Dada la apremiante situación que tiene nuestro país con la delincuencia azotando cada esquina y amenazando a todos los individuos decentes que tratan de vivir en paz, en ASOJOD nos pareció importante hacer una breve reflexión sobre el origen de este problema.
Hay quienes dicen que la causa de la delincuencia es la falta de oportunidades, la pobreza, la misería, todo lo cual hace que las personas tengan que robar para poder sobrevivir. Son quienes afirman que la delincuencia es un producto social y tienen el descaro de responsabilizarnos a todos los demás por lo que una persona hace. Ven al delincuente como una víctima de la sociedad, como el resultado de privaciones y exclusiones, por lo cual no hay que castigarlo, sino rehabilitarlo. Pretenden afirmar que existe una relación entre pobreza y delincuencia, pero esto no explicaría por qué hay personas de estratos socioeconómicos altos que delinquen (los delitos de “cuello blanco”, los fraudes registrales, la corrupción política, los desfalcos a fondos públicos, entre otros), ni tampoco se sostiene cuando se revisan los datos de pobreza y delincuencia. Como dice Pirie, “no existe una relación lineal mecánica entre pobreza y violencia. Las naciones y los individuos más pobres no siempre son los más propensos al crimen. En América Central, los países más seguros son el más rico, Costa Rica, y el más pobre, Nicaragua. La de Costa Rica fue la tasa más baja (6,2), y la de El Salvador, la más elevada (43,4)” .
Lo mismo sostiene el informe “Crime and Development in Central America” del Observatorio de Tendencias Delictivas y Operaciones de Sistemas de Justicia Penal de las Naciones Unidas, donde se expresa que “las naciones más pobres y la gente más pobre, no son necesariamente los más propensos al crimen. De acuerdo a las estadísticas, uno de los países más seguros en Centroamérica es el más pobre (Nicaragua). Entonces, el desempleo o la “situación económica”, aunque podrían estar arraigados en la mentalidad pública como causas del delito, tienen una relación muy circunstancial” .
No obstante, como esa creencia pareciera estar fuertemente arraigada en la mentalidad de los tomadores de decisiones, nuestro sistema penal ha sido llevado en esa dirección. De acuerdo con el I Informe Estado de la Región, “el Código Procesal Penal, de 1998, aumentó las garantías del debido proceso a favor de las personas indiciadas y, ese mismo año, una reforma al Código Penal generó las condiciones que llevaron a la desjudicialización de ciertos delitos. Esta situación ha motivado una creciente controversia y frecuentes demandas públicas, a las que las autoridades judiciales (Corte Suprema y Ministerio Público) han respondido con nuevos procedimientos” . Así las cosas, viendo al criminal como una víctima y siendo muy flexibles con él, los diferentes Gobiernos han alcahueteado las conductas negativas.
Este tipo de ideas soslayan una cuestión elemental: la acción delictiva es el resultado de una decisión individual, facilitada por un marco jurídico e institucional excesivamente tolerante, que prácticamente garantiza la impunidad. En un contexto como el costarricense, donde la tónica ha sido que unos obtengan ganancias a través de otros, el individuo ―sin importar su condición socioeconómica― ha comenzado a interiorizar la posibilidad de obtener aquello que necesita mediante la fuerza, sea robándolo, sea exigiéndoselo al Estado como si fuera un derecho o sea aliándose con políticos corruptos para obtener favores, acciones que tienen el común denominador de perjudicar a terceros.
Justamente allí es donde, para ASOJOD, se origina la actitud delictiva de las personas: de su propia voluntad. No hay nada de eso de que a alguien lo empujan a cometer delitos ni que roban para alimentar a una pobre familia a punto de morir de inanición. Lo que tenemos es una cultura que ha premiado la actitud parasitaria, donde se ha enseñado a las personas que siempre habrá alguien que pague sus cuentas, que necesidad es equivalente a derecho, que está bien ver a los otros como animales de sacrificio, como medios para cumplir sus fines.
Es esa perversión moral que las personas han individualizado gracias a un sistema que le incentiva conductas de tal naturaleza y cuyos horizontes culturales han sido fijados a ese nivel, la que motiva a los individuos a delinquir. Y, tras de eso, son premiados con la lástima, el "pobrecito", el discurso de la "segunda oportunidad", la tolerancia y alcahuetería extremas que terminan por impedir que se les castigue con rigurosidad y que nos tiene realmente mal.
Si queremos acabar con la inseguridad ciudadana es necesario cambiar los horizontes culturales y las premisas morales que llevan a las personas a creer que está bien vivir a costa de los demás y que solo basta pedirle a alguien y esperar que todo le sea entregado. De lo contrario, nos estaremos autoengañando al creer que más policías y más recursos van a evitar que nos roben.
