La columna de Carlos Federico Smith: transparencia, no ocultamiento

Una de las prácticas que en el estado se suelen llevar a cabo, es la intención de tapar cosas que puedan dar lugar a situaciones incómodas frente a la opinión pública. En realidad, es poco lo que en nuestros medios de comunicación se expone acerca de tal tipo de prácticas, no porque no se lleven a cabo, sino porque mantenerlas en la oscuridad es lo que activamente buscan los responsables de la administración pública, y a veces tienen éxito en ello. Por tal razón me agradó leer una información diferente de la que usualmente se suele brindar acerca de la ineficiencia del estado; en este caso, se trata de un destape. El comentario aparece en La Nación del 23 de diciembre, bajo el siguiente encabezamiento: “Nacional hurga en los correos electrónicos de sus directivos: Junta Directiva de Banco ordenó investigar quién filtró documentos a semanario ‘El Financiero’”.

De acuerdo con una publicación de El Financiero (EF) del 12 de octubre, titulada “Banco Nacional aplica fuertes medidas de ajuste para mejorar sus resultados financieros”, “Desde que empezó el 2014, el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) está ejecutando una serie de duras medidas para mejorar sus principales indicadores y resultados, los cuales se deterioraron en el 2013.

La junta directiva de esa entidad solicitó a la administración acciones para fortalecer el índice de suficiencia patrimonial y para levantar la eficiencia y la rentabilidad, según documentos y actas a los que EF tuvo acceso.

Dichos planes incluyeron medidas como la emisión de deuda subordinada, el aporte de dividendos por parte de subsidiarias, la venta parcial de la cartera de crédito, un recorte en gastos, la aplicación de comisiones por servicios y el cierre de oficinas.” 

Independientemente de la certeza acerca de quiénes pueden haber llevado a cabo tales “filtraciones” de documentos, el tema de discusión evidente es si los ciudadanos costarricenses tenemos el derecho a saber acerca de las decisiones tomadas por la Junta Directiva del Banco Nacional. Tal divulgación podría ser impropia o incorrecta si existieran razones legales para prohibirla -cosa que incluso podría ser cuestionable por tratarse de asuntos de interés público-, como, por ejemplo, si estuviéramos en presencia de un secreto de estado. Asimismo, quiero pensar que la información que recientemente ha visto la luz, tanto en las ediciones de El Financiero como de La Nación antes citadas, ha sido suministrada y puesta en conocimiento de las autoridades reguladoras bancarias pertinentes. Espero, además, que ésta no haya sido objeto de lo que en la jerga de los financistas se conoce como “maquillaje” contable, de manera que esos entes obtengan información confiable y real de la operación y el estado del banco regulado. Pero quiero, más bien, pensar que la entidad bancaria está tomando medidas para mejorar una situación financiera que no se considera la mejor. E incluso, que son medidas que tal vez el banco ha debido tomar para poner en orden situaciones que han sido ya advertidas por las entidades reguladoras, y que se requiere sean solucionadas.

El dar a conocer en los medios las medidas que el Banco Nacional ha debido tomar, no “daña la imagen” de la entidad, como han aseverado algunos. De haber un daño a la imagen, surge, no porque el ciudadano conozca por la prensa hechos o decisiones tomadas por la Junta Directiva de dicho banco estatal, sino por su actuación durante el período significativo; esto es, que los resultados no fueron los esperados por las razones que sean. Creo, por el contrario, que saber por los medios acerca de las medidas presuntamente correctivas de los problemas administrativos previos, más bien mejora la imagen del banco. Un ocultamiento pretendido de la situación sí dañaría la imagen del banco, pues va en sentido totalmente opuesto a la idea de transparencia en las acciones que debe caracterizar a las entidades públicas.

Otro argumento, que también se ha indicado como razón para “investigar a directivos”, es porque esa información publicada podría “ser utilizada de forma indebida.” En mi opinión, si hay formas incorrectas, delictivas, de conducta como, por ejemplo, una actuación inapropiada de competidores en busca de debilitar al banco, o si existiera un delito de por medio, como una ruptura de una cláusula de confidencialidad de información por parte de funcionarios o una clara actuación conflictiva de intereses, de parte de quien la puede haber divulgado, creo que esos presuntos actos ilegales deberían de hacerse del conocimiento de las autoridades correspondientes. Pero, también, en todo momento debe estar presente el principio cardinal del derecho de los ciudadanos, de saber qué, cómo, cuándo, dónde y para quién su gobierno hace las cosas. 

