La columna de Carlos Federico Smith: premiando el ocio

Leí con interés la información de La Nación del 22 de agosto, titulada “Investigación revela alarmantes resultados en educación pública de Costa Rica,” y, conforme pasaba las líneas, más me angustiaba el rumbo que ha tomado este país en cuanto a la calidad de su educación, desazón que ha aumentado al ver que los sindicatos de ANDE y APSE, una vez más, acuden a dejar a sus estudiantes sumidos en la ignorancia, al no enseñarles lo mínimo debido, por estar en huelgas casi constantes.

El problema es que la educación pública del país está en plena declinación, según lo señala el VII Informe Estado de la Educación publicado el 21 de este mes. Según el medio, la educación pública nuestra se caracteriza, entre otras cosas, porque hay “programas de estudios que los docentes se resisten a aplicar, una gran mayoría de escuelas… no imparten (sic) el currículum completo de materias, graves deficiencias en Español y Matemáticas.” Indica que “los resultados en general son desalentadores y no responden a la billonaria inversión que el país hace en esta materia” y que “el único factor que resulta satisfactorio es la cobertura en la preescolar, con el problema de que no está acompañado de una mejor calidad.” El presupuesto del MEP se ha cuadruplicado en los últimos 12 años, pasando de ¢679.659 millones en el 2007 a ¢2.600 millones en el 2019.

Veamos algunos datos: 

En educación preescolar (niños de 4 a 5 años), se mejoró su cobertura al llegar a un 80% mientras que en la década previa era de un 60%. Pero, el informe señala que “Los estudiantes de preescolar… registran bajos niveles en sus habilidades lectoras al iniciar el año, (lo) que se mantiene… al finalizar el curso lectivo.” En dos palabras: no progresaron en su aprendizaje.
 

Hay un desprecio hacia la educación preescolar, pues, a partir de información recabada de profesores universitarios al respecto, “el 49% de (los) docentes (de preescolar) que enseñan tienen (sic) 50 años, en promedio; no tienen contacto diario con las aulas de preescolar debido a que dejaron de impartir lecciones y tienen un puesto en propiedad; el 51% restante tiene 43 años en promedio, son interinos y sí laboran con niños.” En ambos grupos “se encontró poca actualización y participación en las tareas académicas” y son “poco propensos a la investigación y al desarrollo de capacidades innovadoras.”
 

En educción primaria, “93.4% del total de alumnos asisten (sic) a instituciones que no imparten” el currículum completo definido por el Consejo Superior de Educación en 1977. Así, los estudiantes se ver perjudicados al no recibir todas las materias, como también porque “los cambios en los programas de las que sí reciben no se implementan en la clase.” El 45% de 364 maestros que fueron entrevistados no aplica el programa de Español cuya reforma viene desde el 2014, “para incorporar principios que logran un mejor desempeño, basado en descubrimiento de la neurociencia,” y se considera que ese programa es “poco relevante” para enseñar el idioma español. Un “85% no permite interrupciones cuando se lee en voz alta y el 66% no comenta experiencias personales en la lectura.” Según el informe citado, esas acciones “no permiten la lectura dialogada, estrategia… para promover el desarrollo de las habilidades lingüísticas, aclarar conceptos, ampliar conocimiento y enriquecer el vocabulario.”
 

Como se llegó a saber del VII Informe de Estado de la Educación “Al 74% de maestros no les gusta leer,” pues, a partir de “una consulta realizada a maestros de primaria, encargados de enseñar a leer y escribir…”, un “74% manifestó que concibe la lectura como un ejercicio obligatorio, ajeno al gusto y el placer propios de esa experiencia.” ¡Por Dios, no diré nada y sólo recordaré con devoción a mis maestros de primaria -además del esfuerzo de mis padres en su hogar- para enseñarme a leer, con su ejemplo y amor hacia la lectura!
 

En educación secundaria, si bien creció en la cantidad de alumnos (42.383 entre el 2011 y el 2018), ese aumento se dio porque ofertas educativas de menor calidad que la tradicional (como el CINDEA), atraen a los alumnos.
 

“En el 2018, sólo el 75% de los alumnos de tercer ciclo (sétimo, octavo y noveno año) y el 48% de educación diversificada (cuarto y quinto año) está en las aulas en el rango de edad oficial del MEP;” o sea, se está envejeciendo la población de secundaria.
 

El medio indica que un estimado de 53.000 adolescentes, entre 12 y 16 años, está fuera del sistema educativo.
 

En las universidades públicas, el informe encontró que “el porcentaje de personas entre 25 y 34 años que debería contar con educación superior está igual que en 2009 (28%) y, a partir de 2014, viene en caída el número de títulos entregados por año.” Esto ha significado un aumento en la brecha con respecto a los países de OCDE, pues era de 6% a fines de los años noventa y en el 2017 ya es de 16.5%.
 

Es importante destacar que, apenas un 37% de la oferta total de carreras en las universidades, está en las áreas de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.
 

Ante esta situación tan lamentable de nuestra educación, la tristeza o angustia aumenta, al darse cuenta uno del grado de irresponsabilidad de los líderes sindicales del magisterio, quienes, un día sí y el otro también, encuentran razones para lanzarse a huelgas que, entre las cosas que logra, está estimular la ignorancia y el desconocimiento entre estudiantes, quienes tan sólo pasan a ser actor secundario del proceso educativo, primando la conservación de privilegios, más que otra cosa, entre la dirigencia sindical.
 

Pero, ¿cómo la ciudadanía no se va a molestar, con justa razón, cuando en un año, el sindicato de profesores de secundaria APSE ha estado en huelga 107 días y, por su parte, el sindicato de maestros, ANDE, ha pasado 94 días en huelga? Muy cerca de la mitad de lo que efectivamente dura nuestro curso lectivo.
 

Claro, el incentivo obvio es que el costo de irse a una huelga es inexistente -y, tal vez, hasta placentero- para los huelguistas. Sencillamente, con el dinero de los ciudadanos contribuyentes se les paga el mismo salario (con todo y pluses), ya sea que trabajen o no. El estímulo hacia la irresponsabilidad es obvio y, si no se frena este abuso, simplemente seguirán las huelgas, sin importar, como es en el caso aquí descrito, que nuestra educación pública vaya en picada. 

Afortunadamente, decisiones recientes del Congreso parecen haber puesto un alto a este abuso, por lo que esperamos con ansia que esa mayor dedicación que ahora deberá tener el gremio magisterial, se traduzca en una mejora de la educación pública del país. Después de todo, la educación es esencial -no un servicio estratégico, como eufemísticamente se le ha considerado- para que el país tenga un futuro mejor del país y por ello es indispensable que se haga el mejor uso posible de los recursos escasos, lo que incluye la eliminación del desperdicio ante huelgas innecesarias.
 

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: insaciables o ignorantes

No hace mucho leí un artículo en La Nación del 8 de enero, titulado “Pluses se comen el 26% de fondos para las ‘U’ públicas.” Brinda información importante que compartiré con ustedes, en especial porque la fuente final de donde provienen esos pluses es el aporte ciudadano en impuestos pagados al gobierno, quien lo transfiere como parte del llamado Fondo Especial para la Educación Superior (FEES). Para este año -en medio de la crisis fiscal y de nuevos impuestos que pronto entrarán en vigencia- inicialmente se estimó que ascendiera a la suma de ¢511.154 millones, pero, después y gracias a la gestión de diputados, se redujo a ¢501.154 millones (rebaja de apenas un 1.95% del total inicial).

El FEES traslada los recursos provenientes de impuestos a los presupuestos de la Universidad de Costa Rica (UCR), de la Universidad Nacional (UNA), del Instituto Tecnológico (TEC) y de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). La Universidad Técnica Nacional (UTN) recibe, por fuera del FEES, un aporte de los ciudadanos mediante el presupuesto del gobierno, por una suma de alrededor de ¢35.000 millones.

Sólo en pluses, las universidades citadas (excepto la UTN), según un estudio de la Contraloría General de la República, gastarán, en sueldos más pluses, más del 65% del FEES. Esto es, alrededor de ¢318.000 millones.

Veamos algunos datos de pluses en la UCR, mencionados en aquel artículo:
 

1. Hay 17 pluses.
 

2. El salario promedio anual de un trabajador de la UCR asciende a ¢19.8 millones (recuerden que los profesores por horas ganan muchísimo menos). De eso, un 40.3% es por sobresueldos; o sea, los pluses promedio anuales son de alrededor de ¢8 millones.
 

