La Maldición del Poder

A pesar de que en el pasado tuvimos nuestras diferencias, no podemos negar que nos ha alegrado profundamente las nuevas preocupaciones que el filósofo Iván Villalobos ha abordado en sus últimos artículos. En su último artículo expone brillantemente la preocupación popperiana: el problema del poder no pasa por quién lo ostenta, sino por el cómo lo ostenta, es decir, el reto de las sociedades es tener un marco institucional bajo el cual la persona más mala e incompetente haga el menor daño posible. Le agradecemos a Iván por su gentileza en permitirnos publicar su artículo, estamos seguros que todos lo disfrutarán.

Decía el filósofo Karl Popper que las sociedades, más que de personas o líderes ejemplares, están necesitadas de buenas instituciones, pues aun el mejor de los seres humanos puede sucumbir a los vicios del poder. Por el contrario, instituciones que permitan ejercer un control estricto sobre los que las regentan, podrán siempre impedir que ‘malos gobernantes’ causen grandes daños. 

La agudeza de esta apreciación me parece indiscutible pues, entre otras cosas, objetivo fundamental de lo político no debe ser crear “hombres nuevos” –algo que nunca se sabrá a ciencia cierta lo que significa, ni con base en los criterios de quiénes sería llenado ese dudoso ideal –, sino instituciones adecuadas que permitan cerrar la puerta o corregir a tiempo arbitrariedades y abusos. 

Por supuesto que la contraposición que hace Popper entre “individuos” por un lado, e “instituciones” por el otro, resulta cuestionable –lo que no interesa aquí discutir–, pero la idea de que cualquier cuota de poder no puede ser nunca un cheque en blanco para nadie, me parece lo más valioso de su aporte.

La opinión de quienes consideran que es suficiente cambiar el color ideológico de los gobernantes para estar a salvo y dormir a pierna suelta, además de ingenua, resulta peligrosísima. Sabemos que existen personas que deliran con la más pequeña cuota de poder, y no están dispuestas a dejar pasar ninguna oportunidad para hacerse notar o “respetar”. La experiencia cotidiana nos enseña de manera harto frecuente que detrás del discurso de algunos que se presentan como progresistas o “renovadores”, lo que realmente se esconde es un deseo totalitario de poner a otros a bailar a su ritmo, avanzar intereses personales o saldar viejos rencores, más allá de las racionalizaciones retórico-ideológicas con las que suelen venir aderezados. 

No se debe olvidar que el poder no daña solo por su acción, sino también por omisión. Actos omisos, no tan espectaculares o polémicos como acciones abiertamente dirigidas a perjudicar, resultan tanto o más dañinos, pues siempre es fácil lavarse las manos en la pila de la “neutralidad”.

Vigilancia ante el poder. Debemos permanecer siempre vigilantes ante el poder y, sobre todo, no darnos el lujo de volvernos todos locos con el “loco”, pues si no el barco naufraga sin remedio. Las instituciones humanas están lejos de estar a salvo de desmanes y gamonalismos de este tipo, de constituir, por decirlo de algún modo, lugares de cero-impacto-poder. Lo que sí es posible es introducir medidas correctivas y profilácticas al respecto. La más importante de ellas, a mi parecer, es la estricta y limitada periodicidad en los cargos de dirección. La Universidad, por ejemplo, como cualquier otra institución, debe evitar convertirse en nicho para hacer carrera política; es decir, degenerar en feudo para el cultivo de “políticos profesionales”, pues de esta forma se pervierte el sentido mismo de la autonomía, además de no diferenciarse en gran cosa de las corruptelas y argollas de la política “oficial”; por el contrario, cuando esto sucede, la autoridad moral que le asiste como institución social vital, es puesta en entredicho, así como su legitimidad y credibilidad a la hora de criticar las maquinarias político-partidistas y las instituciones de gobierno.

Por ello, la solución a las crisis nunca puede venir de la colocación de un “hombre fuerte”, como acertadamente apuntaba Constantino Urcuyo hace poco en este medio (“Ingenuidad peligrosa”, La Nación, Página Quince, 25/06/2012).

El barco no necesita tanto de un carismático capitán, como de buenos instrumentos de navegación que les permitan a los marineros orientarse de la mejor manera y remontar borrascosas tempestades. Nadie es indispensable ni nadie, por más carisma o “experiencia” que posea, deja de ser un hombre de carne y hueso, falible y tentable.

Nuestra obligación es entonces permanecer vigilantes frente al poder y sus delegados. El que manda debe mandar obedeciendo, como apuntaban los zapatistas, y además por tiempo limitado, habría que agregar.