Por ello, no le veo tanta sustancia al alegato de los administradores oficiales del banco, como cuando aseveran que “La Junta Directiva acordó realizar una investigación lo más exhaustiva posible, con el fin de analizar la totalidad del contenido del reportaje y tratar de establecer la forma, tiempo y lugar en que se divulgó la información, así como determinar los posibles responsables de dicho hechos delictivos”. Podrán investigar lo que quieran, pero lo publicado es algo presuntamente sucedido y que está debidamente registrado en actas del banco. Esas actas son del dominio público y de ninguna manera su divulgación ante la ciudadanía parecería indicar algo como “hechos delictivos”. Personalmente, creo que más bien debemos agradecer que cosas como éstas no queden tapadas, sino que lleguen plenamente al conocimiento de los ciudadanos, que al fin de cuentas no sólo son los propietarios de ese banco, sino también los que se beneficiarían o afectarían con decisiones como las comentadas. 

Al final de cuentas, tal como lo reiteró recientemente la Sala Constitucional, “las actas de las juntas directivas de los bancos del Estado son de libre acceso, pues contienen información de interés público.” (Por supuesto, obviamente que la privacidad existe únicamente en lo referente información confidencial privada que dispone el banco; por ejemplo, no puede, si no es por orden judicial, revelar los movimiento de mi cuenta bancaria o la información privada que he presentado en una solicitud de crédito). O sea, usted y yo y todos los ciudadanos del país tenemos derecho a saber qué pasa en nuestro estado y, concretamente, con las actuaciones de las juntas directivas de los bancos y en lo particular, en el caso mencionado del Banco Nacional. En donde reina la oscuridad, se facilita la corrupción. Ese puede ser un buen principio para aplicar en este tipo de casos de acciones del gobierno, que se puede querer que yazcan en la opacidad. Luz, más luz: recuerden las palabras finales de Goethe.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: conflicto de intereses

Resulta muy interesante el intercambio de opiniones que se dio la semana pasada entre la Presidenta Chinchilla, principal funcionaria de gobierno en solicitar una rebaja en la tasa de interés que estaban cobrando los bancos comerciales del estado, y el doctor Fernando Naranjo, Presidente Ejecutivo del Banco Nacional, tal vez el defensor más destacado de la política de intereses que estas entidades han proseguido en los últimos tiempos.

Para limpiar la cancha o el intercambio de criterios -como usted lo vea- sí debo señalar que fue indebido el señalamiento hecho por don Fernando, de que tal vez la presidenta, “por no ser economista”, no entendía lo que opinaba acerca del tema en disputa.  Creo que no se necesita ser un economista para opinar del asunto. Además, es algo que bien puede interesar a la gobernante. Pero, ante todo, porque es de suponer que la presidenta se hace asesorar de economistas, al expresar opiniones en torno a temas como éste. No se necesita usar una presunta prepotencia del saber, para tratar de descalificar al más que legítimo interés de doña Laura, para que se le explique al país lo que ha sucedido con las tasas de interés cobradas por los bancos del estado. De paso, al igual que la presidenta, el ex Presidente Ejecutivo del Banco Central, don Jorge Guardia, entre otros economistas, ha opinado que en la actualidad dichas tasas son exageradamente altas. Yo también he expresado esa opinión.

Pero veamos las posiciones expuestas tanto por doña Laura como don Fernando y luego me meto en esa conflagración para darle mi opinión.

