Desde la tribuna: exceso de leyes, demagogia y pereza

En una entrevista en dos partes, el Ministro de Hacienda deja en claro cómo están las cosas en las finanzas públicas de Costa Rica.

La expresión “despilfarro del gobierno” resulta de lo más preciso para calificar el caos que vivimos. Salarios y transferencias son la causa del desastre de las finanzas públicas de Costa Rica.

De acuerdo con el ministro Ayales, no se puede aprobar un paquete de impuestos y dejar las cosas como están.  Además, lo que sucede es que hay pereza para discutir las finanzas públicas.

Deja claro el Ministro que las transferencias al PANI, al IMAS y a las Universidades públicas son parte del serio problema que vivimos.

Reclama que en los últimos 3 años se han aprobado 63 leyes de transferencias sin proveer ingresos.

¡Claro, hay un enorme grupo de políticos y periodistas que exigen que los diputados legislen, hagan leyes y no discutan ni hablen, que no piensen ni controlen!

Es claro que el daño no está en la cuestión de los ingresos y los impuestos.  Ni siquiera en el exceso de transferencias y salarios.  Está en otro lado.  No es un tema de evasión fiscal sino de Estado evadido, perdido, enloquecido y políticos irresponsables.  Hay una corrupción de robo y coimas, es cierto.  Pero hay una corrupción mayor en llenar el Estado de obligaciones, inventar transferencias, elevar los gastos públicos, llenar los bolsillos de los burócratas, crear monopolios públicos e impedir el progreso de Costa Rica. 

Una mala concepción del Estado, un exceso de funciones y tareas, un exceso de gasto público y miedo de discutir los resultados, los efectos y el desastroso estado de las finanzas públicas.

Pereza, la madre de todos los vicios …

Federico Malavassi Calvo

Tema Polémico: El diálogo nacional de Edgar Ayales

Esta semana nuestro ministro de hacienda Edgar Ayales hizo público un estudio en el que analiza la situación fiscal del país y se proponen supuestas soluciones. Éstas, aparte de unas cuantas recomendaciones ligadas a la eficiencia del gasto que analizaremos más adelante, no es más que otro intento del Gobierno de querer meternos más impuestos. Por más absurdo que parezca, pues en el estado de la economía actual más impuestos sería como un golpe de gracia al país, en esta ocasión el paquetazo nos llega en un ambiente increíblemente favorable para que pase pues casi todos los partidos políticos con excepción del Movimiento Libertario y casi todos los medios de comunicación lo apoyan. 

La Nación, por ejemplo, casi al mismo tiempo que el documento de Ayales sacó un editorial apoyando abiertamente el aumento de los impuestos y calificando de irresponsables a todos aquellos que estén en contra. Palabras muy fuertes, especialmente viniendo de un medio acusado por fraude fiscal. Qué fácil es pedir más impuestos y no pagar los que le corresponden. Y es que esa es la actitud de la mayoría de las personas que e instituciones que apoyan el paquetazo, aunque nunca lo admiten, creen que es necesario aumentar la carga fiscal pero nunca la propia.

No terminamos de comprender como tantas personas siguen apoyando más impuestos pues son muchísimas razones las que demuestran que ésta no es la solución. En ASOJOD, al igual que todos creemos que esté déficit fiscal sostenido es un enorme problema para el país y debe corregirse pero observamos como los gobernantes siguen tratando de ver como corregirlo de cualquier forma sin tratar de reparar lo que causó el problema desde el puro inicio: el exceso de gasto. La solución supuestamente es más impuestos, pero, ¿Qué se logrará con más impuestos? Una reforma fiscal devastadora para la economía lo más que podría reducir el déficit sería en un 2% del PIB (y lo dudamos pues, sin lugar a dudas, más impuestos implicará más evasión y menos crecimiento económico). El déficit es casi del 6%. Esa solución no solucionará el problema ni tan siquiera en la mitad. La justificación de siempre, y se repite en el documento de Ayales, es que otras economías de Latinoamérica tienen una carga tributaria mayor ¿Y qué? Aunque fuera cierto, esas economías deberían buscar formas para bajar la carga tributaria no verse al contrario.

