en el sentido de que la información y el Derecho no son gratis y tienen un alto costo.  Para algunos resulta fácil, divertido, hasta meritorio y registrable, andar emitiendo leyes y regulando la vida humana.  La verdad es que todo ello tiene consecuencias graves en la vida económica, terribles en las posibilidades de los más pobres y desastrosas en la habilidad para construir la propia vida con responsabilidad y habilidad.

Quizás sea hora de realizar en Costa Rica un estudio acerca del impacto normativo, la tramitomanía, su influencia en la gestión económica y la barrera que significa para las pymes.

En poco tiempo he podido percatarme de cómo el CONESUP ejerce el capricho para evitar la autorización y el funcionamiento de nuevas Universidades, carreras, sedes y modalidades.  ¡Increíble!

Cerca de mi vivienda, en Sabanilla, un operario que se dedica a arreglar llantas en un garaje alquilado (neumáticos y parches) fue obligado, en la renovación de sus permisos, a construir un servicio sanitario para minusválidos (Ley Nº  7600, acceso con silla de ruedas).  ¿Cuántas llantas tendrá que arreglar para costear la construcción que, además, fue en propiedad ajena?  Y … su tiempo, los permisos extra (construcción y demás), cómo le impactan.

Por allí mismo (Salitrillos, si no me equivoco), una señora quiere abrir un bazarcito en su casa, por necesidad de emprender una actividad que le genere ingresos.  Está dispuesta  a usar la sala de la casa para la actividad.   Nuevamente la Ley Nº  7600:  tendrá que sacrificar también el baño de la casa para que haya un servicio sanitario con acceso para silla de ruedas.  Ella quiere obtener ingresos para salir adelante, pero ahora deberá obtener algún préstamo para abrir una puerta a 90 cm, hacer un par de rampas y otras cosas, apenas para ver si abre el negocito.  

Convoco a los amigos y colegas a ver si podemos coleccionar estas tristes y graves experiencias, a fin de preparar al menos un documento con casos.

Espero que mis hijos no empiecen a pedir monodosis de salsa, azúcar, café, arroz, carne, verduras, fruta y demás provisiones similares en la casa.  Igual, espero que cuando convide a un amigo a una tacita de café, un vinito o una reunión con música y bocadillos no me salga con el cuento de las monodosis empacadas.  ¡Con qué facilidad entregamos nuestras vidas a estos demiurgos que creen saberlo todo!
Federico Malavassi Calvo   

martes, 7 de mayo de 2013

La columna de Carlos Federico Smith: breves reflexiones sobre la visita de Obama a Costa RIca

Francamente no sé si lo que el periodista de televisión le preguntó a unos transeúntes fue un “y usted que le pide a Obama” o si, en realidad, fue otra la pregunta y apresuradamente los entrevistados le respondieron cuanta cosa se les ocurrió, con un espíritu pedigüeño que me entristeció.  Antes que alguien me pregunte que ¿por qué sufrí ante esas respuestas?, tal vez fue porque tenía en mente el gran problema fiscal que tienen los Estados Unidos.  De antemano, ante cualquier coro de peticiones de cuanta cosa se les pueda ocurrir -y sea de quien sea… de gente de a pie o señorones del poder, de donde venga el punteo- la respuesta era casi inevitablemente al revés: ¡si estoy para que me den!, dada la situación económica actual de los Estados Unidos.

Por ello, siendo uno de los aspectos de la visita de Obama que hoy quiero resaltar, más bien agradecí su apoyo para que Costa Rica ingrese al foro denominado Alianza Transpacífica, que nos permitiría formar parte de la zona comercial de mayor futuro en el mundo.  También Obama ofreció ayudar al ingreso de Costa Rica a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), del cual forman parte los países con mayor desarrollo económico. En él, de América Latina forman parte tan sólo México y Chile, muy merecidamente por sus políticas económicas.  Si, al formar parte de la OCDE, significa que Costa Rica seguiría esas “buenas políticas económicas” que se ha dicho que caracteriza a la OECD, pues podría  considerar la participación como conveniente para nosotros.  Pero lo cierto es que en la OCDE hay naciones que hoy están al borde la quiebra, por seguir ciertas políticas económicas esencialmente estatistas que han derivado en esa situación.  La OCDE más parece un club de naciones ricas, que no lo somos, que un grupos de económicamente bien portados países, que tampoco lo somos. Por ello, pertenecer o no a la OCDE no es algo que me emocione a primera vista. Tal vez si supiera mejor que nos puede beneficiar ello, podría reconsidera mi apreciación.

