La columna de Carlos Federico Smith: acerca del financiamiento gubernamental de la Caja y los EBAIS recuperados

En estos días, dos situaciones recientes alrededor de la Caja del Seguro Social han llamado mi atención. Una de ellas la recoge el periódico La Nación del 18 de febrero, en el artículo titulado “Deuda de Gobierno con IVM y seguro de salud se dispara,” y la otra que se ha comentado en distintos medios, es el hecho de que la Caja ha “recuperado” una serie de EBAIS ubicados en el este de la ciudad, que previamente eran administrados por una concesión de la Caja a una universidad privada del país.

Lo que ambos tienen en común, al menos para este comentarista, es su relación con los ingresos y gastos de la Caja. En sencillo, por una parte, el gobierno no le está dando los fondos que debería darle a la Caja, tanto para su programa de pensiones IVM, como para el denominado de salud y enfermedad. Y, por la otra, que, en apariencia, los costos para la Caja -que quede claro: para todos los ciudadanos contribuyentes- al ahora administrar esos EBAIS, serán muy superiores a los hasta hace poco pagados por hacerlo a la Universidad Iberoamericana (UNIBE).

Veamos el primer tema de la deuda total del gobierno al 2019 con la Caja. Según el medio citado, asciende a ¢1.67 billones, de los que, el 85%; o sea ¢1.42 billones, es la deuda del gobierno con el programa de la Caja llamado Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) y el 15% restante al programa de pensiones de la Caja (IVM) que asciende a ¢258.630 millones. La deuda total del gobierno casi que se ha duplicado en términos reales durante los últimos 3 años. La deuda con el SEM aquí indicada incluye principal e intereses.

El artículo de La Nación desglosa la deuda total gubernamental con el SEM de ¢1.42 billones de la siguiente manera:

1. Deuda por el traspaso a fines de los noventa a la Caja de los EBAIS por el administrador previo, el ministerio de Salud. El saldo de esa deuda, dice el medio, asciende a ¢468.471 millones e indica que “representan el 33% de la deuda estatal con el seguro de salud” SEM.

2. Según el Código de la Niñez y la Adolescencia, el gobierno debe trasladarlo al SEM como pago “por la atención médica que el Estado debe brindar a los menores de edad, principalmente por concepto de vacunación.” La deuda del gobierno con la Caja por esta subpartida al 2019 ascendió a ¢344.974 millones, lo que equivale al “24% de la deuda total del SEM.” Esa cantidad aumentó un 46% con respecto al año pasado.

3. La tercera subpartida de la deuda total que señala el medio es por “la población asegurada por cuenta del Estado, que incluye a personas en condición de pobreza y pobreza extrema, indigentes, y privados de libertad.” Según informa la Caja, el saldo que le adeuda el gobierno por esta subpartida, a fines del año pasado, es de ¢162.115 millones, que equivaldría a un 11% de la deuda con el SEM.

Aquí me surge un problema serio en cuanto a los números que presenta el periódico: no me cuadran. Esas tres subpartidas suman ¢975.560 millones, por lo que faltaría una hipotética subpartida equivalente al 37% del total que se dice adeudar al SEM y que ascendería a ¢444.440 millones. No tengo ni idea de la consistencia de la suma de las partes de la partida adeudada al SEM.

Todo esto es importante tenerlo claro, pues, como bien dice el medio, en el artículo citado, “La existencia de las obligaciones estatales pendientes con el SEM y el IVM, implica que los patronos y trabajadores [recuerden el sistema tripartito originario del financiamiento de la Caja] asumen, con sus cuotas, parte del peso que corresponde financiar al Estado.” O sea, si, como es lógico pensarlo, lo que aporta el estado de todas formas proviene de personas y empresas contribuyentes, si alguien piensa que el estado nos lo cobrará para pagar esta deuda, pues sepan que, aparte de lo que hemos pagado correspondiente a las cuotas laborales y patronales, de algún lado el fisco sacará esos fondos, y ya sabemos cómo, de dónde y a quiénes.

Termino con una nota aparte, pero relacionada con las finanzas de la Caja. En apariencia, el costo para la Caja de administrar los EBAIS que absorbió en el este de San José va a ser mayor que lo pagado al administrador privado previo (aparte de molestias con la ubicación actual diseminada, con malas aceras en calles nutridas -al menos en Sabanilla- con largas filas, en donde la Caja culpa de ello a la administración anterior- y una atención, en opinión de algunos, poco amable). Pero, desde el punto de vista del verdadero costo que va a significar esta “recuperación” de los EBAIS para los cotizantes de la Caja, eso deberá hacerse conocer pronto a la ciudadanía… máxime con los serios apuros financieros de la Caja. De hecho, un editorial de La Nación al respecto, del 24 de febrero, consigna que “La propia auditoría interna de la Caja lo admite [que serán mucho más caros que antes bajo concesión a la universidad privada]. Según cálculos de esa oficina, el costo de contratar el manejo de los EBÁIS con terceros es un 50% menor.” Debe demostrarse, al menos, que el servicio -que era relativamente bueno- mejorará significativamente, pero las primeras impresiones parecen indicar lo contrario.

 

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: defínanse ante las pensiones de lujo

Han existido acciones que reivindican la acción legislativa del actual congreso. Ciertamente, ha habido ejemplos de ello, pero, al mismo tiempo, hay otros en contra. Dentro de los primeros, está la reciente decisión convertida en ley de poner freno a los abusos contra los ciudadanos por las huelgas de sindicatos gubernamentales. Peo, en lo segundo, creo que ya es mucho el diletantismo alrededor de la reforma indispensable a las pensiones de lujo.

Es cierto que toda legislación ha de someterse al razonamiento sano, con la expectativa de que los resultados de esas acciones se dirijan, en esencia, a que el estado proteja las libertades de los ciudadanos, así como también para que se reviertan acciones tomadas en el pasado y cuyos resultados no han sido los esperados, sino es que porque las cosas han salido mal. Si bien la meditación debe existir, creo que la reforma ante la injusticia evidente y pesada de las pensiones de lujo, no se debe retrasar más.
 

Debe corregirse un mal que agobia las consciencias de muchos ciudadanos y, en lo particular, de contribuyentes, cuyos ingresos, arduamente ganados, son tomados por el estado para, entre otros fines, la espuria protección indebida de unos a costas de otros. Es con los aportes obligados de los ciudadanos por medio de impuestos, que se están pagando enormes pensiones en el sector público, a individuos que no han contribuido para que sea por sus ahorros que las reciben en tales números. Montos que van desde pensiones juveniles, a pensiones exorbitantes, hasta pensiones múltiples, todas ellas, de alguna forma, cargadas a los ciudadanos comunes y corrientes. Una injusticia tal, producto de gremios de poder y gobiernos complacientes, es una loza, no sólo sobre los bolsillos ciudadanos, sino sobre las consciencias de las personas libres.
 

Recientemente, La Nación del 22 de enero publicó el comentario titulado “Nueva reforma ahorraría ¢115.000 millones en jubilaciones de lujo.” El proyecto de ley entraba al plenario y, como era de esperarse, sería, si bien aún parcial, un paso en la dirección correcta en todo el proceso de extirpar el incordio. En esencia, el proyecto considera: 

(1) El cierre de los regímenes de pensiones con cargo al presupuesto nacional. Esto detendría, de inmediato, que nuevos gorrones de esas pensiones de privilegio engrosen la lista del privilegio. Sistemas de pensiones como los de Hacienda, General de Pensiones y de Obras Públicas, administrados hoy por la Dirección General de Pensiones (DNP), se trasladarían al régimen del IVM de la Caja. Cualquier trabajador que entró a laborar antes de 1992 en ciertas dependencias gubernamentales, hoy conserva el “derecho” a su pensión de privilegio. Se estima que “este traslado generaría un ahorro de más de ¢70.400 millones en nueve años,” que es cuando se jubilaría el último trabajador que goce de tal privilegio.
 

(2) Bajar el tope actual de las pensiones de lujo, que pasaría del monto actual de ¢2.7 millones al mes, para aquellas pensiones otorgadas después de 1998, a ¢2.2 millones, lo que equivale a 8 veces, en vez de 10, como es hoy, “el salario más bajo pagado en el régimen del Servicio Civil.” En 9 años el fisco (nosotros) se ahorraría ¢1.161 millones.
 

(3) Hoy poco más de 8.700 jubilados de los regímenes administrados por la DNP y el Magisterio, disfrutan “de exenciones en el pago de contribuciones gracias a leyes aprobadas en el pasado.” De aquellos, 777 personas están en el régimen Transitorio del Magisterio Nacional, y la propuesta daría un ahorro de ¢20.250 millones en esos nueve años, en tanto que 7.930 personas aparecen pensionadas de lujo en los llamados regímenes especiales del gobierno, generándose un ahorro en nueve años de ¢23.805 millones. El ahorro total por esta medidas en nueve años sería de ¢44.005 millones. 
 

Para explicar la idea, debe destacarse que, según la ley 2249, para los jubilados del Magisterio hay una cotización obligatoria que va de un 8.75% a un 16% progresivamente, hasta por un monto de ¢3.9 millones, pero en el Magisterio hay pensiones que llegan a ¢12 millones mensuales, que están exentas por encima de aquella cifra, viéndose así favorecidas relativamente. Ahora se lograría que a esos beneficiarios de pensiones altas paguen la cotización obligatoria sobre toda la pensión.
 

Por su lado, en la DNP, la cotización obligatoria va de un 9% a un 16% en función del tamaño de la pensión, pero la exoneración actual llega hasta un salario mensual de ¢575.400, que equivale a “menos de dos veces el salario base más bajo pagado en la administración pública.” Se eliminaría dicha exoneración y pagarían un 9%.
 

Estas evaluaciones sobre el impacto fiscal de la propuesta de reforma a las pensiones de lujo se hicieron para los próximos 9 años, que es cuando se jubilaría el último funcionario activo con acceso a esos regímenes de pensiones, y lo realizó el Departamento de Asesoría Actuarial de la Dirección Nacional de Pensiones (DNP) del ministerio de Trabajo, a pedido de los diputados de la Comisión de Asuntos Sociales.
 