Hay quienes dicen que la causa de la delincuencia es la falta de oportunidades, la pobreza, la misería, todo lo cual hace que las personas tengan que robar para poder sobrevivir. Son quienes afirman que la delincuencia es un producto social y tienen el descaro de responsabilizarnos a todos los demás por lo que una persona hace. Ven al delincuente como una víctima de la sociedad, como el resultado de privaciones y exclusiones, por lo cual no hay que castigarlo, sino rehabilitarlo. Pretenden afirmar que existe una relación entre pobreza y delincuencia, pero esto no explicaría por qué hay personas de estratos socioeconómicos altos que delinquen (los delitos de “cuello blanco”, los fraudes registrales, la corrupción política, los desfalcos a fondos públicos, entre otros), ni tampoco se sostiene cuando se revisan los datos de pobreza y delincuencia. Como dice Pirie, “no existe una relación lineal mecánica entre pobreza y violencia. Las naciones y los individuos más pobres no siempre son los más propensos al crimen. En América Central, los países más seguros son el más rico, Costa Rica, y el más pobre, Nicaragua. La de Costa Rica fue la tasa más baja (6,2), y la de El Salvador, la más elevada (43,4)” .
Lo mismo sostiene el informe “Crime and Development in Central America” del Observatorio de Tendencias Delictivas y Operaciones de Sistemas de Justicia Penal de las Naciones Unidas, donde se expresa que “las naciones más pobres y la gente más pobre, no son necesariamente los más propensos al crimen. De acuerdo a las estadísticas, uno de los países más seguros en Centroamérica es el más pobre (Nicaragua). Entonces, el desempleo o la “situación económica”, aunque podrían estar arraigados en la mentalidad pública como causas del delito, tienen una relación muy circunstancial” .
No obstante, como esa creencia pareciera estar fuertemente arraigada en la mentalidad de los tomadores de decisiones, nuestro sistema penal ha sido llevado en esa dirección. De acuerdo con el I Informe Estado de la Región, “el Código Procesal Penal, de 1998, aumentó las garantías del debido proceso a favor de las personas indiciadas y, ese mismo año, una reforma al Código Penal generó las condiciones que llevaron a la desjudicialización de ciertos delitos. Esta situación ha motivado una creciente controversia y frecuentes demandas públicas, a las que las autoridades judiciales (Corte Suprema y Ministerio Público) han respondido con nuevos procedimientos” . Así las cosas, viendo al criminal como una víctima y siendo muy flexibles con él, los diferentes Gobiernos han alcahueteado las conductas negativas.
Este tipo de ideas soslayan una cuestión elemental: la acción delictiva es el resultado de una decisión individual, facilitada por un marco jurídico e institucional excesivamente tolerante, que prácticamente garantiza la impunidad. En un contexto como el costarricense, donde la tónica ha sido que unos obtengan ganancias a través de otros, el individuo ―sin importar su condición socioeconómica― ha comenzado a interiorizar la posibilidad de obtener aquello que necesita mediante la fuerza, sea robándolo, sea exigiéndoselo al Estado como si fuera un derecho o sea aliándose con políticos corruptos para obtener favores, acciones que tienen el común denominador de perjudicar a terceros.
Justamente allí es donde, para ASOJOD, se origina la actitud delictiva de las personas: de su propia voluntad. No hay nada de eso de que a alguien lo empujan a cometer delitos ni que roban para alimentar a una pobre familia a punto de morir de inanición. Lo que tenemos es una cultura que ha premiado la actitud parasitaria, donde se ha enseñado a las personas que siempre habrá alguien que pague sus cuentas, que necesidad es equivalente a derecho, que está bien ver a los otros como animales de sacrificio, como medios para cumplir sus fines.
Es esa perversión moral que las personas han individualizado gracias a un sistema que le incentiva conductas de tal naturaleza y cuyos horizontes culturales han sido fijados a ese nivel, la que motiva a los individuos a delinquir. Y, tras de eso, son premiados con la lástima, el "pobrecito", el discurso de la "segunda oportunidad", la tolerancia y alcahuetería extremas que terminan por impedir que se les castigue con rigurosidad y que nos tiene realmente mal.
Si queremos acabar con la inseguridad ciudadana es necesario cambiar los horizontes culturales y las premisas morales que llevan a las personas a creer que está bien vivir a costa de los demás y que solo basta pedirle a alguien y esperar que todo le sea entregado. De lo contrario, nos estaremos autoengañando al creer que más policías y más recursos van a evitar que nos roben.
