A modo de introducción:
El 18 de junio de 2013, la doctora Mónica Araya, especialista en Política Climática y Desarrollo, suscribe una carta abierta al Ministro de Ambiente de Costa Rica. En dicha misiva comunica su renuncia a la delegación costarricense de negociadores en cambio climático. Con gran precisión señala que justifica su decisión en una seria inconsistencia gubernamental: “Hemos apostado por un modelo de desarrollo limpio e incluso anunciamos al mundo que seríamos carbono neutral para el año 2021. Sin embargo, al estar tan cerca de tomar un préstamo de China para que el país cuente con una moderna refinería de petróleo, con un valor de $1.300 millones, va en contra de nuestro liderazgo ambiental. ¿Cómo un país que se ha fijado la meta de descarbonizar nuestra vía de desarrollo tendrá credibilidad cuando al mismo tiempo se endeuda en nombre de los combustibles fósiles? Esta inconsistencia amenaza con deshacer dos décadas de liderazgo de Costa Rica en este tema y no tengo otra opción más que hablar en nombre de los y las costarricenses y de las esperanzas de personas vulnerables al cambio climático”. Más adelante indica: “El tema de fondo. El gobierno y usted en particular le deben a Costa Rica un debate abierto y honesto sobre la refinería. ¿Por qué necesitamos una refinería? ¿Y quién decidirá?”.
El 20 de junio siguiente la Contraloría General de la República, en la tramitación de una denuncia, en relación con el curioso estudio de factibilidad de la futura refinería, resolvió ordenar a Recope: “Abstenerse de utilizar el estudio de factibilidad realizado por la empresa HQCEC y cualquier otro estudio que se haya basado en los resultados de éste, para sustentar acciones relacionadas con la ejecución del referido proyecto de ampliación y modernización de la Refinería de Moín y adoptar las medidas pertinentes de frente a lo indicado en el presente oficio”.
En lo elemental, la Contraloría determina que la empresa que realizó el estudio (HQCEC) está
relacionada con la empresa estatal petrolera China National Petroleum Corporation (CNPC), socia de Recope en una entidad común (Soresco), constituida para realizar el proyecto.
Para llegar a este estado de cosas, se había invertido una suma cercana a los cincuenta millones de dólares en estudios y tratativas. Una buena parte de esta suma ha sido aportada por el monopolio estatal de Recope.
El Ministro citado, Rector de la actividad, en lugar de sentar responsabilidades y sanciones, luego de tan mayúsculo desacierto, solicita a Recope un “Plan B”.
Lo que mal empieza, mal termina:
La historia de Recope se remonta al intervencionismo estatal que se inicia en con la Junta de Gobierno de 1948. Ello es paradójico, pues en tanto la Asamblea Constituyente más bien diseña un gobierno semipresidencialista o semiparlamentario, considerando que los problemas nacionales se debían a la concentración de poderes en el Ejecutivo y en tanto se aprobaban garantías para proteger la libertad y mayor control del gobierno, la Junta de Gobierno estatizó la banca, la producción de electricidad y las telecomunicaciones. Al sumar ello a algunas instituciones preexistentes (como el Banco de Seguros) se va construyendo un Estado interventor y monopolista de varias actividades.
Posteriormente, este Estado promueve un plan de sustitución de importaciones y proteccionismo industrial. En tal marco, para el 16 de mayo de 1961, se crea Recope (por parte de la Allied Chemichal) y en modo de industria protegida se importa una refinería vieja, que se usaba en el norte de África. Ni siquiera servía para refinar crudo, sino que tenía que utilizar un cóctel.
Era evidente que el proteccionismo industrial era posible hacer estos negocios. A final de cuentas, era difícil competir con quien tiene las ventajas y las protecciones.
Hay un mercado cautivo que no puede buscar calidad ni mejor precio ni tiene opciones de la competencia.
Los años setentas terminaron de complicar la situación nacional. Se aprobó la Ley de Presidencias Ejecutivas, para que el Ejecutivo tuviese una participación directa en una serie de instituciones autónomas (sobre todo las financieras), se aprobó la CODESA (Corporación Costarricense de Desarrollo SA) y sus sociedades hijas. Era la intromisión general del Estado y su gestión como Estado-empresario.
En tal tesitura, no era de extrañar que de muy buena el gobierno aceptara la oferta de comprar la fracasada refinadora en un dólar. De tal modo, en 1974 se adquirió Recope SA en un dólar, pero cargada de una millonaria deuda en divisas (de la que quedaron eximidos los accionistas costarricenses).
La aventura refinadora había sido un completo fracaso, no había buena calidad de los combustibles, los precios no correspondían a lo que se esperaba en calidad y el abastecimiento no era seguro.
Para reforzar la compra se aprobó la Ley Nº 5508 de abril de 1974. Fue la primera ley que estatuía el monopolio. Tal ley consolida la intervención estatal monopolística en el área de combustibles derivados del petróleo. Determina a Recope como monopolio estatal en la forma de sociedad anónima. En ella se conceptúa al Consejo de Gobierno como asamblea de accionistas de la indicada sociedad . Es de rememorar que, en tal carácter de asamblea de accionistas de Recope, el Consejo de Gobierno ha llegado incluso a determinar el octanaje de la gasolina.
Dicha ley no incluyó la distribución de combustibles en el monopolio, pero las compañías dedicadas a ello fueron retirándose del mercado costarricense (sobre todo las que habían estado dedicándose a este giro antes de la institución del monopolio).