Noten que no hay información del impacto de estas propuestas de reforma sobre las pensiones de lujo del Poder Judicial, pues no dependen de la DNP, aun cuando serían cubiertas por el proyecto de ley en trámite.
 

Peeeero… ya empezó la erosión al proyecto de ley en la propia Comisión de Asuntos Sociales, pues, 5 de 7 diputados presentes, excepto las diputadas Yorleny León de Liberación y Patricia Villalobos de Integración Nacional, se opusieron a elevar desde el 65% a la contribución obligatoria máxima aprobada en “la más reciente reforma a las pensiones de lujo” en noviembre del año pasado, hasta un 75%, para evitar la distorsión arriba citada, de una exención que favorece a las pensiones más altas.
 

No está claro el futuro del proyecto, por ello es indispensable que exista la atención ciudadana para hacer una realidad el fin del abuso con las llamadas pensiones de lujo. Ojalá la situación se resuelva correcta y justamente muy pronto, pues, cada día que pasa, más difícil se va haciendo establecer justicia en el seno legislativo… recuerden: ya empiezan a jugar las próximas elecciones. ¿Qué tal si la ciudadanía no votara por los partidos que votan en el seno legislativo por conservar esos odiosos privilegios para unos pocos, sufragados por los bolsillos de los ciudadanos contribuyentes?

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: cómo arrastrar los pies: el presupuesto de las Universidades Públicas del 2020

Pasito a pasito, gradualmente, algunos entes de control del gobierno han venido tomando decisiones, si bien aún insuficientes, que van por el buen camino de ordenar las finanzas del estado costarricense. Tal es el caso de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP) del ministerio de Hacienda, así como la Contraloría General de la República (CGR), en torno a la improbación de los presupuestos para este año de las Universidades de Costa Rica, Nacional, Estatal a Distancia, Técnica Nacional, Instituto Tecnológico, así como el Consejo Nacional de Rectores (CONARE).

Es parte de ese esfuerzo de las universidades estatales por impedir que se les aplique la regla fiscal; esto es, que, en esencia, el aumento del gasto corriente (salarios, cargas sociales, becas y servicios) sea de un 4.87% con respecto al año anterior, según se aprobó en el llamado paquete fiscal de diciembre del 2018. Esas universidades se han negado a acatar la disposición, negándose a remitir información de sus planes de gasto ante la STAP, ente que verifica y confirma el cumplimiento de la regla fiscal, para que la Contraloría apruebe, por ley, estos presupuestos ordinarios para el 2020. La información la presenta La Nación del 20 de diciembre en su artículo “Rebeldía de universidades causa rechazo de sus planes de gastos en la Contraloría.”

Ante la no presentación de dicha información, la CGR señaló que, “de conformidad con el artículo 184 inciso 2 de la Constitución Política y el artículo 18 de su Ley Orgánica, tiene el deber de analizar que los presupuestos sean formulados y presentados de conformidad con las disposiciones legales y técnicas, dentro de las cuales está la certificación que emita el STAP sobre el cumplimiento de la regla fiscal.”

El arrastre de los pies de las universidades se sustenta -¿acaso es una sorpresa?- en la idea de su independencia y autonomía y en que su caso legal está por resolverse en los tribunales de ley. Una vez más, las autoridades universitarias hacen gala de su creencia de que son sus únicos dueños y señores, como tales, de los recursos que todos los costarricenses aportamos obligadamente cada año. Conviene brindar algunos datos del monto presupuestado para el FEES del 2019, que fue de ₡511.154.72 millones (para la UCR, la UNA y el Tec), a lo que debe sumarse la transferencia del gobierno a la Universidad Técnica Nacional por ₡34.868 millones, con un aporte total del gobierno a las universidades estatales de ₡546.022.72 millones.

Para el 2020, el monto inicialmente presupuestado para el FEES y la UTN ascendía a ₡512.781.51 millones, más lo correspondiente a la UTN por ₡35.677.88 millones, lo que lleva a un total de ₡548.459.39. Posteriormente, el ministerio de Hacienda definió una reducción de ₡70.000 millones del FEES que deberían usarse en infraestructura, pero la Asamblea Legislativa restituyó ₡35.000 millones al FEES.

Ante la decisión citada de la CGR por la no presentación de los documentos requeridos, ahora aquellas universidades y el CONARE deben trabajar con el mismo presupuesto ordinario del 2019 y no con el presentado para el 2020, aunque tienen la posibilidad de aumentarlo con presupuestos extraordinarios, que me imagino no van a ser fácilmente aprobados por la Asamblea Legislativa, ante esa actitud exhibida de impedir la aplicación de la medida de restricción fiscal aprobada, puesta no sólo para restringir el gasto de ciertas entidades estatales, sino a todas ellas, sin olvidar que también los ciudadanos hemos sido objeto de violentos aumentos en los impuestos.
 

Como bien recuerda la CGR a las autoridades reticentes a obedecer la ley, “el artículo 19 de la Ley 9635 [la del Paquete Fiscal] se encuentra impugnado ante la Sala Constitucional, lo que no [subrayo: NO] significa que la norma no esté vigente y por tanto debe ser acatada.” ¿El desacato a una ley en el sector público es objeto de sanción? O seguiremos con ese jueguito de arrastrar los pies, como babosas, tratando de impedir el freno al gasto gubernamental, que, si no se lleva a cabo, conducirá a la inevitable quiebra de la ciudadanía, con más y más impuestos o endeudamiento gubernamental, a la vez que el gasto del gobierno, causal del problema, sigue invariable e intocable, como lo pretende la república independiente de las universidades estatales.
 

Ha hecho bien la Contraloría en no aprobar los presupuestos para el 2020 de las entidades gubernamentales citadas, pues simplemente, en su arrogancia, no cumplieron con el requisito esencial de suministrar a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, la información requerida para todas las entidades que presentan sus presupuestos, para lograr la aprobación final por la Contraloría General de la República: Como suele decirse, nadie está por encima de la ley.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: ¿de dónde va a salir toda esa plata?

Con base en un informe técnico de la Contraloría General de la República acerca del Presupuesto Nacional del 2020, La Nación del 4 de enero nos presenta el comentario titulado “Gobierno afronta faltante de ¢840.000 millones para pagar las pensiones.”

La pregunta obvia es ¿de dónde saldrán los dineros para pagar esas pensiones? Bueno, parte de la respuesta, no muy agradable, se la brinda el mismo medio, al indicar que, ese déficit por las pensiones a cargo del presupuesto nacional de casi ¢840.000 millones, “tendrá que ser cubierto con deuda pública y con impuestos.” Y dije que “parte de la respuesta,” pues se asoma otro camino que podría seguir este gobierno, dejando de lado, por supuesto, una reducción sustancial de los aportes estatales para, al menos para empezar, a las llamadas pensiones de lujo. Ese otro camino que podría elegir es emitir dinero, lo que crearía inflación, con las consecuencias nefastas que eso implica (entre otras, reducir las pensiones en términos de su poder adquisitivo). 

Lo cierto es que, cualesquiera de las opciones indicadas -endeudarse, aumentar impuestos o generar inflación- será cargada a los bolsillos de los ciudadanos. Pero, claro, como este gobierno (y todos) pretende tener el menor costo político actual, lo que casi que dejaría por fuera su “necesidad” de ponernos aún más impuestos a los ciudadanos hoy acogotados, en el marco de una economía que por eso es que no crece lo suficiente, podría preferir otras dos alternativas más sutiles, más “placenteras,” como son, una de ellas, endeudarse hasta la coronilla (ya vamos llegando al punto de inflexión de un 60% del PIB de endeudamiento del estado), que tiene la ventaja adicional que no se “carga” directamente a los votantes de hoy, sino que será pagada por las generaciones del futuro y que potencialmente no se vengarían votando en contra de ese gobierno. (Aunque la gente descuenta esos pagos futuros que se traducirán en impuestos).

La otra alternativa, de rapacidad encubierta, es que el Banco Central emita para prestarle al gobierno para que financie su gasto. Y, como es usual, al subir los precios, los políticos dirán que es “por culpa de los voraces empresarios” y no tardará en proponer la siempre fracasada política de controles de precios, que lo único que genera es escasez de bienes y servicios para los consumidores. (Dejo de lado todas las distorsiones en el sistema de precios, en donde ya no más es claro que un aumento en el precio de un bien sea indicador de su escasez e impulsa aumentar la oferta, pues, en una inflación todos los precios aumentan generalmente y la señal deja de servir). 

Este año el gobierno destinará ¢1.127.890 millones a pensiones, donde ¢917.000 millones corresponden a sistemas de pensiones como los del Magisterio, Nacional, Hacienda y ex Diputados, financiados ¢840.000 millones por el estado y los restantes ¢78.000 millones serán aportados por los “beneficiarios, funcionarios públicos activos y pensionados.” Los ¢211.000 millones que faltan corresponden al aporte estatal al IVM de la Caja (recuerden que es un régimen tripartito; trabajadores, patronos y estado). Según informa la Contraloría, “el gasto en pensiones se comerá casi el 11% del Presupuesto Nacional.” Indica el medio que ese “rubro creció en un 41% entre el 2015 y el 2020” y que, para este año, comparado con el anterior, el aumento es de un 6.4%.
 

La jarana siempre sale a la cara. El desorden fiscal, si se mantiene ese gasto desbordado, nos pasará la cuenta de una u otra forma, pues. para hacer cacao, se necesita de chocolate y ese chocolate viene de los bolsillos de los ciudadanos contribuyentes, los de hoy y los del futuro.
 

Aquel déficit, en opinión de la Contraloría, se debe a “la ausencia histórica de fondos con financiación tripartita y a la reducción de la población trabajadora, producto también de la situación demográfica” (¿y de la económica, que se ha reflejado en un crecimiento de la economía subterránea, en donde no hay cotizaciones?), además de que ”los regímenes con cargo al presupuesto son de carácter cerrado” y aunque desaparecerán en su momento, “durante un plazo considerable tendrán un peso significativo en el gasto.” Claro, lo que nos dice es que se debe terminar ya con las pensiones de lujo que básicamente están presentes en esos regímenes a cargo del presupuesto nacional. Estos sistemas “seguirán costándole mucho dinero al Estado,” léase, a los bolsillos de los ciudadanos contribuyentes.
 

