Jumanji empresarial: socialismo democrático

"El progreso de la democracia consiste en acrecentar realmente la libertad, iniciativa y espontaneidad del individuo"... "La primera condición consiste en la eliminación del dominio oculto de aquellos que, aunque pocos en número, ejercen, sin responsabilidades de ninguna especie, un gran poder económico sobre los muchos, cuyo destino depende de las decisiones de aquellos" (Erich Fromm, El miedo a la libertad).

Resulta evidente que las democracias, en Latinoamérica, no solo han sido incapaces de acabar con este dominio ejercido por las elites estatales y mercantilistas, sino que más bien se han dejado llevar por "la economía de bienes simbólicos" que caracteriza a la socialdemocracia histórica. Desde el socialismo de golpe de tambor de la Venezuela de Chávez,, hasta el mercantilismo y socialismo disimulado de naciones como Brasil, Costa Rica y otras, podemos observar un común denominador: el deseo, por parte de una clase política corrupta, de omitir y censurar, sobre la base de simbolismos, el interés económico legítimo de los individuos.

En definitiva, las producciones simbólicas como métodos de dominación (ejemplos: el estado benefactor, las instituciones sociales, la iglesia, el líder benevolente y solidario, etc.) se erigen desde las clases dominantes, sirviéndose del factor ideológico para mantener y controlar su hegemonía, la cual se funda en intereses particulares enmascarados de bien común. La redistribución de la riqueza, desde las clases trabajadoras hacia los grupos organizados y políticamente conectados, tiene sus raíces en la evolución de Estados burocráticos que viven por y para sí mismos, en complicidad ingenua con quienes ignoran –por voluntad propia– que están sometidos a un poder simbólico casi hipnótico.

El Estado, como institución detentadora del monopolio de la violencia simbólica, se vale de herramientas y medios de manipulación con un alto nivel de sofisticación como los discursos públicos emotivos, las emergencias simbólicas y ficticias, el patriotismo irracional y las asistencias económicas adictivas a grupos estratégicos cuidadosamente seleccionados. A través del lenguaje, principio estructurador y manipulador, el complejo estatal echa mano a los medios de comunicación al alcance de su clientelismo para obtener un acuerdo implícito con las masas, una especie híbrida de "saber" que parece y pretende ser un "no saber".

He aquí la gran tragedia: el esclavo amante de su esclavitud.

Andrés Pozuelo

Tema polémico: 2010, un año que cierra con muchas dudas

Cercanos a concluir el 2010, dejamos un año en el que, en términos generales, el país ha desmejorado, -o al menos no ha avanzado al mismo ritmo que otros países de la región- en los diversos componentes vinculados con el desarrollo económico y social. Cerramos 2010 siendo menos competitivos, más pobres que hace un año y adolesciendo de las mismas trabas institucionales que nos limitan desde hace varios años. Todos los indicadores nacionales e internacionales reflejan esta apreciación.

En materia de competitividad, el Informe Global de Competitividad 2010-2011, elaborado por el Foro Económico Mundial, ubicó a Costa Rica en el puesto 56 entre 139 países, reiterando nuestras falencias en la infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria. A pesar que avanzar en el ítem de competitividad (entendido como el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país) es apremiante, el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2010 apenas se fija la modesta (por no decir mediocre) meta de “mejorar en al menos 3 puestos la posición del país en el Índice de Competitividad Global.” Si por la víspera se saca el día, en ASOJOD no tenemos buenas expectativas.

Asimismo, la clasificación del Doing Business 2011 nos muestra que Costa Rica se ubicó en el lugar 125 entre 183 economías, presentando un cambio de -4 lugares respecto a la clasificación de 2010, mientras que 2009 el país se había ubicado en el lugar 117 y en 2008 se posicionó en el lugar 115.

Tristemente no somos un referente ni siquiera en el propio patio, pues, si nos comparamos con Latinoamérica y el Caribe observamos que el país se posicionó en el lugar 25 (entre 32 economías) superando solamente a Brasil, Ecuador, Honduras, Bolivia, Suriname, Haití y Venezuela.

Particularmente, al observar los componentes del índice costarricense, notamos que los temas mejor valorados son el registro de propiedad, la obtención de crédito y el comercio transfronterizo. No obstante, de las nueve categorías que componen en índice, el país sólo mejoró levemente en una de ellas con respecto al Informe 2010: la apertura de un negocio que pasó del lugar 119 a 116. Sin embargo, esta es una victoria pírrica para el país, pues en realidad, el leve avance se debe a una desmejora de otros países debajo de Costa Rica, ya que para abrir una empresa en el país sigue demorando los mismos 60 días que se tardan desde 2009, requiriendo además, la misma cantidad de requisitos. Lo anterior se resumen en una frase: somos especialistas en crear trámites y procedimientos que dificultan la creación de un nuevo emprendimiento y, además, pioneros en entorpecer toda forma de desarrollo. Que lo diga el actual Gobierno, que ya avisa que impulsará nuevos impuestos.

Si iniciar un nuevo emprendimiento que favorezca la creación de nuevos empleos en el país es tan difícil, no debe extrañarnos entonces que las cifras de empleo y pobreza sean igualmente negativas. Basta observar la Nueva Encuesta de Hogares de julio del 2010 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos para notar que la tasa de ocupación pasó de 55.4% en el año 2009 a 54.8% en el 2010 y la tasa de desempleo abierto bajó del 8.4% a 7.3% representando un aumento en la población ocupada de 23.106 personas. No obstante esta reducción en la tasa de desempleo no fue suficiente en relación con el crecimiento de la población en edad trabajar (personas de 15 años y más), razón que explica que la tasa de ocupación no creció y, sin embargo, se tenga una disminución en la población desempleada, que se contrajo a 22.762 personas.

