La columna de Carlos Federico Smith: ahora es la Corte Suprema de Justicia la que no ajusta sus pluses

Continúa la reticencia de ciertos entes gubernamentales a aplicar plenamente lo que exige la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas –mejor conocida como de Reforma Fiscal- aprobada en diciembre del 2018. Anteriormente hice ver el caso de las universidades estatales, que omitieron presentar de forma debida los proyectos de presupuesto ante la Autoridad Presupuestaria, requisito para la aprobación de los presupuestos ordinarios por la Contraloría General de la República.

Ahora sale a la luz pública la “desobediencia” del menos imaginado de todos, el Poder Judicial, que no presentó su presupuesto para el 2020 según lo establece la ley de Reforma Fiscal. La Nación del 21 de diciembre lo expone en su comentario “Contraloría ordena a la Corte ajustar sus pluses a la ley fiscal.”

La Contraloría señala el incumplimiento en el oficio DFOE-PG-0739 de 19 de diciembre, dirigido al presidente del Poder Judicial, Fernando Cruz, en el que ordena “aplicar los ajustes salariales contenidos en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas… a todos los empleados de esa institución.” Además, advierte que, si se incumple esa orden, se “incurriría en una falta grave, por lo cual se expone a sanciones administrativas.” También, que “el jerarca (de la Corte) acredite que cumple con lo ordenado a más tardar el 31 de enero del 2020” y que “debe establecer un mecanismo de seguimiento para garantizar el cumplimiento de la reforma fiscal.”

El origen del desaguisado es una decisión tomada por la Corte Plena en marzo del 2019, en la que, y por mayoría de sus integrantes, acordó mantener los pluses de los empleados antiguos y aplicar las nuevas regulaciones de la Reforma Fiscal, sólo a los empleados contratados con posterioridad a la fecha su aprobación. La Contraloría lo objetó, indicando que la decisión no otorgaba derechos a los trabajadores judiciales, “por lo que no tiene valor jurídico,” pues no identificó “con precisión el derecho concedido, la normativa en que se sustenta y los beneficios debidamente individualizados. Requisitos que, en este caso, no cumple al acto en mención.”

La Contraloría solicita dos cambios al presupuesto del Poder Judicial. El primero, que se varíe el cálculo de los pluses desde un porcentaje del salario a un monto específico. La Corte había decidido mantener a sus empleados antiguos con una anualidad de entre un 1.94% y un 2.55% por año laborado; ahora, deberá ajustarlo a un monto fijo, en función del salario que tenía el trabajador en enero del 2018.

El segundo cambio se refiere al reconocimiento de la cesantía, que la Corte había determinado era, para sus empleados antiguos, de 12 años. La Reforma Fiscal señala un tope de 8 años, que deberá aplicarse a todos los empleados del Poder Judicial.

Esperamos que estos principios de ordenamiento fiscal señalados por la Contraloría General de la República se implementen pronto por la Corte, pues, sin duda, que ella debe dar el ejemplo a los ciudadanos de obediencia de la ley.

Digo esto último, en particular, por la respuesta casi unánime de rechazo por los magistrados de Corte Plena a la decisión de la Contraloría General de la República, en cuanto a que aquella debe pagar los pluses en montos fijos y no porcentuales y que la cesantía de un máximo de 12 años es aplicable a todos los funcionarios, tanto a los anteriores a la reforma fiscal, así como a los contratados posteriormente.

El director jurídico del Poder Judicial se queja de que “La orden no es emitida por la contralora general de la República” sino por “jerarquías de tercer nivel.” Pero, como era de esperarse, dicha orden tiene todo el apoyo de la contralora, señora Marta Acosta, quien rápidamente así lo hizo saber de forma pública. El lamento del Poder Judicial aparece registrado en el artículo de La Nación del 7 de enero, titulado “Magistrados rechazan orden de ajustar pluses a la ley tributaria.”