De acuerdo con la presidenta, las tasas de interés que en estos momentos están pagando los bancos comerciales por depósitos son muy elevados, en comparación con el equivalente que pagan los bancos comerciales privados (quienes se han visto obligados a seguir a los del estado, a riesgo de perder clientela) y sobre todo frente al mismo estado a través del Ministerio de Hacienda y del Banco Central. La presidenta señala que ese mayor costo de los intereses simplemente se traslada a los actuales deudores de préstamos de esos bancos. Estos deudores han visto cómo se ha elevado fuertemente el pago mensual que deben hacer por sus obligaciones existentes con los bancos estatales y privados. Por ello, indicó la presidenta, ordenó una investigación (me imagino que de Hacienda y del Central) para para ver cómo se corrige ese comportamiento de los bancos estatales. Un efecto casi mágico del pedido de la presidenta es que, poco después, a la semana siguiente, la tasa básica pasiva, que refleja en parte esos altos intereses que los bancos comerciales del estado han pagado por recursos prestables, se redujo de 10.75% a 10.25% (medio punto) anuales, que, si bien sigue siendo alta, posiblemente a futuro será menor si es que tiene algún efecto la admonición de doña Laura. De hecho, lo que ella hizo fue pedir una reducción de las tasas pagadas por los bancos comerciales del estado a fin de obtener fondos, que luego trasladaba a sus deudores.

Poco después de que la presidenta se quejara públicamente, entre otros, don Fernando Naranjo expresó públicamente sus razones para oponerse a la petición de doña Laura. Lo primero que él dijo es que eso era de esperar que sucediera cuando no se aprobó el paquete tributario, pues entonces el Poder Ejecutivo tendría que acudir a un aumento de su endeudamiento, a fin de financiar su déficit. De esta manera no podía adscribirse a los bancos comerciales del estado una responsabilidad por el alza en las tasas de interés, sino a la mayor demanda del gobierno en los mercados internos de crédito. Don Fernando dijo, además, que la solución al problema de “insuficiencia de liquidez” ante la demanda existente en los mercados, quedaba en manos del Banco Central. Que éste lo que tenía que hacer para llenar esa demanda en exceso provocada por el gobierno, era aumentar la liquidez en la economía.  En sencillo –y esto es mío- que el Banco Central aumentara la emisión de dinero en circulación. Don Fernando indicó que en ningún momento esa presión sobre las tasas de interés se debía a problemas de liquidez en los bancos comerciales, como podía ser el caso si necesitaran recursos para satisfacer demandas de crédito de parte de su clientela.

En mi criterio, es cierto que hay una presión sobre los fondos de dinero de parte de un estado que gasta más de lo que percibe.  Esto es, que tiene un déficit el cual debe de satisfacer y por lo que acude a pedir dinero prestado en los mercados. Esto no es nada nuevo.  El problema está en que, precisamente, es el gobierno, derrotado por el pueblo en sus aspiraciones de llenar su hueco aumentando los impuestos, el que no ha acudido a disminuir el gasto público en lo requerido.  Esto es, el problema es un déficit que no se corrige y que se pretendió hacerlo aumentando los impuestos, a lo que, con toda razón, se opuso la ciudadanía.

Pero es absurda la sugerencia de don Fernando de que sea el Banco Central el que emita dinero, a fin de, supuestamente, crear la oferta de crédito necesaria en la economía que llene esa mayor demanda de fondos, impulsada principalmente por la necesidad de llenar ese déficit en el sector público. Valoro más la opinión de doña Laura, la no-economista, que la de don Fernando, el economista. Ello porque lo único que va a lograr con su sugerencia de que se dé una mayor emisión monetaria por parte del Banco Central, es un aumento de la inflación y, como la tasa nominal de interés incorpora un valor real más la inflación, lo que, entonces, el país va a tener es una tasa de interés mayor y nunca una menor.  

En tanto no se reduzca el gasto público (el buen esfuerzo que parece realizar el nuevo Ministro de Hacienda parece no ser suficiente), habrá presión para la existencia de una tasa de interés alta en los mercados locales. El problema es que ésta ya es muy alta, si tan sólo la comparamos con una tasa real de 2 o 3 por ciento más una inflación de un 5 por ciento.  Por ello me parece que la explicación de la conducta de los bancos comerciales del estado, podría más bien encontrarse en su necesidad de disponer de la suficiente liquidez, de forma que permita enfrentar las demandas de crédito por parte de sus clientes.  Eso es lo que debe ser valorado por quienes, en el Banco Central y el Ministerio de Hacienda, deberán de expresar públicamente su criterio al respecto.

Jorge Corrales Quesada