En el mismo orden de ideas, los datos provenientes del INEC sostienen lo que el Doing Business nos señalaba: en términos de la posición en el empleo, en el 2010 el país refleja el predominio de la población asalariada, que asimila cerca de tres cuartas partes de los ocupados (76,1%) mientras que los “cuenta propia” y los ”empleadores” representan el 19,2% y el 3,5% respectivamente . en otras palabras.

Todo lo anterior se traduce en una sola cosa: mayor pobreza. En el país hay 1.103.522 personas en pobreza, lo que representa poco más del 24% de los 4.562.087 habitantes, esto es, 274.616 hogares en condiciones de pobreza, para un 21,3% del total de hogares, donde el ingreso por persona en los hogares urbanos es inferior a ¢88.225 y en las rurales a ¢67.750.

El 2010 fue, si duda, un mal año parra Costa Rica. Terminamos estos doce meses con un déficit fiscal cercano al 5.3 por ciento del producto interno bruto (PIB), la cifra más alta en 25 años. Quedan además dos temas: el pago de impuestos, que constituye la segunda desventaja de hacer negocios en Costa Rica, superada solamente por la protección a los inversionistas, donde el país ocupa los últimos lugares a nivel mundial.

De la mejoría sustancial de los indicadores señalados depende el incremento en las inversiones, en la generación de nuevos emprendimientos y la creación de empleos bien remunerados. Establecer iniciativas de desregulación que abarque una variedad de aspectos con el objetivo de mejorar el clima empresarial y el marco institucional resulta entonces imprescindible.

Sin embargo, las señales que da la Administración Chinchilla Miranda no van por esa dirección: más impuestos, más gasto, más endeudamiento, más empleo público, más regulación y más desorden son la tónica de un Gobierno que no tiene, ni por asomo, la intención de facilitar las condiciones para que los individuos generen riqueza. Siendo así, es de esperar que los siguientes años arrojen resultados aún peores y eso representará, muy posiblemente, el gran incentivo para que quienes queremos progresar, debamos buscar espacio en otros países.

Viernes de recomendación

Contra una política económica intervencionista, Ludwing Von Mises plantea una mucho más sencilla: el gobierno debe proteger los derechos de los individuos para que existan condiciones que permitirán a los productores, comerciantes, trabajadores, empresarios, ahorristas y consumidores llegar a sus propios objetivos en paz, en tanto no infrinjan la igual libertad de los demás para hacer lo mismo. El siguiente documento presenta seis conferencias dictadas en Buenos Aires en 1959 donde se esbozan las ideas de Mises sobre el tópico señalado.

Jumanji empresarial: las cuentas del Estado

Las cuentas del Estado son básicamente iguales a las de cualquier ciudadano. Por un lado están los ingresos, el dinero que el Estado quita a los ciudadanos a través de los impuestos y, por otro, los gastos. Si los ingresos son superiores a los gastos, el Estado tiene superávit; si los gastos superan a los ingresos, el Estado incurre en déficit. Hay dos formas de cubrir el déficit público:

1) aumentar los impuestos;

2) emitir deuda (esto es el equivalente a pedir un préstamo para un ciudadano).

El aumento de los impuestos es malo para la economía, ya que parte de la idea de que los ciudadanos conservan en su poder un porcentaje aún menor de sus ingresos y que su capacidad de crear riqueza disminuirá, al perder su capital, el cual ya no estaría disponible para invertir en medios de producción, circunstancia que ha de generar en el futuro mayor desempleo y pobreza.

La emisión de deuda supone captar un dinero del sector privado (ciudadanos, empresas, fondos de inversión, etc.) que podría destinarse a inversiones más productivas y llegar a crear empleo y riqueza, si el Estado no incurriera en déficit. Además la deuda (más los intereses) hay que pagarla tarde o temprano, por lo que la emisión de deuda implica un aumento de los impuestos en el futuro y una serie de anomalías en los mercados financieros, con todos los efectos negativos que esto arrastra.

Todo déficit público, y sus intereses, será pagado indefectiblemente por los ciudadanos. Pero valga la comparación: un individuo cualquiera que no controla su presupuesto deberá hacerse cargo un día de sus propios errores; en cambio, los políticos que cometen actos irresponsables saben que los ciudadanos siempre pagarán por ellos.

Conseguir superávit por la vía de aumentar los impuestos destruye la riqueza y tiene fecha de caducidad, ya que cuanta más riqueza se destruya, menos impuestos podrá recaudar el Estado en el futuro, por mucho que los suba. Llega un momento en que la recaudación disminuye aunque ascienda el tipo de gravamen de los impuestos, ya que la sociedad cada vez tiene menos capacidad de generar riqueza. La carga tributaria está directamente relacionada con la elasticidad económica del país, es decir, que el Estado no recaudará más a no ser que la productividad general aumente considerablemente.

La forma correcta de obtener superávit, y crear más riqueza para el conjunto de la economía, será reducir los gastos en mayor medida de lo que se reducen los ingresos (impuestos).

Pero no lo entiende así el Estado costarricense, ahora empeñado en la fórmula de sacar de un bolsillo para meterlo en otro, sin generar riqueza alguna. Y esta fórmula se halla en la base del paquetazo fiscal que nos receta el gobierno y que no deja de ser una pura y simple redistribución de la riqueza, que iría de los pobres a las elites estatales.