El poder no es para nada algo inocuo, y al menos en esta galaxia, y hasta nuevo aviso, sigue siendo completamente válido el teorema de Lord Acton. Como el dragón del Apocalipsis, el Poder es la bestia huidiza que se escabulle y sobre la cual hay que ganar constantemente las riendas.

Se trata de una tarea interminable e irrenunciable.

Iván Villalobos Alpizar

Tema polémico: ¿deber ser los magistrados elegidos popularmente?

La reciente decisión de la Sala Constitucional de avalar la prohibición de ventas de ciertos alimentos y bebidas en las sodas escolares calienta un debate que, por mucho tiempo, en las democracias representativas se ha querido evitar: la existencia de Magistrados, con un altísimo poder político, sin pasar por el tamiz de la elección ni por el control popular de sus decisiones. De ahí que en ASOJOD nos proponemos hacer una reflexión que brindará argumentos para contestar que sí a la pregunta que titula este artículo.

Los magistrados, en tanto actores políticos trascendentales, deberían estar sujetos al control ciudadano, asumir responsabilidad política por sus decisiones que son, más que jurídicas, políticas y rendir cuentas por ellas. Deberían estar sujetos por un pueblo que, a su vez, debería exigir que se le respete como soberano, como conjunto de individuos capaces de tomar las decisiones que más les convengan para su propia vida y que delegan, parcial pero no totalmente, el poder en representantes que administren la res publica. 

Uno de los mayores aportes políticos del liberalismo a través de la historia, fue traerse abajo el absolutismo monárquico que pretendía instaurar a los reyes como poseedores de un poder otorgado por dios. Las revoluciones liberales de los siglos XIII a XVIII en Europa y Estados Unidos, permitieron avanzar hacia un sistema donde el rey tenía el poder total a otro donde existía un Parlamento como freno y contrapeso de las competencias regias y/o eclesiásticas (en el caso de las teocracias o de las sociedades altamente dominadas por alguna religión). Parlamento que si bien inicialmente fue conformado por miembros de la burguesía y la nobleza que exigían derechos frente al Rey y buscaban controlar su poder (como en el caso de la Magna Carta Libertatum de 1215), con el tiempo fue conformándose de forma más democrática, hasta alcanzar la representación plenamente popular, al ampliarse los derechos civiles y políticos a prácticamente todos los ciudadanos mayores de edad (por supuesto que en la actualidad todavía persisten algunas restricciones en distintos países que imposibilitan un pleno ejercicio del derecho al voto). Con ello, quienes detentan el poder político pasaron de ser elegidos por dios, luego por algunas castas hasta ser sometidos, actualmente, a la escogencia popular.

Pero ¿por qué eso sucedió solo con el Parlamento (tanto a nivel nacional como al local) y, con la Presidencia en el caso de los regímenes presidencialistas? ¿Por qué no incluyó a los jueces, a los que tienen poder para dictar sentencias vinculantes? Pareciera ser que ese impulso por hacer que cada vez más se democratizara y dispersara el poder, pasando de unas pocas manos a la mayor cantidad de manos posibles, se detuvo en las últimas décadas hasta enterrar el debate de la judicatura, incluso a nivel académico. ¿Por qué ya nadie reflexiona si quiera acerca de este trascendental punto? ¿Por qué hemos dado por sentado que el juez tiene que ser designado y no elegido? ¿Por qué volvemos a creer en la designación de un funcionario por medio de una mente todopoderosa y omnisciente, llámese dios o político? Es como si con la extensión del derecho al voto a casi todos los ciudadanos se hubiese acabado el problema, cuando la realidad demuestra que quedan muchísimas reformas por hacer. Por ello, siguiendo esa tradición liberal y alimentando el debate frente a una especie de nuevo absolutismo jurídico-político en manos de los magistrados, en ASOJOD consideramos que lo lógico y consecuente es someter al magistrado a la elección popular.

En el caso costarricense, los magistrados, especialmente los constitucionales, tienen la máxima cuota de poder en todo el sistema político. Dos frases del ex magistrado Piza Escalante, ilustran lo anterior: "la Constitución dice lo que la Sala dice que dice" y "después de la Sala, solo está dios". O sea, que la última palabra sobre prácticamente todo, el control sobre todas las decisiones que sean susceptibles de pasar por la perspectiva jurídica, lo tienen los magistrados de la Sala Constitucional, quienes no son responsables políticamente por sus decisiones, no rinden cuentas ante nadie ni son sujetos de ningún tipo de control. Siendo así cabe preguntarse, recobrando la frase de Juvenal, ¿quién custodia a estos custodios?.