El artículo señala que los sistemas de pensiones de mayores cuantías en el presupuesto nacional son el del Magisterio con ¢619.000 millones, los de Hacienda y Poder Legislativo con ¢78.000 millones, ¢211.000 millones al IVM de la Caja, esto último porque pasó de ¢72.400 millones del 2018 a ¢211.000 millones, ante el alza en el aporte estatal (además del laboral y patronal) de 0.58% a un 1.41%.  Por otra parte, las llamadas pensiones no contributivas subieron de ¢8.560 millones a ¢12.680 millones, en mucho debido a las prejubilaciones a extrabajadores de JAPDEVA. En el desglose que presenta el medio se indica que el gasto gubernamental a las pensiones del IVM en este año será de ¢285.000 millones, pero, por otra parte, señala que es de ¢211.000 millones, a lo que podría ser necesario sumar el aporte estatal de las llamadas pensiones no contributivas, si es que va a dar a la Caja, que este año ascenderían a ¢12.860 millones. Así, el total para la Caja sería de ¢224.000 millones, cifra que no calza con la señalada por el medio. Así que no tengo certeza acerca de los datos que consigno y que indica el medio.
 

En todo caso, vale la pena destacar que, en un esfuerzo por reducir los montos destinados a pensiones, “el gobierno planea impulsar, cuando los diputados retornen a sus labores el 13 de enero próximo, una segunda reforma a las pensiones de lujo que imponga un tope de ¢2.4 millones (al mes) y que pase al IVM a todos los trabajadores públicos que aún no se hayan pensionado mediante regímenes con cargo al Presupuesto Nacional.” Bueno, ver para creer...

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: pronto la deuda gubernamental llegará al 60% del PIB

Un indicador esencial en la política fiscal que actualmente prosigue el gobierno es el porcentaje que, del valor de la producción final de todos los bienes y servicios producidos por los residentes del país, representa el endeudamiento del gobierno.
 

Muchos aspectos se podrían comentar acerca del endeudamiento gubernamental, pero me centraré en analizar el impacto que se tendría de llegar a un indicador clave de la política fiscal. Me refiero a que, muy pronto, el endeudamiento del gobierno con respecto al PIB llegará a un 60%.  Digo “clave,” pues, en la práctica, suele considerarse un tope a lo máximo deseable en una economía, al menos para ciertas calificaciones de riesgo del país. De hecho, a noviembre del año pasado, el porcentaje era de un 59.3% del PIB, lo que equivale a una deuda de ₡21 millones de millones y, para tener una idea de su crecimiento rápido, a noviembre de 2018, fue de un 52.9% del PIB, equivalente a ₡18 millones de millones. Esto es, en sólo un año, esa deuda gubernamental, como porcentaje del PIB, creció en un 6.4 puntos porcentuales.
 

El aumento en el cociente Gasto gubernamental/PIB viene dándose desde hace ya buen rato, pues en el 2008 fue de sólo un 24% del PIB y creció en más de un 100% (más que se duplicó) en 10 años, resultado del déficit del gobierno (que se gasta más de lo que recibe de impuestos). Es así resultado del jolgorio gubernamental de tantos años.
 

Ante esos déficits, los gobiernos -este incluido- han acudido, afortunadamente con una inflación relativamente moderada, a aumentos en los impuestos, a pedir prestado, colocando bonos en los mercados nacionales e internacionales. Por supuesto, no se ha visto un esfuerzo profundo y constante por reducir el factor que impulsa los déficits gubernamentales, cual es el gasto público excesivo.
 

Reproduciendo parte del Comentario sobre la Economía Nacional del Banco Central publicado el pasado 31 de diciembre, La Nación, en su artículo titulado “Deuda del Gobierno se acerca al 60% de la producción,” dice que “En el financiamiento del déficit del Gobierno Central, ha aumentado la participación del endeudamiento externo proveniente de la colocación de títulos de deuda en los mercados internacionales de $1.500 millones y el crédito de apoyo presupuestario con el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) por $350 millones.” En dos palabras, un alto endeudamiento reciente ha aumentado la fracción que del PIB representa la deuda gubernamental, endeudamiento derivado del excesivo gasto gubernamental, más allá de recursos extraídos por impuestos a los ciudadanos.
 

Lo que debe tenerse presente es que esa deuda no es más que una obligación que gobiernos de generaciones actuales, trasladan a generaciones futuras para que la pague. La señal es clara: en su momento, o bien el gobierno seguirá endeudándonos para pagar deuda con más deuda, al vencer la primera, o creará inflación para poner un impuesto a los saldos monetarios y reducir los ingresos reales de los ciudadanos, o pondrá nuevos o mayores impuestos. Hará así una realidad de que nunca serán suficientes los impuestos, aunque nos hayan dicho ilusoriamente que, los últimos que nos impusieron, eran la solución, pues el gasto gubernamental crece aún con rapidez.
 

De cierta forma, a hoy, antes de llegar a ese 60%, y durante el 2019, el gobierno tuvo cierto margen de endeudarnos rápidamente para salir de su apuro fiscal, además de aumentar impuestos en diciembre del 2018 y otros gravámenes en el 2019. Señala el medio que “los ingresos tributarios del Gobierno crecieron, en el acumulado hasta noviembre anterior, en casi un 10% frente al mismo período del 2018. El crecimiento se explica por la mayor recaudación del impuesto al valor agregado (IVA) y el de renta).”
 

Lo crucial es que, al acabarse ese margen, aparentemente cuando la relación deuda gubernamental/PIB llegue al 60%, la regla fiscal vigente desde la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en diciembre del 2018, establece que, cuando ese coeficiente esté entre un 45% y un 60% -como en los últimos tiempos- el crecimiento del gasto corriente, lo que excluye a la inversión, “no sobrepasará el 75% del promedio del crecimiento del PIB nominal en los últimos cuatro años.”
 

Aquel alivio se acabaría, según la regla fiscal, al arribar el cociente deuda del gobierno/PIB al 60% -muy pronto y estimaciones del Banco Central indican que llegará a un 65% en el 2023- pues, “el crecimiento del gasto total (corriente y de capital) no puede exceder el 65% del promedio de crecimiento de la producción.” Y, dado el bajo crecimiento actual del PIB, de apenas “2.2% del PIB,” se requeriría de un fuerte ajuste en el presupuesto nacional del 2021.
 

No me imagino que ese ajuste requerido en el gasto se hará una realidad, pues me temo que el espíritu irresponsable de un gasto gubernamental rápidamente creciente, será invocado de otra forma, pasando la brasa ardiente a manos de los contribuyentes de ese momento, para que sean ellos quienes la apaguen con impuestos. Tristemente.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: ahora es la Corte Suprema de Justicia la que no ajusta sus pluses

Continúa la reticencia de ciertos entes gubernamentales a aplicar plenamente lo que exige la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas –mejor conocida como de Reforma Fiscal- aprobada en diciembre del 2018. Anteriormente hice ver el caso de las universidades estatales, que omitieron presentar de forma debida los proyectos de presupuesto ante la Autoridad Presupuestaria, requisito para la aprobación de los presupuestos ordinarios por la Contraloría General de la República.

Ahora sale a la luz pública la “desobediencia” del menos imaginado de todos, el Poder Judicial, que no presentó su presupuesto para el 2020 según lo establece la ley de Reforma Fiscal. La Nación del 21 de diciembre lo expone en su comentario “Contraloría ordena a la Corte ajustar sus pluses a la ley fiscal.”

La Contraloría señala el incumplimiento en el oficio DFOE-PG-0739 de 19 de diciembre, dirigido al presidente del Poder Judicial, Fernando Cruz, en el que ordena “aplicar los ajustes salariales contenidos en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas… a todos los empleados de esa institución.” Además, advierte que, si se incumple esa orden, se “incurriría en una falta grave, por lo cual se expone a sanciones administrativas.” También, que “el jerarca (de la Corte) acredite que cumple con lo ordenado a más tardar el 31 de enero del 2020” y que “debe establecer un mecanismo de seguimiento para garantizar el cumplimiento de la reforma fiscal.”

El origen del desaguisado es una decisión tomada por la Corte Plena en marzo del 2019, en la que, y por mayoría de sus integrantes, acordó mantener los pluses de los empleados antiguos y aplicar las nuevas regulaciones de la Reforma Fiscal, sólo a los empleados contratados con posterioridad a la fecha su aprobación. La Contraloría lo objetó, indicando que la decisión no otorgaba derechos a los trabajadores judiciales, “por lo que no tiene valor jurídico,” pues no identificó “con precisión el derecho concedido, la normativa en que se sustenta y los beneficios debidamente individualizados. Requisitos que, en este caso, no cumple al acto en mención.”

La Contraloría solicita dos cambios al presupuesto del Poder Judicial. El primero, que se varíe el cálculo de los pluses desde un porcentaje del salario a un monto específico. La Corte había decidido mantener a sus empleados antiguos con una anualidad de entre un 1.94% y un 2.55% por año laborado; ahora, deberá ajustarlo a un monto fijo, en función del salario que tenía el trabajador en enero del 2018.

El segundo cambio se refiere al reconocimiento de la cesantía, que la Corte había determinado era, para sus empleados antiguos, de 12 años. La Reforma Fiscal señala un tope de 8 años, que deberá aplicarse a todos los empleados del Poder Judicial.

Esperamos que estos principios de ordenamiento fiscal señalados por la Contraloría General de la República se implementen pronto por la Corte, pues, sin duda, que ella debe dar el ejemplo a los ciudadanos de obediencia de la ley.

Digo esto último, en particular, por la respuesta casi unánime de rechazo por los magistrados de Corte Plena a la decisión de la Contraloría General de la República, en cuanto a que aquella debe pagar los pluses en montos fijos y no porcentuales y que la cesantía de un máximo de 12 años es aplicable a todos los funcionarios, tanto a los anteriores a la reforma fiscal, así como a los contratados posteriormente.