Lo que sí augura el famoso paquete, y qué duda cabe, es un cuadro de espanto: una menor producción y desempleo en el área de servicios, una mayor saturación de los servicios del Estado, de por sí pésimos, y una fatídica descapitalización global.

No se ve por dónde nos beneficiaremos los costarricenses, salvo que nos hayamos vuelto de pronto masoquistas.

La columna de Carlos Federico Smith: está perdido el caso a favor de la democracia

La antítesis de la visión liberal de la economía es la planificación central, una de sus mayores amenazas, tal como lo conceptualizaron el fascismo y el comunismo -los “primos” ideológicos- durante el siglo XX. En tanto que, bajo la visión liberal, es la libre concurrencia en los mercados la que esencialmente determina las relaciones económicas, en donde intervienen miríadas de decisiones individuales, en los órdenes económicos centralizados es algún grupo de individuo dentro del Estado el que define esas relaciones. Aquí, algún ente gubernamental central -usualmente un muy pequeño grupo- sustituye por las suyas a esas decisiones individuales

La otra amenaza que enfrenta el orden liberal es más sutil: proviene de lo que Sanford Ikeda llama el intervencionismo y que lo define como “la doctrina o sistema basado en el principio del uso limitado de medios políticos para enfrentar los problemas identificados con el capitalismo de laissez-faire". Debido a que el intervencionismo le asigna al gobierno poderes discrecionales para interceder dentro del proceso de mercado que van más allá de un Estado mínimo, difiere del capitalismo de laissez-faire en donde el objetivo primario de un gobierno es la protección de la integridad del sistema de mercado basado en la propiedad privada.” (Sanford Ikeda, Dynamics of the Mixed Economy: Howard a Theory of Interventionism, New York: Routledge, 1997, p. p. 35 y 36.).

No hay duda de que una de las formas más evidentes de esta amenaza intervencionista lo constituye la incorporación de esa prédica constante por redistribuir los ingresos provenientes de los resultados que determina el mercado hacia otra definida por políticas gubernamentales, muy visiblemente mediante el uso de tributos sobre quienes obtienen ingresos más allá de cierto nivel, que se trasladan (asumamos que no hay costo por la intermediación gubernamental) hacia quienes obtienen ingresos inferiores a ese nivel. Una muestra de este intervencionismo es la pretensión politiquera de lograr que esa palabrería repetitiva de que “los ricos paguen como ricos” se haga una realidad (aunque muestren la ignorancia usual de confundir riqueza con ingresos). En resumen, tratan de gravar progresivamente con impuestos a quienes tienen ingresos por encima de cierto monto predeterminado. La otra porción del esquema resdistributivo los políticos lo buscan justificar con un “ayudar a los pobres” (de nuevo confundiendo riqueza con ingresos) que en resumen se traduce en un redireccionamiento de esos gravámenes hacia quienes hipotéticamente poseen ingresos inferiores a cierto nivel.

En todo caso, no parece haber duda de que las políticas redistributivas constituyen un claro caso del intervencionismo gubernamental al cual nos hemos venido refiriendo.

Este propósito redistribucionista suele ser claramente promovido durante los procesos electorales: es en la campañas políticas cuando se suelen presentar propuestas para trasladar recursos provenientes de algunas personas -hipotéticamente de ingresos relativamente más elevados- hacia otras con ingresos relativamente menores. Con base en un principio de votación al que se le considera democrático, en donde cada persona tiene un voto, puede darse un sesgo hacia la profundización del redistribucionismo.

Imaginemos, por un momento, que los electores enfrentan una votación acerca de una propuesta en la cual aquellos que tienen un ingreso superior a un nivel X predefinido, deberán pagar un gravamen de un cierto porcentaje sobre dicho exceso, mientras que aquellos que no alcanzan ese nivel X, quedan exentos del pago del impuesto y que los ingresos recaudados del primer grupo son trasladados (digamos que íntegros) hacia el segundo grupo de votantes. A primera vista los votantes de este segundo grupo votarían a favor de la propuesta, mientras que en contra lo harían los del primer grupo. Como en una democracia se supone que una persona (adulta, nacional) tiene derecho a un voto, si lo ejercieran simplemente se requeriría que el monto X que separa los grupos de ingresos sea lo suficientemente alto como para que una mayoría simple pueda decidir aprobar el proyecto redistributivo. La clave estaría en la definición de ese monto X clave.

¿Conduciría el ejercicio democrático -así simple e hipotéticamente expuesto- a una redistribución tal de los ingresos, que al final de cuentas cada votante terminaría por recibir un monto neto idéntico? En nuestro ejemplo ultra-simplificado, dicho monto universal surgiría cuando se defina un monto X tal que logre una votación en su favor por un voto más que el que en comparación lograría el grupo opuesto. Sabemos que en la realidad, por ejemplo, el Estado (los burócratas, los gobernantes) se quedará con una buena tajada en esa intermediación redistributiva, por lo cual podría evitarse esa igualdad tan socialista, además de que en la política suelen participar muy diversas coaliciones que buscan lograr otros intereses distintos de la redistribución de los ingresos, pero parece que habría una tendencia hacia tal igualación de ingresos netos sobre todo si se amplía el rango de votantes, principalmente de niveles de ingresos relativamente más bajos.

Como yo he considerado por mucho tiempo que la democracia es el mejor sistema posible para cambiar de gobernantes sin que medie el derramamiento de sangre, ¿me debería ahora de entristecer este prospecto redistribucionista de una mayoría votante (conceptualmente la de un simple voto más que el resto de votantes)?