Más útil, sin duda, es la posibilidad que se nos abre más con el apoyo de Obama, para poder integrarnos a ese gran bloque comercial del Pacífico (conocido como TPP, por sus siglas en inglés), a la fecha conformado por importantes naciones como Australia, Brunei, Chile, Estados Unidos, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Asimismo, Canadá, México y Japón han manifestado su interés en integrarse a ese gran bloque comercial de ambos lados del Océano Pacífico. 

Para Costa Rica el beneficio lógico de formar parte de esa asociación radica en que puede mejorar sus condiciones de intercambio; esto es, poder exportar e importar más y en mejores condiciones, además de que le permitiría formar parte de las cadenas de valor que se incorporan en los bienes que se han de intercambiar.  En sencillo: que, al formar parte de esa asociación, podríamos incorporar mejores y más baratos insumos, para lograr mejores precios por nuestros bienes. Asimismo, dicha incorporación nos facultaría competir con naciones ya integrantes de dicho foro comercial y con las cuales disputamos en los mercados internacionales.

Hay una tercera razón y es que, en mi opinión, en las circunstancias actuales de la situación económica mundial, esa región del Pacífico, tanto de América como de Asia, parece ser la de mayor potencial de crecimiento económico. Nos beneficia el que podamos formar parte de su intercambio comercial, tanto como vendedor y como comprador de bienes y servicios, en una región que ya crece más rápidamente que cualquier otra de la tierra. 

No hay duda que en esta propuesta del gobierno se observa la mano inteligente de la Ministra de Comercio Exterior, doña Anabel González, quien una vez más muestra ser una funcionaria excelente y destacada del resto de un gabinete relativamente oscuro.

Pero hubo algo del mensaje de Obama que debe despertar nuestra atención. Lo hizo en referencia a la discusión acerca del proceso interno de los Estados Unidos, para resolver el problema de inmigración que posee y que, apropiadamente, se le ha calificado como un problema desbordado. El Presidente Obama habló de “un sistema legal de inmigración que fomente la unidad familiar y atraiga trabajadores calificados”.  Esto último es muy importante que nuestros países lo tengan muy presente, porque en apariencia, además de resolver su problema actual con los 11 millones de trabajadores indocumentados en los Estados Unidos, esa nación considera desarrollar un sistema que permita que a ese país acudan trabajadores calificados provenientes de nuestras naciones, sin tener mayores problemas. (De paso, por ejemplo, Mark Zuckerberg recientemente fundó un movimiento político llamado FMD. us –que en inglés significa Avanza- USA- que en uno de sus puntos principales propone una “Reforma migratoria para atraer a Estados Unidos los más inteligentes y trabajadores, dado que el sistema actual es muy cerrado”, según lo reporta DonBurro en su sitio).

Quienes siempre hemos tenido presente la importancia que el capital humano tiene para el desarrollo de una nación, nos debe preocupar que una región pobre como la nuestra genere mano de obra altamente calificada, que luego migra hacia los Estados Unidos, sin haberse integrado plenamente a nuestros procesos productivos.  Mucho de esa emigración de trabajadores calificados se ha debido a las malas políticas de los propios gobiernos de nuestras naciones.  Un  ejemplo claro es la referencia a la gran emigración de trabajadores calificados y personas con habilidades empresariales desde Argentina, Venezuela y Ecuador, hacia los Estados Unidos y otras naciones desarrolladas, porque en nuestros países sus posibilidades de progreso son refrenadas por malas políticas estatales.  Evidentemente, corregir tal insania es necesario para que nuestros países puedan progresar.  Pero también debemos estar alertas para que la propuesta de legislación de los Estados Unidos, no contenga incentivos para que nuestros ciudadanos, quienes han adquirido un alto contenido de capital humano, no se vayan por esas razones preferenciales inmigratorias.