Ante esa última decisión de la Corte Plena, el malestar ciudadano ha sido sumamente generalizado, como lo resume el diputado presidente de la Asamblea Legislativa, don Carlos Ricardo Benavides, al recordarnos que “la ley se aprobó para aplicarla a todos los funcionarios públicos, sin excepción.” El sentir de la ciudadanía me parece que es contundente en su apreciación de que los magistrados sólo están defendiendo sus privilegios injustos y que “nadie está por encima de la ley,” empezando por los magistrados. ¡Cuánto duele ver a lo que ha llegado nuestro Poder Judicial! Ni piensen que, con decisiones como las señaladas, lograran el respeto de los ciudadanos. Lástima por el daño que le están causando al orden en nuestra sociedad y por el mal ejemplo que nos brindan.

 

 

 

 

 

Jorge Corrales Quesada.

La columna de Carlos Federico Smith: mantenidos por otros

El presidente de la ANDE, don Gilberto Cascante, dijo recientemente en una comparecencia ante una comisión legislativa encargada de analizar el proyecto de empleo público, que “los pluses salariales… muchas veces son la forma de subsistir económicamente.” Por supuesto que todo ser humano debe subsistir económicamente, pero debe hacerlo no viviendo gracias a una imposición obligatoria sobre toda la ciudadanía, quien paga por privilegios, como lo son los pluses, a los que no todos los ciudadanos pueden acceder, sino sólo un grupo concreto, específico. 

La fuente de este comentario es el artículo de La Nación del 2 de octubre titulado “Presidente de ANDE: Pluses salariales son una ‘forma de subsistir.’”

Es cierto que, en sociedad, todos vivimos de todos, pero gracias al esfuerzo de cada uno de nosotros. El mejor ejemplo es que, quien se dedica a una actividad productiva, depende de qué tan bien sirva a sus amos, los consumidores. De no hacerlo así, su empresa fracasará y tendrá pérdidas, conceptualmente no deseables y que, sin duda duelen. Al estar sujeto a la voluntad soberana del consumidor, debe competir por ganarse su buena voluntad para que adquiera lo que él le ofrece y que, presuntamente, satisface las necesidades y deseos de los consumidores. En particular, si cobrara más caro, si es áspero y hasta hostil con sus clientes, y si lo que le ofrece al consumidor es un producto de mala calidad, los consumidores le dejarán con sus chunches (inversiones, tecnología, ideas -fallidas en este caso hipotético- deudas, instalaciones y un largo etcétera de recursos que destinó a una inversión que no le sirvió a sus consumidores). 

Lo esencial del asunto es que esa relación es voluntaria y, para que se dé, ambas partes han de estar ganando, pues, de no hacerlo una de ellas, simplemente no participaría de la relación de compra y venta. Esto es muy distinto al pago que la sociedad hace por medio de pluses al gremio del señor Cascante, pues, para que el trabajador de la educación reciba ese pago, el ciudadano-consumidor es obligado, forzado, por el gobierno, por medio de impuestos, endeudamiento o inflación, a darle parte de sus recursos para pagar esos pluses, que tal vez no lo haría si libremente pudiera hacerlo. (Si estuviera libremente dispuesto a pagarlo, no serían necesarios impuestos obligatorios, sino que lo haría, pues considera que el servicio recibido vale la pena).

La persona debe buscar “subsistir” ´por sí misma y sólo en casos excepcionales otros deben correr obligatoriamente por la cuenta de dicha manutención, como es el caso de menores de edad o de discapacitados o de quienes sufren una tragedia temporal que les impide sobrevivir. Pero un adulto debe, como premisa, buscar cómo lograr que sus servicios sean valorados por el resto de las personas, para que libremente paguen por ellos. El estímulo de vivir mejor (subsistencia o manutención) debe hacer que la persona busque cómo mejorar sus aptitudes y capacidades para servir a terceros, sin obligar a nadie a mantener a nadie (excepto en condiciones extremas), así como a nadie se le debe exigir que practique la caridad por la fuerza (la caridad es voluntaria y no obligada; si fuera esto último, no sería caridad). Entonces, uno se mantendría por su esfuerzo propio no por los de otros.

Tal vez lo que tiene en mente el presidente de ANDE es que los salarios de los maestros son bajos (aunque los pluses no son sólo para ellos, sino también para la burocracia de la educación estatal), pero, en tal caso, lo deseable es que la política salarial se base en lo que la gente está dispuesta a valorar por la educación que reciben sus hijos. Una de las virtudes de la propuesta de un bono educativo (o “voucher” como se le llama en ocasiones) es que así la gente puede reflejar sus preferencias y valoraciones de los servicios que recibirían de maestros (mediante empresas o asociaciones que los contratarían). 