Hay un argumento que me revive la fe: las políticas redistributivas tienen un efecto negativo sobre el crecimiento económico al romper el lazo esencial que hay entre producción e ingresos en una economía. Quienes arriesgan, innovan, crean, los que tienen espíritu empresarial, se dan cuenta de que las políticas redistributivas minan los incentivos que tienen para producir (creo que Obama ya debe haberse dado cuenta de esto). Lamentablemente ello termina afectando el crecimiento de la economía. Los pobres suelen los ser grandes beneficiados del crecimiento económico, como lo puede atestiguar la historia económica de los últimos trescientos años. Por ello prefieren vivir en un sistema político-económico que les brinde oportunidades para progresar y vivir mejor.

Creo que ya los griegos de hoy (entre otros europeos) se han estado dando cuenta plena de cómo el distribucionismo termina provocando pobreza. Habría que esperar que en la cuna de la democracia logren pensar mejor acerca de los efectos que pueden tener sus votos; concretamente, cómo un redistribucionismo demagógico los termina afectando Veo al ejercicio democrático convertido en un proceso de aprendizaje que les permitirá -lamentablemente a plazo- darse cuenta de que la demagogia del distribucionismo es su verdadero enemigo. Ojalá que nosotros no tengamos que aprender la lección sufriéndola en carne propia. Nada más vean lo que está pasando en gran parte de Europa y, en mucho, en los Estados Unidos de hoy.

Se que estas reflexiones son muy burdas; muy primeras, pero vale la pena pensar.

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: en Navidad, no sólo los niños reciben regalos

Decía Richard Lamm que "La navidad es una época en que los niños le piden a Papá Noel lo que quieren y los adultos pagan por ello. El déficit del Estado es cuando los adultos le piden al gobierno lo que quieren y los niños pagan por ello".

Esta atinada frase refleja muy bien la realidad que vivimos los costarricenses. La reciente aprobación del Presupuesto de la República -financiado en un 45% con deuda- nos tiene que poner a reflexionar seriamente acerca de lo que se vendrá. Ya el Gobierno avisó que propondrá un nuevo paquetazo de impuestos para "arreglar" las finanzas. Inclusive, uno de esos impuestos ya avanza en el trámite legislativo, como lo es el impuesto a las personas jurídicas, y el otro -aumento del impuesto de ventas- está listo para ingresar.

Con la intención de dotar de recursos a la seguridad ciudadana -una de las promesas de campaña de doña Laura Chinchilla- y con la excusa de que las sociedades anónimas inactivas se utilizan para la evasión fiscal, el Gobierno pretende cazar a todo aquel que tenga una, cobrándole $200 anuales. Y como no es capaz de cobrar lo que ya existe -la evasión fiscal en nuestro país ronda el 70%- ni de revisar adecuadamente la contabilidad de los evasores, el Leviatán decidió, salomónicamente, castigar a todos cobrándoles más. A eso hay que agregarle que el "impuesto estrella" de la Administración Chinchilla Miranda será elevar del 13% al 15% el impuesto sobre las ventas, para tener más recursos y así financiar sus demás ocurrencias. O sea, castigar a los ciudadanos aumentándole los costos de ir al dentista, al peluquero, al mecánico, al abogado, al contador, etc.

De lo anterior se concluye que todos los subsidios, las becas de Avancemos, de las pensiones del Régimen No Contributivo, de los bonos de vivienda, el aumento del empleo público (3 de cada 4 empleos creados en los años 2008 y 2009 fueron estatales) y el elevadísimo gasto público de los últimos años, sintetizado en la burda y llana aplicación de los postulados keynesianos, nos pasarán la factura. Lo que los adultos pidieron, como decía Lamm, lo tendremos que pagar nosotros: los nuevos profesionales que apenas estamos empezando a ganar nuestro sueldo y nuestros futuros hijos, a los que sin duda les tocará cargar con el pesado fardo de la deuda.

A propósito de esto, vale destacar una pequeña curiosidad: desde hace días viene sonando en la radio un campaña ambientalista donde una voz indica que de no cuidad el medio ambiente, en el futuro nuestros hijos preguntarán en qué estábamos pensando entonces. Pues bien, lamentablemente a nadie se le ha ocurrido hacer esa misma pregunta cuando el Gobierno nos quita más dinero para despilfarrarlo.

Ahora que estamos en tiempos navideños, donde muchos gastan todos sus ahorros y su aguinaldo en regalos, y luego tienen que afrontar la cuesta de enero con los bolsillos vacíos, es cuando debemos preguntarnos si el Estado no pasa todo el año en una Navidad, con la diferencia que nos pasa la factura a los tax payers.

Así como algunos propugnan por el "derecho de las futuras generaciones a tener un medio ambiente sano", ¿por qué no lo harán también por el "derecho de las futuras y actuales generaciones a no tener que pagar por una deuda que no desean"?

Viernes de Recomendación

Para el día de hoy les presentamos la obra de Henry Hazlitt llamada La Economía en una Lección. En este escrito se describe lo necesario que alguien debe saber para comprender la economía de los países y el curso que deben seguir.

Flash Legislativo

Otra vez más, los estatistas, intervencionistas, reguladores y colectivistas, vuelven a la carga. La semana anterior, el Plenario Legislativo aprobó -eso sí, con la oposición de la Fracción del Movimiento Libertario- una moción para aplicarle vía rápida, dispensar de trámites y delegar a una Comisión con Potestad Legislativa Plena, el proyecto de ley N° 17.874, de la Liberacionista Viviana Martín, para regular el porteo, eliminándolo como actividad privada y convirtiéndolo en un servicio público, sujeto a permisos y trámites.

