Tema Polémico: UBER, Estado y Sociedad Costarricense

Sin lugar a dudas el tema de estos últimos días ha sido la entrada al país de UBER, así como las medidas tomadas por el Gobierno. En ASOJOD queremos compartir un par de reflexiones e interrogantes un tanto desordenadas, las cuales hacemos evidentemente desde de nuestra particular forma de entender el mundo (para bien o para mal), mismas que no se limitan propiamente a UBER, sino que pretenden ser un diagnóstico mucho más “macro”:

1. Ironía: el Gobierno del cambio defendiendo el status quo, en contra de los avances tecnológicos y las nuevas formas de economía.

2. Sharing economy y evolución social: El “sharing Economy” llegó para quedarse, adaptémonos y saquémosle provecho o perezcamos.

3. Siguen las ironías: los niños malos del Gobierno pese a su juventud son los que más relinchan en contra de UBER.

4. Más ironías: los “progresistas” en contra de aquello que genera progreso…

5. Revolución: Los gringos por mucho menos que esto hicieron una revolución en el siglo XVIII.

6. Del like a la acción social: Están muy bien los memes, críticas, likes y shares de Facebook, pero eso no es suficiente, debemos pasar de la acción en el mundo cibernético a la acción en el mundo material, solo así se darán los cambios necesarios.

7. Lección: los políticos y el Estado deben de tener el menor poder posible, eso disminuye las posibilidades de que se paseen en la vida y propiedad ajena.

8. Pregunta: ¿conoce el Gobierno los conceptos de escasez y costos de oportunidad? Es increíble que con la cantidad de problemas económicos y de infraestructura que pesan sobre el país, la administración se dedique a darle “guerra” a UBER.

9. Objetivo de la ley: La ley en la mejor tradición liberal está diseñada para proteger los derechos individuales, para ser un límite frente a los poderes del soberano. Cuando este noble fin se pervierte y la ley se convierte en instrumento de privilegios y prebendas políticas para la obtención de votos, pasa precisamente lo que hemos visto en estos últimos días.

10. Acción privada: La Constitución Política en su artículo 28 indica: “Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden públicos, o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley.” ¿Nos puede explicar alguien de que manera UBER afecta el orden público, la moral o interfiere con los terceros para que tenga que estar dentro del marco de acción de la ley?

11. ¿Regulaciones videntes? Algunos afirman que el servicio de UBER se encuentra previsto en la normativa actual, y que en ese sentido debe regirse por la misma. Esa es una aseveración bastante extraña y peligrosa, ya que cuando nuestras leyes que rigen los servicios públicos de transporte se crearon, no existía ni por asomo algo remotamente parecido a UBER, por lo que no se puede sostener que nuestro legislador pretendía que algo de esta naturaleza se encontrara cubierto por dicho manto legal. Lo anterior es fundamental par proteger la innovación y el cambio tecnológico, es la ley la que debe adecuarse a las novedades sociales, económicas, culturales, tecnológicas, etc y no a la inversa. 

Bajo esta línea de pensamiento imaginemos que en el futro se invente una batería o sistema de autoabastecimiento eléctrico, que haga totalmente innecesario e intrascendente al ICE, ¿en ese caso también vamos a prohibirlo o regularlo? 

12. Interpretación pro libertad: ¿Si existe duda de si este es o no un servicio público no deberíamos resolver dichas controversias teniendo como piedra angular el favorecimiento de la autonomía privada y la libertad individual?

13. Encuentre las diferencias: Mussolini dijo: “para el fascista, todo reside en el Estado, y nada que sea humano o espiritual existe fuera del Estado.” El Presi dice: “Toda actividad que no está regulada por el Estado es ilegal”.

14. Devuelta a la época oscura del Siglo XX: Las acciones de la administración rayan en la “mejor” tradición fascista y autoritarita del siglo XX.