El director jurídico del Poder Judicial se queja de que “La orden no es emitida por la contralora general de la República” sino por “jerarquías de tercer nivel.” Pero, como era de esperarse, dicha orden tiene todo el apoyo de la contralora, señora Marta Acosta, quien rápidamente así lo hizo saber de forma pública. El lamento del Poder Judicial aparece registrado en el artículo de La Nación del 7 de enero, titulado “Magistrados rechazan orden de ajustar pluses a la ley tributaria.”

Ante esa última decisión de la Corte Plena, el malestar ciudadano ha sido sumamente generalizado, como lo resume el diputado presidente de la Asamblea Legislativa, don Carlos Ricardo Benavides, al recordarnos que “la ley se aprobó para aplicarla a todos los funcionarios públicos, sin excepción.” El sentir de la ciudadanía me parece que es contundente en su apreciación de que los magistrados sólo están defendiendo sus privilegios injustos y que “nadie está por encima de la ley,” empezando por los magistrados. ¡Cuánto duele ver a lo que ha llegado nuestro Poder Judicial! Ni piensen que, con decisiones como las señaladas, lograran el respeto de los ciudadanos. Lástima por el daño que le están causando al orden en nuestra sociedad y por el mal ejemplo que nos brindan.

 

 

 

 

 

Jorge Corrales Quesada.

La columna de Carlos Federico Smith: dos buenas noticias y otro par que no lo son en el control del gasto corriente del Gobierno

Empiezo por dos buenas noticias (optimista de lo que nos espera este año) provenientes de la Sala Constitucional, ante consultas de un número de diputados, acerca de si limitaciones que impuso el año pasado el ministerio de Hacienda en el gasto corriente, eran constitucionales o no.
 

Una se refiere a la aprobación por la Sala IV como constitucional a la decisión de Hacienda de destinar, de un presupuesto para las universidades públicas -el llamado Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior (FEES)- que para el 2020 era inicialmente por la enormidad de ¢513.000 millones de colones, que luego se redujo en ¢75.000 millones, para destinarlos a obras de infraestructura y equipamiento, en vez de gasto corriente generalmente usado en pagar salarios. Recordemos que, lamentablemente, esa reducción se achicó a sólo ¢35.000 millones, por la presión de rectores de las universidades públicas, que convocaron a estudiantes para oponerse a esa reducción, con la falsedad de que afectaría las becas de ellos, cuando, en realidad, no era así. Dada esa inquietud ante las becas estudiantiles y el enorme gasto en salarios, vale la pena señalar que, según La Nación del 17 de diciembre, la “Sala IV avala tope a gasto corriente de ‘U’ públicas,” esas universidades “aumentaron su presupuesto para salarios en 12 años en un 100% por encima de la inflación, destinando ¢387.000 millones para ese rubro en el 2018, mientras que la cantidad de alumnos subió un 27%.” Ello ante la falsa pretensión de los rectores y los tontos útiles.
 

La segunda buena noticia es la declaración de constitucionalidad por la Sala IV del presupuesto que el ministerio de Hacienda le asignó al Poder Judicial para este año, de sólo un alza del 0.69% con respecto al año pasado. Algunos diputados “alegaron que el aumento debió ser de al menos un 4.67%, que era el crecimiento máximo que permitió la regla fiscal” aprobada hace poco más de un año. El hecho es que la Constitución establece que el gobierno “debe destinar el 6% de los ingresos ordinarios al Poder Judicial” y, el porcentaje que en realidad el gobierno le da a ese Poder es mucho mayor que el obligado. Esta decisión se tomó unánimemente “por magistrados suplentes,” pues los propietarios avalaron el presupuesto del Poder Judicial en Corte Plena, por lo que lo resuelto por la Asamblea Legislativa, “les afectaba directamente.”
 

Ahora lo no tan bueno en cuanto a decisiones de la Sala IV sobre la introducción de frenos a un exagerado gasto en entidades gubernamentales. Uno de los casos es la inconstitucionalidad en el presupuesto gubernamental en lo referente a “todo el sector de la educación, que incluye las universidades, el ministerio de Educación Pública (MEP), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y la Red de Cuido.” Se había alegado por varios diputados que lo presupuestado no llegaba al 8% del producto interno bruto (PIB) establecido por la Constitución” (¿A cuál porcentaje del PIB -que es el valor agregado de toda la economía en el año- si se considerara el gasto que muchos ciudadanos -que son generadores del PIB- hacen cada año en educación privada de todo tipo? Estoy seguro que así sobrepasaría a ese 8%).
 

Lo segundo negativo en el esfuerzo por racionalizar el exagerado gasto del gobierno, es la decisión de la Sala IV ante el presupuesto del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), que se redujo de ¢77.000 millones en el 2018, a ¢59.000 millones para este año, como lo envió el Poder Ejecutivo. “En otras resoluciones, los magistrados han insistido que el PANI debe recibir del ministerio de Hacienda al menos el 7% de lo recaudado por impuestos de renta.” Estos porcentajes preestablecidos constitucional o legalmente para varias instituciones, impiden una flexibilidad deseable en el manejo de las finanzas estatales. Ojalá algún día, rija el principio de presupuesto cero al elaborar los presupuestos y así definir los montos según necesidades de los diversos entes y no por la cantidad de recursos establecidos por una ley.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: de nuevo se quedó. No pasó el examen la educación costarricense

El que algo suceda una y otra vez, casi hasta el cansancio, no debe llevarnos a una pasividad e indiferencia a todas luces indebidas. En lo particular, lo que pasa repetidamente no es nada bueno, sino que, por el contrario, es hasta vergonzoso, por no decir augurio de un futuro nefasto. Me refiere a los últimos resultados (del 2018) de las llamadas pruebas PISA (siglas en inglés del Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes), que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) realiza cada tres años. La del 2018 se llevó a cabo en 78 países y se refiere a las pericias en Matemáticas, Ciencias y Lectura en esas naciones. En nuestro país, 7.221 estudiantes de los niveles 70 a 110 año hicieron los exámenes en 205 centros educativos.

Empecemos por el resultado en Ciencias: el país obtuvo una puntuación de 416 en el 2018; hace tres años (2015) logró una de 420 y en el 2012 obtuvo 427 puntos. El promedio de todos los países del estudio de la OCDE en el 2018 fue de 489 puntos. En síntesis, en el 2018 bajamos con respecto a los dos exámenes trianuales previos. (Con perdón de los callinectófilos, que corregirán mi error diciéndome que “los cangrejos no van para atrás, sino de lado,” repito y aplico el dicho popular que, en cuanto al examen en Ciencias de las pruebas PISA, “vamos pa’trás como el cangrejo).

Ahora en cuanto a Matemática: el país obtuvo una puntuación de 402 en el 2018; hace tres años (2015) una de 400 y en el 2012 de 407 puntos. El promedio de los países del estudio de la OCDE en el 2018 fue de 487 puntos. Bueno, ligera mejoría en Matemáticas, ojalá que sea resultado de una mejor forma de enseñanza de las Matemáticas, pero, en verdad, todavía insuficiente, pues en el 2012 se tuvo una puntuación mayor. Tristemente, la reforma en el programa de Matemáticas puesto en marcha desde el 2012, “sigue sin ponerse en práctica a pesar de las capacitaciones a los educadores” y a que “los docentes se muestran reticentes a su educación,” según informa La Nación del 4 de diciembre en su comentario “Persiste caída del rendimiento de colegiales en evaluaciones PISA.”

Uno pregunta ¿dónde estaban los ministros de educación y su cohorte, para forzar esa supuesta mejor forma de enseñar las Matemáticas? (Asumo que la reforma es adecuada). Termino con los resultados en Lectura (elemento principal según PISA): el país obtuvo una puntuación de 426 en el 2018; hace tres años (2015) logró una de 427 y en el 2012 436 puntos. O sea, otro “cangrejazo.” ¡Qué tristeza!
 

Lo más grave es que los costarricenses, al menos en cuanto al presupuesto del Ministerio de Educación, cada vez gastamos más. “En los últimos 12 años, el presupuesto… se ha cuadruplicado; en el 2007, el presupuesto era de ¢679.659 millones y en el 2019 llegó a ¢2.6 billones.” Lástima que la comparación no sea en términos reales, pero, también, y es un mal que suele presentarse en nuestro país que, al hablarse de cifras de gasto en educación suelen ser sólo aquellas del ministerio de Educación, que no presentan las cifras del gasto total de los ciudadanos en educación esencialmente privada. Pienso que esto último se ha incrementado en los últimos tiempos ante la relativa decadencia de la educación pública en los niveles indicados por las pruebas PISA (además del Informe del Estado de la Educación ampliamente conocido).

El problema con nuestra educación no parece ser falta de fondos, pues, de una u otra forma, los costarricenses aparentemente cada vez gastamos más en ella y los resultados no parecen ir al mismo ritmo, sino todo lo contrario. Eso debería preocuparnos mucho, pues no sólo se trata de recursos escasos que los costarricenses no podemos usar en otras cosas (el costo de oportunidad) sino que, también, expresa una decadencia futura de la calidad de los educandos en nuestro país.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: el mundo salarial en las universidades públicas

Una interesante historia comparativa acerca del comportamiento de los salarios en las universidades estatales del país, aparece en La Nación del 13 de noviembre, en su artículo “Universidades públicas doblaron gasto en salarios en 12 años.” Me sirve de base para mi comentario y empiezo refiriéndome a cuatro universidades públicas para las que hay datos, no así para la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica (me imagino que por no formar parte del FEES), en el lapso 2007-2018. 

1. UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (UCR): En el 2007, en términos reales (deflactado a los precios del 2019), el presupuesto total fue de ¢149.310 millones y el gasto en remuneraciones (que incluye salarios, pluses, cargas y similares) fue de ¢106.130 millones. Es decir, del presupuesto total de gastos de ese año, un 71% se dedicó a pagar remuneraciones.
 

En el 2018, en términos reales (deflactado a los precios del 2019), el presupuesto total fue de ¢335.208 millones y el gasto en remuneraciones de ¢210.721 millones. O sea, del presupuesto total de gastos de ese año, un 63% se dedicó al pago por remuneraciones.
 

Lo gastado en remuneraciones en ese lapso 2007-2018 descendió en 8 puntos porcentuales. Pero, las remuneraciones pagadas en dicha universidad aumentaron, en términos reales, en ¢104.591 millones. Por lo tanto, a pesar del elevado incremento de casi un 125% en el presupuesto de gastos de dicho lapso, el presupuesto de remuneraciones lo hizo porcentualmente en un monto mucho menor (casi un 98.5%).
 