A pesar que a mediados de este año, los Diputados Libertarios lograron traerse abajo un plan similar, al presentar ante la Sala Constitucional una consulta sobre el expediente N° 16.136, los demás legisladores subsanaron los errores mediante una nueva iniciativa y avanzan decididos a limitar la libertad de empresa, trabajo y comercio en esta actividad.

Para resolver el "caos" nacional con porteadores y taxistas, los de siempre pensaron en lo de siempre: estatizar, fomentar la intervención, darle alas a la burocracia y exigir permisos que, como bien nos ha enseñado la experiencia, sólo sirven para impedirle a la gente trabajar y fomentar la corrupción. Porque cuando se ponen barreras de entrada al mercado, el gran beneficiado es el político, que puede castigar o premiar a los solicitantes de permisos, según su apoyo y trabajo en futuras campañas electorales o en la realización de ciertos "trabajitos" que le permitan mantener o aumentar su poder.

Lamentablemente, en ASOJOD creemos que la suerte está echada. Con mayoría aplastante en la Comisión Legislativa con Potestad Plena, los Diputados del PLN, PAC, PUSC y RC y, con la ayuda de algunos porteadorcillos que se beneficiarán con los permisos, lograrán su cometido: dejar sin empleo a miles de ciudadanos y, de paso, darle una manita a Rodrigo Arias en las elecciones del 2010.

La columna de Carlos Federico Smith: inconsistencia libertaria

Por alguna razón la mayoría de los ticos se considera que pertenecen a la llamada clase media. Si es rico, más allá de lo que poseen las familias de clase media, me imagino que aseveran pertenecer a ella para no darse color ante los que ponen impuestos y si es relativamente más pobre, creo que se puede deber a que hay un deseo de que el progreso que suele implicar la clase media ya se encuentra en sus hogares. Por eso casi siempre responden que pertenecen a la “clase media”. Obviamente los tecnócratas sociólogos, expertos en asuntos de clases, rechazarán mis hipótesis, lo cual no me preocupa, aunque si debo señalar, recordando mis lecturas de Pitirim Sorokin, cuando era joven y estudioso, que en asuntos de clases el análisis caía en una especie de arroz con mango; por ello los conceptos de clases ya no son tan útiles como se creyó hace algún tiempo. Mi familia, que es de clase media, obviamente que se beneficiaría directamente si se aprobara un subsidio que la favoreciera, como el que analizaré a continuación, pero tal práctica extraordinaria iría en contra de mis principios, por lo cual deseo escribir esta nota de hoy.

Tengo enorme aprecio personal por la diputada libertaria Patricia Pérez, por ello me sorprendió -y no de forma agradable- el proyecto de ley que presentó ante la Asamblea Legislativa para lograr que hubiera mayores fondos para que la clase media obtuviera vivienda. Como era de esperar, tan noble propósito encontró amplio eco en el resto de los diputados, quienes, ni lerdos ni perezosos, ya han indicado estar a favor de la propuesta. Muchos de ellos, casi que estoy seguro, lo hacen porque están a favor de “ayudar” a la clase media (ninguno están en contra de la clase media), pero estoy seguro que no han pensado en las implicaciones derivadas de la aprobación de una ley como esta.

Conociendo el conocimiento profesional privada de la diputada Pérez, con gran experiencia en las Mutuales, más bien me extraña que la solución que propone para dotar con casa a las familias de clase media, lo sea mediante un subsidio a los intereses que tendrían que pagar, los cuales, concuerdo con ello, son muy elevados. Estoy seguro de que doña Patricia conoce los numerosos estudios que, a través de los años, han hecho muchos economistas acerca de las razones por las cuales, en nuestro país, el diferencial entre las tasas pasivas que un banco comercial le paga a sus ahorrantes es tan grande con respecto a las tasas activas que le cobra a quienes les presta. De paso recuerdo los innumerables trabajos para la Academia de Centro América, de Edna Camacho, Rodolfo Quirós, Ronulfo Jiménez, Thelmo Vargas, Oswald Céspedes y muchos otros, que bien debe recordar don Patricia.

Si fuera así, Doña Patricia no abogaría por subsidiar intereses para ningún grupo en particular, sino en reducir ese “spread” tan elevado, el cual se origina en la obligación de mantener altas reservas legales, el pago de impuestos locales, los altos gastos operativos de los bancos (estatales), entre otros. En síntesis, más bien debería proponer que legalmente se diera una reducción significativa de esos elevados costos de transacción hoy trasladados a todos quienes piden prestado en los bancos, incluyendo los de clase media que solicitan préstamos para su vivienda.

El problema con estos últimos préstamos más bien parece estar en el plazo tan corto a que se otorgan, lo que contrasta con la situación de, por ejemplo, los Estados Unidos, o Panamá y más recientemente El Salvador. Una propuesta que permitiría que nuestro país tuviera préstamos a plazos tan largos como los citados lo sería mediante la aprobación de un proyecto de ley precisamente acogido por el Movimiento Libertario para su trámite legislativo, como es la dolarización de nuestra economía. Esta posibilitaría ayudar a que la clase media adquiera vivienda en un plazo factible para este tipo de inversiones. En el caso de El Salvador, antes de que se dolarizara, tales préstamos eran de una duración parecida a la actual de Costa Rica; ahora tienen una duración similar a la estándar de Panamá: 30 años.

Finalmente, aprovecho para referirme a una coyuntura actual de la economía costarricense, que la propuesta de la diputada Pérez deja de lado. El déficit actual del sector público puede llegar a un 5% este año y a un 6% en el próximo, principalmente por un exagerado gasto gubernamental.