Basta usar la lógica un poco para concluir que la única manera de solucionar esto es disminuyendo el gasto. El Estado venía con un sostenido superávit fiscal hasta el 2008 que don Oscar Arias Sanchez decidió incrementar el gasto desmedidamente para evitar una crisis. Los problemas de la crisis no se evadieron, tan solo se postergaron unos dos o tres años. La pregunta clave es: ¿Este incremento en el gasto aumentó la eficacia del Estado, la calidad de la educación o de la salud, la infraestructura o disminuyó la pobreza? Para todo esto la respuesta es un categórico NO. Entonces, seguimos con el mismo mal Estado pero ahora es más gastón. La solución es evidente: hay que disminuir el gasto y, por lo menos volver al estado de antes del 2008.

Ahora bien, analizando este documento, se pueden rescatar algunas recomendaciones que consideramos aceptables. Por ejemplo, coincidimos con él en la irresponsabilidad de aprobar proyectos de ley que incrementan gastos sin analizar sus fuentes de financiamiento (situación que nuestra constitución prohíbe). También desaprobamos que más del 90% del presupuesto nacional este comprometido por ley. Finalmente, coincidimos en que contamos con un sistema tributario complicado lleno de excepciones y tasas diferenciadas y eso dificulta mucho la recaudación. Nosotros apoyaríamos una reforma que busque un sistema más se sencillo de tasas bajas sin excepciones. Algo parecido a un “flat tax”. Lamentablemente no sentimos que esta sea la intención de este estudio de nuestro ministro de hacienda.

La intención de este ministro es clara y es más impuestos. Este documento propone implementar IVA, colocarle impuestos a las transacciones bancarias, meter renta global y otras. Muy lamentable, pero lo más lamentable es que esta vez será la vencida y nos “clavarán” más impuestos. Lo mejor que podrán hacer los pocos sensatos que están en desacuerdo con esto es tratar de negociar condiciones un poco menos desfavorables. Lo único bueno que se podría rescatar de este seguro paquetazo es que luego que dejar en evidencia que el problema del déficit no se soluciona con más impuestos; todos, finalmente y porque no les queda de otra, se tendrán que concentrar el verdadero problema que es el gasto.

Desde la tribuna: ¿el acuerdo social costarricense?

En una noticia de La Nación digital del 14 de julio (precisamente en el aniversario de la Revolución francesa) aparece el ministro de Hacienda costarricense, don Edgar Ayales, bajo el título de “Sostenibilidad del acuerdo social costarricense” introduciendo sus tesis en pro de un nuevo paquete tributario.  La motivación general es que el acuerdo social (costarricense)  “que sustenta el financiamiento y provisión de los servicios públicos ha comenzado a mostrar fisuras.  Hemos caído en un círculo vicioso de insuficiencia de recursos, deterioro de los servicios públicos e infraestructura , y la resistencia de la población a financiar servicios públicos de los que obtiene beneficios cada vez más limitados”.

De una vez, el ministro esgrime la defensa del Estado ineficiente e inútil, señalando que “ha hecho (el ministerio de Hacienda) esfuerzos importantes para controlar el nivel y calidad del gasto, a pesar de la rigidez que lo caracteriza  …”.

Quizás es mejor empezar por indicar que, ciertamente, hay una inmensa rigidez en el gasto público costarricense y eso es de lo primero que hay que revisar.  Porcentajes fijos para la educación superior oficial (FESC), porcentaje fijo para la educación costarricense relativo al PIB, fondos para financiar pensiones, problemas e deuda pública y demás “situados” y “zarpazos” constitucionales y legales que impiden un adecuado presupuesto.

La demagogia y el abuso “legalista” han sido mucho y agotan al contribuyente costarricense, impiden una buena organización del gasto y evidencian el clientelismo político y la inequidad del gasto público.   Hay una perversiones muy singulares.

Asimismo, la técnica presupuestaria, hay que pregonarlo, es parte del problema.  Los programas, oficinas y demás cuestiones quedan enquistados en el presupuesto, de tal modo que basta a muchos reiterar el código presupuestario con un incremento un tanto superior a la inflación esperada y ahí nos eternizamos.  Sería mejor un presupuesto base cero, que cada año requiriera justificación y explicación de todos los programas, oficinas y gastos.