Simplemente, debemos evitar que nos convirtamos en “el lado oscuro de la ciudad”, alejados del progreso y del crecimiento, por una emigración indeseable de nuestros recursos humanos calificados y tan escasos.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 6 de mayo de 2013

Tema Polémico: Locura por regular todo


Desde hace ya varias semanas, la ARESEP sacó una campaña en radio celebrando la labor reguladora del Estado de muchísimos bienes y servicios en la economía como si esto fuera un motivo de orgullo. Luego de escuchar esa campaña cualquiera diría que la regulación es lo mejor que puede hacer el padre Estado por nosotros y que sin ella no existirían productos y servicios de buena calidad al alcance de todos los costarricenses. Esto es muy triste pero lo más triste de todo es que una buena parte de los costarricenses se ha creído este cuento durante muchísimos años. Vale la pena analizar por qué a tanta gente le entusiasma que el Estado regule el mercado.  

Lo primero que alegan algunos es que, sin el Estado como regulador, los servicios serían de mala calidad. En ASOJOD nos preguntamos ¿De dónde sacan esas conclusiones? ¿Basados en qué criterio? Y más importante aún, ¿Qué ejemplos nos pueden brindar para respaldar esto? La verdad es que los servicios regulados por el Estado en este país distan mucho de ser considerados de buena calidad. Por ejemplo, el servicio de transporte público. El Estado se asegura que los autobuses de nuestro país cuenten con requerimientos mínimos para que los usuarios estén seguros y confortables. Ciertamente la mayoría de los autobuses de nuestro país cumplen con esas exigencias pero distan mucho ser un servicio de transporte público ejemplar. Estos requerimientos mínimos y más fácilmente los podría imponer el mercado si se permitirá el funcionamiento libre de empresas de transporte sin restricciones para ingresar a las rutas. Lastimosamente, las rutas de autobús solo pueden ser operadas por una compañía en forma monopólica. Por supuesto, el otorgamiento de estos negocios no cae necesariamente en manos de la mejor empresa sino en manos de la que tenga mejores conexiones en el Estado. 

El otro gran punto a favor de la regulación es el aseguramiento de que con la intervención del Estado los precios podrán ser accesibles para todos ¿Será esto cierto? Basta con ver el índice de precios al consumidor para darse cuenta que esto dista muchísimo de la realidad. El aumento de enero y febrero de este año fue de 2.34% que es casi la mitad de lo previsto por el Banco Central para todo el año y el principal causante de esto ha sido las fuertes alzas de los precios regulados y los servicios públicos. Estos incrementaron un 16% en los últimos doce meses mientras que los no regulados crecieron tan solo un 4%. ¿Están los más pobres a salvo con los precios regulados? La respuesta es clarísima, no. Lo que sucede es que todos los sistemas de cálculos de precios de ARESEP están basados en costos, por lo tanto, entre más costos tengan las empresas públicas y reguladas, mayor será el precio. Y al ser monopolios, las empresas públicas cada vez son más ineficientes y estas ineficiencias se trasladan automáticamente a los precios que pagamos todos los consumidores. Basta con ver el caso de mercados regulados adonde si hay varias empresas compitiendo y nos damos cuenta que la historia es otra. En el mercado de telecomunicaciones, por ejemplo, las empresas privadas que participan ciertamente han tenido conflictos con Sutel, sin embargo, estos han sido por que no se les ha permitido colocar precios por debajo de un límite impuesto por esta autoridad reguladora ¿Beneficios para los consumidores?

Finalmente, otro aspecto que muchos no se han dado cuenta es que la regulación no es gratuita. La labor de regular el mercado implica un costo para el Estado, costo que se traslada a los ciudadanos por medio de impuestos. Entonces, la regulación no solo ha comprobado ser inefectiva en beneficio tan solo de ciertos grupos de interés, sino que también es costosa y todos terminamos pagando esto. 