La idea del bono es que el gobierno le daría cierta suma de dinero a los padres por cada hijo, para que sólo sea gastado en su educación en el centro educativo de su elección, en vez de obligarles a ir a escuelas públicas, en donde ellos no son quienes los contratan para poder valorar sus servicios (bajo ese concepto, podrían existir escuelas públicas compitiendo en el mercado con otras por esos bonos educativos).

Esa propuesta, por supuesto, no es aceptable para muchos en el liderazgo sindical, pues simplemente perderían muchos ingresos, pues es posible que ya esos maestros asociados al sindicato no lo sean más, pues ya no se requiere de una presión para obligar al gobierno a pagar ciertos salarios (más pluses), pues, en el nuevo mercado competitivo, quienes definan eso serían los múltiples oferentes y demandantes de servicios educativos, quienes acordarían libremente los pagos.

Además, en dicha comparecencia legislativa, el presidente de ANDE dijo que esos pluses necesarios para complementar los salarios y la subsistencia económica de sus asociados, se han dado “a costa de un aumento desmedido de la carga laboral docente, al tener que atender más estudiantes o tareas complementarias de la función docente.” Pero, según datos estadísticos, la población estudiantil por maestro ha disminuido significativamente en el país en los últimos años, debido al menor crecimiento de la población, además de que el salario se paga no sólo por los servicios de educadores en el aula, sino por “las tareas complementarias.” que forman parte del servicio completo.

También, el presidente de ANDE, dijo que era una “falsa premisa… que los salarios de los empleados son causa del déficit fiscal del país,” pero el déficit es el exceso de gasto público sobre impuestos que recauda el gobierno y, por ello, al ser los salarios de esos empleados (y cualquier otro gasto, ya sea de salarios, de inversiones físicas, etcétera; todo tipo de gasto) parte integral de ese gasto total, dan lugar a que surja el déficit. Un dato importante debe ser parte de esta reflexión: “Entre el 2007 y el 2018, el gasto en remuneraciones (salarios y otros pagos como pluses) del Gobierno Central subió de ¢1.2 miles de millones [el medio cita erradamente ¢1.2 millones] a ¢2.4 miles de millones, lo que equivale a un alza del 100%.”

Para terminar, se ha dicho que, ante el proyecto de ley de empleo público, en una primera instancia parecería que “un 30% de los funcionarios podría ver un aumento de sueldo,” pero el presidente de ANDE agrega que ese “aumento es muy difícil mantenerlo en el tiempo, y el poder adquisitivo futuro se verá afectado.” No obstante, nada dice que los ajustes por inflación al nuevo salario siempre se darían. Eso sí, se deja de lado el efecto expansivo adicional de los pluses sobre los salarios pagados. Los pluses se verían disminuidos, pues, sin duda, son un disparador automático del gasto gubernamental (y de una u otra forma de impuestos, presentes o futuros) al montarse sobre los aumentos en los salarios bases. 

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: insaciables o ignorantes

No hace mucho leí un artículo en La Nación del 8 de enero, titulado “Pluses se comen el 26% de fondos para las ‘U’ públicas.” Brinda información importante que compartiré con ustedes, en especial porque la fuente final de donde provienen esos pluses es el aporte ciudadano en impuestos pagados al gobierno, quien lo transfiere como parte del llamado Fondo Especial para la Educación Superior (FEES). Para este año -en medio de la crisis fiscal y de nuevos impuestos que pronto entrarán en vigencia- inicialmente se estimó que ascendiera a la suma de ¢511.154 millones, pero, después y gracias a la gestión de diputados, se redujo a ¢501.154 millones (rebaja de apenas un 1.95% del total inicial).

El FEES traslada los recursos provenientes de impuestos a los presupuestos de la Universidad de Costa Rica (UCR), de la Universidad Nacional (UNA), del Instituto Tecnológico (TEC) y de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). La Universidad Técnica Nacional (UTN) recibe, por fuera del FEES, un aporte de los ciudadanos mediante el presupuesto del gobierno, por una suma de alrededor de ¢35.000 millones.

Sólo en pluses, las universidades citadas (excepto la UTN), según un estudio de la Contraloría General de la República, gastarán, en sueldos más pluses, más del 65% del FEES. Esto es, alrededor de ¢318.000 millones.