La  corrupción, la empleomanía, la ineficiencia y la perpetuación de la burocracia son otra causa del evidente desequilibrio.  La “trocha mocha”  (veinte mil millones de colones perdidos), el descarado e ilegal gasto de Recope (desperdicio de más de veinticinco millones de dólares en los estudios para una refinería, estudios que fueron rechazados por la Contraloría), la misma Recope mantiene incólume la planilla de una refinería que no refina, se estima que más de once mil empleados fueron contratados en vicio en la CCSS, el Estado exige a todos unas gestiones tramitopáticas en sus construcciones pero es el primero que evade los controles (Recope, Acueductos y Alcantarillados), el Estado no cumple con los gastos comprometidos  (el impuesto a los combustibles no ha sido usado como corresponde), los pagos a los trabajadores de energía del sector público son exagerados, desproporcionados y abusivos y ello castiga al sector productivo, el Estado gasta sin ton ni son (las pelotas del Barrio chino en San José), los servidores públicos se sirven con cuchara grande (en la actual tesitura relativa al aumento de salarios, el aumento propuesto para el sector público es mayor que el aumento del sector privado, además de que por régimen ese porcentaje significará más, en razón de “pluses” y otras ventajas).

El punto real es que el Estado no cumple.  Más de 40 años de un IMAS, dedicado a la lucha contra la pobreza y las metas no se cumplen, más de 50 años de políticas para la vivienda y los objetivos no avanzan (cada vez es peor), inmenso gasto público en lucha contra la pobreza y éste aumenta (pero los salarios se pagan y el gasto público aumenta), la electricidad (monopolios públicos de diversa naturaleza) es muy cara y ello afecta la competitividad, nuevos impuestos y la seguridad no mejora, el Ministerio de Educación no solo no participa de la descentralización sino  que se arriesga a suscribir una convención colectiva, de paso se extiende a segundo grado el período para enseñara a leer y escribir.  El Estado no solo no cumple sino que estorba significativamente el desarrollo del sector privado.

Esto no es nuevo.  En la década de los ochentas se justificó un gran paquete tributario (ley para el equilibrio financiero …) en la idea de unos grandes estudios para determinar el desempeño  (hubo necesidad de una acción de inconstitucionalidad por omisión para que se emitieran los estudios, los cuales resultaron una chanfaina), planes de ajuste estructural que no se perfeccionan, cierre de instituciones públicas que no se concluye (CNP, Ifam), formas de administración alternativa que no se realizan integralmente (out sourcing que queda a medio palo), incorporación de nuevas formas para obtener resultados en infraestructura que se ejecuta de manera torticera (CNC, concesión de obra pública cuestionada)

El acuerdo social costarricense no es para mantener un Estado idiota, inútil, abusivo, ineficiente, elefantiásico, atropellador, mentiroso y obstaculizador.  ¡Jamás!  El acuerdo era hacer un esfuerzo fiscal para que la sociedad avanzara un paso y no para eternizar las instituciones de ayuda social y los monopolios públicos.  ¡No hay cuerpo que aguante tales concepciones ni tales abusos

El Estado ha incumplido su parte.  El Imas (ayuda social contra la pobreza extrema) incumplió su parte y hubo que alargarle el período y perpetuarlo, a pesar de su evidente mora.    Los bonos de vivienda se siguen regalando, la empresa privada y las organizaciones de bien social también aportan y el problema está peor que antes.  Las escuelas no avanzan sino que retroceden, la seguridad social hace aguas, los regímenes de pensiones estrangulan los fondos públicos (sobre todo los privilegiados).  

No basta con la expresión de que ha habido “esfuerzos” por parte del Ministerio de Hacienda.  Se requieren logros, hechos, soluciones, arreglos reales.  

No es justo ni bueno arrebatar a los ciudadanos el fruto de su trabajo, con el cuento de que es para hacer sostenible un acuerdo social  (¡qué cuento!).  Así planteado es una extorsión, el eufemismo para seguir expoliando al pueblo.  

A mí no me convence el cuento del ministro Ayales. Veo clara la amenaza y lo veo como un mediador entre secuestrador y secuestrados.   Al menos debería decir la verdad de las cosas y no inventar tal cuento para intentar quitarnos lo nuestro.

Darle más plata al Estado, en este momento, es como darle plata al borracho:  irá a la cantina por más guaro.  ¿Es ése el acuerdo social costarricense?  Me niego a tal interpretación.   Los costarricenses hemos dado plata a la seguridad social para que se resolvieran problemas concretos que no se han resuelto, no para una administración tan ineficiente y anómala.  Hemos entregado fondos y competencias al Estado para que resuelva problemas, no para que juegue de bienhechor y al final estemos peor que antes.  

¡A otros con ese cuento …!

Federico Malavassi Calvo