3. Tan sólo 6  de los 17 pluses son: para un académico, un 3.75% anual de su salario por cada año laborado; otro porcentaje similar por algo llamado escalafón que reconoce el tiempo laborado; un 30% por dedicación exclusiva; un 30% por mérito académico; si se le pide que labore fuera de su lugar de residencia, agregue un 39% adicional y, si tiene que desplazarse a otra sede de la UCR, podría recibir otro plus adicional del 29%.
 

4. Los 9.780 trabajadores de la UCR se estima que recibirán un total de ¢77.849 millones en este año.
Veamos algunos datos de pluses en la UNA, citados en aquel artículo:
 

1. Hay 16 pluses.
 

2. El salario promedio anual de un trabajador de la UNA asciende a ¢23.2 millones (recuerden que los profesores por horas ganan muchísimo menos). De eso, un 29.3% es por sobresueldos; o sea, los pluses promedio anuales son de alrededor de ¢6.8 millones.
 

3. Un profesor puede tener un 4% anual de su salario por cada año laborado
 

4. Los 3.369 trabajadores de la UNA se estima que recibirán un total de ¢22.774 millones en este año.
Veamos algunos datos de pluses en el TEC, expuestos en el artículo citado:
 

1. Hay 8 pluses.
 

2. El salario promedio anual de un trabajador del TEC asciende a ¢25.2 millones (recuerden que los profesores por horas ganan muchísimo menos). De eso, un 40.5% es por sobresueldos; o sea, los pluses promedio anuales son de alrededor de ¢8 millones.
 

3. Tan sólo 4 de los 8 pluses son: para un profesor, un 4% anual de su salario por cada año laborado (eso para los salarios más altos y un 6% para los salarios más bajos); un 56% por el grado académico; un 30% por dedicación exclusiva y un porcentaje variable por carrera profesional.
 

4. Los 1.778 trabajadores del TEC se estima que recibirán un total de ¢18.100 millones en este año.
Veamos algunos datos de pluses en la UNED, mencionados en dicho artículo:
 

1. Hay 4 pluses.
 

2. El salario promedio anual de un trabajador de la UNED asciende a ¢14 millones (recuerden que los profesores por horas ganan muchísimo menos). De eso, un 37.1% es por sobresueldos; o sea, los pluses promedio anuales son de alrededor de ¢5.2 millones.
 

3. Los 2.800 trabajadores de la UNED se estima que recibirán un total de ¢14.672 millones en este año.
 

Y, veamos algunos datos de pluses en la UTN, expuestos en aquel artículo:
 

1. El salario promedio anual de un trabajador de la UTN asciende a ¢14 millones (recuerden que los profesores por horas ganan muchísimo menos). De eso, un 27.1% es por sobresueldos; o sea, los pluses promedio anuales son de alrededor de ¢3.8 millones.
 

2. Los 1.896 trabajadores de la UNED se estima que recibirán un total de ¢7.205 millones en este año.
 

¿Se acuerdan de aquellos ¢10.000 millones que los diputados recortaron al presupuesto inicial para este año del FEES, que ascendía a ¢511.154 millones? Pues ante esto, los rectores de las universidades subvencionadas pusieron un recurso ante la Sala IV, pidiendo restaurar esos fondos. Independientemente de la validez jurídica del alegato, valió la pena escuchar a un rector decir que esos fondos equivalían a que no se abriera una sede universitaria en Golfito, la que costaría más o menos eso. 

Tal vez eso es cierto, pero es una explicación que puede servir para señalarles a esos rectores que esos ¢10.000 millones recortados se podrían usar para reparar numerosas escuelas y colegios en mal estado físico, o, tal vez, para construir un hospital, pues ya no dan abasto, o cárceles que hoy son lamentables o bien carreteras a medio camino de construirse, que han tardado años en construirlas, o, ¿por qué no?, para reducir la jáquima de la deuda pública que hoy pesa sobre la espalda de cada ciudadano contribuyente e incluso reducir un gasto estatal desmesurado que nos tiene en las dificultades económicas serias que hoy vivimos. Francamente, es una falsa creencia de que el dinero público, el de todos los ciudadanos, sólo tiene un uso posible, -el de una sede universitaria en una zona rural. como lo que señala ese rector. El drama me recordó el título de una vieja película: “Los Insaciables,” además de una ignorancia básica del concepto económico del costo.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: viva la diferencia

Estoy casi seguro que una enorme cantidad de jóvenes que han acudido a esas actividades en donde se reciben solicitudes de empleo para trabajar en la empresa privada, se da cuenta de que, ante lo limitado que suele ser el curriculum, quien le entrevista para el trabajo o le hace allí una evaluación si la labor por realizar no es compleja o, bien, si parece ser interesante, luego en la empresa o en la oficina reclutadora se le valoran los conocimientos, experiencias, aptitudes, inteligencia y similares, antes de contratársele. Ese es el comportamiento lógico, usual, cuando una empresa quiere contratar a alguien para que labore a cambio de un sueldo. En esencia, quien le contrata estará dispuesto a pagarle un salario en función de aquellos atributos, empezando porque los salarios saldrán de una persona específica de la empresa: el dueño o sus dueños, quienes buscarán hacer el mejor uso de su dinero escaso.

Veamos ahora lo que señala el Estado de la Educación, en su informe “Costa Rica: El estado de políticas públicas docentes,” que aparece citado como una fuente original para el artículo de La Nación del 17 de agosto, titulado “Servicio Civil recluta maestros sin evaluar sus conocimientos.” Dice el Estado de la Educación: “Ni la vocación del educador, ni sus habilidades sociales, conocimiento y prácticas en el aula son tomados en cuenta para su selección. El modelo de contratación no ha evolucionado al ritmo de otras reformas, ni según con nuevas necesidades de aprendizaje de los estudiantes, como tampoco lo han hecho los filtros de ingreso a las carreras de Educación.” 

En sencillo, como dice el medio, lo que se pide es “tener un título y estar afiliado al colegio profesional respectivo.” Obviamente algo ridículo, oneroso, irresponsable y causal potencial de un grave daño a los estudiantes. Sabemos que hay diversidad de calidades en títulos y el ridículo contractual es que esa misma Dirección del Servicio Civil, ajusta puntos para la calificación de un puntaje, si presenta otros títulos que incluso no tienen relación alguna con la carrera docente que se espera llenar.

Y la exigencia de estar colegiado es otro abuso a la inteligencia, pues para que usted pueda traer maestros del exterior ahora sólo podrían dar clases si son colegiados (no es nada raro que se les ofrezca colegiación honoraria, pero tal, vez, eso sí, pagando las cuotas del colegio…). No colegiados como Sócrates, Platón o Aristóteles, o, más modernamente en nuestra Universidad de Costa Rica, profesores españoles como don Constantino Láscaris o don Teodoro Olarte o don Francisco Álvarez, así como John De Abate o el guatemalteco Salvador Aguado, todos de la segunda mitad del siglo pasado, no podría ser maestros. Todo un abuso evidente a la inteligencia.

Pero, el Servicio Civil no ve si los maestros que contratan para las escuelas públicas, por supuesto pagados por todos nosotros, tienen vocación, conocimiento o habilidades para el cargo. Ello, a pesar de que desde el 2012, una vez más como con otras cosas de nuestra folclórica burocracia, la Sala Constitucional había ordenado que el Servicio Civil aplicara “pruebas de conocimiento a los oferentes en concursos públicos y establecía un período para evaluar aspectos de razonamiento verbal y numérico, así como conocimientos científicos relacionados al ámbito profesional respectivo.”

El informe agrega aún más, pues el Ministerio de Educación Pública, señala el medio, “no cuenta con programas de inducción para los nuevos docentes [¿entran directo a dar las clases?], ni tiene un sistema de evaluación del desempeño… (ni) ofrece capacitación continua que supla carencias de una formación inicial.” Estamos bien jodidos… y todavía así, recientemente, el MEP envió ¢15.000 millones de sus recursos para financiar la educación superior del estado (FEES) y, obviamente, no en ignorancia de esta enorme debilidad de la educación básica de nuestro país.

Pero, no hay problema. ¿Se acuerdan de los pluses en el gobierno? ¿Particularmente de aquel relacionado con la calificación del desempeño de los docentes para efectos de aumentos salariales? Pues bien, aun cuando casi no hay requisitos de calidad para ser contratado como maestro (sólo el título y la membresía en el colegio profesional correspondiente), “En la última evaluación de desempeño hecha en el 2016 [como que ya ni eso se hace], de 63.429 docentes del MEP, cuatro fueron calificados con desempeño ‘inaceptable’; 18 con ‘insuficiente’, 1.308 con ‘bueno’ y 1.349 con ‘muy bueno’. El resto, 60.750, fueron ‘excelentes.’” No hay palabras, casi todos (96%) son excelentes. Ya entiendo la razón por la cual actualmente no se hace una evaluación del desempeño de los maestros: casi todos son una maravilla, de manera que, ¿para qué perder el tiempo evaluándolos?