Veamos algunos datos de pluses en la UCR, mencionados en aquel artículo:
 

1. Hay 17 pluses.
 

2. El salario promedio anual de un trabajador de la UCR asciende a ¢19.8 millones (recuerden que los profesores por horas ganan muchísimo menos). De eso, un 40.3% es por sobresueldos; o sea, los pluses promedio anuales son de alrededor de ¢8 millones.
 

3. Tan sólo 6  de los 17 pluses son: para un académico, un 3.75% anual de su salario por cada año laborado; otro porcentaje similar por algo llamado escalafón que reconoce el tiempo laborado; un 30% por dedicación exclusiva; un 30% por mérito académico; si se le pide que labore fuera de su lugar de residencia, agregue un 39% adicional y, si tiene que desplazarse a otra sede de la UCR, podría recibir otro plus adicional del 29%.
 

4. Los 9.780 trabajadores de la UCR se estima que recibirán un total de ¢77.849 millones en este año.
Veamos algunos datos de pluses en la UNA, citados en aquel artículo:
 

1. Hay 16 pluses.
 

2. El salario promedio anual de un trabajador de la UNA asciende a ¢23.2 millones (recuerden que los profesores por horas ganan muchísimo menos). De eso, un 29.3% es por sobresueldos; o sea, los pluses promedio anuales son de alrededor de ¢6.8 millones.
 

3. Un profesor puede tener un 4% anual de su salario por cada año laborado
 

4. Los 3.369 trabajadores de la UNA se estima que recibirán un total de ¢22.774 millones en este año.
Veamos algunos datos de pluses en el TEC, expuestos en el artículo citado:
 

1. Hay 8 pluses.
 

2. El salario promedio anual de un trabajador del TEC asciende a ¢25.2 millones (recuerden que los profesores por horas ganan muchísimo menos). De eso, un 40.5% es por sobresueldos; o sea, los pluses promedio anuales son de alrededor de ¢8 millones.
 

3. Tan sólo 4 de los 8 pluses son: para un profesor, un 4% anual de su salario por cada año laborado (eso para los salarios más altos y un 6% para los salarios más bajos); un 56% por el grado académico; un 30% por dedicación exclusiva y un porcentaje variable por carrera profesional.
 

4. Los 1.778 trabajadores del TEC se estima que recibirán un total de ¢18.100 millones en este año.
Veamos algunos datos de pluses en la UNED, mencionados en dicho artículo:
 

1. Hay 4 pluses.
 

2. El salario promedio anual de un trabajador de la UNED asciende a ¢14 millones (recuerden que los profesores por horas ganan muchísimo menos). De eso, un 37.1% es por sobresueldos; o sea, los pluses promedio anuales son de alrededor de ¢5.2 millones.
 

3. Los 2.800 trabajadores de la UNED se estima que recibirán un total de ¢14.672 millones en este año.
 

Y, veamos algunos datos de pluses en la UTN, expuestos en aquel artículo:
 

1. El salario promedio anual de un trabajador de la UTN asciende a ¢14 millones (recuerden que los profesores por horas ganan muchísimo menos). De eso, un 27.1% es por sobresueldos; o sea, los pluses promedio anuales son de alrededor de ¢3.8 millones.
 

2. Los 1.896 trabajadores de la UNED se estima que recibirán un total de ¢7.205 millones en este año.
 

¿Se acuerdan de aquellos ¢10.000 millones que los diputados recortaron al presupuesto inicial para este año del FEES, que ascendía a ¢511.154 millones? Pues ante esto, los rectores de las universidades subvencionadas pusieron un recurso ante la Sala IV, pidiendo restaurar esos fondos. Independientemente de la validez jurídica del alegato, valió la pena escuchar a un rector decir que esos fondos equivalían a que no se abriera una sede universitaria en Golfito, la que costaría más o menos eso. 