15. Sociedad abierta vrs Sociedad Cerrada: La Sociedad Abierta y la civilización es la recuperación de los espacios privados para la sociedad civil, implica dejar de ser una especie de tribu en donde todos los temas de la vida de los individuos son un problema de la polis. 

16. Valentía: Bien por la empresa UBER por atreverse a hacer lo que rara vez ocurre en nuestro país con el sector privado: retar la arbitrariedad y sed de poder de los Gobernantes.

17. Responsabilidad empresarial: Todavía mejor por parte de la empresa UBER en ponerse detrás de sus afiliados colaborando con las multas y daños a la propiedad de los vehículos. Empresa 2-0 Gobierno.

18. Ciudadanos en contra de si mismos: El Estado con sus regulaciones estúpidas es el único que tiene la capacidad de poner a los propios ciudadanos en contra de si mismos, logrando establecer un clima de confrontación social en virtud del sistema de castas sociales que establece a través de leyes perversas. El Estatismo politiza todos los ámbitos de nuestra vida, convirtiendo simples interacciones individuales, en todo una problemática social y política.

19. Lo que está detrás de UBER: Lo que está en juego con UBER es algo más grande que el sistema de UBER, es el “alma” de nuestra sociedad. El Gobierno ha entendido bien esto, por ello ha actuado de la forma desproporcional y temeraria en que lo ha hecho. Sabe de que sistemas como UBER y actitudes como las que ha asumido la empresa ponen en jaque su cuota de poder político, además de que desnuda la verdadera cara de la acción estatal. Evidentemente no pueden permitir que el castillo de naipes sobre el que se encuentran montados se les venga al piso.

20. Mamar tetita estatal: Es mejor UBER que la UBRE del Estado.

21. ¿Quién gana y quién pierde? Preguntémonos: ¿qué intereses defiende el Gobierno con estas medidas y a cuáles sectores? Los más afectados con estas medidas son los ciudadanos de pie: aquellos que quieren ganarse una extrita a través de UBER, así como aquellos que quieren ahorrarse una platita con un servicio más eficiente y a menor costo. UBER no pierde, UBER no nos necesita, nosotros necesitamos a UBER.

22. Sino puedes con ellos úneteles: ¿Si a los taxistas les molesta tanto UBER por qué mejor no cambian de equipo?

23. Pregunta para el lector: ¿en las próximas elecciones seguirá votando usted por los mismos de siempre, con sus ideas retrógradas de siempre, aquellos que no pueden mirar más allá de la nariz Estatal?

24. Indiferencia: no son momentos para ser indiferentes, a todos nos toca escoger de que lado queremos estar.

25. Reforma del Estado: todos estos eventos no hacen más que mostrar la necesidad de plantearlos nuestro actual modelo Estatal en todas sus dimensiones y manifestaciones.

Para finalizar queremos dejarlos con una frase de la filósofa Ayn Rand la cual describe a la perfección el entorno socio-político en el que se encuentra atascado nuestro país, y sobre todo que nos mantiene sumergidos en el total y absoluto subdesarrollo:

“Cuando te das cuenta que, para producir, necesitas obtener autorización de quien no produce nada. Cuando compruebas que el dinero es para quien negocia, no con bienes sino con favores. Cuando te das cuenta que muchos son ricos por soborno e influencia, mas que por el trabajo, y que las leyes no nos protegen de ellos, mas por el contrario, son ellos los que están protegidos. Cuando te das cuenta que la corrupción es recompensada y la honestidad se convierte en auto sacrificio. Entonces podría afirmar, sin temor a equivocarme, que tu sociedad está condenada.”

Tema polémico: ¿taxistas o porteadores? Ninguno; votamos por los "piratas"

En este tema polémico queremos abordar un tópico que, desde mucho tiempo atrás, ha causado controversia pero que en las últimas semanas se ha extendido en la opinión pública por la amenaza de protestas y cierre de carreteras. Se trata de la dicotomía entre taxistas y porteadores, entre servicio regulado por el Estado y servicio libremente prestado.