Voy a marchar para eliminar esta evaluación que otorga el plus por desempeño, pues es una injusticia social que ese 4% restante no reciba esos aumentos pagados por todos los ciudadanos. ¡Hasta que duele el alma!

 

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: más plata y menos estudiantes de primaria

La realidad es muy sencilla. Mientras que en el 2007 se matricularon 513.805 estudiantes en primaria, el equivalente en el 2017 fue de sólo 443.291. Esto es, un descenso del 16% en dicho lapso.  A la vez, mientras que en 21007 había 57.728 maestros, el número en el 2017 fue de 82.502. Es decir, un aumento del 43%. 

Esas cifras tomadas aisladamente, sin ubicarlas en el debido contexto, nos dicen pocas cosas. Veamos algunos elementos al respecto.  Por una parte, siempre me acuerdo que, cuando hace muchos años estaba en primaria, oía decir que las aulas estaban saturadas y que los maestros mencionaban que la relación alumno maestro era muy alta. Bueno, hagamos una comparación semejante en los años mencionados arriba y vemos que, de un relación de 8.9 alumnos matriculados por maestro, pasamos en el 2017 a una de 5.4. Esto, sin duda, debería alegrarnos, si es que esa relación menor alumnos/maestros se refleja en un mejor rendimiento de nuestra educación. Pero, información que recientemente se ha expuesto, indica que los resultados en la educación de nuestro país siguen siendo flojos. Esto es, más maestros por alumno y más plata por estudiante y los rendimientos no parecen mejorar significativamente

No deseo ser tajante al juzgar las cosas con un señalamiento negativo, pero ciertamente deben dar lugar a una preocupación seria por parte de la ciudadanía.

Para tener una idea del impacto económico de una población en descenso y de una cantidad de dinero, ligada a una producción de la economía, que va a dar a la educación (a todos los niveles de educación pública), exige que las autoridades responsables del buen uso de los recursos de los ciudadano, le expliquen a los ciudadanos la realidad de los resultados de nuestros sistemas educativos y particularmente de la educación primaria. Da la impresión de que se está gastando más y más dinero y los resultados van de mal en peor.

Un análisis interesante lo expone la edición del periódico La Nación del 24 de diciembre, bajo el encabezado “MEP tiene más dinero y maestros pero menos niños: Matrícula escolar cayó en 70.000 alumnos en diez años.”

Es relevante destacar la inquietud de la Contraloría General de la República, que en su Informe Técnico Presupuesto 2018, dice en lo pertinente: “Para el 2016 (noticia ya “vieja” y tal vez desactualizada) la cantidad de estudiantes matriculados en este nivel educativo (preescolar y primaria) fue de 0.5% menos que en el 2015 mientras que el monto del presupuesto por estudiante aumentó un 2.3%, alcanzando ₡1.236.868 anuales.” O sea, la Contraloría vislumbra que, de seguir las cosas, el gasto por estudiante va a seguir creciendo fuertemente. De hecho, a pesar de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) estima que seguirá descendiendo la población en edad entre 0 y 14 años (lo que da una idea de la población en edad escolar), “los docentes y el presupuesto en el MEP continuarán en alza. En el 2018, el Ministerio contratará 2.600 docentes más y su presupuesto crecerá 3.6%, para llegar a los ₡2.66 billones,” informa el medio. Es hora de dar cuentas exactas o el desperdicio ayudará al hundimiento del barco fiscal y a la baja en la calidad de la educación recibida con tanto sacrificio de la ciudadanía.

No estoy inventando resultados acerca de su calidad. El VI Informe del Estado de la Educación expone que “de acuerdo con una serie de pruebas para evaluar conocimientos, los niños en las escuelas se ubican apenas en los niveles más bajos de desempeño en Español, Matemáticas, Estudios Sociales y Ciencias,” y no repetiré los resultados conocidos con las pruebas PISA, que no nos enorgullecen. Creo que la esperanza la resume ese informe del Estado de la Educación, al señalar el medio que “justamente, una menor cantidad de niños en las aulas es una oportunidad para mejorar la calidad educativa,” lo cual es, sin duda, deseable, pero debemos tener presentes las manos visibles de los sindicatos, que seguirán buscando tener más  empleados y, por ende, más asociados y, mayores ingresos por sus cuotas, así como que clamarán por nuevos pluses, pues, no sin razón, se imaginan que la plata crece en los árboles.

Las cosas estarían bien si es que ese gasto mayor se reflejara en una educación mejor, en especial al disminuir el indicador número de estudiantes por maestro, pues uno espera que ello se traduzca en una mejor atención del alumno y del proceso de enseñanza, con lo cual mejoraría el conocimiento y el desempeño del alumno.  Pero, las cosas no parecen ser así, sino más bien ir por el camino opuesto.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: como si sobrara la plata

Realmente irrita lo que La Nación informa en su edición del 22 de noviembre, bajo el encabezado “MEP deja perder dinero destinado a construcción de centros educativos: Contraloría revela ineficiente inversión de préstamo del BID.” De acuerdo con un informe reciente de la Contraloría, “El pago de dichas comisiones (castigos por inmovilización de fondos)” por un monto de casi mil millones de colones, “se ha realizado con recursos del préstamo de Fideicomiso que están disponibles para la construcción de las 103 obras de infraestructura.”
 

Tratemos de entender el asunto. Primero el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo al país (al MEP) por la suma de $167.5 millones en noviembre del 2012 y el contrato se firmó a fines de enero del 2014. En marzo del 2103 se había aprobado el fideicomiso BID-MEP-Banco Nacional de Costa Rica en ese monto. Con el fideicomiso, el Banco Nacional administra esa plata y el MEP supervisa los proyectos.
 

Pasa el tiempo y esos fondos casi no se han utilizado en construir las obras para los que estaban destinados.  Así, a fines de noviembre de aquel préstamo sólo se habían desembolsado $25.9 millones con un monto pendiente por desembolsar de $141.6 millones. Pero, por ese no desembolso de fondos hay que pagarle al BID por el atraso en la ejecución y consiguiente desembolso de los recursos, la suma de $2.8 millones; aproximadamente ₡1.000 millones, plata que incluso salió de esos fondos que se habrían usado en la construcción de nuevos centros educativos. O sea, se está pagando un montón de plata por no hacer las obras.  El BID cobra por el no desembolso una comisión especial, porque tiene separados esos recursos y, por tanto, no los puede usar durante ese tiempo en préstamos a otros países o proyectos.
 

Dice el medio que, “según la Contraloría, al 30 de junio se había ejecutado un 9.12% (₡8.739 millones) del total de recursos.” En la actualidad de los 103 proyectos incluidos en dicho préstamo, sólo dos se han concluido, el liceo de Mata de Plátano y el rural de San Isidro de León Cortés, ambos en la provincia de San José, en tanto que se inició la construcción de la escuela Finca La Caja, en La Carpio, en la misma provincia. Los dos primeros centros educativos no tienen aún todo el mobiliario ni su manual de mantenimiento preventivo. O sea, aún no han sido entregados: un cero% terminado y entregado, de lo incluido en el proyecto total y todo esto en cinco años.

Según el informe referido de la Contraloría, “se determinó un atraso de dos años en la utilización de los fondos transferidos por el BID en el período 2014-2016.” A su vez, el MEP responsabiliza al Banco Nacional porque en dos años no constituyó la unidad ejecutora que se encargaría del proyecto, por lo que, en el decir del MEP, “no podían comenzar.” Una vez más observamos el típico pingpong de responsabilidades entre diferentes entes estatales.
 

Pero, el problema se ha empeorado, porque, de acuerdo con la Contraloría, “el dinero del fideicomiso no alcanzará para levantar todas las obras previstas,” en un estimado que oscila entre $57.8 y $67.2 millones de faltante de lo estimado en el financiamiento. Ante ello, dice el MEP que usará recursos propios de su Dirección de Infraestructura (DIEE), pero, esa fuente de fondos se vislumbra difícil de disponer, pues el presupuesto de las Juntas de Educación en áreas de mantenimiento y construcción de obras, se verá reducido en un 45% en el 2018.
 

Además, el fideicomiso BID-MEP-Banco Nacional vence en julio del 2018, pero la Contraloría dice que, para dicha fecha, sólo se podría -tal vez y ciertamente cada soy más escéptico acerca de la capacidad de hacer obras de parte del gobierno- entregar “sólo 25 de las 101 obras pendientes.” Sin duda que se va a requerir la ampliación del contrato con el BID, que, en palabras de la Contraloría “implica que el nuevo plazo otorgado para la ejecución de todas las obras será el 3 de julio de 2020.”
 