Tal vez eso es cierto, pero es una explicación que puede servir para señalarles a esos rectores que esos ¢10.000 millones recortados se podrían usar para reparar numerosas escuelas y colegios en mal estado físico, o, tal vez, para construir un hospital, pues ya no dan abasto, o cárceles que hoy son lamentables o bien carreteras a medio camino de construirse, que han tardado años en construirlas, o, ¿por qué no?, para reducir la jáquima de la deuda pública que hoy pesa sobre la espalda de cada ciudadano contribuyente e incluso reducir un gasto estatal desmesurado que nos tiene en las dificultades económicas serias que hoy vivimos. Francamente, es una falsa creencia de que el dinero público, el de todos los ciudadanos, sólo tiene un uso posible, -el de una sede universitaria en una zona rural. como lo que señala ese rector. El drama me recordó el título de una vieja película: “Los Insaciables,” además de una ignorancia básica del concepto económico del costo.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: el salario único. El caso de la ARESEP

En muchas ocasiones hemos escuchado la idea de que la solución al problema de la estructura salarial en el gobierno, así como el alto costo de la planilla, se resolverían una vez que se eliminaran los diversos pluses y se fijara un salario llamado único. Tengo la impresión que en varias instituciones gubernamentales lo han hecho así, como los casos que me llegan a la mente del Banco de Costa Rica, de la Contraloría General de la República y de la ARESEP. Destaco que una característica del sistema de salario único es la voluntad de aceptarlos para los trabajadores del momento en que se acuerdo, y su vigencia para todo nuevo trabajador que ingrese a la institución (cerca de un tercio de los empleados del BCR está todavía bajo el sistema antiguo de pluses).
 

Al momento no parece haber un estudio sistemático de si la reforma ha tenido un efecto, además de eliminar el sistema basado en pluses en el grado en que lo han aceptado los trabajadores “viejos,” de contención o reducción del peso salarial en los presupuestos de las instituciones que han puesto en marcha el sistema de salario único.
 

De aquí que considero que es sumamente interesante y útil lo que nos presenta la edición de La Nación del 30 de julio, bajo el titular “Salarios en ARESEP crecen en 34% en cinco años: De ¢7.125 a ¢9.572 millones para el 2019,” para ver los efectos del cambio en la política salarial, dado que esa institución desde el 2008 estableció el salario único.
 

El medio señala que en cinco años (del 2014 y el 2019), “el gasto en sueldos para sus 332 empleados habrá aumentado un 34%,” e indica que, entre las causas de ello, “está un aumento en la cantidad de empleados”, en “el mayor pago de remuneraciones corresponde al aumento en la cantidad de plazas, sobre todo el ocurrido en el 2015, cuando se crearon 17,” como lo reconoce la ARESEP. Los salarios, sin incluir las cargas sociales se incrementaron en un 34% en esos 5 años.
 

La comparación que a uno le gustaría tener es cuánto han aumentado los costos salariales, incluyendo pluses, para los cerca de 110 empleados que están bajo el anterior régimen salarial y cuánto para los restantes (aproximadamente 230 empleados bajo salario único), para así comparativamente valorar cuánto es el peso respectivo de cada uno de los sistemas en el total de erogaciones salariales totales de la institución.
 

Esto nos diría, en el caso hipotético de que los salarios únicos crezcan menos que los otros que comprenden pluses, que la reforma, a largo plazo, puede ser la conveniente en un marco de entrarle a los costos de cualquier institución, pero, también, se debe tomar en cuenta otro factor que surge cuando algún ente pretenda hacer la transformación de un sistema de pluses a un sistema de salario único, cual es el punto de partida.  Esto es, si, cuando se instauró el salario único, había montos muy elevados en comparación con los salarios anteriores basados en pluses y, por ello, se tiene un peso mayor de la carga salarial.
 

Claro, lo difícil de la transacción es que, dado que cambiar de un salario con pluses hacia un único de carácter voluntario, posiblemente, para que los trabajadores acepten el cambio, la entidad deba ofrecer un monto mayor al inicio bajo los salarios únicos, que el sustentado en pluses.
 

Según el reporte periodístico, las remuneraciones básicas, que comprenden servicios especiales, suplencias y sueldos para puestos fijos que incluye el salario único, han crecido en un 37% en esos cinco años, pues pasaron de ¢4.505 millones en el 2014 a ¢6.173 millones en el 2019. Por su parte, los pluses crecieron de ¢2.620 millones en el 2014 a ¢3.399 millones en el 2019; esto es, un aumento de 29.7%. Pero, lamentablemente, no nos permiten aseverar con exactitud que el sistema salarial basado en pluses ha crecido menos que el nuevo basado en un salario único, pues aquella cifra de remuneraciones incorpora la parte del salario a la que se adicionan los pluses para conformar el pago a los trabajadores “viejos.”
 