Históricamente los libertarios han indicado su disposición para introducir algún grado de racionalidad en ese desbocado gasto estatal, pero la propuesta de la diputada Pérez propone todo lo contrario. Más bien aumentaría el gasto gubernamental porque con el presupuesto público es que se financiaría el 50% de los intereses que tienen que pagar las familias de clase media a quienes se les otorguen préstamos bajo la propuesta comentada Esos gastos irían a aumentar el déficit en momentos en que más bien los gobernantes nos dicen que pedirán ante el Congreso en aumento de los impuestos que paga la ciudadanía. Triste papel hacen quienes por años han señalado posiciones contrarías a los subsidios estatales y el excesivo gasto público.

En lo personal tengo un gran aprecio por la diputada Pérez, por lo que aprovecho para recordarle la cita de Aristóteles: “Amicus Plato, sed magis amica veritas” (Soy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad).

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: las elecciones municipales

El pasado 5 de diciembre, los resultados de las elecciones municipales dejaron en evidencia que el PLN tiene un clarísimo liderazgo en la intención de voto de los ciudadanos. Con esto no queremos decir que la mayoría de los costarricenses apoyen al PLN, puesto que hay que tomar en consideración que tan solo un 28% del electorado votó. Lo que sí se puede concluir es que los demás partidos no lograron convencer a las personas para que salieran a votar. Esto es preocupante, ya que, por lo visto, no existe una clara oposición en este país capaz de enfrentársele en serio al partido en gobierno. El PAC, el PUSC y el ML no han logrado convencer a las personas para que les den su apoyo.

Algunos dicen que no ha sido un completo fracaso para el PUSC, pues fue el segundo partido en obtener más alcaldías; sin embargo, al analizar con detalle sus triunfos, se puede fácilmente concluir que las personas no votaron por el partido, sino por el candidato. Ejemplos clarísimos de esto son los casos de San Pablo y Belén de Heredia, donde Aracelly Salas y Horacio Alvarado respectivamente, fueron escogidos por su trayectoria y liderazgo en el cantón y no porque el PUSC los apadrinó.

Para el PAC, supuestamente la segunda fuerza política del país, el resultado fue bastante malo. Tan solo 6 alcandías y ninguna en el Gran Área Metropolitana. El discurso socialista de esta agrupación política no ha convencido al electorado y en ASOJOD tenemos la esperanza de que nunca lo logren.

Pero tal vez el fracaso más evidente ha sido el del ML. El partido que más se acercó, en su momento, a nuestras convicciones liberales sigue sin poder explicarle efectivamente a la gente que solo por medio de mayores libertades individuales y menor involucramiento del Estado en las actividades económicas se puede lograr un mayor bienestar para todos. Inclusive, quizá ya ni siquiera tenga la intención de trasmitir ese mensaje al electorado, sino que pretende asemejarse más a los partidos tradicionales. Tal vez por eso, su máximo (o, mejor dicho, único) líder sigue perdiendo popularidad a pasos agigantados y una gran parte de sus miembros han preferido acercarse más a las ideas del PLN y dejar la lucha por la libertad. En la Asamblea Legislativa hay momentos en los que ya no sabemos distinguir a los diputados del ML de los diputados del PLN.

En este escenario, todo parece indicar que el próximo ganador de las elecciones presidenciales será nuevamente el PLN y por goleada. Estamos avisados

Viernes de Recomendación

Para el día de hoy les presentamos el ensayo: "Magia Verbal: la manipulación del lenguaje en el discurso jurídico, político y social" del profesor Minor Salas. En el presente trabajo se muestran los abusos que se comenten con el lenguaje en el campo de las ciencias sociales, abusos que terminan confundiendo el estudio de los fenómenos sociales.

La columna de Carlos Federico Smith: relajo sindical

No puede pasar inadvertida la información suministrada por La Nación del pasado lunes 29 de noviembre acerca de cómo un empleado de JAPDEVA termina ganando más si se incapacita que si labora. El privilegio es claro. Hoy cualquier persona que no sea un trabajador en JAPDEVA, si es incapacitada por la Caja Costarricense de Seguro Social, recibe como compensación un 60% de su salario mensual, aproximadamente. Por el contrario, el privilegiado trabajador de JAPDEVA, gracias a la leonina convención laboral de que disfruta, además de aquel 60% recibe un 40% proveniente de la misma JAPDEVA. El relajo evidente no acaba aquí: durante su periodo de incapacidad, tampoco se le pueden cobrar las cuotas del Fondo de Mutualidad que tienen los trabajadores, además de recibir el aguinaldo completo aún cuando se ausenten de su trabajo.

El incentivo es muy claro: vale más, para efectos de los ingresos que se llevan a la casa, estar incapacitado que trabajando. El resto de trabajadores del país no recibe tal gollería, precisamente para evitar este tipo de práctica nefasta. Adicionalmente, este privilegio a unos cuantos que laboran en JAPDEVA, lo cubre el resto de los costarricenses mediante los impuestos. De acuerdo con la información periodística, “a la fecha, en la institución hay 47 empleados que cumplen un año o más de incapacitados”, agregando, que “los casos más graves son de personal con licencia por enfermedad que están fuera de los puertos desde enero del 2005.”

Pues, ¿cómo no iba a ser así? Todo el incentivo diseñado para los privilegiados trabajadores de JAPDEVA está para lograr incapacitarse y con ello poder “ganar más”. Lo que el periódico no dice (en esta ocasión) es que muchos dirigentes del Sindicato de JADEVA se han acogido a tales incapacidades, hecho que ha sido públicamente denunciado. La Caja dice aún estar en proceso de investigación de estas denuncias, pero ya lleva muchos meses sin decirnos qué resultó de la investigación. Producto de mi malicia indígena o del escepticismo que ya ha hecho callo sobre el accionar del Estado, no me queda más que dudar acerca de un deseo de la Caja de aclarar las cosas y señalar las responsabilidades de aquellos médicos que otorgaron las incapacidades que ya llevan muchos, pero muchos, meses. Casualmente, muchas de esas incapacidades son de dirigentes del Sindicato de JAPDEVA.