Ya se dan cuenta ustedes de por qué suelo encabezar muchos de mis comentarios bajo la muletilla “El Estado Ineficiente,” que actúa como si la plata sobrara en la economía. Obviamente, todos esos fondos los terminamos pagando todos los ciudadanos, pero más duele al tener que pagar por no usarla en el tiempo debido y ser dejada en un banco, por la ineficiencia del estado. Y, por supuesto, eso lo pagaremos con más impuestos.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: insaciabilidad docente

Se dice que alguien es insaciable cuando nada lo llena en sus deseos o necesidades. Al pensar en ponerle este título a mi comentario, regresó a mi mente una película de principios de los años sesentas, Los Insaciables, en donde un millonario hacía de todo con tal de salirse con la suya, enriqueciéndose más y más, aunque, en realidad, era una persona infeliz. Probablemente fue al leer el comentario en La Nación del 13 de julio titulado “MEP pagará plus por peligro de desastre, dengue o crímenes: Ministerio negocia con sindicatos fijación del monto,” lo que desató mi recuerdo.

Sólo que, en esta ocasión, es algo más moderno: no se trata de un individuo sin límite personal alguno, sino de un gremio sindical que no se detiene en sus pretensiones de lograr que sus maestros asociados ganen más y más por cualesquiera razones. Y, por supuesto, esas pretensiones, de otorgarse, deberán ser pagadas por toda la ciudadanía, por la vía de más impuestos.

Según el medio, ya el Ministerio de Educación Pública, MEP, “es la institución que más incentivos paga; en total, sus empleados tienen acceso a 40 tipos distintos (ojalá algún día se brinde un listado de ellos). Se trata de pagos extra por recargo de funciones o por horarios de trabajo más extensos”, lo cual desafía mi imaginación acerca de qué pagos adicionales se han de dar por recargo de funciones o un horario de trabajo más intenso, como para llegar a 40. Pero, eso no es todo: ahora resurge la insaciabilidad. Esto es, los sindicatos piden que se les aprueben nuevos rubros de pagos extra por diversas razones, como parte de su convención colectiva, efectivos a partir del 2018.

Antes de nombrar algunas de las nuevas reclamaciones, ya hay vigentes un par de ellas de líneas similares, que vale la pena mencionarlas. Por una parte, está un pago extra “por laborar en instituciones ubicadas en los distritos de bajo y muy bajo nivel de desarrollo socioeconómico llamado índice de desarrollo social relativo (IDS), por el cual se pagaron ₡22.000 millones en el 2016. En promedio, los educadores reciben ₡500.000 al año” (dato que no entiendo, pues, si se mencionan 27.712 servidores en el MEP y un monto anual de ₡22.000 millones, el promedio anual por servidor sería de aproximadamente ₡794.000). 

También ya existe otro incentivo llamado zonaje, “que se da a los trabajadores que prestan servicios en zonas calificadas como ‘incómodas o insalubres.’ El año anterior, este sobresueldo significó ₡3.000 millones para 30.000 servidores. Se les pagan entre ₡5.550 y ₡55.100” (de nuevo, el medio en otra parte informa que “el monto total por zonaje en el 2016 fue de ₡6.546 millones para un total de 31.329 servidores, lo que da un promedio de algo más de ₡208 mil al año, así que los datos de que oscilan entre ₡5.550 y ₡55.100 deben ser mensuales).

Aun así, el sindicato de maestros pide que para el 2018 se paguen 7 nuevos rubros o incentivos por “peligrosidad,” que es el término que los engloba, y que son:
 

1) Pago extra por localidades con riesgo de inundación;
2) Pago extra por localidades con gran cantidad de casos de dengue, zika o chikungunya;
3) Pago extra por vivir en los alrededores de los volcanes activos;
4) Pago extra por laborar en zonas de alta incidencia de delincuencia;
5) Pago extra por laborar en zonas de alto embarazo de adolescentes;
6) Pago extra por trabajar en zonas de alta mortalidad infantil; y
7) Pago extra por trabajar en zonas con falta de agua potable.
 

Además, aunque no aparecen explícitamente citados, aunque sí en un cuadro en donde se da un listado de localidades con riesgos que ameritan un pago extra, se darían por:
 

8) Trabajar en zonas sísmicas, y
9) Laborar en zonas con deslizamientos.
 

Además, como lo dice Yaxinia Díaz, directora de recursos humanos del MEP, todos esos pluses “por peligrosidad van a ser de ‘naturaleza salarial’ por lo cual estará sujeto al rebajo de cargas sociales y se tomará en cuenta para pago de aguinaldo, salario escolar y pensión.” La cosa está completamente blindada. Obviamente, no se tiene ni idea de lo que les costará a los costarricenses todo este montón de nuevos pluses.
 

Aún hay más. Existe evidente duplicación de pluses porque, por ejemplo, hay áreas que simultáneamente tienen diversos riesgos de los que ahora serían compensados. Por ejemplo, áreas que se inundan, que tienen enfermedades como dengue y otras, que también están sujetas a temblores (de hecho, todo el territorio nacional), a deslizamientos, alta mortalidad infantil y, tal vez, alto número de embarazos y delincuencia. O sea, el incentivo será para encontrar trabajo en una de estas zonas “compensadas” que tengan todos esos diversos males, dado que lo que se pagaría por cada uno de ellos podría sumar un monto más que significativo (imagínenselo).
 

Asimismo, por aquello de la equidad en la “peligrosidad,” también se pedirá compensación por laborar en centros urbanos de mayor delincuencia, ruido, suciedad, fealdad u otros males propios de las ciudades. Ah, y por riesgo de sufrir infarto por la vida más rápida y extenuante en ellas.
 

Finalmente, no hay zona del país que no satisfaga algunas de las condiciones para incluirla dentro de la categoría de “peligrosidad” de forma que, lo que parece estar detrás de esto, es un aumento anual adicional al ya tradicional incremento por inflación. Tal vez lo mejor sería que se les pagara por el riesgo de “vivir” y tener que “trabajar”.
 

Por los fondos para financiar las nuevas gollerías, “no os preocupéis”. Recordad que el gobierno va a aumentar el presupuesto para el MEP del vigente de un 7.82% del PIB al 8% el año entrante.  Entonces, simplemente, de lo que se trata de es asegurarse que esa mayor plata vaya a dar a los bolsillos de los agremiados a los sindicatos.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: dos ejemplos de culto a la mediocridad

Dos acontecimientos, que han visto la luz en estos días en nuestro país, son síntomas, en mi opinión, de un mismo problema. Me refiero, por una parte, al reciente recrudecimiento de llamados para que el bachillerato se elimine, supuestamente por afectar al futuro de quienes fracasan en dicho examen o bien porque no ayuda en nada a la educación de los estudiantes.  Por otra parte, La Nación publicó el 7 de diciembre un artículo bajo el titular “Solo 49 empleados públicos perdieron bono por desempeño: Evaluación en 2015 dio anualidades a un 99.99% de planilla dentro del Régimen del Servicio Civil,” que, aunque no lo parezca a primera vista, tiene mucha similitud con el primero.
 

En el caso de la propuesta de eliminar el bachillerato, eso les quitaría la “enorme” carga a los estudiantes de secundaria, de tener que estudiar duro y prepararse para una evaluación de lo aprendido. Ciertamente, el fracaso puede, en parte, ser atribuido a una mala labor de los maestros responsables, pero, esto tiene un corolario, que, asimismo es reflejo del mismo ámbito de mediocridad: los gremios sindicales correspondientes se oponen a que maestros y profesores sean evaluados en el desempeño de sus funciones. Es así como el camino fácil, la ley del mínimo esfuerzo, dominan este campo de la educación: que no haya exámenes de bachillerato para que todos los que terminan la secundaria sean automáticamente aprobados. No habría una regla de evaluación, como lo es el bachillerato. Tampoco avanza la idea de que los profesores y maestros sean objeto de la evaluación correspondiente, lo cual sin duda que incidiría en la rendición de cuentas que debe dar todo funcionario público, así como permitiría analizar la capacidad profesional de maestros y profesores para ejercer tal profesión y, si el resultado es negativo, señalaría, al menos, la necesidad de hacer una reingeniería de sus capacidades.
 

Por otra parte, los datos que el informe de La Nación nos brinda en su relato arriba mencionado, son apabullantes. Un total de 35.558 funcionarios fueron evaluados en el 2015, acerca de si había un cumplimiento adecuado de sus tareas, de forma que así se les hiciera merecedores del bono o anualidad por “desempeño”, que actualmente oscila entre un 1.94% y un 2.56% del salario, según sean los montos, en el caso de que la calificación recibida fuera de “buena”, “muy buena” o “excelente.”
 