Los taxistas constantemente se quejan de que el porteo provoca una competencia desleal en contra de ellos. Definitivamente los porteadores, al no estar sujetos al control tan estricto de cantidad de placas y precio que tienen los taxistas, cuentan con una gran ventaja competitiva pero esta ventaja de ninguna manera se puede considerar como desleal. En ASOJOD creemos profundamente en el derecho que tienen las personas de hacer uso de su propiedad como les parezca más conveniente siempre y cuando no afecte los derechos de los otros. Si una persona está dispuesta a ofrecer su vehículo para trasladar a otra persona de un lugar a otro a cambio de un monto y la otra persona está plenamente de acuerdo con esa transacción, entonces no hay nada de malo con eso. No entendemos por qué el Estado tiene que involucrarse en esta transacción entre privados.

Tal vez en lugar de estar los taxistas reclamando tanto para que los porteadores no existan, deberían estar reclamando para poder contar con las mismas condiciones que los porteadores. Sería más beneficioso para todos si se pasara un proyecto de ley para eliminar la Ley N° 7969 (Ley Reguladora del Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas en Vehículos en la modalidad de Taxi) en lugar de este proyecto de ley para quitar la palabra “personas” del artículo 323 del Código de Comercio, que ha generado tanta bulla últimamente.

Por otro lado, los taxistas cuentan con la ventaja competitiva de que pueden trasladar a personas desde cualquier lugar, público o privado, a otro sin necesidad de que el contratante haga una llamada previa. Eso también podría verse como competencia desleal pero a favor de los taxistas. Otra vez aplicamos la misma lógica ¿Por qué si una persona desea que la trasladen de un lugar a otro a cambio de un monto está obligada a llamar previamente una oficina y contratar el servicio de esa manera? El servicio debería poder realizarse en cualquier lugar, a cualquier hora y el propietario del vehículo y el transeúnte deberían tener la libertad de negociar el precio sin necesidad de ningún tercero que los regule.

Imaginémonos un país adonde no existan ni taxistas ni porteadores. Un país donde solo existan los mal llamados “piratas”, es decir, con transportistas sin regulación alguna por parte del Estado, sino que sometidos a las reglas del mercado. La necesidad de las personas para trasladarse continuaría igual que siempre y habría muchas personas interesadas en satisfacerla a cambio de un precio. Los contratantes tendrían la libertad de poder escoger entre varias opciones y poder negociar el monto del servicio hasta lograr un acuerdo "ganar-ganar" con el transportista. Así, los precios se ajustarían a las leyes de la oferta y la demanda. Habría personas dispuestas a pagar más por un transporte que le garantizara seguridad y comodidad y, quizá con el tiempo, varios dueños de automóviles verían conveniente organizarse en compañías para poder ofrecer, de esta manera, un mejor servicio, a un mejor precio y con mejores condiciones de seguridad. y cobertura. Ya no sería necesario pelear por una placa ni tener que comprar funcionarios públicos o políticos para tenerla; tampoco los cazadores de votos tendrían clientes para ofrecerles la concesión a cambio de apoyo en elecciones.

Un país sólo con mal llamados “piratas” parece que sería la mejor opción para todos. Lastimosamente eso no lo vemos sucediendo a corto ni a mediano plazo.

Flash legislativo

En las últimas semanas, los costarricenses se han enterado, entre amenazas de porteadores y taxistas y la inacción del gobierno, de un proyecto de ley que pretende prohibir el porteo. Se trata del Expediente N° 16.136, que corresponde al único punto en agenda de la Comisión con Potestad Legislativa Plena Segunda.