Por cada funcionario, a pesar de que en el 2007 la UCR tenía 9.430 personas y 9.790 en el 2017, la remuneración per cápita promedio pasó, en términos reales, de ¢11.2 millones anuales a ¢21.5 millones, lo que significa que, ante un crecimiento de la planilla de alrededor de un 4%, las remuneraciones aumentaron en un 92%, en mucho ocasionado “por los incentivos que reciben los empleados, pues esa partida aumentó un 124% sobre la inflación [o sea, en términos reales] en la misma década,” según lo expone el medio. Este aumento en la remuneración por empleado de un 92% es el mayor de todas las universidades analizadas, pues el equivalente en la UNA fue de 15.8%, mientras que en el TEC fue de 52.7% y en la UNED de 39.1%
 

El nuevo ministro de Hacienda fue firme en decir que la regla fiscal se aplicará en todo el sector público, pero, señala el medio, la “UCR confirmó que, para el 2020, no se incluyeron las medidas de ahorro ordenadas por la reforma fiscal en el tema de salarios” (el subrayado es mío). Así que veremos si el esfuerzo fiscal alcanza a esa isla de pseudo autonomía, pues, sólo el aporte del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), por el cual el gobierno traslada recursos aportados por los ciudadanos contribuyentes a las universidades públicas, se ha estimado que, en el 2020, ascenderá a ¢297.200 millones (de lo que, aproximadamente, un 57.96%, es el porcentaje que del FEES va a dar a la UCR). De hecho, las autoridades de la UCR han estimado que, en el año que viene, un 73% de los ingresos del FEES se usarán en pagar la “masa salarial,” que, me imagino, se refiere a la partida presupuestaria conocida como remuneraciones.
 

2. UNIVERSIDAD NACIONAL (UNA): En el 2007, en términos reales, el presupuesto de gastos fue de ¢67.013 millones y el de remuneraciones de ¢47.342 millones. Esto es, del presupuesto total de gastos de ese año, un 71% se dedicó a pagar remuneraciones.
 

En el 2018, en términos reales, el presupuesto total fue de ¢70.900 millones y el gasto en remuneraciones de ¢48.828 millones. Es decir, del presupuesto total de gastos de ese año, un 64% se dedicó al pago de remuneraciones.
 

Lo gastado en remuneraciones en el lapso 2007-2018 descendió 7 puntos porcentuales. Pero, es un hecho que las remuneraciones pagadas en dicha universidad aumentaron, en términos reales, en ¢38.046 millones. Por tanto, a pesar del elevado incremento de casi un 100% del presupuesto de gastos en dicho lapso, el presupuesto de remuneraciones lo hizo porcentualmente en un monto mucho menor (un 80.4%).
 

Por cada funcionario, a pesar de que en el 2007 la UNA tenía 1.240 empleados y 1.930 en el 2018, la remuneración per cápita promedio pasó, en términos reales, de ¢16.5 millones anuales a ¢25.3 millones, lo que significa que, ante un crecimiento de la planilla de alrededor de un 9%, las remuneraciones por empleado aumentaron en un 80%, de lo cual un 9% es por la cantidad de empleados y un 71% por mayores remuneraciones. [Erróneamente, el medio indica que el monto por empleado subió en un 65%]. Eso sí, debe señalarse que la UNA es la universidad en donde, entre las cuatro citadas, se paga la mayor remuneración por empleado en promedio: ¢25.3 millones anuales.
 

3. INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA (TEC): Mientras que, en el 2007, en términos reales, el presupuesto de gastos fue de ¢29.862 millones, el gasto en remuneraciones fue de ¢20.471 millones. Esto es, del presupuesto total de gastos de ese año, un 69% se dedicó a pagos por remuneraciones.
 

El presupuesto total del 2018, en términos reales, fue de ¢70.900 millones y las remuneraciones ascendieron a ¢48.828 millones. Es decir, un 69% del presupuesto total de gastos se usó en pagar remuneraciones.
 

El aumento en las remuneraciones de un 138.5% es casi igual al alza del presupuesto total en dicho lapso (de un 137.4%), por lo que, la proporción que del gasto total representan las remuneraciones, para efectos prácticos se conserva en dicho lapso.
 

En términos de cada funcionario, si bien no se indica el número de empleados en ambos años, el medio indica que la planilla aumentó en un 60%, la remuneración per cápita promedio pasó, en términos reales, de ¢16.5 millones anuales a ¢25.2 millones, lo que significa que las remuneraciones aumentaron en un 52.7%.
 

4. UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA (UNED): En tanto que, en el 2007, en términos reales, el presupuesto de gastos fue de ¢26.437 millones, el gasto en remuneraciones fue de ¢18.987 millones. Esto es, del presupuesto total de gastos de ese año, un 71.8% se dedicó a pagar remuneraciones.
 

A su vez, el presupuesto total del 2018, en términos reales, fue de ¢61.707 millones y las remuneraciones ascendieron a ¢42.192 millones: un 68.4% del presupuesto total de gastos se usó en pagar remuneraciones.
 

Ese descenso de casi 72% a alrededor de un 68%; o sea, de alrededor de 4 puntos porcentuales y, aunque el monto gastado en remuneraciones creció en ese lapso (122.2%), el crecimiento fue mayor en la totalidad de gastos (133.4%), a pesar de que las remuneraciones pagadas en dicha universidad aumentaron, en términos reales, en ¢23.205 millones.
 

Otro dato interesante del artículo de La Nación es que el gasto conjunto total de esas cuatro universidades pasó de ¢272.624 millones en el 2017, a ¢601. 914 millones en el 2018; es decir, un aumento del 121%. El total de pagos por remuneraciones pasó de ¢192.931,3 millones en el 2007 a ¢387.131,5 millones en el 2918; es decir, un incremento de poco más de un 100% en ese lapso. Pero, “la matrícula aumentó un 27%,” según indica el medio citado. De hecho, en la UCR, se incrementó en un 28%, en tanto que el gasto en remuneraciones creció en un 98.5%; en la UNA,  creció en un 50%, pero las erogaciones por remuneraciones subieron un 80%; en el TEC, se elevó en un 54%, pero aumentaron más las remuneraciones, en un 138% y en la UNED, si bien la matrícula lo hizo en un 12%, las remuneraciones crecieron en un 122%.
 

Que se sepa…





Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: es indispensable una reforma presupuestaria

En días recientes, el periódico La Nación publicó dos comentarios acerca de entidades públicas que mantienen dineros en inversiones financieras, en vez de dedicarlos a las obras para los que se presupuestaron. Uno es “’U’ públicas guardan ¢150.000 millones en títulos e inversiones,” de fecha 6 de noviembre, y el otro, del 8 de noviembre, se titula “BAHNVI tiene sin uso ¢88.000 millones de proyectos varados.” 

Asimismo, el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), al igual que lo hizo el BAHNVI en ese segundo comentario, publicó un campo pagado en dicho medio los días 7 y 8 de noviembre, bajo el título “Las universidades públicas NO ‘guardan’ recursos, los utilizan en el cumplimiento de sus objetivos.”

Debo señalar que los tres comentarios referidos exponen argumentaciones que creo son válidas, lo cual hace difícil asumir una posición tajante en una u otra dirección.

En esencia, el primero de los artículos de La Nación señala que muchos fondos presupuestados (en esos casos, pero no dudo que igual pasa en muchos otras en entidades gubernamentales) se conservan invertidos en entes bancarios -ganando intereses. Esos fondos podían haber sido suficientes, sin necesidad de presionar al gobierno (incluso mediante marchas de estudiantes) exigiendo la restitución de la porción de fondos del FEES que fue previamente se les había recortado (transferencia de fondos públicos a las universidades estatales). Así pudiendo hacer lo que señalan se les había impedido realizar en proyectos de “sedes regionales, admisión y programas de becas.” En palabras del diputado, señor Wagner Jiménez, eran “dineros ociosos,” que se podían usar para cubrir esas necesidades, en donde, si bien luego se demostró que nunca estuvieron en peligro, el gobierno cedió a dicha presión. 

Ante una situación fiscal difícil como la que vivimos todos los ciudadanos, me parece que hay una preocupación válida porque fondos públicos destinados a ciertos proyectos previamente aprobados, en un monto de ¢151.648 millones de presupuestos previos, se mantuvieran ganando intereses al colocarse en “instrumentos de inversión del Sistema Bancario Nacional o puestos de bolsa,” en “bonos del Gobierno, fondos de inversión, certificados a corto o a largo plazo; inversiones o títulos.”

CONARE señaló al respecto varias cosas que se deben considerar: que muchos de esos fondos están colocados a menos de un año, “lo que evidencia que son utilizados en la operación normal de las instituciones” (me imagino que, lo que nos quieren decir es que un 97% de esos fondos “ociosos”, se gastará normalmente dentro de un año), y que el 3% restante, “está asociado a proyectos que por su naturaleza o procesos de contratación trascienden este período…” O sea, que en realidad aquel 97% será gastado antes de un año y que el restante 3% es entendible que, por su naturaleza, será en proyectos o inversiones que toman más de un año.

Similarmente, en el caso del BANHVI, esos fondos de ¢88.000 millones acumulados (algunos pueden tener “hasta 12 años engavetados”), no se han invertido en soluciones de vivienda, que, en criterio del diputado, señor Pedro Muñoz, “significa 8.500 para la población necesitada, que no se han construido.” En este caso, me parece que es mucho el tiempo que el BAHNVI ha tenido esos fondos y no los ha usado, a pesar de que, a diferencia de las universidades públicas, esa “plata está depositada en la Caja Única del Estado, una cuenta en el Banco Central de Costa Rica” y “no genera” rendimientos o intereses para el BAHNVI. Parece haber desorden y mala planificación, pero no con el fin de obtener otros fondos adicionales por intereses en las colocaciones en el sector financiero comercial.

Si bien el primer artículo acerca de las universidades públicas no indica la evolución en el tiempo de esos fondos mencionados, sí se hace en el caso del BAHNVI, cuando se indica que, en el lapso del 2007 al 2018, pasó de ¢2.760 millones a ¢21.745 millones. 