Los resultados de la evaluación de esos 33.558 empleados sujetos al régimen del Servicio Civil, indican que 24.134 de ellos (esto es, un 72%) fueron valorados como “excelentes”, 8.616 (un 26%) como “muy buenos” y 759 (un 2%) como buenos, de forma que ¡todos fueron acreedores de aquel plus! Sólo 41 empleados fueron evaluados como “regular” (un 0.1%) y 6 como “deficientes”(o sea, 2.4 por cada diez mil empleados). En dos palabras, casi todos fueron  estimados como excelentes, muy buenos y buenos y, una cantidad ínfima, como regulares o deficientes. ¡Sin duda alguna que estamos en presencia de una maravilla mundial!
 

Todo se reduce a disponer de un camino fácil para lograr las cosas: usted no tiene que esforzarse para ser un empleado en verdad excelente o muy bueno, para que así se le incentive con una bonificación pagada por todos los ciudadanos; tampoco tendrá que preocuparse por trabajar duro para aprender en los colegios, de forma que se gane el examen de bachillerato. El facilismo permite que el “éxito” sea garantizado, sin esfuerzo alguno.
 

¿Saben, de paso, cuánto les costó a los contribuyentes, a los ciudadanos de este país, ese plus por desempeño de los empelados sujetos al Servicio Civil?  La ominosa suma de ₡806.368 millones, repartida así: ₡539.183 millones para los empleados de las instituciones autónomas y de las descentralizadas y ₡267.163 millones para los del gobierno central. Esos datos ni siquiera incluyen a “policías, maestros y a otros 1.789 empleados no evaluados por diversas razones.” Francamente, no sé si también todos esos empleados públicos citados reciben bonificaciones por desempeño y si todos son tan “perfectos”, como los del Servicio Civil.  Es un dato que nos quedó debiendo el comentario de La Nación.
 

Al menos existe un proyecto en la Asamblea Legislativa, presentado por la diputada Sandra Piszk, “que reservaría el pago de la anualidad únicamente a los empleados en las categorías muy ‘bueno’ y ‘excelente’”, pero, si se mantuviera el mismo sistema realmente ausente de valoraciones, tal como lo hubo en el 2015, ese plus se pagaría al 97.5% del total de empleados del Servicio Civil; o sea, casi a todos. El proyecto también considera que se “limitaría el porcentaje del plus entre un 2.5% y un 1.9% para los “excelentes” y entre un 1.9% y un 1.4% para los ‘muy buenos.’” En síntesis, la tasa del plus quedaría igual para el 72% de los empleados del régimen del Servicio Civil, si es que se mantiene el sistema de valoración vigente y tan sólo se rebajaría un poco para los empleados “muy buenos,” que, en la evaluación actual, son el 26%.
 

No sé si en las negociaciones en proceso en la Comisión de Asuntos Sociales, en donde un bloque de diputados del PAC + FA + PLN le están echando agua a la sopa, para diluir las propuestas de reforma de los salarios en el sector público propuesto por la diputada Piszk, ya se habrá aceptado esta propuesta de ella en torno al plus por desempeño o si también la han aguado. El proyecto de doña Sandra apenas toca un poquito al problema evidente, para cuya solución es crucial una reforma real y profunda de todo el sistema actual de evaluación de los empleados públicos, de manera que efectivamente se estimule a quienes desempeñan su trabajo muy bien o excelentemente y que se desestimule a quienes apenas lo llevan a cabo, quienes no recibirían bonificación alguna y, a aquellos malos o “deficientes”, como se les llama, que haya la posibilidad de sustituirlos por otros relativamente más eficientes.
 

Las reformas deben hacerse en serio, sino pronto estaremos, de nuevo, sumidos en gastos irracionales en nuestra política salarial del empleo público.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: hacia una verdadera revolución educacional

Vean cómo son las cosas. Como política gubernamental básica de este país, se ha venido justificando la medida de gastar en educación un 8% del Producto Interno Bruto. De hecho, fue en el 2011 cuando se fijó dicho objetivo, pero la realidad económica del país ha hecho que el logro de dicha meta sea, con suerte y si hay un buen manejo fiscal del país, logrado hasta en el año 2018. En el último presupuesto de gasto gubernamental, harto conocido por el enorme hueco fiscal y por el aumento de un 19% sobre el del año anterior, se definieron fondos para gastar en educación equivalentes a un 7% del PIB.

La verdad es que uno no sabe si el problema con la calidad de nuestra educación está en la insuficiencia de recursos destinados a la educación estatal -que, como indiqué, se espera sea este año de un 7% del PIB, lo cual es mucha plata- o bien en que, cualquiera que sea la plata nuestra destinada a ese fin, los resultados efectivos que logra el sistema actual no son satisfactorios desde muy diversos

puntos de vista.

Un indicador de adónde podría radicar el origen del problema, es que, de acuerdo con un comentario de La Nación del 7 de enero del 2015, titulado “Familias gastan ₡1.000 millones al año en tutorías extraclase: Encuesta del INEC revela desembolso promedio de ₡715.000 por hogar,” lo que los alumnos reciben en sus clases es insuficiente para que logremos generar alumnos preparados, exitosos, competitivos, que puedan aprobar y hasta sobresalir en pruebas nacionales o internacionales, como por ejemplo las conocidas PISA.

Me agradó la contestación de la ministra de educación, doña Sonia Marta Mora, al serle planteada la información por el reportero y responderle que “no contamos con un estudio que explique las causas de las tutorías, pero hay varios factores que analizar: calidad de los docentes, nivel de exigencia y rendimiento del estudiante. Hay que recordar que el curso no se gana a final de año.” Casi que doña Sonia Marta le atinó aún sin “contar con ese estudio.” Lo cierto es que nos está fallando el sistema educativo, a pesar de que cada año gastamos más y más fondos públicos. 

De paso, posiblemente si se incorporara ese gasto de las familias de ₡1.000 millones pagados a tutores particulares, como “gasto en educación”, podríamos estar ya cerca del aún no alcanzado luminoso faro en el cielo de un dogmático 8% del PIB, que tendríamos que gastar en educación como país para supuestamente tener algo que nos satisfaga con sus logros. La pregunta esencial es sí, con el desembolso de ese fondo tan elevado de recursos, estaremos recibiendo la educación de calidad que requerimos. Mi respuesta personal es un “creo que no”. 

Me parece que no es así, cuando la información del periódico señala que “una familia gasta al menos ₡715.000 al año en tutorías extra-clase (el subrayado es mío) para nivelar a su hijo y evitar que pierda el curso.” Ciertamente puede deberse, como dice don Adrián Bonilla, quien preside una empresa de tutorías a domicilio, a que “mucha gente busca las tutorías cuando van a perder el año. Las materias por las que más piden asistencia son matemáticas e idiomas. Los muchachos vienen con malas bases y reconocen que les da vergüenza preguntar en el aula.” Es decir, nos señala que los estudiantes que le llegan no vienen con la preparación fundamental requerida y que los maestros ni siquiera son capaces de “quitarles” esa vergüenza casi natural de los alumnos y que así aprendan a cuestionar lo que se debe de objetar y aprender en el proceso. La preocupación de “perder el año” es obvia, pues se da en momentos en que puede indicar que no sobrepasarán la barrera selectiva de preparación, cual es aprobar el año. En síntesis, los alumnos no están recibiendo la educación que se requiere para sentirse en capacidad de superar pruebas básicas de su aprendizaje y mostrar que han tenido la preparación suficiente para aprobar los estudios cursados. 

Eso mismo lo corrobora la opinión de Aura Latini, experimentada tutora de 8 años de trabajo en dicha labor. Dice: “Trabajo con quienes buscan la tutoría a nivel preventivo y no para apagar incendios, porque se van a quedar. La enseñanza del Inglés en muchos colegios es muy pobre y por eso, los papás buscan a un tutor por fuera. Por mes puede representar una inversión de ₡35.000 a ₡60.000”. Por ello, en cierta manera discrepo de la propuesta de solución ante el problema hecha por la ministra Mora, de que “trabajará en fortalecer la labor de voluntariado en universidades para impartir tutorías gratuitas, principalmente a los estudiantes de familias pobres.” Pienso que no sólo debe ser para los provenientes de familias pobres, sino a los estudiantes en general, no sólo porque si no estudian lo suficiente, tenderán a ser pobres, sino también porque los que de alguna manera no son pobres, han pagado (sus padres) impuestos que se usan (entre otros empleos) para financiar los gastos educacionales del país, pero a cambio están recibiendo una mala educación: en cierta manera están siendo estafados. El asunto no está en si apoyar a unos o a todos. El tema esencial es que nuestro sistema educativo, en el cual gastamos tanta plata, no debería de implicar que los padres deban gastar dinero extra, a fin de que sus hijos puedan acceder a un estadio educativo presuntamente suficiente para que aprueben los exámenes requeridos. 