La iniciativa en cuestión procura eliminar la palabra "personas" del artículo 323 del Código de Comercio, el principal fundamento jurídico del que se valen los porteadores para desarrollar su actividad. Además, pretende realizar dos modificaciones a la Ley Reguladora del Servicio Público de Transporte de Personas en vehículos en la modalidad de Taxi. En el primer caso, se intenta modificar el numeral 29 para otorgar las concesiones por base de operación y por un plazo prorrogable de 10 años, siempre y cuando los concesionarios tengan licencia tipo C-1, aparezcan registrados ante la CCSS o sean cotizantes del seguro voluntario y presenten una certificación de su inscripción ante el MOPT como empresarios de taxis. En el segundo, se busca adicionar un nuevo inciso al artículo 62, donde se establece una sanción por la prestación no autorizada del servicio, utilizando como presunciones e indicios de esto la habitualidad en la prestación y el uso de signos externos e internos que puedan inducir al error en el usuario.

Frente a esta iniciativa, algunas bancadas legislativas ya han dejado clara su posición. El PAC anunció que la votaría a favor, por cuanto consideran el porteo como una actividad ilegal que genera competencia desleal a los taxistas; el ML, por el contrario, votaría negativamente esta iniciativa, por cuanto considera que limita una actividad reconocida por el ordenamiento jurídico costarricense y especialmente, que tiene sustento en el principio de libertad (lo que no está prohibido, está permitido), la libertad de asociación, de comercio y de empresa. Sin embargo, las grandes incógnitas en cuanto a posiciones son el PUSC y el PLN. En el caso de los socialcristianos, aún no han dejado claro si estarían de acuerdo con eliminar el porteo o, siendo consecuentes con el uso que ese mismo partido dio a los porteadores en campaña para el día de las elecciones, lo defenderán. Por su parte, el PLN aún no termina de decantarse por taxistas o porteadores, a sabiendas de que cualquiera de los dos grupos, ante una decisión que les perjudique, se tirará a las calles. Lo único que ha resuelto el partido oficialista es dar tiempo para que la solución venga desde Casa Presidencial.

En ASOJOD ya hemos expuesto nuestra defensa a la actividad del porteo por cuanto consideramos que esta actividad va acorde a la libertad y que debe ser el usuario, no el Estado, el que escoja las condiciones del servicio de transporte que requiere. Esperamos que en el trámite del proyecto en cuestión, esos y otros elementos importantes se tengan en consideración y que, al final, prive una decisión que los respete y le permita a cientos de individuos trabajar sin ser perseguidos por el corporativismo y la voracidad estatal.

En Vela

¿Querían violencia, en el marco de un plan de desestabilización, de demandas de granjerías, de quebranto de los derechos de la gente y de atentados contra la institucionalidad?

Pues bien, la lograron. Ahí están los frutos de las reuniones en las instalaciones de la UCR de miembros de la FEUCR, de sindicatos, de profesores, de APSE, de estudiantes, de exsindicalistas de Japdeva y de porteadores. Ahí están los frutos de la mentira y de los manifiestos que, en columnas anteriores, calificamos como demenciales, lanzados al país por Internet con pasmosa irresponsabilidad.

Había que sembrar la semilla. Si fracasaban en su intento, no aparecían firmas en los manifiestos que los desacreditaran y, si triunfaban, recurrirían a los clásicos de la lengua española: Fuenteovejuna, todos a una. Así, los culpables serían todos, no ellos, los que urdieron la trama. Sin embargo, algunos continuaron el guion y plasmaron lo que era de prever cuando la razón y la decencia se descaminan: el recurso a la violencia. ¿No era este el fin latente? Algunos ya están presos. Otros emprendieron la fuga. En el hospital están postrados tres guardias civiles, víctimas de los disparos de quienes, a partir de ayer, han pasado a engrosar el ejército de la delincuencia y ojalá que no de la criminalidad.

En esta aventura contra la institucionalidad las brigadas de choque de los porteadores tomaron la vanguardia en las calle. Sus líderes –prósperos e impunes– llevan años de desafiar al Estado y a la población. Ayer fue su hora de gloria. Al ver los sindicalistas, trabajadores municipales y dirigentes de APSE que los porteadores se habían apoderado de las calles salieron a recrear los fantasmas programados en San Pedro en días anteriores. A mediodía se hizo el recuento: tres guardias civiles baleados y decomiso de vehículos con armas en Limón. Y en San José y en otros lugares, millares de personas y de vehículos secuestrados en las vías públicas ante la suspensión sindical de la libertad de tránsito.