¿Se justifica que exista un poder político sin control, es decir, un poder absoluto en estos tiempos? El liberalismo, como ya lo hemos dicho, ha combatido históricamente esto y siendo que una de sus máximas es que el poder esté distribuido en la mayor cantidad de manos, que el ciudadano tenga el poder de decisión sobre cada vez más aspectos de su vida, sería lógico pensar que debería impulsar en su agenda, la democratización y el control del poder de los magistrados, llevándolo hasta la máxima acepción que sería permitirle al individuo decidir, como ocurre con Presidente y Diputados, a quién sienta en la silla de poder. Si se ha defendido la elección popular en los otros casos, ¿por qué no en el de los magistrados?

Por supuesto, no faltará quien considere contraproducente una elección popular de magistrados y argumente que es peligroso dejar a la "gradería de sol" tomar esa decisión por su desconocimiento o porque es fácilmente manipulable o que se trata de puestos calificados que no pueden estar abiertos a que participe cualquier persona. Pero la primer premisa implicaría tener la misma posición contra la elección popular que ya hace esa "gradería de sol" para Presidente, Diputados, Alcaldes, Concejales y demás puestos. Además, sería presumir que el ciudadano no tiene capacidad de discernimiento, que no puede tomar decisiones, que no sabe qué es lo que más le conviene para su propia vida y que no puede ejercitar su libertad. Sería darle razón al argumento de los estatistas de tratar al ciudadano como un eterno infante, negándole la oportunidad de hacer sus propias escogencias y reforzaría aquella nefasta creencia de que "siempre habrá alguien mejor capacitado para tomar decisiones por nosotros". El temor a la manipulación no tiene sentido, porque de existir, aplica para la elección de los puestos que ya son sometidos a votación y jamás justifica que se le niegue el poder decisional a los ciudadanos en esos casos. Al menos nunca hemos escuchado a alguien decir que debería eliminarse la elección popular de Presidente y Diputados porque los medios de comunicación, los partidos políticos y otros manipulan la intención de voto con promesas falsas y engaños.

En el mismo orden de ideas, alegar que son puestos "clave" que requieren selectividad en la participación es un aspecto operativo y no aborda el problema de fondo. Aún permitiendo la elección de magistrados, podría perfectamente establecerse requisitos para la postulación, como ya existe en otros casos (vgr. para ser Presidente de la República se requiere ser mayor de 35 años y para ser Diputado, mayor de 21). Otros aspectos operativos, como la forma de elección, la periodicidad y demás, podrían ser discutidos como elementos subsidiarios -propuesta que podríamos abordar a futuro y extendiéndola a los jueces de todas las demás jurisdicciones, pues hoy nos centramos en la Constitucional-, pero no invalidan el asunto de fondo: quitarle el poder de decisión a las élites políticas y partidarias que hoy nombran y mantienen a los magistrados para dárselo a la ciudadanía.

Someter a los magistrados a la elección popular, pese a los riesgos y temores que puedan surgir, tiene enormes ventajas. En el escenario actual su nombramiento y permanencia depende de la lealtad y utilidad del magistrado al partido político que tenga mayoría. Siendo que, para no continuar en su puesto cuando se vence el nombramiento, se requiere mínimo 38 votos en contra de su renovación de mandato, basta con que el partido cuyos votos impidan alcanzar la regla de toma de decisiones, proteja al candidato. ¿Cómo conseguir esto? El hecho de que algunos actuales magistrados tengan 20 o más años en sus puestos demuestra que siendo leales a los intereses de ese partido, votando afirmativamente sus propuestas -a pesar que en algunos casos se voten en contra, más por dar la apariencia de imparcialidad que por convicción jurídica-, se les puede mantener contentos.

Sobre este punto podría decirse que variando el mecanismo, se resuelve el problema. Es decir, que se invierta el procedimiento y se requiera el voto afirmativo de 38 Diputados para nombrar o mantener a un magistrado. No obstante, esto sigue dejando el poder de decisión en cúpulas partidarias y en legisladores que, como nos ha demostrado la realidad, están muy alejados de representar la voluntad popular y responden a sus propios intereses de corto o mediano plazo. Igual los magistrados seguirían siendo responsables ante los Diputados y no ante los ciudadanos que, como bien sabemos, muchas veces ni siquiera son escuchados o atendidos por sus representantes políticos.