No hay quien vigile la calidad de nuestra educación definida por el estado. Tal vez el problema está en que no hay la competencia deseable entre las entidades educativas, de manera que los padres, que me imagino desearán ver sus hijos con la preparación necesaria para tener éxito en sus vidas, puedan sentir que lo que reciben (pagado con impuestos de esos ciudadanos) es de buena calidad. Si tuvieran la posibilidad de elegir la escuela y el tipo de educación que desean, escogiendo libremente aquellos centros que brindan la educación con la calidad buscada, posiblemente rechazarían aquellas escuelas en donde la calidad de la educación es mediocre y hasta mala. Obviamente la gente prefiere una buena educación a una mala o mediocre. Si la gente pudiera escoger libremente, estoy seguro que incluso estaría dispuesta a pagar más por la educación de los hijos (de hecho ya lo hacen al tener que pagar tutorías), pero a su vez tal decisión significaría que las escuelas malas se quedarán sin alumnos (casi que morirían por inanición).

Y aquí viene el tema que a ciertos grupos les va a incomodar: en las escuelas que satisfacen los deseos de los padres en cuanto a la calidad de la educación para sus hijos, los maestros podrán ganar más, en tanto que en aquellas que no les satisfacen, los maestros deberán ganar menos. Ya sabemos quiénes, por esta sencilla razón, se opondrán a reformas en el sentido de promover la competencia y su eficiencia derivada entre centros educativos y entre educadores, de forma que redunde en beneficio de los estudiantes; esto es, que reciban una mejor educación según sus preferencias.

Debo destacar que la utilización de tutorías no es algo exclusivo de estudiantes de escuelas públicas; hay muchos alumnos de escuelas privadas en donde la educación es también mala o mediocre. Por ello, creo que impulsar la competencia en el área educativa beneficiará tanto a estudiantes de escuelas públicas como privadas. Los padres deben ser partícipes de esa búsqueda para mejorar la educación de sus hijos, utilizando la competencia como factor que la impulse.

La esencia de la reforma va en que los padres puedan disponer de los recursos necesarios para financiar la educación de los hijos. La idea es que sean los padres quienes puedan elegir la escuela preferida y no que sea la que el estado les da casi que obligadamente. Tal vez sólo los ricos pueden elegir que sus hijos vayan a escuelas privadas, pero eso tampoco es garantía de que la educación que en ellas obtengan sea la mejor, pero, al menos, si con la plata que gastan no están satisfechos, podrían cambiar de centro educativo. En el país el estado es el garante de las metas educativas deseables o convenientes. No creo que haya muchos que no consideren que hay enormes beneficios que todos recibimos cuando los individuos se educan. Yo me beneficio con que haya niños que, educados, pueden escoger, cuando adultos, mejores gobernantes, en vez de ser analfabetos funcionales que no saben ni siquiera por quién o por qué votar. Hasta estéticamente es agradable ver jovencitos que muestran inteligencia, capacidad y preparación cuando tratan temas de interés. Al contrario, es horrendo tratar con personas incultas y sin preparación. No me refiero a que tengan una educación libresca, sino la que les permita vivir de manera adecuada, intercambiando acciones y pensamientos razonadamente con otros ciudadanos 

Entiendo bien la posición de que el estado se interese en que las nuevas generaciones puedan ser mejores que las previas, por medio de la educación. Pero eso no significa que sea el estado el que debe dar las clases ni determinar -excepto por algo básico tipo aritmética, lectura, escritura; las “tres erres” o algo similar- el detalle exacto de lo que debe ser la educación formal, sino que permita la existencia de opciones que se adapten a las preferencias individuales tanto de padres como de los hijos estudiantes. El sistema propuesto es como si cada ente educativo “libre” que surja, tenga un contrato (explícito o tácito) con el estado en cuanto a cumplir metas de calidad, pero la enseñanza es responsabilidad final de maestros que aspiren a ganar más, produciendo mejores estudiantes. El estado no tiene porqué “enseñar”: esa acción queda para las escuelas, para los maestros. El estado no tiene que ser el productor de educación, sino que deje que los que la brindan sean personas o empresas especializadas en ella y cuyos resultados los determina la competencia. Así el estado estimula la educación de los ciudadanos, sin ser el exclusivo y único “educador”. 

El presupuesto público que hoy gastamos en educación le sería devuelto a los padres de familia por medio de bonos o vales o cupones (vouchers en inglés), quienes sólo podrán gastar esos recursos en la educación de los hijos. En donde no surja ese tipo de escuelas que he llamado libres, el estado tendrá como función proveer una escuela pública, tal como la conocemos tradicionalmente. Es más, uno puede considerar la existencia de escuelas públicas estatales, compitiendo por satisfacer la demanda de padres y estudiantes con las llamadas escuelas libres. Eso sería un enorme acicate para que mejore la calidad de las escuelas estatales.

Algo parecido es lo que ha hecho Suecia en épocas recientes, después de una seria crisis fiscal y en donde fue crucial evitar la debacle del sistema educativo, en un esfuerzo especial por mejorar la calidad del estudiantado. Los resultados han sido positivos. Pero, por ahora, sólo deseo destacar que no se está abandonando el papel del estado como “rector” en el ámbito educativo, sólo que la competencia y la capacidad de organización que tiene la empresa privada, evitarán que las familias costarricenses tengan que enviar a sus hijos a que reciban tutorías, para remediar la incapacidad del estado de darles esa preparación que hoy día se requiere más que nunca. La propuesta podría ciertamente revolucionar para bien nuestro disminuido sistema educativo.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: el papel del gobierno en la educación

De acuerdo con la exposición que el profesor Milton Friedman hace acerca de este tema en su libro Capitalismo y Libertad, la educación formal en los Estados Unidos podría considerarse, en su criterio, que se caracteriza por una expansión sin ton ni son de la responsabilidad del gobierno. Nos referimos a dar clases, lo cual es distinto de educar. Es a lo primero a lo que se ha dedicado extensivamente el estado moderno.

Para Friedman, 

“es imposible que exista una sociedad democrática y estable sin un grado mínimo de alfabetización y de conocimiento de parte de la mayoría de los ciudadanos y sin que haya una aceptación generalizada de un conjunto de valores. La educación puede contribuir a ambos. En consecuencia, la ganancia de la educación de un niño resulta no sólo en su beneficio o en el de sus padres, sino también en el de otros miembros de la sociedad.”(Milton Friedman, Capitalism and Freedom, Chicago: The University of Chicago Press, 1967, p. 86).  

Por lo anterior, es clara la existencia, en este caso de la educación primaria básica, de una externalidad positiva o un “efecto de vecindad” positivo, de acuerdo con el lenguaje que utiliza Friedman. Dicha externalidad justifica que un niño reciba una cantidad mínima de alfabetización de cierta índole, pero, a la vez, la obligación de cumplir con tales estudios no puede ser impuesta a padres si no tienen cómo pagar tal educación. Al mismo tiempo, es importante tomar en cuenta tanto que se suele considerar a la familia como la unidad básica de una sociedad, como que, al mismo tiempo, en la sociedad hay un aprecio por la creencia en la libertad de los individuos. 

Así, ante diferencias entre familias en lo que se refiere a su disponibilidad de recursos y porque la imposición de tal cantidad mínima de educación puede ser muy costosa, la ganancia de las medidas para lograr que los niños obtengan esa educación básica y tomando en cuenta que, en general, las familias deben tener suficientes recursos para cumplir con ese objetivo, hacen que tales beneficios deban ser comparados con respecto a sus costos. Por ende, es muy posible que entre diferentes personas surjan diferencias plenamente justificadas en cuanto al grado de subsidio que se justificaría. Friedman expone que, refiriéndose a esa educación básica, “sin embargo, la mayoría de todos nosotros probablemente concluiría en que las ganancias son lo suficientemente grandes, como para justificar algún subsidio gubernamental.” (Ibídem, p. 88). 

Lo expuesto en el párrafo previo no significa que la administración actual de los entes educativos tenga que ser llevada a cabo por el gobierno; la “nacionalización de la industria de la educación”, como la llama Friedman. Ante ello, él nos hace una propuesta muy importante -que bien podría ser de interés práctico para diversas sociedades- como es una política que mejore sistemas educativos que hoy pueden considerarse como insatisfactorios. Se trata de que 

“los gobiernos requieran un nivel mínimo de clases que será financiado dándoles a los padres unos “vouchers” (en español, vales, cupones o bonos), que serían canjeables por una suma anual máxima especificada por cada niño, a fin de que sea gastada en la compra de servicios educacionales en instituciones ‘aprobadas’. Los padres podrán gastar esa suma, además de lo propio que deseen, escogiendo entre aquéllas que libremente sean de su gusto.” (Ibídem, p. 90).