Se necesita una mejor separación de las partidas para saber si el nuevo sistema es más económico o no que el viejo basado en pluses.
 

Pero, como que por todo lado sigue vigente el serio problema de elevados salarios en el sector gubernamental, que en última instancia son sufragados por los ciudadanos. En el caso particular de la ARESEP, provienen de “los cánones que cobra a 70 entidades o empresas de servicio público por las labores de regulación, los cuales, a su vez, se trasladan a las tarifas que pagan los usuarios.”  Esto es, que, si bien el gasto en el costo laboral del sistema de los salarios únicos podría crecer menos que como lo hace el sistema de salarios más pluses, el cambio puede haber significado una suma muy elevada en el costo total laboral de la entidad.
 

Sugiero al medio hacer la comparación debida, así como analizar el impacto habido en el cambio del esquema salarial de la Contraloría y del Banco de Costa Rica, para valorar adecuadamente si se ha traducido en una reducción de costos para la ciudadanía.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: sigue el jolgorio de pluses en RECOPE

¿Se acuerdan cuando RECOPE redujo el costo de su convención colectiva que en su presupuesto del 2015 había llegado a un máximo de ₡25.263 millones? A pesar de la reducción estimada en un monto de ₡5.048 millones en el lapso de tres años, si bien originalmente se consideró una reducción de ₡8.320 millones, las cosas están retrocediendo. Mientras que en el presupuesto del 2016 se estimó que el costo de la convención colectiva sería de ₡23.810 millones y el correspondiente al 2017 de ₡23.625 millones, ya en el del 2018, año en que todavía se esperaría una reducción de los privilegios en los montos acordados en el 2105, más bien los privilegios aumentan a ₡24.847 millones. O sea, una reculada significativa de lo acordado.

Los datos provienen de un artículo de La Nación del 15 de enero, que lleva por título “Nuevo plus, extras y vacaciones encarecen convención de RECOPE: Costo de sobresueldos subiría ₡1.200 millones este año respecto al 2017.” 

Una pregunta obvia es ¿por qué tal aumento? Son varios los factores que están impulsado esta alza en los gastos presupuestos. Por una parte, en las negociaciones del 2016 se creó un nuevo privilegio llamado “incentivos a personal no profesional,” con un monto equivalente entre 3 y 5% de los salarios de esos trabajadores de RECOPE (además del aumento salarial del año por inflación). El impacto de este nuevo plus fue de ₡204 millones en el 2017 y de ¡₡758 millones en el 2018! Esto es, en este año el incremento de tan sólo ese rubro fue de ₡554 millones; o sea, de un 115% de aumento entre el 2017 y el 2018. Vaya usted a saber las razones de ello.

Pero, el mayor incremento en pluses de RECOPE se da en las partidas de vacaciones y horas extra, pues pasa de ₡1.276 millones en el 2017 a ₡2.293 millones en el 2018; esto es, un alza en este año de ₡1.017 millones con respecto al año anterior, lo que equivale a un acrecentamiento del 79% en el año. Casi nada. ...Y, de nuevo, “vaya usted a saber las razones de ello.”

Obviamente, esos gastillos los tendremos que pagar los consumidores cautivos de RECOPE con un aumento en los precios de los combustibles, del cual no nos podemos escapar pues la condición monopólica de RECOPE nos exige adquirir sus productos, sea cual sea el precio que se nos cobre. De hecho, el pasado 22 de diciembre RECOPE le pidió al órgano “regulador”, la ARESEP, que aumentara en ₡5.89 al litro de gasolina súper; de ₡5.45 al de la regular y de ₡4.80 al de diésel. Esta alza se debe al aumento de los gastos operativos de RECOPE que incluyen aquellos privilegios aumentados. 

Esta es la trágica historia usual: los privilegios de la burocracia son trasladados a los bolsillos de los consumidores, quienes nos vemos obligados por el monopolio a pagar el precio que, en contubernio con tal política, defina ARESEP. No tenemos escape: a pagar todos por los privilegios de algunos pocos.

Jorge Corrales Quesada