En cambio, al permitir la elección directa de magistrados, el ciudadano podría castigarlos o premiarlos políticamente por sus decisiones. Fallos tan polémicos en los últimos años como el de fecundación in vitro, porteo, impuestos, fumado, Crucitas, reelección presidencial y otros, perfectamente podrían haber generado que los votantes, conformes o disconformes con la posición asumida por los magistrados, los premien o castiguen en la próxima elección. Además, se abre la puerta importantísima para el cambio pacífico del poder, de forma que esos magistrados que llevan anquilosados en una Corte, muchas veces viendo las cosas desde una torre de babel. y con posiciones fijas en algunos temas, puedan dar lugar a otros jueces con perspectivas diferentes que actualicen la interpretación del derecho. Monopolizar el poder nunca es bueno; ya lo había dicho George Bernard Shaw cuando señaló que "los políticos y los pañales han de cambiarse a menudo y por los mismos motivos". Lo mismo aplica a los magistrados.

Por ello, creemos que abriendo esta posibilidad, podríamos avanzar en ese arduo pero necesario camino de devolverle al ciudadano el poder, quitándoselo a castas y grupos específicos para hacer que las políticas públicas cada vez tengan menor impacto negativo sobre los individuos y su libertad sea menos constreñida.

La esencial limitación del poder

En Uruguay ha sucedido algo asombroso: el Fiscal de Corte se atrevió a decirle al gobierno que no puede hacer lo que se le antoje. En un extenso informe referido a un recurso de inconstitucionalidad, vinculado a la reforma tributaria, el funcionario señaló que “Si bien es correcto que pertenece al ámbito de la política fiscal la determinación de los instrumentos a utilizar para el logro y consecución de las metas económicas y financieras del Estado, no puede perderse de vista que la política fiscal no es sino una expresión o manifestación del poder público, el cual, tanto en esta materia como en todas las áreas en las que actúa, debe ceñirse a las limitaciones contenidas en la ley superior, esto es, en la Constitución Nacional”.

Lo que más nos impacta del dictamen, teniendo en cuenta la confusión que siempre ha reinado en América Latina sobre el tema, es que allí se deja claro que “en nuestra Carta Magna existe expresa consagración de principios y normas que limitan las potestades de los órganos públicos, en aras de salvaguardar un cúmulo de derechos y garantías insoslayables en un Estado de derecho y a cuyos preceptos toda ley debe ceñirse”.

En momentos en que negros nubarrones se ciernen sobre América Latina, la referida valoración fiscal es como un rayo de luz esperanzador. Aunque debemos aclarar que la postura del Fiscal de Corte no obliga a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) a dictar sentencia en forma coincidente.

Es tan fuera de lo común por estos lares que la separación de poderes sea algo real y con efectos prácticos sobre la vida de los ciudadanos, que la primera reacción del gobierno fue de “sorpresa y desconcierto”. Y la segunda, presionar al Tribunal Supremo para que falle en sentido contrario.

Así, el ministro de Economía- cuyo nombre está íntimamente ligado a la referida reforma- reaccionó enérgicamente. Aunque aclaró que no lo hacía en forma “irrespetuosa”, sino con “severidad”. En declaraciones radiales fue muy explícito al afirmar que el Fiscal de Corte “se puso a discutir el nuevo sistema tributario… con argumentos absolutamente equivocados”. Y remarcó que tiene “el derecho y la responsabilidad” de cuestionar esa posición. Asimismo, manifestó su “esperanza” en que la Corte Suprema no apoye la posición fiscal y desestime la inconstitucionalidad.

Al día siguiente de tales declaraciones, la Asociación de Magistrados del Uruguay libró un comunicado público donde expresó que “el respeto a la independencia del sistema judicial hace al Estado de derecho y ningún gobernante debería abrogarse el derecho de influir sobre los jueces por vías que no sean las que la Constitución y la ley permiten”.

Otra embestida gubernamental es la que Fidel Castro enseñó a sus acólitos: la descalificación personal. Desde hace poco tiempo, la Fiscalía de Corte tiene su nuevo titular. Por eso, no sorprende que un miembro del mismo sector político del ministro declarara que considera “sintomático” que en su primer dictamen el fiscal se haya alineado “con los partidos que hoy no están en el gobierno”.

Latinoamérica está ingresando a otra de sus etapas lúgubres. Lo que está aconteciendo en la región recuerda el periodo posterior a la Primera Guerra Mundial, cuando se gestaron el fascismo y el nazismo, culminando en la Segunda Guerra. Entonces también, los grandes violadores de los derechos humanos se alzaron con el poder total por medio del apoyo popular, manifestado en elecciones y referendos.

Por eso debemos tener siempre presente que no es el voto lo que caracteriza a una democracia auténtica. Lo verdaderamente valioso de ella es que permite el cambio político pacífico y nos garantiza una efectiva protección de la arbitrariedad de poderes absolutos, a los que aspiran tantos de nuestros actuales gobernantes.

Hana Fischer