Un aspecto muy interesante de la idea de Friedman, es que los padres serían libres de expresar sus preferencias, escogiendo mandar a sus hijos a la escuela que les parezca más adecuada a sus deseos o necesidades, retirándolos de aquéllas que no les satisfagan. Obviamente, esto amplía significativamente la posibilidad de los padres de familia para escoger el tipo de escuela y educación que desean para sus hijos, posibilidad que actualmente es muy limitada. Friedman enfatiza que, “la empresa competitiva es posible que sea más eficiente en satisfacer la demanda del consumidor, en comparación con las escuelas nacionalizadas o empresas educativas que sirven algunos otros propósitos,” por ejemplo, religiosos. (Ibídem, p. 91).

Interesantemente, Friedman explica que, en caso de que haya un monopolio técnico de instituciones dedicadas a la enseñanza, como puede darse cuando un pueblo es muy pequeño, dado un número hipotético muy reducido de alumnos lo que se traduce en que no existirá más que una escuela de tamaño razonable, eso podría impedir que la competencia pueda favorecer a estudiantes y a padres de familia. En tal caso, Friedman dice que “el acuerdo que tal vez se justificaría más por esas consideraciones -al menos para la educación primaria o la secundaria- es una combinación de escuelas públicas o privadas.” (Ibídem, p. 93). Así, no sólo se obtendría el beneficio de la competencia, sino que también existiría una mayor variedad de escuelas entre las cuales escoger. O sea, no necesariamente la propuesta de Friedman entraña que la escuela pública vaya a desaparecer. Por otra parte, la posibilidad de tal monopolio técnico se ha visto disminuida con el avance del transporte y la reducción en su costo, así como por el crecimiento expansivo de las ciudades hacia zonas semiurbanas, al menos en el caso de los Estados Unidos.

Pero además, se deriva algo muy interesante -en especial ante la oposición a esta propuesta de Friedman, proveniente principalmente de gremios sindicalizados de maestros de escuelas estatales- cual es que no hay nada que impida que esos mismos maestros pueden constituir sus propias escuelas, eso sí compitiendo con cualquier otra que también satisfaga los requisitos mínimos de enseñanza, que el estado ha determinado debe cumplir todo centro educativo bajo el nuevo concepto. (Se refiere a un contenido mínimo de estándares en los programas de las escuelas, tal como, por ejemplo, es similarmente requerido en muchas áreas privadas en lo que tiene que ver con la salud o la seguridad).

La ventaja de que haya competencia entre entidades educativas radica no sólo en ofrecer una  diversidad deseable (sujeta al requisito mínimo de estándares antes citado), sino que también le brinda a los entes educativos la flexibilidad requerida, por ejemplo, en cuanto a salarios del personal y a que sirva como referente para las escalas salariales de los maestros y, principalmente, para que el salario de ellos no esté en función de cosas tales como antigüedad en el cargo, sino que dependan de los resultados que obtengan los estudiantes a partir de la mejor educación recibida. 

En apariencia, señala Friedman, “el problema no es primordialmente que se está gastando muy poco dinero -lo cual bien podría ser cierto- sino que se está obteniendo muy poco por cada dólar que se gasta.” (Ibídem, p. 94).  Bajo el esquema propuesto, se podría lograr algo deseable propio de los mercados, como es que permita a cada cual satisfacer sus propios deseos. Eso lo habíamos señalado en un comentario previo, en el cual indicamos que un mercado, al permitir una representación proporcional, faculta el acuerdo de todos, sin que se requiera de una resignación absoluta a consumir lo único que existe o que alguien determina que es lo que debe existir. Además, al permitir a los padres adquirir lo que desean en el área de la formación escolar, en vez de verse obligados, a través del pago de impuestos, a adquirir lo que se les ofrece casi obligatoriamente, podrían verse motivados a adquirir más del bien que desean; esto es, a gastar más que antes en la educación de los hijos, si se toma en cuenta tanto el dinero proveniente de los “vouchers”, como el propio aporte que decida hacer cada padre de familia. Esto se traduciría en un aumento en la sociedad del gasto total en los servicios que brindan las escuelas, a la vez que se reduce el actual gasto gubernamental en ellas. Asimismo, facilitaría que a los buenos maestros se les pague mejor y que a los malos maestros no se les pague tanto, al remunerárseles de acuerdo con sus méritos y no por el cumplimiento de requisitos burocráticos usuales, como, por ejemplo, títulos, certificados de enseñanza o antigüedad. 

Una virtud adicional del sistema que propone Friedman es que habría un incentivo mayor para que los padres se involucren en los aspectos formativos de sus hijos en cuanto a escolaridad, pues ahora no sólo tendrían opciones en dónde educar a los hijos y, por tanto, se haría deseable conocer las características, facilidades, métodos y temas bajo los cuales se les enseñaría a sus hijos, sino que también esperarían que los resultados estén conformes con lo que pretenden, pues, de no ser así, optarían por escoger otro centro educativo alternativo, al cual enviar a sus hijos.

La propuesta de Friedman está dirigida hacia la educación primaria y secundaria. El caso en favor de subsidiar, por razones de vecindad, una educación superior a las indicadas anteriormente, es mucho más débil. Sin embargo, al menos en los Estados Unidos, se observa, de acuerdo con Friedman, que el estado juega un papel cada vez mayor en la educación universitaria, posiblemente porque la estatal es más barata que la privada; esto es, que el pago directo que deben hacer los alumnos es inferior. Por tal razón, se ha visto disminuir el tamaño relativo de la población estudiantil en las universidades privadas. Así, hay cierto grado de razón en la queja de las universidades privadas, de que la competencia de las universidades estatales es “injusta”.

Friedman propone que, en este caso, “cualquier subsidio sea otorgado a los individuos para que lo gasten en la institución que ellos deseen, provisto que la instrucción sea del tipo que se desea subsidiar”. (Ibídem, p. 99). Algo parecido a lo que en los Estados Unidos se hace con el programa de educación de veteranos de guerra, a partir de la segunda guerra mundial, excepto que Friedman propone que los fondos no sean federales, sino estatales. El logro de la propuesta radica en que se estimularía una mayor competencia entre los diversos tipos de universidades y, por tanto, a que haya un mejor uso de los recursos escasos, al tiempo que se preserva su independencia y no como ahora, en que mucha de la definición de la política educativa hacia la educación universitaria, está sujeta a imposiciones gubernamentales y no a la satisfacción de la demanda de los estudiantes.

Finalmente, en torno al tema general desarrollado, en lo que respecta a la educación vocacional, Friedman enfatiza que el subsidio sugerido, por razones de externalidades en el caso de la educación primaria y secundaria usual, no es aplicable a la educación vocacional, porque 

“si el individuo emprende la inversión y si el estado ni subsidia la inversión ni grava el rendimiento, el individuo (o sus padres o patrocinadores o benefactores) en general soporta todos los costos extras y recibe todos los rendimientos extras: evidentemente, no hay costos que no cargue con ellos o rendimientos de los cuales no se apropia, que tiendan a hacer que los incentivos privados diverjan sistemáticamente de aquellos que son socialmente apropiados.” (Ibídem, p. 101). 

Eso es, que en este caso no se presentan externalidades tanto negativas como positivas (lo que se llama en lenguaje técnico de los economistas, la presencia de des-economías o de economías externas).

Si lo que se pretende es que, por razones de imperfecciones en los mercados de capitales, se aumente la formación de capital humano, la sugerencia de Friedman es que, si el gobierno se involucra en ello, lo haga ofreciendo “financiar o ayudar con préstamos para el entrenamiento de cualquier individuo que satisfaga los  estándares mínimos de calidad, (por ejemplo), haciendo asequible una suma anual limitada durante un número específico de años, sujeto a que los fondos se gasten en el entrenamiento en una institución reconocida.” (Ibídem, p. 105. El texto entre paréntesis es mío). Esos fondos serían cancelados con los ingresos futuros que obtenga el individuo favorecido, logrando que así el fondo sea auto-sostenible. 

Insiste Friedman en que 

“el desarrollo de acuerdos como los explicados tendería a hacer que el capital fuera más ampliamente asequible y por lo tanto harían mucho porque la igualdad de oportunidades sea una realidad, que disminuyeran las desigualdades en los ingresos y en la riqueza y promovería el pleno uso de nuestros recursos humanos. Y no lo haría impidiendo la competencia, destruyendo los incentivos y tratando a los síntomas, como sería el caso con una redistribución directa del ingreso, sino fortaleciendo la competencia, haciendo que los incentivos sean efectivos y eliminando las causas de la desigualdad.” (Ibídem, p. 107).