No es posible terminar esta columna sin referencia al impensable acuerdo del Consejo Universitario (UCR) contra la concesión de los muelles de Japdeva, esto es, a favor de la continuidad de las sagas de mayor perversión del servicio público, contra el interés nacional, en la historia sindical de nuestro país. Se puede violentar la autonomía universitaria por fuera, pero también por dentro y' con los recursos de los contribuyentes. Este recordatorio de nada servirá, pero explica mucho de lo que ha ocurrido.

¿Ya están contentos? ¿Cuál es el siguiente capítulo?

Julio Rodríguez

Va de nuevo

Hoy se anunció en un diario de circulación nacional que el gobierno buscará una vez más regular la actividad del porteo… ahora con un “proyecto de ley consensuado”.

En ASOJOD nos preguntamos, ¿hasta cuando dejará el gobierno de turno en paz a las personas que quieren trabajar sin que NADIE los hostigue?

Los futuros “padres de la patria” (y madres por aquello de la igualdad de género) autodenominados defensores de la libertad, tienen la obligación de defender a este sector de la ambición reguladora del Ejecutivo y sus “socialdemócratas” diputados (sea lo que sea que signifique ser socialdemócrata). Pero mucho cuidado con la defensa que se realice, ¡no se ocupan más leyes!, solo basta con dejarlos en paz.

La ley del más fuerte

Una vez más, en Costa Rica se ha demostrado que se hace lo que el grupo más numeroso o con mayor capacidad real de ejecutar amenazas desea. Una vez más, el sistema ha sido tomado por aquellos que han comprendido que bloquear la calle es sinónimo de obtener la prebenda del caso.

Desde aquel fatídico evento en la Administración Pacheco de la Espriella, que terminó por costarle el puesto al entonces Ministro de Hacienda, Alberto Dent, y hasta la fecha, este tipo de forma de presión ha estado presente en cientos de casos para obligar al Gobierno a hacer o no hacer. Se trata de la ley del más fuerte en su máxima expresión.

El último caso ocurrió el día de ayer, cuando tras una manifestación entre taxistas y porteadores, donde ambos grupos midieron fuerza pero sólo uno pudo salir victorioso, el Gobierno de nuestro país se comprometió a eliminar la figura del porteo del Código de Comercio. La idea es incluir un proyecto de ley que derogue el artículo que lo sustenta, pero a cambio, le garantice a los porteadores existentes y debidamente registrados en una empresa, su derecho a seguir operando.

La gran duda que nos surge, pues al menos de la información periodística no se desprende una respuesta clara, es si este proyecto sólo protegerá los derechos de los porteadores existentes, pero impedirá, con la eliminación del artículo 323 del Código de Comercio que aparezcan nuevos porteadores.

Ya hay quienes no desean que los porteadores existan del todo, por lo que no sería de extrañar que hagan sus demandas al Gobierno para que acabe con ellos. El día de ayer, en el programa Pelando el ojo de Radio Monumental, muchos radioescuchas llamaron para decir que los porteadores deberían quedarse sólo si cumplen con requisitos similares a los de los taxistas, para evitar la "competencia desleal". Más regulaciones y controles se esgrimen como punta de lanza para solucionar este y todos los demás problemas a los que una comunidad política se enfrenta. Esperemos que el proyecto de ley en cuestión no proponga algo parecido, pues para nadie es un secreto que el costo de la "legalidad" es demasiado elevado para cientos de personas que, honesta y libremente, buscan obtener ingresos.

De momento, pareciera ser que la batalla la ganaron los rojos, cuya capacidad de chantaje fue más fuerte. Pero si seguimos a este ritmo, la guerra la perderemos todos, pues con un Estado tomado por la banda más fuerte de forajidos, las guerras faccionarias están a la orden del día.