Al igual que en el caso de las universidades públicas, cuyos recursos no ejecutados son resultado de negociaciones del FEES (para el 2020 serán ¢512.781 millones), en el caso del BAHNVI el estado tienen una obligación de darle fondos de FODESAF -el llamado FUSOVI- que son de, aproximadamente, ¢110.000 millones al año.

En este caso, el gerente del BAHNVI, señor Carlos Castro, indicó que esos fondos no están ociosos (como se señaló antes, sin generar intereses), sino que “En realidad están reservados o comprometidos de alguna manera.” En particular, que los proyectos de vivienda suelen requerir más de un año.

Este asunto presupuestario debería arreglarse, dejando que esos excedentes o bien no permanezcan sin usar o que se convierten en una fuente adicional de recursos por intereses, en exceso de lo ya cubierto con los presupuestos anuales propiamente.

En tal sentido, los recursos acumulados, que en el caso del BANHVI no generan intereses, pueden servir razonablemente para cubrir las necesidades de ciertos proyectos o compras que no se realizan en el curso del año (igual que aquel 3% que indicaron las universidades públicas), pues están a su disposición en el momento en que se requieran (eso sí, debe haber una vigilancia estrecha de que esas posposiciones no sean por ineficiencia en su uso). Pero, en cuanto a gastos anuales comprometidos y que se usarán en el curso del año (aquel 97% que señalan las universidades públicas), esos fondos no se desembolsarían, sino según un calendario previamente negociado entre Hacienda y las universidades públicas, que aseguren, por ejemplo, su desembolso un trimestre antes de lo efectivamente a ser usado. Creo que así se frenaría en algún grado esa posibilidad actual de pedir prestado más de lo necesario, pues ya hay recursos que ya se mantienen provenientes de partidas presupuestarias de períodos previos que no se utilizaron. Así, esos fondos permanecerían, como es actualmente en el BAHNVI, en el estado sin tener que desembolsarlos sino cuando son efectivamente necesarios.  

La Asamblea Legislativa tiene ante sí una tarea imprescindible de reformar la práctica de desembolsos de los fondos que el estado entrega mediante contribuciones o leyes especiales a ciertos organismos estatales, así como de los momentos en que debe practicar el desembolso de los fondos aprobados para ser ejecutados en el presupuesto anual.

Tal vez las ideas expresadas sean útiles, particularmente en estos momentos fiscales tan difíciles.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: mantenidos por otros

El presidente de la ANDE, don Gilberto Cascante, dijo recientemente en una comparecencia ante una comisión legislativa encargada de analizar el proyecto de empleo público, que “los pluses salariales… muchas veces son la forma de subsistir económicamente.” Por supuesto que todo ser humano debe subsistir económicamente, pero debe hacerlo no viviendo gracias a una imposición obligatoria sobre toda la ciudadanía, quien paga por privilegios, como lo son los pluses, a los que no todos los ciudadanos pueden acceder, sino sólo un grupo concreto, específico. 

La fuente de este comentario es el artículo de La Nación del 2 de octubre titulado “Presidente de ANDE: Pluses salariales son una ‘forma de subsistir.’”

Es cierto que, en sociedad, todos vivimos de todos, pero gracias al esfuerzo de cada uno de nosotros. El mejor ejemplo es que, quien se dedica a una actividad productiva, depende de qué tan bien sirva a sus amos, los consumidores. De no hacerlo así, su empresa fracasará y tendrá pérdidas, conceptualmente no deseables y que, sin duda duelen. Al estar sujeto a la voluntad soberana del consumidor, debe competir por ganarse su buena voluntad para que adquiera lo que él le ofrece y que, presuntamente, satisface las necesidades y deseos de los consumidores. En particular, si cobrara más caro, si es áspero y hasta hostil con sus clientes, y si lo que le ofrece al consumidor es un producto de mala calidad, los consumidores le dejarán con sus chunches (inversiones, tecnología, ideas -fallidas en este caso hipotético- deudas, instalaciones y un largo etcétera de recursos que destinó a una inversión que no le sirvió a sus consumidores). 

Lo esencial del asunto es que esa relación es voluntaria y, para que se dé, ambas partes han de estar ganando, pues, de no hacerlo una de ellas, simplemente no participaría de la relación de compra y venta. Esto es muy distinto al pago que la sociedad hace por medio de pluses al gremio del señor Cascante, pues, para que el trabajador de la educación reciba ese pago, el ciudadano-consumidor es obligado, forzado, por el gobierno, por medio de impuestos, endeudamiento o inflación, a darle parte de sus recursos para pagar esos pluses, que tal vez no lo haría si libremente pudiera hacerlo. (Si estuviera libremente dispuesto a pagarlo, no serían necesarios impuestos obligatorios, sino que lo haría, pues considera que el servicio recibido vale la pena).

La persona debe buscar “subsistir” ´por sí misma y sólo en casos excepcionales otros deben correr obligatoriamente por la cuenta de dicha manutención, como es el caso de menores de edad o de discapacitados o de quienes sufren una tragedia temporal que les impide sobrevivir. Pero un adulto debe, como premisa, buscar cómo lograr que sus servicios sean valorados por el resto de las personas, para que libremente paguen por ellos. El estímulo de vivir mejor (subsistencia o manutención) debe hacer que la persona busque cómo mejorar sus aptitudes y capacidades para servir a terceros, sin obligar a nadie a mantener a nadie (excepto en condiciones extremas), así como a nadie se le debe exigir que practique la caridad por la fuerza (la caridad es voluntaria y no obligada; si fuera esto último, no sería caridad). Entonces, uno se mantendría por su esfuerzo propio no por los de otros.

Tal vez lo que tiene en mente el presidente de ANDE es que los salarios de los maestros son bajos (aunque los pluses no son sólo para ellos, sino también para la burocracia de la educación estatal), pero, en tal caso, lo deseable es que la política salarial se base en lo que la gente está dispuesta a valorar por la educación que reciben sus hijos. Una de las virtudes de la propuesta de un bono educativo (o “voucher” como se le llama en ocasiones) es que así la gente puede reflejar sus preferencias y valoraciones de los servicios que recibirían de maestros (mediante empresas o asociaciones que los contratarían). 

La idea del bono es que el gobierno le daría cierta suma de dinero a los padres por cada hijo, para que sólo sea gastado en su educación en el centro educativo de su elección, en vez de obligarles a ir a escuelas públicas, en donde ellos no son quienes los contratan para poder valorar sus servicios (bajo ese concepto, podrían existir escuelas públicas compitiendo en el mercado con otras por esos bonos educativos).

Esa propuesta, por supuesto, no es aceptable para muchos en el liderazgo sindical, pues simplemente perderían muchos ingresos, pues es posible que ya esos maestros asociados al sindicato no lo sean más, pues ya no se requiere de una presión para obligar al gobierno a pagar ciertos salarios (más pluses), pues, en el nuevo mercado competitivo, quienes definan eso serían los múltiples oferentes y demandantes de servicios educativos, quienes acordarían libremente los pagos.

Además, en dicha comparecencia legislativa, el presidente de ANDE dijo que esos pluses necesarios para complementar los salarios y la subsistencia económica de sus asociados, se han dado “a costa de un aumento desmedido de la carga laboral docente, al tener que atender más estudiantes o tareas complementarias de la función docente.” Pero, según datos estadísticos, la población estudiantil por maestro ha disminuido significativamente en el país en los últimos años, debido al menor crecimiento de la población, además de que el salario se paga no sólo por los servicios de educadores en el aula, sino por “las tareas complementarias.” que forman parte del servicio completo.

También, el presidente de ANDE, dijo que era una “falsa premisa… que los salarios de los empleados son causa del déficit fiscal del país,” pero el déficit es el exceso de gasto público sobre impuestos que recauda el gobierno y, por ello, al ser los salarios de esos empleados (y cualquier otro gasto, ya sea de salarios, de inversiones físicas, etcétera; todo tipo de gasto) parte integral de ese gasto total, dan lugar a que surja el déficit. Un dato importante debe ser parte de esta reflexión: “Entre el 2007 y el 2018, el gasto en remuneraciones (salarios y otros pagos como pluses) del Gobierno Central subió de ¢1.2 miles de millones [el medio cita erradamente ¢1.2 millones] a ¢2.4 miles de millones, lo que equivale a un alza del 100%.”

Para terminar, se ha dicho que, ante el proyecto de ley de empleo público, en una primera instancia parecería que “un 30% de los funcionarios podría ver un aumento de sueldo,” pero el presidente de ANDE agrega que ese “aumento es muy difícil mantenerlo en el tiempo, y el poder adquisitivo futuro se verá afectado.” No obstante, nada dice que los ajustes por inflación al nuevo salario siempre se darían. Eso sí, se deja de lado el efecto expansivo adicional de los pluses sobre los salarios pagados. Los pluses se verían disminuidos, pues, sin duda, son un disparador automático del gasto gubernamental (y de una u otra forma de impuestos, presentes o futuros) al montarse sobre los aumentos en los salarios bases. 

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: bajemos las inversiones para seguir con los pluses

Con frecuencia se asevera que, si hubiera necesidad de reducir el gasto del gobierno, que ello se haga en el gasto corriente y no en el gasto en inversión, pues mientras que el primero no es reproductivo -se gasta y ya está- el segundo si lo es; es decir, da lugar a bienes o servicios finales presuntamente deseados, adicionales a los que no habría si esa inversión no se realizara. Si se acepta eso, la reciente decisión del Poder Judicial va contra dicha lógica, pues, en el último presupuesto de gasto para el 2020 presentado el pasado 30 de agosto ante la Asamblea Legislativa, al verse obligado el Poder Judicial a reducir sus gastos según la ley de equilibrio fiscal aprobada en diciembre pasado, lo hizo en lo correspondiente a las partidas de inversión (infraestructura, equipos la adquisición de bienes y servicios) a fin de tener los recursos suficientes para enfrentar su gasto en pluses salariales.