 Jorge Corrales Quesada

Viernes de Recomendación

En el ensayo llamado La Educación en una Sociedad Libre, Alberto Benegas Lynch analiza el tema de la educación desde el punto de vita liberal

Desde la tribuna: ¿cuál es el área más importante?

En torno al impostergable y necesario impulso que requiere la libertad, resulta ineludible determinar su importancia y grado, a fin de orientar adecuadamente los esfuerzos y tareas.

En tal tesitura, concurren muchos temas de vital interés, que van desde el trabajo de desintoxicación de la tramitopatía que azota al país hasta una estrategia para superar la postración en la que la mezcla de ambientalismo oportunista, ambientalismo patológico, eliminación del silencio positivo y burocratización tienen a la actividad privada y la gestión de infraestructura en general.  

Se filtran por allí algunos temas específicos, sobre todo en torno a retraso de la organización pública en permisos y los temas atinentes a los planes reguladores.

Igualmente, no se puede dejar de lado el rezago en algunas áreas específicas, tales como cumplimiento efectivo de algunas leyes paralelas al famoso TLC (apertura en telecomunicaciones, por ejemplo; igual registros en salud) y el desempeño de algunas instituciones públicas en relación con ello.

Por supuesto que hay que impulsar cambios estructurales y culturales en torno a la gestión municipal, que van desde poner en práctica el 10 del presupuesto nacional como aporte al régimen hasta la transferencia efectiva de competencias del Poder Ejecutivo equivalentes a dicho porcentaje.

Tampoco se puede evadir lo que pasa con la educación, pues la ausencia de ella o la falencia que muestra la pública (la general) muestra un exceso de gasto, desprecio de propósitos institucionales (como los 200 días efectivos) y serias transformaciones negativas (2 años para aprender a leer y escribir) y un exceso de trámites y regulaciones en el ámbito privado.  Ni que decir de la falta de libertad y exceso de regulación y tramitología en el área de la educación privada universitaria. 

Por supuesto que emergen  también múltiples temas en el espacio económico y energético, que igualmente no pueden hacerse un lado:  el monopolio de Recope y sus metástasis y demás riesgos, el costo de la energía eléctrica y las posibilidades de solución, el mercado financiero, la tendencia regulatoria en torno al comercio, las barreras no arancelarias y el impacto de la gestión del Banco Central en la economía general.

¿Qué es lo más importante?  ¿Cómo acometer la tarea?  

Es esencial promover foros para idear agendas, prioridades, determinar la importancia relativa de cada tema y continuar la faena en pro de la libertad.

Federico Malavassi Calvo 

La columna de Carlos Federico Smith: la importancia de Malala

Recientemente se otorgó el honroso Premio Sakharov a Malala Yousafsai.  Este galardón se lo otorgó la Unión Europea por fortalecer la defensa de los derechos humanos. Debe recordarse que Malala estuvo a punto de ser ultimada por las balas asesinas de los talibanes en su natal Pakistán, simplemente por insistir, al contrario de las órdenes de los bárbaros, en educarse en su escuela primaria.  El gran pecado de Malala fue creer que las niñitas podían educarse en las escuelas. Eso iba en contra de prejuicios religiosos de los primitivos. Pero esa actitud de defensa de un principio básico hizo que Malala se convirtiera en un adalid de los derechos de los niños y niñas de todo el mundo para poder educarse. ¡Dios sabe por qué pidió ese enorme sacrificio a Malala! Tal vez para recordarnos la enorme obligación moral que tenemos los adultos de educar a nuestros descendientes.

La responsabilidad de la educación de los niños y niñas radica esencialmente en los padres o los jefes de hogar en donde moran esos infantes.  Por lo general, en todas las sociedades modernas el estado desempeña un papel muy importante en ese proceso educativo, especialmente en la llamada educación pública. Pero la esencia de la formación de los niños se acuna en los hogares.  Los padres responsables deberán no solo inculcarles valores, principios y tradiciones largamente establecidos y apreciados, sino también lograr que tengan acceso a una educación libre y formal que se imparte en las escuelas, ya sean públicas o privadas.

Me acuerdo, cuando era niño y acudía a la escuela y al colegio, de los enormes esfuerzos de mis padres para que fuera aseado, bien presentado, con las tareas hechas, con el sanguchito, si era posible, pero sobre todo por su permanente énfasis en la importancia vital de adquirir la mejor educación posible.  Hoy me incomoda mucho que, si no es que se les da plata del estado para educar a sus hijos, ciertos padres no parecen mostrar interés en que se eduquen asistiendo a las escuelas y colegios. Parecen depreciar la responsabilidad que adquirieron cuando decidieron traer hijos al mundo.

El esfuerzo de Malala no es sólo para lograr que las mujercitas se eduquen, si bien es cierto que su lucha por ello provocó la intentona de su muerte. Más bien es un símbolo de lo crucial  que es para toda sociedad el que sus hijos e hijas adquieran una educación. Es una preparación básica para que puedan progresar y vivir mejor

Podrán ser muy buenos los maestros –de muchos de ellos guardo el mejor recuerdo y admiración- nunca sustituirán la función educadora de los padres. Simplemente debido a su cercanía biológica. Jamás un burócrata de un ministerio podrá guiar a los niños y niñas mejor que como pueden y deben hacerlo los padres de familia.

Por eso es fundamental que inculquemos en nuestros niños y niñas de cierta edad, lo que significa que tengan hijos sin que haya de por medio un padre responsable. No tengo ni idea de cuántos niños y niñas nacen cada año en Costa Rica sin la presencia de ambos padres. Parece ser una información semi-oculta. Sólo cuentan con la infaltable madrecita.  El progreso económico de esos hogares, bajo la responsabilidad única de una madre soltera, es mucho pero mucho más difícil de lograr, comparado con familias en donde ambos padres se responsabilizan de la educación de los niños y las niñas. 

Lo expuesto parece ser una realidad, aunque sea algo incómoda para algunos.  Los padres de hoy (y de siempre) tienen la obligación básica de educar a sus hijos y de enseñarles, a cierta edad, algo que es esencial: cómo es que la vida se les dificulta enormemente, si traen hijos al mundo sin estar a la par ambos padres responsables.

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: ¿Bachillerato optativo? para pensarlo

En estos días ha surgido una propuesta interesante para estudiar, por parte del candidato Liberacionista, la cual se refiere a convertir en optativas las pruebas de Bachillerato. En este sentido, las personas que deseen ir a la Universidad deberán seguir cursando las mimas, pero quienes deseen optar por una educación técnica no tendrán que realizarlas.

Probablemente, muchas serán las críticas que recibirá dicha propuesta. Las mismas seguramente se enfocaran en que se fomenta la mediocridad por parte de los estudiantes, con su consecuente impacto en el mercado laboral. Pero, no podemos perder de vista que por lo general son las personas de menores recursos y con condiciones educativas más adversas las que suelen caer presa del examen de Bachillerato.

En este sentido, el Estado ha creado una barrera artificial para ingresar al “mercado” educativo, barrera que va en detrimento de los que mas bien requieren de mayores oportunidades. Así, en ASOJOD lo que pensamos es que son las propias Universidades las que deben establecer sus estándares de admisibilidad de estudiantes, siendo el mercado laboral el que defina a partir de dichos estándares a quien vale la pena contratar o no, es decir, no vemos razón alguna por la cual deba ser el Estado el que defina arbitrariamente dichos requerimientos. Un ejemplo sencillo: “X” podría ser un gran abogado, pero fracasa sistemáticamente en la prueba de matemática. “Y” podría ser un gran matemático, pero fracasa sistemáticamente en la prueba de estudios sociales. Así las cosas, no pareciera que el avance educativo de una persona debiera cortarse a raja tabla por una de estas pruebas, que muy poco dicen sobre el éxito o no que tendrá la persona para integrarse en el mercado laboral (que es al final de cuentas el verdadero objetivo de la educación).

Por último, creemos que la propuesta puede ser mejorada. Podríamos seguir manteniendo la obligatoriedad del examen de Bachillerato, pero que su aprobación o fracaso ya no signifique ninguna limitante, sino mantenerlo únicamente para efectos de calidad y estadística, situación que permitirá identificar cuáles son las áreas de enseñanza más problemáticas dentro de las escuelas, y que escuelas están teniendo más problemas con dichas pruebas. Después dejemos que sea el mercado, las instituciones universitarias y los colegios técnicos quienes les den el valor y relevancia que consideren oportuno darles.