Para agregar mayor malestar a la conciencia de los ciudadanos, quienes somos los que pagamos todo este tipo de desmadres, el dirigente napoleoncillo de JAPDEVA, Ronaldo Blear, al quejarse acerca de la información que sobre este privilegio difundió el actual Gerente de JAPDEVA, don Allan Hidalgo, sentenció que los días de don Allan “están contados en JAPDEVA” y lanzó el reto ante la ciudadanía de que irá “a defender los derechos de los trabajadores” y que no va “a permitir más que se esté ensuciando el nombre de los trabajadores”. No sólo el Secretario General del Sindicato de JAPDEVA nos golpea con una clara amenaza, sino que aprovecha para hacerse el ofendido tan sólo porque el Gerente de JAPDEVA denunció el privilegio ante la ciudadanía. Se necesita tener una cara de barro para todavía querer cobrarnos por medio de la amenaza, aunada al simple desaguisado que el Sindicato ha impuesto a todo el país.

Es hora de que la ciudadanía despierte y recupere el sentido de decencia elemental extirpado por la convención de JAPDEVA. Esta denuncia no debe pasar inadvertida. Si se siente mal por este abuso, reaccione. Si lo hace por escrito, mándele una copiecita a la Sala Constitucional, que tal vez la tendrá presente la próxima vez que tenga que pronunciarse sobre privilegios arrancados a toda la ciudadanía costarricense.

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: ¿real? politik?

Vivimos en una época en donde las personas se jactan de su pragmatismo, de obtener resultados, de ocuparse de los fines y no de los medios. Esta escala valorativa se aprecia en su máximo esplendor en las relaciones internacionales a través de la Realpolitik. De lo que no se han percatado estos incautos es que no existe tal dilema entre valores y practicidad; todo lo contrario, esta es precisamente la función de los valores. El conflicto con Nicaragua es el fiel reflejo de cómo la Realpolitk al largo plazo no paga. Veamos:

Tenemos una política de relaciones internacionales absolutamente complaciente, timorata y cínica que, para algunos, es simplemente pragmática, esto es, que se ajusta a la necesidad y realidad de los tiempos. Así, hemos ingenuamente creído que nuestro silencio, cómplice e indiferente a las obscenas burlas a la institucionalidad de otros gobiernos en sus propios países, en nada han de preocuparnos o interesarnos. Este es el verdadero problema.

No se vale vanagloriarse de ser un país con una tradición demócrata, mientras se tienen relaciones con China o se permite el ingreso al seno de la OEA de la dictadura más añeja y podrida de la historia de Hispanoamérica, o mientras nuestros gobernantes durante las cumbres internacionales le hacen la corte a una serie de personajes políticos, cuyo único objetivo es acabar con el Estado de Derecho y perpetuarse en el poder. Esto no es una tradición democrática, es una tradición en el servilismo, la hipocresía y en el penoso oficio de tener dos caras.

Que no se nos olvide que la existencia de caricaturas como Ortega es gracias a toda esta impudicia que ha gobernado las relaciones internacionales de los últimos años, impudicia de la cual hemos sido partícipes y cómplices. Ojalá que este episodio nos sirva de lección.

Viernes de recomendación

Para este Viernes de recomendación, en ASOJOD queremos ofrecerles el texto de James Buchanan titulado "¿Qué deberían hacer los economistas?", donde el autor sugiere un interesantísimo enfoque de cómo debería desarrollarse esa disciplina: en lugar de concentrarse en el problema de la escasez, debería enfocarse en el intercambio.

Jumanji empresarial: los estafadores de la industria local

Con cierto aire folklórico, una corriente emotiva se ha terminado convirtiendo en una cuasi ideología. Movimientos que se ufanan de su nacionalismo, de preservar las tradiciones y fortalecer la historia doméstica se han encargado de servir de plataforma a una de las mayores estafas de este tiempo.

Un grupo de pillos, de rufianes oportunistas, se abusan del sentido de pertenencia que cualquier territorio genera a su alrededor. Ellos han exacerbado el sentido de lo local para transformar esa visión en algo así como una escala de valores que les resulta más que funcional a sus intereses económicos.

Han logrado construir una fantasía con cierta verosimilitud que solo cabe en la mente de los incautos y desprevenidos. Es que se trata de una casta de aprovechadores profesionales que han convencido a propios y extraños de que proteger la industria local implica salvaguardar el bien común, que la política debe generar espacios para favorecer a los de adentro y evitar que los de afuera hagan de las suyas.

Se ocupan de promover normas que favorezcan el compre local, las industrias del lugar. Dicen que debemos cuidar todo lo de adentro, para despotricar contra lo foráneo, induciendo a simplificaciones que hacen que lo propio sea bueno, y lo de afuera sea malo. Solo buscan protección, privilegios, prebendas, favores públicos, que hagan que sus emprendimientos sean viables, que haga rentables segmentos que no lo son.

Han construido un razonamiento que parece sostenible. Quieren que la industria local florezca, para mantener los puestos de trabajo y la actividad económica del lugar se revitalice dando oportunidades a los de adentro. Suena romántico y convocante.