La información la presenta La Nación del 5 de setiembre, en su comentario “Corte reduce inversiones para financiar sus pluses.” Indica el medio que “La partida de remuneraciones es la única que aumenta en la institución, mientras que el resto sufrió una reducción.” Mientras que las remuneraciones fueron el 82.2% del presupuesto presentado el año pasado, para este año el equivalente es del 80.9% del total.

Indica el medio, “El recorte se hizo para brindar financiamiento al gasto en salarios y pluses” respetando así el límite presupuestario que el ministerio de Hacienda le impuso con base en la regla fiscal aprobada a fines del año pasado. Pero, vale la pena indagar más en cuanto al contenido de esa partida de remuneraciones, que, para este año que viene, creció sólo un 1.4% con respecto al anterior.
La partida “remuneraciones” básicamente se compone de los siguientes elementos: los salarios base, los aportes para pensiones, los aportes para el seguro social, pagos eventuales, cesantía y los llamados pluses incentivos salariales. 

En este caso, si bien la partida “remuneraciones,” como se dijo, creció tan sólo un +1.4% con respecto a la del año anterior, la subpartida de salario base aumentó aún menos (un +0.6%), la del aporte de pensiones subió en +2.7%, la de seguridad apenas en +0.8% y la de pagos eventuales -partida relativamente pequeña- en un +15%, mientras que la de cesantía, muy interesantemente, descendió en un -20.3% y la de incentivos salariales -la mayor de todas las subpartidas mencionadas- aumentó en un +1.1%.

Asimismo, se redujeron las partidas de transferencias en un -19.5%, la de inversión en un -13.5%, la compra de bienes y servicios en un -0.1%, lo que contrasta con el aumento de +1.4% en la partida de remuneraciones. Esta última no bajó tanto por el aumento mayor que se dio en la subpartida de pluses (+1.1%), que es la de mayor peso absoluto.

Es interesante notar que el relativamente fuerte descenso en la subpartida de cesantía (-20.3%) se debió a que “el Poder Judicial incorporó solo el reconocimiento de ocho años en prestaciones” para el 2020, mientras que, en el año anterior, los años de prestaciones eran mucho mayores. Por el contrario, la reticencia del Poder Judicial de no aplicar los otros alcances de limitaciones a los pluses definidos en la ley de control fiscal aprobada el año pasado (por ejemplo, montos específicos, en vez de porcentuales), hace que en este nuevo presupuesto aparezcan crecimientos mayores en los montos de los pluses. Y, para suplir los fondos requeridos, se redujeron las partidas de inversiones y transferencias, principalmente.

Espero que pronto el Poder Judicial decida la aplicación debida de la nueva ley. Que no salgan con presentar presupuestos extraordinarios para seguir pagando pluses y que se escuche el consejo sano que, en su momento, dio el presidente de la Sala Constitucional, don Fernando Castillo, quien, según el medio, dijo que “ante el problema generado por la regla fiscal se debía hacer un esfuerzo dentro de la entidad  para dotar de recursos y personal clave,” pero que, ojalá, esa “dotación” no provenga de los impuestos y endeudamiento pagado por los ciudadanos contribuyentes, para que se sigan pagando pluses que consideramos constituyen privilegios injustos. La nación somos todos los ciudadanos; no unos privilegiados y otros sufragando esos privilegios. Es de desear y esperar que el buen juicio de los jueces supremos sea el que prime y no la defensa de privilegios odiosos. Que se haga justicia.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: los jugosos salarios de los alcaldes

La información acerca de sueldos abusivos y llenos de pluses dentro del estado no se refiere a las alcaldías o gobierno locales. Así que es oportuno el comentario de La Nación del 14 de setiembre, titulado “Ley dispara sin razón salarios de los alcaldes,” para darnos cuenta de cómo ciertos puestos, aparentemente poco sonados en su mayoría como funcionarios estatales de alto rango, en realidad se han convertido en otra mina de oro de privilegios para algunos. Ya entiendo por qué son tan disputadas y buscadas ciertas elecciones para los gobiernos locales y, aparentemente, no por aquella razón que solía escuchar. que ser alcalde era un paso muy seguro para ser luego diputado. Vemos que, además de esa opción que no deja de ser válida, la paga sobredimensionada en algunos casos puede ser un aliciente para la matazinga usual.

¿Cuál es el origen del problema? Una vieja práctica de que “los alcaldes municipales no devengarán menos (o sea, podría ser más) del salario mínimo pagado por la municipalidad, más un 10 por ciento.” Agregue a esto que el alcalde no sólo se gana un 10% más del salario mínimo de la municipalidad, motivo para que el alcalde presione por salarios mínimos más altos entres sus súbditos, sino que también la base del salario del alcalde lo es el mínimo mayor de cualquier otro empleado. De aquí entiendo el interés, en ciertos momentos, para que en las alcaldías hubiera un médico de planta, quienes son altamente pagados en ciertos casos por otros acuerdos laborales, cuyo salario así serviría para que el alcalde se montara sobre una base más alta.
 

Eso no es todo: el alcalde también puede cobrar un 35% adicional por dedicación exclusiva si es bachiller y un 55% si es licenciado.
 

El medio expone un caso, el del actual alcalde de Talamanca. que muestra el problema en toda su extensión. Ahí el empleado municipal que más gana es un funcionario de 30 años, quien recibe un ingreso total mensual (salario base más pluses) de ¢3.8 millones. Para determinar el sueldo del alcalde, a esa suma se le adiciona un 10%, llevándolo en primera instancia a ¢4.3 millones (¡bendito sea ese empleado mejor pagado!). Luego, agregue la dedicación exclusiva, que en el caso de ese alcalde es de un 55%, todo lo cual hace que su salario mensual llegue a alrededor de ¢6.7 millones. ¡Eso se echa al bolsillo como salario cada mes el alcalde de Talamanca!
 

Es interesante ver el cuadro de los 12 alcaldes mejor pagados y cuánto significa del presupuesto total del municipio. Nótese que se trata de montos en efectivo y no toma en cuenta otros beneficios en especie que se podrían tener, como vehículo para su uso exclusivo o seguridad, o lo que sea:
 

1. Alcalde de San José, Johnny Araya: Salario mensual de ¢8.9 millones (anual de ¢143.8 millones). Representa el 0.19% del presupuesto municipal.
 

2. Alcalde de Limón, Néstor Mattis: Salario mensual de ¢7 millones (anual de ¢112.7 millones). Representa el 3.37% del presupuesto municipal.
 

3. Alcalde de Talamanca, Marvin Antonio Gómez: Salario mensual de ¢6.7 millones (anual de ¢107.8 millones). Representa el 3.37% del presupuesto municipal.
 

4. Alcalde de Escazú, Arnoldo Barahona: Salario mensual de ¢6.6 millones (anual de ¢106.9 millones). Representa el 0.36% del presupuesto municipal.
 

5. Alcalde de La Unión (Tres Ríos), Luis Carlos Villalobos: Salario mensual de ¢6.5 millones (anual de ¢104.2 millones). Representa el 0.99% del presupuesto municipal.
 

6. Alcalde de Santa Cruz, María Rosa López: Salario mensual de ¢6.2 millones (anual de ¢99.6 millones). Representa el 1.11% del presupuesto municipal.
 

7. Alcalde de Tibás, Carlos Luis Cascante: Salario mensual de ¢5.9 millones (anual de ¢94.7 millones). Representa el 1.11% del presupuesto municipal.
 

8. Alcalde de Heredia, José Manuel Ulate: Salario mensual de ¢8.95.8 millones (anual de ¢94.3 millones). Representa el 0.48% del presupuesto municipal.
 

9. Alcalde de Siquirres, Mangell McLean Villalobos: Salario mensual de ¢5.7 millones (anual de ¢92.3 millones). Representa 1.94% del presupuesto municipal.
 

10. Alcalde de Goicoechea, Ana Lucía Madrigal: Salario mensual de ¢5.7 millones (anual de ¢91.5 millones). Representa el 0.89% del presupuesto municipal.
 

11. Alcalde de Pérez Zeledón (San Isidro), Jeffrey Montoya: Salario mensual de ¢5.5 millones (anual de ¢88.9 millones). Representa el 0.61% del presupuesto municipal.
 

12. Alcalde de Pococí, Elibeth Venegas: Salario mensual de ¢5.5 millones (anual de ¢88.3 millones). Representa el 0.86% del presupuesto municipal.
 

De esos 12, sólo Marvin Antonio Gómez de Talamanca y María Rosa López de Santa Cruz, no están aspirando a ser reelectos.
 

Vale la pena que los lectores mediten acerca de estos datos y piensen si esos salarios enormes no forman parte de la razón de los gobiernos municipales para oponerse a que, como parte del estado que son, se les apliquen las limitaciones -aunque insuficientes- a sus pluses derivadas de la Ley de reforma fiscal aprobada recientemente en diciembre, en donde a los ciudadanos contribuyentes se nos cargaron de nuevos y mayores impuestos. 
 

El orden y la mesura deben ser aplicados a lo largo de todo el estado, pues la situación fiscal del país es muy seria y es indispensable poner freno a abusos como estos sueldos fuera de toda proporción en nuestro medio. De hecho, cada una de esas personas gana más que el propio presidente de la República. ¡Así se invierten los impuestos municipales que todos pagamos!

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: problemas con los préstamos de CONAPE

La Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (CONAPE) es la institución gubernamental dirigida a financiar esencialmente a estudiantes universitarios (así como del INA), mediante préstamos con intereses relativamente subsidiados (creo que, a la fecha, es del 6% anual.) El estudiante empieza a pagar el préstamo recibido después de concluir sus estudios.
 

Sin embargo, como se presenta en el artículo de La Nación del 3 de setiembre, “Cierre de crédito en CONAPE afectó a 1.000 universitarios,” se han presentado situaciones que no sólo han afectado los montos financiados, sino que, también, podrían dar lugar a problemas de recuperación de los préstamos, lo que brindaría, tal vez, una oportunidad interesante de mejorar este sistema de becas.
 