Empiezan a darse situaciones deplorables: para muchos Recope se convirtió en la caja chica del Estado, los precios se manipulan a conveniencia del gobierno, empiezan las gollerías para quienes trabajan en la refinadora y, además, aparecen los privilegios de los “políticos-ejecutivos” de la sociedad anónima.
Asimismo, se acuña la expresión de “actividad estratégica” en relación con las actividades de Recope.
Muchos más tarde se concluye que Recope no goza del “monopolio completo” y, por tal razón, se aprueba la Ley Nº 7356 de 24 de agosto de 1993, que determina en favor del Estado el monopolio de importación, refinación y distribución al mayoreo de petróleo crudo, derivados y naftas y da su administración a la sociedad Recope.
Este gestión en favor del “monopolio completo” se aprueba aceleradamente por la presión sindical de Fetral (Federación de trabajadores limonenses) y grupos afines.
Esta situación es abiertamente inconstitucional, pues la institución del monopolio violenta los derechos ciudadanos básicos, el concepto de libertad, el bien común (hay menos calidad, más precio y menos libertad). No hay cómo escoger , hay falta de control del poder y causa problemas y conflictos en áreas de la actividad humana tuteladas por la Constitución Política.
Asimismo, hay violación del Principio-Derecho de Libertad tal y como resulta de la conjunción de los artículos 28 (definición ontológica de la libertad, en contraposición al principio de legalidad) y 46 (libertad de empresa y comercio) de la Constitución Política.
Es obvio que rebasa los límites para la actuación pública y, además, constituye una amenaza para la actividad privada.
Además, convierta en acciones públicas las que, por naturaleza, no lo son. Ni jurídica ni técnicamente es razonable el monopolio de Recope para realizar los fines constitucionales, más bien se opone a ellos. Va mucho más allá de una regulación excesiva de la actividad privada, que más bien es garantizada en libertad.
Es imperativo señalar que la competencia no daña la moral ni el orden públicos ni causa daño a los derechos de terceros.
El monopolio cedido a Recope, en adición también contraviene el Orden Económico de la Libertad, la denominada Constitución Económica. Este Orden Económico de la Libertad está formado por la libertad, la legalidad, la propiedad, el derecho al trabajo y la libertad de empresa. Es indiscutible que el monopolio, además administrado por una sociedad anónima, contraviene todos estos derechos y libertades contitucionales.
Finalmente, es evidente que el monopolio cedido a la sociedad anónima también violenta las normas constitucionales de control del gasto público y el principio de legalidad tributaria.
Los ejemplos sobran, desde la constitución de la sociedad anónima “Soresco” hasta las complacencias del antiguo SNE (regulador de precios) y la actual ARESEP. Es un hecho que Recope ha sido más que la caja chica del Ejecutivo del gobierno.
La aventura china:
Estamos frente a la aventura del diseño, instalación y puesta en funcionamiento de una nueva refinería que Recope planea hacer en sociedad con la empresa petrolera china CNCPI (petrolera China National Petroleum Corporation). Una aventura que se suma a todos los apuntes acerca de Recope y, además, al hecho descarnado de empleados públicos jugando al empresario, con fondos públicos, disponiendo para las negociaciones de un mercado secuestrado y del monopolio como si fuese su patrimonio.
Recope, en alianza con la CNCPI, constituye la sociedad SORESCO con el propósito de construir y operar una refinería en Limón. Esta es una sociedad caribeña y es absolutamente discutible su constitución, el modo de hacerlo y la participación en sus gestiones (societarias y demás de las personas relacionadas con Recope).
Al parecer, algunos de estos temas se trataron en los acuerdos suscritos con ocasión de la visita del Presidente chino Xi Jinping a nuestro país. Pero estos documentos no están integralmente al alcance del público. Se sabe que uno de los acuerdos tiene que ver con poner a disposición de Soresco la suma de $900,000,000.oo (novecientos millones de dólares).
Recope se comprometió a aportar a Soresco la suma de $400,000,000.oo (cuatrocientos millones de dólares).
La Administración pública (el Ejecutivo) ha sido secretista en este asunto y no han estado a disposición de todos los solicitantes los documentos completos relativos a esta información.
Se sabe que se han invertido más de cincuenta millones de dólares a través de Soresco. ¿Han salido de las ventas de Recope? ¿Cuánto es el sobreprecio de los productos de Recope y cómo es que Aresep y la Contraloría no han hecho objeciones a este gasto y a estos esquemas?
¿Por qué ninguna entidad pública detuvo la constitución de Soresco y la documentación que aporta el monopolio a esta aventura?
De conformidad con los artículos 2 y 3 de la mencionada Ley Nº 7356 de 24 de agosto de 1993 el capital accionario de Recope debe pertenecer totalmente al Estado costarricense y, asimismo, “El Estado no podrá ceder, enajenar ni dar en garantía ninguna acción representativa del capital” de Recope. La constitución de una tercera sociedad, con el socio chino, es una violación a este principio, pues es obvio que de lo que se trata es que el “monopolio” no salga del control del Estado (bastante deficiente por lo comentado) y quede a expensas de una aventura entre Soresco y la CNCPI.
Ahora no se entiende si es un préstamo chino, un contrato de sociedad, una manera ilegal e irresponsable de disponer de activos públicos y cuánto dinero se ha comprometido con ello.
En pocas líneas, estos apuntes son un repaso de lo acontecido.
Ahora ¿qué sigue?
Federico Malavassi Calvo