Pero lo que no aclaran es quienes pagarán esa “fiesta”, quienes sostendrán su circo inmoral. Pretenden protecciones porque son ineficientes, porque quieren desarrollar actividades que no pueden sobrevivir sin subsidios, sin privilegios, sin apoyo estatal, ventajas impositivas o castigos vía barreras para los que vienen de afuera. Se trata, según ellos, de impedir que la competencia foránea ingrese al mercado local, destruyendo la industria del lugar y provocando perdidas de empleo.

Aspiran a tener protección, ganar dinero sin tomar riesgos, que el Estado les garantice rentabilidad para hacer un negocio seguro, que no dependa de los vaivenes del mercado. Lo que no quieren es competir, desean un monopolio apoyado desde el Estado y con una gran mística periférica que haga que la gente los avale, que la política los sostenga.

Tampoco hablan de las consecuencias de su pseudo ideología. Aspiran a que alguien los subsidie, que financie las ineficacias de su negocio, su aventura empresarial, socializando las perdidas y privatizando sus ganancias.

La sociedad se obliga a pagarles sus deficiencias, vía impuestos, endeudamiento o cualquier retorcido método que posibilite la transferencia desde el sector privado, de los que trabajan para ganarse su salario, de los que desempeñan su oficio, hacia los que parasitan desde las oficinas públicas imponiendo regulaciones o desde los sectores prebendarios, promoviendo ventajas que solo le resultan convenientes a ellos mismos. Saben lo que hacen, se escudarán en la sensiblería de los puestos de trabajo, de favorecer lo propio, y de ayudar al crecimiento local. Todos argumentos que apuntan al corazón, a la emotividad, pero pocas veces a la razón.

Para que sus empresas ineficientes sean viables, la sociedad toda deberá aportar la diferencia y hasta la ganancia. Esos recursos no pueden tener otro origen que cada individuo, que resignará su propio consumo, el que hubiera elegido en libertad, para destinar esos dineros al “estafador” y los supuestos ideales románticos que defiende.

Pero no se agota allí la historia, no se trata solo de las exenciones impositivas, los regímenes privilegiados, las subvenciones otorgadas, sino también del cúmulo de regulaciones que lo favorecerán para impedir que sus competidores ingresen al mercado. Todas esas reglas “hechas a la medida”, evitarán que quienes pueden ofrecer un mejor producto, más barato, en mejores condiciones, no lo consigan. Para ello, lobby mediante, el “protegido” empresario local, conseguirá que las normas castiguen económicamente a quienes insistan en ofrecer sus productos desde afuera. Le impondrá barreras arancelarias que impidan la competencia, restricciones formales que hagan que sus intentos no estén contemplados por las reglas domesticas. Todo tipo de escollo sirve al loable fin que intentarán defender con uñas y dientes.

Pero los consumidores locales tendrán que abonar un precio más alto por un servicio por el que optan acorralados por las reglas artificiales obtenidas bajo el amparo de la influencia del “afortunado”. Para abonar ese sobreprecio del proveedor local, los clientes del lugar tendrán que privarse de consumir otros bienes, reduciendo su capacidad de compra. El fin justifica los medios dirá la caterva de aduladores que rodea al privilegiado y sus “convenientes” aliados. Para ellos no tiene mucha importancia que el consumidor local pague más, después de todo se trata de ayudar a los empresarios locales, fortalecer el mercado interno y preservar el empleo de los lugareños.

Lo que nuevamente no dirán es que el dinero que el consumidor local utilizó para pagar el sobreprecio de esta prebenda, solo puede explicarse al privarse del consumo de otro bien. Es en esa otra actividad, en ese otro sector, donde el cliente local no podrá poner voluntariamente su dinero y por lo tanto habrá hecho desaparecer sin intención a otra actividad, en este caso sin protección.

Los genuinos empresarios locales, esos que no gozan del calor del poder, serán los primeros perjudicados. Ellos y sus empleados, que son los que realmente perderán puestos de trabajo pero sin tanta trascendencia, de modo progresivo, casi en silencio. Es que los “privilegiados de siempre” saben invertir su tiempo en hacer lobby, en traficar influencias, en convencer políticos y aportar argumentos al debate social, para ponerse a la gente de su lado.

Los verdaderos emprendedores, los que pelean cotidianamente en el mercado sin protección alguna, más que la de prestar el mejor servicio, ofrecer el mejor producto, al precio más bajo posible, con el menor margen que pueda darle viabilidad a su negocio y lidiando con los competidores a diario, ellos, no tendrán defensores en la lucha. Al contrario, pagarán el costo de este engendro, con menos empleos, con una inferior ganancia, en una verdadera competencia desleal, desde otros sectores de la economía.

En economía no se puede hacer magia. Las soluciones las provee un marco normativo transparente, donde los empresarios toman riesgos, se dedican a hacer lo que saben hacer, y subsisten solo si son elegidos por sus clientes todos los días, con claros incentivos perdurables en el tiempo, esos que solo provee el mercado, para ofrecer el mejor producto, al menor precio, desde la óptica de quien lo consume.

Cuando las empresas, ya no toman riesgos, e invierten tiempo en recorrer pasillos de oficinas públicas, la ciudadanía toda habrá perdido, porque pagará la nueva parodia con sus propios ingresos, abonando en el mercado local precios irreales.

Si no entendemos que detrás de cada idea retorcida de estas que pretenden cuidar lo propio, existen mas problemas que soluciones, más daños que beneficios, y sobre todo perversos intereses parciales que solo desean alimentar sus propias ineficiencias frente a la incapacidad de superar a sus competidores, estaremos transitando un camino sin retorno, ese que nos proponen los estafadores de la industria local.

Alberto Medina Méndez