A principios de este año, la entidad anunció que reduciría el financiamiento para una serie de carreras universitarias las que, supuestamente, se consideraba que tenían poca demanda laboral, además debido a restricciones presupuestarias en este año 2019. En el caso concreto, “la administración de CONAPE decidió no financiar más un total de 36 carreras, incluidas Nutrición, Medicina, Mercadeo, Periodismo, Turismo, Farmacia, Antropología y Educación, entre otras.” Obviamente, es de asumir que las autoridades educativas pueden predecir que hay “menos futuro económico” en esas carreras, que en otras que están dispuestas a financiar, lo que plantea el problema lógico de si es deseable que el gobierno, por medio de CONAPE, pueda predecir con exactitud que eso será así, además de que limita la elección, por vocación o placer, de los estudiantes acerca de qué carrera universitaria seguir.
 

Tal restricción es entendible en la forma en que actualmente se recuperan los préstamos una vez que el estudiante empieza a trabajar al terminar sus estudios, de forma que así el prestatario limita el riesgo, en algún grado, de recuperar préstamos otorgados a esas carreras menos “rentables”. Pero, a uno le queda la inquietud de si deberían establecerse mecanismos contractuales entre estudiantes deudores y CONAPE, para estimular que laboren mediante ciertas formas de contrato de pasantía, por un cierto número de horas, que estimularía a que el estudiante buscara asociar su carrera con los ingresos futuros esperados para pagar sus obligaciones.
 

Tal vez podría servir como base de ideas, el artículo del economista Josh Reini, “Los ACIs: la solución de Friedman a la crisis de los préstamos a estudiantes,” cuya traducción al español puede encontrarse en mi muro en Facebook (jorge corrales quesada o Jcorralesq Libertad), en donde lo publicaré mañana miércoles 1 de octubre, lo que permitirá que haya un mayor conocimiento respecto al tema. [Ver https://fee.org/articles/isas-the-friedman-solution-to-the-student-loan-crisis/, si bien en idioma inglés y referido a la crisis en los préstamos universitarios en los Estados Unidos.] Las ideas del artículo podrían ser útiles al país, incluso por el hecho de que hoy son similarmente aplicadas en Australia, mediante un programa estatal de becas universitarias, ligadas al impuesto sobre la renta futura del beneficiario del préstamo.
 

Volviendo a la situación actual del FONABE, el saldo de préstamos, a junio del 2019 y en comparación con un año atrás, aumentó sólo un 3.3%, lo que contrasta con “el crecimiento promedio anual del 17.7%, reportado entre el 2016 y el 2017.” Asimismo, la cantidad de créditos cayó en 1.642 préstamos, mientras que “en los tres años previos creció en 500 o más.”
 

Es igualmente preocupante que la parte de créditos que está en mora para la recuperación de CONAPE, “pasó de 12.9% a 14.8% de julio del 2018 a julio del 2019.” Por mora se entiende a los atrasos en los pagos de más de 90 días hasta aquellos que ya están en cobro judicial.
 

Además, se restringieron los fondos prestables “de ¢37.000 millones a ¢19.000 millones,” en parte por una caída del 38% (¢12.726 millones) del aporte obligatorio a CONAPE de los bancos comerciales, cuyas utilidades descendieron este año.
 

Tal vez es la hora de que el estudiante pueda financiarse en sus gastos de matrícula, colegiatura y de gastos para vivir, participando en contratos de pasantía por el cual pueden trabajar cierto número relativamente bajo de horas a la semana, en actividades remuneradas y que servirían para mejorar las posibilidades del estudiante para encontrar empleos mejor pagados, una vez graduados. Contractualmente el riesgo se asumiría conjuntamente por las entidades que hacen el préstamo, ojalá entidades privadas, así como por el estudiante, lo que mejoraría el mercado de crédito estudiantil.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: premiando el ocio

Leí con interés la información de La Nación del 22 de agosto, titulada “Investigación revela alarmantes resultados en educación pública de Costa Rica,” y, conforme pasaba las líneas, más me angustiaba el rumbo que ha tomado este país en cuanto a la calidad de su educación, desazón que ha aumentado al ver que los sindicatos de ANDE y APSE, una vez más, acuden a dejar a sus estudiantes sumidos en la ignorancia, al no enseñarles lo mínimo debido, por estar en huelgas casi constantes.

El problema es que la educación pública del país está en plena declinación, según lo señala el VII Informe Estado de la Educación publicado el 21 de este mes. Según el medio, la educación pública nuestra se caracteriza, entre otras cosas, porque hay “programas de estudios que los docentes se resisten a aplicar, una gran mayoría de escuelas… no imparten (sic) el currículum completo de materias, graves deficiencias en Español y Matemáticas.” Indica que “los resultados en general son desalentadores y no responden a la billonaria inversión que el país hace en esta materia” y que “el único factor que resulta satisfactorio es la cobertura en la preescolar, con el problema de que no está acompañado de una mejor calidad.” El presupuesto del MEP se ha cuadruplicado en los últimos 12 años, pasando de ¢679.659 millones en el 2007 a ¢2.600 millones en el 2019.

Veamos algunos datos: 

En educación preescolar (niños de 4 a 5 años), se mejoró su cobertura al llegar a un 80% mientras que en la década previa era de un 60%. Pero, el informe señala que “Los estudiantes de preescolar… registran bajos niveles en sus habilidades lectoras al iniciar el año, (lo) que se mantiene… al finalizar el curso lectivo.” En dos palabras: no progresaron en su aprendizaje.
 

Hay un desprecio hacia la educación preescolar, pues, a partir de información recabada de profesores universitarios al respecto, “el 49% de (los) docentes (de preescolar) que enseñan tienen (sic) 50 años, en promedio; no tienen contacto diario con las aulas de preescolar debido a que dejaron de impartir lecciones y tienen un puesto en propiedad; el 51% restante tiene 43 años en promedio, son interinos y sí laboran con niños.” En ambos grupos “se encontró poca actualización y participación en las tareas académicas” y son “poco propensos a la investigación y al desarrollo de capacidades innovadoras.”
 

En educción primaria, “93.4% del total de alumnos asisten (sic) a instituciones que no imparten” el currículum completo definido por el Consejo Superior de Educación en 1977. Así, los estudiantes se ver perjudicados al no recibir todas las materias, como también porque “los cambios en los programas de las que sí reciben no se implementan en la clase.” El 45% de 364 maestros que fueron entrevistados no aplica el programa de Español cuya reforma viene desde el 2014, “para incorporar principios que logran un mejor desempeño, basado en descubrimiento de la neurociencia,” y se considera que ese programa es “poco relevante” para enseñar el idioma español. Un “85% no permite interrupciones cuando se lee en voz alta y el 66% no comenta experiencias personales en la lectura.” Según el informe citado, esas acciones “no permiten la lectura dialogada, estrategia… para promover el desarrollo de las habilidades lingüísticas, aclarar conceptos, ampliar conocimiento y enriquecer el vocabulario.”
 

Como se llegó a saber del VII Informe de Estado de la Educación “Al 74% de maestros no les gusta leer,” pues, a partir de “una consulta realizada a maestros de primaria, encargados de enseñar a leer y escribir…”, un “74% manifestó que concibe la lectura como un ejercicio obligatorio, ajeno al gusto y el placer propios de esa experiencia.” ¡Por Dios, no diré nada y sólo recordaré con devoción a mis maestros de primaria -además del esfuerzo de mis padres en su hogar- para enseñarme a leer, con su ejemplo y amor hacia la lectura!
 

En educación secundaria, si bien creció en la cantidad de alumnos (42.383 entre el 2011 y el 2018), ese aumento se dio porque ofertas educativas de menor calidad que la tradicional (como el CINDEA), atraen a los alumnos.
 

“En el 2018, sólo el 75% de los alumnos de tercer ciclo (sétimo, octavo y noveno año) y el 48% de educación diversificada (cuarto y quinto año) está en las aulas en el rango de edad oficial del MEP;” o sea, se está envejeciendo la población de secundaria.
 

El medio indica que un estimado de 53.000 adolescentes, entre 12 y 16 años, está fuera del sistema educativo.
 

En las universidades públicas, el informe encontró que “el porcentaje de personas entre 25 y 34 años que debería contar con educación superior está igual que en 2009 (28%) y, a partir de 2014, viene en caída el número de títulos entregados por año.” Esto ha significado un aumento en la brecha con respecto a los países de OCDE, pues era de 6% a fines de los años noventa y en el 2017 ya es de 16.5%.
 

Es importante destacar que, apenas un 37% de la oferta total de carreras en las universidades, está en las áreas de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.
 

Ante esta situación tan lamentable de nuestra educación, la tristeza o angustia aumenta, al darse cuenta uno del grado de irresponsabilidad de los líderes sindicales del magisterio, quienes, un día sí y el otro también, encuentran razones para lanzarse a huelgas que, entre las cosas que logra, está estimular la ignorancia y el desconocimiento entre estudiantes, quienes tan sólo pasan a ser actor secundario del proceso educativo, primando la conservación de privilegios, más que otra cosa, entre la dirigencia sindical.
 

Pero, ¿cómo la ciudadanía no se va a molestar, con justa razón, cuando en un año, el sindicato de profesores de secundaria APSE ha estado en huelga 107 días y, por su parte, el sindicato de maestros, ANDE, ha pasado 94 días en huelga? Muy cerca de la mitad de lo que efectivamente dura nuestro curso lectivo.
 

Claro, el incentivo obvio es que el costo de irse a una huelga es inexistente -y, tal vez, hasta placentero- para los huelguistas. Sencillamente, con el dinero de los ciudadanos contribuyentes se les paga el mismo salario (con todo y pluses), ya sea que trabajen o no. El estímulo hacia la irresponsabilidad es obvio y, si no se frena este abuso, simplemente seguirán las huelgas, sin importar, como es en el caso aquí descrito, que nuestra educación pública vaya en picada. 

Afortunadamente, decisiones recientes del Congreso parecen haber puesto un alto a este abuso, por lo que esperamos con ansia que esa mayor dedicación que ahora deberá tener el gremio magisterial, se traduzca en una mejora de la educación pública del país. Después de todo, la educación es esencial -no un servicio estratégico, como eufemísticamente se le ha considerado- para que el país tenga un futuro mejor del país y por ello es indispensable que se haga el mejor uso posible de los recursos escasos, lo que incluye la eliminación del desperdicio ante huelgas innecesarias.
 

Jorge Corrales Quesada