En ASOJOD los invitamos considerar mejor la labor del Estado como ente regulador y pensarlo dos veces antes de alegrarse luego de escuchar esa campaña de radio de ARESEP. Esa campaña de radio cuesta plata; nosotros y ustedes somos los que la pagamos y nos cuesta muy caro.

miércoles, 1 de mayo de 2013

Desde la tribuna: gobernabilidad y bipartidismo

A raíz de la elección del Directorio de la Asamblea Legislativa el día de hoy, han surgido múltiples informaciones y opiniones en relación con el funcionamiento de la Asamblea Legislativa.

Por supuesto que el oficialismo y sus ad láteres han salido a clamar por la “gobernabilidad” e, incluso, por el bipartidismo. ¿Qué otra cosa podía esperarse de ellos? Les molesta la oposición, les molesta el control político, les molesta la discusión, les exaspera tener que dar cuentas, les saca de casillas la deliberación y, por supuesto, añoran los viejos tiempos (ley 4-3, ley de presidencias ejecutivas, ley Vesco, pasar el préstamo finlandés en un día y todo aquello que hacían en la comodidad del cogobierno).

Es obvio que quieren algo así como un partido de fútbol con ventaja, tal vez sin sudarse, por supuesto que con el árbitro a su favor, tal vez con el portero del otro equipo expulsado, con un adversario facilón y que se deje comprar por unos viajecitos, algún nombramiento y otras facilidades. ¡Qué bellos tiempos los de antes!

¡Cuántas veces me proponían que hablara 5 minutos en contra y dejara votar de una vez! “Es el respeto a las mayorías”, me decían. “Retirá tus objeciones” –me insistían. “¡Dejanos gobernar!”, remachaban. Por supuesto que no me rendí: la idea del debate parlamentario es convencer, deliberar, que trasciendan los argumentos y la gente entienda lo que está pasando. No se trata únicamente de dejar puesto el punto de vista.

El conspicuo liberacionista Villanueva Monge celebra el período del presidente legislativo Granados: “… se retomó la gobernabilidad, hubo más coordinación con el Ejecutivo …”. 

La Nación destaca “… avance en impuestos y agro”, “… más de 30.000 educadores se beneficiaron de la reforma al artículo 70 de la Ley de Pensiones …”, incluso (¡cosas veredes!) “la ley contra los delitos informáticos” (¡sí, claro, la “ley mordaza”). No es de extrañar que luego, el mismo diario, señalara que la caída del bipartidismo también ha significado la caída del prestigio de la Asamblea Legislativa.

Entonces ¿”gobernabilidad” significa “poner más impuestos”, quitar la generalidad de los tributos, beneficiar en pensiones con cargo al presupuesto a un grupo (en perjuicio de los demás) y aprobar la “ley mordaza”?

Véase que, encima, se menciona sin sonrojo la “coordinación con el Ejecutivo”. Un nuevo concepto de Derecho Constitucional, que en la división de poderes institucionalizaba el sistema de frenos y contrapesos.

¡Cómo extraño un periodismo crítico! Que recuerde que la concentración de poder lleva a la corrupción, que sepa leer entre líneas, que no confunda al lector ni lo enrede sugiriéndole que la labor de una Asamblea Legislativa debe medirse por la cantidad de leyes que se aprueban, por el avance en impuestos, por la legislación en favor de grupos y por la “ley mordaza”.
 
Me parece elemental destacar que en todo ello coinciden también los notables y el mismísimo Poder Ejecutivo. El informe de los notables menciona la ingobernabilidad como un fenómeno que surge a partir de 1990 (la Sala Constitucional). La Sala Constitucional, en 1991, anuló la deuda política adelantada, por inconstitucional, señalando además que la Constitución favorece un sistema pluralista y no el bipartidismo. El Poder Ejecutivo ha propuesto proyectos para que se elimine la consulta facultativa de constitucionalidad por parte de los diputados y, además, para que la inconstitucionalidad por la forma caduque a los 4 años l(recomendaciones de los notables).
 
¡Más claro no canta el gallo!
 
Federico Malavassi Calvo